Sentencia 1730 de 1988

300Corte SupremaCorte Suprema300300181931730Fabio Mor�n D�az198804/08/19881730_Fabio Mor�n D�az_1988_04/08/198830018193&&&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 8 REFERENCIA: Expediente n�mero 1730 1988

Uriel Alberto Amaya OlayaAcci�n de inexequibilidad contra los art�culos 94, 95 y 96 del Decreto n�mero 100 de 1980. Medidas aplicables a los inimputables.Identificadores30030018194true92916Versi�n original30018194Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad contra los art�culos 94, 95 y 96 del Decreto n�mero 100 de 1980. Medidas aplicables a los inimputables.

Acci�n de inexequibilidad contra los art�culos 94#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTFC_PENAL, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980. Medidas aplicables a los inimputables.

TEMA: PROPOSICI�N JUR�DICA COMPLETA. LOS NUEVOS PRINCIPIOS SE�ALAN QUE EL INIMPUTABLE, COMO SUJETO CUYOS PROCESOS INTELECTIVOS O VOLITIVOS ESTUVIESEN AFECTADOS HASTA EL PUNTO DE IMPEDIRLE COMPRENDER EL CONTENIDO Y EL ALCANCE SOCIAL DE SU CONDUCTA Y EN CONSECUENCIA DETERMINARLA HACIA UN FIN, NO ESTAR�A SOMETIDO A UNA SANCI�N PENAL CON FINES EXPIATORIOS, PREVENTIVOS Y REDISTRIBUTIVOS SINO �NICAMENTE A UN TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO.

Exequible los art�culos94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980.

FECHA: Bogot�, D.E., febrero cuatro (4) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

El ciudadano Uriel Alberto Amaya Olaya, en ejercicio de la acci�n p�blica de inexequibilidad que consagra el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, present� ante esta Corporaci�n escrito de demanda en el que solicita que se declare la inexequibilidad de los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980.

Admitida la demanda se orden� el traslado correspondiente al se�or procurador General de la naci�n, quien en t�rmino rindi� el concepto fiscal correspondiente. Procede la Corte Suprema de Justicia a resolver la cuesti�n planteada, cumplidos como se encuentran los tr�mites que se�ala el Decreto n�mero 432 de 1969.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y

Art�culo 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- Internaci�n para enfermo mental permanente. Al inimputable por enfermedad mental permanente, se le impondr� medida de internaci�n en establecimiento psiqui�trico o cl�nica adecuada, de car�cter oficial, en donde ser� sometido al tratamiento cient�fico que corresponda.

Esta medida tendr� un m�nimo de dos (2 a�os de duraci�n y un m�ximo indeterminado. Se suspender� condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad ps�quica.

Art�culo 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Internaci�n para enfermo mental transitorio. Al inimputable por enfermedad mental transitoria, se le impondr� la medida de internaci�n en establecimiento psiqui�trico o similar, de car�cter oficial, en donde ser� sometido al tratamiento que corresponda.

Esta medida tendr� un m�nimo de seis (6) meses de duraci�n y un m�ximo indeterminado. Transcurrido el m�nimo indicado se suspender� condicionalmente cuando se establezca que la Persona ha recuperado su normalidad ps�quica.

Art�culo 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Otras medidas aplicables a los inimputables. A los inimputables que no padezcan enfermedad mental, se les impondr� medidas de internaci�n en establecimiento p�blico o particular aprobado oficialmente, que pueda suministrar educaci�n o adiestramiento industrial, artesanal o agr�cola.

Esta medida tendr� un m�nimo de un (1) a�o de duraci�n y un m�ximo indeterminado. Se suspender� condicionalmente cuando se establezca que la persona haya adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolver� su vida.

Cuando se tratare de ind�gena inimputable por inmadurez psicol�gica, la medida consistir� en la reintegraci�n a su ambiente natural.

Para el actor las normas acusadas desconocen lo prescrito por los art�culos 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n nacional.

El actor se�ala como fundamentos de su acci�n las siguientes consideraciones:

Las normas acusadas como inconstitucionales, establecen que las medidas de seguridad aplicables a los inimputalbes tendr�n una duraci�n m�xima indeterminada en violaci�n del principio de legalidad que permite derivar responasbilidad de los particulares ante las autoridades s�lo en el caso de infracci�n a la Constituci�n o a las leyes; adem�s violan el principio que ordena que la pena corresponda a un hecho prohibido por la ley debe estar previamente determinada.

