Sentencia 81 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema3003001828981-- Seleccione --199113/06/199181_-- Seleccione --_1991_13/06/199130018289SENTENCIA N�MERO 81 FACULTADES EXTRAORDINARIAS RESUMEN Como consecuencia de la solidez y fijeza que la ley quiere darle al nuevo estado civil que se crea con la adopci�n, se proh�ben las futuras acciones para establecer la filiaci�n de sangre, s�lo el hijo puede intentar las acciones tendientes a establecer cu�les eran sus verdaderos padres, caso en el cual se extingue la adopci�n. Inexequibles del Decreto 2737 de 1989 los art�culos 104 parcial, 277 parcial y el 331 total. Exequibles las dem�s normas demandadas. Corte Suprema de justicia Sala Plena Referencia: Expediente No. 2246. 1991

Campo El�as Cruz Berm�dezAcci�n de inexequibilidad contra los siguientes art�culos del Decreto 2737 de 1989 (C�digo del Menor): 31-3, 37 parcial, 43, 44, 45, 46, 47, 48 parcial, 49 parcial, 51 inciso final, 53 inciso 3 parcial, 57-6 y par�grafo 1 parcial, 61, 62 parcial, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72 parcial, 88 parcial, 92 parcial, 94 parcial, 99, 101, 103, 104 parcial, 105 parcial, 106 literal c), 107 parcial, 118 parcial, 120, 121 inciso 2, 122, 123, 124, 125 parcial, 126, 127, 128, 108, 109 parcial, 110, 111 116, 132 inciso 2, 136 parcial, 137, 138 parcial, 145 inciso final, 150, 160 parcial, 166 parcial, 167 parcial, 170 parcial, 178 parcial, 169, 180 parcial, 184, 201-4- 204 par�grafo 3 parcial, 216 parcial, 223 parcial, 271, 277 parcial, 278 parcial, 279 parcial, 298 parcial, 299 parcial, 312 parcial, 319, 326 parcial, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 y 351.Identificadores30030018290true92486Versi�n original30018290Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad contra los siguientes art�culos del Decreto 2737 de 1989 (C�digo del Menor): 31-3, 37 parcial, 43, 44, 45, 46, 47, 48 parcial, 49 parcial, 51 inciso final, 53 inciso 3 parcial, 57-6 y par�grafo 1 parcial, 61, 62 parcial, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72 parcial, 88 parcial, 92 parcial, 94 parcial, 99, 101, 103, 104 parcial, 105 parcial, 106 literal c), 107 parcial, 118 parcial, 120, 121 inciso 2, 122, 123, 124, 125 parcial, 126, 127, 128, 108, 109 parcial, 110, 111 116, 132 inciso 2, 136 parcial, 137, 138 parcial, 145 inciso final, 150, 160 parcial, 166 parcial, 167 parcial, 170 parcial, 178 parcial, 169, 180 parcial, 184, 201-4- 204 par�grafo 3 parcial, 216 parcial, 223 parcial, 271, 277 parcial, 278 parcial, 279 parcial, 298 parcial, 299 parcial, 312 parcial, 319, 326 parcial, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 y 351.

Como consecuencia de la solidez y fijeza que la ley quiere darle al nuevo estado civil que se crea con la adopci�n, se proh�ben las futuras acciones para establecer la filiaci�n de sangre, s�lo el hijo puede intentar las acciones tendientes a establecer cu�les eran sus verdaderos padres, caso en el cual se extingue la adopci�n.

Inexequibles del Decreto 2737 de 1989 los art�culos 104 parcial, 277 parcial y el 331 total.

Acci�n de inexequibilidad contra los siguientes art�culos del Decreto 2737 de 1989 (C�digo del Menor): 31-3, 37 parcial, 43, 44, 45, 46, 47, 48 parcial, 49 parcial, 51 inciso final, 53 inciso 3 parcial, 57-6 y par�grafo 1 parcial, 61, 62 parcial, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72 parcial, 88 parcial, 92 parcial, 94 parcial, 99, 101, 103, 104 parcial, 105 parcial, 106 literal c), 107 parcial, 118 parcial, 120, 121 inciso 2, 122, 123, 124, 125 parcial, 126, 127, 128, 108, 109 parcial, 110, 111; 116, 132 inciso 2, 136 parcial, 137, 138 parcial, 145 inciso final, 150, 160 parcial, 166 parcial, 167 parcial, 170 parcial, 178 parcial, 169, 180 parcial, 184, 201-4- 204 par�grafo 3 parcial, 216 parcial, 223 parcial, 271, 277 parcial, 278 parcial, 279 parcial, 298 parcial, 299 parcial, 312 parcial, 319, 326 parcial, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 y 351.

Entra a decidirse la acci�n p�blica de inexequibilidad interpuesta por el ciudadano Campo Ellas Cruz Berm�dez contra numerosas disposiciones del Decreto 2737 de 1989 (C�digo del Menor), pues se ha rituado el proceso debidamente.

"Art�culo 31. Un menor se encuentra en situaci�n de abandono o de peligro cuando:

"3.No fuere reclamado en un plazo razonable del establecimiento hospitalario, de asistencia social o del hogar sustituto en que hubiere ingresado, por las personas a quienes corresponde legalmente el cuidado personal de su crianza y educaci�n.

"Art�culo 37. El Defensor de Familia, de manera inmediata al conocimiento del hecho, abrir� la investigaci�n por medio de auto en el que ordenar� la pr�ctica de todas las pruebas o diligencias tendientes a establecer las circunstancias que pueden configurar la situaci�n de abandono o peligro del menor. En el mismo auto podr� adoptar, de manera provisional, las medidas a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4 y6 del art�culo 57.

"Art�culo 43.Cuando el Defensor de Familia establezca sumariamente que un menor se encuentra en situaci�n de grave peligro, proceder� a su rescate a efecto de prestarle la protecci�n necesaria; y si las circunstancias as� lo ameritan, ordenar�, mediante auto, el allanamiento del sitio donde el menor se hallare, para lo cual podr� solicitar el apoyo de la fuerza p�blica, la cual no podr� negarse a prestarlo.

"Par�grafo.Para los efectos de este art�culo, se entiende por peligro grave toda situaci�n en la que se encuentre comprometida la vida o la integridad personal del menor.

"Art�culo 44.Antes de proceder al allanamiento y registro del sitio donde se encuentra el menor, el Defensor de Familia deber� dar lectura del auto que ordena la diligencia, a quien se encuentre en el inmueble. Si los ocupantes al enterarse del contenido del auto entregaren al menor sin resistencia o si se desvirtuaren los motivos que originaron la medida, el Defensor de Familia suspender� la pr�ctica del allanamiento.

"Art�culo 45.Si el Defensor de Familia no encontrare persona alguna en el inmueble para comunicarle el allanamiento, proceder� a practicarlo.

"Art�culo 46.En la diligencia de allanamiento y registro prevista en los art�culos anteriores, deben evitarse las inspecciones in�tiles y el da�o innecesario a las cosas; en ning�n caso se podr� molestar a los ocupantes del inmueble con acciones distintas de las estrictamente necesarias para cumplir su objetivo, cual es la protecci�n inmediata del menor.

"Art�culo 47.Durante la diligencia de allanamiento y registro se levantar� un acta en la que conste:

"3.Las circunstancias en que se encontr� el menor y los motivos que fueron aducidos para explicar dichas circunstancias.

"Art�culo 48. Los funcionarios administrativos que cumplan funciones policivas y los jueces deber�n, a partir de la vigencia del presente C�digo, practicar las pruebas decretadas por los jueces de menoreso de familia o los defensores de familia que les sean solicitadas. La pr�ctica de estas pruebas se sujetar� a las normas del C�digo de Procedimiento Civil relativas a la comisi�n.

"Art�culo 49.La resoluci�n en que se declare la situaci�n de abandono o de peligro de un menor deber� ser notificada personalmente, de acuerdo con los tr�mites del art�culo 39 a quienes hubieren comparecido. En la diligencia de notificaci�n, se indicar�n los recursos que pueden interponerse contra la decisi�n del Defensor.

"Art�culo51. Contra la resoluci�n que declara la situaci�n de abandono o peligro, proceden los siguientes recursos:

"Los recursos anteriores podr�n ser interpuestos por todos aquellos que acrediten un inter�s leg�timo en relaci�n con el menor respecto de quien se define la situaci�n de abandono o peligro.

"Art�culo53. El recurso de apelaci�n podr� interponerse directamente o en subsidio del de reposici�n.

"En la sustentaci�n de los recursos deber�n expresarse en forma clara y concreta los motivos de la inconformidad y relacionarse las pruebas que se pretenden hacer valer, indicando el nombre ydirecci�n del recurrente.

"Art�culo 57. En la resoluci�n por medio de la cual se declare a un menor abandonado o en peligro, se podr� ordenar una o varias de las siguientes medidas de protecci�n:

"6. cualesquiera otras cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, proveer a la atenci�n de sus necesidades b�sicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud o su formaci�n moral.

"Par�grafo 1. El Defensor de Familia podr�, al aplicar alguna de las medidas anteriores y sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes,fijar una cuota mensual con la cual los padres o las personas de quienes el menor dependo contribuir�n al sostenimiento de �ste mientras se encuentre bajo una medida de protecci�n.

"Art�culo 61.La resoluci�n por la cual se sol�cita la adopci�n, como medida de protecci�n del menor, s�lo requerir� ser homologada por el juez competente cuando las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educaci�n del menor, se hubieren opuesto a esta medida dentro del tr�mite administrativo en que se decret� o dentro de los veinte (20) d�as siguientes a la fecha en que hubiere quedado en firme tal medida, t�rmino dentro del cual deber�n presentar al Defensor de Familia las alegaciones y pruebas que sustenten la oposici�n a la medida decretada.

"Art�culo 62. La declaraci�n de abandono prevista en el art�culo 60, una vez ejecutoriada,o la sentencia de homologaci�n, si fuere el caso, deber� ser inscrita en el Libro de Varios de la Notar�a u Oficina de Registro respectiva.

"Art�culo 63.Vencido el t�rmino establecido en �l art�culo 61, el Defensor de Familia, para los efectos de la homologaci�n, remitir� al Juez de Familia o Promiscuo de Familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el menor, tanto el expediente como las nuevas alegaciones, si se hubieren presentado, para que �ste, dentro de los quince (15) d�as siguientes, dicte de plano la sentencia de homologaci�n.

"Si el juez estimare que n se cumplieren los requisitos de ley, mediante auto devolver� la actuaci�n al Defensor de Familia para que se subsanen los defectos que hubiere advertido.

"Contra la sentencia que homologa la decisi�n del Defensor de Familia, no procede recurso alguno.

"Art�culo 64.En firme la resoluci�n que niega la solicitud de revocaci�n, de modificaci�n o terminaci�n de la medida impuesta por el Defensor de Familia, queda agotado el tr�mite administrativo. Los padres, o las personas que tengan el cuidado personal de la crianza y educaci�n del menor, podr�n solicitar al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, la terminaci�n de los efectos de las declaraciones hechas por el Defensor de Familia y la finalizaci�n de las medidas de protecci�n adoptadas. Para este efecto deber�n demostrar plenamente que se han superado las circunstancias que les dieron lugar y que hay razonables motivos para esperar que no volver�n a producirse.

"Esta acci�n podr� intentarse siempre y cuando no se haya homologado la declaratoria de abandono o decretado la adopci�n.

"Art�culo 65.De la acci�n prevista en el art�culo anterior conocer�, en �nica instancia, el Juez de Familia o Promiscuo de Familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el menor.

"Esta acci�n se tramitar� de acuerdo con el procedimiento verbal sumario establecido en el Decreto 2282 de 1989.

"En el proceso correspondiente tambi�n ser�n partes el menor y la persona o entidad a cuyo cuidado se encuentre. El Defensor de Familia deber� ser citado para que se haga parte en el proceso.

"Art�culo66. El actor en los procesos de que tratan los art�culos precedentes, deber� acreditar que han variado favorablemente para el menor las circunstancias que dieron lugar a las medidos de protecci�n decretadas.

"El juez se�alar� en el auto admisorio de la demanda la cantidad con la cual el demandante deber� contribuir al sostenimiento del menor mientras dure el proceso. Las sumas as� depositadas, deber�n ser entregadas a la persona o entidad que tenga el cuidado del menor, sin perjuicio de la subrogaci�n de que trata el art�culo 81.

"Art�culo 70.Sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes, el Defensor de Familia podr� asignar provisionalmente la custodia o cuidado personal del menor a aquel de los parientes se�alados en el art�culo 61 del C�digo Civil, que ofrezca mayores garant�as para su desarrollo integral.

"Art�culo 72. El incumplimiento de la orden de asignaci�n provisional de la custodia o cuidado personal del menor, as� como de las obligaciones contra�das en el acta de entrega, dar� lugar a la imposici�n, por parte del Defensor de Familia, de las siguientes sanciones:

"1. Multa de hasta cien (100) salarios m�nimos diarios legalesconvertibles en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada salario diario m�nimo legal de multa.

"Par�grafo.La reincidencia o la respuesta a darle cumplimiento a la orden de asignaci�n de que tratan los art�culos anteriores, constituye causal de suspensi�n de la patria potestad.

"Art�culo 88. La adopci�n es, principalmente y por excelencia, una medida de protecci�n a trav�s de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establecede manera irrevocable, la relaci�n paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

"Art�culo 92. S�lo podr�n adoptarse los menores de dieciocho (18) a�os declarados en situaci�n de abandono, o aquellos cuya adopci�n haya sido consentida previamente por sus padreso autorizada por el Defensor de Familia cuando el menor no se encuentre en situaci�n de abandono y carezca de representante legal.

"Art�culo 94. La adopci�n requiere el consentimiento previo de quienes ejercen la patria potestad,o el de uno de ellos a falta del otro, manifestando personalmente ante el Defensor de Familia, quien los informar� ampliamente sobre las consecuencias e irrevocabilidad de la adopci�n.

"El consentimiento del padre o madre menor de edad tendr� plena validez si se manifiesta con las formalidades se�alados en el inciso anterior.

