Sentencia 2280 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema300300184522280Pedro Escobar Trujillo199118/07/19912280_Pedro Escobar Trujillo_1991_18/07/199130018452LA TRANSICI�N CONSTITUCIONAL Y LA INTERPRETACI�N DE LAS DEMANDAS INSTAURADAS CON BASE EN LA CARTA EXPIRADA El paso del orden constitucional de las demandas instauradas con base en la Carta expirada. El paso del orden constitucional antiguo al nuevo tiene una fundamental incidencia en la tarea del control constitucional que compete a esta Corporaci�n ejercer. Exequible el art�culo 43 de la ley 49 de 1990 Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.- Santaf� de Bogot� D. C., dieciocho (18) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991). Magistrado Ponente: Doctor Pedro Escobar Trujillo 1991

Jos� Primitivo Su�rez Garc�aAcci�n de inconstitucionalidad contra el art�culo 43 de la Ley 49 de 1990 "Por la cual se reglamenta la repatriaci�n de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposicionesIdentificadores30030018453true92749Versi�n original30018453Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inconstitucionalidad contra el art�culo 43 de la Ley 49 de 1990 "Por la cual se reglamenta la repatriaci�n de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones

LA TRANSICI�N CONSTITUCIONAL Y LA INTERPRETACI�N DE LAS DEMANDAS INSTAURADAS CON BASE EN LA CARTA EXPIRADA

El paso del orden constitucional de las demandas instauradas con base en la Carta expirada. El paso del orden constitucional antiguo al nuevo tiene una fundamental incidencia en la tarea del control constitucional que compete a esta Corporaci�n ejercer.

Santaf� de Bogot� D. C., dieciocho (18) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991).

Acci�n de inconstitucionalidad contra el art�culo 43 de la Ley 49 de 1990 "Por la cual se reglamenta la repatriaci�n de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones.

Car�cter reglado de esta facultad. El esp�ritu de justicia en la aplicaci�n de las leyes tributarias.

En ejercicio de la acci�n p�blica de inconstitucionalidad consagrada en el art�culo 214 de la Carta pol�tica 1986, el ciudadano Jos� Primitivo Su�rez Garc�a solicita a la Corte que declare inexequible el art�culo 43 de la ley 49 de 1990.

"por la cual se reglamenta la repatriaci�n de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones"

No obstante lo dispuesto en el art�culo anterior, para efectos de control tributario, el Administrador de Impuestos podr� oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el r�gimen simplificado, ubic�ndolosen el com�n.

La decisi�n anterior ser� notificada al responsable, contra la misma no procede recurso alguno y a partir del bimestre siguiente ingresar� al nuevo r�gimen."

El actor se�ala como transgredidos los art�culos 16, 26, y 78-5-6 de la anterior Constituci�n Nacional, esto es, la que estaba rigiendo al momento de ser expedida la disposici�n "sub-judice".

La violaci�n al art�culo 16 de la citada Carta la predica de la facultad discrecional que la norma acusada confiere al Administrador de Impuestos para reclasificar a los responsables del impuesto a las ventas que se encuentren en el r�gimen simplificado, ubic�ndolos en el com�n. A su juicio, dicha discrecionalidad crea desigualdades ante la ley y rompe la seguridad jur�dica pues significa que el gozar o no de las prerrogativas propias del r�gimen simplificado no depende de la concurrencia de los supuestos previstos en la ley sino del criterio subjetivo, voluntarista y arbitrario de un funcionario.

Sostiene el demandante, que al permitir la norma acusada una arbitraria clasificaci�n de las personas que presentan exactas condiciones ante la ley, desconoci� tambi�n el art�culo 78 ordinales 5 y 6 de la Carta derogada, pues quienes continuaren ubicados en el r�gimen simplificado resultar�an favorecidos, al paso que los clasificados en el com�n se ver�an perjudicados, habida cuenta de que estos �ltimos perder�an las ventajas de que gozan los primeros.

Por otra parte, considera el actor que la negaci�n de recursos contra la decisi�n que disponga el cambio de r�gimen, comporta violaci�n al derecho de defensa que bajo el imperio del extinguido ordenamiento superior era tutelado por el art�culo 26, pues no se da oportunidad para controvertirla. Piensa que la circunstancia de requerirse abogado para poder acudir a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, sumada al hecho de que las personas naturales que est�n en el r�gimen simplificado precisamente son quienes menos recursos tienen para contratarlos, echa por la borda la posibilidad de discutir por esa v�a la decisi�n arbitraria de la Administraci�n.