En este sentido se�ala que ".. si se impone una medida de seguridad a un inimputable superando el m�ximo legal correspondiente a la pena prevista para el mismo hecho punible -cuando lo ejecuta un inimputable-, se estar�a castigando al inimputable no por el hecho cometido (pena m�xima de este), sino por su condici�n de tal, no por lo que hizo, sino por lo que es..", contraviniendo el principio de la legalidad de los delitos y de las penas nullum crime sine lege, nulla poena sine lege. En la legislaci�n colombiana no se puede fijar una medida de seguridad a un inimputable cuya duraci�n m�xima tenga el car�cter de indeterminada, pues en este caso se estar�a aplicando una sanci�n por el trastorno mental o la inmadurez sicol�gica, estados que por s� mismos no pueden constituir conductas que provoquen sanciones penales.

Para el actor, adem�s, el que el legislador haya regulado en el C�digo Penal las conductas cometidas por los inimputables y haya se�alado tambi�n las medidas a ellos aplicables, quiere decir que estas �ltimas son sanciones sometidas a la misma reglamentaci�n procesal prevista para las penas, puesto que tienen car�cter penal y existe entre penas y medidas de seguridad una com�n estructura jur�dico procesal que se traduce en su aplicaci�n en virtud de la ejecuci�n de un hecho punible o posdelictual; en su sometimiento a un procedimiento adjetivo y en la exigencia de una decisi�n jurisdiccional para su imposici�n, entre otras condiciones.

c). Como los inimputables son titulares de los mismos derechos y garant�as ciudadanas que corresponden a los inimputables, el tratamiento jur�dico que debe darles la ley es igual, empero no ocurre as� por las normas que se acusan.

El Se�or Procurador General de la Naci�n emiti� dentro del t�rmino el concepto fiscal correspondiente y en �l solicita que esta Corporaci�n declare que los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto ley n�mero 100 de 1980, son exequibles.

-Advierte en primer t�rmino que el actor incurre en un error fundamental al considerar que la medida de seguridad que se aplica el inimputable es un "castigo" o pena derivada de su condici�n ps�quica; este error lleva a la demanda a pretender que se fije un m�nimo y un m�ximo en la aplicaci�n de cada medida, lo cual no ocurre en las normas acusadas puesto que el legislador deja en manos del juzgador el se�alar el m�ximo inoponible. Sostiene el se�or Procurador que este concepto equivocado del actor est� basado en la consideraci�n de que la medida de seguridad es una pena, lo cual se aparta de la realidad jur�dica y filos�fica de nuestro estatuto penal.

Concluye el concepto fiscal se�alado que "si bien el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional consagra el principio universal de la legalidad del delito y de la pena, lo que garantiza es que nadie podr� ser "castigado" sin que la conducta cuestionada revista la calidad de delito o contravenci�n y para la misma se haya se�alado una pena. No involucra tal principio la aplicaci�n de las medidas de seguridad que son eminentemente formas de curaci�n, tutela y rehabilitaci�n, como atr�s se dijo". En este punto advierte que comparte el contenido del salvamento de voto suscrito por varios magistrados de esta Corporaci�n, quienes en el fallo del proceso n�mero 1613 se apartaron del mismo (Sentencia n�mero 118 de agosto 20 de 1987), por considerar que las normas hoy nuevamente objeto de estudio, son exequibles.

De conformidad con lo prescrito por el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, esta Corporaci�n es competente para conocer de la demanda que se dirige contra los art�culos 94D0100_84#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95D0100_84#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96D0100_84#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1984, por tratarse de una norma expedida con base en una ley de facultades extraordinarias.

a). Se advierte que esta Corporaci�n ya emiti� fallo de m�rito en el que declar� que por el aspecto temporal del ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 5a. de 1979, las normas que forman parte del Decreto n�mero 100 de 1980 (23 de enero), se ajustan a la Constituci�n Nacional. En efecto, en sentencia de 3 de julio de 1981, la Corte encontr� que el Ejecutivo no se excedi� al expedir la citada norma puesto que �sta fue dictada dentro del preciso t�rmino se�alado por la ley de facultades.

b). Esta corporaci�n tuvo oportunidad de conocer, pero se inhibi� de fallar, por ausencia de proposici�n jur�dica completa, una acci�n similar que en ocasi�n anterior present� el mismo actor contra algunas expresiones fragmentarias de las normas que hoy acusa nuevamente ya que ".. si resultaren inexequibles, las expresiones demandadas -un m�ximo indeterminado-, contenidas en los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, dichas normas quedar�an igualmente indeterminadas en cuanto al m�ximo de duraci�n de las medidas de seguridad a que se refieren.