"Afalta de las personas designados en el presente art�culo, ser� necesaria la autorizaci�n del Defensor de Familia expresada por medio de resoluci�n motivada.

"Par�grafo 1.En todo caso, antes de transcurrido un (1) mes desde la fecha en que los padres otorgaron su consentimiento podr�n revocarlo. Transcurrido este plazo el consentimiento ser� irrevocable.

"Art�culo 99.Nadie podr� ejercer acci�n alguna para establecer la filiaci�n de sangre del adoptivo, ni reconocerle como hijo extramatrimonial. El adoptivo podr�, sin embargo, promover en cualquier tiempo las acciones de reclamaci�n del estado civil que le corresponda respecto de sus padres de sangre �nicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la adopci�n no lo eran en realidad.

"En el caso previsto en este art�culo, la prosperidad de las pretensiones del adoptivo har� que se extingan los efectos de la adopci�n, aunque el adoptante no hubiere sido citado al proceso.

"Art�culo 101.Las adopciones realizadas de acuerdo con la Ley 5� de 1975, que no hubieren tenido la calidad de plenas, continuar�n teniendo, bajo el imperio de este C�digo, los mismos efectos que aqu�lla otorgaba a las calificadas de simples, pero la patria potestad sobre quienes fueron prohijados mediante adopci�n simple corresponder� al adoptante o adoptantes.

"Art�culo 103.A partir de la vigencia del presente C�digo, eliminase la figura de la adopci�n simple y, en consecuencia, los procesos respectivos que no hubieren sido fallados se archivar�n. Con todo, si los adoptantes manifiestan su voluntad de "convertirla en la adopci�n reglamentada por el presente estatuto, el proceso continuar� en los t�rminos en �l previstos.

"Art�culo 104. La adopci�n �nicamente podr� ser solicitada por los interesados en ser declarados adoptantes, mediante demanda presentada por medio de apoderado ante el Juez de Familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cuidado se encuentre el menor.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecer� los casos excepcionales en que, por motivos de inter�s p�blico o necesidad social, el defensor de Familia podr� apoderar a los adoptantes.

"Art�culo 105. A la demanda, con los requisitos y anexos legales, se acompa�ar�n los siguientes documentos:

"c) El registro civil de matrimonio o la prueba id�nea de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes, sin perjuicio de las que correspondan a los dem�s requisitos exigidos por este C�digo.

"Par�grafo. Es prueba id�nea de la convivencia prevista en el literal c) del presente art�culo, cualquiera de las siguientes:

"1.Declaraci�n extraproceso de tres testigos con citaci�n y audiencia del Defensor de Familia.

"4. Inscripci�n en el libro de vanos de la Notar�a del lugar de domicilio de la pareja, con antelaci�n no menor de tres (3) a�os.

"5.El registro civil de nacimiento de los hijos habidos por la pareja con una antelaci�n no menor de tres (3) a�os. Para el c�mputo de este t�rmino se tendr�n en cuenta los 270 d�as que antecedieron al nacimiento.

"Art�culo 106. Si los adoptantes son extranjeros que residen fuera del deber�n aportar, adem�s, los siguientes documentos:

"c)Concepto favorable a la adopci�n, emitido por el Defensor de Familia con base en la entrevista que efect�e con los adoptantes y el examen de la documentaci�n en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopci�n recomienda a los adoptantes.

"Art�culo 107. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ylas entidades autorizadas por �ste, para adelantar programas de adopci�n preferir�n, cuando llenen los requisitos establecidos en este C�digo.

"Art�culo 108.Cuando la demanda sea presentada por el Defensor de Familia deber� acompa�arla de la autorizaci�n motivada del Jefe de la Secci�n o Divisi�n Jur�dica de la respectiva regional. El juez dictar� sentencia dentro de los diez (10) d�as siguientes, si estima que con la demanda se presentaron las pruebas suficientes para decretar la adopci�n. Cuando la demanda fuere presentada por un apoderado particular, se correr� traslado al Defensor de Familia por el t�rmino de cinco (5) d�as. Si el Defensor se allanare a ella, el juez dictar� sentencia dentro do los t�rminos del inciso anterior.

"Cuando el juez estime insuficientes las pruebas acompa�adas, se�alar� un t�rmino m�ximo de diez (10) d�as para decretar y practicar las que considere necesarias. Vencido este t�rmino, el juez tomar� la decisi�n correspondiente.

"Art�culo 109.De la sentencia que decrete la adopci�n deber� recibir notificaci�n personal al menos uno de los adoptantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 116.

"Art�culo 110.Con autorizaci�n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por motivos justificados, se podr� solicitar la suspensi�n del proceso hasta por un t�rmino de tres (3) meses improrrogables.

"Art�culo 111.El incumplimiento injustificado, por parte del juez competente, de cualquiera de los t�rminos establecidos en el art�culo 108, sea causal de mala conducta que tendr� como sanci�n la destituci�n.

"Art�culo 116.Si la adopci�n fuere conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia, el proceso continuar� con el sobreviviente que manifestare su voluntad de persistir en ella y s�lo producir� efectos respecto de este �ltimo. En caso contrario, el proceso terminar�.

"Si la solicitud de adopci�n fuere hecha por un solo adoptante y �ste muere antes de proferirse la sentencia, el proceso tambi�n terminar�.

"Art�culo 118. Solamente podr�n desarrollar programas de adopci�n el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ylas instituciones debidamente autorizadas por �ste. Para efecto de lo dispuesto en el presente art�culo, por programas de adopci�n se entiende el conjunto de actividades tendientes a brindar hogar definitivo a un menor y comprende, principalmente, la recepci�n y cuidado del menor, la selecci�n de los eventuales adoptantes y la presentaci�n de la demanda respectiva.

"Art�culo 120.En las Juntas Directivas de las instituciones autorizadas para ejecutar programas de adopci�n, habr� un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar designado por el Director General, el cual intervendr� con derecho a voz y voto.

"Art�culo 121. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podr� suspender, temporal o definitivamente, las adopciones con un pa�s que no ofrezca garant�as a la protecci�n de los menores beneficiarios de la adopci�n.

"El incumplimiento de la correspondiente decisi�n por parte de las instituciones que adelantan programas de adopci�n, acarrear� la cancelaci�n de la licencia de funcionamiento.

"Art�culo 122.Las licencias de funcionamiento de las instituciones que desarrollen programas de adopci�n s�lo podr�n ser otorgadas por el Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante resoluci�n motivada y de conformidad con la reglamentaci�n que expida la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la aprobaci�n del Gobierno Nacional.

Art�culo 123.El personal directivo de las instituciones de adopci�n deber� tener nacionalidad colombiana.

"Art�culo 124.Para efectos de la obtenci�n de la licencia de funcionamiento, las agencias o sucursales de las instituciones privadas de adopci�n se considerar�n como instituciones de adopci�n aut�nomas, sujetas a los requisitos y tr�mites establecidos en el presente C�digo.

"Art�culo 125. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,ni las instituciones autorizadas por �ste para desarrollar programas de adopci�n podr�n cobra directa o indirectamente retribuci�n alguna por la entrega de un menor para ser adoptado.

"Par�grafo. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el incumplimiento de esta disposici�n acarrear� la destituci�n del funcionario infractor,o la cancelaci�n de la licencia de funcionamiento si el hecho se hubiere cometido por una instituci�n autorizada para adelantar programas de adopci�n.

"Art�culo 126.La instituci�n autorizada para adelantar programas de adopci�n garantizar� plenamente los derechos de los menores susceptibles de ser adoptados, mientras permanezcan bajo su cuidado y no podr� entregarlos a persona alguna sin el cumplimiento de los requisitos consagrados en el presente cap�tulo.

"Art�culo 127.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asesorar� y supervisar� las instituciones que adelantan programas de adopci�n y las casas de madres solteras.

"Los funcionarios competentes tendr�n libre acceso a los libros, expedientes y documentos de estas instituciones.

"Art�culo 128.En coso de incumplimiento o violaci�n de las disposiciones establecidas en este C�digo o en el reglamento que expida la junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la aprobaci�n del Gobierno Nacional, el Director General aplicar� a bis instituciones a que se refiere el art�culo 118, seg�n la gravedad de la falta, una de las sanciones administrativas que se describen a continuaci�n:

"3.Suspensi�n de la licencio de funcionamiento, hasta por el t�rmino de un (1) a�o.

"5.Suspensi�n de la personer�a jur�dica, hasta por el t�rmino de un (1) a�o

"Art�culo 132. Para hacer efectivas las reclamaciones de que trata el numeral primero del art�culo anterior, el Defensor de Familia promover� en beneficio del menor las acciones de alimentos que fueren necesarias, de conformidad con las reglas que se expresan en el cap�tulo siguiente.

"Igualmente podr� el Defensor de Familia promover en beneficio del menor cualesquiera otros procesos que fueren necesarios para obtener el pago de las mesadas alimentarias decretadas en su favor, incluyendo aquellas que busquen la revocaci�n o declaratoria de ser simuladas las enajenaciones hechas en perjuicio de los intereses del menor.

"Art�culo 136. En caso de incumplimiento de la obligaci�n alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podr�n provocar la conciliaci�n ante el Defensor de Familia, los jueces competentes,el Comisario de Familia o el Inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o �stos de oficio.

"Art�culo 137.Si citada en dos oportunidades la persona se�alada como obligada a suministrar alimentos al menor no compareciere, habi�ndosele dado a conocer el contenido de la petici�n, o si fracasare la conciliaci�n, el funcionario fijar� prudencial y provisionalmente los alimentos.

"Art�culo 138. Al ofrecimiento verbal o escrito de fijaci�n o revisi�n de alimentos debidos a menores se aplicar�, si hubiere acuerdo entre las partes, lo dispuesto en el art�culo 136 ysi es rechazada la oferta, lo ordenado por �l art�culo 137. En este �ltimo caso, el funcionario tomar� en cuenta en su decisi�n los t�rminos de la oferta y los informes y pruebas presentados por el oferente para sustentar su propuesta.

"Art�culo 145. Para el tr�mite de la audiencia se aplicar�, en lo pertinente, lo dispuesto en los par�grafos 2 y 3 del art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989...

"Las partes podr�n presentar los documentos que no se hubieren anexado a la demanda o a su contestaci�n, as� como los testigos cuya declaraci�n se hubiere solicitado, que no exceder�n de dos (2) sobre los mismos hechos.

"Art�culo 150.Mientras el deudor no cumpla ose allane a cumplir la obligaci�n alimentaria que tenga respecto del menor, no ser� escuchado en la reclamaci�n de su custodio y cuidado personal, ni en el ejercicio de otros derechos sobre el menor.

"El juez dispondr�, cuando fuere necesario, la custodia y cuidado del menor o menores en cuyo nombre se abri� el proceso, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes.

"Si en desarrollo de esta atribuci�n el Defensor de Familia demandare a quien ejerce la patria potestad sobre el menor, no le ser� necesaria la autorizaci�n de que trata la �ltima parte del art�culo 305 del C�digo Civil.

"Art�culo 166. El menor infractor dedoce (12) a dieciocho (18) a�os deber� estar asistido durante el proceso por el Defensor de Familia y por su apoderado si lo tuviere. Los padres del menor podr�n intervenir en el proceso.

"Art�culo 167. Los jueces de Menores o los Promiscuos de Familia conocer�n en �nica instancia de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o part�cipes losmayores de doce (12) a�os y menores de dieciocho (18) a�os, con el objeto principal de lograr su plena formaci�n y su normal integraci�n a la familia y a la comunidad.

"Art�culo 169.Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 165, los Defensores de Familia conocer�n de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o part�cipes los menores de doce (12) a�os, con la finalidad de ofrecerles la protecci�n especial que su caso requiera y procurar su formaci�n integral. Tambi�n conocer�n de las contravenciones en que intervengan como autores o part�cipes los menores de dieciocho (18) a�os.

"En desarrollo de su actuaci�n, el Defensor de Familias obrar� de acuerdo con el procedimiento se�alado en los cap�tulos segundo y tercero del T�tulo Segundo y tomar� las medidas que considere pertinentes, consagradas en el art�culo 57, declarando si fuere el caso la situaci�n de abandono o peligro del menor.

"Cuando se trate de menores que tengan limitaciones f�sicas, mentales o sensoriales, procurar� el Defensor que la medida se cumpla en establecimientos especializados que le permitan remediar o mejorar su condici�n.

"Art�culo 170. Cuando en la investigaci�n de una infracci�n adelantada por los jueces ordinarios, resultare comprometido un menor de dieciocho (18) a�os ymayor de doce (12) a�os, deber�n ser enviadas copias de lo pertinente, inmediatamente, al juez competente.

"Art�culo 178. Cuando el juez de menores o el Promiscuo de Familia del lugar donde ocurri� el hecho tenga conocimiento de oficio, o por denuncia o informes de terceros, que un menor de dieciocho (18) a�osy un mayor de doce (12) a�os, ha incurrido en cualquiera de las conductas se�aladas por la ley como delito, iniciar� la correspondiente investigaci�n, aplicando en forma provisional, si fuere el caso, las medidas que estime necesarias para la protecci�n del menor consagradas en el art�culo 204.

"Art�culo 180. Si el hecho ocurri� en un municipio o corregimiento en donde no haya Juez de Menores o Promiscuos de Familia, el Juez Municipalo en su defecto el funcionario de polic�a con intervenci�n del Defensor de Familia o un defensor designado de oficio, iniciar� inmediatamente la investigaci�n del caso,�.

"Par�grafo.Cuando el infractor sea menor de doce (12) a�os, el Juez lo remitir� inmediatamente al Defensor de Familia para lo de su competencia.

"Art�culo 184.Los menores deber�n ser puestos a disposici�n del Juez o autoridad competente el primer d�a h�bil siguiente a la fecha de su aprehensi�n.

"Art�culo 201. Las medidas de rehabilitaci�n impuestas al menor cesar�n, se modificar�n o suspender�n:

"4. Por haber quedado a disposici�n de la justicia ordinaria, en raz�n de una infracci�n penal cometida despu�s de cumplida la edad de diecis�is a�os.

"Art�culo 204. Establecida plenamente la infracci�n, el Juez competente podr� aplicar una o varias de las siguientes medidas (...).

