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300Corte SupremaCorte Suprema300300182561801Jaime Sanín Greiffenstein198828/07/19881801_Jaime Sanín Greiffenstein_1988_28/07/198830018256SENTENCIA INHIBITORIA. Resumen. Para admitir una demanda, solo se requiere que el escrito cumpla con los requisitos formales, solo en el fallo se determina si estaba bien sustentada, excepto cuando la inconducencia u ociosidad de la demanda es evidente. Exequible el parágrafo del artículo 90 de la Ley 75 de 1986. Inhibirse de fallar sobre la exequibilidad de las demás normas demandadas. Corte Suprema de Justicia- Sala Plena Sentencia número 80. Referencia: Expediente número 1801. 1988
Jaime Alonso TrujilloDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 numeral 1° y parágrafo de la Ley 75 de 1986. Facultades al Presidente para adoptar medidas en materia tributaria.Identificadores30030018257true92443Versión original30018257Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 numeral 1° y parágrafo de la Ley 75 de 1986. Facultades al Presidente para adoptar medidas en materia tributaria.


SENTENCIA INHIBITORIA.

Resumen.Para admitir una demanda, solo se requiere que el escritocumpla con los requisitos formales, solo en el fallo se determina si estaba bien sustentada, excepto cuando la inconducencia u ociosidad de la demanda es evidente.

Exequible el parágrafo del artículo 90 de la Ley 75 de 1986.

Inhibirse de fallar sobre la exequibilidad de las demás normas demandadas.

Corte Suprema de Justicia- Sala Plena

Sentencia número 80.

Referencia: Expediente número 1801.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 numeral 1° y parágrafo de la Ley 75 de 1986. Facultades al Presidente para adoptar medidas en materia tributaria.

Demandante: Jaime Alonso Trujillo.

Magistrado ponente: doctor Jaime Sanín Greiffenstein.

Bogotá, D. E., julio veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

I. Antecedentes

Haciendo uso de la acción pública en el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Jaime Alonso Trujillo Bernal solicita a la Corte declare inexequible el artículo 90 en su encabezamiento o cláusula general, en su numeral 1º y parágrafo de la Ley 75 de 1986.

Admitida la demanda y cumplidos los trámites exigidos por el Decreto número 432 de 1969, se procede a emitir pronunciamiento de fondo.

II. NORMA ACUSADA

El siguiente es el texto literal de las disposiciones acusadas:

"LEY 75 DE 1986

(diciembre 23)

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento y democratización de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.

………..

Artículo 90. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitu­ción Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias contadas éstas desde la fecha de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1987 para adoptar las siguientes medidas:

1º. Dictar las normas que sean necesarias para el efectivo control, recaudo, cobro, determinación y discusión de los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales. En desarrollo de estas facultades el Gobierno podrá:

a) Determinar la información y las pruebas que se requieren en las actuaciones tributarias;

b) Señalar los procedimientos y trámites de los procesos de determinación oficial del tributo, así como el sistema probatorio y su valoración;

c) Eliminar la declaración anual del impuesto sobre las ventas y adecuar el período fiscal del impuesto, los términos para los descuentos y el contenido de los certificados bimestrales, en los responsables cuya declaración anual se elimina;

d) Tomar medidas para el efectivo control de la evasión y la elusión tributaria;

e) Dictar normas para agilizar y hacer efectivo el cobro de los impuestos por la vía coactiva;

f) Dictar normas en materia de recursos, notificaciones y términos;

g) Dictar normas en materia de certificados de paz y salvo y reserva de la declaración tributaria;

h) Dictar normas sancionatorias que en ningún caso contemplen penas privati­vas de la libertad, ni establecer presunciones para la determinación de los tributos.

2º. …………..

Parágrafo. Para expedir las normas a que se refieren las facultades consagradas en el numeral Io de este artículo, el Gobierno contará con la asesoría de tres senadores y tres representantes designados por los respectivos presidentes de las Comisiones Terceras".

