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300Corte SupremaCorte Suprema300300184601616Hernando Gómez Otálora.198723/07/19871616_Hernando Gómez Otálora._1987_23/07/198730018460NO SE PUEDE SUSTENTAR LA INCONSTITUCIONAUDAD DE UNA NORMA LEGAL EN SU CONTRADICCIÓN CON DISPOSICIONES ANTERIORES DE LA MISMA JERARQUÍA. PROTECCIÓN ESPECIAL AL TRABAJO ORDENADA EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. Exequibles las normas demandadas. Corte Suprema de justicia Sala Plena Sentencia número 85 1987
Grace Helena Kerguelen Ricardo | Mónica España Grueso.Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35, inciso 1°, numerales 4 y 5 de la Ley 75 de 1986.Identificadores30030018461true92757Versión original30018461Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35, inciso 1°, numerales 4 y 5 de la Ley 75 de 1986.


NO SE PUEDE SUSTENTAR LA INCONSTITUCIONAUDAD DE UNA NORMA LEGAL EN SU CONTRADICCIÓN CON DISPOSICIONES ANTERIORES DE LA MISMA JERARQUÍA. PROTECCIÓN ESPECIAL AL TRABAJO ORDENADA EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Exequibles las normas demandadas.

Corte Suprema de justicia

Sala Plena

Sentencia número 85

Referencia: Expediente número 1616.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35, inciso 1°, numerales 4 y 5 de la Ley 75 de 1986.

Magistrado ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Demandantes: Grace Helena Kerguelen Ricardo y Mónica España Grueso.

Aprobada por Acta número 34 de 23 de julio de 1987

Bogotá, D. E., veintitrés (23) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. ANTECEDENTES

Las ciudadanas Grace Helena Kerguelen Ricardo y Mónica España Grueso, invocando el derecho que les asiste de conformidad con el artículo 214 de la Constitución Política, han entablado demanda de inexequibilidad contra los nume­rales 4 y 5 del artículo 35 de la Ley 75 de 1986 (marzo 1º), cuyo texto es el siguiente:

-LEY 75 DE 1986

(diciembre 23)

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortaleci­miento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

"………….

Artículo35. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:

"……………….

4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de $300.000. Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral exceda de $300.000, la parte no gravada se determinará así:

Salario mensual promedio Parte no gravada:

Entre $ 300.001 y $ 350.000 el 90%

Entre $ 350.001 y $ 400.000 el 80%

Entre $ 400.001 y $ 450.000 el 60%

Entre $ 450.001 y $ 500.000 el 40%

Entre $ 500.001 y $ 550.000 el 20%

De $ 550.001 en adelante el 0%

5. Los primeros $ 170.000 recibidos mensual mente por concepto de pensio­nes de jubilación, vejez o invalidez.

Cuando los ingresos correspondan a pactos únicos por concepto de pensiones futuras de jubilación, estará exento el valor presente de los pagos mensuales hasta $170.000.00. Para tal efecto, los contribuyentes obligados a declarar deberán ajuntar a la declaración de renta copias del pacto y del cálculo actuarial correspondiente, este último aprobado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, o por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".

Una vez se han surtido todos los trámites de rigor, según el Decreto 432 de 1969, procede la Corte a adoptar decisión de fondo.

II. LA DEMANDA

Sostienen las demandantes que la norma acusada viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, a cuyo tenor "el trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado".

Afirman al respecto:

"Los Decretos 2663 y 3743 de 1950, que regulan el Código Sustantivo del Trabajo y particularmente, en su artículo 346, el cual fue expedido en concordancia a nuestra carta magna, consagró que 'las sumas que reciban los trabajadores por concepto de prestaciones sociales están exentas de todo impuesto', que tiene como razón fundamental el hecho de que aparte de obligarse a pagar los salarios a sus trabajadores, los patrones deben atender, en relación con ellos, otra serie de obligaciones de índole económico, que se deben al bajo poder adquisitivo de los salarios, que los hacen insuficientes, para que los trabajadores atiendan a satisfacción sus múltiples necesidades.

"De acuerdo con lo anterior las relaciones laborales, no deben quedar al libre juego de las leyes de la oferta y la demanda, ni a situaciones presupuestales del Estado, como sucede con la Ley 75 de 1986, en su artículo 35 inciso 1 numerales 4 y 5, que desconocen los derechos laborales y coloca a los trabajadores en poder de desequilibrio frente a la protección que debe consagrar el Estado al trabajo, obligándole a tributar todas las prestaciones sociales provenientes de la relación laboral olegal y reglamentaria, con algunas excepciones taxativas.