"Par�grafo 3. Si la infracci�n se hubiere derivado del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los padres o guardadores, o �stos fueren renuentes a colaborar en su rehabilitaci�n, el Juez competente les impondr� multas de uno (1) a cien (100) salarios m�nimos diarios legales, a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con destino a los programas de reeducaci�n.La multa puede ser convertible en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario m�nimo legal.

"Art�culo 216. Las decisiones del Juez competente en que se impongan las medidas contempladas en el art�culo 204, no tendr�n car�cter definitivo y podr�n ser modificadas o dejadas sin efecto por el Juez, de oficio o a instancia del Defensor de Familia, de su apoderado, de sus padreso del Director del Centro donde se encuentre el menor, si es del caso.

"La renuencia u oposici�n injustificada de los padres o guardadores a cumplir las obligaciones se�aladas en el inciso anterior, ser� sancionada con multas de uno (1) a doscientos (200) salarios m�nimos legales diarios,convertibles en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario m�nimo legal de multa, conforme a las normas del presente C�digo, sin perjuicio de la aplicaci�n de las medidas de protecci�n que sean necesarias.

"Art�culo 271.Cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria sea un menor, la investigaci�n se iniciar� de oficio y ser� desistible por una sola vez. Ser� competente para conocer de este delito el juez municipal de la residencia del titular del derecho.

"Art�culo 277. El Defensor de Familia es funcionario p�blico al servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y le competen las siguientes funciones:

"4. Aprobar, con efecto vinculante, cuando no haya proceso judicial en curso,las conciliaciones entre c�nyuges, padres y dem�s familiares, sobre los siguientes asuntos:

"Fracasada la conciliaci�n o al no poderse llevar a cabo y en caso de urgencia, el Defensor de Familia podr� adoptar las medidas provisionales que sean necesarios, sin perjuicio de la competencia atribuida a los jueces sobre las materias citadas en este numeral.

"13.Conocer privativamente de las infracciones a la ley penal en que incurran los menores de doce (12) a�os y de las contravenciones cometidas por menores de dieciocho (18) a�os.

"16.Solicitar a los Jueces y funcionarios administrativos la pr�ctica de pruebas que sean necesarias en el cumplimiento de sus funciones.

"17. Las dem�s que expresamente le se�ale este C�digo, la ley o la Direcci�n General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

"Art�culo 278. Para ser Defensor de Familia se requiere, adem�s de ser ciudadano en ejercicio;

"3.No tener antecedentes penales ni disciplinarios, y observar conducta ejemplares.

"Art�culo 279. Las decisiones del Defensor de Familia por medio de las cuales culmine una actuaci�n administrativa, son resoluciones. Las dem�s actuaciones las surtir� a trav�s de autos.

"Contra las resoluciones proceden los recursos de reposici�n, apelaci�n y queja de acuerdo con el procedimiento se�alado en los art�culos 52 y siguientes del presente C�digo;respecto de los autos solamente procede el recurso de reposici�n.

"Art�culo 298. El Comisario de Familia deber� ser ciudadano en ejercicio, abogado inscrito, especializado en Derecho de Familia o de Menores o con experiencia no inferior a un (1) a�o en la materia, de intachable conducta moral, social y familiar ysin antecedentes penales o disciplinarios.

"1. Recibir a prevenci�n denuncias sobre hechos que puedan configurarse como delito o contravenci�n, en los que aparezca involucrado un menor como ofendido o sindicado,tomar las medidas de emergencia correspondientes y darles el tr�mite respectivo de acuerdo con las disposiciones del presente C�digo...

"4.Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un menor, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o a solicitud del Juez o del Defensor de Familia, de acuerdo con el procedimiento se�alado para el efecto por este C�digo.

"5. Recibir a prevenci�n las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos relacionados con conflictos familiares, atener las demandas relativas a la protecci�n del menor, especialmente en los casos del maltrato y explotaci�n, y atender los casos de violencia familiar,tomando las medidas de urgencia que sean necesarias, mientras se remiten a la autoridad competente.

"La violaci�n de esta disposici�n sin causa justificada ser� sancionada con multas de uno (1) a sesenta (60) salarios diarios m�nimos legalesconvertibles en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario. La sanci�n ser� impuesta a prevenci�n por el Comisario de Familia, el Defensor de Familia, el Alcalde Municipal o su delegado, o el Inspector de Polic�a.

"Quien incumpla lo establecido en el presente art�culo, ser� sancionado con multa de uno (1) a cien (100) salarios m�nimos diarios,convertibles en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario de multa.

"La sanci�n ser� impuesta a prevenci�n por el Comisario de Familiao el Defensor de Familia, seg�n el caso, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

"Art�culo 337.Todo menor puede obtener pasaporte y salir del pa�s con sus padres o con el padre sup�rstite o con su representante legal, sin que sea necesario acreditar documento diferente del registro civil de nacimiento en el caso de los padres biol�gicos o adoptivos, o copia aut�ntica de la providencia que confiere la representaci�n legal o copia aut�ntica de la sentencia de adopci�n ejecutoriada o registro de defunci�n de quien faltare, si es el caso.

"Art�culo 338.Cuando un menor vaya a salir del pa�s con uno de los padres o con persona distinta de los representantes legales, deber� obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aqu�llos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular.

"Art�culo 339.El Defensor de Familia otorgar� de plano el permiso al menor para salir del pa�s, cuando el padre que pretende salir con el menor demuestre respecto del otro padre cualquiera de las siguientes situaciones:

"1. La nulidad, divorcio o separaci�n de cuerpos en donde exista pronunciamiento respecto al ejercicio de la patria potestad a favor de quien viaja con el menor.

"Par�grafo.En los casos de adopci�n se observar� lo previsto en el art�culo 117 del presente C�digo.

"Art�culo 340.Corresponde adem�s al Defensor de Familia del lugar de residencia del menor conceder permiso a �ste para salir del pa�s cuando carezca de representante legal; se desconozca su paradero; no se encuentre en condiciones de otorgarlo o se halle en la situaci�n consagrada en el art�culo 94de este estatuto.

"Art�culo 341.El representante legal del menor o la persona de quien dependa, presentar� ante el respectivo funcionar o petici�n escrita expresando con claridad y precisi�n los hechos y circunstancias que la motivan, el tiempo de permanencia del menor en el exterior y las personas que puedan declarar sobre la veracidad de los hechos objeto de la petici�n.

"A la solicitud se anexar� copia del registro civil de nacimiento del menor, de matrimonio de sus padres, o de defunci�n seg�n el caso y las dem�s pruebas que sepretendan hacer valer.

"Art�culo 342.El Defensor de Familia har� conocer al interesado el contenido y alcances del art�culo 182 del C�digo Penal, dejando constancia de esta diligencia.

"Art�culo 343.El Defensor de Familia, de inmediato ordenar� la citaci�n a los padres o guardadores, la pr�ctica de una investigaci�n sociofamiliar y las dem�s pruebas conducentes. La investigaci�n sociofamiliar se practicar� dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la fecha del auto. El representante legal se citar� mediante aviso que se publicar� por una sola vez en un peri�dico de amplia circulaci�n.

"Art�culo 344.Si durante el tr�mite de las diligencias se presenta oposici�n al permiso por uno de los representantes legales del menor, se suspender� la actuaci�n y se dar� aplicaci�n al art�culo 348 de este C�digo.

"Art�culo 345.Surtido el tr�mite anterior, durante los cinco (5) d�as siguientes el Defensor de Familia producir� su decisi�n mediante resoluci�n motivada, que deber� ser notificada personalmente y contra la cual caben los recursos consagrados en el art�culo 51 del presente C�digo.

"Art�culo 346.En firme la resoluci�n que concede el permiso, se enviar�n copias al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Divisi�n de Extranjer�a del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

"Art�culo 347.La autorizaci�n para salir del pa�s tendr� una vigencia de sesenta (60) d�as contados a partir de la fecha de expedici�n de la resoluci�n.

"Art�culo 348.Los Jueces de Familia, o en su defecto los Jueces Municipales, ser�n competentes para otorgar los permisos a menores de edad para salir del pa�s, cuando haya desacuerdo al respecto entre sus representantes legales o entre �stos y quienes detentan la custodia y el cuidado personal, de acuerdo con el procedimiento verbal sumario se�alado en el Decreto 2282 de 1989.

"Art�culo 349.La Jurisdicci�n de Familia conocer� de los asuntos de menores, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2272 de 1989 y en el presente C�digo.

"Art�culo 351.Cr�anse dentro de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los siguientes cargos:

"El Instituto Colombiana de Bienestar Familiar destinar� los cargos a que se refiere el presente art�culo, al cumplimiento de las funciones establecidas en este C�digo. El Director General podr� distribuir los cargos de acuerdo con las necesidades de servicio.

Dice el actor que las disposiciones que se dejan transcritas violan m�ltiples normas constitucionales como, por ejemplo, los art�culos 2�, 10, 23, 25, 40, 55, 58, 61 y 76, entre otros.

Los criterios expuestos por el actor se estudiar�n oportunamente dentro de las consideraciones que har� la Corte.

Advierte la Corte que el concepto del se�or Procurador General de la Naci�n adolece de algunas deficiencias, pues, por ejemplo, se pronuncia sobre normas que la Corte inadmiti� por no reunir los requisitos legales exigidos y en cambio se abstiene de hacer comentario sobre disposiciones que fueron debidamente acusadas; igualmente en la parte considerativa arguye por la exequibilidad o inexequibilidad de algunos art�culos y en la parte petitoria se refiere a otros.

1. Los art�culos 43 a 47 no violan el art�culo 23 de la Constituci�n Nacional, pues la autoridad competente a que se refiere esta norma superior no tiene que ser de naturaleza judicial, de manera que los allanamientos y registros bien puede llevarlos a cabo el defensor de familia.

2. Los art�culos 120 a 128 exceden la ley de facultades al permitir que entidades distintas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrollen programas de adopci�n, lesionando as� los art�culos 76-12 y 118-8 de la Carta.

3. El art�culo 351 no viola ninguna disposici�n superior, pues el Ejecutivo estaba facultado para crear los cargos de defensor de familia, secretario y profesional universitario dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con el art�culo 1� numerales 4 y 8 de la Ley 56 de 1988.

4. Los art�culos 51, incisos 5, 57-6, 94, par�grafo 1, 99, 101 a 103, 105, numerales 1, 4 y 5, 108, incisos 2 y 3, 110, 111, 116, 132, 137, 150, 184, 201-4, 271, 269 y 278 no vulneran los art�culos 23 y 26 de la Constituci�n Nacional "porque en ning�n momento desconocen el derecho de defensa de los coasociados".

5. Los art�culos 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 106, 169-a-b-c-d-, 277, numeral 4, literal e) inciso segundo, numerales 8-13-14 y 16 del mismo art�culo, 337 a 349 del Decreto 2737 de 1989, son exequibles en raz�n a que las decisiones de los defensores de familia no son de car�cter judicial "como quiera que se trata de la declaraci�n de situaciones de hecho que luego ser�n objeto de homologaci�n por parte del juez. Tales actos no pierden su naturaleza administrativa y, por ello, puede afirmarse que las normas precitadas son constitucionales".

6. Sobre los art�culos 37, 48, 49, 53, 57 par�grafo 1, 62, 72, 88, 92, 94 inciso 1, 104, 107, 109, 118, 125, 136, 138, 145, 160, 166, 167, 170, 178, 180, 204, 216, 223, 271, 279, 298, 299, 312, 326, 327 y 350, la Corte, en su sentir, debe inhibirse para pronunciarse de fondo por proposici�n jur�dica incompleta.

Se trata de un decreto-ley de los que contemplan los art�culos 76-12 y 118-8 de la Constituci�n Nacional, de manera que al tenor del 214ib�dem corresponde su juzgamiento a esta Corporaci�n.

Para efectos de su examen, las disposiciones acusadas se clasificar�n en grupos de acuerdo con su materia, as�:

El Defensor de Familia, antes llamado Defensor de Menores, es un funcionario p�blico que pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual, a su turno, es un establecimiento p�blico adscrito al Ministerio de Salud, que fue fundado por la Ley 75 de 1968 con el fin de fortalecer la familia y proteger al menor de edad, de manera que aqu�l pertenece a la rama ejecutiva del poder p�blico, que es precisamente por lo que en ocasiones se impugnan las disposiciones del C�digo del Menor que le atribuyen algunas competencias que el actor considera de �ndole jurisdiccional.

En verdad, son muy numerosas las atribuciones que a este funcionario se�ala el estatuto prementado, pero no compete a la Corte resolver, como lo quiere el acusante, si en esta forma se le dan tantas funciones que en la pr�ctica se estorba en lugar de propiciar una adecuada marcha de estos despachos y si, de otra parte, se opera una concentraci�n de poderes de tal magnitud en lo relativo a los asuntos de menores que resulte inconveniente. Como es notorio, no es posible tener en cuenta estos repetidos argumentos de la demanda, pues el juicio de la Corte debe limitarse a las razones constitucionales, esto es, de car�cter jur�dico.

Cabe al efecto dicho al principio, transcribir el art�culo 11 del Decreto 2272 de 1989 que sintetiza las funciones del Defensor de Familia y que luego aparecen detalladas en el C�digo del Menor. Dice as�:

"Art�culo 11.Defensor de Familia. El Defensor de Familia intervendr� en nombre de la sociedad y en inter�s de la instituci�n familiar, en los procesos que se tramiten ante esta jurisdicci�n y en los que actuaba el defensor de menores, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan al Ministerio P�blico.

"Intervendr� tambi�n en inter�s del menor, para promover las acciones pertinentes en los asuntos judiciales y extrajudiciales de familia, sin perjuicio de la representaci�n legal y judicial que corresponda."

El Defensor de Familia puede intervenir en varios intentos conciliatorios como los que siguen:

b.1 El reglado por los art�culos 136 y ss. del C�digo del Menor, relativo a la obligaci�n alimentaria para con �l, y

b.2 El contemplado por el art�culo 277 "entre c�nyuges, padres y dem�s familiares", concerniente a relaciones familiares m�s amplias pero que tienen que ver con el bienestar del menor, como la "fijaci�n provisional de residencia separada" as� como el cuidado y custodia de los hijos y tambi�n sus alimentos.