Mientras corr�a el t�rmino para elaboraci�n y adopci�n de ponencia por la Sala Constitucional, los ciudadanos Nidia Patricia Narv�ez G�mez, Humberto An�bal Restrepo V�lez y Germ�n Eduardo Calder�n Navarro presentaron escrito de impugnaci�n a las pretensiones de la demanda. Fundamentan la defensa de la norma acusada en las razones que a continuaci�n se resumen:

1o. Desvirt�an el cargo de presunta violaci�n al art�culo 16 de la antigua Constituci�n aduciendo que "no puede desconocer el principio superior de generalidad de la Ley un precepto que pretende, sin hacer referencia a sujetos determinados, reubicar dentro de un r�gimen general a todos aquellos responsables que no cumplan con las condiciones establecidas en la Ley para pertenecer al r�gimen simplificado". A su juicio, lo que si resultar�a privilegiado es que la Administraci�n permitiera la permanencia en el mencionado r�gimen de quienes no cumplen los requisitos legales.

Afirman que el ataque de la norma con base en la presunta posibilidad de que la facultad de reclasificaci�n recaiga en manos de un funcionario no cumplidor de la ley, es ajeno al juicio de constitucionalidad, como lo sostuvo la Corte en sentencia de mayo 31 de 1990, a prop�sito de acusaci�n apoyada en an�logo razonamiento.

Explican que "en el presente caso la actuaci�n administrativa es conveniente y oportuna por ser adelantada con base en su facultad fiscalizadora, esencial para la Administraci�n Tributaria, como quiera que persigue la determinaci�n exacta de la realidad econ�mica antes que una verdad formal, todo ello para efectos del control tributario que garantiza la supremac�a del inter�s p�blico con la finalidad de obtener un beneficio social, en �ltima instancia, raz�n de ser de nuestro Estado de Derecho".

2o. Frente al cargo de presunta violaci�n a los ordinales 5 y 6 del art�culo 78 de la misma insubsistente Carta Fundamental, se�alan que:

"...no.se trata del ejercicio arbitrario por un funcionario p�blico de la facultad de reclasificaci�n, sino que por el contrario, su actuaci�n est� sujeta a la Constituci�n Nacional en cuanto a su responsabilidad derivada del art�culo 20 Superior, y a la ley en lo atinente a la verificaci�n de los requisitos exigidos para la ubicaci�n del responsable en uno y otro r�gimen.

De manera pues, que no se trata de discriminar a personas que se encuentren en igualdad de condiciones frente a la ley, sino de verificar el cumplimiento particular de los requisitos para respetar precisamente esa igualdad al efectuar la reubicaci�n".

3o. A prop�sito de la presunta violaci�n al art�culo 26 de la normatividad superior de otrora opinan que "la circunstancia de no poder controvertir internamente las actuaciones de la Administraci�n, no implica el descono�cimiento del mandato constitucional, porque en todo caso es a la autoridad jurisdiccional a quien corresponde decidir si �sta se ajusta o no a la norma superior".

Con sost�n en la sentencia de junio 22 de 1989 manifiestan que en la medida en que se ponga en conocimiento de los interesados la actuaci�n administrativa, como lo ordena expresamente la norma al mandar su notificaci�n al responsable, se garantiza plenamente el derecho de defensa. A este respecto se�alan que por lo dem�s subsiste la posibilidad de intentar la revocaci�n directa del acto administrativo.

Finalmente observan, que los gastos a cargo de quien promueva un proceso judicial, no implican ni elitizaci�n de la justicia ni desconocimiento del derecho de defensa.

El se�or Procurador General de la Naci�n en su concepto de marzo 15 del corriente a�o, anterior por consiguiente a la vigencia de la Constituci�n de 1991, acoge los planteamientos de la demanda y en consecuencia solicita a la Corte declarar inexequible el precepto acusado.

En sentir del Jefe del Ministerio p�blico, el art�culo 43 de la Ley 49 de 1990 viol� el antiguo 26 Constitucional en punto a la generalidad de la ley y al derecho de defensa de los ciudadanos por cuanto regula el cambio del r�gimen simplificado al com�n a partir de una facultad discrecional de laAdministraci�nque no se compadece con el car�cter reglado que la propialey tributaria da a la facultad de acogerse al r�gimen mencionado. Al efecto, expresa:

"... si elotorgamiento del derecho a acogerse alr�gimen simplificado est� rodeado respecto de la Administraci�n de condiciones, efectos y requisitos reglados, larevocatoria del mismo no puede estructurarse a partir de una facultad discrecional a cargo de la Administraci�n, porque con ello se viola el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional".

Trat�ndose de una norma que pertenece a una Ley de la Rep�blica, cuya demanda se present� ante la Corte el d�a 21 de enero de 1991, la Corporaci�n es competente para decidir definitivamente la acusaci�n que sobre ella recae, al tenor de lo dispuesto en el art�culo 24 transitorio de la Constituci�n Pol�ticaque a la fecha esta rigiendo.