III. RAZONES DE LA DEMANDA

Considera el actor que las normas acusadas infringen los artículos 76-12, 118-8, 55 y 57 de la Carta, para lo cual aduce:

Que el artículo 76-12 no permite que se otorguen facultades extraordinarias a persona distinta del Presidente de la República, además de que el Congreso no puede en la ley de facultades imponer limitaciones al Gobierno para el ejercicio de las mismas, salvo las que la Constitución autoriza, como la precisión de materias. "Siendo así no permite la Constitución, exigir al Presidente de la República la consulta de un órgano o comisión, tampoco condicionar a una aprobación de los congresistas, ni puede tampoco el Congreso nombrar los asesores al Presidente de la República, tal como lo dice la Ley 75 de 1986, en su artículo 90 parágrafo 1º".

Igualmente agrega que el artículo 55 de la Constitución, al señalar las ramas del poder público, consagra que éstas deben ejercer sus funciones en forma separada y buscando la colaboración armónica, "más no inmiscuirse dentro de las actividades de la otra rama".

IV. CONCEPTO FISCAL

El Procurador General emite su vista fiscal en Oficio número 1339 de 31 de mayo de 1988, en donde afirma que "la comisión asesora de origen congresal, no es más que esto asesora, para el buen ejercicio de las atribuciones legislativas otorgadas al Presidente de la República. La asesoría no equivale ni se traduce en una delegación de poder de decisión o en un condicionamiento de la habilitación legislativa, simplemente obedece a un criterio de participación y presencia de representantes del Congreso Nacional, con la finalidad de que le presten al ejecutivo asesoría especializada en el ejercicio del poder de legislar". Y en consecuencia solicita a la Corte declarar exequible el parágrafo del artículo 90 de la Ley 75 de 1986. Pide también que se inhiba para proferir fallo de mérito respecto del numeral 1º del mismo artículo por no haber expuesto el demandante concepto de violación.

V. DEFENSA DE LAS NORMAS ACUSADAS

Las ciudadanas Clara Inés Mazuera Belalcázar y Olga Lucía González Parra, por una parte, y los ciudadanos Oswaldo Hernández Ortiz, Gustavo Humberto Rodrí­guez y Bernardo Ortiz Amaya, por la otra, presentaron sendos escritos, en los cuales impugnan la demanda, coincidiendo ambas exposiciones básicamente en los mismos argumentos que se pueden resumir así:

Que la comisión asesora no tiene otra función diferente que la de prestar colaboración o hacer conocer su opinión al Gobierno en la expedición de las normas en desarrollo de las facultades extraordinarias, dada la especialidad de la materia en cuestión. Además de que dichas opiniones o conceptos no obligan al Gobierno. Tanto es ello así, según las ciudadanas citadas, que bien podría el Presidente dispensarse del requisito de oír la comisión asesora y quedaría incólume no obstante la plenitud de su competencia para desarrolla: las facultades otorgadas. En efecto,dicen: "El Congreso con esta medida le proporcionó al Presidente de la República un cuerpo colaborador especializado en la materia, al cual podría, recurrir el Presidente para expedir las normas pertinentes. Hablamos de podría para destacar el carácter discrecional de acudir a ese cuerpo asesor, y no obligatorio como lo afirma el demandante".

Que la función legislativa desplazada en cabeza del jefe de la rama ejecutiva no se afecta por la creación de una comisión asesora, pues quien finalmente toma la responsabilidad del contenido del decreto-ley que se pretende expedir es el propio Presidente.

Que el hecho de crear una comisión asesora de origen parlamentario no implica una intromisión indebida de una rama del poder público en otra, sino el desarrollo de la colaboración armónica consagrada en el artículo 55 de la Carta.

Finalmente aducen los tres últimos ciudadanos, que "lo que se pretende en el fondo de la demanda es que las facultades pueda ejercerlas el Presidente sin consultar a la comisión que crea el parágrafo del artículo 90 de la Ley 75 de 1986. De prosperar la demanda no se afectaría el otorgamiento de las facultades extraordinarias sino que se eliminaría la instancia de consulta, sin perjuicio de las facultades otorgadas".