Resulta obvio que promover aun de oficio y aprobar las conciliaciones que se acuerden es funci�n que no implica ejercicio de poderes judiciales ni, por lo tanto, desbordamiento de la capacidad propia del funcionario administrativo; adem�s, como la verdadera fuerza jur�dica de la conciliaci�n deriva del acuerdo de voluntades de los particulares capaces y su refrendaci�n por el funcionario es una formalidad que s�lo tiende a dar fe del acuerdo y a procurar su correcci�n y ajuste a la ley, es tambi�n propio que se le otorgue al acto calidad de documento ejecutivo y se autorice la v�a judicial del cumplimiento forzado de la obligaci�n.

Nada se opone a que otros funcionarios, como los jueces, puedan propiciar y conducir estas actuaciones, al igual que los comisarios de familia y los inspectores de los corregimientos, pues con ello se busca hacer m�s extensa y amplia la acci�n del Estado en todo el territorio nacional.

Los dos textos legales indicados se�alan que si la conciliaci�n no es posible o fracasa, los respectivos funcionarios tomar�n provisionalmente las medidas del caso tanto sobre alimentos como sobre otros aspectos como la custodia y cuidado, del menor, por lo cual el tema se tratar� m�s adelante en el momento que corresponda.

Son varias las competencias que en materia de adopci�n encarga el C�digo al Defensor de Familia, como pasa a verse.

d.1 En la resoluci�n que dicte el Defensor de Familia declarando que el menor est� en situaci�n de abandono o de peligro, dicho funcionario podr� ordenar "la iniciaci�n de los tr�mites de adopci�n", seg�n el numeral 5 del art�culo 57.

d.2 La adopci�n requiere el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad, y a falta de �stos, por fallecimiento o incapacidad mental, del Defensor de Familia (art. 94,ibidem).

d.3 El Defensor de Familia recibir� el consentimiento de quienes deben darlo y a ellos "los informar� ampliamente sobre las consecuencias e irrevocabilidad de la adopci�n (idem).

d.4 Cuando la iniciativa para la adopci�n no sea suya, la demanda deber� correrse en traslado al Defensor de Familia (art. 108,ibidem). El igualmente actuar� en segunda instancia en caso de apelaci�n (art. 112, ibidem).

d.5 Si los adoptantes son extranjeros, ser� necesario el concepto favorable del Defensor de Familia, previos algunos tr�mites (art. 106-c,ibidem).

De lo que se acaba de ver y es del caso destacar, se sabe que al Defensor de Familia nunca le compete decretar la adopci�n y esta decisi�n est� reservada al Juez de Familia ya que, en contrario de lo que parece insinuar el impugnante, "la adopci�n requiere sentencia judicial" (art. 96,ibidem y ss.). Las funciones vistas encajan perfectamente dentro del car�cter de funcionario p�blico del orden administrativo que tiene el Defensor de Familia y hasta puede decirse que son necesarias para una adecuada protecci�n de la familia y del menor.

"El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecer� los casos excepcionales en que, por motivos de inter�s p�blico o necesidad social, el Defensor de Familia podr� apoderar � los adoptantes."

Esta funci�n, en cambio, aunque excepcional, considera la Corte que choca con el car�cter p�blico del Defensor de Familia que no est� habilitado para representar intereses particulares en este litigio, m�xime si �l tambi�n debe intervenir en el mismo juicio para la defensa de la sociedad, de la familia y especialmente del menor, de lo cual pueden claramente resultar insalvables conflictos de intereses que implican indefensi�n de las personas involucradas, sobre todo del adoptable, quebrantando as� los principios del debido proceso. Por ello, esta disposici�n ser� declarada inexequible.

De acuerdo con el numeral 13 del art�culo 277, corresponde al Defensor de Familia "conocer privativamente de las infracciones a la ley penal en que incurran los menores de doce (12) a�os y de las contravenciones cometidas por menores de dieciocho (18) a�os". As� se confirma lo establecido por el art�culo 167 y especialmente por el 169 del mismo ordenamiento.

Estudiada la preceptiva del C�digo del Menor en esta materia, se llega a la conclusi�n de que ella quiso establecer una clara diferencia entre los menores infractores de la ley penal cuando sean menores de doce (12) a�os y cuando sean mayores de esa edad, pero se conserven dentro de la categor�a, esto es, que no hayan cumplido los dieciocho (18) a�os.

En efecto, no solamente el funcionario competente para conocer de tales infracciones es diferente, pues, como se vio, lo es el Defensor de Familia en el primer caso, y lo es el Juez de Menores en el segundo, sino que, calific�ndolos a ambos como inimputables (art. 165), los diferencia en cuanto a la actuaci�n procesal que ha de surtirse y especialmente en cuanto al tratamiento que debe d�rsele en caso de decisi�n afirmativa de su compromiso penal.

Es as� como el art�culo 169 en mucho asimila la posici�n del infractor menor de doce (12) a�os a la que se presenta cuando el menor esta en la situaci�n irregular de abandono o peligro y en la cual no se regula delito ninguno, ni en su investigaci�n ni en sus consecuencias, sino �nicamente la ayuda y protecci�n que debe darse al menor para brindarle los medios de vida indispensables para su cuidado, salud y el desenvolvimiento de su personalidad.

Por ello, al menor de doce (12) a�os que haya infringido la ley penal se le define su situaci�n de conformidad con los cap�tulos segundo y tercero del t�tulo segundo y no de acuerdo con el cap�tulo segundo del t�tulo quinto, y, lo que es m�s importante, al primero se le acoge dentro de las medidas de protecci�n del art�culo 57 y al segundo se le aplican las correctivas y de rehabilitaci�n del 204; hay indudables analog�as entre ambas clases de medidas como ocurre entre "la atenci�n integral en un centro de protecci�n especial" (art. 57) y la "ubicaci�n institucional" (art. 204), as� como la amonestaci�n, pero el prop�sito y la forma como el tratamiento debe darse son distintos.

De lo anterior se desprende que en el caso de los menores de doce (12) a�os no estructura la ley en realidad un verdadero juicio de su conducta y as� como es verdad que en relaci�n con todos los inimputables se ha discutido si la competencia para investigar los hechos y sancionados debe ser administrativa y no judicial por no haber juicio de reproche ni imposici�n de penas, parece claro que el derecho positivo que rige a aqu�llos y que se examina ha querido alejar su situaci�n de la que es propia de la penalidad; faltan en ellos no s�lo la capacidad de comprender o de determinarse por su inmadurez decretada por la ley, como en el caso de los otros menores inimputables, sino tambi�n las apariencias penales; en realidad de verdad, si se hace una interpretaci�n sistem�tica y evaluativa de los art�culos 169 y 277-13 y aunque ellos hablan de infracciones a la ley penal, se concluye que en puridad se trata de darles a los hechos la consecuencia de constituir una causal de la situaci�n irregular de abandono o peligro del menor (arts. 31 y ss.) sin connotaci�n penal ninguna.

De lo dicho fluye que la atribuci�n de esta competencia -que es administrativa- al Defensor de Menores es constitucional. Lo mismo puede decirse del conocimiento de las contravenciones cometidas por menores de dieciocho (18) a�os, en cuanto la jurisprudencia ha admitido que se trata de una funci�n policiva.

A ellas se refiere el art�culo 277 en su numeral 14, as�: "Ejercer las funciones de polic�a se�aladas en este C�digo". Ser� del caso, pues, estudiarlas cuando de ellas se trate m�s adelante.

Conforme al art�culo 277-16 corresponde a los Defensores de Familia "solicitar a los jueces y funcionarios administrativos la pr�ctica de pruebas que sean necesarias en el cumplimiento de sus funciones". Esta disposici�n confirma la contenida en el art�culo 48ibidem que habilita tambi�n a los jueces para comisionar a otros jueces y a funcionarios administrativos y policivos para la pr�ctica de pruebas.

Cumple decir, en primer t�rmino, que el actor acusa esta normatividad por violar algunas disposiciones del C�digo de Procedimiento Civil en lo cual, en consecuencia, no ser� o�do en este juicio de constitucionalidad.

De otra parte, la comisi�n que un funcionario encomienda a otro no implica subordinaci�n jer�rquica o dependencia org�nica entre ellos, sino la imposici�n de un deber estatuido por la ley, de manera que �sta puede autorizar a unos y obligar a otros con independencia de su rango y car�cter si ella misma ha configurado debidamente, esto es, con naturaleza suficiente, tanto al comitente como al comisionado para que puedan, el primero, en un proceso suyo, y el segundo, conforme a su investidura, confiar y cumplir, respectivamente, el encargo. Adem�s, la colaboraci�n arm�nica de los poderes que instituye la Constituci�n (art. 55) hace posible que la ley faculte estas comisiones entre funcionarios de las dos ramas sin crear prevalencias ni sujeciones.

La parte final del numeral 17 del art�culo 277 autoriza a la Direcci�n General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para se�alar a los Defensores de Familia otras funciones, lo cual viola claramente la Constituci�n conforme al art�culo 63, que solamente autoriza para hacerlo a la ley, en su caso y dentro de su �rbita, al reglamento.

El art�culo 57 del C�digo del Menor autoriza al Defensor de Familia para tomar, en caso de abrir investigaci�n sobre la situaci�n de posible abandono o peligro de un menor o como culminaci�n de tal indagaci�n, "cualesquiera otras (medidas) cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, proveer a la atenci�n de sus necesidades b�sicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud o su formaci�n moral" (art. 57-6 en concordancia con el 37,ibidem). Es decir, despu�s de autorizar a dicho funcionario para dictar ciertas �rdenes, lo faculta para tomar otras en la forma general dicha.

La Corte cree que no se conceden al Defensor de Familia atribuciones ilimitadas, como lo considera el actor, pues los supuestos de su decisi�n y los fines son claros, ni cree que medidas expresamente reservados a otros funcionarios, como la suspensi�n o p�rdida de la patria potestad, puedan tomarse con base en esta disposici�n, ni otras que tambi�n exigir�an procedimientos especiales como la enajenaci�n de bienes del menor. Se trata solamente de medidas de polic�a administrativa debidamente fundadas.

De otro lado, no ve la Corte c�mo pueda esta norma violar los principios del debido proceso, ya que las actuaciones procesales y el r�gimen de las decisiones est�n contemplados en otras reglas.

Cuando el Defensor de Familia declara en situaci�n de abandono o peligro a un menor, puede "fijar una cuota mensual con la cual los padres o las personas de quienes el menor dependa contribuir�n al sostenimiento de �ste mientras se encuentre bajo una medida de protecci�n", seg�n el par�grafo primero del art�culo 57; conforme al 37, puede hacer esto provisionalmente mientras adelanta la investigaci�n.

Como este precepto no regula el procedimiento ni para nada comprende temas como la comparecencia de las partes, pruebas, recursos y otros atinentes a la defensa de los derechos, no encuentra la Corte que se viole el debido proceso; por supuesto, obligar a los padres y a las personas de quienes el menor depende a cumplir con sus deberes, tampoco conculca ning�n derecho de �stos; siempre que su calidad de responsables est� debidamente establecida como, adem�s, existe el juicio de alimentos propiamente tal y quedan a salvo las acciones judiciales tendientes a fijar o revisar la obligaci�n alimentaria, no se observa tampoco transgresi�n del principio de la separaci�n de los poderes p�blicos, sino su colaboraci�n teniendo en cuenta los fundamentales intereses que la norma se propone proteger y los derechos que se quieren hacer efectivos, pues, en efecto, la alimentaci�n del menor, que cubre necesidades tan esenciales suyas que por su propia condici�n no puede procur�rselos como la comida, la ropa y la salud, no admite pretextos dilatorios y exige que la obligaci�n correlativa se cumpla sin soslayos.

Por iguales razones es exequible el art�culo 137, que se�ala otro momento en que pueden fijarse alimentos provisionales por faltar el consentimiento o ante la renuencia de los obligados.

De este mismo linaje es la atribuci�n contenida en los art�culos 57-2 y 70 en cuanto el Defensor de Familia puede confiar el cuidado y custodia del menor abandonado o en peligro a sus parientes, tales como los se�alados en el art�culo 61 del C�digo Civil, sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes.

Conforme al art�culo 43 del C�digo del Menor, el Defensor de Familia deber proceder al rescate y consecuente protecci�n del menor que est� en grave peligro, esto es, que se halle en una "situaci�n en la que se encuentra comprometida la vida � la integridad personal del menor".

Para llevar a cabo lo anterior, el Defensor de Familia est� autorizado, si ello es necesario, para ordenar y practicar el allanamiento del sitio donde se encuentre el menor; esta atribuci�n la tienen tambi�n los comisarios de familia "cuando la urgencia del caso lo demande", aun de oficio (art. 299-4ibidem).

El acusador plantea el importante tema de si el allanamiento tiene que ser siempre ordenado por un juez o si otros funcionarios u organismos, especialmente del orden administrativo policial o de la polic�a judicial, pueden cumplir esta misi�n dentro de la Constituci�n, pues los Defensores de Familia y los comisarios de familia no ostentan la primera calidad, sino la segunda.

"Nadie podr� ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi�n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes."

Como se ve, esta disposici�n consagra unas garant�as ineludibles de derechos individuales caros al hombre desde su origen y que han sido objeto de especiales cuidados a trav�s de la historia. La libertad de movimiento, que es la madre y supuesto de todas las otras libertades, esa posibilidad de estar donde se quiera, que es la esencia misma de la vida y de la cual depende que el ser humano pueda gozar de sus medios y llegar a sus fines, es la asegurada por esta norma.

Pero adem�s, y con las mismas cautelas; la Constituci�n protege el domicilio que es, como desde hace mucho se ha dicho, el castillo de cada uno, inexpugnable y seguro, donde se cultivan los m�s sentidos afectos y se despliegan las m�s �ntimas actividades.