"Se observa en el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, que 'las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público, y por consiguiente, los derechos y prerrogativas que en ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley' y ratificada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en Cas. junio 9/47, G.T.T. II, pág. 176, porque al consagrarse esta norma, garantiza que las prestaciones sociales son irrenunciables, inembargables y exentas de impuestos, por lo que reitera que el mismo Estado, a través de una norma como el artículo 35 de la Ley 75 de 1986, abiertamente inconstitucional, vulnera derechos adquiridos, tanto en la Constitución como en la Legislación Laboral Colombiana".

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR

El señor Procurador General, mediante oficio 1159 del 7 de mayo de 1987, emite su concepto y solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de la disposición acusada.

No encuentra que el artículo 17 de la Constitución haya sido violado por ella, pues la norma legal en modo alguno contradice el estatuto superior cuando consagra el carácter de obligación social del trabajo en beneficio de la sociedad y del hombre mismo, procurando satisfacer las aspiraciones de la persona humana.

Explica así su concepto:

"No se aparta el Despacho de que las prestaciones sociales de los trabajadores se generan a su favor como consecuencia del trabajo que realizan, ya que ellas están dirigidas a satisfacer las necesidades que se les presenten en el futuro, una vez cesen en su labor. Sin embargo, no se observa cómo puede esta disposición vulnerar la protección al trabajo por parte del Estado consagrada en el canon 17 Constitucional pues de ninguna manera está impidiendo y mucho menos restringiendo la actividad laboral de los ciudadanos.

"Ahora bien, en torno a la posible violación de derechos adquiridos de los trabajadores, no puede perderse de vista que su conculcación no se produce por el hecho de que se varíe la normatividad vigente para ciertas situaciones, ya que como lo expresó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de julio 8 de 1971, con ponencia del magistrado Luis Carlos Sáchica, "el poder del Estado para cambiar la ley hacia el futuro no tiene cortapisas". De allí que cuando una ley derogue o reforme otra bajo cuyo amparo se han consolidado derechos adquiridos no sea posible sostener la violación de éstos, porque la nueva ley no tiene efectos retroactivos, y por lo tanto no puede afectar derechos obtenidos al amparo de la anteriormente vigente.

"En el presente caso, la Ley 75 de 1986 entró a regir a partir del 24 de diciembre de 1986, al ser publicada en el 'Diario Oficial' número 37742, por lo que sus efectos sólo tienen lugar a partir de esa fecha y nunca hacia atrás, siendo incuestionable que los derechos consolidados antes de la fecha anotada bajo el amparo de ley anterior, no han sido vulnerados por la disposición acusada.

"A lo anterior cabe agregar que como la facultad impositiva es función propia del legislador, ordinario o extraordinario, bien podía el Congreso, sin vulnerar la Carta, gravar las prestaciones sociales, máxime si se tiene en cuenta que no existe "en la Constitución precepto que, en forma alguna, límite o condicione esa facultad en cuanto a los sujetos de la obligación tributaria o en cuanto a los bienes, rentas, hechos u operaciones gravables. En otras palabras, no hay en la Carta normas que consagren exenciones impositivas de cualquier naturaleza" (Sentencia de junio 17 de 1970. M.P. Hernán Toro Agudelo).

Aún más, en punto al caso que hoy se estudia, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 5 de marzo de 1970, con ponencia del Magistrado Luis Sarmiento Buitrago, expresó lo siguiente:

"El legislador, sin violar texto constitucional alguno, puede, por medio de ley, o por decreto con fuerza de tal, de modo general o especial, definir cuáles prestaciones sociales constituyen ingreso gravable o exento de impuestos".

IV. DEFENSA

La ciudadana María del Pilar Abella Mancera ha presentado a la Corte un escrito por medio del cual defiende la constitucionalidad del artículo acusado, diciendo que si bien las normas del Código Laboral deben someterse al principio constitucional de protección al trabajo, en sí mismas no poseen ninguna superioridad jerárquica que las pueda hacer prevalecer sobre otras normas de igual rango. La ley anterior no prevalece sobre la posterior, sino al contrario: la ley posterior contraria a una anterior es derogatoria de ella.

Llevando estos argumentos generales al asunto objeto del proceso, señala que si la exención contenida en el Código Sustantivo del Trabajo es norma de orden público, ello significa que no es susceptible de ser modificada mediante pacto de los particulares, pero sí puede serlo por disposición de la ley como en efecto ha ocurrido.

