Sentencia 1790 de 1988

300Corte SupremaCorte Suprema300300179531790Jaime San�n Greiffenstein198814/07/19881790_Jaime San�n Greiffenstein_1988_14/07/198830017953&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 74. REFERENCIA: Expediente n�mero 1790. 1988

Jos� Libardo L�pez MontesDemanda de inexequibilidad contra el articulo 362 parcialmente del Decreto n�mero 100 de 1980 "Alzamiento de Bienes".Identificadores30030017954true92103Versi�n original30017954Identificadores

Norma demandada: �Demanda de inexequibilidad contra el articulo 362 parcialmente del Decreto n�mero 100 de 1980 "Alzamiento de Bienes".

Demanda de inexequibilidad contra el articulo 362C_PENAL#362* parcialmente del Decreto n�mero 100 de 1980 "Alzamiento de Bienes".

FECHA: Bogot�. D. E., julio catorce (14) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

El ciudadano Jos� Libardo L�pez Montes, en ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el articulo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, pide a la Corte Suprema de Justicia que declare inexequible la expresi�n "no siendo comerciante" del art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980.

Admitida la demanda se corri� traslado al Procurador General de la Naci�n, qui�n rindi� el concepto fiscal en debida oportunidad. En consecuencia procede esta corporaci�n a adoptar la decisi�n correspondiente.

El tenor literal del art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal es el que sigue, subray�ndose la parte acusada:

"Articulo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Alzamiento de bienes. El que no siendo comerciante alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrir� en prisi�n de seis (6) meses a tres (3) a�os y multa de mil a cien mil pesos".

Considera el actor que el aparte acusado del articulo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 viola los c�nones 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 17CONS_P86#17*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 22CONS_P86#22*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 25CONS_P86#25*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 39CONS_P86#39*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 45CONS_P86#45*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 46CONS_P86#46*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta Pol�tica por romper el principio de igualdad ante la ley", ya que a la persona que no es comerciante le cae todo el rigor de la justicia penal, mientras que con relaci�n al comerciante, por el solo hecho de serlo "deja de existir siquiera la posibilidad de un proceso penal, que por la misma conducta, a su vecino no comerciante le cost� tres (3) a�os de prisi�n".

Agrega adem�s el demandante que el tipo penal consagrado en el art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF "despenaliza maniobras de los comerciantes, encaminadas a perjudicar a los acreedores, que quedan desprotegidos, de la clara intenci�n de sus deudores comerciantes, al poner a salvo los bienes para no pagar, buscando una insolvencia procurada ma�osamente con el prop�sito de perjudicar a quienes no siendo comerciantes esperan que quien ostenta esa condici�n, responda con sus bienes, por las obligaciones contra�das".

Para concluir expresa el actor que "la norma acusada por ser demasiado amplia, pretendiendo proteger a los comerciantes, les est� causando da�o, haci�ndoles aparecer como un sector no confiable para quienes no son comerciantes; amplitud normativa que rebasa los l�mites de proporcionalidad, consagrando una noci�n falsa sobre la igualdad ante la ley".

El Procurador General en Oficio n�mero 1310 de marzo 22 de 1988 emite el concepto de rigor, el que concluye solicitando a esta corporaci�n que declare exequible la expresi�n demandada del articulo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, con fundamento en las siguientes razones:

Que "el legislador extraordinario, dentro de la autonom�a que tiene para disponer las materias que considere propias de cada estatuto, incluy� en el C�digo de Comercio.. art�culos 1993C_COMERC#1993*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF a 2002C_COMERC#2002*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, el R�gimen Penal de la quiebra", sacando tales hechos punibles del cat�logo general, C�digo Penal, para someterlos a una reglamentaci�n y penalizaci�n especial, d�ndoles una represi�n apropiada y diferente, entreg�ndole su juzgamiento a los jueces civiles del circuito, art�culo 2003C_COMERC#2003*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF ibidem.

Que el art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal es el mismo 1993C_COMERC#1993*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo de Comercio, el primero aplicable a los no comerciantes y el segundo a los comerciantes a los cuales se les impone una sanci�n mayor "entendible por la actividad que desarrollan".