Ambas inviolabilidades, sin embargo, deben ceder ante la necesidad p�blica que para el cumplimiento coactivo de la ley requiere la captura del delincuente, la pr�ctica de pruebas, la celebraci�n de diligencias oficiales, el conjuramiento de peligros para la comunidad o el establecimiento de determinadas condiciones que garanticen la tranquilidad p�blica. Pero, entonces, un r�gimen democr�tico y respetuoso conjuga estos dos intereses y exige que, como lo hace la disposici�n en comento, exista decisi�n del funcionario competente, el cumplimiento de formalidades legales y la concurrencia de motivos suficientes y preestablecidos, de manera que estos requisitos son de la mayor importancia.

�Implica ello que el �nico funcionario competente para dar la orden es el juez

Para fijar los t�rminos del problema, conviene destacar en primer lugar que resulta obvio que en los casos de vigilancia y ejecuci�n de la ley en sitios abiertos al p�blico, �stos no constituyen domicilio y ni siquiera podr�a pensarse que tienen garant�a constitucional indirecta, esto es, a trav�s de la prohibici�n de molestar a las personas; en estos casos no existen las cautelas propias de las inviolabilidades personal y domiciliaria, entre otras cosas porque se trata de lugares que por su misma naturaleza est�n sometidos a constante control policivo, como son las tabernas, los lupanares, las casas de juego y tambi�n los teatros, estadios y otras similares; para ninguno de �stos existe especial protecci�n constitucional m�s all� de los principios relativos a la seriedad y respeto con los que deben cumplirse las actividades del Estado y a la legalidad del poder de polic�a.

Huelga decir, de otro lado, que la flagrancia- constituye otra excepci�n a la protecci�n domiciliaria, pero que �sta debe entenderse, como lo ha hecho la jurisprudencia, no solamente como aplicable al evento estricto y tal vez un poco ingenuo que describe el art�culo 24, sino en una forma m�s amplia y realista, pues al caso del delincuente que infringe fuera de su domicilio, que es perseguido y se refugia en �l o en uno ajeno, hay que sumar los casos de delitos instant�neos o permanentes que se cometen dentro de tal domicilio y a los ojos de nadie, pero que la autoridad puede investigar.

La Corte considera que no es forzoso que la orden sea judicial, pues las voces mismas del art�culo dejan el se�alamiento de esta competencia a la ley, as� como la fijaci�n de los motivos por los cuales el allanamiento procede, los cuales, por supuesto, pueden darse en casos extra�os a la actividad judicial, de manera que, a m�s de los juicios, otros procedimientos en que se hace necesario que la autoridad act�e, pueden ser ocasi�n propicia.

Si, pues, en un procedimiento de autoridad instituido legalmente se presenta el allanamiento como necesario para cumplir uno de los fines dichos, es innegable que el mismo funcionario competente para adelantar la actuaci�n oficial puede dar la orden pertinente y as� ocurre no solamente en casos de litigios y delitos, sino tambi�n en casos policivos de naturaleza civil, penal, contravencional y, de polic�a administrativa.

Por eso explica Jos� Mar�a Samper que uno de los requisitos para el allanamiento consiste en "ser decretado a virtud de mandamiento escrito (no basta el verbal) de autoridad competente; esto es de funcionario investido de autoridad y que, a virtud de autorizaci�n legal tenga competencia en el asunto que motiva el mandamiento" (Derecho P�blico Interno, 1982, p�g. 327).

Resulta de todo lo anterior que en el caso de autos es leg�timo que el Defensor de Familia d� la orden de allanamiento no s�lo en el caso de que el menor deba ser rescatado de un lugar abierto al p�blico, sino tambi�n de un domicilio, pues �l es el encargado de proteger al menor, especialmente en un evento de tanta gravedad como el de seria amenaza a la vida o a la integridad personal; es indudable que tal protecci�n no es funci�n judicial, sino policiva y eso justifica el medio del allanamiento si es necesario.

Se pone en duda que el C�digo del Menor se ajuste a los principios del debido proceso en los -siguientes casos:

a) El numeral 3� del art�culo 31 coloca en situaci�n de abandono al menor que no sea oportunamente reclamado por los responsables de su cuidado personal del hospital, instituci�n u hogar sustituto al que hubiere sido llevado en busca de atenci�n; nada m�s l�gico y coherente que esto; sin embargo, el demandante cree que la expresi�n "plazo razonable" vulnera el derecho de los padres y otros que pueden tener inter�s en el menor, dada su indeterminaci�n.

Cree la Corte que son tan variadas las hip�tesis que pueden rodear la vida de un menor que se encuentre en tales circunstancias y tan diferentes sus necesidades y tantas las formas en que �stas deban solucionarse, que cada caso debe estar sometido al juicio prudente del funcionario y no es posible fijar plazos con antelaci�n sin posible quebranto del bienestar del menor; adem�s, esta situaci�n se da precisamente por ausencia e inactividad de tales personas supuestamente interesadas cuyos derechos no pueden protegerse m�s all�; como si fuera poco, estas personas pueden impugnar la resoluci�n que se dicte y aun obtener su revocatoria por el juez;

b) Conforme al art�culo 49, la resoluci�n que declare que un menor est� en situaci�n de abandono o peligro debe notificarse "a quienes hubieren comparecido". El actor al parecer cree que la disposici�n comprende s�lo a quienes comparezcan a recibir notificaci�n; no a todos los interesados, como los padres, etc., pero el recto entendimiento es que la resoluci�n debe notificarse a todos los que hayan comparecido al proceso en cuya culminaci�n se dict�, lo cual no viola el debido proceso; las normas que se�alan qui�nes deben comparecer al proceso y, por lo tanto, deben ser notificadas, no fueron demandadas.

c) Ordena el inciso �ltimo del art�culo 51 que los recursos que caben contra la resoluci�n del Defensor de Familia que declar� a un menor en situaci�n de abandono o peligro pueden ser interpuestos "por todos aquellos que acrediten un inter�s leg�timo en relaci�n con el menor respecto de quien se define la situaci�n". Ante tan amplia definici�n no se ve c�mo puede violarse el derecho de los padres, guardadores o custodios del menor, por cuanto ellos son de aquellos que tienen "un inter�s leg�timo";

d) Dice la parte final del art�culo53 que quien sustenta un recurso contra la resoluci�n dicha debe se�alar su direcci�n; la acusaci�n, que no parece seria, consiste en que los recursos deben ser amplios y requerir s�lo exigencias de fondo y "no de simples formalismos", pues, como el mismo actor lo reconoce, "de l�gica si no se expresa, va a hacer nugatorio el recurso".

Por, el contrario, cree la Corte que la lealtad procesal y la solidez de las actuaciones oficiales, as� como la necesidad de que con el recurrente deban practicarse otras diligencias, indican que la exigencia es fundada;

e) Manda el art�culo 109 que "de la sentencia que decrete la adopci�n deber� recibir notificaci�n personal al menos uno de los adoptantes", por lo que, asegura el acusador, se viola el derecho de defensa del otro adoptante.

Debe tenerse en cuenta que el otro adoptante ya present� la demanda de adopci�n y por lo tanto es parte del proceso cuyo impulso debe conocer, que se trata de adopciones conjuntas de las que, en consecuencia, cada uno de los adoptantes persigue los mismos fines y prop�sitos del otro y que, finalmente, quedan a salvo las otras formas de notificaci�n que deben usarse. El cargo no prospera;

f) Las medidas impuestas a un menor que ha infringido la ley penal pueden ser modificadas o dejadas sin efecto de oficio o por petici�n, entre otros, "del Director del Centro donde se encuentre el menor" (art. 216), lo cual, lejos de ser un desatino, como lo afirma el actor, se acomoda perfectamente a la sistem�tica de rehabilitaci�n que el C�digo procura, pues tal persona tiene conocimiento personal y t�cnico de la conducta del menor; de otro lado, esta disposici�n no le da a dicho Director el car�cter de parte en el proceso, como lo cree el actor;

g) Contra los autos que dicte el Defensor de Familia s�lo cabe el recurso de reposici�n, seg�n la nomenclatura del C�digo son autos los que no culminan la actuaci�n administrativa, que son resoluciones (art. 279). Dice el actor que esto m�s que "contrariar toda la concepci�n jur�dica establecida en el C�digo Contencioso Administrativo", lo cual, a�n si fuese cierto, no es motivo de inconstitucionalidad.

Adem�s, como lo ha explicado reiteradamente la jurisprudencia, la doble instancia, a trav�s de la apelaci�n o la consulta, no es parte esencial del debido proceso, ni la Constituci�n la ordena como exigencia del juicio adecuado, menos a�n trat�ndose de autos;

h) Se queja el actor de que el art�culo 108 organiza el procedimiento judicial de manera que viola el derecho de los padres y otros terceros que pueden tener inter�s en el menor. En realidad, el tr�mite es breve y sumario y no contempla que se d� traslado de la demanda con excepci�n del que se corre al Defensor de Familia cuando ella es presentada por un apoderado particular, ni hay t�rmino de pruebas a no ser que el juez encuentre insuficientes las que se presentan con la demanda.

Tambi�n es cierto sin embargo, que los padres debieron dar su consentimiento para la adopci�n, pues �ste es requisito indispensable para que se adelante y culmine el juicio y que, por tener un inter�s leg�timo en ello, podr�n intervenir en el juicio como partes con la plenitud de las facultades procesales que la ley acuerda, tales como, por ejemplo, la de recurrir de la sentencia, todo sin que sean admitidos a revocar su consentimiento despu�s de un mes de haberlo otorgado.

De otra parte, el C�digo en manera alguna omite la exigencia de pruebas, ni releva al juez de considerar este aspecto de su pronunciamiento, sino que ordena que a la demanda se arrimen todas las comprobaciones necesarias para tomar una decisi�n al tiempo que autoriza al juez para exigir otras, si las presentadas no son suficientes, o para que se den en debida forma. Es apenas l�gico pensar, adem�s, que las partes podr�n suscitar los incidentes y debates que las pruebas aducidas ameriten.

Cuando el Defensor, de Familia en la resoluci�n que decreta el abandono o peligro del menor solicita la adopci�n, quienes tienen a su cuidado a dicha persona, pueden pedir que el juez homologue la medida. Tambi�n es posible que el juez intervenga para revocar la resoluci�n del Defensor de Familia que neg� la solicitud de levantamiento, modificaci�n o terminaci�n de la declaratoria pronunciada por dicho funcionario administrativo (arts. 61 a 66ibidem).

El demandante sostiene que hay una injerencia indebida de la rama jurisdiccional en las funciones que corresponden a los funcionarios administrativos encargados de la protecci�n del menor y que se var�an las reglas de lo contencioso administrativo al cual corresponde con exclusividad el control jurisdiccional de la administraci�n.

Las funciones del Estado se hacen cada vez m�s complejas y el legislador se ve crecientemente en la necesidad de dise�ar nuevos medios de acci�n ante las nacientes realidades y la exigencia de adoptar soluciones r�pidas y oportunas; es as� como la administraci�n p�blica se encarga siempre con mayor vigor y alcance de manejar situaciones que antes se encomendaban a los jueces para ser resueltas mediante procedimientos acomodados a este tipo de respuestas, pero que hoy demandan una atenci�n inmediata que recoja al menos soluciones provisionales que los jueces puedan luego revisar con amplitud.

Esto es especialmente cierto en el campo de la protecci�n de los menores en una sociedad como la nuestra en la que, al lado de numerosos vicios, no es el menos importante ni el menos frecuente el abandono de quienes por su edad no pueden valerse por s� mismos; horripilan la indigencia y el desamparo en que viven centenares de miles de ni�os en esta sociedad desfalleciente; y no extra�a, entonces, que el Estado deba idear esquemas de cumplimiento de tan importante deber social suyo.

La funci�n de polic�a del Estado est� especialmente dise�ada para cumplir estos prop�sitos, pues no solamente se encarga de preservar elstatu quo que mantenga la calma social y de prevenir contravenciones a la ley en sus m�s diversas formas, todo acompa�ado del uso de la fuerza sino que ha de dar a los necesitados la ayuda que les corresponde y tomar las decisiones que se requieran para obtener la protecci�n de los desamparados. Nada se opone, adem�s, a que dentro de las funciones de la polic�a administrativa se encuentren aquellas llamadas cuasi jurisdiccionales que determinan un nuevo estado de cosas, unas nuevas relaciones entre personas para llegar a ese fin de proteger al desamparado, ni nada en la Constituci�n obsta para que esas decisiones queden sometidas a la revisi�n oficiosa o rogada de los jueces competentes que les den firmeza y solidez; hay en ello indudablemente una colaboraci�n arm�nica de las que autoriza la Constituci�n.

Debe observarse tambi�n que esta especie de control jurisdiccional que se encomienda a los jueces de familia no es el mismo de legalidad que t�picamente corresponde al contencioso administrativo, pues aqu�l es pleno en cuanto cubre aspectos del acto examinado que van m�s all� de su consistencia jur�dica y se extienden a su oportunidad, conducencia y conveniencia dentro de la gesti�n de la protecci�n debida a los menores: la b�squeda del acierto en cuanto a la finalidad propuesta es esencial en esta competencia del juez de familia.

El art�culo 72 da al Defensor de Familia competencia para imponer algunas sanciones a quienes incumplan sus deberes para con el menor conforme al acta de entrega que es consecuencia de �rdenes previamente impartidas por dicho funcionario; tales sanciones pueden consistir en multa convertible en arresto o arresto. El par�grafo 3 del art�culo 204 contempla otro caso de multa convertible en arresto para cuando la infracci�n penal cometida por el menor se deba a incumplimiento por parte de los responsables por su cuidado o cuando ellos no colaboren en la rehabilitaci�n de �ste. El art�culo 223 autoriza parecidas sanciones cuando no se da al menor deficiente la atenci�n y educaci�n especializada que requiere para su rehabilitaci�n. Cuando no se cumplen los deberes de educaci�n del menor, el art�culo 312 autoriza sanciones similares. Finalmente, si se expulsa al menor del hogar o se le impide injustificadamente su reintegro, la sanci�n que prev� el art�culo 326 es tambi�n de multa convertible en arresto.