2.- La transici�n constitucional y la interpretaci�n de las demandas instauradas con base en la Carta expirada.

En el lapso transcurrido entre la adopci�n de ponencia en el presente negocio por la Sala Constitucional y su estudio por la Sala Plena de la Corporaci�n, sucedi� la aprobaci�n y entrada en vigencia de la Carta M�xima elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual signi�fic� la enmienda total del cuerpo jur�dico-pol�tico fundamental de la Naci�n.

El paso del orden constitucional antiguo al nuevo tiene una fundamen�tal incidencia en la tarea del control constitucional que compete a esta Corporaci�n ejercer; por ello, es pertinente dilucidar sus implicaciones para el presente caso y los dem�s sometidos a su estudio y decisi�n.

Para los prop�sitos de este fallo, es del caso anotar, en primer lugar, que en el art�culo Transitorio 24 de esa nueva Constituci�n Pol�tica, se atribuy� expresa competencia a esta Corporaci�n para seguir conociendo, hasta dictar sentencia, de acuerdo con los tr�mites vigentes, de los procesos de constitucionalidad suscitados con ocasi�n de demandas presentadas antes del 1� de junio del a�o en curso, es decir, hasta el 31 de mayo inmediatamente anterior inclusive. Esa fecha, convencionalmente escogida, marca la distribuci�n temporal de competencia, en trat�ndose de acciones p�blicas, entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitu�cional creada por la misma Asamblea.

Ti�nese pues que la nueva Carta Pol�tica ha asignado a la Corte Suprema de Justicia, en concurrencia as� sea transitoria con la nueva Corte Constitucional, la funci�n de salvaguardia de la Constituci�n. Ahora bien, el ejercicio de este elevado cometido, le impone, respecto de las acciones ciudadanas de que debe continuar conociendo, el imperativo de examinarlas, salvo en algunos casos de excepci�n que adelante se indica�r�n, a la luz del texto constitucional actualmente en vigor, pese a que por obvia raz�n en ellas se hayan invocado como disposiciones violadas las del Estatuto Magno a la saz�n vigente.

Y es que no habr�a ning�n objeto en la prolongaci�n de su competencia con los plazos fijados en el Decreto 432 de 1969, para concluir con un pronunciamiento final hecho sobre preceptos constitucionales anteriores, que por raz�n de su propia insubsistencia lo har�an inocuo. Ni tendr�a sentido culminar todos estos juicios de constitucionalidad con sentencias meramente formales o inhibitorias, so pretexto de que las demandas se estructuraron en pretendida defensa de un ordenamiento superior que, por no corresponder ala actual realidad jur�dica del pa�s, no puede servir de soporte a un fallo congruente. Es evidente que con soluciones como las esbozadas no se satisfar�a el leg�timo inter�s ciudadano, puesto ahora parcialmente bajo la custodia de esta Corte, de obtener una definici�n erga-omnes acerca de la exequibilidad o la inexequibilidad de una ley y de saber s� �sta es llamada a permanecer en el ordenamiento jur�dico nacional o si debe ser retirada del mismo.

La nueva preceptiva constitucional lo que hace es cubrir retrospecti�vamente y de manera autom�tica, toda la legalidad antecedente, impreg�n�ndola con sus dictados superiores, de suerte que, en cuanto haya visos de desarmon�a entre una y otra, la segunda queda modificada o debe desaparecer en todo o en parte seg�n el caso; sin que sea tampoco admisible cient�ficamente la extrema tesis, divulgada en algunos c�rculos de opini�n, de acuerdo a la cual ese ordenamiento inferior fue derogado en bloque por la Constituci�n de 1991 y es necesario construir por completo otra sistem�tica jur�dica a partir de aquella. Tal es el alcance que debe darse al conocido principio de que la Constituci�n es ley reformatoria y derogatoria de la legislaci�n preexistente, acogido expl�citamente entre nosotros por el art�culo 9o. de la Ley 153 de 1887, el cual, como para que no queden dudas, a�ade: "Toda disposici�n legal anterior a la Constituci�n y que sea claramente contraria a su letra o a su esp�ritu, se desechar� como insubsistente" (resalta la Corte). A la Corte Suprema, pues, le incumbe decidir de m�rito los asuntos que como juez constitucional se le han encomendado.