"Esa indefinici�n del m�ximo es precisamente la raz�n por la cual se acusan como inconstitucionales y que podr�a fundamentar una eventual declaratoria de inexequibilidad, lo que har�a inocua la decisi�n de la Corte.

"Adem�s, las expresiones acusadas carecen de sentido por s� mismas, lo que impide el ejercicio de la funci�n atribuida a esta Corte, ya que el control de constitucionalidad recae sobre normas jur�dicas y no sobre fragmentos de ellas" (Sentencia n�mero 118 de agosto 20 de 1987).

c). En esta oportunidad se demandan los textos completos de os art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 y resulta evidente que las normas acusadas constituyen la proposici�n jur�dica completa exigida para que esta Corporaci�n pueda entrar a resolverle m�rito de la cuesti�n planteada, como lo hace en este fallo.

Los nuevos principios sobre esta materia se�alan que el inimputable, como sujeto cuyos procesos intelectivos o volitivos estuviesen afectados hasta el punto de impedirle comprender el contenido y el alcance social de su conducta y en consecuencia determinarla hacia un fin, no estar�a sometido a una sanci�n penal confines expiatorios, preventivos y retributivos sino �nicamente a un tratamiento individualizado, solo con prop�sitos de prevenci�n especial que debe buscar su curaci�n, su seguridad y la adaptaci�n cient�fica al medio social bajo las medidas administrativas, aunque necesariamente impuestas y vigiladas por un juez, de su internaci�n en establecimientos psiqui�tricos, oficiales o privados, en casas de estudio o de trabajo y de libertad vigilada.

Estas medidas de car�cter aut�nomo, en cuanto no est�n sometidas a las prescripciones referidas a la punibilidad que prev� la normatividad penal, son solo aplicables a sujetos que realizan una conducta que ha sido descrita por la ley como delito pero, a los que al comprobarse las condiciones de su inimputabilidad, no puede someterse a juicio penal que les reproche responsabilidad o les declare culpables. Y aunque para tal fin deba en caso extremo adelantarse el proceso de averiguamiento, �ste no puede completarse ni concluir con el juicio de responsabilidad penal que si debe practicar el juez ante la conducta delictual del imputable.

En salvamento de voto sobre el reciente fallo arriba citado, un grupo de magistrados de esta Corte sostuvo que:

"La consagraci�n de la culpabilidad como fundamento de la pena incide o se proyecta sobre los conceptos de imputabilidad e inimputabilidad que tienen una connotaci�n espec�fica dentro del C�digo Penal' seg�n el an�lisis siguiente:

"Aunque la ley no define la imputabilidad, este concepto ha sido elaborado por la doctrina penal para la cual el agente es imputable si al momento de ejecutar el hecho legalmente descrito, estuvo en capacidad de comprender la ilicitud del mismo y de determinarse a su realizaci�n de acuerdo con esa comprensi�n.

"El concepto de inimputabilidad que es f�cilmente desprendible del anterior, recibe consagraci�n legal en el art�culo 31C_PENAL#31*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal. Dice esta disposici�n as�: 'Es inimputable quien en el momento de ejecutar el hecho, no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensi�n, por inmadurez sicol�gica o trastorno mental'.

"De las condiciones personales que concurran en el autor del hecho punible y permitan calificarlo como imputable o inimputable se derivan consecuencias de distinto orden as�: al imputable que act�a culpablemente se le considera responsable y se le sanciona con una pena; por el contrario, al inimputable no se le puede considerar culpable del hecho punible por esta raz�n, es sujeto pasible de una medida de seguridad.

"Estas dos formas de respuestas al hecho punible previstas en el C�digo Penal, cumplen finalidades distintas as�: 'la pena tiene funci�n retributiva, preventiva y resocializadora', las medidas de seguridad 'persiguen fines de curaci�n, tutela y rehabilitaci�n' (art�culo 12C_PENAL#12*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF C�digo Penal).

