300Corte SupremaCorte Suprema300300176281315Ricardo Medina Moyano198527/08/19851315_Ricardo Medina Moyano_1985_27/08/198530017628DIRECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA. INHIBICIÓN PARCIAL POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. COSA JUZGADA, PARCIALMENTE Declara inexequible parcialmente el artículo 4 o y el artículo 5 o , y exequi­bles las demás normas demandadas, del Decreto 2324 de 1984. En cuanto al Decreto 2349 de 1971, remite a sentencia del 22 de agosto de 1985. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 66. Referencia: Proceso número 1315. 1985
Luis Serrano EscallónNormas acusadas: Decretos-ley números 2349 de 1971, 2324 de 1984, sobre la Dirección Marítima y Portuaria.Identificadores30030017629true91769Versión original30017629Identificadores

Norma demandada:  Normas acusadas: Decretos-ley números 2349 de 1971, 2324 de 1984, sobre la Dirección Marítima y Portuaria.


DIRECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA. INHIBICIÓN PARCIAL POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. COSA JUZGADA, PARCIALMENTE

Declara inexequible parcialmente el artículo 4o y el artículo 5o, y exequi­bles las demás normas demandadas, del Decreto 2324 de 1984.

En cuanto al Decreto 2349 de 1971, remite a sentencia del 22 de agosto de 1985.

Corte Suprema de Justicia Sala

Plena

Sentencia número 66.

Referencia: Proceso número 1315.

Normas acusadas: Decretos-ley números 2349 de 1971, 2324 de 1984, sobre la Dirección Marítima y Portuaria.

Actor: Luis Serrano Escallón.

Magistrado ponente: doctor Ricardo Medina Moyano.

Aprobada según Acta número 42 de 27 de agosto de 1985.

Bogotá, D. E., agosto veintisiete (27) de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

I. LA DEMANDA

Luis Serrano Escallón con Tarjeta Profesional de Abogado, cu su condición de ciudadano y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución, solicita a la Corte decida "definitivamente sobre la inexequibilidad'"de una larga serie de artículos de los Decretos 2349 de 1971 y 2324 de 1984 por los cuales se organiza y se reorganiza respectivamente la Dirección Marítima y Portuaria.

Admitida la demanda en su oportunidad por reunir los requisitos de forma, y obtenido ahora el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a la Corte, tomar la decisión respectiva.

II. LAS NORMAS DEMANDADAS

Comprendidos los acápites correspondientes, la transcripción literal de las normas acusadas es como sigue:

«DECRETO NUMERO 2349 DE 1971

(diciembre 3)

"Por el cual se crea la Dirección General Marítima y Portuaria v se dictan otras disposiciones".

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 7ª de 1971,

DECRETA:

…….

3o. Dirigir, regular y fomentar el desarrollo de la marina mercante colombiana,garantizar su adecuada y equitativa participación en la distribución de la carga de importación y exportación del país, y fijar la dotación mínima de seguridad de las naves y su gente de mar.

4o. Orientar, reglamentar e inspeccionar el transporte marítimo-internacional y de cabotaje.

……….

10. Regular y controlar la adquisición y construcción de naves, la distribución de tráficos y líneas entre los armadores colombianos y las actividades e inversiones del transporte marítimo, evitando el derroche económico de esfuerzos por paralelismo u
otro fenómeno.

11. Determinar si un tráfico específico está suficientemente servido en forma eficaz, regular y continua, para lo cual exigirá al armador interesado el estudio correspondiente con las estadísticas demostrativas de los volúmenes y fines de carga que se muevan en dicho tráfico, lista de las empresas establecidas, capacidad y frecuencia de éstas y el servicio que el armador tiene establecido o se propone establecer, con especificación del número, tipo de naves y tonelaje de peso muerto decada una.

12. Autorizar a los armadores colombianos para tomar en arrendamiento o fletamento temporalmente naves de bandera colombiana y extranjera.

13. Aprobar o improbar los acuerdos de fletes celebrados por los armadores colombianos y las asociaciones y acuerdos de transporte, con fundamento en la igualdad o reciprocidad de tratamiento para los armadores colombianos y con miras a la racionalización económica y operativa de sus tráficos.

……….

15. Calificar a los armadores nacionales y extranjeros que presten servicio de transporte marítimo público o privado.

16. Fomentar la organización de empresas colombianas de astilleros y supervi­sar su funcionamiento para garantizar la calidad y seguridad de las naves que se construyan.

……….

19. Recibir y tramitar las solicitudes presentadas por armadores colombianos para la aplicación de las normas legales sobre reserva de carga.

20. Comunicar a los organismos de comercio exterior la lista de las empresas de servicio público de transporte marítimo y los acuerdos celebrados entre armadores colombianos y extranjeros, aprobados por la Dirección General, para efectos de la aplicación de las normas sobre reserva de carga.

………

Artículo 4º. Son funciones del Director General:

………..

5o. Dictar resoluciones para:

a) Aprobar los acuerdos de fletes celebrados por los armadores colombianos.

……..

c) Autorizar la operación de astilleros y actividades de construcción naval;

……….

e) Autorizar la compra y venta de naves que enarbolan el pabellón nacional colombiano;

f) Autorizar el servicio de líneas marítimas de o hacia los puertos colombianos y distribuir o fijar las rutas o líneas que están sirviendo o proyecten servir los armadores colombianos;

g) Autorizar a los armadores colombianos el arrendamiento o fletamento de naves de bandera colombiana o extranjera;

h) Autorizar el transporte de cabotaje.

……….

Artículo 75. Para los efectos de la aplicación de las normas contenidas en elpresente decreto, se entiende por armador colombiano la persona natural o jurídica que explota naves de bandera colombiana. Y por nave de bandera colombiana la que reúne los requisitos señalados en el Código de Comercio, Libro V, Primera Parte.

Artículo 76. Para los efectos de calificación de que trata el artículo 3º, numeral 15 del presente decreto, se entiende por naves cargueras de servicio público aquéllas destinadas al transporte por mar de mercaderías de cualquier embarcador o usuario que desee ocupar sus bodegas, que sirven el tráfico de importación y exportación del país en forma regular, eficaz y continua y cuyos itinerarios se publican periódica­mente.

Artículo 77. Para determinar si un tráfico está servido en la forma prevista en el artículo anterior, la Dirección General Marítima y Portuaria exigirá al armador la presentación de un estudio que comprenda:

1º. Estadísticas demostrativas de los volúmenes y tipos de carga que se mueven en el tráfico correspondiente, si éste está servido.

2o. Armadores, número de ruñes y características del servicio que aquéllos en el mismo tráfico.

3o. Servicio prestado o que se propone prestar el armador con especificación del número y tipo de naves y tonelaje de peso muerto.

Artículo 78. Para los efectos de la aprobación de los acuerdos de fletes de que trata el artículo 3º, numeral 13 del presente decreto, el armador colombiano interesado deberá acreditar ante la Dirección General Marítima y Portuaria:

1º. Que el servicio que presta o que se propone prestar es un servicio público de transporte marítimo.

2o. Que los acuerdos que ha celebrado con empresas marítimas extranjeras garantizan la participación real y efectiva del armador colombiano en el tráfico correspondiente.