Lo que se ha dicho en otros apartes de esta providencia es suficiente para justificar la competencia que se da a funcionarios administrativos de familia para sancionar a quienes incumplen con la ley y con sus �rdenes; una de tales sanciones, la de multa, es usual en numerosos casos de contravenciones y aun de delitos sin que suscite duda constitucional alguna; la de arresto, bien sea impuesta directamente o por incumplimiento de la obligaci�n de pagar la multa, hace apenas necesario decir que la Constituci�n proh�be la detenci�n, la prisi�n y el arresto "por deudas u obligaciones puramente civiles" (art. 23, inc. 2�) y que, siguiendo en ello reiterada jurisprudencia de este tribunal, simplemente debe recordarse que el arresto que estas normas disponen no obedece a un incumplimiento puramente civil ya que no se trata de relaciones apenas patrimoniales o de mero inter�s privado, sino, muy por el contrario, de comportamientos ligados a la familia como n�cleo b�sico y central de la sociedad, que atienden a fines de marcado inter�s p�blico y son pilares fundamentales de la vida de la comunidad, fuera de que el mero inter�s del menor ser�a ya suficiente para justificar su sanci�n policiva y aun penal (art. 263 C. P.) (sentencias de abril 13, 1973, junio 6, 1974 y abril 21, 1982).

Seg�n el art�culo 88: la adopci�n "se establece de manera irrevocable", lo que, en sentir de la Corte, lejos de merecer el reproche que le endilga el actor como f�rmula excesivamente r�gida, da cuenta del querer legislativo de que el estado civil se defina de manera permanente y s�lida, que no est� sometido a continuos y peligrosos cambios.

En efecto, las principales consecuencias de la adopci�n decretada judicialmente consisten en crear una nueva relaci�n de padre e hijo entre el adoptante y el adoptivo que no lo son por naturaleza, por lo cual �ste entra a la familia de aqu�l y queda definitivamente separado de la propia con alguna excepci�n; esta nueva relaci�n paterno-filial se extiende a la patria potestad. No hay duda de que estas situaciones jur�dicas deben ser estables como se logra por la irrevocabilidad, que no se opone a que la sentencia sea revisable en los t�rminos del C�digo de Procedimiento Civil (art. 113) cuando ser� la oportunidad para que se hagan valer derechos que pudieron ser desconocidos en el juicio; todo como garant�a del debido proceso.

Como consecuencia de la solidez y fijeza que la ley quiere darle al nuevo estado civil que se crea con la adopci�n, el art�culo 99 proh�be las futuras acciones para establecer la filiaci�n de sangre que qued� definitivamente destruida y tambi�n el reconocimiento del adoptado como hijo extramatrimonial. Este, sin embargo, puede intentar las acciones tendientes a establecer que eran otros sus padres de sangre, caso en el cual se extingue la adopci�n.

El C�digo del Menor (art. 103) elimina la figura de la adopci�n simple que contemplaba la Ley 5� de 1975 y ordena que los procesos en curso se archiven a no ser que los adoptantes consientan en que el tr�mite contin�e para terminar con una sentencia que tenga los efectos que la nueva norma establece. Adem�s, dice que las adopciones simples ya decretadas continuar�n teniendo los efectos entonces contempladas por la ley vigente (art. 101) "pero la patria potestad sobre quienes fueron prohijados mediante adopci�n simple corresponder� al adoptante o adoptantes".

El estado civil de adoptantes y adoptivos, definido de acuerdo con la ley anterior, contin�a teniendo sus efectos propios y su adquisici�n se respeta, pues, conforme a disposiciones positivas (art. 20, Ley 153, 1887, art. 23 C.C.) y a las doctrinas y jurisprudencias m�s connotadas, se trata de un derecho adquirido que la ley posterior no puede vulnerar. Sin embargo, los efectos, formas de administraci�n del mismo Estado y las relaciones de derechos y obligaciones que de �l surgen, se rigen por la ley nueva; por esto no es inconstitucional lo dispuesto sobre el ejercicio de la patria potestad.

El par�grafo del art�culo 105 dispone c�mo se prueba que los adoptantes han convivido extramatrimonialmente y sugiere el actor el comentario de que se violan principios del C�digo de Procedimiento Civil y se da valor de prueba suficiente a la que es por lo menos dudosa, que es un argumento del cual r�o puede derivarse la inconstitucionalidad de la norma, vicio que la Corte no ve por parte ninguna, adem�s.

El Defensor de Familia debe rendir su concepto sobre los adoptantes extranjeros con base en la entrevista que sostenga con ellos y en la documentaci�n que deben presentar (art. 106). No es, como lo pretende el actor, que dicho funcionario sustituya al juez en el examen y apreciaci�n de tales pruebas, pues la decisi�n final sigue siendo de �ste; que estos elementos de juicio sean o no suficientes para que el Defensor de Familia d� su concepto es cuesti�n que habr� de determinar �l mismo en cada caso concreto y de �l depender� tambi�n mejorar el material probatorio.

En los art�culos 107 y 118 a 128 se autoriza la existencia de entidades que pueden adelantar programas de adopci�n, previa licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ahora bien, el art�culo 118 mencionado dice que "por programa de adopci�n se entiende el conjunto de actividades tendientes a brindar hogar definitivo a un menor y comprende, principalmente, la recepci�n y cuidado del menor, la selecci�n de los eventuales adoptantes y la presentaci�n de la demanda respectiva", de donde se ve que no se trata de cumplir funciones jurisdiccionales, pero ni siquiera de ejercer autoridad o mando por lo que no hay inconveniente constitucional para que los adelanten entidades privadas y menos para que el Estado les exija licencia, las vigile e inspeccione y, en su caso, las sancione.

En este punto vale la pena observar que el art�culo 121, que en la parte acusada autoriza una sanci�n que impondr� el Instituto, y que en su fragmento inicial habilita a �ste para "suspender temporal o definitivamente las adopciones con un pa�s que no ofrezca garant�as a la protecci�n de los menores beneficiarios de la adopci�n", no toca con aspectos reservados al Presidente de la Rep�blica como director �nico de las relaciones diplom�ticas, ya que se refiere a deberes y obligaciones que se imponen por la ley colombiana y las autoridades nacionales a los extranjeros en virtud del art�culo 10 de la Constituci�n; la sola circunstancia de que las decisiones del Instituto o de cualquier entidad o funcionario p�blico comprometan a extranjeros que a su turno pueden tener el respaldo diplom�tico de su Estado no es suficiente para sustraerlas de su competencia y convertirlas en materia de las relaciones internacionales.

Con respecto al art�culo 122 se anota que la facultad que otorga a la Junta Directiva del Instituto en relaci�n con las licencias que podr� otorgar el Director para el funcionamiento de instituciones que desarrollen programas de adopci�n est� subordinada a la potestad reglamentaria que el art�culo 120-3 constitucional concede al Presidente de la Rep�blica y en ninguna forma le puede limitar o condicionar; por esto, cabalmente, la disposici�n en comento somete la reglamentaci�n a la aprobaci�n del Gobierno Nacional, de manera que el acto normativo no existe ni obliga sin tal requisito y la reglamentaci�n puede expedirse directamente por el Presidente. Esto es aplicable al art�culo 128 en cuanto el reglamento de que all� se habla y cuya violaci�n, da lugar a sanciones es el reglamento presidencial que puede o no tener origen en un proyecto de la Junta Directiva del Instituto.

A la audiencia que ha de celebrarse en los juicios de alimentos "las partes podr�n presentar los documentes que no se hubieren anexado a la demanda o a su contestaci�n, as� como los testigos cuya declaraci�n se hubiere solicitado, que no exceder�n de dos (2) sobre los mismos hechos".

La Constituci�n no impone al legislador la adopci�n de determinado sistema probatorio, ni tampoco de apreciaci�n de las pruebas que se produzcan ni de la forma como el juez ha de llegar al convencimiento sobre los hechos que se les plantean en el debate, por lo cual ha sido posible que en la reglamentaci�n del proceso a trav�s de los tiempos se hayan acogido principios de la llamada tarifa legal como tambi�n de la evaluaci�n cient�fica y a�n del libre examen y convencimiento. La circunstancia de que se limite a dos (2) el n�mero de testigos sobre el mismo hecho no coarta, por otra parte, el criterio valorativo del juez, sino que pretende la simpleza y celeridad del procedimiento.

El art�culo 271 dispone la querella para la investigaci�n del delito de inasistencia alimentaria cuando los alimentos se deban a un menor, hace tal delito desistible por una vez y lo coloca bajo la competencia del juez municipal.

De considerar, equivocadamente, qu� se trata de delitos cometidos por menores, el acusador llega a la conclusi�n de que a �stos se les est� sometiendo al reproche de los delincuentes comunes y no se les est� teniendo como inimputables, de manera que el cargo es inane.

Entre los requisitos que debe cumplir quien aspira a acceder al cargo, de Defensor de Familia se encuentra el de "no tener antecedentes penales ni disciplinarios y observar conducta ejemplar" (art. 278-c), lo cual es apenas obvio y no puede interpretarse como violatorio de la protecci�n debida al trabajo como no lo son las exigencias, inhabilidades e incompatibilidades que frecuentemente estatuyen las leyes con miras a garantizar la pureza, idoneidad y eficacia de la funci�n.

De la norma transcrita, por otra parte, no puede ni lejanamente deducirse que el cargo, que ciertamente implica autoridad, pueda ser ejercido por extranjeros, a m�s de que el inciso inicial del mismo art�culo exige que el funcionario sea "ciudadano en ejercicio".

En sentir del actor, estas disposiciones exceden el l�mite se�alado en la ley de investidura, puesto que all� no aparece autorizaci�n alguna que habilitara al Ejecutivo para asignar a los defensores de familia, ni a los jueces de familia o promiscuos de esta especialidad, la facultad de otorgar permisos a los menores para salir del pa�s.

Y m�s adelante agrega que tambi�n se viola el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, pues dejar al defensor de familia tal atribuci�n "implica cercenamiento de una serie de derechos de defensa y de los derechos naturales de patria potestad o guarda que pueden ser afectados". Sin embargo, advierte la Corte que el demandante no expresa la raz�n por la cual tales derechos pueden resultar lesionados.

La Ley 56 de 1988 confiri� atribuciones al Presidente de la Rep�blica para expedir un C�digo del Menor y regular los aspectos que se encuentran taxativamente enumerados en el art�culo 1� dentro de los cuales cabe destacar los siguientes:

"8. La atribuci�n de competencia a los defensores de menores, quienes en adelante se denominar�n Defensores de Familia; los requisitos para ejercer el cargo y el control jurisdiccional de sus actos."

"14. La modificaci�n del actual r�gimen de nomenclatura, competencia y procedimiento de la jurisdicci�n civil, penal y de menores, estableciendo la segunda - instancia en estas jurisdicciones para los procesos en que se encuentra involucrado un menor."

"15. La derogaci�n, adici�n y modificaci�n en los asuntos en que se encuentre involucrado un menor, de los C�digos Sustantivos y de Procedimiento, en materia penal, civil, laboral, administrativa, de comercio y dem�s leyes relacionadas con la materia."

Entonces, el legislador extraordinario en ejercicio de tales atribuciones deb�a expedir un cuerpo legal �nico, arm�nico, coherente y ordenado de las disposiciones que regulan situaciones relativas a los menores e incluir dentro de �l normas en las que se se�alaran los asuntos que corresponde conocer, tramitar y decidir a los defensores de familia (No. 8); igualmente pod�a reformar o variar la competencia y el procedimiento a seguir en las actuaciones que se adelanten ante la jurisdicci�n civil, penal y de menores (No. 14); y adem�s estaba autorizado para derogar, adicionar y modificar los mandatos legales, civiles, penales, laborales, administrativos, comerciales, etc., en los que se toquen aspectos atinentes a los menores (No. 15).

En las normas acusadas se consagra un aspecto netamente administrativo como es el relacionado con los permisos que requieren los menores para salir del pa�s, salvo el caso del art�culo 348, que establece la concesi�n de tales permisos a cargo de los jueces de familia, pero s�lo en el evento de que exista desacuerdo entre los representantes legales o entre �stos y quienes detentan la custodia y el cuidado personal del menor.

En efecto, el art�culo 337 dispone que todo menor puede salir del pa�s con sus padres o con el padre sup�rstite o con su representante legal, presentando el registro civil de nacimiento en el caso de los padres biol�gicos o adoptivos, y seg�n sea pertinente, o copia aut�ntica de la sentencia de adopci�n ejecutoriada o registro de defunci�n de quien faltare.

En el art�culo 338 se establece que si el menor va a salir del pa�s solamente con uno de sus padres o con persona distinta de los representantes legales, debe obtener un permiso del padre que no viaja o el de sus representantes legales, el cual deber� autenticarse ante notario o autoridad consular.

En el art�culo 339 se asigna al Defensor de Familia la facultad de otorgar estos permisos cuando viaje solamente uno de los padres en los siguientes casos: nulidad, divorcio, separaci�n de cuerpos en los que exista pronunciamiento sobre el ejercicio de la patria potestad a favor de quien viaja con el menor; terminaci�n de la patria potestad.

Igualmente se autoriza al Defensor de Familia (art. 340) para conceder tales permisos cuando el menor carezca de representante legal, se desconozca su paradero, no se encuentre en condiciones de otorgarlo o se halle en la situaci�n consagrada en el art�culo 94 del mismo C�digo, esto es, sufra impedimento mental.

En los art�culos 341 a 347 se se�ala el procedimiento a seguir para la concesi�n del permiso, cuando ello corresponda al Defensor de Familia, tales como requisitos, pruebas, investigaci�n, oposici�n al permiso, resoluci�n de la petici�n, notificaci�n, recursos, comunicaci�n a las autoridades respectivas, vigencia del mismo, etc.

Finalmente en el art�culo 348 se atribuye a los jueces de familia, o en su defecto a los jueces municipales, la facultad de conceder estos permisos cuando haya desacuerdo al respecto entre sus representantes legales o entre �stos y quienes detentan la custodia y el cuidado personal, caso en el cual se debe seguir el procedimiento verbal sumario se�alado en el Decreto 2282 de 1989.