Como corolario de la susodicha transici�n, en cumplimiento cabal de la alta misi�n tutelar que la Carta vigente le ha confiado, la Corte Suprema de Justicia deber� estudiar, en cada proceso, si el contenido de la norma supralegal presuntamente infringida seg�n el impugnante, se mantiene substancialmente id�ntico en el nuevo C�digo Constitucional, de suerte que mediante una racional interpretaci�n del libelo quepa hacer el cotejo correspondiente frente al segundo; o si lo que antes aparec�a vedado por la Constituci�n, hoy esta autorizado y si en consecuencia la norma acusada de infractora ha purgado su vicio; o si, por el contrario, lo que anta�o era ajustado a la Norma de normas devino en alg�n tipo de contradicci�n, manifiesta o aparente, total o parcial, con la de hoga�o, lo cual solo podr� apreciarse previo el an�lisis de rigor relativo a la eventual derogatoria pura y simple de la disposici�n atacada (hip�tesis en la cual si habr�a sentencia inhibitoria pero por carencia actual de objeto), o a su derogatoria parcial o a su reforma, que son fen�menos englobados por algunos tratadistas dentro del concepto que han dado en denominar "inconstitucionalidad sobreviviente"; en ocasiones ser� preciso adem�s estudiar el problema de si la supervivencia de actos justiciables por la Corte, realizados o agotados bajo el imperio de la Carta derogada; deber� enfocarse todav�a desde la �ptica de �sta, en cuanto a determinadas facetas jur�dicas, lo que se dar�a v. gr. en debates relativos a la competencia del �rgano autor de la proposici�n jur�dica impugnada o a su tramitaci�n. Todos �stos son interrogantes que deber� desatar la Corporaci�n en decisiones que, aunque a veces revistan forma inhibitoria, entra�an juzgamiento de m�rito acompasado al orden institucional reci�n inaugurado.

En el asunto que en esta oportunidad es materia de juzgamiento, no capta la Corte oposici�n ostensible entre la norma acusada y las del Estatuto Constitucional en vigor, de la que pudiera inferirse que se ha operado la derogatoria de la primera. Esta conserva en principio su vigencia.

As� pues, d�ndose �ste requisito indispensable de procesabilidad, corresponder� a la Corte adentrarse en el examen de su constitucionalidad a tono con las disposiciones del actual Ordenamiento Superior, el que por cierto tambi�n ha consagrado positivamente los principios de igualdad (art�culo 2o. inciso segundo y 13 inciso primero), del debido proceso y del derecho de defensa (art�culo 29), en los que el actor, seg�n se rese�� en la s�ntesis de la demanda, basa el enfrentamiento.

4.- Diferencias sustantivas entre el R�gimen Com�n y el Simplificado en materia de impuesto a las ventas.

Observa la Corte que la clasificaci�n de un responsable del impuesto a las ventas en uno de los dos reg�menes previstos en el Estatuto Tributario, a saber, el R�gimen Simplificado o el R�gimen Com�n, es un acto generador de situaciones individuales, subjetivas y concretas, verdaderamente crea�dor de derechos que var�an de acuerdo a dichos reg�menes.

En efecto, a diferencia de lo que ocurre en el r�gimen ordinario del citado impuesto, quienes pertenecen al simplificado no tienen que calcular el gravamen sobre cada venta que realicen, puesto que para los efectos de la determinaci�n del impuesto -y en esto radica la particularidad de este sistema- la propia Ley Tributaria establece una cuota fija anual, calculada sobre los ingresos netos provenientes de la actividad comercial del a�o inmediatamente anterior, de la cual se restan los impuestos descontables, previos los ajustes por devoluciones o anulaciones a que el responsable, conforme a sus previsiones, tenga derecho (art�culos 501 y 502 del Estatuto Tributario, este �ltimo modificado para el a�o gravable de 1991 por el art�culo lo. del Decreto 3100 de 1990).

Por dem�s, conforme al par�grafo 2 del art�culo 501 del Estatuto Tributario que fue modificado por el par�grafo del art�culo 26 de la Ley 49 de 1990, en el r�gimen simplificado se otorga un descuento especial del 12% del valor de las compras de bienes, tanto exentos como excluidos del impuesto que tengan el car�cter de activos movibles, el cual no existe en el r�gimen ordinario. Dicho descuento especial se ha estimado necesario, habida cuenta de que como la cuota fija anual que sirve de base para la determinaci�n del impuesto se calcula sobre todos los ingresos comercia�les, es preciso compensar a los peque�os responsables que normalmente tienen m�s operaciones por concepto de bienes no gravados.

Las caracter�sticas anotadas, que son propias del r�gimen simplifica�do, permiten predicar del mismo las siguientes consecuencias, que lo diferencian del com�n:

1.- El responsable no tiene que calcular el gravamen sobre cada venta que realice, sino que la cuota fija anual viene a sustituir al total de los impuestos generados por las ventas. Por eso en ning�n caso discrimina el impuesto en las enajenaciones que efect�a.

2.- En este sistema el procedimiento contable es m�s sencillo, puesto que no hay necesidad de calcular el 12% sobre cada una de las operaciones gravadas, sino que se toma la cuota fija (que es aproximadamente del 8% del ingreso neto comercial) y de ella se restan los descuentos.