3o. Que se trata de un acuerdo de fletes que garantiza la racionalización del servicio y la consiguiente reducción de costos para el armador colombiano.

4o. Que el armador colombiano pone a disposición del tráfico la capacidad de bodega indispensable para el transporte de su cuota.

5o. Que en los países a los cuales pertenecen los armadores extranjeros que pretende asociar, se dé a los buques de bandera colombiana igual tratamiento que a los propios.

Parágrafo. El solo hecho de pertenecer a una conferencia marítima no implica que los armadores miembros de ella sean asociados a la bandera colombiana. En casos especiales, debidamente comprobados, la Dirección General Marítima y Portuaria podrá autorizar la asociación por un término prudencial no mayor de seis (6) meses, mientras se perfecciona el acuerdo de fletes.

Artículo 79. Los acuerdos ya suscritos por armadores colombianos, se somete­rán a la aprobación de la Dirección General Marítima y Portuaria de conformidad con los requisitos exigidos en el presente decreto.

Artículo 80. Cuando no se trate de acuerdo de fletes celebrado dentro del marco de una conferencia marítima, las posibilidades de asociación de un armador extranje­ro, serán limitadas por el tonelaje de propiedad del armador colombiano y de aquél a su servicio por cada bandera asociada. Se entiende que los armadores de las banderas asociadas, podrán tener a su servicio naves de su propia bandera y de tercera bandera.

Artículo 81. Los armadores latinoamericanos inscritos en la Asociación Latinoamericana de Armadores (Alamar) podrán participar en el transporte de la carga reservada en igualdad de condiciones con la bandera nacional, siempre que en el país respectivo se otorgue igual o equivalente trato a las naves colombianas.

Compete a la Dirección General Marítima y Portuaria, determinar si estas condiciones se cumplen.

Artículo 82. Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo 3º, numeral 12 del presente decreto, el armador colombiano interesado deberá acreditar ante la Dirección General Marítima y Portuaria alguno de los siguientes requisitos:

1º. Que el arrendamiento tenga por objeto reemplazar naves que naufragaron.

2º Que el arrendamiento tenga por objeto reemplazar naves que deban ser sometidas a reparaciones o transformaciones.

Si la nave que naufragó va a ser reemplazada por otra que se mandará a construir el plazo durante el cual el armador colombiano podrá tomar otra nave en arrendamiento será el que fije el contrato de construcción; si va a ser reemplazada por otra que se adquirirá en el mercado de las naves construidas, el plazo no será mayor del necesario para perfeccionar la negociación en todo caso, no excederá de cuatro (4) meses. En los casos de reparación o transformación, el plazo será el necesaria paracualquiera de dichas operacionessinexceder de tres meses.

Artículo 83. Además de los casos previstos en el artículo anterior, todo armador colombiano podrá mantener en arrendamiento o fletamento permanente tonelaje

así:

1º. Hasta el 100% del tonelaje de peso muerto de su propiedad si las naves arrendadas o fletadas son también de bandera nacional.

2º. Hasta el 50% del tonelaje de peso muerto de su propiedad si las naves arrendadas o fletadas son de bandera extranjera,

Podrá el armador colombiano tener suficientemente naves, de bandera colombiana y naves de bandera extranjera en arrendamiento, pero en ningún caso el tonelaje de peso muerte representado por estas últimas excederá el 50% del tonelajede peso muerto de propiedad del armador.

Parágrafo 1º. Para los efectos de la reserva de carga los buques arrendados o fletados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, recibirán el tratamiento de naves de bandera colombiana.

Parágrafo 2º. El porcentaje de que trata el presente artículo sobre naves de bandera extranjera en arrendamiento o fletamento, podrá aumentarse cuando a juicio de la Dirección General Marítima y Portuaria, y previos estudios especiales se considere que es de conveniencia para el incremento de la Marina Mercante Colombiana.

Artículo 84. La Dirección General Marítima y Portuaria verificará de oficio o a petición de parte, que se están cumpliendo las normas establecidas en el artículo anterior y tomará las medidas restrictivas que corresponden a su cumplimiento.

Artículo 85. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3º numerales 39 y 20 del presente decreto, se seguirá el siguiente procedimiento:

1º. El armador colombiano interesado debe presentar a la Dirección General Marítima y Portuaria una solicitud formal.

2º. Acreditar el carácter de servicio público del transporte marítimo que está prestando o se propone prestar.

3o. Presentar a la Dirección General Marítima y Portuaria sus itinerarios y continuar remitiéndolos mensualmente.

4o. Cumplir, si es el caso, los requisitos relacionados con naves de bandera extranjera al servicio de los armadores colombianos.

5o. Si el solicitante desea pedir aprobación para asociar armadores extranjeros, deberá acompañar copia autentica de los acuerdos correspondientes y acreditar las condiciones señaladas en el presente decreto. Si se trata de asociar armadores latinoamericanos, deberán acreditarse también las condiciones exigidas en el artículo 81 del presente decreto.

6o. Especificar para cuál o cuáles de los tráficos solicita el armador colombiano la aplicación de la reserva de carga. Antes de otorgar la autorización respectiva, la Dirección General Marítima Portuaria deberá estudiar si los citados tráficos están suficientemente servidos por otro armador colombiano, y si así fuere podrá ordenar al peticionario que se abstenga de servir el mismo tráfico y no recomendará la aplicación de la Ley de Reserva de Carga si se llegare a precisar que hay perjuicio para los intereses nacionales con el establecimiento de un doble servicio.

7o. Una vez que el peticionario allegue toda la documentación requerida, la Dirección General Marítima y Portuaria comunicará por medio de avisos públicos a costa del interesado, la índole de la solicitud que está sometida al estudio con el fin de­que, si hubiere oposición, ésta pueda presentarse por quien se sienta afectado en sus intereses.

8o. La Dirección General Marítima y Portuaria decidirá, previa audiencia con las partes y en consulta con los organismos de comercio exterior, la conveniencia de la aplicación de la reserva de carga en aquellos tráficos en los cuales se ha solicitado, o si ésta se va a aplicar sólo para beneficio de determinados armadores colombianos. En todo caso, la Dirección General Marítima y Portuaria buscará y procurará la raciona­lización de los tráficos para impedir la dispersión de esfuerzos a través de competen­cias entre armadores colombianos.

Parágrafo. Cuando se determine el incumplimiento de la ley sobre reserva de carga, se impondrá al beneficiario, importador o exportador, multas cuyo monto puede ser igual a una vez el importe pagado por fletes en el tráfico correspondiente, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno.

Artículo 86. Concluido el procedimiento, la Dirección General Marítima y Portuaria dictará la respectiva resolución por la cual reconocerá:

1o. El carácter de armador colombiano que tiene el peticionario.

2o. Las naves de bandera colombiana que son de su propiedad.

3o. El carácter de servicio público de transporte marítimo que preste o se propone prestar, con especificación de los tráficos correspondientes.

4o. Los acuerdos de transporte con mención de los armadores extranjeros que puedan considerarse asociados al armador colombiano.

5o. Determinación de los tráficos a los cuales debe aplicarse la reserva de carga.

Esta resolución se comunicará a los organismos de comercio exterior para los efectos del control que a ellos corresponde.

……."

«DECRETO NUMERO 2324 DE 1984

(septiembre 18)

''Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria".