Y para finalizar expresa la vista fiscal quede acuerdo con la sentencia de 23 de mayo de 1973, la cual transcribe, el legislador extraordinario "no rompi� el principio de igualdad de las personas ante la ley, ya que lo buscado era codificar en un solo estatuto, las conductas comerciales y sus afines, sac�ndolas del cat�logo general de conductas antijur�dicas, tipificadas en cl C�digo Penal y pasarlas al comercial para lo cual estaba facultado".

La Corte es competente para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad, de conformidad con lo estatuido en el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, por cuanto el Decreto n�mero 100 de 1980, del cual forma parte la disposici�n impugnada, fue expedido por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley 5 de 1979.

El Decreto n�mero 100 de 1980, como lo ha afirmado en varias oportunidades esta corporaci�n (sentencias de 2 de junio, julio 3, julio 10, agosto 4 todas de 1981) fue expedido antes de vencerse el t�rmino de las facultades y en consecuencia no hay tacha constitucional por este aspecto.

El �nico cargo de inconstitucionalidad que hace el actor al aparte acusado del art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, es que viola el principio de igualdad ante la ley, por cuanto la norma se refiere exclusivamente a los no comerciantes, mas no a los comerciantes, quienes quedan sin la posibilidad de que se les adelante un proceso penal por la misma conducta, lo que resulta "injusto, inequitativo, desproporcionado y desajustado de la realidad y violatorio de las normas indicadas de la Constituci�n, por romper el principio de igualdad ante la ley".

En primer lugar debe se�alarse que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, corresponde al legislador, ya sea ordinario o extraordinario debidamente facultado para el efecto, definir cu�les conductas son delictivas y fijarles su sanci�n, pues como lo sostuvo esta corporaci�n "la Constituci�n no ha determinado cu�les acciones u omisiones debe el Congreso prohibir y sancionar por medio de leyes, del tal manera que en esta materia obra con libertad el legislador salvo espec�ficas prohibiciones" (sentencia de 9 de marzo de 1971).

Ahora bien, el legislador dentro de esa autonom�a puede sancionar comportamientos humanos de acci�n u omisi�n que considere nocivos o que causan da�o a la sociedad, realizados por determinadas personas, teniendo en cuenta su investidura o la funci�n que cumplen en la sociedad. Y es as� como se encuentran normas jur�dicas que consagran hechos punibles, aplicables exclusivamente a los funcionarios p�blicos, a los militares, a los comerciantes, etc.

En el C�digo Penal -Decreto n�mero 100 de 1980- se consagran la mayor�a de las conductas punibles y su respectiva sanci�n, para la generalidad de las personas. Sin embargo, esto no obsta para que dentro de otros ordenamientos tambi�n se describan conductas delictivas con la correspondiente pena, sin que ello implique contrariedad con norma constitucional alguna, por cuanto el constituyente no se�al� qu� materias debe contener cada estatuto, dejando esta labor al legislador, que es el encargado de expedir los c�digos en donde se re�nen las normas jur�dicas que regulan determinada actividad y sus materias afines.

El C�digo de Comercio, por ejemplo, que es el estatuto que regula la actividad de los comerciantes y todo lo relacionado con los actos mercantiles, contiene algunas normas penales en sus art�culos 1993C_COMERC#1993*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y siguientes, aplicables exclusivamente a los comerciantes. Estas disposiciones fueron demandadas ante la Corte, la cual las encontr� exequibles con los siguientes argumentos:

"El C�digo de Comercio es un estatuto que no se limita a las relaciones privadas de las personas sino que regula aspectos fundamentales del orden econ�mico de la sociedad en el cual est�n comprometidos el bienestar general y la confianza de los asociados. Por eso se establecen sanciones penales para los casos de quiebra, de administraci�n dolosa de sociedades, de balances fraudulentos, de giro de cheques sin provisi�n de fondos, etc.

4a. Adem�s, la inclusi�n de normas penales en un C�digo de Comercio no implica quebrantamiento de c�nones constitucionales, puesto que en la Constituci�n no se han parcelado o deslindado los asuntos propios de cada c�digo; en cambio el legislador tiene autonom�a para disponer de las materias que considere propias de cada estatuto. Por consiguiente, si en el C�digo de Comercio se prev�n algunas infracciones de orden legal de los negocios, sac�ndolas del cat�logo general de conductas antijur�dicas tipificadas en el C�digo Penal, para someterlas a sanciones especiales que aseguren una represi�n m�s apropiada y eficaz, no se atenta contra el orden constitucional.