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Dado que las normas acusadas forman parte integrante de una Ley de la República, es competente esta corporación para decidir sobre su constitucionalidad.

"En primer término es preciso aclarar que para admitir una demanda de constitucionalidad contra una ley o un decreto extraordinario, solamente se requiere que el escrito cumpla con los requisitos formales o externos estatuidos en el artículo 16 del Decreto número 432 de 1969, a saber: Transcripción de los textos que se acusan; indicación de las normas constitucionales que se consideren infringidas y los motivos o razones por las cuales dichas disposiciones se estimen violadas, sin que en esa oportunidad pueda el Magistrado sustanciador, en principio, decidir o determinar si la acusación está o no bien sustentada, o si el concepto de violación es eficaz para sostener la inconstitucionalidad planteada, o si existe proposición jurídica incomple­ta, etc., lo cual corresponde al fallo, excepto cuando la inconducencia u ociosidad de la demanda es evidente. Se responde así la respectiva anotación del colaborador fiscal.

Advierte la Corte que el actor citó y transcribió como normas acusadas no solamente el parágrafo del artículo 90 de la Ley 75 de 1986, que establece que el Presidente 'contará' con una comisión asesora conformada como allí se dice sino también el encabezamiento del mismo artículo, en el cual se confieren facultades en general, y el numeral 1º respectivo, por cuyo intermedio se concretan, especifican o precisan dichas atribuciones. El ataque, sin embargo, lo dirige exclusivamente contra el parágrafo y no hay esfuerzo interpretativo posible para permitir la conclu­sión de que los reparos formulados contra él se comuniquen de alguna manera a los otros textos o en alguna forma conlleven su invalidación, por lo cual, como lo pide elseñor Procurador, la Corte se inhibirá de decidir sobre ellos por ineptitud sustancial de la demanda".

Constitucionalidad de las normas acusadas

"El único cargo de inconstitucionalidad que formula el actor es el de que la Constitución no permite que el Congreso exija al Presidente de la República que para desarrollar las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 1º del artículo 90 de la Ley 75 de 1986, el Gobierno tuviera que consultar a un 'órgano o comisión' como se dispuso en el parágrafo del mismo artículo. AI respecto es pertinente anotar lo siguiente:

La función legislativa del Congreso solamente puede trasladarse en forma temporal al Presidente de la República cuando se le reviste de facultades extraordina­rias con el fin de que expida normas con fuerza de ley (decretos-leyes), sobre las materias que previamente se le han señalado y por un termino definido. A su vez el Gobierno Nacional está bajo la obligación, al hacer uso de dichas atribuciones, de ejercerlas dentro de los límites tanto materiales como temporales indicados, so pena de incurrir en extralimitación de facultades.

De la lectura del artículo 90 de la Ley 7 5 de 1986 se colige que así se hizo, puesto que el legislador ordinario le confirió atribuciones al 'Presidente de la República', mas no a otro funcionario, ni a quienes iban a prestarle la asesoría indicada en el parágrafo, como lo afirma el actor; para que dentro de un lapso de tiempo determina­do, a saber 'desde la fecha de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1987', dictara normas sobre los asuntos allí enunciados, dentro de los cuales se encuentran los del numeral 1º en sus literales a) a h), cumpliéndose de esta forma las exigencias constitucionales en cuanto a la precisión de las facultades y al límite en el tiempo, que ya se enunciaron.

Igualmente se indicó en el parágrafo del citado artículo 90 que el Gobierno para ejercer las atribuciones del numeral 1o 'contará con la asesoría de tres senadores y tres representantes designados por los respectivos presidentes de las Comisiones Terceras', lo cual no es violatorio de ninguna norma constitucional, puesto que las funciones que deben cumplir las personas que prestan esta asesoría no son 'colegisladoras', como tampoco sus opiniones o sugerencias obligan al Presidente de la República quien bien puede acogerlas o desecharlas de acuerdo a su buen juicio y criterio. 'Las facultades de legislación extraordinaria -dijo la Corte en sentencia de agosto 30 de 1984- fueron conferidas conforme al artículo 76-12 de la Carta al Presidente de la República y no a la comisión'.