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 19 de 1983,

DECRETA:

…….

Artículo 4º. Objeto. La Dirección General Marítima y Portuaria es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la regulación, dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala este decreto y los reglamentos que se expidan para su cumplimiento y la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país.

Artículo 5º. Funciones y atribuciones. La Dirección General Marítima y Por­tuaria tiene las siguientes funciones:

………

2o. Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar.

………..

25. Fijar las tarifas por concepto de prestación de servicios conexos y complementarios con las actividades marítimas.

……….

Artículo 103. Registro de empresas. Las personas naturales o jurídicas dedica­das a la construcción, modificación, reparación, desguace, salvamento y rescate de naves o artefactos navales para poder realizar los trabajos de su especialidad, debenobtener el permiso de la autoridad marítima y estar inscritas en el registro que se llevará para tal fin.

Parágrafo. La reglamentación determinará la forma de llevar dicho registro y los requisitos que deban cumplir para su inscripción en el mismo.

Artículo 104. Exigencias técnicas y administrativas. La reglamentación de acuerdo con el tonelaje, la naturaleza, la finalidad de los servicios y la navegación a efectuarse, establecerá las exigencias técnicas y administrativas a que se han de ajustar la construcción, modificación o reparación de naves o artefactos navales.

Artículo 105. Construcciones y reparaciones en el extranjero. Las naves o artefactos navales construidos o que se construyan en el extranjero y los buques colombianos que se reparen o modifiquen fuera del país, deberán responder a las exigencias técnicas establecidas en la reglamentación, para ser inscritas en el Registro nacional de naves. Para autorizar la compra o reparación de naves en el exterior, setendrá en cuenta la disponibilidad de este servicio en Colombia y los costos correspon­dientes.

Artículo 106. Facultades de la autoridad marítima. La autoridad, marítima ejercerse (sic), en jurisdicción colombiana, la vigilancia técnica sobre construcción, modificación o reparación de naves o artefactos navales.

Artículo 107. Inobservancia de las exigencias. En caso de inobservancia de las exigencias técnicas de seguridad o administración referentes a la construcción, modificación o reparación de naves o artefactos navales, la Dirección General Marítima y Portuaria puede disponer la paralización de los trabajos o la prohibición de navegar, según corresponda.

Artículo 108. Desguace de naves o artefactos navales. El desguace de una nave o artefacto naval será autorizado por la Autoridad Marítima, la que determinará las condiciones y plazo para los trabajos.

Parágrafo. El desguace no se autorizará cuando afecte intereses de acreedores del propietario o armador del buque o artefacto naval, debidamente demostrados.

Artículo 109. Paralización de los trabajos. La fiscalización de los trabajos de desguace, es ejercida por la autoridad marítima, quien podrá ordenar su paralización cuando compruebe que no se ajusta a las especificaciones de su autorización o existan riesgos de contaminación.

……….

Artículo 141. Transporte de carga y pasajeros. El servicio de transporte maríti­mo se asignará y se prestará separadamente pata carga y pasajeros y extraordinariamente en forma conjunta, prevaleciendo las condiciones de seguridad y comodidad para los pasajeros.

Artículo 142. Transporte público y privado. Los servicios de transporte maríti­mo son públicos o privados. El servicio público se ofrecerá y prestará a cualquier usuario o consignatario de carga. En las autorizaciones para prestar servicio detransporte marítimo privado, la Dirección General Marítima y Portuaria, establecerá en cada caso las cargas que pueden ser transportadas y las condiciones del servicio.

Artículo 143. Transporte internacional y de cabotaje. Los servicios de transpor­te marítimo pueden ser internacionales o de cabotaje. Los servicios internacionales se prestan entre puertos extranjeros y puertos colombianos y los de cabotaje entre puertos colombianos.

Parágrafo. Cuando en desarrollo de una operación de transporte de cabotaje se efectúe cargue o descargue de mercancías o se embarque o desembarque pasajeros en un puerto extranjero, se considerará para todos los efectos como transporte interna­cional.

Artículo 144. Transporte de carga general. El servicio público de transporte marítimo para la carga general debe ser eficaz, regular y continuo, seguir rutas definidas, cumplir frecuencias e itinerarios preestablecidos y someter a la aprobaciónde la Dirección General Marítima y Portuaria las tarifas de fletes y sus variaciones, recargos o cualquier cuantía que altere el valor integral del transporte.

Parágrafo. Los itinerarios deben puhlicar.se por lo menos con un mes de anticipación.

Artículo 145. Transporte de carga al granel. El servicio público de transporte marítimo de carga al granel debe ser eficaz y continuo y en él se deben utilizar naves especializadas.

Artículo 146. Rutas y servicios. Las rutas y servicios asignados no constituyen derechos exclusivos del armador autorizado y pueden ser compartidos por otros armadores colombianos, cuando exista suficiente carga a movilizar o cuando se estime necesario para mejorar los servicios o para el desarrollo de la Marina Mercante Nacional.

Artículo 147. Convenios de transporte. Los armadores colombianos autoriza­dos para prestar servicio público de transporte marítimo internacional, podrán celebrar convenios de transporte marítimo entre sí o con armadores extranjeros dedicados a la misma especialidad dentro del transporte marítimo, por un término no mayor de dos (2)años, con el objeto de mejorar los servicios que tengan asignados.

Artículo 148. Reciprocidad de los convenios. Los convenios a que se refiere el artículo anterior deben someterse a la aprobación de la Dirección General Marítima y Portuaria, quien verificará y controlará que se pacten y desarrollen en condiciones de reciprocidad e igualdad de tratamiento y que los armadores colombianos movili­cen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de su cuota de carga en naves debandera colombiana.

Parágrafo 1º. Los convenios de Asociaciones no constituyen derechos exclusivos de transporte para los asociados y se respetará el derecho de participación de otros armadores colombianos, pero conferirá el beneficio de la reserva de carga a los asociados extranjeros siempre que este derecho se reconozca al armador colombiano.

Parágrafo 2º. Los armadores asociados podían utilizar buques de su propia bandera o de terceras banderas.

Artículo 149. Las conferencias marítimas no son asociación. El hecho de pertenecer a una Conferencia Marítima no implica que los armadores miembros de ella sean asociados a la bandera colombiana.

Artículo 150. Regulación del servicio. La Dirección General Marítima y Por­tuaria podrá en cualquier tiempo modificar o cancelar las rutas asignadas o los servicios concedidos, a solicitud del armador autorizado o de oficio si se determina que la ruta o el servicio no se ciñen a las condiciones establecidas en la autorización.

Artículo 151. Reserva de carga para cabotaje. El servicio de transporte marítimo de cabotaje se reserva a las naves de bandera colombiana. La Dirección General, Marítima y Portuaria podrá autorizar que este servicio se preste por nave extranjera, porviajesdeterminados, cuando no exista nave nacional en disponibilidad o encapacidad de prestar ese servicio, de acuerdo con las condiciones técnicas o de tiemporequeridas para el mismo.

Artículo 152. Rutas para cabotaje. Para los servicios públicos de transporte marítimo decabotaje se asignarán rutas, las cuales pueden ser compartidas por dos o más armadores de acuerdo con las necesidades.