5a. Finalmente, la tendencia de incluir normas penales en las leyes comerciales no se opone a los principios constitucionales, ya que el orden jur�dico tiene una necesaria unidad derivada de la armon�a de fines que debe proponerse el Estado en ejercicio de la funci�n legislativa que consulta �nicamente la justicia y e! bien com�n..-" (sentencia de 7 de julio de 1977).

En lo que toca con la norma acusada, se advierte que en el C�digo Penal de 1936 se consagraba en el articulo 421XXXX#421*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF mandato similar al ahora impugnado y en los art�culos 419XXXX#419*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 420XXXX#420*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 422XXXX#422*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF se describ�an conductas punibles aplicables a los comerciantes. En el actual C�digo Penal -Decreto n�mero 100 de 1980-, se incluy� en el art�culo 362XXXX#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF la misma disposici�n del articulo 421XXXX#421*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF con una peque�a modificaci�n respecto a la pena y desaparecieron de tal ordenamiento las conductas punibles antes citadas que se refer�an a comportamientos realizados por comerciantes, las cuales se trasladaron al C�digo de Comercio, art�culos 1993 y siguientes, como se vio, por contener este estatuto todas las disposiciones que regulan la actividad de los comerciantes.

El art�culo 1993C_COMERC#1993*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo de Comercio -Decreto n�mero 410 de 1971- prescribe:

"Estar� sujeto a la pena de tres a seis a�os de prisi�n el comerciante declarado en quiebra que dentro de los dos a�os anteriores a tal declaraci�n o despu�s de ella, haya realizado uno cualquiera de los siguientes hechos:

3o.- Desistir de una pretensi�n patrimonial cierta, renunciarla o transigir sobre ella, sin justa causa y sin perjuicio de sus acreedores".

Por su parte, el articulo 1994C_COMERC#1994*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF ibidem estatuye:

"En la misma pena establecida en el art�culo precedente incurrir� el comerciante declarado en quiebra que, dentro de los dos a�os anteriores a tal declaraci�n o despu�s de ella, haya destruido total o parcialmente sus bienes".

Ante la existencia de las transcritas disposiciones aplicables a los comerciantes, no encuentra la Corte la alegada discriminaci�n o desigualdad ante la ley que aduce el actor. Adem�s, cabe anotar que el principio de igualdad ante la ley, tiene por fin que no se creen privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, es decir, que debe haber igual tratamiento en situaciones iguales.

As� las cosas, en el caso que se examina podr�a existir desigualdad si se establecieran sanciones solamente para unos no comerciantes y para otros no, pues siendo no comerciantes deben tener y tienen la misma pena.

Valga traer a colaci�n lo afirmado en la sentencia de 30 de marzo de 1978 al respecto:

"La Corte debe observar que la igualdad deque aqu� se trata es la igualdad ante la ley, no la igualdad de hecho. Es decir, que la ley debe ser la misma para todos sin distinci�n de ninguna naturaleza, refl�rase a derechos u obligaciones. Es la igualdad jur�dica, que otorga iguales facultades e impone deberes, y da igual protecci�n a unos y a otros. Esto es, se repite una igualdad de derechos y no de medios.

Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jur�dico, atomizado en m�ltiples estatutos, particulares, o sea, es un sistema de estatutos privados privilegiados" (Magistrado ponente: doctor Luis Carlos S�chica).

La Corte, finalmente, considera, y enfatiza que este delito no se tipifica meramente porque quede una obligaci�n civil impagada o no existan en el patrimonio del deudor, que es prenda general de sus acreedores, suficientes bienes para ser garant�a capaz de sus obligaciones, puesto que es indispensable que exista alg�n tipo de fraude en perjuicio de estos tal como se desprende de las voces mismas del art�culo acusado, especialmente de su expresi�n "cualquier otro fraude", y como es necesario que acontezca para dejar a salvo la terminante prohibici�n del inciso 2o. del articulo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional conforme al cual "en ning�n caso podr� haber detenci�n, prisi�n ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles".

En raz�n de lo anterior, el aparte acusado del art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, no infringe los c�nones constitucionales citados por el demandante, ni ning�n otro del Estatuto Superior.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -en Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

DECLARAR EXEQUIBLE la expresi�n ".. no siendo comerciante.." del art�culo 362C_PENAL#362*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal -Decreto n�mero 100 de 1980.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.