Cabe finalmente destacar que con los descuentos autorizados en este r�gimen, se ha considerado que los responsables no tendr�n que cancelar impuesto alguno. El r�gimen est� orientado b�sicamente a darles a estos peque�os responsables facilidades para el cumplimiento de sus obligacio�nes y a fijarles un sistema de determinaci�n del tributo con el cual la Direcci�n de Impuestos espera que no les resulten saldos a pagar; de modo que su permanencia en este r�gimen apunta m�s bien a que sirvan de control hacia sus proveedores, lo cual es posible ya que los responsables de este sistema se benefician del mismo en la medida en que exijan a sus proveedores de bienes y servicios la discriminaci�n del IVA en la factura.

5.- Car�cter reglado de la actuaci�n de la administraci�n, interpreta�ci�n sistem�tica de la norma.

Precisado lo anterior y en punto a los cargos de la demanda, anota la Corte que no comparte la apreciaci�n del actor, que la vista Fiscal respalda, pues en su sentir la facultad de reclasificaci�n en el r�gimen com�n que el precepto impugnado otorga al Administrador de Impuestos, no equivale a decisi�n arbitraria, desprovista de toda posible regulaci�n por fuera de la omn�moda y caprichosa voluntad del funcionario. Y ello no solo porque el derecho colombiano desconoce poderes de tan perjudicial �ndole sino, ante todo, porque como se ver�, el conjunto normativo del que forma parte y con el que debe interpretarse sistem�ticamente, provee el marco de referencia jur�dico que encausa y delimita su ejercicio.

De hecho, la norma en cuesti�n no puede ser interpretada aisladamente, pues su verdadera dimensi�n y significado solo son comprensibles en cuanto est�n iluminados por el contexto integral del Estatuto Tributario dentro del cual se integra.

En efecto, como el propio parecer Fiscal lo reconoce, la clasificaci�n para efectos del impuesto a las ventas en el r�gimen simplificado est� sujeta a condiciones y requisitos concurrentes de car�cter reglado; por manera que es su cumplimiento en cada caso concreto, lo que determina la posibilidad de acogerse a dicho r�gimen y no el capricho o voluntad de la Administraci�n o del contribuyente, como que si bien es facultativo de este �ltimo someterse al com�n reuniendo las del simplificado, no le es dable la opci�n contraria esto es, la de acogerse al simplificado cuando completa los requisitos del com�n, (art�culos 499 y 503 del Estatuto Tributario).

El art�culo 499 del Estatuto Tributario que fue modificado por el par�grafo del art�culo 30 de la ley 49 de 1990, se�ala las condiciones y requisitos concurrentes que un contribuyente debe cumplir para que pueda acogerse al r�gimen simplificado. Dicha norma es del siguiente tenor:

"Art�culo 499.- Quienes Pueden acogerse a este r�gimen. Los comer�ciantes minoristas o detallistas cuyas ventas gravadas est�n sometidas a la tarifa general del doce por ciento (12%), podr�n acogerse al r�gimen simplificado que establece el presente titulo, siempre y cuando re�nan la totalidad de las siguientes condiciones:

2. Que sus ingresos netos provenientes de su actividad comercial en el a�o fiscal inmediatamente anterior no superen la suma de dieciocho millones trescientos milpesos ($18.300.000) (Valor base a�o 1990 reajustado para el a�o gravable de 1991 por el art�culo lo. del Decreto 3100 de 1990).

3. Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del a�o inmedia�tamente anterior no sea superior a cincuenta millones ochocientos mil pesos ($50.800.000) (Valor base a�o 1990, reajustado para el a�o gravable de 1991 por el art�culo 1� del Decreto 3100 de 1990).

"Par�grafo 2o.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2o. de este art�culo, cuando se inicien actividades dentro del respectivo a�o gravable, los ingresos netos que se tomar�n de base, son los que resulten de dividir los ingresos netos recibidos durante el periodo, por el n�mero de d�as a que correspondan y de multiplicar la cifra as� obtenida por 360"

El art�culo 500 del mismo Estatuto complementa el anterior al estable�cer qui�nes no pueden acogerse a dicho r�gimen. Son ellos:

b) Los responsables que vendan bienes corporales muebles que hubieren importado.

c) Los responsables que vendan por cuenta de terceros, as� sea a nombre propio.

d) Los responsables cuyas ventas est�n sometidas a las tarifas diferen�ciales del treinta y cinco por ciento (35%) o del veinte por ciento (20%).

e) Los responsables que presten los servicios de clubes, parqueaderos, seguros, telegrama, t�lex, tel�fono; tiquetes de transporte internacional de pasajeros, v�a mar�tima o a�rea; arrendamiento de bienes corporales mue�bles incluido el arrendamiento financiero (leasing); computaci�n, hoteles de tres o m�s estrellas y fabricaci�n, elaboraci�n o construcci�n que de c�mo resultado un bien sometido a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) o del veinte por ciento (20%)."