Artículo 153. Informes. Todos los armadores colombianos y los armadores extranjeros asociados, tienen la obligación de rendir semestralmente a la Dirección General Marítima v Portuaria un informe sobre los servicios prestados, pasajeros o carga movilizados, naves fletadas o arrendadas utilizadas en ese lapso.

Artículo 154. Transporte multimodal. Los operadores de transporte multimodal deberán obtener licencia de la Dirección General Marítima y Portuaria para desarrollar sus actividades en lo correspondiente al transporte marítimo.

Artículo 155. Autorización. El fletamento o arrendamiento de naves se regirá por lo establecido en los Títulos X y XI del Libro quinto del Código de Comercio y por las disposiciones que lo complementen. Todos los fletamentos o arrendamientos seránautorizados por la Dirección General Marítima y Portuaria y sus contratos se registrarán ante la misma autoridad.

Artículo 156. Capacidad de fletamento. Todo armador colombiano que preste servicio público de transporte marítimo, podrá tomar en arrendamiento o fletamen­to naves de bandera colombiana en tonelaje equivalente a la totalidad del tonelaje de peso muerto de su propiedad en bandera colombiana que se encuentre en operación.

Igualmente el armador que preste servicio público de transporte internacional podrá fletar o arrendar naves de bandera extranjera en tonelaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) del tonelaje de peso muerto de su propiedad en bandera colombiana que se encuentre en operación.

Parágrafo. Estos fletamentos o arrendamientos sólo se autorizarán para naves del mismo tipo v especialidad de aquellas de bandera colombiana que tenga en operación el armador, en la ruta o servicio autorizados.

Artículo 157. Reserva de cartel para buques fletados o arrendados. Los buques fletados o arrendados con el cumplimiento de las disposiciones anteriores, obtienen el beneficio de la reserva de carga.

Artículo 158. Fletamento por sustitución. Por reparaciones mayores o pérdida accidental de naves de bandera colombiana, podía el armador fletar o arrendar naves hasta por un tonelaje igual al de la nave objeto de reparación o pérdida accidental por el tiempo que dure la reparación o reemplazo, sin exceder de cuatro (4) meses.

Si la nave objeto de la pérdida accidental va a ser reemplazada por otra que se ordene construir, el plazo para arrendamiento o fletamento será el que fije el contrato de construcción, sin que exceda de dos (2) años, siempre que este sea perfeccionado y registrado en la Dirección General Marítima y Portuaria dentro de los cuatro (4) meses siguientes al accidente.

Artículo 159. Fletamento o arrendamiento de naves pesqueras. Los armadores que sean empresas pesqueras nacionales, durante el término de quince (15) años constados a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto, podrán ser autorizados por la Dirección General Marítima y Portuaria para mantener en arrendamiento o fletamento naves pesqueras de bandera extranjera, sin limitación alguna.

Transcurrido el lapso indicado, todo armador colombiano, que sea empresa pesquera, deberá tener como mínimo el sesenta (60%) por ciento del tonelaje muerto de la totalidad de la flota representado en naves de bandera nacional. No podrá autorizarse la nacionalización de naves que hayan sido arrendadas o fletadas si de acuerdo con los criterios que establezca la Dirección, al momento de la nacionalización haya cumplido más de la mitad de su vida útil.

Parágrafo. Vencido el término previsto en este artículo, se podrá autorizar el arrendamiento o fieramente de naves pesqueras de bandera extranjera, por parte de empresas pesqueras nacionales, siempre que se conserve el sesenta por ciento (60%) de tonelaje de peso muerto de la totalidad de la flota en naves de bandera nacional.

Artículo 160. Procedimiento para otorgar rutas y servicios. Para la adjudicación de rutas de servicio público de transporte marítimo internacional de carga general el interesado hará la solicitud por escrito al Director General Marítimo y Portuario identificándose plenamente, determinando su domicilio, lugar donde recibirá notificaciones y acompañando los documentos que pretenda hacer valer, así como el poder correspondiente. Suministrará además la siguiente información:

a) Puertos entre los cuales prestará el servicio;

b) Frecuencias;

c) Buques de bandera colombiana que operaran en la ruta, determinando cuáles posee y el plan de adquisición de naves;

d) Tipo de cargas que pretende transportar;

e) Estudio de las cargas que se movilizan entre los puertos solicitados;

f) Manifestación con relación a la aplicación de la reserva de carga en la ruta pedida.

Recibida la documentación, la Dirección General Marítima y Portuaria me­diante auto que expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, ordenará la publicación de la solicitud de rufa a costa del interesado, por tres (3) oportunidades en periódico de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a la expedición del auto.

Cumplido el plazo anterior, se recibirán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes las oposiciones si las hubiere. Estas deberán presentarse por escrito y ser motivadas.

Si hubiere armadores opositores, el Director General Marítimo y Portuario convocará a audiencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, con participa­ción de los representantes legales o apoderados del solicitante y de los opositores, en la que se ampliarán los motivos de su oposición.

Cumplida la audiencia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el Director General Marítimo y Portuario expedirá la resolución motivada en la que decidirá sobre la petición y resolverá las oposiciones.

Parágrafo. Este mismo procedimiento se seguirá para las solicitudes de servicio público internacional para transporte de carga a granel, pero no se requiere acompañar a la solicitud, los puertos y frecuencias; e] estudio se referirá únicamente a los volúmenes de carga de importación y exportación que proyecta transportar.

Artículo 161. Condiciones de las autorizaciones. La Dirección General Maríti­ma y Portuaria para resolver la petición, tendrá en cuenta, con base en sus estadísticas oficiales, el servicio que se está prestando por otros armadores colombianos, la oferta de carga y la utilización de naves colombianas en la ruta o servicio solicitados, atendiendo al desarrollo de la Marina Mercante y a los beneficios para la economía nacional.

Si el solicitante no posee buque de bandera colombiana, en la resolución que adjudique la ruta o servicio se fijará plazo, no mayor de seis (6) meses para su adquisición, como requisito indispensable para empezar a servirlos. Cumplido este plazo, sin que se haya adquirido nave de bandera colombiana, la resolución quedará sin valor ni efecto.

Parágrafo 1° Las autorizaciones de ruta o servicio, tendrán un termino de dos (2) años, pudiendo ser prorrogado por lapsos similares a petición del interesado, siempre que el servicio se haya cumplido en las condiciones de la autorización.

Parágrafo 2º. En la resolución que autorice la ruta o servicio, la Dirección General Marítima y Portuaria decidirá el otorgamiento de la reserva de carga, prevista en el Decreto 994 de 1966.

Artículo 162. Aplicación de la reserva de carga. El derecho de reserva de carga consagrado en el Decreto 994 de 1966, se aplicará para carga general entre los puertos o sectores autorizados en las rutas.

Para la carga a granel, cuando se trate de diferentes embarques derivados de una o más licencias o registros de importación de un mismo usuario o consignatario de carga, el porcentaje libre podrá acumularse dentro del año calendario.

La Dirección General Marítima y Portuaria, para estos efectos llevará las estadísticas y emitirá las comunicaciones a las entidades correspondientes.

Artículo 163. Compromisos internacionales. La reserva de carga se aplicará sin perjuicio de los compromisos adquiridos o que adquiera el Gobierno Nacional con oíros Estados u Organismos de Crédito Internacional, en virtud de convenios de empréstito, ayuda mutua y asistencia técnica.