Ciertamente el principio universal de la legalidad del delito y de la pena se hace derivar de los textos que cita el demandante y adem�s del art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n. Este principio protector de la libertad individual consagrado adem�s en los art�culos 11XXXX#11*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Declaraci�n de los Derechos Humanos y 15XXXX#15*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pol�ticos, garantiza que nadie podr� ser castigado si previamente no se ha prohibido el hecho y se�alado la pena correspondiente.

"La tacha de inconstitucionalidad se plantea bajo el supuesto equivocado de que las medidas de seguridad previstas en la ley para los inimputables son penas y por lo tanto deben estar determinados sus t�rminos m�nimo y m�ximo, lo cual no ocurre cuando el legislador deja al arbitrio del juez se�alar el m�ximo imponible como lo disponen las expresiones acusadas.

"Como se desprende de las consideraciones precedentes y lo expres� con suficiente claridad el legislador, las medidas de seguridad no son penas y su imposici�n no se hace con el criterio de castigar a quien no pueda actuar con culpabilidad, pues ellas carecen de contenido expiatorio; por el contrario, su aplicaci�n est� orientada a la seguridad del propio inimputable, quien por su condici�n an�mica contin�a con aptitud de lesionar intereses legalmente, por lo cual el Estado debe evitar que cometa nuevos il�citos mediante su curaci�n y la rehabilitaci�n o adaptaci�n al medio social de quien ha obrado por inmadurez sicol�gica.

"Enfocado as� el asunto, resulta evidente que las normas acusadas no infieren quebranto al art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n que exige la legalidad de la pena al disponer: 'Aun en tiempo de guerra nadie podr� ser penado expost facto, sino con arreglo a la ley, o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determin�ndose la pena correspondiente'.

"A la expresi�n 'pena' que utiliza este canon se le debe dar la significaci�n propia de la ciencia y doctrina penal en donde tiene una connotaci�n diferente de las medidas de seguridad.

"Resulta ilustrativo recordar que la Comisi�n redactora del C�digo Penal, hizo una distinci�n profunda entre panas y medidas de seguridad, y excluy� a las segundas del t�tulo de la punibilidad, con el fin - se lee en la exposici�n de motivos- de hacer �nfasis en que �stas, las medidas de seguridad no tienen car�cter punitivo, sino que se imponen como medidas de protecci�n para el inimputable y la sociedad' pues a diferencia de la imputabilidad que es la capacidad y el requisito de la sanci�n, la inimputabilidad es el presupuesto de las medidas de seguridad como lo pregona la doctrina penal.

"de lo anterior, se desprende que es l�gico que la duraci�n del t�rmino m�ximo de la medida de internaci�n no pueda fijarse previamente por el legislador, ni siquiera por el juez en la sentencia puesto que se trata de someter al inimputable a tratamiento cuya duraci�n depende de la curaci�n efectiva y de la readaptaci�n de estos al medio social propio, raz�n por la cual resulta impredecible la vigencia del mismo por este motivo. Cabe recordar que en el seno de la comisi�n redactora del C�digo se propuso que tambi�n fuese indeterminado el m�nimo de las medidas de seguridad, no solo para que fuese flexible el tratamiento sino tambi�n para evitar que se desnaturalizara la finalidad dela medida de seguridad al lograrse antes de su vencimiento, la curaci�n del inimputable.

"Por lo anterior, no advierte la Corte la incompatibilidad que aduce el actor entre las partes acusadas de los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 y la Carta; al contrario, estas disposiciones y las dem�s que se relacionan con las medidas de seguridad por no tener el car�cter de sanciones jur�dicas, no excluyen la revocabilidad y la aplicaci�n discrecional del juez pues se han establecido, como lo reitera la doctrina 'en consideraci�n a un peligro social presumido por la ley o comprobado por el juez'.

"Finalmente, la indeterminaci�n del t�rmino m�ximo de las medidas de seguridad es aparente dado que el juez tiene poderes suficientes para suspenderlas o modificarlas y en todo caso declarar su extinci�n, cuando se den los requisitos o condiciones contemplados en los art�culos 98C_PENAL#98*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 99C_PENAL#99*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 101C_PENAL#101* del C�digo Penal" (Salvamento de voto a la sentencia n�mero 118 de agosto 20 de 1987).