Al confrontar estas disposiciones con las autorizaciones transcritas de la ley de revestimiento, advierte la Corte que su contenido normativo encaja dentro de las materias que el legislador extraordinario estaba habilitado para regular, ya que ellas desarrollan una situaci�n en la que se encuentra involucrado un menor como son los permisos para salir del pa�s e igualmente se asigna competencia a los defensores de familia y jueces de familia o en su defecto municipales para otorgarlos en los casos en que la ley expresamente prev� y se se�ala el procedimiento a seguir en estos eventos.

As� las cosas no le asiste raz�n al demandante y en consecuencia los art�culos 337 a 348 del Decreto 2737 de 1989 ser�n declarados exequibles, pero s�lo en cuanto se refiere al debido ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas.

Aunque el art�culo 349 no establece la jurisdicci�n de familia, como lo hizo previamente el Decreto 2272 de octubre 7, 89 en desarrollo de la Ley 30, 87, y se limita a encargarla de los asuntos de menores, cabe decir que el legislador no requer�a autorizaci�n constitucional especial para crearla, pues esto cabe dentro de sus facultades propias para regular el servicio p�blico de justicia y para crear tribunales y juzgados (art. 58 C.N.). No puede entenderse en contra de lo anterior lo dicho por el art�culo 164 constitucional, pues en este dispositivo se orden� obligatoriamente a la ley establecer y organizar la jurisdicci�n del trabajo, lo que es distinto y bien pod�a hacer por s� sola, tanto como puede crear tribunales de comercio sin la expresa autorizaci�n que se le dio en el a�o de 1945.

De acuerdo con el numeral 4� del art�culo 201, "las medidas de rehabilitaci�n impuestas al menor cesar�n, se modificar�n o suspender�n... por haber quedado a disposici�n de la justicia ordinaria, en raz�n de una infracci�n penal cometida despu�s de cumplida la edad de diecis�is a�os", lo cual, en sentir del actor, modifica desfavorablemente para ellos el r�gimen general de los menores de dieciocho (18) a�os establecido por el mismo C�digo y vulnera el derecho de defensa de estas personas.

En verdad, debe tenerse en cuenta que en el sistema del C�digo es menor la persona que a�n no ha cumplido los dieciocho (18) a�os (art. 28) y que los menores son considerados inimputables para efectos penales (art. 165ibidem), por donde se ve claramente, que, como lo confirman las disposiciones posteriores, sus normas tienen espec�fica y completa vocaci�n de aplicabilidad hasta que el menor deje de serlo a los dieciocho (18) a�os sin que se pueda llegar a inferencias diferentes por v�as indirectas.

Entonces, como no existe una disposici�n clara y directa en contrario, que quiebre la regla general establecida y la evoluci�n legislativa de la formaci�n del decreto evidencia que la edad que inicialmente se tuvo en cuenta fue la de diecis�is (16) a�os hasta cuando la comisi�n entreg� sus documentos al Gobierno, y se recuerda que la fase posterior muestra que ese l�mite de edad se vari� entonces al de dieciocho (18) como hoy aparece, la conclusi�n es que por olvido se conserv� en la disposici�n que se considera la edad de diecis�is (16) a pesar de que debi� cambiarse a la de dieciocho (18) a�os y as� debe entenderse.

Algo similar ocurri� con el numeral 3� que qued� diciendo que la medida cesar�, se modificar� o suspender� "por haber llegado el menor a la edad de dieciocho (18) a�os", disposici�n que tambi�n debi� cambiarse y que en efecto debe considerarse modificada por una norma especialy posterior que dice: "Si estando vigente la medida el menor cumpliere dieciocho (18) a�os, �sta continuar� en vigor hasta obtener su rehabilitaci�n, pero no se prolongar� m�s all� de la fecha en que �ste cumpla veinti�n (21) a�os" (art. 217 ibidem).

Esta interpretaci�n pone de relieve la coherencia sistem�tica que debe existir en la estructura y los componentes del C�digo y no crea una excepci�n, como ser�a excluir de su �mbito a quienes cometen una infracci�n penal despu�s de cumplir diecis�is (16) a�os y estando sometidos a una medida de rehabilitaci�n para someterlos a la regla de la imputabilidad que no les es propia, pues tal excepci�n solamente podr�a resultar de una regulaci�n clara y espec�fica.

El art�culo 351 crea varios cargos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en clara violaci�n de los art�culos 76-12 y 118-8 de la Constituci�n Nacional, pues la Ley 56 de 1988, en cuyo desarrollo y al abrigo de cuyas normas obr� el Ejecutivo, en parte ninguna lo habilitaba para hacerlo as�. No ve la Corte c�mo pudo el se�or Procurador derivar tales facultades de los numerales 4� y 8� del art�culo 1� y para ello le basta transcribir tales disposiciones:

Art�culo 1�. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Pol�tica, rev�stese de facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica, por el t�rmino de un a�o contado a partir deja publicaci�n de la presente ley, para expedir un C�digo del Menor y regular los siguientes aspectos:

4. La creaci�n, organizaci�n y funcionamiento y r�gimen de las comisar�as permanentes de familia para atender las demandas relativas a la protecci�n del menor, especialmente en los casos de maltrato y explotaci�n para atender los casos de violencia familiar, como medida de emergencia mientras se remite a las autoridades competentes.

8. La atribuci�n de competencia a los Defensores de Menores, quienes en adelante se denominar�n "Defensores de Familia", los requisitos para ejercer el cargo y el control jurisdiccional de sus actos".

Lo anterior significa que el decreto-ley que se examina no pod�a crear dichos cargos porque no ten�a autorizaci�n para ello, pero deja a salvo las habilitaciones que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede tener en sus estatutos b�sicos u organizativos o en otras leyes para crear empleos de su dependencia, pues en estos casos la ley puede limitarse a crear el r�gimen general aplicable, para que sea utilizado por el establecimiento p�blico respectivo en desarrollo de su relativa autonom�a administrativa.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de su Sala Constitucional y o�do el parecer fiscal,

A. SON INEXEQUIBLES las siguientes disposiciones del Decreto 2737 de 1989 (C�digo del Menor):

1. Del art�culo 104 la parte final que dice: "El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecer� los casos excepcionales en que, por motivos de inter�s p�blico o necesidad social, el Defensor de Familia podr� apoderar a los adoptantes".

2. Del art�culo 277 la frase final del numeral 17 que dice: "o la Direcci�n General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar".

B. SON EXEQUIBLES las siguientes disposiciones del Decreto 2737 de 1989 (C�digo del Menor):

7. Del art�culo 53 la expresi�n "y direcci�n del recurrente" de su inciso final.

9. Del art�culo 57 la parte final de su par�grafo 1� que dice: "fijar una cuota mensual con la cual los padres o las personas de quienes el menor dependa contribuir�n al sostenimiento de �ste mientras se encuentre bajo una medida de protecci�n".

11. Del art�culo 62 la expresi�n "o la sentencia de homologaci�n, si fuere el caso".

16. Del art�culo 92 la expresi�n de su inciso primero que dice: "o autorizada por el Defensor de Familia cuando el menor no se encuentre en situaci�n de abandono y carezca de representante legal".

17. Del art�culo 94 la expresi�n de su inciso 1� que dice: "o el de uno de ellos a falta del otro, manifestado personalmente ante el Defensor de Familia, quien los informar� ampliamente sobre las consecuencias e irrevocabilidad de la adopci�n".

122. Del art�culo 107 la expresi�n "y las entidades autorizadas por �ste" de su inciso 1�.

24. Del art�culo 118 la expresi�n "y las instituciones debidamente autorizadas por �ste".

28. Del art�culo 125 la expresi�n "ni las instituciones autorizadas por �ste para desarrollar programas de adopci�n".

29. Del art�culo 125 la expresi�n final de su par�grafo que dice: "o la cancelaci�n de la licencia de funcionamiento si el hecho se hubiere cometido por una instituci�n autorizada para adelantar programas de adopci�n".

32. Del art�culo 136 la expresi�n "el Comisario de Familia o el Inspector de los corregimientos" de su inciso 1�.

34. Del art�culo 138 la frase final que dice: "si es rechazada la oferta, lo ordenado por el art�culo 137. En este �ltimo caso, el funcionario tomar� en cuenta en su decisi�n los t�rminos de la oferta y los informes y pruebas presentados por el oferente para sustentar su propuesta".

41: Del art�culo 170 la expresi�n "y mayor de doce (12) a�os" de su inciso 1�.

43. Del art�culo 180 las expresiones "o en su defecto el funcionario de polic�a" y "o un defensor designado de oficio" de su inciso 1�.

47. Del art�culo 204 la frase final de su par�grafo 3� que dice: "La multa puede ser convertible en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario m�nimo legal".

48. Del art�culo 216 la frase final de su inciso 1� que dice: "o del Director del Centro donde se encuentre el menor, si es del caso".

49. Del art�culo 223 la expresi�n de su inciso final que dice: "convertibles en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario m�nimo legal de multa".

51. Del art�culo 277 la frase del inciso inicial del numeral 4� que dice: "las conciliaciones entre c�nyuges, padres y dem�s familiares, sobre los siguientes asuntos" y los literales a), b), c) y d) del mismo numeral, as� como su inciso final.

54. Del art�culo 279 la expresi�n final de su inciso 2� que dice: "respecto de los autos solamente procede el recurso de reposici�n".

55. Del art�culo 298 la expresi�n "y sin antecedentes penales o disciplinarios".

56. Del art�culo 299 la expresi�n "tomar las medidas de emergencia correspondientes" del numeral 1�, el numeral 4� y la frase "tomando las medidas de que sean necesarias, mientras se remiten a la autoridad competente" del numeral 5�.

57. Del art�culo 312 las expresiones "convertibles en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario" y "el Defensor de Familia" de su inciso 2�.

58. Del art�culo 326 la expresi�n "convertibles en arresto a raz�n de un (1) d�a por cada d�a de salario de multa" del inciso 2� y la expresi�n "o el Defensor de Familia" del inciso 4�.

59. Los art�culos 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, pero s�lo en cuanto se refiere al debido ejercicio de las facultades extraordinarias.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Con todo respeto por la ilustrada opini�n de la Corte, considero necesario salvar mi voto respecto de dos de las decisiones que se adoptaron en este negocio; y aclararlo respecto de una tercera.

La sentencia ha resuelto que es inexequible la parte final del art�culo 104 del Decreto 2737 de 1989 (C�digo del Menor), seg�n la cual:

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecer� los casos excepcionales en que, por motivos de inter�s p�blico o necesidad social, el Defensor de Familia podr� apoderar a los adoptantes.

Seg�n la sentencia, la inexequibilidad resulta de que la norma puede crear insalvables conflictos de intereses, con indefensi�n de las personas involucradas; sobre todo del adoptable, lo que conduce al quebranto de los principios del debido proceso.

Es cierto que el art�culo 26 de la Constituci�n que, a primera vista, garantiza s�lo la legalidad de los procesos, debe interpretarse teniendo en cuenta que si las normas relativas a los procesos merecen una protecci�n especial es, ante todo, porque el proceso tiene el prop�sito de garantizar a cada persona una defensa adecuada de sus derechos.

De all� que si fuera evidente que la aplicaci�n de la norma acusada,en todos los casos, y sin posibilidades de otro remedio legal, hubiera de conducir a situaciones en que el Defensor de Familia, actuando como apoderado de los adoptantes, tuviera conflictos de inter�s que impidieran una defensa adecuada de los derechos de las personas involucradas, yo no vacilar�a en compartir la decisi�n de la Corte.

Sin embargo, el conflicto de intereses es s�lo unaeventualidad: por eso dice la sentencia: pueden claramente resultar insalvables conflictos de inter�s". Eventualidad contra la cual la norma misma establece salvaguardias. En efecto, ella califica de "excepcionales" los casos en los que el Instituto puede permitir que el Defensor de Familia apodere a los adoptantes; y exige que se re�nan motivos poco usuales tambi�n, para que se autorice tal apoderamiento. La norma, pues, confiaba en el Instituto para analizar, caso por caso, los eventuales conflictos de inter�s y evitarlos.

La falta de garant�as para la defensa de los derechos de las personas involucradas no era3 pues, en modo alguno, cierta, sino eventual, ni era una situaci�n contra la que no se hubiesen previsto salvaguardias: En esas circunstancias, cuando no todos los efectos previsibles de la norma vulneran un derecho amparado por la Constituci�n, debe buscarse una t�cnica de redacci�n de la sentencia que respete el principio de la "econom�a legislativa", es decir, que proteja el derecho que la comunidad tiene a que el trabajo de sus legisladores, ordinarios o extraordinarios, produzca efectos. Por eso debi� declararse exequible esta norma.

"El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podr� suspender, temporal o definitivamente, las adopciones con un pa�s que no ofrezca garant�as a la protecci�n de los menores beneficiarios de la adopci�n.

"El incumplimiento de la correspondiente decisi�n por parte de las instituciones que adelantan programas de adopci�n, acarrear� la cancelaci�n de la licencia de funcionamiento."

El segundo inciso, sin embargo, no tiene sentido, sino cuando se lo interpreta en uni�n con el primero; es decir, debe leerse en los siguientes o similares t�rminos:

"Cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suspenda las adopciones con un pa�s que no ofrezca garant�as a la protecci�n de los menores beneficiarios de la adopci�n, ninguna instituci�n que adelante programas de adopci�n podr� adelantarlos respecto de adoptantes de ese pa�s, so pena de que se cancele su licencia de funcionamiento."

En otras palabras, la norma confiere a una entidad descentralizada, no al Presidente de la Rep�blica, la facultad de hacer un juiciogeneral respecto de las instituciones legales y administrativas que un pa�s ha establecido para proteger a los menores adoptados. Y le da la facultad de sancionar a las entidades colombianas de adopci�n que se aparten de ese juicio.

Obs�rvese que la facultad que se da al Instituto no recae, en este evento, sobrelas personas naturales extranjeras que desean adoptar. Tampoco recae sobre algunas personas jur�dicas extranjeras que participan en programas de adopci�n. El sujeto del juicio del Instituto es un pa�s. Y el motivo de la condena no es la conducta de alguno de sus nacionales o de sus entidades, sino la deficiencia del conjunto de garant�as, es decir, de los arreglos institucionales, que en ese pa�s se aplican a la adopci�n.