Artículo 164. Exoneración. La Dirección General Marítima y Portuaria podrá autorizar que la carga reservada de importación y exportación pueda ser transportada en buques de bandera extranjera cuando se determine, cualquiera de los siguientes eventos:

a) Que los armadores nacionales no están en capacidad de efectuar los transpor­tes en las condiciones técnicas y de oportunidad que requieran los usuarios;

b) Que las cargas a transportar sean para uso específico de la defensa nacional;

c) Que el valor de los fletes afecte desfavorablemente la economía nacional.

Parágrafo. Todo usuario debe solicitar por escrito el servicio de transporte que requiere y el armador está en la obligación de dar respuesta en la misma forma dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud, indicando fecha de embarque y condiciones de transporte. Si transcurrido este lapso el armador no se ha pronunciado, se entenderá que no está en capacidad de realizar el transporte.

Artículo 165. Transbordos. La Dirección General Marítima y Portuaria autorizará todos los transbordos de cargas que se proyecten realizar dentro de la servicios asignados a los armadores colombianos".

III. NORMS DE LA CONSTITUCIÓN QUE SE DICEN VIOLADAS

Afirma a este propósito el actor:

"Cito como violadas las siguientes disposiciones de la Carta Fundamental:

a) Por las normas acusadas del Decreto 2349 de 1971:

Ante todo y de manera sustancial las disposiciones acusadas violan el artículo 118 ordinal 8º de la Constitución, en conjunto con el 76 numeral 12 y además:

Artículo 11

Artículo 16

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 39

Artículo 44

Artículo 76 Numeral 20

Artículo 120 Ordinal 3º

Artículo 132;

b) Por las normas acusadas del Decido 2324 de 1984:

Fundamentalmente el artículo 118 Ordinal 8º de la Constitución, junto con el 76 numeral 12 y también los siguientes:

Artículo 11

Artículo 16

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 39

Artículo 44

Artículo 55

Artículo 57

Artículo 76 Numeral 20

Artículo 120 Ordinal 3º

Artículo 132".

IV. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

a) En primer termino el actor explica las razones que lo han movido a demandar simultáneamente disposiciones de dos Decretos diferentes, uno de ellos, el 2349 de 1971, expresamente derogado por el otro, esto es, por el 2324 de 1984, toda vez que a su juicio, este último "se nutrió de normas inconstitucionales provenientes" del primero de ellos. En tal orden de ideas explica el demandante el alcance de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al Ejecutivo para reorganizar la Administración, citando al respecto diversas sentencias de la Corporación.

Advierte igualmente que numerosas disposiciones del Decreto número 2324 de 1984 rebasan las facultades otorgadas por la Ley 39 de 1983, para concluir que:

"...La Ley 7ª de 1970 confirió facultades al Gobierno en iguales términos que la ley 19 de 1983, esto es, para reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional (art. 1º) de suerte que diversas funciones se transfirieron del Decreto 2349 de 1971 al Decreto 2324 adolecen del misino vicio, presentan el mismo pecado del exceso".

b) Explicado lo anterior, el actor (fl. 10 y ss.) da las razones por las cuales demanda los artículos a su juicio afectados de inconstitucionalidad del derogado Decreto 2349 de 1971.

c) Concluido el análisis del articulado anterior del Decreto derogado, el actor procede a realizar el estudio de los artículos acusados del Decreto 2324 de 1984 (fl. 60 y ss) lo cual hace a la luz de las normas de la Constitución que considera vulneradas, según la transcripción precedentemente realizada. Y como quiera que sobre la totalidad de las normas acusadas del Decreto 2324 ha recaído como se verá más adelante, decisión de la Corte, no encuentra ahora la Corporación, dada la determinación que habrá de tomarse en este proceso, que resulte necesario exponer las argumentaciones al respecto de la demanda.

Cabe señalar sin embargo, que el actor, como gran síntesis de su extenso alegato, termina afirmando que:

"Abundantemente hemos expuesto las muy distintas y numerosas violaciones en que incurren las disposiciones demandadas de los Decretos 2349 de 1971 y 2324 de 1984, las cuales, sin embargo, en su gran mayoría, pueden reducirse al quebranta­miento del artículo 118-8 en conjunto con el 76-12 de la Carta, pues se trata de inequívocos casos de extralimitación en el uso de las facultades otorgadas al Gobierno por las Leyes 1ª de 1970 y 19 de 1983, para el preciso fin de "reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional". Tales atribuciones concretas, cuyo alcance y contenido sólo pueden versar sobre materias meramente administrativas, tal como lo ha sostenido la honorable Corte en diversas Sentencias que se transcriben en el cuerpo de la demanda, fueron, no obstante, distorsionadas y empleadas con ostensible exceso, pues a través de ellas y sin autorización del legislador el Gobierno implantó distintos mecanismos de intervención en el campo de la Marina Mercante, en el del transporte marítimo y, en el caso del Decreto 2324 de 1984, en el mucho más amplio de las llamadas "actividades marítimas".

Con el mismo exceso el Gobierno introdujo mecanismos de limitación y recorte a los derechos de libertad de empresa, de iniciativa privada y de asociación; sentó las bases para el establecimiento de privilegios inconstitucionales, para el desconocimiento del principio de igualdad ante la Ley y para el cercenamiento de los atributos del derecho de propiedad, todo lo cual, al carecer la necesaria orden del legislador, configuró la extralimitación aludida y con ello el quebranto de los artículos 118-8 y 76-12 de la Constitución Nacional".

El actor acompañó a la demanda los ejemplares del "Diario Oficial" debidamente autenticados, en los cuales se promulgaron tanto las leyes de facultades extraordinarias, como los Decretos-leyes acusados, que se dictaron con base e aquéllas.

V. CONCEPTOS DE LA PROCURADURÍA

El día 3 del mes de junio del presente año, la Procuraduría General de la Nación emitió el concepto número 897 (fl. 154 y ss.) mediante el cual descorrió el traslado ordenado por la Constitución.

a) El Ministerio Público, comienza por analizar las normas acusadas del Decreto derogado número 2349 de 1971, pues estima que:

"Aunque la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia ha sido la de declararse inhibida para proferir decisión de mérito cuando se demandan normas derogadas, el Procurador General insiste en la tesis que ha expresado en anteriores oportunidades -y que comparten algunos de los honorables Magistrados- en elsentido de que esa Corporación debe dictar fallo de fondo en guarda de la integridadde la Constitución que le ha sido confiadasinlimitación alguna...".

Y consecuente por lo tanto con la tesis que ha sostenido habitualmente en materia de control constitucional de normas derogadas, el Ministerio Público solicita a la Corte pronunciamiento de mérito sobre la totalidad de las normas acusadas del Decreto número 2349 de 1971;

b) Seguidamente la Procuraduría procede al estudio de las normas demandadas del Decreto número 2324 de 1984 acerca de cuya constitucionalidad se pronuncia.