De acuerdo con los t�rminos del anterior salvamento de voto no queda duda sobre la diferencia que existe entre los conceptos de pena y medida de seguridad tanto en el texto de la ley como en el campo doctrinario. Considera la Corte muy importante hacer esta precisi�n para evitar posibles o eventuales atentados contra la libertad individual, tutelada entre otros por el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta y cuya garant�a no puede desconocerse por arbitrariedades o incertidumbres de las autoridades que pueden tener fundamento en el defectuoso y a veces ausente sistema de establecimientos psiqui�tricos, en donde deban ejecutarse las medidas de seguridad para la atenci�n y cuidado de los inimputables. Pero esta es una cuesti�n de hecho y de conveniencia que rebasa el �mbito en que se mueve el juicio de constitucionalidad de las normas acusadas.

Resulta claro para esta Corporaci�n que las normas acusadas no desconocen las constitucionales que consagran el principio de legalidad delos delitos y de las penas puesto que tratan de materias que por su contenido y naturaleza no tienen la misma categor�a doctrinaria, ni pr�ctica ni objetiva de las normas punitivas a las que se dirige con rigor este fundamento filos�fico del Estado de Derecho y, porque adem�s, �stas le dan sentido y coherencia funcional a aquel, sin el cual no podr�a aplicarse al caso de la regulaci�n legal de las conductas lesivas del orden jur�dico cometidas por inimputables.

Esto no quiere decir que no importe al orden normativo nacional la regulaci�n legal de las conductas de los inimputables que con su obrar lesionen bienes jur�dicamente tutelados; todo lo contrario, el legislador bien puede, dentro de sus competencias constitucionales, se�alar los casos en los que debe procederse de manera especial a la prevenci�n y a la correcci�n cient�fica que permita a aquel recuperar su normalidad o recibir la educaci�n o adiestramiento que necesite y se�alar el modo de hacerse efectiva su readaptaci�n social.

Adem�s, el art�culo 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta al prescribir que "las autoridades de la Rep�blica est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares", en relaci�n con el art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF numeral 2o. de la misma, que permite al legislador "expedir los c�digos en todas las ramas de la legislaci�n y reformar sus disposiciones", fundamenta la competencia que �ste tiene para prescribir las medidas que contienen las normas hoy objeto de examen.

De otra parte, estas cumplen con los presupuestos constitucionales exigidos acerca de la regulaci�n de las conductas que son objeto de correcci�n, puesto que solo se aplican a quienes en el momento de ejecutar el hecho previamente descrito por la ley, no tuvieron la capacidad de comprender su conducta o de determinarse de acuerdo con esa comprensi�n, por inmadurez psicol�gica o trastorno mental (art�culo 31C_PENAL#31*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980); adem�s, el C�digo Penal prev� que a estos solo se les puede aplicar las medidas previstas y que si la inimputabilidad proviniere exclusivamente del trastorno mental transitorio no habr� lugar a la imposici�n de medidas de seguridad siempre que el agente no quede con perturbaciones mentales y sin perjuicio dela responsabilidad civil a que hubiere lugar (art�culos 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 33C_PENAL#33*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF ibidem).

No escapa a la Corte que sobre estas materias se ha desarrollado un amplio debate jur�dico que se ha proyectado en su propia Sala Penal. Esta ha se�alado, entre otras tesis que:

"La responsabilidad penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realizaci�n de un hecho punible y conforme a la legislaci�n vigente no existe duda alguna de que esta se predica tanto de los sujetos imputables como delos inimputables.

"Tal conclusi�n, es consecuencia de la existencia de dos clases de hechos punibles estructuralmente hablando en el C�digo Penal Colombiano, esto es, el hecho punible realizable por sujeto imputable que se concreta en la conducta t�pica, antijur�dica y culpable, y el hecho punible realizable por sujeto inimputable que surge como conducta t�pica y antijur�dica. Ambas estructuras jur�dicas implican responsabilidad penal, siendo de los imputables responsabilidad subjetiva o culpabilista, al tiempo que para los inimputables la responsabilidad penal es objetiva o peligrosista.

".." (Sala de Casaci�n Penal, julio 14 de 1987, expediente n�mero 991.M. P. Doctor Rodolfo Mantilla J�come).