A su turno, el art�culo 503 del Estatuto, en concordancia con el art�culo 1� del Decreto 3100 de 1990, se�ala para el responsable del r�gimen simplificado la obligaci�n de cambiarse al com�n cuando encuentre que sus ingresos netos provenientes de la actividad comercial de 1990 (esto es, del a�o inmediatamente anterior) son superiores a $18.300.000, caso en el cual deber� presentar su declaraci�n como los responsables del r�gimen ordinario.

Del cuadro normativo de que se ha dado cuenta, y al cual necesaria�mente debe articularse el an�lisis de la norma que se examina para su recto entendimiento, se colige sin hesitaci�n que el ejercicio de la facultad de reclasificaci�n que se confiere al funcionario Administrador de Impuestos, �nicamente tiene lugar cuando �ste verifique que un contribuyente se halla situado en el r�gimen simplificado pese a no satisfacer los requisitos a que los art�culos 499 y 500 del Estatuto Tributario subordinan la posibilidad de estar en �l.

En este sentido, hace ver la Corte que el prop�sito que informa el precepto cuestionado no es otro que dotar a la Administraci�n de un mecanismo que le permita oficiosamente proceder a reclasificar a un responsable que se ha ubicado o contin�a en el r�gimen simplificado, en cualquier tiempo en que como resultado de sus poderes de investigaci�n y fiscalizaci�n comprobare que no llena las condiciones y requisitos a que los art�culos 499 y 500 del Estatuto Tributario supeditan la pertenencia o permanencia en el mismo, habida consideraci�n de que precisamente la circunstancia de no reunirlos comporta como consecuencia obligada supaso al com�n.

Ciertamente antes de la expedici�n de la norma sub-examine la Administraci�n carec�a de un instrumento en cuya virtud pudiera hacer efectivos en esta materia los amplios poderes de fiscalizaci�n e investiga�ci�n, que el art�culo 684 del antedicho Estatuto le confiere con miras a asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales. Es verdad que pod�aadelantar las indagaciones tendientes a establecer la ocurrencia de hechosgeneradores de obligaciones tributarias no declarados, as� como efectuar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinaci�n de los impuestos; pero si de ellas resultaba comprobado que un contribuyente se hab�a encuadrado incorrectamente en el r�gimen simplificado, la Adminis�traci�n no pod�a tomar acci�n inmediata para enmendar la situaci�n, toda vez que como de acuerdo al art�culo 601 ibidem en este r�gimen la declaraci�n de ventas es anual y como los hechos que configuran la obligaci�n tributaria seg�n los art�culos 499 y 500 a 506 ib�dem se refieren a datos del a�o inmediatamente anterior (i.e. ingresos netos de la actividad comercial y patrimonio bruto), se ve�a forzada a esperar que transcurriera el a�o gravable respectivo para poder actuar en consecuencia.

La norma acusada viene a llenar tal vac�o, sin que por este aspecto merezca reproche alguno, pues es desarrollo l�gico y consecuente de las facultades de investigaci�n y fiscalizaci�n de que se ha hecho menci�n.

Arr�base as� a la conclusi�n de que el aserto del demandante, conforme al cual el gozar o no de las prerrogativas propias del r�gimen simplificado, no depende de la concurrencia de los supuestos previstos en la ley, es infundado. N�tese a este respecto que tampoco es cierto que una decisi�n en ese sentido penda del criterio subjetivo, voluntarista y arbitrario de un funcionario, pues recu�rdese adem�s el perentorio mandato consignado en el art�culo 743 del mismo Estatuto Tributario, el cual obliga a la Adminis�traci�n a fundar sus decisiones sobre determinaci�n de tributos, en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente y a comprobarlos por los medios de prueba se�alados en las leyes tributarias o en el C�digo de Procedimiento Civil, en cuanto �stos sean compatibles con aqu�llos.

Por lo expuesto, el cargo de presunta violaci�n a los principios de la igualdad y la seguridad jur�dicas que el actor radicaba en el anterior art�culo 16 Constitucional y que hoy reciben consagraci�n en el inciso segundo del art�culo 2o. y en el inciso primero del art�culo 13 C.N., no est� llamado a prosperar, ya que seg�n se ha advertido, se sustenta en el supuesto equivocado de considerar que la prementada facultad de reclasificaci�n es arbitraria y subjetiva, cuando, como qued� demostrado, es reglada y se fundamenta en la certeza probatoria de que un contribuyen�te no satisface los requisitos y condiciones a que la ley tributaria sujeta su colocaci�n en el r�gimen simplificado, que son los hechos que constituyen su supuesto. Como qued� visto, dicha actuaci�n se desprende de las funciones de investigaci�n y fiscalizaci�n que la propia ley asigna a la Administraci�n Tributaria con el objeto de que pueda asegurar el cumpli�miento efectivo de sus disposiciones ya ese fin es necesaria, pues se endereza a impedir que quienes pretendan eludir su observancia perma�nezcan por fuera de su imperio.