Sin embargo, como quiera que ya en el Proceso número 1306 se había pronunciado sobre dichas normas, concluye que (fl. 197):

"No obstante los pedimentos relacionados con las normas del Decreto 2324 de 1984, teniendo en cuenta que para la oportunidad del pronunciamiento que recaiga sobre la presente demanda, la Corte habría decidido lo concerniente a la tramitada en el expediente número l306 -que versó sobre el mismo Decreto- corresponde alDespacho solicitar, como en efecto lo hace, estar a lo resuelto en la sentencia que se profiera, en cuanto a las normas demandadas que son objeto de esta nueva impugna­ción".

En consecuencia, la Procuraduría (f. 193) hace los siguientes pronunciamientos-sobre las normas acusadas:

"A. Decreto 2349 de 1971,

1º. Mientras estuvieron vigentes fueron inexequibles:

a) Los numerales 3 y 10 del artículo 3º en los fragmentos que, respectivamente, dicen:

"…..fomentar el desarrollo.

…y las actividades e inversiones del transporte marítimo, evitando el derroche económico de esfuerzos por paralelismo u otro fenómeno";

b) El numeral 12 del artículo 3º.

c) El numeral 16 del mismo artículo en cuanto incluye la facultad de "fomentar" la organización de las empresas colombianas de astilleros;

d) El literal g) del numeral 5º del artículo 4º;

e) El parágrafo del artículo 78, en la parte que dice: "...En casos especiales debidamente comprobados, la Dirección General Marítima y Portuaria podrá, autorizar la asociación por un termino prudencial no mayor de seis (6) meses, mientras se perfecciona el acuerdo de fletes";

f) El artículo 80, en la parte que dice: "Cuando no se trate de acuerdo con fletes celebrados dentro del marco de una conferencia marítima las posibilidades de asociación de un armador extranjero estarán limitadas por el tonelaje de propiedad
del armador colombiano y de aquel a su servicio por cada bandera asociada... ;

g) Los artículos 82, 83 y 84.

2o. Fueron exequibles:

a) El numeral 3 del artículo 3º, en cuanto a la facultad de "Dirigir, regular... la Marina Mercante Colombiana, garantizar su adecuada y equitativa participación en la distribución de la carga de importación y exportación del país…".

b) Los numerales 4, 11, 13, 15, 19 y 20 del artículo 3º;

c) El numeral 10 del artículo 3", en la parte que dice: "Regular y controlar la adquisición y construcción de naves, la distribución de tráficos y líneas entre armado res colombianos...";

d) El numeral 16 del artículo 3º, en cuanto a la facultad de supervisar el funcionamiento de las empresas colombianas de astilleros "para garantizar la calidad y seguridad de las naves que se construyan";

e) Los literales a), c), e), f) y h) del numeral 5 del artículo 4º;

f) El artículo 75, en la parte demandada;

g) Los artículos 76, 77, 79, 81, 85 y 86;


h) El artículo 78 en la parte que dice:

"Para los efectos de la aprobación de los acuerdos de fletes de que trata el artículo 3º, numeral 13 del presente Decreto, el armador colombiano interesado deberá acreditar ante la Dirección General Marítima y Portuaria:

1º. Que el servicio que presta o se propone prestar es un servicio público de transporte marítimo.

2o. Que los acuerdos que ha celebrado con empresas marítimas extranjeras garantizan la participación real y efectiva del armador colombiano en el tráfico correspondiente.

3o. Que se trata de un acuerdo de fletes que garantiza la racionalización del servicio y la consiguiente reducción de costos para el armador colombiano.

4o. Que el armador colombiano pone a disposición del tráfico la capacidad de bodega indispensable para el transporte de su cuota.

5o. Que en los países a los cuales pertenecen los armadores extranjeros que pretende asociar, se da a los buques de bandera colombiana igual tratamiento que a los propios.

Parágrafo. El solo hecho de pertenecer a una conferencia marítima no implica que los armadores miembros de ella sean asociados a la bandera colombiana...",

B. Decreto 2324 de 1984.

1º. Son inexequibles:

a) El numeral 25 del artículo 5º;

b) El artículo 103, en las expresiones: "...modificación, reparación, desguace...";

c) El artículo 105, en la parte que dice: "...o reparación...";

d) Los artículos 104, 106 y 107, en los fragmentos:


"...modificación o reparación...";

e) Los artículos 108 y 109.


2o. Son exequibles:

a) El artículo 4º en la parte demandada;

b) El numeral 2º del artículo 5º, en la parte demandada;

c) Los numerales 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del artículo 9º;

d) Los artículos 141, 143, 144, 145. 146, 147, 148, 149, 150 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 y 165;

e) Los artículos 142, 152, 155 en las partes demandadas.

No obstante los pedimentos relacionados con las normas del Decreto 2324 de 1984, teniendo en cuenta que para la oportunidad del pronunciamiento que recaiga sobre la presente demanda, la Corte habría decidido lo concerniente a la tramitada en el expediente número 1306 -que versó .sobre normas del mismo Decreto- correspon­de al Despacho solicitar, como en efecto lo hace, estará lo resuelto en la sentencia que se profiera, en cuanto a las normas demandadas que son objeto de esta nueva impugnación".

VI. IMPUGNACIONES

1. En escrito preséntalo en la Secretaría de la Sala Constitucional el día 9 del mes de mayo del presente año, los ciudadanos Felipe Vallejo García y Juan Manuel Prieto Montoya, con base en el artículo 214de la Constitución "interpretado enarmonía con el derecho de petición y con el principio de la igualdad de losciudadanos ante la ley", presentaron un escrito: (f. 199 yss.)

"....de oposición ajas pretensiones de inexequibilidad contenidas en las deman­das que ante esa Alta Corte presentaron los ciudadanos Carlos Lleras de la Fuente y Luis Serrano Escallón".

2o. A su turno, en escrito presentado ante la misma Corporación el día siete del mes de junio (f. 229), los ciudadanos Cielo Esperanza Eslava Bowden y Rafael Augusto Mendieta Bermúdez, manifiestan su oposición:

"a las pretensiones de inexequibilidad contenidas en la demanda presentada ante esa Corporación por el Abogado Luis Serrano Escallón, obrando en ejercicio del derecho consagrado en los artículos 16, 45 y214.2de la Carta Fundamental.

VII. CONSDERACIONES DE LA CORTE

Primera. Competencia.

Se trata en el presente proceso del juzgamiento constitucional de normas pertenecientes a dos Decretos-leyes, consiguientemente dada la naturaleza legal de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Carta Funda­mental, es competente la Corte Plena, previo estudio de su Sala Constitucional, para conocer de ellas.

Segunda. Carencia actual de objeto.

Como se ha visto el primer núcleo de las normas acusadas forman parte del Decreto número 2349 de 1971, con respecto al cual resultan válidas las siguientes observaciones:

a) El artículo 196 del Decreto número 2324 de 1984 dispone:

"Artículo 196. Vigencia y derogatoria. El presente decreto deroga los Decretos 3183 de 1952, 2349 de 1971, los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, del Decreto 1208 de 1969 y todas las disposiciones que le sean contrarias y, entra en vigencia a partir de la fecha de su expedición";

b) La Corte en sentencia número... proferida dentro del proceso de constitucionalidad número 1306 del día 22 del mes de agosto del presente año, entre otras muchas decisiones, declaró la exequibilidad del mentado artículo 196 del Decreto número 2324 de 1984, según transcripción que se hará más adelante;

c) La doctrina tradicional de la corte, opuesta a la tesis de la Procuraduría General de la Nación, y expuesta en forma reiterada, frente al control de constitucionalidad de normas derogadas, ha sido la de la inhibición por carencia actual de objeto. Consiguientemente en el presente proceso, la Corte procederá de conformidad con ella, habida consideración de las circunstancias precitadas.