A juicio de la Corte, sin embargo, las medidas de seguridad previstas por las normas acusadas, as� como la indeterminaci�n legal de los posibles m�ximos aplicables, a la luz delos principios y de conformidad con las regulaciones se�aladas por la legislaci�n penal vigente, se adecuan a lo que en una l�gica y sistem�tica interpretaci�n delos textos de la Carta, compete normalmente al legislador y se le garantiza indudablemente a todas las personas por la vigencia de sus derechos civiles e individuales dentro de nuestro Estado de Derecho.

Por lo anterior, esta Corporaci�n encuentra que las normas acusadas se ajustan en todas sus partes a la Constituci�n Nacional y as� habr� de declararlo.

La Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el se�or Procurador General de la Naci�n,

Declarar EXEQUIBLES los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Los suscritos magistrados manifestamos respetuosamente nuestra discrepancia con el fallo mayoritario de la Corporaci�n que declara exequibles los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto ley n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal), porque consideramos que tales normas son inconstitucionales por las siguientes razones:

La Sala Penal de la Corte mediante una cuidadosa elaboraci�n doctrinal ha logrado precisar el fen�meno de la responsabilidad penal conforme al actual estatuto (Decreto n�mero 100 de 1980), y siguiendo esta orientaci�n doctrinal se pueden se�alar los siguientes puntos:

1.- En el derecho colombiano la responsabilidad penal -entendida como el compromiso que le cabe al sujeto por la violaci�n de la ley penal-, se predica tanto de las personas imputables como de las inimputables.

2.- En trat�ndose de personas imputables la responsabilidad es subjetiva o culpabilista en cuanto su comportamiento debe ser t�pico (tener plena adecuaci�n en una norma penal), antijur�dica (ser contrario a derecho) y culpable (haber sido realizado con conciencia y voluntad).

3.- Por el contrario, cuando se trata de personas inimputables la responsabilidad penal es objetiva, ya que basta un comportamiento t�pico y antijur�dico sin que sobre ellos pueda recaer el juicio de reproche propio de la culpabilidad, pues precisamente la incapacidad de estos sujetos -para comprender la ilicitud de su comportamiento o determinarse conforme a esa comprensi�n- impide valoraci�n alguna sobre el contenido de su voluntad.

4.- La responsabilidad penal surge -repetimos- como consecuencia de la violaci�n de la ley penal por sujeto imputable o inimputable y se establece mediante la realizaci�n de un procedimiento judicial, debiendo ser reconocida en cada caso concreto por un juez penal quien en atenci�n a la condici�n personal del sujeto en el momento de la realizaci�n del hecho, le se�ala como consecuencia una penal al sujeto imputable o una medida de seguridad al sujeto inimputable.

5.- El involucrar el legislador colombiano por razones de pol�tica criminal a los sujetos inimputables en el �mbito del derecho penal, gener�ndole responsabilidad por la realizaci�n de comportamiento t�pico y antijur�dico, demuestra que no es absoluta la pretendida orientaci�n culpabilista del C�digo Penal, ya que el tratamiento jurisdiccional y la imposici�n de las medidas de seguridad a estos sujetos implica una importante excepci�n entre otras al principio establecido en la 5a. norma rectora de ese estatuto que predica que no hay delito sin culpabilidad.

&$II.- NATURALEZA JUDICIAL Y SANCIONATORIA DE LAS PENAS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se ha pretendido infructuosamente hacer una distinci�n tajante entre las penas y las medidas de seguridad, afirm�ndose la naturaleza judicial y sancionatoria de las primeras y el car�cter administrativo y protector de las segundas. Tal criterio que sirve de fundamento a la decisi�n de mayor�a lo entendemos equivocado por las siguientes razones:

1.- Es un principio elemental de l�gica jur�dica el que sostiene que la naturaleza de las instituciones deviene de su estructura misma y de la funci�n que ellas cumplen, sin que tal naturaleza pueda ser variada por un simple cambio de nombre o de ubicaci�n; en otros t�rminos en la conceptualizaci�n de las instituciones jur�dicas el int�rprete debe guiarse por los contenidos reales propios de su estructura y funci�n y no por criterios meramente formales. Se trae a cuento este postulado para demostrar el formalismo de que adolece la decisi�n mayoritaria al insistir en la radical distinci�n entre las penas y las medidas de seguridad.