Por otra parte, tampoco percibe la Corte violaci�n al principio de igualdad ante la ley ni mucho menos transgresi�n de los numerales 4 y 5 del art�culo 136 de la Constituci�n actual, que reprodujeron en sustancia el contenido normativo recogido en los ordinales 5 y 6 del art�culo 78 de la anterior, frente a los cuales, dicho sea de paso, el demandante no esgrime razones consistentes de las que cupiera ligarlos con lo que aqu� se debate ni que evidenciaran su relaci�n con el principio que estima conculcado, por lo cual la Corte no considerar� el cargo en relaci�n con dichos ordinales. El hecho es que la preceptiva contenida en la disposici�n que se analiza se aplica por igual a todos los responsables que, debiendo pertenecer al r�gimen com�n por no reunir las condiciones del simplificado, se encuen�tran catalogados en �ste. En repetida jurisprudencia, que mantiene su validez ajuicio de la Corporaci�n, �sta ha expresado que el recto entendi�miento del principio de igualdad es el de que quedan cobijados por una misma regulaci�n normativa todos los sujetos respecto de los cuales se d� su supuesto, que es precisamente lo que ocurre en este caso. El cargo no prospera y as� se declarar�.

Ahora bien, frente al concepto de violaci�n que se hace consistir en la posibilidad de que un funcionario no cumplidor de la ley eventualmente use mal esta facultad, basta para refutarlo el razonamiento que la Corporaci�n hiciera en sentencia de mayo 31 de 1990 (M.P. Dr. Jaime Sanin Greiffenstein) en la que a prop�sito de similar planteamiento, ante dicha eventualidad, expres�:

"...El mal uso que de esta facultad puedan hacer los jueces administrativos,aunque posible, no puede ser el criterio determinante del juicio de constitucionalidad de la norma que la contiene, pues esto no solamente har�a imposible la tarea de legislar en estas materias dado el grado de concreci�n, minuciosidad y especificidad que se requerir�a, sino porque es indispensable distinguir entre los contenidos preceptivos y la forma como ellos se aplican en cada caso particular, que tiene correctivos y acarrea sanciones".

7.- El Problema de los recursos contra el acto administrativo. La subsistencia de las garant�as procesales en la aplicaci�n de la disposici�n demandada.

Por otra parte, frente a lo dispuesto en el inciso 2o. del art�culo puesto en entredicho, es necesario hacer una precisi�n, porque ciertamente �ste, al igual que el primer inciso que ya fue analizado, es oscuro en su redacci�n. La frase que se�ala que contra la decisi�n por la cual la administraci�n reclasifica a un contribuyente en el r�gimen com�n "no procede recurso alguno" debe ser entendida en el sentido de que contra la misma no cabe intentar los recursos ordinarios de la v�a gubernativa, que consagran las normas generales.

Mal puede quedar comprendido dentro de dicha expresi�n el recurso extraordinario de revocatoria directa pues �ste, conforme al art�culo 10 del Decreto 2304 de 1989, es procedente precisamente respecto de los actos administrativos que carecen de recurso gubernativo alguno. As� pues, la prementada decisi�n es pasible del recurso extraordinario mencionado, el cual ha de intentarse dentro de los dos (2) a�os siguientes a la ejecutoria de aquella, (art�culo 737 del Estatuto Tributario).

N�tese adem�s que subsiste la posibilidad de acudir a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo para controvertir la decisi�n administra�tiva de reclasificaci�n en el r�gimen com�n. Por lo tanto, en el caso que ocupa la atenci�n de la Corte, est� plenamente asegurado el "derecho a la jurisdicci�n", que es el instrumento que desarrolla las garant�as constitu�cionales del debido proceso y del derecho de defensa y que asegura su vigencia mediante los derechos de contradicci�n, publicidad y controversia probatoria y de decisi�n de la litis a trav�s de un proceso conducido y decidido por un �rgano jurisdiccional, elementos en los que se descompo�nen tales garant�as y que hoy consagra el art�culo 29 de la Carta. Por manera que desde este �ngulo no cabe formular reparo de �ndole constitu�cional al inciso que se examina.