Tercera. Cosa juzgada.

En punto a las normas acusadas del Decreto número 2324 de 1984, importa señalar que todas ellas, sin excepción, fueron materia de decisión, ora de exequibilidad, ya de inexequibilidad en la citada sentencia del 22 del mes de agosto del presente año, dictada dentro del proceso número 1306, en el cual se demandó en su integridad el mentado Decreto número 2324. En efecto en la citada sentencia se dispuso:

"Primero. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal segundo de esta sentencia declárase exequible el Decreto 2324 de 1984, "por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria", en cuanto no infringió los artículos 57, 76-12 y 118-8 de la Constitución.

Segundo. Declarar inexequibles, por ser contrarias a la Constitución, las siguientes disposiciones o fragmentos de ellas del citado Decreto:

a) Del artículo 4º el vocablo "regulación" y la expresión "para cumpli­miento y";

b) Del artículo 5º la palabra "regular" de los numerales 2, 7, 8, 13, 20, 21, 22 y 23, y el numeral 14 que dice: "Autorizar los acuerdos, convenios y asociaciones que proyecten realizar los armadores colombianos y cancelar la autorización, cuando, a juicio de la Autoridad marítima sea lesiva a los intereses nacionales";

c) Del artículo 7º la frase "sobre la ejecución de las normas de este Decreto" y del parágrafo del mismo la expresión "no sólo la que usualmente se denomina como tal, sino también y la palabra "disposiciones";

d) Del artículo 11 la expresión "las reglamentaciones especiales de la Dirección General Marítima y Portuaria del numeral 5º y la frase "Representar a la Nación en los Foros y Conferencias Internacionales relacionados con las actividades marítimas", del numeral 9;

e) El artículo 49 en la parte que dice: "Traslado de pruebas: Las pruebas practicadas conforme a este procedimiento, dentro de la investigación, podrán trasladarse a otro proceso en copia auténtica y deberán ser apreciadas sin más formalidades por el juez de conocimiento, siempre que se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella o por haber sido esta parte vinculada a la investigación";

f) El artículo 51, que dice: "Interrupción de Prescripción: Siempre que el fallo que corresponda dictar con ocasión de ana investigación por accidente o siniestro marítimo influya necesariamente en la decisión de un proceso civil o administrativo, se considerará interrumpida la prescripción de la acción civil o administrativa desde la fecha del auto por medio del cual se declara abierta la investigación siempre que la parte interesada en la interrupción de la prescripción se haya hecho parte en la respectiva investigación;

g) El artículo 74, que dice: Negación de Zarpe: Para facultar el embargo preventivo de naves por la justicia ordinaria y las resultas del juicio correspondiente, el Capitán de Puerto, a solicitud del peticionario, se abstendrá de dar zarpe a los buques de bandera nacional o extranjera cuando en forma sumaria se les demuestre que: a) el armador o fletador tiene obligaciones exigibles y pendientes de pago, estando ellas garantizadas con hipoteca, o b) el armador o fletador tiene obligaciones a su cargo que constan en fallos o laudos arbitrales ejecutoriados o de última instancia. Para este efecto bastará que el interesado afirme estas circunstancias por escrito y bajo juramento, aportando además los documentos originales o debidamen­te autenticados que prueben los anteriores requisitos. Además el peticionario deberá presentar ante la Capitanía de Puerto una caución, que podrá ser en dinero, real, Bancaria, de Compañía de seguros o de entidad legalmente autorizada para ello, que responda ampliamente por los perjuicios que con tal medida se puedan causar, en cuantía que señalará esta misma autoridad. El Capitán de Puerto concederá el zarpe cuando el armador o fletador del buque consigne u otorgue caución por el valor del crédito más un veinticinco por ciento (25%) por costas y gastos de cobro, a órdenes de la Capitanía de Puerto o, inmediatamente reciba de autoridad judicial competente orden en este sentido. El Capitán pasará a órdenes del juzgado de conocimiento las cauciones constituidas por el armador o fletador y por el interesado, para que éste las aplique al pago del crédito o de los perjuicios, o las devuelva al armador o fletador o, al interesado, según sea el caso".

Tercero. DECLARAR EXEQUIBLES, por no ser contrarias a la Constitución, las siguientes disposiciones o fragmentos de ellas, del mencionado Decreto número 2324 de 1984:

a) Del artículo 2º las frases "incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo"; y "fluviomarinos"; "puertos del país situados en su jurisdicción"; y, sobre los ríos que a continuación se relacionan en las áreas indicadas: 1. Río Magdalena: Desde la desembocadura en Bocas de Ceniza hasta 27 kilómetros aguas arriba. 2. Río Guainía o Río Negro: Desde el raudal Venado en el alto Guainía hasta la piedra del Cocuy en el río Negro. 3. Río Amazonas: Desde la Boca Quebrada San Antonio hasta la Boca Atacuarí. 4. Río Orinoco: Desde Puerto Carreño hasta la desembocadura del río Guasacabi en el Atabapo. 5. Río Meta: Desde Puerto Carreño hasta la desembocadura del Caño de la Virgen cerca a la Isla Manatí. 6. Río Arauca: Desde Montañita hasta la desembocadura del Brazo Bayonero siguiendo el límite con Venezuela.- 7. Río Putumayo: Desde los límites con Brasil hasta Puerto Asís, siguiendo el límite con Perú y Ecuador. 8. Río Vaupés: Desde Mitú hasta los límites con el Brasil. 9. Ríos Sinú, Atrato, Patía y Mira: Desde un (1) kilómetro antes de la iniciación de sus deltas incluyendo sus desembocaduras en el mar. 10. Canal del Dique: En el trayecto que une sus desembocaduras en la Bahía de Cartagena hasta la desembocadura en la Bahía de Barbacoas", y los parágrafos 1º y 2º;

b) Del artículo 4º la frase "y tiene por objeto la... dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala este decreto y los reglamentos que se expidan para... la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país";

c) Del artículo 5º, salvo lo dispuesto en el literal b) del ordinal 1º de esta sentencia sobre la palabra "regular", los numerales 2. 6, 7, 8, 10, 12i, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 23. 2-f, 26, 27 y la expresión "y velar por su ejecución del 28;

d) Del artículo 7º la expresión "los reglamentos dictados por el Director General Marítimo y Portuario y del parágrafo los términos "La palabra 'Reglamentos' comprende... todas y cada una de las reglas, circulares... y demás instrucciones que elDirector Marítimo expida en orden a la aplicación y cumplimiento del presentedecreto";

e) Del artículo 11 las palabras ''o fallos" del numeral 1, el numeral 6 que dice "Conocer y fallar en segunda instancia los procesos por accidentes o siniestros maríti­mos" y la expresión "Dictar las reglamentaciones especiales del numeral 7;

f) Del artículo 15 el numeral 2 que dice: "Programar y controlar todas lasinvestigaciones oceanográficas en aguas jurisdiccionales en coordinación con las entidades públicas y privadas" y el numeral 9 que dice: "Coordinar las labores docentes y de entrenamiento que en el campo de la oceanografía e hidrografía realicen las personas e instituciones colombianas públicas y privadas";

g) Del artículo 17 la frase "y personal de tierra de la navegación; y la expresión "y compra, construcción o alteración";

h) Del artículo 20 la frase "y dictar fallos de Primer Grado" del numeral 8;

i) La expresión final del artículo 49: "En los casos en que resulten hechos que deban ser investigados por jurisdicción penal se compulsarán copias de lo actuado alJuzgado de Reparto correspondiente";

j) La palabra "fallados" del artículo 70;

k) Las palabras 'fluvial y portuaria' del literal a) del artículo 120;

l) Los artículos 3º, 25 a 48; 50, 52 a 69; 71 a 73; 76 a 83; 103 a 109; 121, 124. 131 a 180, y 196.