2.- El car�cter judicial de las penas y de las medidas de seguridad es indiscutible; en primer t�rmino debe resaltarse el requisito sine qua non para que estas (penas y medidas) pueden aplicarse cual es el de que previamente se haya deducido responsabilidad penal por violaci�n de la ley. Adem�s de ello, unas y otras, son la resultante de un proceso judicial y su imposici�n le ata�e al juez penal, a quien adem�s le corresponde controlar la ejecuci�n de las penas y medidas y tomar la decisi�n sobre su finalizaci�n. Son por ello un mecanismo fundamentalmente judicial.

3.- la idea del car�cter sancionatorio de las penas y protector de las medidas se ha venido sustentando formalmente con el argumento de que la pena como castigo supone un reproche personal por realizaci�n de un comportamiento delictivo con conciencia y voluntad, al tiempo que los inimputables no son susceptibles de reproche por su personal incapacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinarse conforme a esa comprensi�n, o lo que es lo mismo por su incapacidad de actuar con culpabilidad. Si bien tal postulado es cierto, no es suficiente para eliminar el car�cter de sancionador delas medidas, en primer t�rmino por lo ya demostrado de que tanto las penas como las medidas se generan a partir de la declaratoria de responsabilidad penal, yen segundo t�rmino porque la pena no solo tiene funci�n retributiva sino tambi�n protectora y resocializadora y adem�s porque es pat�tica la similitud entre las penas privativas de la libertad y las medidas desde el punto de vista de su pr�ctica y de sus consecuencias ya que tanto unas y otras significan la p�rdida de la libertad personal impuesta por decisi�n judicial como culminaci�n de un proceso penal.

4.- Queda claro entonces que tanto las penas como las medidas de seguridad, se imponen, mediante un acto de poder por parte del Estado representado por el juez que tal decisi�n toma, como consecuencia de la violaci�n de la ley penal, sin que al sujeto sobre quien recae tal decisi�n le sea posible (sea imputable o inimputable), sustraerse de tal decisi�n, la cual pesa sobre �l en forma ineludible, de all� se desprende n�tidamente el car�cter sancionatorio de las penas y medidas, que repetimos, se imponen por violaci�n dela ley penal.

Partiendo de los ya referidos conceptos sobre la responsabilidad penal y del car�cter judicial y sancionatorio de las penas y medidas de seguridad, sostenemos la inconstitucionalidad de los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, en cuanto establece un m�ximo de duraci�n indeterminada delas medidas de seguridad, por las siguientes razones.

1.- El orden jur�dico dentro de un estado de derecho apunta entre otros importantes aspectos al de la seguridad del individuo s�bdito del Estado, quien tiene derecho cualquiera que sea su condici�n social o personal a que se le definan en forma clara y precisa las conductas que le est�n prohibidas y las consecuencias que tales violaciones le acarrean.

La precisi�n de estas consecuencias conlleva en cumplimiento del principio dela seguridad jur�dica, a la especificaci�n de las formas de sanci�n y su duraci�n m�xima en el tiempo; esto es que sean determinadas o determinables.

2.- Precisamente la inconstitucionalidad de las normas que establecen la indeterminaci�n de las medidas de seguridad en su duraci�n se concreta fundamentalmente en que mediante ellas se entroniza contra el texto y el esp�ritu de la Constituci�n la inseguridad jur�dica, ya que el sujeto inimputable sometido a medida de seguridad como consecuencia de la violaci�n de la ley penal, no puede saber cuando finaliza su compromiso penal con el Estado, y lo que es peor, bien puede ocurrir que su sanci�n tenga car�cter irredimible, prolong�ndose hasta el fin de sus d�as en ins�lita aplicaci�n en nuestro derecho de la cadena perpetua.

3.- La inseguridad jur�dica que se genera a partir de la indeterminaci�n temporal de las medidas de seguridad, ampl�a en forma riesgosa los poderes del juez de derecho sobre la libertad de las personas, ya que este funcionario queda solo sometido a criterios eminentemente personales y subjetivos, de valoraci�n en torno a la curaci�n o rehabilitaci�n del sujeto, sin l�mite alguno en el tiempo. Sin que pueda descartarse adem�s el riesgo de la manipulaci�n pol�tica como forma de tratamiento a los disidentes de tan triste recordaci�n en otros pa�ses.