El argumento de que la utilizaci�n de dicha v�a puede en veces resultar siendo onerosa no es de recibo en este estrado para juzgar la constitucionalidad de la norma, pues ya la Corte ha esclarecido que la condici�n de servicio p�blico de la justicia no excluye el que los particulares deban atender con sus propios recursos al pago de los gastos que demande la tramitaci�n de una actuaci�n o el adelantamiento de un proceso en la v�a judicial. [V�ase, por ejemplo, sentencia No. 73 de mayo 31 de 1990, M.P. Dr. Jaime San�n Greiffenstein].

A prop�sito de este punto, debe adem�s la Corte despejar la inexactitud en que incurre el actor cuando afirma que el hecho de que la decisi�n por la cual la Administraci�n reclasifica a un contribuyente en el r�gimen com�n no sea susceptible de ser discutida en la v�a gubernativa por el tr�mite de los recursos de reposici�n o apelaci�n, implica violaci�n al derecho de defensa tutelado hoy por el ya citado art�culo 29 de la Carta y anteriormente por el 26. En su jurisprudencia tradicional, reiterable en esta oportunidad, la Corporaci�n ha sostenido que no acarrea desconoci�miento de tal derecho el que se conceda o no este o aquel recurso, ya que bien puede el legislador regularlos aut�nomamente, con tal que se dejen a salvo las garant�as constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa; as� pues, siempre que se brinde a las partes la posibilidad de controvertir las decisiones y de ejercer el "derecho a la jurisdicci�n", dicha garant�a se habr� amparado, auncuando se haya denegado la concesi�n de un recurso en particular (Cfr. Sentencia No. 5 de 1990, Magistrados Ponentes Drs. Hernando G�mez Ot�lora y Jaime San�n Greifienstein].

No sobra advertir sobre este particular aspecto de la cuesti�n que a�n cuando el nuevo texto Constitucional en su art�culo 31, respecto de la sentencia judicial alude al recurso de apelaci�n y al grado de consulta, sin embargo defiere a la ley la consagraci�n de excepciones a su procedencia.

Para concluir este an�lisis no puede perderse de vista que el Estatuto Tributario consagra en su art�culo 683 el principio en virtud del cual los funcionarios p�blicos con atribuciones y deberes que cumplir en relaci�n con la liquidaci�n y recaudos de impuestos nacionales, deber�n tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que la aplicaci�n recta de las leyes deber� estar presidida por un relevante esp�ritu de justicia y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija m�s de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas p�blicas de la Naci�n.

Dicho principio encuentra su desarrollo en el derecho que el T�tulo X del mismo Estatuto confiere al contribuyente a solicitar y obtener la devoluci�n de los impuestos pagados y no causados o pagados en exceso (previa compensaci�n de las deudas y obligaciones de saldo vencido que figuren a su cargo) y al pago de intereses corrientes y moratorios sobre el cr�dito a su favor que resultare por pagos de m�s.

En el caso que se ha examinado, dichos derechos son perfectamente ejercitables y operan como garant�a en el evento en que la Administraci�n por error reclasifique a un responsable en el r�gimen com�n y en raz�n de este acto incurra el contribuyente en pago de lo no debido.

Fluye de lo expuesto que la norma examinada no contraria la Consti�tuci�n Pol�tica de Colombia vigente actualmente, por lo cual se impone declararla exequible.

En m�rito de lo expuesto la Corte suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del Se�or Procurador General de la Naci�n.

Es Exequible el art�culo 43 de la Ley 49 de 1990 por el cual se adicion� el Estatuto Tributario con el art�culo 508-1 cuyo texto es el siguiente:

No obstante lo dispuesto en el art�culo anterior, para efectos de control tributario, el Administrador de Impuestos podr� oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el r�gimen simplificado, ubic�n�dolos en el com�n.

La decisi�n anterior ser� notificada al responsable, contra la misma no procede recurso alguno y a partir del bimestre siguiente ingresar� al nuevo r�gimen".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Pablo J. C�ceres Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, RicardoCalvete Rangel Jorge Carre�o Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Eduardo Garda Sarmiento, Gustavo G�mez Vel�squez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jim�nez D�az, Pedro Lafont Pianetta, H�ctor Mar�n Naranjo, Rafael M�ndez Arango, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero. D�dimo P�ez Velandia, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Sim�n Rodr�guez Rodr�guez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanin Greiffenstein, Hugo Suesc�n Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Mart�nez, Ram�n Z��iga Valverde

Que los Magistrados Drs. Jorge Carre�o Luengas, Eduardo Garc�a Sarmiento,Gustavo G�mez Vel�squez y H�ctor Mar�n Naranjo, dejaron de asistir a la sesi�n de Sala Plena celebrada el d�a 18 de julio de 1991, con excusa justificada.

Santaf� de Bogot�, D. C., seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991).