Ahora bien: el juicio que haga el Instituto sobre las garant�as que otro pa�s ofrece en materia de adopciones, y las sanciones que imponga a quienes no acaten su juicio, es nada menos que un l�mite, impuesto por una entidad descentralizada, a las facultades que tiene el Presidente para dirigir las relaciones diplom�ticas. Si el Presidente quisiera, para su mala fortuna; impulsar los programas de adopci�n con el pa�s descalificado por el Instituto, se encontrar�a con que una entidad descentralizada los ha prohibido... Y ciertamente, la noticia de la descalificaci�n contraun pa�s, en asuntos de adopci�n, ha de perturbar las relaciones que el Presidente quiera mantener con ese pa�s en otros asuntos. Las autoridades de todos los pa�ses resienten los pronunciamientos negativos que las autoridades de otros pa�ses hacen respecto de sus sistemas de garant�as; y encuentran formas de hacer sentir su disgusto. Si Colombia ha de perturbar sus relaciones con otro pa�s, debe ser porque el Presidente lo desee as�, conociendo y aceptando los riesgos y los costos, y sin que una entidad descentralizada le cree hechos cumplidos.

En caso de conflicto, el Presidente, que es al fin y al cabo Jefe de la Administraci�n, prevalecer� sin duda sobre el Instituto. Pero la facultad que dio la Constituci�n al Presidente (art�culo 120, numeral 20) para dirigir las relaciones diplom�ticas, no puede entenderse como una facultad para prevalecer sobre diversos �rganos de la administraci�n que califican o descalifican por v�a general el conjunto de garant�as que existen en los dem�s pa�ses sobre ciertos asuntos. Por el contrario, debe entenderse como una facultad para tomar la iniciativa en materia de relaciones internacionales y se�alar los caminos que el resto de la administraci�n debe seguir.

En la medida en que el inciso acusado contribuye a dar eficacia a decisiones que no corresponde tomar al Instituto de Bienestar Familiar, sino al Presidente, debi� ser, declarado inexequible.

"Las licencias de funcionamiento de las instituciones que desarrollen programas de adopci�n s�lo podr�n ser otorgadas por el Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante resoluci�n motivada y de conformidad con la reglamentaci�n que expida la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la aprobaci�n del Gobierno Nacional."

La Corte encontr� que este art�culo es conforme con la Constituci�n; y que no limita o condiciona la potestad reglamentaria que el art�culo 120-3 concede al Presidente. El acto de la Junta no existe ni obliga sin la aprobaci�n del Gobierno Nacional.

En principio, la lectura de la norma transcrita sugiere que el Presidente de la Rep�blica debeesperar a que la Junta Directiva del Instituto produzca un acto formal, es decir, una resoluci�n motivada, para reglamentar la ley en el asunto de las licencias de funcionamiento. Y sugiere, tambi�n, que la facultad del Gobierno se limita a aprobar, o negar, la reglamentaci�n que produzca la Junta.

Si tal fuera el alcance de la norma, ella implicar�a l�mites en cuanto ala oportunidad y la extensi�n de la facultad reglamentaria del Presidente, que quedar�a condicionada a las decisiones de un �rgano inferior en la administraci�n. Tales l�mites har�an inconstitucional, e inexequible, el art�culo transcrito.

Sea del caso aclarar que la norma no se refiere a unproyecto: se refiere a un acto administrativo formalmente producido, as� no tenga fuerza obligatoria mientras no reciba la aprobaci�n del Gobierno.

La Corte, sin embargo, al pronunciarse sobre el asunto, utiliz� una t�cnica de redacci�n que consiste en interpretar la norma, de tal manera que resulte constitucional. Es as� como fue de opini�n que el art�culo 122 no impide al Presidente reglamentar en forma directa la ley, y que el reglamento que �ste expida puede tener o no origen en el "proyecto" de la Junta Directiva del Instituto.

Gracias a la interpretaci�n que la Corte ha hecho, y que podr�a invocarse luego en defensa de los decretos reglamentarios que expidiera el Presidente de acuerdo con ella, estoy conforme con esta parte de la sentencia.

Por no compartir la decisi�n que sobre este punto se adopt� en la sentencia, y sin que ello en ning�n momento implica desestima o irrespeto por la opini�n de la mayor�a en contrario, los abajo firmantes nos vemos precisados a salvar el voto en lo referente a la inexequibilidad de la parte final del art�culo 104, en cuanto all� se facultaba al Instituto de Bienestar Familiar para establecer los casos en que por motivos de inter�s p�blico o necesidad social el defensor de familia pod�a apoderar a los adoptantes; ya que, acompa�ando al distinguido con juez que integr� la Sala Plena, consideramos que no es raz�n suficiente para ajusticiar por inconstitucional un precepto legal por la eventualidad de un conflicto de intereses que podr�an llegar a presentarse en el respectivo juicio entre los generales de la sociedad y los particulares de la familia y, especialmente, del menor, con quebranto de los principios del debido proceso para este �ltimo, conforme lo dice la motivaci�n del fallo en la parte en que de �l nos separamos. Puesto que tal cual se explic� durante el debate, en aquellos excepcionales casos en que el defensor de familia deba asumir la funci�n de apoderado del adoptante, nos parece obvio entonces que para que no se vulneren los otros intereses leg�timos que deben igualmente salvaguardarse en el proceso de adopci�n, actuar� otro defensor de familia distinto del que excepcionalmente lo hace como apoderado de una de las partes de estesui generis procedimiento judicial, en el cual, en rigor, no puede en verdad decirse que se debaten intereses tan s�lo particulares.

En nuestro parecer no puede olvidarse que la natural incompatibilidades que habr�a en defender dentro de un mismo proceso intereses que puedan llegar a ser contrarios, obviamente obligar�a al concreto defensor de familia designado para tal efecto a s�lo actuar en representaci�n del adoptante a quien apodera, para que sea otro funcionario de la defensor�a el que asuma la defensa de los restantes intervinientes o de los otros intereses que deban ser tomados en cuenta.

Es apenas elemental para nosotros pensar que al establecer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los casos excepcionales en que el defensor de familia pod�a apoderar a los adoptantes, estatuir�a igualmente la forma de remediar estas eventuales incompatibilidades por la gesti�n o defensa de intereses contrarios.

Por lo dem�s, y para reforzar nuestra opini�n de no ser inconstitucional el un funcionario p�blico se le asigne en un determinado momento entre sus atribuciones legales y reglamentarias las de la defensa de un inter�s particular -si es que se mira como tal es de los adoptantes-, cabr�a decir que el art�culo 63 de la Constituci�n Nacional respecto de las funciones de los empleos lo �nico que manda es que las de cualquiera que exista est�n detalladas en ley o reglamento; por manera que, pensamos nosotros, si la ley autorizaba mediante la parte del art�culo 104 declarado inexequible que por medio de un reglamento se asignara tal funci�n espec�fica eventos excepcionales en que existieran motivos de inter�s p�blico o necesidad social, no se vulneraba con ello mandato superior alguno, sino que, por el contrario, tal norma legal se atemperaba en un todo a los dictados de la Carta Pol�tica.

Lo anterior sin olvidar que en este memento, y que sepamos no se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad del precepto que as� lo ordena, existe, por ejemplo, la disposici�n que autoriza al Ministerio P�blico para que en los procesos penales pueda, seg�n juzgue que debe hacer lo uno o lo otro asumir o bien la actitud, de acusador de quien tenga por autor o part�cipe de un delito, ora bien, si cree que se acusa sin fundamento a un inocente, defenderlo, debiendo igualmente atender los intereses del civilmente perjudicado por la infracci�n de la ley penal. As� lo establece el art�culo 122 del C�digo de Procedimiento Penal vigente, que en ello no introduce ninguna novedad en nuestro ordenamiento procesal sino que se limita a reproducir lo dispuesto en el mismo sentido en anteriores estatutos procedimentales.

Todo lo anterior nos lleva, como ya lo dijimos a apartarnos con todo respeto de la decisi�n de la mayor�a.

Manuel Enrique Daza Alvarez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, H�ctor Mar�n Naranjo, Rafael M�ndez Arango, Rafael Romero Sierra.

Con relaci�n a la declaratoria de inexequibilidad, relacionada con el art�culo 104 del Decreto 2737 de 1989, concreto los motivos de mi disentimiento en estas breves razones:

1. La Constituci�n Nacional, en parte alguna, se�ala que siempre, indefectiblemente siempre, todo asunto litigioso debe contar con un apoderado de confianza para poder entender, en consecuencia, que se ha cumplido con la garant�a consagrada por la Carta del debido proceso o de la eficacia del derecho de defensa.

2. Lo que s� debe mediar siempre es una asistencia id�nea, en este campo, la cual, en determinados casos y para mayor eficacia de los prop�sitos buscados por la ley, puede proveerse oficiosamente por parte de organismos estatales. La esfera de la protecci�n debida al menor, ante las variadas vicisitudes que �ste afronta (comisi�n de delitos o contravenciones, abandono, peligro f�sico o moral, etc.), suele ser campo propicio para que el Estado provea gratuita y eficazmente a su debida representaci�n. Como sana pol�tica bien puede excluir el ejercicio profesional remunerado, para evitar grav�menes econ�micos o para que lo que debe ser la aplicaci�n de una medida de rehabilitaci�n, no se vea sacrificada por un dispendioso litigio en donde el profesional del derecho pretenda imponer no la bondad y necesidad de la medida, sino sus peculiares concepciones o el dominio de sus intereses. De ah� que a nadie se le ocurra pensar que sea inconstitucional el que del defensor de familia (antes de menores) deba ser sustituido, insoslayablemente, por un togado nombrado por el menor, o por sus padres, o por su representante legal, o por el Ministerio P�blico. Se da por acertado y como ejercicio de una bien concebida disponibilidad de atribuciones oficiales, el que esa asistencia y representaci�n la asuma un empleado oficial que tendr� siempre en mente y perspectiva los altos fines que consagra el art�culo 11 del citado Decreto 2737/89, una inspiraci�n siempre repetida en esta clase de estatutos.

3. El desacierto de la Sala Plena Mayoritaria reside en que a una materia eminentemente p�blica se le adjudica una connotaci�n de inaceptable privacidad y que tal concepci�n no se apoye en la Carta ni el total contexto del C�digo del Menor, sino en un segmento de una de sus disposiciones.

En efecto, como la primera parte del art�culo 104 se�ala, para el tr�mite de las adopciones, el que los adoptantes deben intervenir mediante abogado que curse la correspondiente demanda, s�guese de ah� que este inter�s privado (el de adoptar) no pueda ser asumido, ni siquiera por excepci�n, por el defensor de familia. De ah� la inconstitucionalidad de la segunda parte del mentado art�culo 104.

Pero, se olvida, en primer lugar, que bien pudo decir la ley que la pretensi�n de adoptar tambi�n pudiera ser instrumentalizada, integralmente, por el Instituto de Bienestar Familiar (defensor de familia). De donde, consagrar distinto prop�sito, como regla general, pero posibilit�ndose la aparici�n de excepciones, no muda el asunto, as� tratado, en reglamentaci�n contraria a la Constituci�n Nacional. Y, en segundo lugar, que el tema es uno (la adopci�n), que tiene, en la actual legislaci�n, una indiscutible caracterizaci�n de tema propio al derecho p�blico, alej�ndose, cada vez m�s y en forma plausible, de formaletas privatistas, tan susceptibles de generar abusos y perjuicios en materia tan delicada y que trascienda a la familia misma y a la comunidad.

De ah�, entonces, que tanto la situaci�n de los adoptantes como la del posible adoptado, debe mirarse bajo la misma �ptica y mantenerse dentro del mismo nivel jur�dico, para no distorsionar el contenido, coherencia y alcance de estos dispositivos. Con esta consideraci�n, tan obvia, la consecuencia debi� ser la de declarar la exequibilidad del comentado precepto.

4. La bondad de la norma declarada inexequible es evidente. El Estado, que prefiere a todo trance el dotar a quien carece de los beneficios espirituales y materiales de una familia, de tan valioso n�cleo social, puede advertir, en ciertos casos, el que unos posibles adoptantes no resistan o no convenga gravarlos con los gastos de una representaci�n forense de confianza, y, por tanto, auspicie una agencia de car�cter oficial, esto es, la intervenci�n m�s amplia y profunda del defensor de familia. Pudo, tambi�n, echar mano de alguno de los integrantes de la defensor�a p�blica, con igual procedencia e igual legitimidad.

La mayor�a ha tenido que imaginar que se trata de un asunto de naturaleza particular, cuando la calificaci�n le es totalmente ajena y extra�a. Y ha debido as� mismo suponer que entre adoptantes y adoptados se dan intereses encontrados, incompatibles, que tienen que manejarse separada y aut�nomamente, cuando precisamente la unificaci�n de los extremos en juego, por parte de un funcionario que s�lo puede perseguir el beneficio del menor o de la familia que quiere conformarse, es lo predominante y por tanto no podr� decirse que representa a quien no merece ser adoptante. En esta con junta asistencia, con observaci�n completa de la situaci�n de los dos grupos, est� precisamente la eficacia de su funci�n y la correcta aplicaci�n del sano prop�sito de los fines perseguidos por el decreto analizado.

L�stima grande que la eventual posibilidad de tener que acudir a est� intervenci�n del defensor de familia (que debe corregirse, ante la sentencia de inexequibilidad pronunciada, con la actuaci�n de la defensor�a p�blica), por motivos de inter�s p�blico o de necesidad social, se haya cerrado, excluy�ndose la econom�a procesal de esta doble representaci�n, que, en definitiva, no es sino una:la familia.

De otro lado, se olvid� que del abundante volumen de atribuciones del defensor de familia (art. 277), s�lo se escogi�, para esta doble representaci�n, una de ellas, lo relacionado con las adopciones.

Nadie dudar� de que se ha privado, en asunto tan delicado y que se presta a especulaciones lucrativistas que debieran estar vedadas en tema tal, de un instrumento de correcci�n muy v�lido, como lo era la excepci�n que preve�a la glosada parte del art�culo 104 del Decreto 2737/89.