4.- Por el contrario, la otra sanci�n en materia criminal, esto es la pena, si tiene con sujeci�n a los postulados constitucionales determinaci�n en el tiempo. Quiere ello decir que en nuestro sistema jur�dico la persona imputable sometida a pena sabe por definici�n legal que la cantidad de pena que le corresponde por la realizaci�n de un hecho punible no podr� ser nunca superior a la prevista en la penal y lo que colma la seguridad jur�dica de ese sujeto a diferencia del inimputable, es que en el momento de la sentencia se le debe se�alar la cantidad exacta de pena por pagar, al t�rmino de la cual debe ser puesto en libertad por haber finalizado su compromiso penal as� no se haya rehabilitado o resocializado seg�n los propios t�rminos dela ley que se�ala estos fines como propios de la pena (12).

Por otra parte, la determinaci�n del m�ximo de la pena, no impide qu� diagn�sticos sobre la personalidad del sujeto y pron�sticos sobre su comportamiento futuro aconsejen la aplicaci�n del subrogado de la libertad condicional lo cual implica la disminuci�n real de la duraci�n de la pena sin que ello lesione el concepto de la determinaci�n como expresi�n de seguridad jur�dica que garantiza para el individuo la certeza del tiempo m�ximo de su sanci�n.

5.- El inimputable sometido a la medida de seguridad por causa de la indeterminaci�n de �stas ignora cu�l ser� su situaci�n con el paso del tiempo, su suerte con relaci�n a su libertad depende tan solo del criterio del juez gobernado por valoraciones personales de curaci�n y readaptaci�n sin limitaci�n temporal alguna, siendo esto la m�xima expresi�n de inseguridad jur�dica.

6.- Adem�s de ser los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal violatorios del art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional por clara contradicci�n con el principio de legalidad, violan adem�s otras garant�as individuales reconocidas en la carta y en las convenciones y pactos internacionales, tales como los principios de igualdad, de proporcionalidad, de racionalidad y el postulado universal de la dignidad humana que rige como regla superior al ordenamiento jur�dico positivo "aun cuando no est� consignado expresamente en un texto legal" como lo reconoci� esta Corporaci�n en sentencia de 22 de mayo de 1985 y como igualmente lo viene aseverando la Corte desde hace m�s de cuatro lustros, la protecci�n y garant�a de los derechos de la persona humana, constituyen funci�n esencial de los gobernantes.

Este m�ximo valor del hombre reconocido en el T�tulo 3o. de la Constituci�n Nacional que regula las garant�as sociales, pol�ticas y civiles e impone a las autoridades de la Rep�blica el deber de su respeto integral al igual que los dem�s principios rese�ados tambi�n se encuentran consagrados en la Ley 74 de 1968 aprobatoria del pacto de derechos civiles y pol�ticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1966 y en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que forma parte de nuestra legislaci�n interna de conformidad con la Ley 16 de 1982 y �ltimamente en el Nuevo C�digo de Procedimiento Penal, cuando en el art�culo 2oL0016_82#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. dispone que "toda persona a quien se atribuye un hecho punible, tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente a un ser humano".

Adem�s recu�rdese que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su comisi�n encargada de estudiar los sistemas penales de Am�rica Latina con la participaci�n entre otros de los insignes maestros colombianos Alfonso Reyes Echand�a y Luis Enrique Aldana rozo expres�:"Desde el punto de vista de los derechos humanos lo que no puede tolerarse es que la privaci�n de la libertad de una persona, sea el t�tulo que fuere, se prolongue en forma indeterminada, sobre la base de criterios antojadizos e inciertos y en forma completamente desproporcionada con la magnitud del hecho cometido, sea cual fuere el recurso que se emplee para racionalizar esas violaciones". Consecuente con esta motivaci�n esa omisi�n recomend� "considerar violatoria de derechos humanos y, por ende, ilegal de prolongaci�n de cualquier consecuencia jur�dica del hecho punible privativa de derechos que no guarda relaci�n racional con la magnitud del hecho punible cometido y de su culpabilidad, que no tenga t�rmino cierto o que no lo establezca sobre la base de un presupuesto claramente definible, sea cual fuere el argumento con que se pretenda racionalizar su imposici�n".

7.- Con la m�s viva preocupaci�n por aquellos colombianos que sufren las dolorosas consecuencias de la inseguridad jur�dica generada por la indeterminaci�n de la duraci�n de las medidas de seguridad dejamos as� explicado nuestro respetuoso disenso con la decisi�n mayoritaria.