No entra la Corte en esta oportunidad a considerar si un decreto expedido sin cumplir la exigencia dicha es por ello inconstitucional, que es el tema al que parece invitarla el argumento de las opositoras, pues no es esto lo ahora sometido a su decisión ni es necesario resolver la cuestión para fallar esta acción.

Ahora bien, ciertamente, como lo afirma el demandante, la Constitución no exige que deban conformarse estas comisiones o grupos asesores, para que el Presi­dente de la República pueda ejercer las facultades conferidas, pero afirma la Corte, tampoco lo prohíbe. Es que como su nombre lo indica estas comisiones están destinadas a prestar simples labores de asesoría, es decir, a dar sugerencias, a emitir opiniones, ilustrar sobre el tema, dar conceptos, etc., al Gobierno Nacional para que pueda desarrollar las atribuciones otorgadas en una forma más eficaz. No se olvide,
por ejemplo, que en el caso bajo examen se dice que los tres representantes y senadores que irían a prestar asesoría pertenecerían a las comisiones terceras, tanto de la Cámaracomo del Senado, las cuales tienen a su cargo dar primer debate a losproyectos de ley relacionados con Hacienda y Crédito Público e impuestos y enconsecuencia son personas que por su conocimientos y dominio del tema prestaríanuna valiosa ayuda al Presidente de la República en la expedición de las normascitadas".

Además, el Gobierno, para desarrollar las facultades extraordinarias conferidas también puede pedir la colaboración de otras personas, para que lo asesoren sobre tales materias, sin que por ello las normas que se dicten sean inconstitucionales.

Cabe recordar aquí, que ya esta corporación en oportunidades anteriores se ha pronunciado sobre el carácter de tales comisiones asesoras, siendo la última la sentencia de mayo 21 de 1987, en la que expresó:

"No sobra agregar que estas comisiones cumplen un papel de mera asesoría técnica jurídica y no de 'participación del Congreso en la elaboración del Código' dado que el desplazamiento de materias del legislador al ejecutivo por la institución de las facultades extraordinarias del numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional es incondicionado y por ello sólo el Presidente de la República adquiere la privativa competencia para utilizarlas dentro de los límites temporales fijados por el mandato constitucional. De ninguna manera el Congreso directamente y por comisión de su seno puede reservarse la facultad de ser copartícipe en el ejercicio de tales facultades" (sentencia número 49 de mayo 21 de 1987, Magistrado ponente: doctor Jairo E. Duque Pérez).

En razón de lo anotado, no encuentra la Corte que la "asesoría" a que hace referencia el parágrafo del artículo 90 de la Ley 75 de 1986 sea inconstitucional, pues como se indicó, ella no implica un traslado de competencia de la función legislativa a quienes habían de prestarla, ni tampoco injerencia indebida de una rama del poder público en otra, ya que simplemente se trata de una colaboración al Gobierno Nacional por parte de las personas que allí se mencionan, para el ejercicio eficaz de la tarea legislativa que se le ha encomendado en forma extraordinaria y temporal alPresidente de la República, lo cual ciertamente cabe dentro de la colaboraciónarmónica que manda el artículo 55 de la Constitución.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

1o Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 90 de la Ley 75 de 1986, por no ser violatorio de la Constitución.

2º. INHIBIRSE de fallar sobre la exequibilidad del encabezamiento o cláusula general del artículo 90 de la Ley 75 de 1986 y de su numeral 1o por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

José Alejandro Bonivento Fernández, Presidente; Hernán Guillermo AldanaDuque, Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Pedro Lafont Pianetta, Rodol­fo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Faino Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge lván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, Ramón Zúñiga Valverde.

Alvaro Ortiz Monsalve

Secretario