"Consiguientemente y en atención al efecto de cosa juzgada, atribuido por la Carta Fundamental a las sentencias de constitucionalidad, la Corte en esta ocasión dispondrá que se esté a lo resuelto en la citada providencia en punto a los textos acusados -artículos y fragmentos de ellos- del Decreto 2324 de 1984".

VIII DECISIÓN

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, y escuchada la Procuraduría General de la Nación;

RESUELVE:

Primero. INHÍBISE DE PRONUNCIAR sentencia de mérito por carencia actual de objeto, sobre los textos acusados del Decreto número 2349 de 1971.

Segundo. ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia del día 22 del mes de agosto del presente año, en la cual respecto de los textos acusados del Decreto número 2324 del 1984, se dispuso:

"…..

Segundo. DECLARAR INEXEQUIBLES, por ser contrarias a la Constitución, las siguientes disposiciones o fragmentos de ellas del Decreto Extraordinario número 2324 de 1984, "Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria";

a) Del artículo 4º el vocablo "regulación" y la expresión "para su cumplimiento y";

b) Del artículo 5º la palabra "regular" de los numerales 2, 7...13...y el numeral 14 que dice: "Autorizar los acuerdos, convenios y asociaciones que proyecten
realizar los armadores colombianos y cancelar la autorización cuando, a juicio de la Autoridad Marítima sea lesiva a los intereses nacionales";

………….

Tercero. DECLARAR EXEQUIBLES, por no ser contrarias a la Constitución, las siguientes disposiciones o fragmentos de ellas, del mencionado Decreto número 2324 de 1984;

…………….

b) Del artículo 4º la frase "y tiene por objeto la... dilección, coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala este decreto y los reglamentosque se expidan para... la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país";

c) Del artículo 5º salvo lo dispuesto en el literal b) del ordinal 1 de esta sentencia sobre la palabra "regular", los numerales 2... 7... 10... 13, 15, 16, 17, 18,... 25...".


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

Alfonso Reyes Rehundía, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, José AlejandroBonivento Fernández, Hernando Baquero Borda. Fabio Calderón Botero, Nemesio Camacho Rodríguez (salvamento de voto}; Dante Luis Fiorillo Porras, ManuelEnrique Daza A. (con salvamento de voto); Manuel Gaona Cruz, José EduardoGnecco Correa (con salvamento de voto); Héctor Gómez Uribe, Fanny GonzálezFranco. Gustavo Gómez Velásquez (salvamento de voto) JuanHernández Sáenz (con salvamento de voto);Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Horacio MontoyaGil, Alberto Ospina Botero, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Patiño Rosselli, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Fernando Uribe Restrepo (salvo el voto); Darío Velásquez Gavina (con salvedad parcial de voto).

Inés Galvis de Benavides

Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO

Hemos dicho en numerosas ocasiones que la simple derogatoria del precepto acusado por inconstitucionalidad no excusa a la Corte de hacer un pronunciamiento de fondo, bajo el pretexto de inexistencia de objeto sobre el cual resolver o de la llamada "sustracción de materia".

Lo creemos por las siguientes razones.

1º. Porque así como el constituyente no le confiere a la Corte la defensa de algunos textos de la Carta Política, dejando en el desamparo a los demás, sino que le atribuye la tutela integral de todos sus preceptos, tampoco exige el constituyente que para que la Corte pueda pronunciarse sobre la validez de una norma tachada de inconstitucionalidad esa norma se halle vigente al tiempo de tal pronunciamiento pues, al contrario, prevé implícitamente que la guarda completa de la Carta debe ejercerse en todo momento y en todo lugar, cuando se presente o se haya presentado un desconocimiento de sus dictados por actos de rango inferior al constitucional.

2o. Porque la simple derogatoria de una norma no hace desaparecer como por parte de encantamiento los efectos que ya haya producido. Y si ella es contraria a laConstitución Política, fatalmente perdurarán tales efectos si la Corte se abstiene de resolver sobre su ortodoxia, por estar derogada. Entonces, si es axioma jurídico queno puede haber derechos adquiridos cuando se contradigan dictados de la Carta, ¿cómo puede admitirse la permanencia de supuestos derechos que surjan de una ley inconstitucional, por haberse abolido ella

3o. Porque la misma Corte Suprema, con fundamento en reflexiones semejan­tes a las anteriores, ha admitido que debe pronunciarse sobre la exequibilidad de preceptos sin vigencia cuando ellos hacen parte de decretos expedidos; en ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 121 y 122de la Constitución. Puedenleerse sobre el tema los fallos pronunciados por la Sala Plena el 20 de octubre de 1977y el 28 de febrero de 1983 (caso del Decreto Legislativo 3747 de 1982), entre otros.

4o. Porque si tal dijo la Corte en cuanto al juzgamiento de reglas dictadas dentro del período de anormalidad institucional previstos por los mencionados artículos 121 y 122 de la Constitución, no puede existir argumento serio y valedero para que esa misma tesis no sea predicable cu cuanto a preceptos expedidos dentro del régimen normal u ordinario de nuestras instituciones, consagrado por la Carta Política.

5o. Porque solamente cuando la norma derogada no alcanzó a tener vigencia ni, por ende, a producir efectos, puede admitirse que la Corte carece de materia o de objeto sobre el cual pronunciarse, y así lo aceptamos nosotros.

6o. Porque, de acuerdo con las argumentaciones anteriores, no puede sensatamente creerse que en estos casos la Corte ejerce un simple "magisterio moral", romántico, teórico e idealista, sin consecuencias prácticas en la vida jurídica, ya que, al contrario, cuando la Corporación decide sobre la exequibilidad de un texto derogado pero que rigió, cumple apenas de manera cabal el deber de preservar en todo tiempo y lugar la intangibilidad plena de la Carta Política, como confió el constituyente que lo luciera cuando le encomendó, sino cortapisa alguna, tan sagrada y trascendental obligación.

Como en esta oportunidad la mayoría de la Sala decidió proferir sentencia inhibitoria y no de fondo, disentimos de ella por las razones que hemos expuesto.

Fecha ut supra.

Juan Hernández Sáenz, Nemesio Camocho Rodríguez, Manuel Enrique Daza A., José Eduardo Gnecco C, Gustavo Gómez Velásquez, Fernando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.