Afirma que, por otra parte, la norma demandada tiene fuerza derogatoria válida, pues se ajusta a las prescripciones de la Carta, y al efecto enuncia y analiza los artículos 76, ordinales 1 y 2, 43 y 74 de la misma para concluir que el Congreso podía eliminar parcialmente una exención como en efecto lo hizo, que ello se cumplió previa iniciativa del Gobierno como lo exige la Constitución en materia de exenciones y que se ejerció la facultad constitucional impositiva en debida forma.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia.

Dada la naturaleza de la disposición objeto del proceso, la Corte es competente para decidir de manera definitiva sobre su constitucionalidad.

2. Los cargos.

Tal como puede concluirse de los apartes transcritos, las demandantes formulan como único cargo en contra del precepto parcialmente acusado, el de quebrantar el principio constitucional plasmado en el artículo 17, a cuyo tenor el trabajo es una obligación social que gozará de la especial protección del Estado.

Fundamentan el concepto de violación en que el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 346 establece exención de todo impuesto sobre las sumas que reciban los trabajadores por concepto de prestaciones sociales. Esta norma, en su opinión aparece "violada" por el legislador cuando, por medio de la Ley 75 de 1986 (artículo 35, partes acusadas) gravó con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, salvo algunas excepciones taxativas, pues se desconocieron los dere­chos que el Código Laboral plasmaba y se colocó a los trabajadores "en poder de desequilibrio" (sic) frente a la protección que debe consagrar el Estado al trabajo.

Una vez más insiste la Corte en que no se puede sustentar la inconstitucionalidad de una norma legal en su contradicción con disposiciones anteriores de la misma jerarquía, no sólo por ser distinta la naturaleza de la Constitución y de la ley, sino porque aceptar esa oposición como violatoria del orden jurídico equivaldría a congelar de modo definitivo la normatividad vigente, impidiendo así al legislador el ejercicio de la función que le corresponde, uno de cuyos aspectos fundamentales consiste precisamente en el poder de modificar, adicionar, interpretar y aún derogar las leyes preexistentes, tal cual lo señala el artículo 76, ordinal 1º de la Constitución.

No es correcto afirmar, como en el presente caso lo hace la demanda, que el legislador de 1986 haya violado preceptos de la legislación laboral vigente desde 1950, pues nada obsta para que, como bien recuerda la ciudadana defensora, las disposicio­nes legales posteriores se opongan a las anteriores, en cuyo caso prevalecen sobre ellas (Ley 153 de 1887) y resultan derogándolas expresa o tácitamente.

En materia de exenciones tributarias, es natural que corresponda al legislador su establecimiento o eliminación, si aplicamos el principio general en cuya virtud las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ya que siendo de su competencia la creación de impuestos, con arreglo al artículo 43 de la Carta, también le atañe la función de prever en qué casos ellos no se pagan y, por supuesto, cuándo aquellos que no se venían pagando principien a pagarse. Eliminar exenciones es, por tanto, una actividad propia del normal ejercicio legislativo del Congreso, como también lo es crearlas o modificar los criterios con arreglo a los cuales se otorgan.

Por otra parte, el concepto constitucional de protección especial al trabajo puede entenderse en dos sentidos:

1. Como la acción positiva del Estado tendiente a establecer el marco socioeconómico indispensable para que se trabaje. En este aspecto podrían vincularse, por ejemplo, la disposición del artículo 17 C. N. con la del 32 sobre pleno empleo de los recursos humanos y naturales.

2. Como la protección del factor trabajó frente a los demás de la producción, capital organización empresarial y tecnología.

En el primer caso ha de concluirse que la creación de impuestos a cargo de los trabajadores o la eliminación de exenciones tributarias no se opone a dicha protección, pues el Estado necesita recursos financieros para luchar contra la desocupa­ción. A similar conclusión puede llegarse si se toma el segundo de los mencionados sentidos de la "protección especial al trabajo", pues para amparar especialmente a este factor de la producción, se requiere la intervención del Estado, la cual también exige recursos financieros.

De tal modo que no encuentra la Corte que se haya vulnerado, con el precepto sub examine, el artículo 17 ni ninguno otro de la Carta.

DECISIÓN

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General,

RESUELVE:

Declarar exequible, por no ser contrario a la Constitución, el artículo 35, inciso 1, numerales 4 y 5 de la Ley 75 de 1986.

Cópiese, publíquese, Comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Ángel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo,Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge IvánPalacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario.