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300Corte SupremaCorte Suprema30030017113786Fernando Uribe Restrepo198103/11/1981786_Fernando Uribe Restrepo_1981_03/11/198130017113INEXEQUIBILIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 DE 1979 Inexequible en su totalidad el Acto legislativo número 1 de 1979. No. 57 Corte Suprema de Justicia Sala Plena Bogotá, D. E., noviembre 3 de 1981. Magistrado ponente: doctor Fernando Uribe Restrepo Aprobado por Acta número 51. 1981
Manuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldán, Oscar Alarcón, Antonio Cancino | Clímaco Giraldo.demanda de incontitucionalidad de el : Acto legislativo número 1 de 1979, "por el cual se reforma la Constitución Nacio-nal"Identificadores30030017114true91200Versión original30017114Identificadores

Norma demandada:  demanda de incontitucionalidad de el : Acto legislativo número 1 de 1979, "por el cual se reforma la Constitución Nacio-nal"


INEXEQUIBILIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 DE 1979

Inexequible en su totalidad el Acto legislativo número 1 de 1979.

No. 57

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Bogotá, D. E., noviembre 3 de 1981.

Magistrado ponente: doctor Fernando Uribe Restrepo

Aprobado por Acta número 51.

REF.: Expediente número 786. Norma acusada: Acto legislativo número 1 de 1979, "por el cual se reforma la Constitución Nacio­nal". Actores: Manuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldán, Oscar Alarcón, Antonio Cancino y Clímaco Giraldo.

I

La acción

Los ciudadanos Manuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldan Palacio, Osear Alarcón Núñez, Antonio José Cancino Moreno y J. Clímaco Giraldo Gó­mez, en ejercicio de la acción pública, prevista en el artículo 215 de la Carta Fundamental -ar­tículo 59 del Acto legislativo número 1 de 1979- y en el Decreto autónomo número 432 de 1969, solicitan a la Corte Suprema de Justicia, que:

"Declare inexequible, por ser inconstitucional debido a vicios de forma en su disensión, acumu­lación, aprobación y expedición, el Acto legisla­tivo número 1 de 1979, reformatorio de laConstituciónde 1886 con sus modificaciones introducidas hasta el Acto legislativo número 1de 1977".

Como impugnantes de la demanda anterior y por lo mismo como defensores del acto acusado, han intervenido en el proceso los ciudadanos Manuel S. Urueta, el cual solicita a la Corte:''que se deniegue la declaratoria de inexequibilidad solicitada en la demanda de la referenciacontra el Acto legislativo número 1 de 1979 y;por el contrario, se declare la conformidad de ese Acto legislativo con la Constitución Política de Colombia"; M. Parménides Salazar, quien ha­ce a la Corte idéntica solicitud, y César Gómez Estrada y Rodrigo Noguera Laborde, los cuales en escrito conjunto manifiestan que se constitu­yen "en defensores del Acto legislativo número 1 de 1979 y de todos y cada uno de los preceptos que lo integran".

Recusado el Procurador General de la Nación y considerada como probada tal recusación por la Sala Constitucional, la Viceprocuradora Ge­neral de la Nación, Susana Montes de Echeverry, ha emitido el concepto ordenado por la Constitu­ción y por el Decreto autónomo arriba mencio­nado, solicitando que la Corte, decida:

"Primero: Que se encuentra inhibida para proferir fallo de mérito en el proceso bajo refe­rencia, por carecer de competencia para ello. O, segundo, en su defecto: que el Acto legislativo número 1 de 1979 fue expedido por el Congreso Nacional en consonancia con lo establecido por la Constitución a cuyo amparo fue expedido".

II

La norma impugnada

El texto del Acto legislativo, demandado en su totalidad es el siguiente:

"ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 DE 1979

"(diciembre 4)

"por el cual se reforma la Constitución N acional

"El Congreso de Colombia,

"Decreta:

"Artículo 1º. El inciso 2º del artículo 7º de la Constitución Nacional quedará así:

"La Ley podrá determinar los espacios que los medios oficiales de información deben destinar a la divulgación de las sesiones de las Cámaraslegislativas. En virtud de decisión de las Cáma­ras, sus Mesas Directivas podrán contratar publicidad adicional para informar a la opinión pú­blica sobre las labores del Congreso.

"Artículo 25. Adiciónase el artículo 105 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso:

"Los congresistas que dentro de los dos años inmediatamente anteriores a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o per­sonas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentran al estudio del Congreso, deberán comu­nicarlo por escrito a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación, para que, previa publica­ción en los 'Anales', decida si los congresistas aludidos deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos. Cualquier miembro de la respectiva Cámara podrá denun­ciar el impedimento en caso de que aquella comu­nicación no se hiciere oportunamente.

"Artículo 26. El artículo 107 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Los miembros del Congreso gozarán de inmu­nidad durante el período de sesiones, treinta (30) días antes y veinte (20) días después de éstas. Durante dicho tiempo no podrán ser dete­nidos ni privados de su libertad por motivo alguno, a menos que en su contra se dicte sentencia judicial condenatoria de primer grado. En caso de flagrante delito, podrán ser capturados y puestos a disposición de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, para ser entregados encustodia a las autoridades de policía.

"Artículo 27. Los incisos 1° y 2º del artículo 108 de la Constitución Nacional quedarán así:

"El Presidente de la República, los Ministros y Viceministros del Despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de laCorte Supremade Justicia, del Consejo de Es­tado y de la Corte Electoral, el Contralor Gene­ral de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, los Jefes de Departamentos Administrativos, los Represen­tantes Legales de las entidades descentralizadas, el Registrador del Estado Civil y sus Delegados, no podrán ser elegidos miembros del Congresosino un año después de haber cesado en el ejer­cicio de sus funciones.

"Tampoco podrán ser elegidos miembros del Congreso o diputados los gobernadores, los se­cretarios de Gobernación, los alcaldes, los secretarios de alcaldía de capitales de departamento ode ciudades con más de trescientos mil habitan­tes, los contralores departamentales y municipa­les y los personeros, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Así mis­mo no podrá ser elegido cualquier otro funcio­nario o empleado público que seis meses antes de la elección esté en ejercicio de su cargo.

"Artículo 28. El artículo 109 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Constituye falta absoluta de los Senadores y Representantes principales y de los suplentes cuando se hubieren, posesionado del cargo, su aceptación de cualquier empleo público, excep­ción hecha de los Ministros, Gobernador, Agente Diplomático y Alcalde del Distrito Especial o de capital de departamento.

"Artículo 29. El artículo 113 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

''Los miembros del Congreso tendrán sueldo anual y gastos de representación.

''Anualmente, al presentar la cuenta del ba­lance de la hacienda y el tesoro, el Contralor General de la República informará en detalle sobre el porcentaje promedio ponderado de todos los cambios ocurridos durante el último año en la remuneración de los servidores de, la nación. El sueldo y los gastos de representación de los congresistas variarán en el mismo sentido y en el mismo porcentaje, a partir de la recepción del informe del Contralor.

"Artículo 30. El numeral 3º del artículo 118 de la Constitución Nacional quedará así:

"Presentar al Congreso el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y los de sus modificaciones según se prevé en el ar­tículo 80, entre cuyos objetivos deberá contem­plarse el desarrollo armónico de las diferentes regiones del país; y también aquellos de obras públicas contemplados en el ordinal 4º del ar­tículo 76.

"En el numeral 8° del mismo artículo se su­prime la referencia al numeral 11 del artículo 76.

"Artículo 31. El artículo 119 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Corresponde al Presidente de la República en relación con la administración de justicia:

"1º. Promover, por medio de la autoridad com­petente, la acusación a que haya lugar contra cualquier empleado público, por infracción de la Constitución o las leyes, o por otros delitos co­metidos en el ejercicio de sus funciones.

"2º. Conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley que regule el ejercicio de estas facultades. En ningún caso los indultos pueden comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares, según las leyes.

"3º. Con arreglo a las normas y requisitos que señale la ley y previo concepto favorable del Consejo Superior de la Judicatura, crear, supri­mir y fusionar juzgados y empleos subalternos en las oficinas judiciales; determinar el área territorial de los distritos y circuitos y fijar, por razón de la cuantía, la competencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de los tribunales y juzgados.

"4º. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a. las leyes, los servicios y auxilios nece­sarios para el cabal desempeño de sus funciones y para hacer efectivas sus providencias.

"Artículo 32. Derógase el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Nacional que dice:

"Ejercer, como atribución constitucional pro­pia, la intervención necesaria en el Banco de Emisión y en las actividades de personas natu­rales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado.

"En el numeral 15 del mismo artículo suprí­mase la palabra 'demás'.

"Artículo 33. El numeral 22 del artículo 120 de la Constitución Nacional quedará así:

"Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, regular el cambio internacional y el comercio exterior, mo­dificar los aranceles, tarifas y demás disposicio­nes concernientes al régimen de aduanas, inter­venir en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del aho­rro privado, con sujeción a las reglas previstas en las leyes a que se refiere el numeral 22 del artículo 76.

"Artículo 34. El parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de sitio. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inmediata­mente y de oficio su conocimiento.

"Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.

"Contra los decretos así revisados, podrá ejer­cerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214.

"Artículo 35. El parágrafo del artículo 122 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los de­cretos legislativos que dicte para que declare con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de emergencia, Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inme­diatamente y de oficio el conocimiento.

"Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumpli­miento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.

"Contra los decretos así revisados, podrá ejer­cerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214.

"Artículo 36. El artículo 136 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"El Consejo de Estado estará, integrado por el número de miembros que determine la ley.

"Los Ministros tienen voz y no voto en el Con­sejo de Estado.

"Artículo 37. Adiciónase el artículo 141 de la Constitución Nacional con el siguiente numeral quinto.

"Resolver las controversias que se, presenten con motivo de las comparecencias y los testimo­nios que exijan las comisiones permanentes de las Cámaras según el artículo 72.

"Artículo 38. El Ministerio Público será, ejer­cido por el Procurador General de la Nación, por el Fiscal General de la Nación y por los demás funcionarios que la ley determine.

"Artículo 39. El artículo 142 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"El Procurador General de la Nación, será elegido para un período de cuatro años por la Cámara de Representantes de terna que le envíe el Presidente de la República.

"El Procurador General, quien tendrá los agentes que determine la ley con las funciones que ésta les señale, no será reelegióle, en ningún caso, para el período inmediato.

"Artículo 40. El artículo 143 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Corresponde al Procurador General de la Na­ción y a sus agentes defender los derechos hu­manos, la efectividad de las garantías sociales, los intereses de la nación, el patrimonio del Es­tado y supervigilar la administración pública. En tal virtud, tendrá las siguientes atribuciones especiales:

"1ª. Pronunciarse sobre las quejas que reciba por violación de los derechos humanos y garan­tías sociales en que incurran funcionarios o em­pleados públicos, verificarlas y darles el curso legal correspondiente.

"2ª. Velar por la integridad del derecho de defensa y por la legalidad de los procesos pena­les.

"3ª. Vigilar la conducta oficial de los funcio­narios y empleados públicos y ejercer sobre ellos el poder disciplinario, directamente o suscitando la imposición de la sanción, sin perjuicio de las atribuciones de los respectivos superiores jerár­quicos. La vinculación a una carrera, de servicio no será óbice para el correctivo a que haya lugar.

"4ª. Promover ante la autoridad competente la investigación de los actos de funcionarios o empleados públicos que puedan constituir infrac­ción penal.

"5ª. Vigilar la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y promo­ver ante el Consejo Superior de la Judicatura la sanción disciplinaria respectiva.

"6ª. Exigir las informaciones que para el cum­plimiento de sus atribuciones considere necesa­rias, sin que se le pueda oponer reserva alguna, salvo en lo relativo a los asuntos consignados en el numeral 4º del artículo 78.

"7ª. Representar judicialmente, por sí o por medio de sus agentes, los intereses de la nación, sin perjuicio de que el organismo interesado cons­tituya apoderados especiales cuando lo juzgue conveniente.

"8ª. Procurar el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administra­tivas.

"9ª. Presentar informe anual al Congreso so­bre el ejercicio de sus funciones.

"10. Presentar a la consideración del Congre­so proyecto de ley relativos a su cargo y espe­cialmente a la defensa de los derechos humanos y al respeto de las garantías sociales.

"11. Designar los Procuradores Delegados an­te la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y por el periodo que señale la ley nom­brar y remover a los demás agentes y empleados de su dependencia, cuidando de que desempeñen fielmente los deberes de su cargo.

"Los Procuradores delegados ante la jurisdic­ción contencioso-administrativa tendrán las mis­mas calidades, remuneración y prestaciones de los miembros de la Corporación ante la cual ejer­zan sus funciones.

"12. Las demás que le señale la ley.

"Artículo 41. El artículo 144 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La persecución de los delitos, de oficio o me­diante denuncia de cualquier persona, y la acu­sación de los infractores ante las autoridades competentes corresponden, en los términos y ca­sos que señale la ley, al Fiscal General de la Na­ción, quien será el Jefe Superior de la Policía Judicial.

"El Fiscal General dispondrá de los agentes que establezca la ley, con las atribuciones que ésta determine. Tendrán competencia en todo el territorio nacional.

"La Cámara de Representantes ejerce deter­minadas funciones fiscales.

"Artículo 42. El artículo 145 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Serán atribuciones especiales del Fiscal Ge­neral de la Nación las siguientes:

"1ª. Dirigir y adelantar, por sí o por medio de sus agentes la investigación de los delitos, ase­gurar la presencia de los presuntos infractores durante las actuaciones procesales y promover su juzgamiento, todo con sujeción a lo que prescriba la ley.

"2ª. Asignar funciones de policía judicial, en los términos que prescriba la ley, a organismos y funcionarios de Policía que no sean de su depen­dencia y que las ejerzan bajo su dirección y res­ponsabilidad.

"3ª. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponda a esta Corporación.

"4ª. Vigilar la ejecución de las providencias que dicten los jueces penales.

"5ª. Nombrar y remover a los agentes y em­pleados de su dependencia y cuidar de que cum­plan fielmente los deberes de su cargo.

"Artículo 43. El artículo 146 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"El Fiscal General de la Nación será nom­brado para un período de seis años por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de lista que le envíe el Presidente de la República con no menos de cinco nombres pertenecientes a dis­tintos partidos políticos.

"El Fiscal General no será reelegible, en nin­gún caso, para el período inmediato.

"Artículo 44. El artículo 143 de la Consti­tución Nacional quedará así:

"Habrá un Consejo Superior de la Judicatura integrado por el número de Magistrados que fije la ley, la cual determinará también lo relativo a su organización y funcionamiento.

"Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la misma Corpo­ración para períodos individuales de ocho añosen la forma que lo establezca la ley y no podrán ser reelegidos.

"Artículo 45. El artículo 149 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación para períodos in­dividuales de ocho años, de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en la forma que establezca la ley. En ningún caso podrán ser reelegidos y deberán separarse del servicio cuan­do cumplan la edad de retiro forzoso.

"Artículo 46. Para ser Magistrado del Con­sejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, ser o haber sido, en propiedad, Ma­gistrado de la Corte Suprema de Justicia, o del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, o haber ejercido con excelente reputación moral y buen crédito, por veinte años a lo menos, la profesión de abogado o el profesorado en jurisprudencia en algún establecimiento de enseñanza.

"Artículo 47. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación o Fiscal Gene­ral de la Nación se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad y ser aboga­do titulado; y, además, haber sido Magistrado en propiedad de la Corte Suprema de Justicia, o del Consejo de Estado o Procurador General de la Nación, o Fiscal General de la Nación, Magis­trado del Tribunal Superior de Distrito por un término no menor de ocho años; o haber ejercido con excelente reputación moral y buen crédito, por diez años a lo menos, la profesión de abogado o el profesorado en jurisprudencia en algún esta­blecimiento de enseñanza.

"'Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no podrán ser nombrados para desempeñar cargos en la Rama Ejecutiva del poder público durante el ejercicio de sus funciones, y un año después. Ni ellos ni los Magistrados de los tribunales podrán ejercer la profe­sión de abogado durante el año siguiente a su retiro ante las corporaciones en que sirvieron o de ellas dependen.

"Artículo 48. El artículo 154 de la Constitución Nacional quedará así:

"La ley determinará las funciones y el nú­mero de Magistrados de los tribunales adminis­trativos. Las calidades, las asignaciones y el período de sus miembros serán los señalados para los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito.

"Artículo 49. El artículo 157 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Para ser juez se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado ti­tulado, no haber sido condenado a pena de pre­sidio o prisión y, además, reunir las condiciones señaladas en el estatuto de la carrera judicial.

"Artículo 50. El artículo 158 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La ley establecerá las distintas clases de juz­gados y su competencia, sin perjuicio de lo pre­visto en el ordinal 3° del artículo 119, y fijaráel período de los jueces.

"Artículo 51. El inciso 2° del artículo 160 de la Constitución Nacional quedará así:

"Los Magistrados y jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias que podrán consistir en amonestaciones, multas, suspensión o destitución; con arreglo a la ley e impuestos según se establece en el artículo 217, numeral 5°.

"Artículo 52. El artículo 101 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán paritarios. Igualmente lo será el Consejo Superior de la Judicatura.

"A los otros cargos de la Rama Jurisdiccional se ingresará de acuerdo con las normas que re­glamenten la carrera judicial.

"Artículo 53. El artículo 162 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La ley establecerá la carrera judicial y la del Ministerio Público y reglamentará los sistemas de concurso para la selección de los candidatosque hayan de desempeñar los cargos de la Rama Jurisdiccional, lasjubilaciones o pensiones que se decretenpara quienes hayan cumplido un determinado tiempo de servicio o se retiren forzo­samente. También deberá retirarse obligatoria­mente con derecho a las prestaciones sociales que establezca la ley, el funcionario cuyo trabajo su­fra notoria disminución por razones de salud o por haber cumplido la edad máxima señalada en la ley para cada cargo.

"Artículo 54. Para inciso 4° del artículo 190 de la Constitución el siguiente texto:

"Los contralores departamentales, el del Dis­trito Especial de Bogotá y los de las capitales de departamento, no podrán ser reelegidos en nin­gún caso para el período inmediato, ni continuar al ejercicio del cargo al vencimiento de su man­dato.

"Artículo 55. El artículo 207 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o los Concejos Mu­nicipales, ni transferirse ningún crédito a unobjeto no previsto en el respectivo presupuesto.

"Las partidas para el desarrollo regional sólo podrán aprobarse después de debate público en las comisiones de presupuesto y en las sesiones plenarias, previo anuncio de las fechas de su celebración por intermedio de los 'Anales del Congreso'.

"Con excepción de los aportes regionales para planteles educativos o de beneficencia pública oficialmente reconocidos o autorizados y de las juntas de acción comunal, que también vigilará el Gobierno, ninguno podrá destinarse a entida­des privadas.

"El total de la apropiación presupuestal para dichos aportes, que cada año señale la ley con base en propuesta del Gobierno será distribuido entre los departamentos por partes iguales y una cantidad proporcional para los Territorios Na­cionales, sin que pueda existir diferencia en las asignaciones que señalen los congresistas de una misma circunscripción electoral.

"Artículo 56. El primer inciso y el parágrafo del artículo 208 de la Constitución Nacional que­dará así:

"Primer inciso: El Gobierno formará anual­mente el presupuesto de rentas y junto con el proyecto de ley de apropiaciones, que deberá reflejar el plan de desarrollo económico y social y sus programas, lo presentará al Congreso en los primeros diez días de las sesiones ordinarias de julio.

"Parágrafo. El Gobierno incorporará sin mo­dificaciones al proyecto de ley de apropiaciones el que cada año elaboren conjuntamente las Co­misiones de la Mesa de las Cámaras para el fun­cionamiento del Congreso, conforme con las leyes preexistentes, previa consulta con las Mesas Di­rectivas de las Comisiones Constitucionales Per­manentes. El Gobierno, no obstante, podrá pre­sentar durante el primer debate observaciones que analizarán para decidir sobre ellas, las Comi­siones de Presupuesto en sesión conjunta.

"Las Mesas Directivas de las Cámaras ejecu­tarán el presupuesto del Congreso con estricta, sujeción a la ley normativa del presupuesto na­cional y rendirán informe público mensual de dicha ejecución.

"Artículo 57. El inciso final del artículo 210 de la Constitución Nacional quedará así:

"En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no haya sido propuesta a las respectivas comisiones y que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme con la ley anterior, o desti­nado a dar cumplimiento al plan de desarrollo económico y social y a los de obras públicas de que trata el ordinal 4° del artículo 76.

"Artículo 58. El artículo 214 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la supremacía de la Constitución, en los términos de este artículo. Para tal efecto cumplirá las siguientes funciones:

"1ª. Decidir definitivamente sobre las deman­das de inconstitucionalidad que se presenten con­tra los actos legislativos, pero sólo por los siguientes vicios de forma:

"a) Por haber sido aprobados sin el cumpli­miento de los requisitos prescritos en el artículo 81;

"b) Por no haber sido aprobados en legisla­turas ordinarias consecutivas;

"c) Por haber sido aprobados en la segunda legislatura sin la mayoría absoluta de los indivi­duos que componen cada Cámara;

"2ª. Decidir definitivamente sobre las objecio­nes de inconstitucionalidad que el Gobierno for­mule a los proyectos de ley, tanto por su contenido material como por no haber sido trami­tados y aprobados en la forma constitucional prescrita.

"3ª. Decidir definitivamente sobre las deman­das de inconstitucionalidad que se presenten con­tra las leyes, tanto por su contenido material como por no haber sido tramitados y aprobados en la forma constitucional prescrita.

"4ª. Decidir definitivamente sobre las deman­das que se presenten contra los decretos del Go­bierno Nacional expedidos con fundamentos en los artículos 32, 76 numeral 12 y 80, por ser violatorios de la Constitución.

5ª. Decidir sobre la exequibilidad de los de­cretos que se dicten con base en los artículos 121 y 122 en los términos que señalan las citadas dis­posiciones; y decidir definitivamente sobre las demandas que por inconstitucionalidad se instau­ren contra ellos.

"Parágrafo. Las funciones primera y quinta serán ejercidas por la Sala Plena con base en anteproyectos que presente la Sala Constitucio­nal. Las demás son competencia de la Sala Cons­titucional.

"Artículo 59. El artículo 215 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia se adelantarán conforme con las reglas siguientes:

"1ª. Cualquier ciudadano puede ejercer las ac­ciones previstas en el artículo anterior o inter­venir en los correspondientes procesos como im­pugnador o defensor.

"2ª. El Procurador General de la Nación in­tervendrá en todos los casos en que la Corte deba cumplir sus funciones jurisdiccionales.

"3ª. Las acciones por vicios de forma prescri­ben en el término de un año, contado desde la vigencia del respectivo acto.

"4ª. La Corte y la Sala Constitucional, cuando a éstas les corresponda proferir el fallo, dispon­drán de un término de sesenta días para decidir, sin perjuicio de los términos especiales estable­cidos en la Constitución; su incumplimiento es causal de mala conducta y se sancionará con la destitución que decretará el Consejo Superior de la Judicatura.

"Artículo 60. El artículo 216 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"En todo caso de incompatibilidad cutre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferen­cia las disposiciones constitucionales.

"Artículo 61. El artículo 217 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Son atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura:

"1ª. Administrar la carrera judicial.

"2ª. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado las listas a que se refiere el artículo 149.

'3ª. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado las listas de ciudadanos que reúnan las condiciones para ser designados Ma­gistrados de los Tribunales; y a los Tribunales las de quienes puedan ser nombrados jueces. En uno y otro caso se tendrán en cuenta las normas sobre la carrera judicial y se dará preferencia a quienes hayan desempeñado cualquiera de ésos cargos en el respectivo departamento o sean oriundos de él.

"4ª. Velar porque se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual examinará y sancio­nará la conducta de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional.

"5ª. Conocer en única instancia de las faltas disciplinarias en que incurran los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de los Tribunales; y en segunda instan­cia, por apelación o consulta, de aquellas en que incurran los jueces, cuyo conocimiento en pri­mera instancia corresponderá al Tribunal res­pectivo.

"6ª. Conocer en segunda instancia de las fal­tas disciplinarias en que incurran los abogados en el ejercicio de la profesión.

"7ª. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

"8ª. Las demás que le señale la ley.

"Artículo 62. A partir del 1° de enero de 1981, el Gobierno Nacional invertirá no menos del 10% del presupuesto general de gastos en la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público.

"Artículo 63. Para artículos transitorios los siguientes:

"a) La Corte Suprema de Justicia procederá a designar cuatro nuevos Magistrados para su Sala Constitucional, mientras la ley no fije otro número;

"b) Mientras lo hace la ley, el Gobierno seña­lará el número de Magistrados del Consejo Supe­rior de la Judicatura y expedirá las normas que requiera su funcionamiento;

"c) La primera elección del Consejo Superior de la Judicatura la hará el Presidente de la Re­pública. La mitad de los miembros, cuyos nom­bres señalará el mismo Presidente sólo desempe­ñarán sus cargos por un lapso de cuatro años;

"d) La Corte Suprema de Justicia en mate­rias disciplinarias y el Tribunal Disciplinario conservarán sus respectivas competencias hasta cuando entre en funcionamiento el Consejo Su­perior de la Judicatura;

"e) Mientras se organiza y empieza a funcio­nar el Consejo Superior de la Judicatura se aplicarán las normas que actualmente regulan la elección de Magistrados de Tribunales y de Jueces, así como la provisión de las vacantes que ocurren en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado;

"f) Mientras la ley desarrolla el artículo 158 de la Constitución, continuarán vigentes las ac­tuales categorías de juzgados y los requisitos pa­ra desempeñar los respectivos cargos de jueces, igualmente, hasta cuando empiece a funcionar la Fiscalía General de la Nación, se mantendrán las distintas categorías de fiscales que existen en la actualidad y su forma de nombramiento, así co­mo los sistemas de policía judicial e investigación criminal;

"g) Señálase un término máximo de dos años si Gobierno Nacional para expedir, con la aseso­ría del Consejo Superior de la Judicatura, si no lo hubiere hecho la ley, el estatuto de la carrera judicial, y de tres años adicionales a fin de pro­veer todo lo necesario para su organización y funcionamiento;

"h) Previo dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno hará la codificación de las disposicio­nes constitucionales vigentes. La nueva numera­ción comenzará por la unidad y los títulos se nominarán y ordenarán sujetándose a la dis­tribución de materias;

"i) Durante dos años mientras el Congreso dicta las normas generales a que se refiere el numeral 22 del artículo 76 sobre intervención en el Banco Emisor y en las actividades de las per­sonas naturales o jurídicas que tengan por ob­jeto el aprovechamiento o manejo del ahorro privado, el Gobierno podrá ejercer, sin sujeción a ellas, la atribución conferida en el numeral 22 del artículo 120.

"Artículo 64. Deróganse el ordinal 3° del ar­tículo 97, el inciso 3° del artículo 137 y los ar­tículos 138, 139, 140, 156 y 173 de la actual codi­ficación de la Constitución Nacional y el artículo 12 del plebiscito del 1º de diciembre de 1957.

"Artículo 65. El presente Acto legislativo ri­ge a partir de su promulgación.

"Dado en Bogotá, a los veintiún días del mes de noviembre de 1979;

III

Las normas violadas

Estiman los actores que el Acto legislativo censurado, el cual como se acaba de ver en la transcripción anterior, consta de setenta y cua­tro artículos, nueve de ellos transitorios nume­rados alfabéticamente, es violatorio de diez ar­tículos de la Constitución Nacional.

Dichos artículos que, resulta conveniente ob­servarlo, corresponden a las cláusulas de la Carta Fundamental anteriores a la reforma contenida, en el acto acusado, son los siguientes: 29, 55. 72, 75, 76, 6, 81, 83, 172 y 218.

IV

Los fundamentos de la violación

La demanda consta de cuatro partes, precedi­das de una breve glosa sobre la promulgación del Acto acusado. En la primera parte se transcribe en forma integral, según lo dispuesto por el Decreto autónomo número 432 de 1969 el texto del Acto legislativo número 1 de 1979, a lo cual se añade la transcripción del Decreto 122 de 24 de enero de 1979. "por el cual se ordena la pu­blicación del proyecto de Acto legislativo núme­ros 4 y 144 de 1978 del Senado y de la Cámara de Representantes respectivamente 'por el cual se reforma la Constitución Nacional1 "; y del Decreto número 123 de la misma fecha por el cual: " Se ordena la publicación del proyecto de Acto legislativo número 1 de 1978 (Cámara 110/ 78) 'por el cual se reforma la Constitución Na­cional' ".

La segunda parte determina cuáles son las "disposiciones violadas" la tercera comprende las "razones y fundamentos de las violaciones in­vocadas" y finalmente, la cuarta parte consti­tuye un capítulo sobre "pruebas".

Por lo que atañe a la promulgación del Acto legislativo materia de la demanda, se afirma en ésta por los actores que:

"Aun cuando estamos convencidos de que los actos legislativos no requieren de su 'promulga­ción' para que puedan ser impugnados como in­constitucionales ante la Corte Suprema de Jus­ticia, tal y como lo anunciamos en la primera demanda, presentamos otra para precaver una decisión inhibitoria".

La tercera parte de la demanda, atinente como ya se indicó a las "razones y fundamentos de las violaciones invocadas", se encuentra dividida a su turno en tres secciones. En la primera se trata lo relativo a "la competencia de la Corte Supre­ma de Justicia" para conocer de las demandas contra actos reformatorios de la Constitución; en la segunda se estudian los "hechos antecedentes que implican vicios en la formación del Acto le­gislativo que se demanda". De la segunda sección, pasa la demanda a la numerada como "cuarta sección'', la cual lleva como título " Fun­damento de las violaciones sustentadas".

En relación con la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de los juicios de, constitucionalidad contra los actos legislati­vos, por los cuales se reforma la Carta Política del Estado, distingue la demanda en primer lu­gar: "la potestad constitutiva", como "el poder de establecer la Constitución; que no conoce lí­mites por ser político y suprajurídico", de la "facultad constituyente", la cual entiende, no ya como el poder para establecer la Constitución, sino como la atribución para su reforma, some­tida, a juicio de los actores, a limitaciones de "procedimiento, porque sólo con observancia de las ritualidades establecidas puede válidamente enmendarse la Carta anterior", según cita de Jaime Sanín Greiffestein <sic> en su obra: "La De­fensa Judicial de la Constitución".

Observa a continuación la demanda, que si bien tradicionalmente la Corte "venía conside­rándose incompetente para conocer de las de­mandas de inconstitucionalidad contra actos le­gislativos", tal posición jurisprudencial se modificó en sentido contrario al decidirse sobre la inconstitucionalidad del Acto legislativo número 1 de 1977, por el cual se había reformado el artículo 218 de la Carta y se autorizaba a unaAsamblea Constituyente para realizar la refor­ma constitucional.

Sobre este punto agrega la demanda:

"Es indefectible la competencia de la hono­rable Corte Suprema para conocer y declarar contrarios a la Constitución los intentos de revi­sión irregular que atentan contra ella por vicios de procedimiento en su formación, no sólo por­que la Corte es la guardiana de su integridad, lo cual implica que ella tiene un 'poder consti­tuyente de anulación de todo acto constitucional que la viole, sino porque además, las prescripcio­nes de forma contenidas en la Carta se torna­rían inocuas e inoperantes de no preverse la san­ción de anulación de los actos que las transgre­den.

En estricta lógica, que nace del sentido co­mún, el presupuesto de base de control de cons­titucionalidad de los actos jurídicos de carácter general, radica en la competencia para controlary anular lo que, en vez de revisar la Carta Política, la desconoce. De no, nuestra Constitución no sería rígida sino flexible; mejor aún, genuflexa frente a los afanes reformatorios de los gobernantes, y no requeriría siquiera ser es­crita".

La Corte seguirá en la exposición de los car­gos pertinentes, idéntica secuencia a la obser­vada en la demanda. Estos se concretan y sustentan así:

1º. Inconstitucionalidad de las Comisiones Constitucionales elegidas por la Cámara de Re­presentantes el 1° de agosto de 1978.

Se basan los actores en primer término en que el Consejo de Estado, mediante sentencia del día 2 del mes de julio de 1979, anuló la elección de las Comisiones Constitucionales Permanentes de la Cámara de Representantes, verificada el 1º de agosto de 1978, decisión basada en el hecho de haberse violado en tal elección los derechos de las minorías, y la aplicación del cuociente electoral previstos en la Constitución, y al efecto argumentan:

"Frente a la Constitución, este fallo implica el reconocimiento por parte del más alto Tribunal Contencioso-administrativo del país, de que los actos tramitados en las Comisiones Inconstitucio­nales de la Cámara de Representantes durante la legislatura de 1978 carecen de validez y deque no puede dárseles efecto alguno".

Citan en su abono los actores, los artículos 2º, 55 y mayormente el 75 de la Constitución Na­cional, refiriéndose al cual afirman:

"Según el señor Samper, la finalidad que so perseguía con el precepto era evitar, a través de la sanción de nulidad de los actos ilegales expedidos fuera de las 'condiciones constituciona­les' que el Congreso se reuniera en épocas distintas de las previstas por la Carta, o fuera de su sede. Pero también sabemos que estos ante­cedentes históricos no desvirtúan el alcance ac­tual de su contenido, el cual es sensiblementemás drástico, con el que se busca impedir no sólo las reuniones del Congreso en épocas distin­tas de las señaladas en la Ley Fundamental, o fuera de su sede, sino también, la burla de los derechos de las minorías en la elección de sus comisiones y durante las deliberaciones del trámite prescrito en el propio Estatuto Mayor y los Reglamentos Orgánico Constitucionales para su reforma, y la expedición de leyes, y demás actos, ya no con la simple previsión de nulidad sino la orden de su 'invalidez' y la prohibición de darles'efecto alguno', cuando se realicen por "fuera de las condiciones constitucionales", o no se ejerzan "en los términos que la Carta establece".

Citan los actores en su abono:

"La reciente sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 10 de noviembre de 1977 que declaró inexequible la Ley 23 de 1977, sobre reforma del sistema electoral, por vicios de procedimiento en su formación, y en la que se parifican a pre-requisitos sin los cualeslos actos del Congreso no pueden producir efecto alguno, las condiciones de constitucionalidad a que se refiere el artículo 75 de la Carta, y se señala como uno de ellos la existencia del quórumque 'condiciona el acto de votación'; ("foro Colombiano, XVIII-103-36)

Concluyen los actores su argumentación, ex­presando que:

"…somos de la opinión de que la Corpora­ción…como 'poder constituyente de invalida­ción", tiene la obligación de proferir un fallo simplemente declarativo, a nuestro juicio ni si­quiera anulatorio o de inexequibilidad (de inejecutabilidad) del Acto legislativo número 1 de 1979, por cuanto durante la primera vuelta tuvo primer debate en la Cámara de Representantes en una Comisión, la Primera que fue elegida sinrepresentación de minorías, precisamente paraque no tuviera criticas, y, desde luego por fuera de la señalada condición constitucional que im­pone darles cabida a las mismas (artículo 172); y, en fin, por no haber sido tramitados en los tér­minos establecidos por la Carta; por lo cual care­ce de validez y no ha tenido efecto alguno...es verdad averiguada que las sentencias declara­tivas producen efectos ex tunc, es decir, desde cuando se presentó el hecho generador de la nu­lidad que no crean sino reconocen...y como se ha dejado claro, a diferencia del artículo 75 ori­ginal del constituyente de 1886, el de la Carta actual, que viene del año de 1968, artículo 10 dela reforma de entonces, no sanciona apenas conla nulidad sino que manda tener como inválidosy prohíbe darles cualquier efecto, a los actos que, como en el que acusamos, nos llenaron losprerequisitos constitucionales para su validez ... sin la sentencia del Consejo de Estado, a la que no dejamos de reconocer importancia, la situación sería la misma".

2º. La indebida acumulación de los proyectos publicados de la primera legislatura y su indebida sustitución por un nuevo pliego modifica­torio.

Toda vez que los dos proyectos de reforma de la Constitución Nacional, publicados mediante los Decretos 122 y 123 de 1979, fueron acumula­dos para su discusión en la segunda legislatura, los actores construyen con base en tal situación, uno de sus cargos principales contra la normaacusada, afirman:

"La determinación tomada por el Gobierno y los directorios políticos del liberalismo y del conservatismo en la reunión del 17 de julio de 1979 en el Salón Amarillo del Palacio San Carlos,pues como oportunamente lo relatamos, fue allí, entonces, -donde los Presidentes de la Repúbli­ca, Julio César Turbay Ayala; del Directorio Conservador Alvarista, Felio Andrade Manri­que, Conservador Ospino-Pastranista, Guillermo Ángulo Gómez, y Víctor Mosquera Chaux, representante de la Dirección Nacional Liberal- "decidieron la tramitación unitaria de las ini­ciativas" por fuera de las 'condiciones constitu­cionales', y de los 'términos establecidos por la Constitución', violando, de este modo, sus artícu­los 55, 81, 172, 21.8, 2º y 75"; y agregan, para fundamentar su cargo que:

"Según se exige en el artículo 218 de la Cons­titución, en lo pertinente, en la segunda legisla­tura ordinariadebe nuevamente debatirse el pro­yecto, o los proyectos, que se habían debatido en la primera, y no acumularse, ni refundirse, ni cambiarse, ni fusionarse, puesto que todo esto equivaldría a comenzar de nuevo con otra pri­mera legislatura, pero no a darle la segunda.

Claro está que nosotros no pretendemos hacer entender que en la segunda vuelta no se puedan introducir modificaciones a lo disentido y apro­bado en la primera, pues sería inútil la doble vuelta; pero ello no implica que a título de modificaciones a lo de la primera, se proponga en la segunda un proyecto distinto de los aprobados en aquélla, sin siquiera considerar las modifica­ciones con fundamento en los artículos aproba­dos, sino proponiendo otros, suprimiendo arbi­trariamente algunos, ampliando los más y refun­diendo sus textos, que fue lo que se hizo conformecon lo ya relatado y demostrado en la transcrip­ción de la doble columna de contenidos norma­tivos disímiles".

Consideran los libelistas que: "fueron muchos los artículos nuevos que se propusieron para la segunda legislatura y que no se habían siquiera discutido, ni menos aprobado en la primera... ". Reiteran que todo lo anterior es violatorio del artículo 75 de la Constitución, por no haberse obrado en la tramitación de los proyectosdentrode los términos consagrados en dicha disposición, y terminan este cargo expresando que sólo vein­tidós artículos "se mantuvieron sin cambiarle 'ni una coma' en la segunda vuelta 'siendo ellos los siguientes: 1, 5, 6, 7, 11, 15, 16. 19, 22, 23,29, 32, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 57, 60, 64 y 65 del Acto legislativo acusado.

3° Son varios los contenidos normativos de la reforma Turbay Ayala que sin haber sido pro­puestos al estudio del Congreso constituyente, por éste debatidos y aprobados, y publicados lue­go de la primera vuelta, fueron sin embargo, insólitamente incluidos y aprobados en la segunda vuelta.

4º. En la segunda vuelta, fue diferente el texto que se aprobó en primero y segundo debates en el Senado, del que se presentó a discusión para pri­mero y segundo debates en la Cámara.

A este respecto expresan los actores:

"El número 90 de 'Anales del Congreso', del miércoles 10 de octubre de 1979, en el cual, co­mo allí mismo consta, se publica el texto del ar­ticulado 'aprobado en primer debate -segunda vuelta por la Comisión Primera del Senado- en su sesión del día 4 de octubre de 1979, Acta nú­mero 21', conforme reza la constancia publicada en la página 1336 de esa edición, es diferentedel que se presentó a discusión en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y, sin embargo, no fue devuelto. Y no podía haberlo sido, ya que no consta su modifi­cación sino que se hace apenas visible su adulte­ración, lo cual atañe más al Código Penal que a la Carta Política, aunque afecta las previsiones de ésta sobre trámite.

En cambio, cínicamente publicado como igual al de los 'Anales' número 90, en la edición de 'Anales del Congreso' número 96 el martes 23de octubre de 1979, aparece un texto para pro­yecto de acto legislativo, distinto en algunos de sus artículos al que realmente se aprobó, y quevino a ser finalmente el que 'sin una sola coma' se tornó en acto legislativo reformatorio de la Constitución" (folio 74).

Enfatizan los actores el hecho de que la situa­ción anterior indica que se "cometió un delito de falsedad"; que "existe además el rumor de que la edición número 90 de los 'Anales del Congre­so' ha sido recogida,- y que de todas maneras se trata de un 'exabrupto' ".

5º. No se admitieron ni se discutieron en la se­gunda vuelta, las propuestas de discusión y vo­tación por separado y algunos artículos del pro­yecto, en el curso del primer debate en la Comi­sión Primera de la Cámara.

Los actores se basan en que, el 15 de noviembre de 1979, al comenzar la discusión para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, los Representantes Villar Borda, Jaime Pinzón Ló­pez, Gilberto Vieira y Alvaro Bernal Segura, so­licitaron, mediante comunicación de la misma fe­cha, que se discutieran y votaran separadamente algunos artículos del proyecto.

Sin embargo, los actores, teniendo en cuenta que según declaración del Presidente de la Comisión Primera, Representante Zamir Silva, dicha solicitud se hizo una vez cerrada la disensión res­pectiva, agregan:

"... Ya que en el punto 5º de su declaración que figura en los mismos 'Anales' el Represen­tante Samir Silva incurre en evidente contradic­ción al confundir votación con discusión y en los puntos 7 y 8 de ella reitera su confusión al expresar que el Presidente de la Comisión le concedió el uso de la palabra al Representante Villar Borda para que explique su voto, pero que ya no podía hacer someter a discusión la pro­puesta (punto 9), porque el Reglamento de la Cámaralo prohíbe cuando ya está en votación".

"Lo que ocurrió en realidad -agregan- por­que se sabe de actas, es que conforme se verá en el punto siguiente, fueron mutiladas: Los hono­rables representantes que presentaron propuestaescrita de discutir y votar por separado los ar­tículos mencionados en su comunicación escrita,y cuando aún no se había cerrado la discusión, ya habían acordado aceptar la discusión y votado en bloque de los artículos del proyecto sobre los cuales había aceptación, mas suponían que la discusión proseguiría sobre los que estaban por dis­cutir y votar con todo y fórmulas sustitutivas. A no ser que el Representante Zamir Silva sea tan ingenuo de creer tan bobos a los proponentes como para entender de que éstos lo que que­rían era apenas jugar a demorarse y votar luego con cuatro votos en contra del resto del articulado. ¿Para qué proponer votación separa­da sin discusión separada " (folio 78).

6º. Actas incompletas o mutiladas y tardía­mente aprobadas.

Este cargo, simple continuación del anterior, lo hacen consistir los actores en que las actas co­rrespondientes a las sesiones del 6 al 15 de no­viembre en los cuales la Comisión Primera de la Cámara aprobó en la segunda legislatura el proyecto de acto legislativo, "al parecer fueron ela­boradas con mutilaciones graves", mutilaciones que a su juicio "revelan precaución contra de­mandas como las que presentamos".

En la llamada sección "cuarta" de la deman­da, atinente según su título, a los "Fundamentos de las violaciones sustentadas", los actores rei­teran sus puntos de vista, con respecto a la ma­yor parte de los cargos anteriores, y al mismo tiempo agregan los siguientes nuevos motivos de censura:

7º. La violación del principio constitucional de participación de las minorías determinó que el Acto acusado se expidiera contra lo Constitución (Folios 85 y siguientes).

Aquí, menos que de un cargo nuevo, se trata más bien de un nuevo enfoque individualizado de algunas de las razones que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para efectos de decretar la nulidad de la elección de las Comisiones Perma­nentes, materia del primer cargo.

Reiteran en esta oportunidad los actores que, al no darse representación a las minorías en tal elec­ción según las prescripciones del artículo 172 de la Carta Fundamental, se obró por "fuera de]as condiciones constitucionales" prescritas enel artículo 7o de la misma codificación, en abo­no de lo cual transcriben algunos apartes del sal­vamento de voto delMagistrado Gustavo Gómez Velásquez 'en relación con la demanda de inexequibilidad contra el Acto legislativo número1 de 1968', según los cuales:

''Día a día en la evolución del derecho consti­tucional, si bien se observa la flexibilidad de sus normas para permitir los cambios de la Carta, no es menos cierto que ese proceso está revestidode garantías muy precisas y de absoluto cumpli­miento. En la época actual que se caracteriza por el poder de reacción se puede desencadenar una minoría política oprimida o perseguida, debe re­doblarse el escrúpulo por observar los preceptos que permitan introducir cambios en la Constitu­ción, pues de no, la suprema tutela y máximo orden que ésta encarna, desaparecen, se hace posible, y se legitima la acción violenta y la abier­ta rebeldía. Los tiempos que se viven imponen, tanto o más que antaño, seguridad y firmeza enestos trámites de reforma y un mayor apego asus dictados, si se quiere mantener el estilo ysentido de las instituciones políticas, evitándoseasí que grupos de oposición lleguen a entender, por práctica distinta, que nada tienen que hacer por las vías democráticas que consagra la ley de leyes. Pero no sólo hay que estar convencidos sino dar muestras de querer conservar la Consti­tución y hacer de su reforma una empresa seria, patriótica y con cerrada aplicación de sus man­datos. Lejos de esta órbita deben quedar las fu­gaces y engañosas oportunidades que puede ofre­cer el predominio de un Ejecutivo fuerte sobrelas otras dos ramas del poder. Tan primordial aparece todo esto que no se duda en apreciarlo como factor imprescindible y decisivo en la ob­tención, conservación y disfrute de la paz. Cuan­to más sea el respeto a la Carta, cuanto más se estabilicen y preserven los derechos que ella con­sagra, cuanto más resistan sus estructuras las ac­ciones de quienes buscan satisfacer sus personales ventajas o el aprovechamiento de sus precarias mayorías, tanto más será la solidez y efi­cacia de las instituciones, el afianzamiento de un ambiente de concordia nacional y la fe en la evolución pacífica de los cambios necesarios e inaplazables.

8º. El reglamento del Congreso debe cumplirse por parte de éste, así actúe como constituyente, y si no se cumple, se infringe también la Carta, la cual conforma con aquel una proposición jurí­dica completa.

En desarrollo de este nuevo cargo encuentran los actores en primer lugar que:

''Se viola por lo tanto, además de la Constitu­ción, el principio físico-biológico de la inercia mental, si se decide en contra de lo ordenado en ella".

A continuación en búsqueda de darle alguna fundamentación a la afirmación anterior, los ac­tores pretenden constitucionalizar el Reglamento del Congreso, para terminar considerándolo como parte integrante de la Constitución y al efecto observan:

"El Reglamento del Congreso es así, una ley orgánica de la Constitución Nacional, pues por mandato de ella se defiere a la ley 'la organiza­ción del procedimiento y trámite de aprobación de las leyes y de los actos legislativos, así como la definición de lo que conforme con ese trámite se entiende por admisión de un proyecto, discu­siones; primero y segundo debates, mayorías, vo­tación, aprobación, sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, sesiones especiales, sesiones in­formales, acumulación, reuniones, comisiones plenarias, etc. ...' por consiguiente de violarse el Reglamento en alguno de sus preceptos, en aras de darle celeridad o de buscar concenso <sic> en rela­ción con un proyecto de revisión constitucional, se está violando la Constitución, que en sus ar­tículos 76-6 y 81 y 218 defiere a la ley la previ­sión del cumplimiento de su trámite, y el reglamento viene a conformar así, junto con aquéllos unaproposición jurídica- orgánico -constitucionalinescindible y completa" (folio 91).

9º. Violación eh las normas constitucionales so­bre quórum y mayorías.

Este cargo, al igual que el séptimo, constituye un nuevo conjunto de argumentos alrededor de las razones que tuvo en cuenta el Consejo de Es­tado, cuya decisión fue el origen del primer car­go intentado por la demanda, para anular la elección de las Comisiones Permanentes, realiza­da por la Cámara de Representantes el primero del mes de agosto de 1978.

Con el propósito de fundamentar y justificar este nuevo enfoque del primer cargo, los actores conciben una nueva forma de quórum que deno­minan "quórum cualitativo", consistente en la participación efectiva de las minorías, a través de sus derechos de "voz y voto", en abono de lo cual afirman que:

"Como quiera que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio por aprobado en primera vuelta el proyecto de acto legislativo, con un quórum cuantitativo pero sin tener en cuenta su cualificación descrita en el artículo 172 de la Carta, que exige voz y voto, deliberación y participación, que reflejan la 'representaciónproporcional de los partidos' y por tanto el de­recho de la oposición y de las minorías, razón por la cual fue anulada por el Consejo de Estado su conformación; se colige que haberse violado el artículo 172, se infringieron también los ar­tículos 82 y 83 de la Carta en sus incisos mencio­nados y de contera, de nuevo, el 75 ibídem, que consagra la sanción de invalidez de las decisiones en cuyas 'deliberaciones' se haya actuado porfuera de las condiciones constitucionales, o lo que es lo mismo a las deliberaciones y decisiones que no se hagan 'enlos términos que la Constituciónestablece' ".

V

El concepto de la Procuraduría

1º. El Procurador General de la Nación fue re­cusado por los demandantes Tarsicio Roldan Pa­lacio y Clímaco Giraldo Gómez (folio 118) en escrito de febrero 11 de 1980.

2º. Mediante providencia de 26 de septiembre de 1980, con ponencia del doctor Policarpo Cas­tillo Dávila, la Corte declaró separado del cono­cimiento al señor Procurador General de la Na­ción doctor Guillermo González Charry, teniendo en cuenta su participación "en la expedición del Acto legislativo número 1 de 1979" y se dispuso que el traslado correspondiente debía cumplirse con la Viceprocuraduría General de la Nación (folio 329).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 25 de 1974, correspondió por lo tanto llevar la voz de la Procuraduría Gene­ral de la Nación a la Viceprocuradora General de la Nación a la Viceprocuradora, señora docto­ra Susana Montes de Echeverry, la cual emitió el concepto de rigor el 23 del mes de febrero del presente año (folios 360 y siguientes), mediante el cual solicita a la Corte declare:

"Primero: Que se encuentra inhibida para proferir fallo de mérito en el proceso bajo la referencia, por carecer de competencia para ello, o segundo, en su defecto: que el Acto legislativo número 1 de 1979, fue expedido por el Congreso Nacional en consonancia con lo establecido en la Constitucióna cuyo amparo fue expedido.

3º. La Procuraduría, observando que los actores solicitan a la Corte en su demanda, ya la nulidad, ora la inexequibilidad, o bien que se profiera "un fallo simplemente declarativo" inicia su estudio con una severa crítica a tal ac­titud de los actores expresando que:

"Esto a no dudarlo significa que los libelistas piden a la honorable Corte Suprema de Justicia tres pronunciamientos diferentes excluyentes noprevistos en nuestro Derecho Público sobre el Constitucional que la Carta le adscribe a la Corte Suprema sin que se decidan por una de ellas frente pues, a dichas tres pretensiones simultá­neas, concurrentes, pero diversas (inexequibilidad, anulación y fallo simplemente declarativo de invalidez), por inocuas desecha este despacho las inconducentes sobre anulación y fallo decla­rativo de invalidez: y se detendrá frente a la única jurídicamente estructurare, como es la de inexequibilidad o inconstitucionalidad previs­ta en nuestra normativa jurídica sobre control constitucional por la Corte Suprema desde la Ley 2ª de 1904, y más tarde por el Acto legislativo número 3 de 1910, pero con la advertencia deque la máxima entidad de la Rama Jurisdiccio­nal tiene competencia adscrita expresamente por la Carta para conocer de demandas de inexequi­bilidad contra los actos legislativos reformatorios de la Constitución, solamente desde el pasado 20 de diciembre de 1979, fecha desde cuando comen­zó a regir el Acto legislativo número 1 de 1979, cuyo artículo 58 introdujo tal novedad jurídica al establecerla en el ordinal 1° del nuevo canon 214 de aquélla".

4º. A continuación, la Procuraduría se ocupa como aspecto previo y capital del proceso, de "las normas constitucionales frente a las cuales ha de juzgarse la reforma a la Carta hecha porel Acto legislativo número 1 de 1979", exponien­do al respecto su criterio, según el cual:

"... las diversas disposiciones que integran el Acto acusado han de juzgarse frente a las normas superiores de la Constitución vigentes en el mo­mento de expedirse la reforma, esto es, frente a las imperantes de la Carta y bajo las cuales se presentó, debatió y aprobó el Acto legislativo nú­mero 1 de 1979, para dilucidar si la reformaacató o, por el contrario, quebrantó lo que sobre el particular señalaban las disposiciones consti­tucionales que obligatoriamente debía cumplir el Congreso Nacional. En consecuencia, para juzgar la supuesta inconstitucionalidad del Acto legis­lativo número 1 de 1979, ha de estarse a lo dispuesto en la Constitución Política con vigor has­ta el 19 de diciembre de 1979, puesto que la reforma de que trata este Acto comenzó a regir el20 de diciembre de 1979, conforme se indica enel artículo 65 de dicho Acto legislativo, publicado en copia fotostática autógrafa en el 'Diario Ofi­cial1 número 35416 de esta última fecha".

Se ocupa luego la Procuraduría, de la compe­tencia de la Corte para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra los actos legisla­tivos reformatorios de la Carta Fundamental y, consecuente con la tesis anteriormente expuesta concluye que si bien el Acto legislativo número 1 de 1979 le dio competencia a la Corte en su ar­tículo 58 subrogatorio del 214 de la Constitución para conocer de tales demandas, en tratándosede ciertos vicios de forma, sin embargo:

"La nueva materia de competencia otorgada a la Corte Suprema por el constituyente derivado en el Acto legislativo sub judice, podrá desarro­llarla la Corte a las reformas constitucionales que se realicen a partir de la última enmienda -que así lo dispuso-, esto es, frente a los actos legisla­tivos modificatorios de la ley de leyes que se introduzcan con posterioridad al citado 20 de di­ciembre de 1979, pero jamás ante las reformas constitucionales acaecidas con anterioridad a esta fecha, puesto que antes carecía la Corte total­mente de esa competencia'. Tratándose de la competencia del orden constitucional, no cabe ni pueden caber interpretaciones analógicas o extensivas; el constituyente ha expresado clara­mente el ámbito de competencia de la Corte y por tanto, rígidamente a él debe estarse como quiera que en este especialísimo campo las interpreta­ciones son de índole restrictiva. En consecuencia, en estricto rigor, la Corte es incompetente para conocer de la acción de inexequibilidad que se estudia, por tratarse de un acto legislativo, de­batido y aprobado antes del 20 de diciembre de 1979. Consecuente con esto, pediré que se declare inhibida esa alta Corporación para dictar fallode mérito, por carecer de competencia para ello''.

Con miras a una mayor fundamentación del punto de vista anterior, la Procuraduría trans­cribe (folios 367 y siguientes) el concepto ren­dido por esa entidad el 7 de mayo de 1979, en el proceso de inexequibilidad que contra el Acto legislativo número 1 de 1968 promovió el ciuda­dano Bernardo Elejalde, concepto en el cual se sostiene dicha tesis.

Importa señalar que el proceso anteriormente señalado fue decidido por la Corte el 16 de octu­bre de 1979, mediante providencia de Sala Plena.

En tal oportunidad, la Procuraduría, con con­clusión del estudio realizado al respecto, expuso:

"Así pues, de la competencia de la Corte se sustraen los proyectos de enmienda de la Consti­tución, los decretos reglamentarios dictados por el Gobierno, en uso de las atribuciones que le confiere, el ordinal 3º del artículo 120, y los de­cretos simplemente ejecutivos. No es lógico ni ju­rídico sostener que la competencia de la Corte, como encargada de velar por la integridad de la Constitución se extienda a todos los casos en que tal integridad esté amenazada, Si tal aconteciera, la Corte usurparía jurisdicción. Esta competen­cia es de derecho y de orden público y para elcaso, como ya se anotó, no enunciativa sino limi­tativa, de modo que este control jurisdiccional no puede aplicarse por analogía, sino exclusivamen­te a los casos previstos en la Carta. Lo contrario es desconocer la voluntad del constituyente y aplicar el control a situaciones que la norma no regula".

5º. Aborda luego la Procuraduría el estudio de la validez de los actos cumplidos por la ComisiónPrimerade la Cámara de Representantes antes de la declaración de nulidad decidida por el Con­sejo de Estado, para concluir que: "Tienen toda la validez y legalidad que normalmente caracte­riza a los actos administrativos en un Estado de Derecho, conclusión ésta que fundamenta así:

"Los efectos de los fallos contencioso-administrativos proferidos bien por los tribunales seccionales, ora por el honorable Consejo de Estado se proyectan hacia el futuro en la medida de que el acto anulado no puede aplicarse en lo sucesivo, pero simultáneamente crean efectos hacia atrás, los cuales se determinan en cada caso particular por la naturaleza de la acción interpuesta.

"Sin embargo, esta posibilidad de que hacia el pasado pueda producir algunos y bien deter­minados efectos particulares, no comporta en los casos relativos a la nulidad de elecciones, desig­naciones o nombramientos, la invalidez simultá­nea y automática de las actuaciones cumplidas en el ejercicio del cargo por quien a la postreresultó ilegalmente elegido, designado o nombra­do, pues ellas gozan a su vez, de la presunción de legalidad, en virtud de la cual se considera con­formes con la ley, mientras no se las anule por la jurisdicción contencioso-administrativa. No re­sulta comprensible cómo puede anularse un acuerdo municipal, por ejemplo, ni tampoco como puede ser inexequible una ley sólo por haber sido expedida con el concurso de congresistas cu­ya elección sea anulada posteriormente. Así tam­poco se puede encontrar vicio en el trámite de un acto legislativo por la sola circunstancia de haber sido tramitado y expedido por miembros de una de las comisiones constitucionales y de las Cámaras cuya elección fue anulada con pos­terioridad. Y ello es y debe ser así, en virtud del principio constitucional legalidad que rodea los actos administrativos, sean ellos de los proferi­dos por cualquiera, de las ramas del poder pú­blico.

6º. En último lugar la Procuraduría estudia, el ataque intentado por los actores consistente en 'la disimilitud o no exactitud entre lo apro­bado por el Congreso en la primera vuelta legis­lativa y lo votado y aprobado en la segunda, frente a las exigencias del artículo 218 de la Carta Constitucional' ".

VI

Los impugnadores de la demanda

Como ya se indicó en el curso del proceso, fue­ron presentados tres escritos encaminados a im­pugnar la demanda, el primero de ellos por el ciudadano Manuel S. Urueta (folios 159 y si­guientes); el segundo por el ciudadano M. Parménides Salazar (folios 181 y siguientes) y el tercero de ellos conjuntamente por los ciudada­nos César Gómez Estrada y Rodrigo Noguera Laborde (folios 242 y siguientes). La Corte procede a exponer las tesis por ellos sustentadas en el or­den aludido, que lo fue el de la presentación de los respectivos escritos.

1° Impugnación del ciudadano Manuel S. Urueta

Competencia de la Corte. Estudia en primer término el impugnante la competencia de la Corte, para conocer del presente negocio, haden­dolo a la luz de las normas constitucionales apli­cables, concluyendo que si bien la Corte tiene competencia, sin embargo, dicha competencia se encuentra limitada, por lo dispuesto por el Acto legislativo número 1 de 1979, en su artículo 58, norma que en su concepto es aplicable al caso en estudio.

Efectivamente este impugnante, que funda­menta su intervención tanto en el artículo 214, como en el 45 de la Carta Fundamental, consi­dera citando para ello al tratadista Hernando Devis Echandía, que las normas procesales son de "efecto general e inmediato" y que en conse­cuencia, es a luz de tales normas del Acto legislativo demandado que debe estudiarse la constitucionalidad del mismo, respecto de lo cual afirma:

''... La Corte Suprema de Justicia tenía bajo la antigua Constitución una cláusula general de competencia consistente en la guarda de la inte­gridad de la Constitución. Hoy la situación pro­cesal es diferente porque el Acto legislativo número 1 de 1979 modifica la antigua cláusula general de competencia en el sentido de limitar el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la exequibilidad de los actos legislativos a ciertos vicios de forma".

Consecuente con lo anterior, concluye que:

"La Corte Suprema de Justicia debería decla­rarse inhibida respecto de los pedimentos de la demanda relacionados con las presuntas violaciones de los artículos 75 y 172 de la Constitución, cuando se refieren a la exequibilidad de actos legislativos; no respecto de las leyes ordinarias, en donde impera aún la cláusula general de com­petencia" (folios 161 y siguientes).

Se refiere luego el impugnante a la inexisten­cia de los actos administrativos y citando los au­tores Jean-Marie Auby y Eduard Laferriere, lo mismo que jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano (septiembre 25 de 1961, 'Anales', tomo LXI1I. primera parte, números 392 a 396, página 251), concluye que:

"No puede de acuerdo con estas ideas consi­derarse que el acto administrativo por medio del cual la Cámara de Representantes integró la Co­misión Primera Constitucional Permanente y que luego fue anulado por sentencia del Consejo de Estado, fuera inexistente, que ese acto como lo anotaba Jean-Marie Auby, estuviese 'tocado de una ineficacia, originaria'. Dicho acto no consti­tuyó una usurpación de poderes ni tampoco violó el principio de separación de funciones. Simple­mente se trató de un acto administrativo, presu­mido legal basta cuando intervino la decisión judicial que lo anuló".

Efectos de la decisión de nulidad.

Citando a George Vedel, Prosper Weil, J. M. Auby R. Drago y Agustín Gordillo, afirma con el primero que:

"El acto anulado es mirado como si jamás hu­biese sido tomado. Pero por razones prácticas dos atenuaciones son aportadas a esta regla. En pri­mer término, aunque la anulación del nombra­miento de un funcionario tenga por efecto volver a esa nominación inoperante desde su origen, los actos realizados por ese agente entre, su nombramiento y la notificación de la decisión de anulación son considerados como válidos.

"En segundo lugar, la anulación de un acto no puede prevalecer contra decisiones jurisdicciona­les revestidas de la fuerza de cosa juzgada".

Considerando igualmente que deben distin­guirse las acciones de nulidad, anulabilidad e inexistencia, cita el estudio sobre la "inexequibilidad de la ley" de Fernando Garavito (tomo II, "Jurisprudencia de la Corte") para quien "la declaratoria de inexequibilidad de un acto pú­blico equivale a una declaratoria de nulidad y no a una simple derogación", cita igualmente providencia del 23 de noviembre de 1964 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Con­sejo de Estado, según la cual la declaración de inexequibilidad, ni anula ni deroga, sino que sim­plemente determina que la norma así declarada "en lo sucesivo no tendrá más vida, que desapa­rece de la normatividad jurídica", y un concepto de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del 26 de abril de 1973 ("Foro Colombiano" núme­ro 50 de agosto de 1973, páginas 230, 231 y 232), para concluir respecto de este punto de su ale­gato que:

"Dado que el Consejo de Estado ha asimilado los efectos de la sentencia de inexequibilidad de las leyes a los efectos de la sentencia de nulidad de los actos administrativos, resulta incuestiona­ble que las decisiones de nulidad tienen únicamente efectos bacía el futuro, no para el pasado. En consecuencia, la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto adminis­trativo por medio del cual se integró la Comisión Primera de la Cámara tendrá efectos para el futuro, no para el pasado, a menos que se quiera introducir un elemento de inseguridad en las relaciones jurídicas de la sociedad colombiana. Esa posición jurisprudencial del Consejo de Es­tado está acorde con la doctrina nominante en juicios de simple nulidad".

Se refiere a continuación el impugnante a las "condiciones de existencia del Congreso y las condiciones de validez de la ley", diferenciando entre unas y otras y aludiendo en el primer caso a la historia constitucional del artículo 75 de la Carta, para lo cual compara el texto primitivo adoptado en 1886, con el mismo texto modificado en 1968 y luego de citar a José María Samper, concluye en el primer aspecto mencionado que:

"... el espíritu del artículo 76 es el de evitar que el Congreso de la República se reúna por fuera de unas condiciones de tiempo, modo y lu­gar que coloque a 'la República en muy conflictiva situación' ".

Agrega el impugnante que: "un presunto vicio en la formación de una ley no se sanciona con la inexistencia como podría inferirse del argumento de los actores, sino con la declaratoria de inexequibilidad", y estima que "la vinculación que hacen los actores de los artículos 81 y 75 es ar­tificiosa".

Estudia luego el impugnante la tesis de la de­manda, en relación con la naturaleza jurídica del Reglamento del Congreso, exponiendo su crite­rio, según el cual:

"No existencia congruencia de la idea que ha inspirado la demanda con la pretensión de constitucionalizar el Reglamento del Congreso, pues si esas normas tuviesen rango constitucional, ten­drían que haber sufrido el procedimiento pre­visto en el artículo 218 de la Constitución, a menos que se acepte la idea de que unas normas constitucionales se deben ajustar a este procedi­miento, en tanto, otras como serían las reglamen­tarias con rango constitucional (Leyes Orgánicas de la Constitución) están sometidas únicamente al procedimiento de las leyes ordinarias.

La tesis de la proposición jurídica incompleta es ingeniosa pero olvida que la normatividad constitucional como máximo grado de abstrac­ción dentro del ordenamiento jurídico constituye por regla general una proposición jurídica incompleta, que necesita del necesario desarrollo legislativo. Ya nos enseñaba Adolf Merkl en su teoría de la formación del derecho por grados que la ley es la ejecución del derecho creado en la constitución y creación de derecho respecto de los grados inferiores..... La Constitución pre­vé que otros organismos del Estado se den su propio reglamento, como sucede por ejemplo con el Consejo de Estado.... de acuerdo con la tesis de la proposición jurídica incompleta, las normas del reglamento del Consejo de Estado se inte­grarían a la Constitución....".

Y para concluir sus observaciones en punto a la naturaleza del Reglamento del Congreso, afir­ma:

"La causa de la confusión jurídica de los de­mandantes radica en la no distinción de las for­mas constitucionales y de las formas legales. Cuando se pretende someter al constituyente a lo dispuesto por un reglamento de naturaleza le­gal se llega al extremo de considerar inasequible una reforma constitucional por no haberse obser­vado un nimio procedimiento previsto en ese reglamento ... una reforma de la Constitución Política debería ser declarada inexequible por­que no se leyó en voz alta un voto en blanco".

Termina su análisis el impugnante comentan­do los cargos de la demanda atinente a la disi­militud de contenidos normativos" entre las dos legislaturas aprobatorias del acto acusado y, a la acumulación de los primitivos proyectos de re­forma del misino, aspectos sobre los cuales piensa que existe un "vacío relativo" en la Carta Fun­damental, lo mismo que en el Reglamento del Congreso, el cual a su juicio debe ser llenado por "los órganos de control".

Termina expresando el impugnante, por lo que a la acumulación de proyectos se refiere, que:

"Allí precisamente radica la diferencia entre lo reglado y lo discrecional. Si no se ha previsto la forma como los proyectos deben ser acumula­dos, las Cámaras gozarán de libertad en la escogencia de la forma para la realización de esa acumulación. Lo que sí resulta inaceptable jurí­dicamente es la pretensión de que ante la ausen­cia de norma condicionante del ejercicio de una facultad porque el legislador así lo ha querido se deduzca la imposibilidad del constituyente para el ejercicio de tal facultad. Un razonamiento de este orden conduce inevitablemente al desconoci­miento del concepto de discrecionalidad, enten­dida como la relativa libertad de que goza una autoridad ante la ausencia de limitantes legales".

2º. Impugnación del ciudadano M. Parménides Salazar.

Alude en primer término (folios 181 y siguien­tes) a la promulgación del Acto legislativo acu­sado, criticando la posición adoptada por los ac­tores al presentar dos demandas de inexequibilidad, antes y después de aquélla, lo cual revela a su juicio:

"Falta de seriedad intelectual, poca firmeza en las tesis planteadas, o cuando menos, ánimo de sorprender a la opinión pública del país con el montaje de un sincronizado aparato publici­tario a través de los distintos medios de comunicación".

Y agrega al respecto glosando la "Teoría de la subsumación entre los artículos 81 y 218 de la Constitución, expuesta por los actores que: "La publicación de la ley es el quinto requisito de ésta".

Comenta lo relativo a los efectos de la nulidad de la elección de las Comisiones Permanentes de la Cámara, dispuesta por el Consejo de Estado, estimando al respecto que la tesis de los actores:

"Parte del presupuesto legal y doctrinaria­mente equivocado de que las sentencias de nulidad, que a juicio de la Corte y del Consejo de Estado, se asemejan a los fallos de inexequibilidad, producen efectos retroactivos y que, por consiguiente, en el presente evento, la nulidad de la elección de la Comisión Primera de la honorable Cámara, implica automáticamente la nulidad de todos sus actos. Pero no. La decisión de inexequibilidad, como la nulidad se proyecta sobre el futuro y no sobre el pasado, de donde emerge, como lo sostiene la Corte en sentencia de julio 30 de 1955 que: "Las consecuencias del fallo no trascienden a las actuaciones cumplidas con anterioridad a dicho fallo...'' de otra parte, no debe olvidarse, con relación a este tema que dentro del Derecho Colombiano no es de buen recibo, el criterio sobre la inexistencia de los ac­tos administrativos. Estos pueden estar viciados de nulidad y por tanto, pueden ser anulados…. pero mientras no se declare tal nulidad se presu­men con existencia jurídica basta dicha decla­ratoria".

Seguidamente, el impugnante se refiere a la violación del artículo 75 de la Constitución, y la indebida acumulación de los proyectos de refor­ma de la Carta, llegando a conclusiones similares, en tal sentido, a las del impugnante anterior.

Sobre las modificaciones introducidas en la segunda legislatura al texto aprobado en la pri­mera, expone su criterio, según el cual:

"Sobre la base de lo ya dicho, de que si es procedente introducir modificaciones -y modificaciones pueden ser recortes, agregados, trans­posiciones de textos, etc.- en la, segunda legis­latura, porque de lo contrario 'para qué' esta segunda vuelta si hubiese la obligatoriedad de repetir en ella exactamente el texto ya aprobado en la primera legislatura, significa ello que tales modificaciones intrínsecamente no pueden gene­rar violaciones del Reglamento y, mucho menos, de las normas constitucionales invocadas por los demandantes".

En cuanto al hecho de que "en la segunda vuelta fue diferente el texto que se aprobó en primero y segundo debates en el Senado, del que se presentó a discusión para primero y segundo debates en la Cámara"; y de que existan "actas incompletas o mutiladas y tardíamente aproba­das", estima el impugnante en primer lugar que: "nos hallaríamos ante un caso de falsedad, en el cual también se encuentran en mora los deman­dantes, para denunciarla criminalmente y no sólo ellos, sino la totalidad de los congresistas de la Comisión Primera"; y en segundo término que:

"Por lo demás, se trata de una práctica regla­mentaria -en el primer aspecto- de frecuente uso en la tramitación de proyecto de ley, que en nada afecta el contexto de tales proyectos. Si ello implicara devolución o revisión del mismo, sería quitarle cierta flexibilidad a una tarea de suyo compleja y dispendiosa, como ésta, de una reforma constitucional, hecha por el constitu­yente dentro de un marco de clara competencia, para introducir al documento original, todas las modificaciones que estime pertinente en el de­curso histórico de los distintos debates".

Trata por último el hecho de que: "no se ad­mitieron ni se discutieron en la segunda vuelta, la propuesta de disensión y votación por sepa­rado de algunos artículos del proyecto, en el curso del primer debate en la Comisión Primera de la Cámara".

3º. Impugnación de los ciudadanos César Gó­mez Estrada y Rodrigo Noguera Laborde (folios 242 y siguientes).

Siguiendo en general el orden temático que ha observado la Corte, en la presentación y síntesis de los alegatos, cabe señalar que, los impugnantes anteriores, se ocupan en su libelo, de los temas que a continuación se señalan.

1º. Promulgación del acto acusado. Critica en primer término la posición de la demanda en lo relativo a la vigencia del acto acusado, y aludien­do de contera a las consideraciones de esta sobre dicho tópico, afirman que, tales reflexiones:

"... Ponen de presente cómo, desde cuando la demanda apenas pretende entrar en materia ya sus autores se colocan en situación de rebeldía contra normas expresas del propio acto acusado, que desde luego se halla rigiendo, y crean así de antemano la sanción, corroborado después, de que no es con sujeción a los principios y cánones de la hermenéutica como organizan y montan los cargos aducidos en su libelo. En efecto, no otra cosa que rebeldía contra el acto acusado, inútil por lo demás es pretender que éste no requería ser promulgado para entrar en vigencia, teniendo en cuenta que expresamente aquél dispone, en su artículo 65 que: 'El presente Acto legisla­tivo rige a partir de su promulgación'. Ni para qué decir que la capacidad del Congreso para expedir mi acto reformatorio de la Constitución, lleva implícita la de señalar el momento a partir del cuál habrán de producirse los efectos de la reforma adoptada como lo señaló en este caso, diciendo que ellos se producirían a partir de la promulgación. Es infantil argüir, como lo hace la demanda, que el artículo 65 aludido no condicio­nó la vigencia de la reforma en referencia, 'por­que precisamente está, en discusión, con nuestra demanda, su validez constitucional', pues afir­mar tal cosa equivale a prohijar el absurdo de que la simple presentación de una demanda produce el efecto extraprocesal de paralizar el Acto objeto de aquella, o de que en tal evento ha de suponerse que sobrevendrá una sentencia que declare la inexequibilidad demandada, y antici­par entonces a la causa la producción de sus efectos".

2º. Normas constitucionales a cuya luz debe es­tudiarse la demanda y competencia de la Corte.

Encuentra la Corte que, en este sentido, existe una evidente contradicción de los libelistas. Cier­tamente, en un primer momento (folio 245) esti­man que las normas aplicables son las contenidas en el Acto acusado expresando al respecto que:

"Es evidente conforme al artículo 214 de la Constitución, tal como quedó luego de la reforma de 1979, regla primera, que a la Corte Suprema le corresponde decidir demandas de inconstitucionalidad dirigidas contra actos legislativos, por vicios de forma".

Sin embargo, más adelante (folio 261) afirman, aludiendo al tópico en comento que:

"Consideramos conveniente observar que la reforma impugnada suprimió el artículo 81 que trataba de la acumulación de proyectos. Pero como él regía cuando se adoptó dicha reforma, le era entonces aplicable y por ello el punto tratado aquí es pertinente".

Precisan los libelistas, en concordancia con lo primeramente observado que, fuera de los vicios de forma previstos en el artículo 214 del Acto demandado:

"Cuya exclusividad para el efecto dicho re­salta y realza la misma regla primera del articule 58 al anteponer el adverbio 'sólo' a la descripción de ellos, no existen otras para apoyar una acción de inexequibilidad, y por ello no lo son los que se comentan por infracción de los reglamentos, en materias en que éstos no coincidan con lo pres­crito en la citada regla primera del artículo 58 del Acto legislativo aquí acusado".

Y continuando con este último tema, de los vi­cios formales predicables del Acto censurado, agregan:

"...También en el proceso jurídico de expe­dición de un acto legislativo deben distinguirse entre los vicios que pueden dar lugar al aniqui­lamiento de éste, que no pueden ser sino los esta­blecidos en la regla primera del artículo 58 del Acto legislativo número 1 de 1979, de un lado, y de las meras irregularidades, de otro. Dentro de estas últimas, por no estar nombradas en la citada regla, deben clasificarse todos los casos con ocasión del trámite parlamentario sean susceptibles de recurso, conforme con los reglamen­tos respectivos; ellos, por lo tanto, carecen de ulterior trascendencia ante la jurisdicción consti­tucional, pues si no son objeto de recurso, deben considerarse saneados; y si lo son, y el resultado es adverso al recurrente, entonces deben tenerse como rechazados definitivamente por la Corpo­ración respectiva. Se trata siempre en esos casos, de problemas a los cuales la Constitución no les da entidad bastante para montar sobre ellos una acción de inexequibilidad. En la Ley 7ª del 45 sobre Reglamento del Senado, se advierten varios eventos en que se da oportunidad a la interposición del recurso de apelación, con oportunidad a la discusión de un proyecto y contra decisiones de la Presidencia, como por ejemplo los previstos en los artículos 127, parágrafo 170, 176 y 225".

Citan los impugnantes la sentencia proferida por la Corte Suprema el 28 de agosto de 1970 (Gaceta Judicial, número 2338 bis, página 364), en la cual se trata por ésta "la inexequibilidad de las leyes por vicios de forma en su expedi­ción'. Concluyen los libelistas que:

"Debe entenderse que lo que se deja expresado respecto a vicios de forma, en modo alguno sig­nifica aceptación o reconocimiento de que en el trámite de la reforma constitucional de 1979 se haya incurrido en las presuntas informalidades que la demanda le endilga, las cuales de haber ocurrido, casi en su totalidad apenas serían sim­ples irregularidades como tales irrelevantes de inexequibilidad... a nuestro juicio no se incu­rrió en ninguna de las informalidades que señala el libelo".

3º. Naturaleza, jurídica del Reglamento del Congreso.

Con el propósito de refutar la "jerarquía orgánico-constitucional" que la demanda le atribu­ye a dicho reglamento, advierte:

"Salvo el caso de la llamada ley orgánica o normativa del presupuesto nacional, y en virtud de lo previsto en el artículo 210 de la Constitu­ción, desde el punto de vista de la fuerza o vigor de su imperio no cabe distinción alguna entre las leyes; en la escala de los valores jurídicos to­das ellas están situadas al mismo nivel, sin que se pueda decir de ninguna que ocupe un lugar especial al lado de la Constitución, o que se con­sidere parte integrante de ella por complemen­tarla o desarrollarla y en general que en algún sentido no esté sujeta al régimen ordinario o común a que están sometidas todas las leyes. Mu­cho menos posible es suponer leyes que limiten o restrinjan las funciones del Congreso como cuerpo constituyente".

4° La nulidad de la integración de la Comisión de la Cámara.

Distinguen los defensores del Acto acusado, las nociones de invalidez e inexistencia, para soste­ner que, en tratándose de "actos jurídicos de Derecho Público":

"…..Los efectos de la declaración de nulidad apenas se proyectan hacia el futuro, de suerte que todo lo actuado en el pasado bajo el imperio de la norma aniquilada, queda intacto e incólu­me'.

Citan a este respecto, providencia de la Corte Suprema del 30 de julio de 1955, en la cual se identifican los conceptos de inexequibilidad y de­rogatoria, en cuanto a sus efectos hacia el futuro, y citan igualmente el pronunciamiento sobre tal tema del Consejo de Estado, igualmente trans­crito como ya se ha visto por el impugnador Ma­nuel S. Urueta, en el cual se asimilan "los efec­tos de la declaración de inexequibilidad a los de la declaración de nulidad".

En relación con este tema y glosando los car­gos de violación de los artículos 72 y 172 de la Carta invocada por los demandantes añaden los impugnantes que:

"La impropiedad de este cargo es manifiesta, porque aquí no se trata de discutir, ni es materia idónea para discutir ante la Corte Suprema de Justicia, cómo y en qué condiciones de la lega­lidad o de constitucionalidad se hizo la elección de los miembros de la Comisión Primera de la Cámara a que se refiere el cargo. Eso sería ma­teria del Contencioso-administrativo".

5° La acumulación de los proyectos.

En relación con este cargo de la demanda, co­mienzan los impugnantes por observar que la de­manda es inepta: "pues en realidad no dice en qué consiste esa indebida acumulación, ni señala norma concreta que la prohíba o que prescriba un trámite especial al efecto que aquí hubiese sido inobservado" y agregan:

"Esta afirmación, empero, no tiene sentido, porque la acumulación en el seno del Congreso de proyectos de Reforma Constitucional ya aproba­dos por separado en una primera legislatura, co­mo en este caso, nada tiene de incompatible con su discusión, así unificados, en la segunda legis­latura, pues la unificación no destruye la res­pectiva identidad material de cada uno de ellos, y debatirlos en conjunto no significa que no lo sea también cada uno, dado que las partes están implicadas en el todo. Por lo demás, la circuns­tancia de que el artículo 218 de la Constitución no hable de acumulación, en modo alguno quiere decir que la prohíba. Por el contrario, la Consti­tución admite la acumulación de proyectos de reforma constitucional, puesto que conforme al artículo 214 de la misma, tal como quedó con la Reforma de 1979, los requisitos del artículo 81 deben observarse en materia de expedición de ac­tos de esa jerarquía, y el inciso penúltimo de dicho artículo 81 alude claramente a proyectos acumulados 'en la forma que ordena el Regla­mento'" (folio 260).

Como quiera que en relación con este cargo, la demanda trae a colación el pliego de modifica­ciones que en la segunda legislatura fue presen­tado ante la Comisión Primera del Senado, los impugnantes recuerdan que dicho pliego de modificaciones:

"No sustituyó abrupta e irregularmente los proyectos acumulados, como se ve muy bien de la historia del trámite a que fue sometida la refor­ma acusada ... no hay tal que, como lo sugiere la demanda de manera intempestiva y de hecho el pliego de modificaciones hubiese desalojado de sus respectivos cauces los proyectos aprobados en primera, vuelta, sino que mediante la acumula­ción ... se integraron o unificaron en un mismo caudal y dentro de un solo cauce, y así pasaron a ser debatidos conjuntamente con un pliego de modificaciones en la segunda legislatura y a lo largo de los debates reglamentarios surtidos ante el Senado, primero, y en la Cámara luego" (fo­lio 262).

Finalmente, se refieren los impugnantes a la diferencia de textos en la segunda legislatura y a las modificaciones en ésta introducidas.

VII

Elementos de prueba allegados al proceso

El material decisorio allegado al presente pro­ceso ha sido integrado fuera del cuaderno prin­cipal en tres "anexos" y dos cuadernos de prue­bas y, en general comprende los siguientes elementos de juicio.

Anexo número 1. Se trata de los documentos allegados por los actores a la demanda. Y se re­duce, por una parte, a un ejemplar de los "Ana­les del Congreso", autenticado por el Secretario General de la Cámara de Representantes, correspondiente al 27 del mes de noviembre del citado año de 1979; y por otra a un ejemplar del perió­dico "El Espectador".

El ejemplar de los "Anales del Congreso" es el número 120 del año XXII, y comprende especialmente el acta de la sesión de la Cámara Plena del miércoles 21 de noviembre de 1979. En él se destaca la constancia dejada el día 20 del mes de noviembre de 1979 por el Representante Zamir Silva Amín, en su doble condición de ponen­te del proyecto de acto legislativo y de Presidente de la Comisión Primera "sobre el procedimiento que se adoptó en la Comisión Primera para la discusión y votación del articulado del proyecto, en la sesión del día 6 del mismo mes".

Dicha constancia se refiere entre otras cosas a la solicitud para que se votaran separadamente diversos artículos del proyecto, firmada por los Representantes Luis Villar Borda, Jaime Pinzón López y Alvaro Bernal Segura; a la votación por separado de tales artículos y al otorgamiento de la palabra al Representante primeramente cita­do, una vez terminada dicha votación "para que explique su voto", el cual en ese momento pre­sentó "algunas proposiciones sustitutivas y, a la determinación de la Presidencia de no someter a discusión tales proposiciones por expresa pro­hibición del Reglamento de la Cámara, cuyos ar­tículos 164, 175 y 203 se transcriben, lo mismo que los artículos 17 y 18 de la Ley 7ª de 1945.

A continuación de la constancia anterior, inter­viene el Representante Cardona Hoyos, el cual enfatiza que la reforma implica "algunos peque­ños beneficios para el desarrollo del Parlamento Colombiano" (página 1.792).

Los "Anales" respecto de la sesión mencio­nada, comprenden igualmente otras constancias, entre ellas de los representantes Villar Borda y Pinzón López sobre la votación anteriormente mencionada, e intervenciones sobre la reforma en cuestión de los Representantes Rodolfo Gonzá­lez, Luis Villar Borda, Mario González, Emilio Urrea y Mary Díaz Castro, y finalmente (página 1799) la votación correspondiente al segundo de­bate -Cámara Plena- del Proyecto de Reforma Constitucional, concluyendo el acta respectiva que:

"En consecuencia, el articulado del proyecto de Acto legislativo número 1 Senado, 110 Cámara de 1978, 'por el cual se reforma la Constitución Nacional' ha sido aprobado de acuerdo con el texto que adoptó la Comisión Primera.

"Cerrado el segundo debate de este proyecto (en segunda vuelta) la honorable Cámara, con las formalidades constitucionales y legales, y se­gún lo preceptúa el artículo 218 de la Carta Fun­damental, declara su voluntad de que sea norma constitucional.

"Preguntada la Cámara si quiere que el pro­yecto de acto legislativo reforme la Constitución Nacional, responde afirmativamente por unani­midad".

El ejemplar de "El Espectador" corresponde al número 25.713 del 29 de noviembre de 1979, en cuya página 10A y, bajo el título "Mutilación del Acta 17 de las reformas", se informa que la solicitud anteriormente citada para la votación por separado de algunos artículos de la reforma no fue incluida en el Acta respectiva, y que el Presidente de la Comisión, reconoció al respecta la existencia de un "descuido por parte del Se­cretario".

Anexo número 2. Contiene diecisiete ejempla­res de los "Anales del Congreso'', cuyo contenido para los efectos del presente proceso, es el si­guiente:

Año XXI, número 13, agosto 9 de 1978.

"Proyecto de Acto legislativo número 5 de 1978, 'por medio del cual se modifica el artículo 103 de la Constitución Nacional y se deroga el ordinal 3º del artículo 78 de la misma', presentado por Humberto Criales de la Rosa, Senador de la UNO".

2º Año XXI, número 30, septiembre 14 de 1978. "Ponencia para primer debate sobre el Proyecto de Acto legislativo número 2 de 1978, 'por el cual se reforma la Constitución Nacional a fin de prohibir las reelecciones para el período inmediato, con el objeto de dar autonomía al Ministerio Público y de precisar los alcances del numeral 14 del artículo 120' Roberto Gerlein Echeverría, Senador".

3º Año XXI, número 35, septiembre 26 de 1978. "Ponencia de los honorables Senadores Es­pinosa Valderrama, Pardo Parra y Lorduy Ro­dríguez sobre los proyectos del Acto legislativo que reforma el Congreso Nacional". Se advierte que se ha trabajado "sobre quince (15) proyectos de acto legislativo presentados uno de ellos por el Ministro de Justicia y los demás por diversos Senadores, uno de ellos, según revisión del pre­sentado en 1976 por los signatarios del Consenso de San Carlos".

4º Año XXI, número 36 de septiembre 27 de 1978, "Proyecto de acto legislativo número 71 de 1978, por el cual se reforman los artículos 59 y 144 de la Constitución Nacional"; presentado por un grupo de representantes.

5º Año XXI, número 53, octubre 33 de 1978.

"Ponencia para, su segundo debate de la reforma constitucional del Congreso rendida por el Se­nador Augusto Espinosa Valderrama", texto del proyecto.

6º Año XXI, número 55, octubre 25 de 1978. "Proyecto de acto legislativo y de ley para se­gundo debate".

7° Año XXI, número 56, octubre 26 de 1978. "Los actos legislativos para reformar las estruc­turas de la Rama Judicial. La poneneia de los Sonadores Jaime Castro, Estrada Vélez, Escobar Méndez y Vidal Perdomo para primer debate". Se advierte que se tuvieron en cuenta tres pro­yectos anteriores, presentados por el Ejecutivo y por diversos Senadores.

8º Año XXI, número 62, noviembre 7 de 1978. Senado. '' Discusión del proyecto de acto legisla­tivo, 'por el cual se reforma la Constitución Na­cional'". "Constancia del Representante Gil­berto Salazar R.".

9º Año XXI, número 72, noviembre 16 de 1978. "Senado. Ponencia para segundo debata sobre Proyecto de acto legislativo número 4 de 1978, 'por el cual se reforma la Constitución Na­cional'. Sonador Miguel Escobar Méndez".

10. Año XXII, número 55, agosto 8 de 7979. "Pliego de modificaciones que presenta el ponen­te, Senador Augusto Espinosa Valderrama para unificar en segunda vuelta, con algunos cambios los proyectos de acto legislativo que en la primera se tramitaron bajo los números 1 y 4".

11. Año XXII, número 83, octubre 9 de 1979. "Ponencia para segundo debate en la segunda legislatura ordinaria, presentada por el Senador Augusto Espinosa Valderrama".

12. Año XXII, número 90, octubre 10 de 1979. "El articulado de Proyecto de acto legislativo número 1 de 1978".

13. Año XXII, número 91, octubre 11 de 1979. "Acta número 20 discusión Senado. Segundo debate".

14. Año XXII, número 92. Octubre 16 de 1979. "Acta número 21. Discusión Senado. Se­gundo debate.

15. Año XXII, número 99, octubre 25 de 1979. "Acta número 25 errores involuntarios en el acta de la reforma constitucional".

16. Año XXIII, número 1, enero 28 de 1980. "Texto completo del Acto legislativo número 1 de 1979".

17. Año XXIII, número 40, septiembre 1º de 1980. "Proyecto de Ley número 10 de 1980, sobre Reglamentos del Congreso Pleno y el común de las cámaras legislativas".

Anexo número 3.

Contiene dos cuadernos en "fotocopia autén­tica", correspondiente al "Expediente electoral número 499" tramitado en el Consejo de Estado, en relación con la "nulidad de la elección de las Comisiones Permanentes de la honorable Cámara de Representantes verificada el día 1° de agosto de 1978, por Proposición número 18".

El primer cuaderno se inicia con el poder otor­gado por Gilberto Vieira, José Cardona Hoyos y Gustavo Osorio al doctor Humberto Criales de la Rosa y termina con la sentencia de nulidad dictada el día 2 de julio de 1979 con ponencia del Consejero Mario Enrique Pérez.

El segundo cuaderno contiene las pruebas co­rrespondientes al citado proceso electoral.

Cuaderno de pruebas número 1.

Contiene los siguientes documentos, en el orden en que han sido incorporados al informativo:

I. Copia auténtica del "Acta número 19 co­rrespondiente a la sesión del 28 de noviembre de 1979, de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes".

II. Folleto intitulado "Reforma Constitucio­nal. Acto legislativo número 1 de 1979", el cual aparece como "editado e impreso en los talleres gráficos del Banco de la República", y cuya "autenticidad editorial" aparece igualmente cer­tificada (folio 24 bis) por el señor Secretario Ge­neral de la Presidencia de la República, doctor
Gustavo Humberto Rodríguez.

III. Los siguientes ejemplares de los "Anales del Congreso" debidamente autenticados y en­viados a solicitud de la Corte Suprema.

1º No. 54 del 2 de agosto de 1979 (Fl. 17)

2º No. 55 del 8 de agosto de 1979 (Fl. 17 bis)

3º No. 90 del 10 de octubre de 1979 (Fl. 18)

4º No. 96 del 23 de octubre de 1979 (Fl. 19)

5º No. 80 del 28 de noviembre de 1979 (Fl. 29)

6º No. 88 del 5 de diciembre de 1978 (Fl. 30)

7º No. 89 del 6 de diciembre de 1978 (Fl. 31)

8º No. 92 del 11 de diciembre de 1978 (Fl. 32)

9º No. 104 del 22 de diciembre de 1978 (Fl. 33)

10. No. 54 del 2 de agosto de 1979 (Fl. 34)

11. No. 104 del 5 de noviembre de 1979 (Fl 35)

12. No. 117 del 21 de noviembre de 1979 (Fl. 36)

13. No. 120 del 27 de noviembre de 1979 (Fl. 37)

14. No. 1 del 28 de enero de 1980 (Fl. 37 bis)

15. No. 35 del 26 de septiembre de 1978 (Fl. 40)

16. No. 53 del 23 de octubre de 1978 (Fl. 41)

17. No. 62 del 7 de nov. de 1978 (Fl. 41 bis)

18. No. 96 del 22 de noviembre de 1978 (Fl 42)

19. No. 94 (segunda edición) del 12 de diciem­bre de 1978 (Fl. 43)

20. No. 101 del 19 de diciembre de 1978 (Fl 44)

21. No. 13 del 15 de marzo de 1979 (Fl. 45)

22. No. 14 del 16 de marzo de 1979 (Fl. 46)

23. No. 18 del 22 de marra de 1979 (Fl. 47)

24. No. 20 del 27 de marzo de 1979 (Fl. 48)

25. No. 24 del 30 de mareo de 1979 (Fl 49)

26. No. 54 del 2 de agosto de 1979 (Fl. 50)

27. No. 90 del 10 de octubre de 1979 (Fl. 51)

28. No. 104 del 5 de noviembre de 1979 (Fl. 52)

29. No. 120 del 27 de noviembre de 1979 (Fl. 53).

IV. Un ejemplar del "Diario Oficial" (folio 24) correspondiente al dos de febrero de 1979, en el cual se publican los Decretos 122 de enero 24 de 1979, "por el cual se ordena la publicación del Proyecto de acto legislativo números 4 y 144
de 1978 del Senado y de la Cámara de Represen­tantes, respectivamente 'por el cual se reforma la Constitución Nacional'; y del Decreto 123 de enero 24 de 1979. 'por el cual se ordena la publi­cación del Proyecto de acto legislativo número 1
de 1978' (Cámara 110 de 1976), 'por el cual se reforma la Constitución Nacional' ".

V. Cinco ejemplares (folios 58, 64, 70, 76 y 92) de la certificación jurada del Representante Luis Villar Borda en relación con la sesión del 15 de noviembre de 1979. Alude especialmente dicho representante a la "omisión inexplicable e injustificable" de incluir en las actas respecti­vas la solicitud hecha por él y por otros repre­sentantes, para que se votaran separadamente determinados artículos del proyecto de reforma de la Constitución, el cual a su juicio pretendió explicarse como "un descuido de secretaría por el Representante Zamir Silva".

VI. Comunicación (folio 81) del Represen­tante Jaime Pinzón López, referente a las dife­rencias existentes entre la publicación hecha en el número 90 de los "Anales", y la publicación realizada en el número 96 de la misma publica­ción y según el cual:

"Ha debido ordenarse por la Presidencia del Senado su regreso a la Comisión para corregirlo en su redacción, y con mayor razón ha debido regresarse para los mismos efectos desde la Cá­mara".

VII. Certificación jurada (folio 83) del Re­presentante Gilberto Vieira sobre los mismos he­chos.

En certificación jurada, realizada (folio 99) en la misma fecha, febrero 5 de 1980, el Repre­sentante anterior, se refiere también a lo ocu­rrido con la solicitud para que se discutie­ran y votaran por separado algunos artículos de la reforma, agrega:

"Esta declaración, a pesar de haberse leído en la sesión, no fue incluida en el acta correspon­diente y al discutirse ésta en la sesión del 28 de noviembre, protestamos contra semejante irregu­laridad, la cual nos obligó a dejar la siguiente constancia incluida en el acta correspondien­te…...".

VIII. Certificación jurada del Representante Zamir Silva Amín, el cual explica la diferencia anterior de textos, expresando que:

"Como consta en los 'Anales del Congreso' número 90 de 1979, página 1336, la publicación del Proyecto de acto legislativo número 1 de 1978, corresponde al texto aprobado en debate de Comisión, segunda vuelta, en la sesión de 4 de octubre de 1979 de la Comisión Primera del Senado.

"En 'Anales del Congreso' número 96 de 1979, página 1432, fue publicado el texto del Proyecto de acto legislativo número 1 de 1978, conforme había sido aprobado en debate de plenaria del Senado segunda vuelta, en la sesión del 17 de octubre de 1973.

"Estas publicaciones se refieren a textos dis­tintos, pues la Plenaria del Senado por decisio­nes mayoritarias, suprimió algunas expresiones del texto que había aprobado la Comisión.

"En esta forma queda expuesto mi criterio so­bre la realidad de una imaginaria alteración del Proyecto de acto legislativo número 1 de 1979, 'por fuera de las condiciones constitucionales', como ligeramente lo afirman los demandantes".

IX. Certificación jurada (folios 10, 11 y si­guientes) del Secretario General de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la cual y respecto de los puntos anteriores se lee:

"Es cierto que la discusión del Acto legislativo número 1 de 1979, se realizó (sic) los días 6 al 15 de noviembre, y que las actas correspondien­tes a dichas sesiones sólo fueron aprobadas el día 28 de noviembre. Este hecho se justifica en razón de que, en el curso del debate en referencia intervinieron 17 honorables representantes en el siguiente orden numérico y cronológico, de donde se infiere que era físicamente imposible elaborar de un día para otro las actas que por su volumen e importancia del contenido, exigían meticuloso estudio por parte del Secretario, quien tiene bajo su responsabilidad tan delicado asunto.

"De todos modos declaro que las actas fueron aprobadas dentro del término legal tal como pres­cribe el Reglamento de la Corporación".

Con respecto a la solicitud, para que se discutieran y votaran por separado algunos artículos, expresa igualmente el declarante anterior que:

"... El honorable Representante Luis Villar Borda, reconoció públicamente ante los miembros de la Comisión, que la omisión observada en el Acta número 17 fue involuntaria, y así se contempla expresamente en el Acta número 19 de noviembre 28 de 1979 cuando dice 'afirmó el honorable Representante Luis Villar Borda, que se debe presentar por la Presidencia, u ordenar a la Secretaría, hacer en el Acta 17 la respectiva corrección; creo que se trata de una omisión in­voluntaria, la cual debe subsanarse' ….las actas fueron aprobadas con el lleno de las formalidades legales vigentes ... en ningún momento se viola­ron las normas establecidas por el Reglamento de la Corporación en concordancia con la Constitu­ción Nacional".

Cuaderno de pruebas número 2.

Tal como aparece anunciado en el oficio fir­mado por el Secretario General de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes Gerar­do León Pedrosa, fecha el 1° del mes de febrero de 1980 y que torre al folio 21 del cuaderno an­terior, en este nuevo cuaderno se incluyen "xeroxcopias del Acta número 17 correspondiente a la sesión del día 15 de noviembre de 1979, que fue aprobada el día 28 de noviembre de 1979. Xeroxcopias del Acta número 19 del 28 de noviembre de 1979''.

También incluye el Acta número 14 de la mis­ma Comisión Primera de la Cámara de Represen­tantes, del Acta número 16 de noviembre 14; del Acta número.... de noviembre 21. Finalmente, conviene advertir, que, de acuerdo con el oficio anteriormente mencionado de la Secretaría General de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se allegaron al in­formativo "cinco cintas magnetofónicas conten­tivas de la discusión y aprobación de la reforma del Congreso y a la justicia en primera vuelta Acto legislativo número 1 de 1979".

VIII

Desarrollo del proceso

a) Trámite en la Sala Constitucional.

En la evolución del presente juicio de constitucionalidad, deben mencionarse los siguientes aspectos procesales, más significativos:

1° La demanda fue admitida, mediante provi­dencia dictada el día 22 del mes de enero de 1980, firmada por el Magistrado Sustanciados doctor Oscar Salazar Chaves (folios 107 y siguientes), providencia en la cual se dispuso igualmente la práctica de diversas pruebas.

2º La recusación al señor Procurador se hizo por dos de los actores (folio 116), los ciudadanos Tarcisio Roldan y Clímaco Giralda, en escrito presentado el día 8 de febrero del citado año.

La fundamentación de tal recusación fue ulte­riormente ampliada por los mismos ciudadanos (folio 223), mediante escrito presentado el 23 de julio del mismo año; y dicha recusación (fo­lio 216) fue tramitada "por analogía, por el pro­cedimiento establecido en el Decreto 432 de 1969".

Luego de producidas diversas complicaciones, se abrió "a prueba" (folio 235) el incidente de recusación, mediante auto de agosto 22 de 1980, habiéndose allegado un abundante material de­cisorio que obra a folios 282 y siguientes, relacionado con la intervención del funcionario recu­sado en la tramitación del Acto legislativo ata­cado.

Finalmente, mediante auto (folio 329) del 26 ríe septiembre, la Sala con un salvamento de voto declaró probada "la causal de recusación 'y se dispuso que el traslado ordenado se cumpliera con el Viceprocurador General de la Nación' ".

Fue ponente el doctor Policarpo Castillo Dávila, quien había sido sorteado para tal efecto en "Sala de Conjueces" (folio 155), oportunidad en la cual se eligió como Presidente para los efectos correspondientes al doctor Adán Arriaga Andrade.

3º Solicitada la reposición (folio 340) de tal auto, por los mismos actores que adelantaron la recusación, la Sala en providencia de 5 de di­ciembre (folio 348) de 1980 la negó, con un sal­vamento de voto, ratificando su criterio, de que el traslado respectivo debía correrse a la Viceprocuraduría General de la Nación.

b) Trámite en la Sala Plena.

1º. Se inició el 16 de julio de 1981 con el estu­dio de la ponencia elaborada por el Magistrado Ricardo Medina Moyano, aprobada por unani­midad por la Sala Constitucional. Luego de que se consideraron y se decidieron los impedimentos presentados por los Magistrados de la Corte y de que se sortearon los respectivos conjueces respe­tando la paridad política, la integración de la Corte quedó así:

Magistrados titulares: César Ayerbe Chaux, Fabio Calderón Botero, José María Esguerra Samper (Alfonso Guarín. Ariza) Dante Luis Fiorillo Porras, José Eduardo Gnecco Correa, Gustavo Gómez Velásquez. Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Reyes Echandía (Víctor León Mendoza), Fernando Uribe Restrepo y Darío Velásquez Gaviria.

Magistrados Conjueces: Carlos Alvarez Pereira (Enrique Arrázola Arrázola), Gilberto Arango Londoño, Gregorio Becerra Becerra, Francis­co Camacho Amaya, Pablo Cárdenas Pérez, Rafael Gamboa Serrano. Ildefonso Méndez, Her­nando Morales Molina, Rafael Nieto Navia, Gui­llermo Ospina Fernández, Alfonso Suárez de Castro, Alvaro Tafur Galvis, Hernando Tapias Rocha, Eduardo Umaña Luna, Carlos Upegui Zapata y Julio César Uribe Acosta.

Correspondió presidir la Sala Plena al doctor César Ayerbe Chaux, quien lo hizo con dedica­ción, competencia y señorío.

2º El 6 de julio se recibió por la Sala Consti­tucional un memorial dirigido a la Sala Plena, suscrito por Jorge Edgardo González Vidales, en su doble carácter de ciudadano y de apodera­do especial del señor Ministro de Justicia, doctor Felio Andrade Manrique, quien acreditó su cali­dad de tal. La Corte decidió rechazar este escrito por extemporáneo, puesto que cuando se recibió ya se había agotado la etapa de instrucción en la Sala Constitucional. Igual decisión se tomó en relación con el escrito presentado el 14 de octubre por el ciudadano Alfonso Isaza Moreno.

3º Según memorial presentado a la Corte el 12 de septiembre, los demandantes J. Clímaco Giraldo Gómez, Oscar Alarcón Núñez y Tarci­sio Roldan Palacio, recusaron para seguir cono­ciendo del proceso a los Conjueces Ildefonso Méndez, Alfonso Suárez de Castro, Alvaro Tafur Galvis y Julio César Uribe Acosta, por haber firmado la sentencia que puso fin en la Sala Constitucional al proceso 843 contra el artículo 4º de la Ley 20 de 1979.

La Sala ordenó darle trámite al correspondien­te incidente, y de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 432 de 1969 designó como sustanciador al Magistrado Fernando Uribe Restrepo, actual ponente del proceso. Tramitado el incidente de acuerdo con el mencionado Decreto, la Sala lo decidió declarando por mayoría que no era fun­dada la recusación. Salvaron su voto los Magis­trados Gustavo Gómez Velásquez, Alvaro Luna Gómez, Eduardo Umaña Luna y Gregorio Bece­rra Becerra.

4º En la sesión celebrada por la Sala Plena el 29 de octubre, el Presidente sometió a vota­ción, por separado, las partes resolutiva y motiva de la ponencia presentada por el doctor Ricardo Medina Moyano, con el apoyo de la Sala Constitucional. El resultado de la votación fue de quin­ce votos negativos, once afirmativos, un voto de inhibición, quedando un voto pendiente- Some­tida a votación la exequibilidad o inexequibilidad del Acto legislativo número 1 de 1979, el resaltado fue el siguiente: 15 votos por la inexequibilidad total, 11 votos por la exequibilidad parcial, un voto de inhibición y uno pendiente.

Se procedió entonces al sorteo de nuevo ponen le, de acuerdo con el artículo 37-99 del Recría mentó de la Corte y con el artículo 10 del Decreto 432 de 1969. Fue designado en tal forma el suscrito ponente.

IX

Consideraciones de la Corte

I. La promulgación del acto legislativo.

Si bien este aspecto no se encuentra involu­crado en la decisión "respectiva, toda vez que, tanto los actores como la Procuraduría General de la Nación y los impugnantes se han referido al mismo, no resulta impertinente aludir a él, mayormente con el propósito de relacionar este proceso sometido a la jurisdicción constitucional, con los demás que fueron intentados contra el mismo acto legislativo.

Ciertamente, la Corte tuvo oportunidad de analizar detenidamente el tema anterior, en las providencias dictadas el 6 de noviembre de 1980 (Expediente número 784), el 27 de noviembre de 1980 (Expediente número 782) y diciembre 4 del mismo año (Expediente número 783) en que fue­ron demandantes respectivamente: Roberto Vera Ramírez, los ciudadanos que figuran igualmente como actores en este proceso, y Humberto Críales de la Rosa, Hernán Suárez Sáenz, Alvaro Echeverry Uruburu y Carlos Alfonso Moreno. Tales demandas fueron presentadas en su totalidad an­tes del 20 de diciembre de 1979, fecha en la cual se realizó la promulgación del Acto legislativo acusado.

La Corte Suprema en tales oportunidades, es­timó que no era el caso de proferir sentencia de mérito, por haberse presentado las demandas an­tes de la vigencia del acto legislativo, y. en con­secuencia resolvió declararse inhibida.

II. Normas de la Carta Fundamental a las cuales está sometido el presente juicio de constitucionalidad.

1º. El proceso de constitucionalidad no es otra cosa en último análisis que la comparación de la norma acusada con los preceptos de la Carta Política del Estado. Determinar por lo tanto en este caso, si dicha comparación debe hacerse con las normas de la Constitución vigentes hasta el 19 de diciembre de 1979, o con las normas constitucionales, incluidas las reformas realizadas por el Acto legislativo acusado, viene a ser un aspecto previo de capital importancia. A él se han referido con más o menos extensión, la mayoría de quienes intervienen en el proceso, algu­nos de ellos contradictoriamente como ya se ha observado en esta providencia. Por ello encuentra la Corte indispensable, definir su posición al respecto.

2º Dicho aspecto, cobra especial significación si además se tiene en cuenta que, de antiguo y en forma reiterada la Corte ha sostenido que, tratándose de leyes, la citada confrontación debe hacerse entre ellas y las normas constitucionales vigentes al momento de la defensa de éstas, toda vez que el Estado regula su actividad y su exis­tencia según la Constitución vigente. Así, en sentencia de 21 de noviembre de 1946, agregó la Corporación:

"Si el precepto constitucional base de la de­manda fue modificado por voluntad expresa del Constituyente, es lógico que la solicitud sobre inexequibilidad de leyes acusadas debe resolverse de conformidad con los textos constitucionales que se hallen en vigencia" (Gaceta Judicial, to­mo LXII, páginas 7 y siguientes).

Este punto de vista ha sido materia de reciente ratificación por la Corte, al decidir dos procesos de particular importancia: el de la Junta Mone­taria -junio 12 de 1969- y el de la Comisión Nacional de Valores -mayo 14 de 1981-.

3º Habida consideración de la "superlegalidad" de la Constitución, vale decir de la supe­rioridad jerárquica de ésta, frente a la restante normatividad jurídica del Estado, la tesis ante­rior residía absolutamente indiscutible, y de ellas se derivan en consecuencia fenómenos tales co­mo: 1º la inconstitucionalidad sobreviniente, cuando una ley que es constitucional a la luz de las normas constitucionales vigentes, deja de ser­lo al ser modificadas éstas; 2º el de la constitucionalidad sobreviniente, cuando una norma, in­constitucional a la luz de la Carta vigente, deja de serlo como resultado de la reforma de ésta.

Este último fenómeno, se conoce igualmente por la doctrina como la "purga de inconstitucio­nalidad", por estimarse que desaparece el vicio inicial cuando el canon de la Carta Política que la ley quebrantaba, es derogado; o cuando recibe sustento constitucional, con posterioridad a su expedición, como ya se indicó.

Empero, tratándose de la confrontación de normas constitucionales, con otras de la misma Carta Fundamental, el problema cambia radical­mente, y la tesis anterior resulta inaceptable.

No es la menor de las razones, la ya indicada de la superlegalidad de la Constitución, como quiera que tratándose de normas que hacen par­te de la Carta Política del Estado, no puede de­cirse formalmente hablando, que una o varias normas de la citada Constitución sean superiores a las otras.

Podría inversamente presentarse el fenómeno en aquellas constituciones que constan de "cláu­sulas intangibles", vale decir, de preceptos a los cuales el propio constituyente primario o deri­vado ha revestido de un cierto grado de intangibilidad, al disponer que no pueden ser alteradas dentro de precisos períodos de tiempo, o defini­tivamente las ha hecho intangibles, al determinar que nunca podrán ser modificadas.

Ejemplos de tales disposiciones constituciona­les intangibles, los encontramos para no recurrir a casos extraídos del Derecho Constitucional Comparado, en algunas de nuestras primeras constituciones, adoptadas con posterioridad a la independencia política de 1810.

Estas las razones, además naturalmente de las dificultades casi insalvables, todavía más tratándose de normas constitucionales, que tradicionalmente han encontrado la doctrina y la jurispru­dencia, para diferenciar las normas sustanciales de las normas procesales, por las cuales encuen­tra la Corte que no es dable jurídicamente esta­blecer diferencias jerárquicas entre las normas de la Constitución Nacional

Una vez que el constituyente ha decidido, en ejercicio de sus facultades, elevar a canon cons­titucional una determinada norma, cualquiera que ella sea ésta, en virtud de tal decisión jurídico-política queda revestida de la misma enti­dad e importancia de todas las demás que inte­gran el documento constitucional respectivo, y su enmienda o derogatoria requiere en consecuencia las mismas condiciones que el resto de aquéllas.

4º. De aceptarse que una reforma de la Carta debe estudiarse de acuerdo con la nueva norma­tividad constitucional, cada nueva reforma lle­garía a ser una ruptura del orden jurídico del Estado, puesto que dejaría de existir la continui­dad natural, según la cual, una nueva Constitu­ción, o una modificación de la misma, debe naturalmente engendrarse en la antigua Constitución, y realizarse dentro de los canales por ella previstos para dicha modificación.

En tal orden de ideas, llegaría así mismo a convertirse en una cláusula inocua y superfina, la cláusula de reforma, la cual desde el propio origen de las constituciones rígidas, ha sido con­siderada siempre como parte esencial de las mis­mas.

Y, desde luego conviene añadir que, la ruptura del orden jurídico al cual se ha aludido, compor­taría en todos los casos, la destrucción de la legi­timidad constitucional.

5º Solamente el derecho nacido o creado por una revolución, no puede juzgarse a la luz del orden jurídico pre-existente, toda vez que la esencia de la revolución consiste precisamente en la destrucción y cambio del ordenamiento jurí­dico del Estado, La Corte Suprema, al conocer de una de las primeras demandas intentadas en el país contra actos reformatorios de la Constitu­ción, más exactamente contra la reforma plebis­citaria de 1957, ya se refirió con alguna ampli­tud a este tema.

"En consecuencia, a juicio de la Corte, el estu­dio de las normas constitucionales acusadas debe hacerse a la luz de las normas constitucionales anteriores a la vigencia del Acto legislativo nú­mero 1 de 1979. Así las cosas, resulta inútil referirse a la aplicación de las instituciones conteni­das en el citado Acto y menos aún a la bondad y conveniencia de las mismas.

6º Para concluir este aspecto del problema en estudio, conviene añadir que, la ausencia de so­metimiento de las enmiendas de la Constitución a las normas preexistentes de la misma, llevaría no solamente al quebrantamiento del Estado de Derecho, sino a la conclusión inaceptable de que el poder constituido, en este caso el Congreso, es­taría por encima de la Constitución.

Explicando este punto, la Corte Suprema, en providencia de 5 de mayo de 1978, al conocer de la demanda de inconstitucionalidad intentada contra el Acto legislativo número 2 de 1977, por el cual se convocaba una Asamblea Nacional Constituyente, hizo entre otras, las siguientes observaciones:

"Todo poder constituido es un poder de dere­cho, o sea institucionalizado, y nunca extra, supra o metaconstitucional, ya que estos caracteres sólo son propios del poder primario que consti­tuye a los demás poderes.

"Sustraer el poder de reforma de la Constitu­ción de lo prescrito por ella en cuanto al modo de producir sus enmiendas, equivale a confundir un poder constituido, como éste, con el constituyente primario. Lo cual implicaría también, excluir ese poder del régimen de derecho, quebrantando la legitimidad, pues resulta desacertado sostener que cuando un órgano del Estado puede modifi­car la Constitución sin someterse a las formas en ella estatuidas, es un Estado de Derecho. Menos válido aún es afirmar que el Congreso Nacional, cuando ejerce esta competencia, lo hace como so­berano, ignorando la supremacía de la nación; y tampoco aseverar que sus actos están amparados por una especie de presunción de constitucionalidad, porque ello contraría manifiestamente la filosofía y los postulados del artículo 2º. Además, el carácter representativo del soberano que se predique del Congreso por su elección popular y directa, no sería exclusivo en Colombia, pues idéntico origen tiene el Presidente de la Repú­blica" ("Foro Colombiano", tomo XVIII, mayo de 1978, número 107, páginas 422 y siguientes).

III. Inconstitucionalidad de las reformas cons­titucionales.

a) Es este indudablemente uno de los temas de mayor importancia de la teoría de la Cons­titución; convergen en él los aspectos relativos a la revisión o reforma de la Constitución y a su control, los cuales junto con el problema de los "estados de excepción", integran el trípode so­bre el cual descansa la existencia misma de la Constitución, su eficacia o su frustración y su propia supervivencia.

En el momento actual de la teoría constitucio­nal y siguiendo los lineamientos generales de la doctrina nacional e internacional, puede afirmar­se que la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales puede darse en los siguientes casos:

1º Cuando una reforma de la Carta Funda­mental, lesiona lo que Karl Loewenstein (Teo­ría de la Constitución. Ariel, Barcelona) llama los límites "inmanentes" o "implícitos" de la Constitución, por los cuales se entenderían aque­llos valores fundamentales de la Constitución que sin embargo, no se encuentran vertidos en sus cláusulas, razón por la cual también se les conoce como "límites inarticulados", y que tocan en última instancia con el espíritu o el "telos" de la Constitución, y con las propias teorías ius-naturalistas.

2º Cuando la enmienda o revisión de la Carta vulnera aquellas normas que han sido llamadas por la doctrina, pese a su discutibilidad, "sustanciales" y, finalmente.

3º Cuando la modificación de la Carta Funda­mental, viola la cláusula de reforma, esto es, los requisitos previstos en ella para dicha modificación (Constitución, artículo 218).

Por su puesto <sic> es preciso reconocer que el pri­mer caso, tiene connotaciones eminentemente teó­ricas, que en la práctica, la doctrina ha tocado con prudencia especial. El segundo también es materia de serías prevenciones, en cuanto su apli­cación lo enfrenta con el propio constituyente; siendo evidente que el tercero, esto es, la posi­bilidad de que un acto reformatorio de la Carta Fundamental sea atentatorio de la misma, por vicios de procedimiento en su formación, es aquél del cual se ha ocupado con mayor frecuencia la doctrina y la jurisprudencia.

b) En Colombia, el control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución viene a ser en el momento actual una última etapa en una larga y brillante evolución de las diversas instituciones que han integrado en el país la defensa de la integridad, de la "incolu­midad", o de la "indemnidad" de la Carta Fun­damental, según las diversas expresiones utili­zadas por la doctrina y la jurisprudencia.

Realizados por la Corte, en diversas oportuni­dades, amplios y detenidos estudios sobre el con­trol de constitucionalidad, solamente conviene destacar ahora el hecho de que, dicha tradición se remonta a las propias instituciones jurídico-políticas de la Colonia.

De otra parte, a las instituciones adoptadas en las primeras constituciones, del que don José María Samper llamara "período revolucionario" del constitucionalismo nacional; las cuales, las del Estado de Cundinamarca de 1811 y 1812 crearon el Senado de Protección y Censura, con finalidades propias de la defensa, de la Constitu­ción. Y, quienes cuestionan el carácter de ante­cedente de estas instituciones, seguramente olvi­den, que Senado era precisamente el nombre con Que se conocía en la etapa constituyente de la Revolución Francesa, la institución destinada a dicha defensa, como ocurre por ejemplo con el proyecto más antiguo de que se tenga noticia en tal época, el proyecto del Abate Brun de la Com­be, proyecto en el cual se concebía dicha institu­ción, con el fin de "colocar en su puesto aquellos órganos que se hayan salido de los límites a ellos asignados" (Mario Battaglini, "Contribución a la historia del control constitucional de las le­yes". Giuffré, Milán, 1957).

Senado también era el nombre atribuido en el proyecto de Constitución de Sieyés, a un órgano previsto con propósitos similares, y, finalmente, como lo recuerda el mismo autor en el llamado proyecto girondino de Constitución, presentado por Condorcet, la censura, era prevista a su turno como un mecanismo para controlar entre otras cosas, la actividad legislativa.

IV. Competencia de la Corte, Supremo para conocer de demandas contra actos reformatorios da la Constitución.

1º Por lo que hace concretamente el control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Carta Política, su problemática viene a desenvolverse intensamente, a partir del año de 1955, en que se presentan ante la Corte Suprema las primeras demandas contra enmiendas de La Constitución; en tal caso contra actos legislativos emanados en ese momento de la Asamblea Nacional Constituyente.

A partir de ese momento, el problema cobra especial actualidad y por parte de la Corte se dictan al respecto una serie de providencias de gran trascendencia y a las cuales se hará men­ción en los párrafos siguientes. También la doc­trina se ha ocupado ampliamente del tema.

La historia de las demandas presentadas hasta el momento contra actos reformatorios de la Constitución, es al propio tiempo la historia de la posición de la Corte, en relación con su com­petencia para conocer de los mismos. A continuación se hará una relación sintética de los procesos y de las decisiones respectivas.

1º Auto de octubre 28 de 1955, Ponente doctor Luis Enrique Cuervo.

Demanda del ciudadano Germán Molina Ca­llejas contra los Actos legislativos número 1 de 18 de junio de 1953 y número 1 de 30 de julio de 1954, de la Asamblea Nacional Constituyente. En esta oportunidad la Corte rechaza la demanda considerando que, carece de competencia, con ba­se fundamentalmente en que:

"La guarda de la integridad de la Constitu­ción no podría entenderse, pues sería absurdo, como un medio consagrado por la Carta para re­visar los actos del Poder Constituyente. Estos actos una vez expedidos, no están sujetos a revi­sión de ninguna especie por ninguno de los pode­res constituidos; porque ello implicaría admitir el absurdo de que hay derecho contra derecho, la tesis es tan clara, tan evidente, que seria ino­ficioso detenerse a analizarla" (Gaceta Judicial, tomo LXXXI, números 2157, 2158, página 362).

El mismo criterio se aplicó en auto de enero 30 de 1956.

2º Providencia de noviembre 28 de 1957. Po­nente doctor Guillermo Hernández Peñalosa

Demanda del ciudadano Pedro Nel Rueda Uribe contra los Decretos 0247 y 0251 de 1957, por los cuales se convoca un plebiscito para reformar la Constitución.

La Corte en providencia de Sala Plena, si­guiendo la tesis anterior "se inhibe de conocer de la demanda por carecer de competencia" (Ga­ceta Judicial, tomo LXXXIV, números 2188, 2189, 2190, páginas 430 y siguientes).

Importa señalar que de esta providencia salvó el voto un grupo de Magistrados, que considera­ron que la Corte sí era competente para conocer de la demanda. Puede decirse que histórica y jurídicamente la tesis de la minoría, constituye antecedente del criterio sobre la competencia de tales demandas.

3º Providencia de abril 16 de 1971. Ponente doctor Guillermo González Charry.

Demanda del ciudadano Hugo Palacios Mejía contra el inciso 3° del artículo 172 de la Consti­tución. La Corte sostiene nuevamente su falta de competencia para conocer del acto acusado (Ga­ceta Judicial, tomo CXXVIII. números 2340, 2341 y 2342).

4º Sentencia de mayo 5 de 1978. 'Ponente doc­tor José Mana Ve-lasco Guerrero.

Demanda de los ciudadanos Carlos Alfonso Moreno Novoa y Alvaro Echeverry Uruburu con­tra el Acto legislativo número 2 de diciembre 19 de 1977, por el cual se convoca una Asamblea Constituyente.

La Corte Suprema -Sala Plena-, por ma­yoría, modifica la jurisprudencia anterior y concluye que sí es competente para conocer de actos como el demandado. Las razones principa­les que sirven de fundamento a esta nueva posi­ción jurisprudencial, son las siguientes:

"El poder de reforma constitucional es un po­der constituido y debe ejercerse dentro de las reglas constitucionales del artículo 218, y sus decisiones no escapan a la jurisdicción constitu­cional de la Corte Suprema de Justicia, puesto que pueden ser violatorias de la Constitución en cuanto infrinjan esas reglas y el principio de la sujeción a ellas, sentado sin excepción alguna en el artículo 2º para todo y cualquier poder cons­tituido. No importa que los actos legislativos no estén enunciados expresamente en el artículo 214 entre los que son susceptibles de juicio de vali­dez constitucional por la Corte Suprema. Porque la guarda de la Constitución, a ese Tribunal con­fiada, se refiere a la totalidad de sus preceptos, como lo indica aquel texto en los términos 'guar­da de la integridad de la Constitución' y, por tanto, su jurisdicción comprende todo acto que pueda vulnerar esa integridad, así no se haya expresado esa posibilidad en el referido texto, ya que ella resulta patente en el imperativo conteni­do en los artículos 2º y 218. Las expresiones tan categóricas y excluyentes de esta última norma no dejan duda sobre la imperatividad de los pro­cedimientos que prescriben y del tipo de actos en que deben reflejarse las reformas constitucio­nales.

''La Constitución es una unidad normativa sistemática. Sus normas carecen de sentido consi­deradas aisladamente. Su interpretación debe in­tegrarse y complementarse armónicamente. Es lo científico. Por eso, la regulación del control de constitucionalidad que compete a la Corte, debe complementarse, para el caso en estudio, con los efectos lógicos que se deducen de los artículos 2º y 218, integrados con los resultantes del 214".

5º Providencia de febrero 13 de 1979. Ponente doctor Luis Carlos Sáchica.

Demanda del ciudadano Bernardo Elejalde Toro contra los artículos 13, 14 y 28 del Acto legislativo número 1 de 1968. En este caso, la "Corte considera en primer término que es com­petente para conocer de la acción interpuesta, como ya lo estableció en su fallo de 5 de mayo de1978'', y procede a declarar inepta la demanda"por no haber sido formulada integralmente".

6º Providencia de febrero 13 de 1979, Ponen­te doctor Antonio Alvira Jácome.

Demanda del ciudadano César Castro Perdomo contra varios artículos del Acto legislativo nú­mero 1 de 1968 relativos al "Régimen de las en­tidades territoriales".

La Corte reitera su doctrina en materia de competencia y se declara inhibida para conocer, por darse en el caso estudiado el fenómeno de la "proposición jurídica incompleta''.

7º Providencia de octubre 16 de 1979. Ponente doctor Alfonso Suárez de Castro.

Demanda del ciudadano Bernardo Elejalde Toro contra la totalidad del Acto legislativo nú­mero 1 de 1968.

La Corte asume la competencia para conocer del proceso y declara la exequibilidad del Acto demandado.

8º Providencia de noviembre 6 de 1980. Po­nente ductor Antonio de Irisarri Restrepo.

Demanda del ciudadano Roberto Vera Ramírez contra el Acto legislativo número 1 de 1979.

La Corte se inhibe para "fallar en el fondo" por haber sido presentada la demanda extempo­ráneamente.

9º Providencia de noviembre 27 de 1980. Ponente doctor Ricardo Medina Moyano.

Demanda presentada por los ciudadanos Ma­nuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldan Palacio, Os­car Alarcón Núñez., Antonio José Cancino Mo­reno y Clímaco Giraldo Gómez contra el Acto legislativo número 1 de 1979. La Corte toma de­cisión similar a la anterior.

10. Providencia de diciembre 4 de 1980. Po­nente doctor Darío Vallejo Jaramillo.

Demanda presentada por los ciudadanos Hum­berto Criales de la Rosa, Hernán Suárez Sannz, Alvaro Echeverri Uruburu y Carlos Alfonso Mo­reno contra el Acto legislativo número 1 de 1979. La Corte decide en forma similar a las dos anteriores.

Consiguientemente la Corte, obrando en general de acuerdo con a jurisprudencia adopta­da en la ya citada sentencia de 5 de mayo de 1978, y uniformemente reiterada en todas las providencias posteriores, que se han descrito en este considerando, estima que es competente para conocer del Acto acusado por los actores.

V. Examen de la constitucionalidad del Acto acusado.

1° Violación del derecho de las minorías de la Cámara.

Uno de los cargos contra el Acto legislativo número 1 de 1979 sobre el cual han hecho más énfasis los actores, se fundamenta en que, la elec­ción de los miembros de las Comisiones Perma­nentes de la Cámara de Representantes, incluida naturalmente la Comisión Primera, verificada el día 1° del mes de agosto de 1978, fue declarada nula por el Consejo de Estado, mediante senten­cia del 2 de julio de 1979.

Y, comoquiera que a la citada Comisión le co­rrespondió en el curso de la primera legislatura, aprobar en primer debate el acto acusado, han concluido los actores"la invalidez constitucio­nal de sus actos" incluidos naturalmente loa re­lativos a la aprobación del acto legislativo.

a) El Consejo de Estado, en fallo proferido por la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo el 2 de julio de 1979, registra en los siguien­tes términos la situación irregular que se pre­sentó el 1º de agosto de 1978 en la Cámara deRepresentantes, cuando se trataba de integrarlas Comisiones Constitucionales Permanentes, entre ellas la que debía precisamente estudiar la reforma a la Carta, puesto que ya se habían pre­sentado oficialmente al Congreso varios proyec­tos de acto legislativo:

"Con respecto a la inscripción de las listas se tiene, según consta en las páginas 190 a 192 del ejemplar de 'Anales del Congreso' que obra en el expediente (de agosto 9 de 1978), que los Re­presentantes Pablo Salazar de Heredia, IgnacioValencia López. Hernando Turbay Turbay, Os­ear Martínez Salazar y Ernesto Lucena, aducien­do la condición de miembros de las Comisiones Coordinadoras de los partidos políticos, propu­sieron para las Comisiones en referencia, en blo­que, a los representantes cuyos nombres figuran en las listas presentadas para integrar todas las Comisiones. A su turno, consta también que el Representante Gilberto Vieira inscribió una lista de candidatos para las Comisiones Primera, Ter­cera. Quinta y Séptima, de la que figuran como proponentes, además del citado Vieira, los repre­sentantes José Cardona Hoyos, Mario Montoya H., Gustavo Osorio y Alvaro Bernal Segura. Co­rolario de lo anterior es que en la elección acu­sada hubo dos listas y que por consiguiente, en cuanto este aspecto, se satisfizo el requisito re­clamado por los artículos 172, inciso 4° (cuando existen varias listas) ...Mas estos preceptos nofueron observados porque la elección se hizo sinaplicación del cuociente electoral (ordenado por el artículo 172-1º de la Carta), pues, como en este sentido lo anota el fiscal colaborador, "el error de la Presidencia de la honorable Cámara de Representantes estuvo en no haber abierto la votación, dado que habían dos listas inscritas y dar aplicación al principio constitucional delcuociente electoral por tratarse de una elección de más de dos miembros…".

El grupo de parlamentarios que suscribió la lista disidente constituía en la fecha de la elec­ción un sector político de la Cámara. Eran una fracción de un partido o un sector político inde­pendiente, que representaba una opinión política, así fuera minoritaria. Por este motivo, si se tra­taba de ponerse 'de acuerdo en una lista total de las Comisiones', para que pudiera ser votada en bloque era necesario contar con ese sector polí­tico. Consiguientemente, al faltar el acuerdo ple­no, no podía haber votación en bloque" (subra­yas fuera del texto).

Como es bien sabido el artículo 172 de la Carta, dispone:

"A fin de asegurar la representación propor­cional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una cor­poración pública, se empleará el sistema del cuo­ciente electoral (2º) El cuociente será, el número que resulte de dividir el total de votos válidos por el de puestos por proveer. (4º) La adjudicación de puestos a cada lista, se hará en proporción alas veces que el cuociente quepa en el respectivonúmero de votos válidos".

"La conclusión final -dice el citado fallo del Consejo de Estado- es la de que la Cámara de Representantes,contrariando los artículos 172 de la Carta Política… hizo el 1° de agosto de 1978 la elección de sus Comisiones Constituciona­les permanentes sin emplear el sistema del cuo­ciente electoral, el cual tiene por finalidad ase­gurar la representación proporcional de los par­tidos, tanto en las elecciones populares como en las que verifiquen las Corporaciones Públicas, en aras de la democracia representativa y, desde luego, de los derechos de las minorías. Conviene advertir que el acta de la sesión de la Cámara de Representantes correspondiente al 1º de agos­to de 1978 fue aprobada por la misma en su sesión siguiente ("Anales del Congreso", nú­mero 16, 2º C, folio 138), subraya fuera deltexto.

b) Considera la Corte que de este modo el Congreso, en función de constituyente violó flagrantemente el derecho de las minorías consa­grado expresamente en la Carta, incurrió en un vicio de carácter constitucional, insubsanable, que conduce a la inexequibilidad total del Acto legislativo acusado. Porque esa violación se produjo durante el proceso legislativo especial que tenía por objeto reformar la Constitución, y la Comisión Primera irregularmente integrada de­bía ocuparse en primer término, y principalmen­te, de los proyectos del acto legislativo que enese momento estaban ya a estudio del Congreso.

En efecto, la elección viciada tuvo lugar, como sp ha visto, el día 1º de agosto de 1978, y para esa fecha ya se habían presentado oficialmente al Congreso cuatro (4) proyectos de reforma constitucional, así:

1. Proyecto del Acto legislativo número 1 de 1978. "reformatorio de la Constitución Política" presentado al Congreso el 20 de julio de 1978, por los Senadores y Representantes. Edmundo Ló­pez G., Jaime Posada, Libardo Lozano Guerrero, Rodrigo Lara. Ricardo Ramírez y Ramón E. Gi­raldo.

2. Proyecto de Acto legislativo número 10 de 1978, "por medio del cual se reforman los ar­tículos 70, 76, 78, 81 83, 84, 98, 102 y 120 de la Constitución Nacional", presentado a la Cámara de Representantes por Gilberto Salazar Ramírez el 20 de julio de 1978.

3. Proyecto de Acto legislativo número 16 de 1978, "por medio del cual se reforma la Constitución Nacional", presentado el 20 de julio de 1978 a la Cámara de Representantes por Gilberto Salazar Ramírez. Sobre la veeduría del poder público.

4. Proyecto de Acto legislativo número 2 de 1978, "por el cual se reforma la Constitución Na­cional a fin de prohibir las reelecciones para el período inmediato, con el objeto de dar autono­mía al Ministerio Público y de precisar los al­cances del numeral 14 del artículo 120'', presentado al Senado el 25 de julio de 1978, por Augusto Espinosa Valderrama y Enrique Pardo Parra.

Inclusive el Proyecto número 1 ya había sido publicado en los "Anales del Congreso", número 7 del 31 de julio de 1978, páginas 97 y 98, antes de que se desconociera el derecho de las minorías políticas organizadas -representadas en el cuer­po constituyente- al integrarse la Comisión Pri­mera de la Cámara que debía ocuparse en primer lugar del estudio de la reforma constitucional, de acuerdo con proyectos ya conocidos y forma­lizados.

c) El vicio en el procedimiento empleado por el legislador constituyente fue sustancial, puesto que desconocía las garantías constitucionales y violaba los derechos, también constitucionales, de una parte de la representación parlamentaria, marginándola así abusivamente de importantes deliberaciones y decisiones, en las cuales tenían claro derecho y legítimo interés de participar e intervenir. Y de nada valieron las protestas opor­tunas de los inmediatamente afectados, con esta decisión.

La norma violada, el artículo 172 de la Carta, tuvo su origen en el Plebiscito Nacional de 1957 ("artículo 2º) uno de los pocos casos en la historia constitucional de Colombia en que puede hablarse de la intervención del constituyente primario y tuvo por objeto inmediato la eliminación de los llamados "feudos podridos". Al incorporarse la norma en el cuerpo de la Constitución según la reforma de 1968, se advirtió expresamente que se trataba de "restaurar el principio democrá­tico", restableciendo la representación de las minorías. Se indicó por el constituyente que el sistema anterior, el de la primacía absoluta de la mayoría simple, "estimulaba el fraude y creaba situaciones aberrantes", que era "situación arbitraria y antidemocrática", y que constituía "burla de derechos" (Historia de la Reforma Constitucional de 19GS, Presidencia de la Repú­blica-Imprenta Nacional 1969).

Resulta entonces que según las mismas expre­siones empleadas reflexivamente en su momento por el constituyente, el Congreso de 1978 durante el proceso de reforma de la Carta incurrió en conducta expresamente proscrita por la Constitución porque "estimula el fraude", crea "situaciones aberrantes", constituye "situación arbitraria y antidemocrática" y hace "burla de derechos".

El derecho de las minorías legalmente organi­zadas a participar en las corporaciones públicas es uno de los principios fundamentales reconoci­dos universalmente como característicos de toda organización genuinamente democrática y repu­blicana, por corresponder a su esencia misma. Si no se respeta el precario fuero de que deben gozar las minorías políticas, las mayorías se convierten más en expresión de voluntad de dominio y de interés predominante, que en manifestación de la razón que procura el bien común. Es la verdadera tiranía de grupos accidentalmente mayoritarios, la dictadura convencional de alianzas transitorias, que desconoce el principio de filosofía social según el cual "como las partes y el todo son en cierta manera una misma cosa, así lo que es del todo es en cierta manera de las partes".

"Si la libertad de un país se manifiesta a ve­ces: por la oposición hecha a su gobierno -es­cribía Alberdi- es porque la oposición no es más que el ejercicio de la parte de la libertad que el país deja de delegar a sus gobernantes" ... "Ser libre es tener parte en el poder: síguese de ello que cuando en el poder sólo tienen parte los que gobiernan, puede decirse que sólo el gobierno es libre en el país sin libertad" (Cfr. Segundo V, Linares Quintana, "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", Alfa, 1956, tomo VI, páginas 108 y siguientes).

Debe respetarse el derecho en cabeza de quien lo tenga, pero debe respetarse aun con mayor celo y escrúpulo el derecho de las minorías que, por el mismo hecho de serlo, necesitan especial­mente de una protección eficaz. Esto fue lo que no hizo el constituyente derivado en el proceso de formación del Acto legislativo número 1 de 1379, al quebrantar el artículo 172 de la Carta.

d) No comparte la Corte, sin embargo, el pun­to de vista propuesto por los demandantes -que hace parte también del pensamiento- de la Viceprocuradora y de los defensores del Acto acusado, en el sentido de que la citada violación lleva ne­cesariamente a la aplicación de las doctrinas pro­pias del derecho administrativo sobre inexistencia o nulidad -ex nunc o ex tunc- de las actuaciones de órganos o de funcionarios irregularmente constituidos.

Las doctrinas jurídicas sobre nulidad e inexis­tencia, diseñadas principalmente para preservar la seguridad jurídica en el caso de funcionarios de facto, corresponden ser consideradas, como lo han sido, por los altos organismos competentes de lo Contencioso-administrativo. En el presente caso la Corte debe tener en cuenta el enfoque que a ella atañe, con base en el artículo 218 de la Carta, en concordancia con su artículo 2º, o sea examinar las posibles violaciones de la Carta du­rante el trámite de una reforma de la Constitu­ción, tal como la que ocurrió por infracción del artículo 172 ibídem.

Desde el punto de vista que debe ser el propio de la Corte al juzgar el trámite del Acto legis­lativo acusado, no puede sostenerse que al votar dicho Acto la Comisión Primera de la Cámara no realizaba elección alguna, y que por consi­guiente no pudo violar en ese momento el artículo 172 de la Carta. Porque al contrario, resulta, se­gún se ha comprobado, que al realizarse la elec­ción en contra de lo dispuesto por el citado artículo, la Cámara se hallaba ya en el proceso de reformar la Constitución. En efecto, la elec­ción viciada se verificó cuando ya estaba en marcha el trámite del Acto legislativo que se exa­mina, y hace parte de dicho trámite. La Comisión se conformó inconstitucionalmente durante el proceso de formación del Acto legislativo.

Al interpretar y aplicar la ley de leyes la Cor­te debe atender, en primer lugar, a los derechos que ella tutela, como es sin duda el que tienen las minorías parlamentarias a participar en el trá­mite de la reforma a la Carta (artículo 218), puesto que todo poder público debe ejercerse en los términos que la misma Constitución establece. La violación de ese derecho, que se presentó cuan­do el Congreso daba uno de los pasos más impor­tantes dentro del trámite normal de la reforma, si bien no la hace inexistente o nula -puesto que éstos son fenómenos que deben estudiarse y definirse en el ámbito del derecho administra­tivo-, sí la afecta en forma grave e insubsanable ya que sería absurdo aceptar la exequibilidad de un proceso de reforma a la Constitución, durante el cual se ha violado de modo palmario el derecho de las minorías, que -se repite- es una de las conquistas más preciadas de la democracia, una de las garantías esenciales dentro de nuestro derecho público.

Empero conforme se ha explicado, no tiene sen­tido propio en este proceso la figura de la inexis­tencia, ni puede hablarse de "ineficacia origina­ria". Se trata es de la inexequibilidad, por vio­lación de la Constitución, invalidante del Acto hacia el futuro, conforme invariablemente lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte.

2. La indebida acumulación de proyectos.

La observancia de las formas como fuente de legitimidad en el ejercicio de la competencia.

El Estado de Derecho se distingue de otras formas de organización jurídica de las sociedades en que distribuye el ejercicio del poder, emanado de la soberanía, entre distintos órganos con com­petencias definidas, que se interrelacionan armónicamente para cumplir entre todos el fin supre­mo y común de mantener el orden, como fuente de paz, convivencia y de sociego <sic> entre los aso­ciados, dentro del mutuo respeto a sus recíprocos derechos. Pero a la vez, estos distintos órganos se controlan unos a otros en el ejercicio de sus funciones, sin llegar a interferirse, claro está, sus respectivas órbitas propias, sino de tal manera que se mantenga un equilibrio en el ejercicio de las diversas competencias, que impida la prepon­derancia, dominante de alguno de los órganos so­bre los demás, que llegase a conducir al despotis­mo o a la arbitrariedad, como germen de la destrucción del propio Estado de Derecho.

Es entonces indispensable, dentro de esta or­ganización jurídica, que las competencias de los distintos órganos y las funciones que de ellas di­manan se consagren de manera expresa y minu­ciosa y que los ritos, formas o procedimientos para su cabal ejercicio también se establezcan previamente de manera expresa. Ello es garantía de legitimidad en sus actos para los gobernantes y es garantía para los gobernados en cuanto al respeto de sus derechos y en cuanto a la certeza y ortodoxia jurídica de los preceptos que deben regular su conducta como integrantes de la so­ciedad.

De allí se desprende que el ejercicio de toda competencia dentro del Estado de Derecho presu­pone y exige el cumplimiento estricto de las for­mas propias preestablecidas para el respectivo obrar de la autoridad, y que el apartarse de tales formas invalide el acto y equivalga a un intento fallido de ejercitar la competencia.

Ello no implica un culto de la forma por la forma en sí misma, que sería vacuo y sutil, sino el desarrollo lógico e indispensable de los prin­cipios de la legitimidad, como freno al despotismo y al desorden institucional, de armónico equili­brio entre las potestades, dentro de las órbitas de sus competencias, de antemano diseñadas, y de certeza en los medios que deben emplear al expe­dir sus actos, en desarrollo de atribuciones tam­bién precisas y explícitas.

La forma en el Estado de Derecho tiene igual trascendencia que el ejercicio mismo de la potes­tad. Uno y otra, conjugados, le infunden legiti­midad a los actos del poder en sus diversos ór­ganos.

La organización institucional colombiana. El Congreso como constituyente y como legislador.

En Colombia no existen poderes absolutos, so­beranos o indefinidos que a su talante escojan los medios o formas para obrar. Al contrario, el ar­tículo 2º de la Constitución enseña que la sobe­ranía reside esencial y privativa mente en la Nación, que de ella emanan los poderes públicos y que su ejercicio debe sujetarse a los dictados del propio Estatuto Fundamental.

Se trata pues de poderes derivados y reglados, ya que el político o primigenio le pertenece es exclusivamente a la nación. Ello se predica inclu­sive de la potestad constituyente que le corres­ponde al Congreso, cuyos derroteros marca de modo expreso la Carta Fundamental.

El Congreso tiene como función principal ha­cer o crear el derecho positivo, mediante la expe­dición de textos constitucionales o de leyes ordi­narias, y le incumbe sólo de manera excepcional interpretar por vía de autoridad el sentido de las leyes, a través de una nueva ley. La exégesis normativa le corresponde a los jueces, como fuen­te de la jurisprudencia.

Naturalmente, el propio Congreso está obliga­do a obedecer y respetar los preceptos constitu­cionales o legales que haya espedido, sin que las costumbres, tradiciones o prácticas congresionales puedan equipararse o aún superar las normas positivas, ya que, aún en el ámbito del derecho privado, que regula esencialmente relaciones jurídicas entre particulares, la costumbre no puede prevalecer contra la ley, aun en el evento de que aquélla sea más clara, justa y práctica que la ley oscura o de difícil aplicación.

Es indudable, de otra parte, que el Congreso, además de cuerpo colegiado elegido popularmen­te, es una autoridad pública. Y entonces, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, sólo puede hacer lo que expresamente le esté atri­buido, y mediante el empleo de los procedimien­tos preestablecidos para su obrar. De lo contra­rio, sus actos carecen de legitimidad y valides constitucionales, y pueden llegar a incurrir tam­bién en extralimitación de funciones.

Los dictados del susodicho artículo 20 mues­tran, así mismo, que dentro del régimen estructu­ral del Estado colombiano son jurídicamente im­posibles los llamados "reglamentos o cláusulas en blanco"', de que se habla en otros países, y las atribuciones recónditas, implícitas o subenten­didas para la autoridad.

Surge de todo lo anterior, como corolario ine­ludible, que cuando el Congreso esté en trance de modificar la Constitución, debe respetar estricta­mente los preceptos que regulan su potestad cons­tituyente, es decir, el artículo 218 y los demás preceptos de la Carta que lo complementan de modo necesario, para que así la reforma introdu­cida tenga legitimidad y eficacia, dentro de los postulados que contienen los artículos 2º y 20 de la misma Carta Fundamental.

El proceso para la formación de los actos legis­lativos y de las leyes.

No está escrito en un solo precepto sino en va­rios de la Constitución, el trámite que debe cum­plir el Congreso para expresar su consentimiento cuando ejerce la potestad de hacer el derecho positivo, mediante la expedición de reformas constitucionales o de leyes simples.

En tratándose de las primeras, que es el caso de esta providencia, el artículo 218 de la Carta Fundamental estatuye que los proyectos de acto legislativo, es decir, de enmiendas constituciona­les, deben ser discutidos y aprobados por ambas Cámaras en sesiones ordinarias, publicados luego por el Gobierno, y después discutidos y apro­bados de nuevo en la siguiente legislatura ordi­naria, por la mayoría absoluta de las personas que compongan cada Cámara, salvo que la misma Carta exija en ciertas hipótesis una votación dis­tinta. Así resulta obvio que si deja de cumplirse cabalmente este proceso, no habrá un acto válido que modifique la Constitución.

Es entonces claro que la enmienda de la Carta exige un proceso legislativo más largo y más di­fícil que el que de ordinario emplea el Congreso para hacer el derecho, y esto es explicable porque se trata de variar textos de la mayor jerarquía normativa dentro de la escala jurídica. Pero tal circunstancia no significa que la Constitución deje de ser una ley en el sentido exacto de la palabra, porque rige, así sea de manera suprema, el orden institucional y debe ser obedecida por autoridades y gobernados en todo tiempo y en todo lugar, rasgos que son característicos de cual­quier ley como norma de derecho positivo.

Dado su rango de supremo estatuto de la na­ción, expedir una Constitución o una reforma constitucional exige una voluntad del Congreso reiterada en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Pero el ser una ley reiterada tampoco le quita su carácter esencial de lev a la Constitución.

De otra parte, el aludido artículo 218 no agota la materia en cuanto al trámite que han de cum­plir las reformas constitucionales, sino que pres­cribe únicamente aquellos requisitos especiales míe hacen más difícil, controvertido y meditado variar la Carta que sustituir las leyes.

Pero como la Constitución no es un acopio de textos inconexos, invertebrados o aislados sino un todo orgánico y organizado, ha de estarse a sus demás normas que regulan el funcionamiento del Congreso, su integración, los requisitos para las sesiones y los debates, la forma como ha de ex­presar su consentimiento al hacer el derecho posi­tivo y demás temas que se abstiene de tratar el artículo 218, al disponer el trámite complemen­tario y específico que han de cumplir las refor­mas constitucionales para que tengan validez jurídica. No hace falta que el constituyente re­pita paso a paso las reglas que rigen el Congreso como corporación legislativa para que tengan operancia plena en todo evento en que ejerza la potestad de legislar.

Las reflexiones hechas muestran que el artícu­lo 218 tiene como complemento necesario e im­prescindible lo estatuido en el Título VII de la misma Carta sobre el proceso para la formación de las leyes.

Así lo tiene esclarecido la Corte cuando en sen­tencia del 5 de mayo de 1978, expresó lo si­guiente:

"De lo anterior no se puede concluir que las normas constitucionales aplicables al Congreso como Rama Legislativa del Poder Público no lo obligan cuando obra en ejercicio de su compe­tencia para reformar la Constitución. Pero, re­pítese, el acto legislativo es ley. De consiguiente, no cabría sostener que escapa a las reglas consti­tucionales de formación de toda ley, sea ella cual fuere. Así, no es de recibo la tesis de que el pro­cedimiento de formación del acto legislativo esté constituido y agotado en el texto del artículo 218 de la Carta.

"En su texto no se indica quiénes pueden pre­sentar proyectos de reforma ni si deben ser pu­blicados antes de darles curso. Pero tampoco dón­de deben ser discutidos, cuántos debates deben sufrir, y si deben tener lugar en días distintos. Ni quiénes, además de los congresistas pueden participar en su discusión, y quién debe sancio­narlos cuando han sido aprobados,

"El referido texto contiene dos aspectos dife­rentes:

''Primero, la competencia privativa y excluyente del Congreso de someter el proyecto de reforma a debates y aprobación en dos legislaturas ordinarias y sucesivas, y segundo, la obligación para el Gobierno de publicar el proyecto entre una y otra legislaturas. Más no regula esta dispo­sición el trámite que debe dársele al proyecto en cada una de dichas legislaturas. Y como en la Constitución todo es preciso, orgánico y coheren­te, forzoso es concluir que el artículo 218 tiene como complemento necesario lo estatuido en su Título VII, que determina cómo el Congreso ex­presa su voluntad cuando expide normas de dere­cho positivo. Por lo demás, así lo ha entendido el Congreso en todas las ocasiones que, desde la vigencia de la Carta de 1886, ha ejercido directa­mente la potestad conferida por el constituyente primario para reformar el Estatuto Fundamen­tal.

"Si el artículo 218 pudiera ser considerado suficiente para regular en su integridad la ma­teria que toca, quedarían sin respuesta muy se­rios interrogantes, tales como quiénes están le­gitimados para presentar proyectos de reforma constitucional: ¿Los parlamentarios ¿El Go­bierno ¿Cuántos debates deben sufrir ¡Sería suficiente un solo debate para modificar las le­yes constitucionales ¡Y una vez aprobados se­rían o no sancionados y publicados Porque en todas estas materias guarda silencio el artículo 218.

"Es indudable entonces la íntima relación que guardan entre sí el Título VII de la Constitu­ción, que versa sobre la formación de las leyes y el 21, que trata de las reformas constitucionales. El artículo 218, sin conexión con los artículos 79, 81 y siguientes, es norma incompleta e ineficaz, por si misma, para el ejercicio de la potestad de reforma.

''Ningún principio de lógica o de técnica jurí­dica se opone a que la ley y el acto legislativo tengan, en el origen de su formación y como ac­tos del Congreso -como legislador o como cons­tituyente- idéntico procedimiento.

"La Constitución ordena que la ley y el acto legislativo recorran inicialmente un mismo ca­mino. Y exige que uno y otra sean fruto de reflexión serena. Y que reciban unos mismos deba­tes en la comisión permanente y en la sesión plenaria. Es el procedimiento más adecuado para dar expresión a la voluntad soberana que se ma­terializa en la ley y en el acto legislativo.

"El constituyente de 1886, cuya sabiduría abo­nan sus numerosos títulos, dio nombre de acto legislativo, lo mismo a la ley ordinaria que a la reformatoria de la Constitución, sin dejar de reconocer el rango superior de la segunda. El acto legislativo comprendía entonces toda decla­ración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución. Así se denominaba el Acto del Congreso cuando cumplía su función propia de hacer las leyes comunes, como legislador ordinario, o de reformar la Carta Fundamental, como constituyente derivado o secundario. Podía reformar la Constitución por medio de un acto legislativo disentido y aprobado en tres debates por el Congreso cu la forma or­dinaria, y en el artículo 81 de ese Código se reglamentó la forma ordinaria como el acto legis­lativo debía ser disentido y aprobado:

"Ningún acto legislativo será ley sin los si­guientes requisitos:

"1. Haber sido aprobado en cada Cámara en tres debates, en distintos días, por mayoría ab­soluta de votos.

"2. Haber obtenido la sanción del Gobierno''.

"El Acto legislativo número 9 de 1905, por el cual se autorizó la reforma de la Carta por una Asamblea Nacional, dispuso en su artículo 4°:

"Para que la reforma se verifique basta que sea disentida y aprobada conforme con lo esta­blecido para la expedición de las leyes".

''Después, el Acto legislativa número 3 de 1910 acogió el sistema de reforma imperante pero precisando categóricamente que todo cambio de la Constitución 'sólo podrá' ser hecho por acto legislativo del Congreso discutido y aprobado en la forma ordinaria.

"El constituyente de 1936 conservó intacto el modo de introducirle cambios a la Constitución: Acto legislativo discutido y aprobado por el Con­greso en dos legislaturas, en la forma ordinaria que era la de los tres debates.

"En el año de 1945, por el Acto legislativo número 1, se reformó el sistema de formación de las leyes, al establecer en el artículo 11 que:

"Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:

"1° Haber sido aprobado por la Comisión co­rrespondiente de la Cámara en primer debate, por mayoría absoluta de votos.

"2º Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate, con mayoría absoluta de votos.

"3º Haber obtenido la sanción del Gobierno.

"Para la expedición de las leyes que modifi­quen, reformen o deroguen las mencionadas en los numerales 2º, 3º, 4º, y 5º del artículo 69 se requiere la mayoría absoluta de votos de los miembros que forman la Comisión Permanente y, así mismo, la mayoría absoluta de votos de los miembros que componen cada Cámara'.

"La adopción de todo proyecto y su aproba­ción en primer debate en los senos de las Comisiones Permanentes, deberán verificarse en días distintos.

"Un proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno. Si la decisión de la Comisión fuere improbada por la mayoría absoluta, de votos de la Cámara correspondiente, el proyecto pasará a otra Comisión Permanente, para que lo apruebe en primer debate e informe sobre él para el segundo".

"Y en el artículo 95 se dispuso:

"La Constitución sólo podrá ser reformada por mi acto legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordi­narias; publicado por el Gobierno, para su exa­men definitivo en la siguiente legislatura ordi­naria; por ésta nuevamente debatido, y última­mente aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada Cámara. Si el Go­bierno no publicare oportunamente el proyecto de acto legislativo, lo hará el Presidente del Con­greso".

"En esta reforma aparece claro que el consti­tuyente reserva definitivamente el nombre de 'acto legislativo' para la ley que aprueba un cam­bio constitucional y que utiliza el término gené­rico de 'proyectos' para referirse tanto a las pro­puestas de reforma constitucional como a las de reforma de cualquier ley.

"En el plebiscito de 1957 se precisó, dejando vigente en lo demás el sistema imperante a la sazón, que 'en adelante las reformas constitucio­nales sólo podrán hacerse por el Congreso'.

"Por medio del Acto legislativo número 1 de 1968 se introdujeron modificaciones al trámite de formación de las leyes. Sobre lo cual se dis­puso, en su artículo 15:

"Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:

"1° Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva.

"2º Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en el artículo 80.

"3º Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.

"4º Haber obtenido la sanción del Gobierno.

"El primero y segundo debates de cualquier proyecto deberán verificarse en días distintos, salvo las excepciones que previamente haya señalado el reglamento.

"Los proyectos de ley que no hayan sido acu­mulados en la forma que ordena el reglamento no podrán discutirse ni votarse conjunta o simul­táneamente.

"Un proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno. Si la decisión de la Comisión fuere, improbada por mayoría absoluta de votos de la Cámara corres­pondiente, el proyecto pasará a otra comisión permanente para que decida sobre él en primer debate".

"Y de la misma manera se hicieron otras pres­cripciones al establecerse en su artículo 74 que:

"La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, sólo po­drá, ser reformada por un acto legislativo, discu­tido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Go­bierno para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente de­batido y, últimamente aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada. Cámara. Si el Gobierno no publicare oportunamente el proyecto de acto legislativo, lo hará el Presidente del Congreso.

"Frente a los textos vigentes, conocida la tra­yectoria histórica de la formación de las leyes y de los cambios constitucionales, no resulta ajus­tado al espíritu de nuestra legislación sostener que el trámite que se debe dar a los proyectos de ley es el indicado en el artículo 15 del Acto legis­lativo número 1 de 1968, que en la codificación quedó con el número 81 y que el procedimiento para hacer mutaciones a la Carta está contenido todo en el artículo 74 copiado, que en la codifi­cación quedó con el número 218.

"Lo ceñido a la verdad histórica y a los prin­cipios constitucionales es la categórica afirma­ción de que la Carta exige para toda reforma su­ya el cumplimiento de los requisitos del artículo 218, complementado con los del Título VII, como ya se dijo.

''Si a lo anterior se agrega que todas las refor­mas constitucionales verificadas directamente por el Congreso desde 1886 se han sometido en su discusión y aprobación al procedimiento im­puesto por la Carta para la formación de las leyes comunes, así se les designara actos legislati­vos o proyectos, es imperioso concluir que todo proyecto de acto legislativo debe llenar los re­quisitos del artículo 218, complementado por el trámite que prescribe el artículo 81. Esta es la correcta inteligencia del problema y la única que despeja los interrogantes planteados".

Establecido como ha quedado incontrastable­mente, que es idéntico el proceso para la forma­ción de los actos legislativos y de las leyes, aun­que duplicado cuando se trata de los primeros, debe analizarse los requisitos que exige el artículo 81 de la Constitución para que obtengan validez aquellas determinaciones del Congreso.

Formalidades requeridas por el artículo 81 de la Carta, para, expedición eficaz de reglas de dere­cho positivo -la obligatoria observancia del Re­gimiento del Congreso-.

Dice así el artículo 81 de la Constitución: ' Ningún proyecto será ley sin los requisitos si­guientes:

"1º. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva.

"2º. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en el artículo 80.

"3° Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.

"4º. Haber obtenido la sanción del Gobierno.

"El primero y segundo debates de cualquier proyecto deberá verificarse en días distintos, sal­vo las excepciones que previamente haya seña­lado el reglamento.

"Los proyectos de ley que no hayan sido acu­mulados en la forma que ordena el reglamento, no podrán discutirse ni votarse conjunta o simul­táneamente.

"Un proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de la comisión o del Gobierno. Si la decisión de la comisión fuere improbada por mayoría absoluta- de votos de la Cámara corres­pondiente, el proyecto pasará a otra comisión permanente para que decida sobre el primer de­bate".

Son pues cuatro los requisitos que prevé el artículo 81 para la formación de una norma positiva de cualquier naturaleza:

1. Publicación del proyecto antes de darle primer debate.

2. Aprobación en primer debate en la Comisión Permanente respectiva de cada Cámara.

3. Aprobación en segundo debate en sesiones plenarias de ambas Cámaras.

4. Sanción gubernamental.

La forma del desarrollo de loa distintos deba­tes, la posibilidad de modificar los proyectos y otros pormenores de igual observancia obligato­ria, como rituales indispensables al legislar, es­tán previstos en el Reglamento del Congreso, que debe expedirse como ley porque así lo ordena el arríenlo 76, ordinal 6º de la Constitución.

Pero en cuanto a formalidades básicas en el trámite legislativo, el artículo 81 añade expre­samente que el primero y segundo debates de un proyecto deben dársele en días diferentes, salvo las excepciones predeterminadas en el Reglamento del Congreso, Y en cuanto a acumulaciones de distintos proyectos, para discutirlos y votarlos; simultáneamente o conjuntamente, sólo permite hacerlo en la forma que ordene el susodicho Re­glamento. O sea que si el Reglamento nada prevé en cuanto a acumulación de proyectos, será ilí­cito hacerla, por contrariar el artículo 81 de laCarta, lo que conduce a viciar por la forma de su expedición cualquier acto legislativo o ley que correspondan a la acumulación indebida de varios proyectos, presentados individualmente.

Existe una clara, expresa y directa referencia de la Constitución al Reglamento del Congreso para exigir su observancia en materia de acumu­laciones de proyectos, prohibida en principio por el constituyente, con la dispensa de que el dicho Reglamento la prevea y regule.

Sobre la necesidad de cumplir cabalmente los procedimientos al legislar, expuso la Corte, en sentencia del 8 de agosto de 1974, lo siguiente: "Las leyes son actos jurídicos formales, cuya validez depende en primer término del respeto que se guarde a las condiciones esenciales de su expedición fijadas en la Carta.

"Cuando se acusa de inasequible una ley poí­no haber observado de la manera prevista por el constituyente alguno de los trámites necesa­rios a su formación es forzoso averiguar ante todo si ese proceso constitutivo se ha satisfecho a cabalidad.

"Violar un requisito de procedimiento necesa­rio a la elaboración de la ley, previsto y sancio­nado por la Carta o, singularmente, como lo enseña la citada sentencia del 28 de agosto de 1970, dejar de cumplir 'todos y cada uno de los requi­sitos señalados en el artículo 81' impone la co­rrespondiente resolución de inexequibilidad".

Y, concretamente, en cuanto a la obligatorie­dad de la obediencia del Reglamento del Con­greso máxime cuando a él se atiene la Constitu­ción, dijo la Corte en sentencia del 14 de agosto de 1979:

"El cargo fundamental de la demanda radica en sostener que cuando se viola el Reglamento del Congreso o el reglamento interno de alguna de las Cámaras como afirma el actor que sucedió en el trámite de la ley acusada, tal violación de la ley en que constan los dichos reglamentos esuna 'violación indirecta de la Constitución'. Ajuicio de la Corte, no tiene objeto en el campodel control constitucional distinguir entre in­fracciones directas e indirectas de la Constitución. Simplemente, se viola o no la Constituciónindependientemente de las distintas maneras dequebrantarla que pueden presentarse.

"El procedimiento para la formación de las leyes está establecido básicamente en la propia Constitución. Su Título VII desarrolla esa mate­ria. La violación de estas normas hace inconsti­tucional el proyecto de ley o la ley que queden afectados por un vicio de esta clase. Pero además, también debe ser declarada inconstitucional la ley cuando en su elaboración no se acaten aque­llos preceptos de las leyes que sirven de regla­mento interno de las Cámaras Legislativas, en los aspectos en que expresamente la propia Cons­titución defiere la determinación del procedi­miento a tales reglamentos. Es el caso, por ejem­plo, de lo que disponen los dos siguientes incisos del artículo 81: 'El primero y segundo debates de cualquier proyecto deberán verificarse en días distintos, salvo las excepciones que previamente haya señalado el Reglamento' (subraya la Corte)'.

''Los proyectos de ley que no hayan sido acu­muladosen la forma que ordene el Reglamento, no podrán discutirse ni votarse conjunta o si­multáneamente".

"Adquiere entonces, el reglamento rango cons­titucional.

"De consiguiente, cuando la violación en el trámite de] proyecto de ley incide en disposicio­nes del reglamento que no son aquellas a las cuales la Constitución hace la remisión expresa de que se trata, no hay infracción constitucional (Lo subrayado es del texto transcrito).

"Bien claro se ve así que, conforme lo tiene dicho la Corte, cuando la 'Constitución se remite a las provisiones del Reglamento del Congreso, el quebranto de éste equivale a desconocimiento de la propia Carta Fundamental, que conduce fatalmente a la inconstitucionalidad del acto, así viciado en su formación, y a la invalidez insub­sanable del acto expedido viciosamente.

La acumulación de proyectos frente a los dictados del artículo 81, incisode la Constitución y del Reglamento del Congreso.

El artículo 81, inciso 7º, de la Constitución es del tenor siguiente:

''Los proyectos de ley que no hayan sido acu­mulados en la forma que ordene el Reglamento, no podrán discutirse ni votarse conjunta o si­multáneamente".

A su vez, el Reglamento del Congreso, inte­grado por las leyes 7ª y 70 de 1945 y otras de menor importancia, contiene reglas minuciosas para el trámite de los proyectos.

Así, los artículos 9º, 11, 13, 14. 15, 16, 17 y 24 de la Ley 7ª disponen:

"Artículo 9° Todos los proyectos de ley serio presentados con su correspondiente exposición de motivos, por duplicado, al secretario de la res­pectiva Cámara, quien dejará testimonio de su recibo, lo registrará y dará cuenta en cada sesión pública de los que le hubieren sido presentados informando de la Comisión a que hayan sido transmitidos por el Presidente de la respectiva Cámara.

"Los proyectos y sus exposiciones de motivos serán publicados en los 'Anales' al día siguiente de su presentación, y serán estudiados por la Co­misión de modo rigurosamente cronológico, para los fines de los dos artículos siguientes.

"Artículo 11. Si el proyecto no requiere adop­ción (trámite hoy abolido, se anota), pasará al estudio de un ponente nombrado por el Presi­dente, para que en el plazo que se le señale lo estudie y proponga a la Comisión la aprobación con modificaciones o sin ellas, o el rechazo del proyecto.

"En la designación de los ponentes el Presi­dente asegurará la rotación de los miembros de los diversos partidos políticos representados en la Comisión.

"Artículo 13. El ponente anunciará en sesión pública de la respectiva Cámara que ha rendido el informe, entregando copia a la Secretaria para que se publique en los 'Anales' del día siguiente.

"Artículo 14. El presidente de la Comisión, guardando turno rigurosamente cronológico de la presentación de los informes, señalará el orden del día de las sesiones, orden que será fijado enlugar visible y publicado en los 'Anales'.

"Artículo 15. Leído el informe se pondrá en consideración la proposición con que debe ter­minar, que no podrá ser otra que la solicitud de que se le dé primer debate, que se suspenda tem­poral o indefinidamente, o que se archive el proyecto.

"Artículo 16. Si la Comisión reviviere discu­tir el proyecto en primer debate, el ponente podrá señalar las cuestiones fundamentales del proyecto acerca de las cuales conviene que la Comisióndecida en primer término.

"Artículo 17. Resueltas las cuestiones funda­mentales se leerá y discutirá el proyecto artículo por artículo, y aún inciso por inciso, si así lo so­licitare alguno de los miembros de la Comisión.

"Artículo 24. Cerrado el debate y aprobado el proyecto pasará de nuevo al respectivo ponen­te, o a uno distinto en caso de grave disentimien­to suyo, para que lo revise, ordene las modifica­ciones y redacte el informe razonado que laComisióndebe rendir a la Cámara, informe que será suscrito por el ponente y autorizado con las firmas del Presidente y Vicepresidente de la Co­misión".

Además, los artículos 33 y 34 de la Ley 7ª, 1º de la Ley 70 de 1945, y 36 a 39 de la misma Ley 7ª, reglamentan el segundo debate de los pro­yectos.

Un examen cuidadoso de todas estas normas deja en evidencia que la acumulación de pro­yectos no está regulada por el Reglamento del Congreso. Antes bien, los artículos 10, 11, 14 y 24 de la Ley 7ª la descartan, porque disponen eltrámite independiente y en riguroso orden cro­nológico de los proyectos, su publicación indi­vidualizada en los "Anales del Congreso", la de­signación de un ponente para cada proyecto y la discusión autónoma de cada uno de ellos.

Es meridiano, por lo tanto, que la acumulación de proyectos, sea cual fuere su naturaleza, que no está prevista en el Reglamento del Congreso, infringe de manera ostensible lo estatuido peren­toriamente por el artículo 81, inciso 7ª, de la Constitución e implica un vicio de forma, o seade trámite, que deja sin validez lo actuado por el Congreso, como legislador o como constituyen­te, secundario, por quebrantar la Carta Funda­mental, tanto en aquel precepto como en sus artículos 2º y 20, ligados íntimamente con el 81, según ya se dijo.

Cabe anotar que esta es la primera vez en que la Corte puede pronunciarse sobre el tema de la acumulación de proyectos, desde luego que con ocasión de la demanda contra el Acto legislativo número 1 de 1968, nada dijo ni podía decir a ese respecto, porque aquel Acto sólo era enjuiciable por las disposiciones constitucionales anteriores a su vigencia y porque, en ese entonces, el ar­tículo 81 de la Constitución (11 del Acto legis­lativo de 1945) no disponía nada sobre acumula­ciones de proyectos. Fue el artículo 15 del Actolegislativo de 1968, reformatorio del 81 antiguo,el que introdujo ese asunto a la Constitución,para subsanar el vacío existente sobre el trámite conjunto, reunido o acumulado de varios proyec­tos.

Con la mira ineludible de los textos que se de­jan analizados y no con otras, como la convenien­cia, el ordenamiento lógico de las iniciativas congresionales, el sentido práctico para hacer las cosas, la agilización sistematizada de los debates o consideraciones semejantes, ha de examinarse el proceso de formación del Acto legislativo que ahora se acusa, teniendo a la vista los reparos que a éste le formulan los demandantes.

Aplicación de los principios anteriores en el caso sub judice. Examen del proceso de forma­ción del Acto acusado.

Una lectura cuidadosa de la publicación ofi­cial hecha por la Cámara de Representantes, to­mada de los ''Anales del Congreso" (cuyas edi­ciones fundamentales obran en el expediente), y que se titula "Reforma Constitucional de 1979 -Legislatura de 1978 (Tomo I) y Legislatura de 1979 (Tomo II)" (Imprenta Nacional, julio y octubre de 1980), muestra lo siguiente:

a) En la primera legislatura y en la ponencia para el primer debate en la Comisión Primera del Senado (páginas 239 a 248, Tomo I ibídem), se da cuenta de que fueron acumulados o refun­didos en uno solo quince proyectos de acto legis­lativo, en cuanto se referían a la reforma del Congreso, tal como aparecen involucrados en el que se llamó Pliego de Modificaciones. Este in­forme lo redactó y presentó una comisión de ponentes y no un ponente individual para cada proyecto, como lo ordena el Reglamento, según quedó visto antes.

Estos proyectos los discrimina así el dicho in­forme de los ponentes (páginas 239 y 240, Tomo I, ibídem):

"Hemos trabajado sobre los siguientes proyec­tos de acto legislativo:

"El número 1 de 1973, presentado por los Se­nadores Edmundo López Gómez, Jaime Posada. Libardo Lozano Guerrero y Rodrigo Lara Bo­nilla, quienes revisaron el presentado en 1976 por los signatarios del Consenso de San Carlos y le introdujeron importantes modificaciones.

"El número 2 presentado por los Senadores Augusto Espinosa Valderrama y Enrique Pardo Parra.

"El número 3 presentado por el Senador Hu­berto Gerlein Echeverría.

"El número 4 presentado por el entonces Mi­nistro de Justicia César Gómez Estrada.

"El número 5 presentado por el Senador Hum­berto Críales de la Rosa.

"El número 6 presentado por el Senador Carlos Holmes Trujillo.

'' El número 7 presentado por el Senador Car­los Augusto Noriega.

"El número 8 presentado por el Senador Gui­llermo Plazas Alcid.

''El número 9 presentado por el Senador Diego Uribe Vargas.

"El número 10 presentado por el Senador Jai­me Posada.

"El número 11 presentado por los Senadores Alvaro Gómez Hurtado y Miguel Escobar Mén­dez.

"El número 12 presentado por los Senadores Alvaro Gómez Hurtado, Jorge Uribe Botero y Felio Andrade Manrique.

"El número 13 presentado por los Senadores Mario Giraldo Henao y Guillermo Vélez Urreta.

"El número 14 presentado por los Senadores Augusto Espinosa Valderrama y Enrique Pardo Parra, y

"El número 15 presentado por el Senador Car­los Holmes Trujillo".

En la proposición con que termina la ponen­cia, se pide darle primer debate en forma con­junta o acumulada, a los 15 proyectos de acto legislativo, que individualiza la ponencia al prin­cipio, y teniendo como articulado el contenido en el pliego de modificaciones, anexo al informe (página 248 ibídem).

El pliego de modificaciones (páginas 249 a 254, tomo I), involucra en uno solo tales 15 pro­yectos, en cuanto plantean reformas al Congreso.

La proposición inicial de la ponencia fue sus­tituida por otra (página 289, tomo I), que pide darle primer debate al llamado Pliego de Modi­ficaciones, hecho por la Comisión de ponentes, paradlos artículos de los actos legislativos enume­rados en la ponencia. Así fue aprobado. Y así se aprobó también por la Comisión, como un soloproyecto, el que aparece de la página 631 a la 533 del Tomo I.

Se ve así con absoluta claridad que por obra de. la Comisión y sus ponentes, resultaron acumu­lados, para, ser discutidos y aprobados conjunta­mente, los 15 proyectos de acto legislativo suso­dichos.

b) El informe para el segundo debate, presentado ahora sí por un solo ponente (páginas 639 a 651, tomo I), menciona también individual­mente aquellos 15 proyectos, y propone que se le dé segundo debateal proyecto aprobado por la Comisión Primera (página 651). Así se aprobó, se discutió en la plenaria y se aprobó tambiénel proyecto.

En el informe o ponencia para el primer de­bate en la Comisión Primera de la Cámara (pá­ginas 677 a 701, tomo I, ibídem), también se recuerda laacumulación de proyectos hecha en el Senado y se propone darle primer debate al proyecto único, originario del Senado. Así seaprobó. Este proyecto fue aprobado sin modifi­caciones por la Comisión Primera y por la Cá­mara en pleno, en los debates respectivos.

c) En lo que atañe a la Reforma de la Jus­ticia, en el primer debate en la Comisión Primera del Senado, también se acumularon tres distintos
proyectos de ocio legislativo, para tramitarlos y aprobarlos conjuntamente. Así lo dice el informe para el primer debate (páginas 879 a 883, tomo I). Así lo reconoce el llamado Pliego de Modifi­caciones (páginas 883 a 889, tomo I), que es un verdadero pliego de acumulación. También lo reiteran las actas respectivas de las sesiones de la Comisión (v. gr., página 893, tomo I).

La Comisión aprobó la proposición final del informe sobre trámite conjunto de los proyectos (página 912, tomo I).Y, luego de los debates,con varias modificaciones del texto propuesto, fue aprobado, como un solo acto legislativo (pá­gina 964, tomo I), el que aparece de las páginas 964 a 969 del Tomo I.

En la ponencia para el segundo debate an­te el Senado, también se menciona la acumulación de varios proyectos de acto legislativo en uno solo, que hizo la Comisión Primera (página 970, tomo I). Ese texto unificado lo aprobó el Senado
su segundo debate, luego sufrió el trámite com­pleto en la Cámara de Representantes, y se apro­bó en ambos debates aquel proyecto único, que
aglutinaba a tres.

Los dos proyectos de acto legislativo, con­formados como se dejó dicho, y que aprobó el Congreso como independientes entre sí, los publicó el Gobierno separadamente en el ''Diario Oficial'', después de terminar la primera legis­latura (Decretos 122 y 123 de 1979, "Diario Oficial número 35192 de febrero 2 de 1979), para cumplir así lo ordenado por el artículo 218 de la Constitución.

f) En la segunda legislatura y en el primer debate en la Comisión Primera del Senado, el ponente propuso la acumulación de los dos pro­yectos de acto legislativo en uno solo, a pesar de que habían sido aprobados separadamente por el Congreso en la primera legislatura y relativos a la reforma del Congreso, el uno y a la reforma de la justicia, el otro, los que, a su vez, ya eran la acumulación de muchos proyectos de acto legislativo, como lo recuerda el mismo ponente (pá­gina 4, tomo II). Así se lee claramente en el informe (páginas 3 a 38, tomo II).

La proposición final de la ponencia solicita la acumulación de los dos proyectos, es decir, pide superacumular aquellos múltiples proyectos pre­sentados en la primera legislatura. Así lo aprobó la Comisión (página 61, tomo II). Y así también fue aprobado por la Comisión como un solo proyecto el que se lee de las páginas 708 a 722 del Tomo II, y por la plenaria del Senado, en segundo debate, el que aparece en las páginas 797 a 810 del mismo Tomo.

g) En la Cámara de Representantes esepro­yecto unificado se tramitó y aprobó sin cambios.

Conclusiones

El estudio que se deja hecho sobre el trámite que tuvo en el Congreso el acto legislativo acu­sado, lleva fatalmente a concluir que la acumula­ción reiterada de diversos proyectos de reforma constitucional, que se hizo tanto en la primera como en la segunda legislatura, quebranta de manera frontal e incontrastable lo estatuido por el artículo 81, inciso 7º, de la Constitución y, consecuencialmente además, los artículos 2° y 20 de la misma Carta Fundamental.

Se vició, de esta manera, el intento de refor­mar la Constitución que hizo el Congreso como constituyente derivado o secundario, en las legis­laturas de 1978 y 1979, por no haberse ceñido aquel cuerpo colegiado a los procedimientos establecidos en la misma Carta y en su propio Re­glamento para el ejercicio de su potestad demodificar el Estatuto Fundamental del país.

El referido vicio de forma conduce a la con­clusión inexorable de que el Acto legislativo nú­mero 1 de 1979, fruto de aquellas acumulaciones de proyectos, actualmente prohibidas por la CartaFundamental, es totalmente inexequible y así debe declararlo la Corte.

Excepción de inconstitucionalidad

El artículo 2.15 de la Constitución Nacional contempla el fenómeno usualmente conocido como excepción de inconstitucionalidad, en virtud del cual el juzgador tiene capacidad jurídica pa­ra dejar de aplicar en el caso concreto una norma legal cuando considere que es violatoria de la Constitución y ella no ha sido aún declarada inexequible por la autoridad competente.

Tal situación se presenta en esta oportunidad. En efecto, con fecha 2 de noviembre del presente año, el Gobierno ha dictado el Decreto 3050 con fundamento en el transitorio artículo 76, literal "C" del Acto legislativo número 1 de 1968, en el que establece que "los fallos que declaren la inconstitucionalidad o inexequibilidad de los ac­tos legislativos reformatorios de la Constitución Política requerirán la mayoría de las tres cuartas partes de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia''.

La disposición transitoria que sirve de funda­mento a tal decreto, señala que "el Gobierno queda autorizado para tomar las medidas admi­nistrativas necesarias al establecimiento de los servicios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y para dictar, mientras la ley no lo haga, las normas relativas a su funciona­miento y las procedimentales para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo".

Trátese, pues, de una potestad reglamentaria que el Constituyente otorgó al Gobierno. En de­recho constitucional es posible distinguir dos ca­tegorías de potestades reglamentarias, a saber, las autónomas y las de carácter residual: aque­llas se ejercen discresional <sic> y soberanamente y pueden ser modificadas por el propio Gobierno en cuanto no se agoten con su inicial ejercicio; éstas en cambio, se ejercitan subsidiariamente, cuando el legislador no lo ha hecho, de tal ma­nera que si la propia le -sustancialmente en­tendida- desarrolla tal función no puede ya el Gobierno ejercerla, y si la ha cumplido previa­mente, dicha normatividad es desplazada por la originaria del legislador.

A esta segunda especie de potestad reglamen­taria pertenece la que autorizaba el constituyente de 1968 en el literal e) de su artículo 76, pues que en ella expresamente establece que la regla­mentación gubernamental sólo es jurídicamente posible mientras el propio legislador no la haya ejercido. Pues bien, aunque el Gobierno dictó el Decreto 432 de 1969, cuyo artículo 31 reglamenta, entre otras cosas, la votación de los fallos sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad no es menos cierto que al dictarse el "estatuto orgánico de la administración de justicia" (Decreto 1265 de 1970) en desarrollo de la Ley de facultades número 4 de 1969, se reglamentó por modo general en su artículo 11 el trámite de todos los asuntos que deban ser resueltos por los jueces colegiados (incluyendo, obviamente, a la Corte Suprema de Justicia) y concretamente el sistema de votación decisoria. La norma en cues­tión dice en su inciso final;

"Las providencias que profieran las Salas requieren mayoría absoluta de votos y serán sus­critas por todos los magistrados y conjueces que concurran a dictarlas, aun por aquellos que ha­yan disentido. El disidente deberá salvar su voto dentro de los dos días siguientes a la fecha de la " providencia, pero su retardo no impide la noti­ficación de ésta, y la prosecución del trámite".

Considera, entonces, la Corte, que esta regla­mentación legislativa -el Decreto 1265 de 1970 es sustancialmente una ley- que resuelve inte­gralmente el aspecto relacionado con la votación de los fallos judiciales en Corte Suprema, Con­sejo de Estado y Tribunales, agotó la potestad reglamentaria residual que, el constituyente le había otorgado.

Pertinente resulta, además, recordar que con­forme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, aún vigente, aunque las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, los términos que hubie­ren comenzado a correr y las actuaciones y dili­gencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación; y es verdad evidente que las actuaciones en este asunto y los términos legales previstos para re­solverlo se iniciaron con anterioridad a la fecha del precitado Decreto, y por consiguiente habrán de continuar rigiéndose, por la normatividad ju­rídica que los orientó en su comienzo.

Fluye de estas consideraciones la insoslayable conclusión de que el Decreto espedido por el Go­bierno el 2 de noviembre del presente año para reglamentar la votación de los fallos sobre inexequibilidad de los actos legislativos es inapli­cable en este caso. En consecuencia, considera la Corte, por unanimidad, que para decidir en este proceso basta la mayoría absoluta.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto fiscal,

Falla:

DECLÁRASE INEXEQUIBLE en su totalidad, el Acto legislativo número 1 de 1979.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobier­no Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

César Ayerbe Chaux

Presidente.

Con salvamento de voto.

Carlos Alvarez Pereira (Conjuez), Gilberto Arango Londoño (Conjuez):Gregorio Becerra Becerra (Conjuez - con salvamento de voto), Fa­bio Calderón Botero, Francisco Camacho Amaya (Conjuez), Pablo Cárdenas Pérez (Conjuez - con salvamento de voto), José María Esguerra Samper, Dante. Luis Fiorillo Porras (con salvamento devoto), Rafael Gamboa Serrano (Conjuez), Gustavo Gómez Velásquez. José Eduardo Gnecco Correa (con salvamento de voto), Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez. Ricardo Medina Moyano (con salvamento de voto - con aclaración de voto), Ildefonso Méndez (Conjuez - con sal­vamento de voto), Hernando Morales Molina (Conjuez), Rafael Nieto Navia (Conjuez - con salvamento de voto), Guillermo Ospina Fernán­dez (Conjuez), Alfonso Reyes Echandía, Alfon­so Suárez de Castro (Conjuez - con salvamento de voto), Alvaro Tafur Galvis (Conjuez - con salvamento de voto), Hernando Tapias Rocha (Conjuez - con salvamento de voto), Eduardo Umaña. Luna (Conjuez - con salvamento de vo­to), Carlos Upegui Zapata (Conjuez), Fernando Uribe Restrepo, Julio César Uribe Acosta (Con­juez), Darío Velásquez Gaviria.

'Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS RICARDO MEDINA MOYANO ILDEFONSO MÉNDEZ, ALFONSO SUAREZ DE CASTRO, GILBERTO ARANGO LONDOÑO, GREGORIO BECERRA BECERRA, ALVARO TAFUR GALVÍS Y HERNANDO TA­PIAS ROCHA

Adelantado el proceso constitucional, origi­nado en la demanda presentada por los ciu­dadanos Manuel Gaona Cruz, Oscar Alarcón Núñez, Tarcisio Roldán Palacio. Clímaco Giraldo Gómez y Antonio Cancino Moreno, con­tra el Acto legislativo número 1 de 1979, le correspondió elaborar la ponencia pertinente al Magistrado Ricardo Medina Moyano, toda vez que los restantes integrantes de la Sala se declararon impedidos, habiéndoseles acep­tado oportunamente tal impedimento y nom­brándose los conjueces de rigor.

Presentado el estudio respectivo por e] Ma­gistrado Medina Moyano a la consideración de la Sala Constitucional, en el cual se propo­nía en general la declaración de exequibilidad de Acto legislativo demandado, y la inexequibilidad de algunas de sus normas, derivada esta última de la comparación de los textos aprobados en la Segunda Legislatura Ordina­ria, con los textos aprobados en la Primera Legislatura Ordinaria, según lo dispuesto por el artículo de la Carta Fundamental, aquél fue acogido por unanimidad por la citada Sala Constitucional, la cual lo presentó como po­nencia de la misma a la consideración de la Corte en pleno, y a la que el mismo Magistra­do ponente le agregó para tal efecto un pliego de observaciones adicionales de orden perso­nal.

Realizados los debates correspondientes en la Sala Plena, la ponencia de la Sala Constitu­cional no fue acogida por una mayoría de 16 votos contra 12, correspondiéndose entonces la elaboración de la nueva ponencia al Magis­trado Fernando Uribe Restrepo. En tales con­diciones siete de los Magistrados que se apar­taron de la decisión mayoritaria, dejaron co­mo salvamento de voto la ponencia elaborada por el Magistrado Medina Moyano, a la cual él agregó un nuevo estudio adicional, todo lo cual vino a integrar el salvamento de votoquese publica a continuación:

Los suscritos Magistrados, se permiten mani­festar su disentimiento respetuoso de la decisión tomada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en el presente proceso de constitucionalidad adelantado contra el Acto legislativo número 1 de 1979, decisión mediante la cual se de­claró la inexequibilidad total de dicho Acto. Así mismo, se permiten expresar lo siguiente:

1º. Nos encontramos plenamente de acuerdo, como lo manifestamos ampliamente en las sesio­nes respectivas, con la decisión de la Sala Plena,en razón de la cual se concluyó que no debíaaplicarse el Decreto 3050 del día 2 del presentemes de noviembre de 1981, "por la cual se dictannormas relativas al procedimiento para el estudioy despacho de los asuntos a cargo de la Corte Supremade Justicia''.

2º. Igualmente y como se ha hecho en la Corte en algunas oportunidades anteriores, dejamos como salvamento de voto la ponencia presentada por la Sala Constitucional a la consideración de la Sala Plena de la Corporación, ponencia, en la cual se solicitaba de la Sala Plena la inexequibilidad parcial del Acto acusado.

Entendemos que en el presente caso tal hecho se justifica especialmente, teniendo en cuenta que ella constituye el reflejo general de nuestro pensamiento acerca de los trascendentales temas debatidos y, que por otra parte se trata de la ponencia oficial de la Sala Constitucional, la cual además fue adoptada por la unanimidad de sus miembros, viniendo por todo ello a convertirseen un elemento de juicio indispensable para lacomprensión cabal de la sentencia respectiva.

3º Advertimos desde luego que respecto de ta­les temas, mayormente en cuanto a la acumula­ción de los proyectos de acto legislativo, lo mismo que en lo relativo a la violación del artículo 172 de la Constitución Política por desconoci­miento de los derechos de las minorías, quienes firmamos el presente salvamento desarrollamos en el curso de los debates ampliamente el pensa­miento de la ponencia.

4º. No obstante, con respecto al mentado tema de la acumulación, estimamos pertinente hacer las siguientes observaciones:

1ª. Estamos de acuerdo teóricamente en que existe una relación indudable entre el artículo 218 y el Título VII de la Constitución sobre la formación de las leyes, pero no creemos que tal tesis pueda llevarse a un extremo peligroso, contrario a la historia misma del 218. Esto significa que tal relación debe predicarse de aquellas dis­posiciones del Título VII que sean totalmente compatibles con el mentado 218 y que sean, in­dispensables para la aplicación de éste.

El artículo 218 manda que la Constitución, sal­vo lo que en materia de votación dispone la mis­ma en otros artículos 'sólo podrá ser reforma­da...'; y tal expresión excluye la agregación de trámites que no correspondan a la esencia misma del 218.

Hasta el año de 1978, la jurisprudencia de la Corte fue sistemáticamente la de que, no existía relación entre el artículo 218 de la Constitución y el Título VII de la misma; y es preciso reco­nocer que en gran medida y como es obvio te­niendo en cuenta la competencia de la Corte Su­prema en materia de control constitucional, el Congreso ha tratado por lo menos en algunos as­pectos fundamentales de adecuar su actividad a la jurisprudencia de aquélla.

Y, precisamente la reforma constitucional de 1968, que fue la que habló en su tantas veces ci­tado artículo 81 de acumulación, se refirió úni­camente a la acumulación de "proyectos de ley"; lo que por lo tanto descartaba en tal materia b referente a los "actos legislativos".

La unificación absoluta entre el artículo 218 y el Título VII de la Constitución, y la formula­ción simplista de que un acto legislativo, consti­tuye una ley con una tramitación más compleja, contradice el querer expreso del constituyente, que de haberlo querido así, no hubiera hablado en el 218 de "acto legislativo" sino de ley, y ol­vida de otra parte que, cuando se dictó el 218, las leyes se tramitaban en tres debates y sin laexistencia de las comisiones permanentes.

Tal unificación a ultranza e indiscriminada, llevaría por lo demás a que, por la vía de la mo­dificación de cualquier texto del Título VII se podrían indirectamente introducir modificacio­nes al artículo 218, desarticulando la cláusula dereforma de la Constitución, cuya importancia en gran medida constituye la esencia de la Carta Políticade un país.

Por otra parte si con unificación o sin ella, una norma sufrió los trámites previstos en el ar­tículo 218, no se entiende cómo puede resultar inconstitucional; y si no los sufrió violándose tal artículo, debe predicarse la inconstitucional ida d de tal norma, pero en ningún caso, de la totalidad del acto legislativo correspondiente.

2a La acumulación o más propiamente fusión de varios proyectos de ley o de reformas consti­tucionales es un fenómeno de ordinaria ocurren­cia, no solamente en nuestro Congreso sino entodos los organismos que en el mundo legislan.

Es más, la acumulación no solamente es prác­tica normal y ordinaria en la actividad del Con­greso, sino que sí está, regulada por el reglamento.

Ocurre sí que lo que se denomina, "acumula­ción" a propósito de la actividad legislativa o de reformas constitucionales no es lo mismo que por tal se entiende en materia procesal o forense, porque no se trata de "unir unos autos a otros, oejercitar varias acciones juntamente, para quesobre todos se pronuncie una sola sentencia",como lo define la Academia de la Lengua, sino que, lo que con exactitud existe a propósito de la actividad del Congreso es la fusión de varias iniciativas normativas en un solo cuerpo o unidad de decisión, llámese ley o acto legislativo, talcomo ocurrió en la reforma constitucional de1968 para la cual se fusionaron tres proyectos en uno, según lo narra Jaime Vidal Perdomo en su libro "Historia de la Reforma Constitucional de1968 y sus alcances jurídicos", Biblioteca Jurí­dica Contemporánea - Publicaciones de la Uni­versidad Externado de Colombia, páginas 37y 40;

"A) La Comisión de Revisión. "Desde la pri­mera vuelta se había anunciado la necesidad de refundir en una sola redacción los diferentes proyectos a fin de asegurar la mejor concordan­cia entre ellos y facilitar la labor de expedición de la reforma. De otra parte, en el curso de la aprobación de los mismos se habían formulado reservas sobre algunas disposiciones y se había expresado la intención de revisar algunos ar­tículos.

"……………………………..

"La labor desarrollada por el grupo de redac­ción consistió en la reunión de los tres proyectos para hacer un solo texto constitucional; a fin de no aumentar el número de artículos que la Constitución posee a partir de la codificación hecha en 1945, hubo necesidad de poner en el artículo correspondiente al tema las disposiciones que ha­bían sido aprobadas sin numeración, convirtiendo en incisos o parágrafos las nuevas normas, siem­pre en el ánimo de no superar el límite de 218 artículos. Este trabajo dispendioso de codifica­ción permitió eliminar los artículos del primero y tercer proyectos que confiaban esta labor a la Sala de. Consulta del Consejo de Estado. En esta forma pudo el Congreso, al expedir la reforma constitucional, hacer él mismo la codificación in­dicando qué disposiciones rigen la organización institucional del país y cuál es el número de artículos que le corresponde dentro de la cifra que venía desde 1945".

De otra parte se denomina iniciativa simple a una propuesta que se hace al Congreso sobre cual­quier materia, e, iniciativa legislativa a toda pro­puesta de ley o de reforma constitución al, en el momento de presentarse, porque una vez presentada y en cuanto empieza, a ser tramitada se convierte o denomina proyecto.

Es de la esencia del proceso legislativo que, to­da iniciativa o todo proyecto sea debatido, exa­minado, corregido, adicionado, simplificado, acla­rado, aprobado, revocado, vuelto a aprobar, su­primido o restablecido, etc. Idéntica cosa ocurre con los proyectos, pues un proyecto no es sino una iniciativa en curso, y siendo varias las ini­ciativas o varios los proyectos, pueden ser tam­bién fusionados y debatidos de nuevo, revocados en todo o en parte, modificados, adicionados de nuevo, para finalmente concluir después de pro­ceso tan complejo y accidentado, en una unidad normativa adoptada en una decisión única, cohe­rente y en lo posible completa y perfecta, con­forme con un ideal de suprema eficiencia y acier­to total.

En razón de esta esencia del proceso legislativo es que los reglamentos de las Corporaciones Pú­blicas no hablan con exactitud idiomática del fenómeno acumulación, que repito es muy de estirpe procesal o forense, sino de, "modificacio­nes", de "pliego de modificaciones'', de "inicia­tivas", de "propuestas", de "adiciones", o como expresamente lo dice la Ley 70 de 1945, en su artículo 1º de "enmiendas o adiciones que se estimen convenientes".

Lo que prescriben sobre este particular los re­glamentos del Congreso.

El Reglamento para, la correspondencia recí­proca, de las cámaros legislativas, que es norma vigente, desde el 18 de marzo de 1859, por mandato actual del artículo 40 de la Ley 7ª de 1945, dispone en su artículo 8°:

"Ambas Cámaras tienen la facultad para pro­ponerse recíprocamente adiciones a los proyectos de ley que todavía no hubieren sido presentados a la sanción del Poder Ejecutivo cualquiera que sea el estado en que se encuentren. La Cámara habrá debido discutirla y adoptarla en dos de­bates por lo menos….".

He ahí el caso de dos proyectos verdaderos: uno totalmente tramitado y listo para sanción presidencial y el otro que "por lo menos habrá debido ser discutido y aprobado en dos debates".

Esto que el reglamento llama "adiciones" en este caso no es fenómeno distinto de lo que esta­mos entendiendo en la actualidad por "acumula­ción de proyectos", con un lenguaje más forense que legislativo.

Es más, cuando las "adiciones" propuestas, que en lenguaje forense denominaríamos "Acu­mulaciones" son negadas, los reglamentos del Congreso consagran la institución denominada "derecho de insistencia" sobre una modificación y que con lenguaje forense podríamos denominar "recurso de insistencia sobre acumulación de iniciativas o proyectos". A este recurso o derecho de insistencia es al que se refieren los artículos 5º y 14 del reglamento actualmente vigente de 1859, que prescriben:

"Artículo 5º Al considerarse en una de las Cámaras las variaciones hechas por la otra en un proyecto de ley aprobado por aquélla, pueden aceptarse tales variaciones íntegra o parcial­mente, o modificarse de cualquiera manera, o rechazarse del todo, quedando a la que introdujo las variaciones el derecho de conformarse o no, en todo o en parte, con la aceptación parcial o modificada de ellas, y de insistir hasta por dos veces en lo que fuere rechazado…...".

"Artículo 14. Sólo la Cámara en que tuvo ori­gen el proyecto, o la que haya introducido nue­vas disposiciones, puede hacer uso del derecho de insistencia....".

Pero es más: Un caso excepcional de acumula­ción de un proyecto y de unas modificaciones, es el que regula el artículo 18 del citado regla­mento:

"Artículo 18. Cuando se aprobare un proyecto de Código nuevo y completo, excedente de cien artículos, y comprensivo de un departamento le­gislativo, tal como el Código Penal de la Repú­blica, el Judicial, el Orgánico de lo Político, de lo Militar, etc., etc., la Cámara en donde haya tenido origen el proyecto podrá resolver que se remita al Poder Ejecutivo el original que haya servido para el debate, y por duplicado el pliego de las modificaciones adoptadas por las Cámaras, para que sea sancionado en esta forma".

He ahí acumulado al proyecto original el plie­go de modificaciones.

Las anteriores son las posibilidades de pro­puestas de modificaciones que una Cámara le hace a la otra, y que, en el evento de ser acepta­das constituyen una verdadera acumulación de proyectos tramitados no solamente en forma in­dividual sino por separado en cada Cámara.

Pero también son reglamentarias las propues­tas de modificación o acumulación de iniciativas que aporte el ponente o que surjan en el curso de los debates. Así lo prevén las siguientes dispo­siciones del reglamento de cada una de las Cá­maras.

"Ley 7ª de 1945.

"Artículo 16. Si la Cámara resolviere discu­tir el proyecto en primer debate, el ponente podrá señalar las cuestiones fundamentales del proyecto, acerca de las cuales conviene que la Comisión decida en primer término".

"Artículo 18. Al tiempo de discutir cada ar­tículo se considerarán las modificaciones pro­puestas por el ponente y las que presenten los Ministros del Despacho o los miembros de la respectiva Cámara, pertenezcan o no a la Comi­sión ''.

En estos casos la acumulación de iniciativas, de propuestas, o de proyectos, resultan, más que acumulación verdadera, fusión que es el fenó­meno normal y lógico en la actividad legislativa.

Reglamento en blanco o de carácter general.

No todo lo que puede ocurrir en el trámite le­gislativo está previsto en el Reglamento del Con­greso ni en el Reglamento de cada una de sus Cámaras. Hay materias sobre las cuales hay que tomar decisiones y esas decisiones se toman vo­tando. Y cuando no están expresamente contem­pladas en los reglamentos, no pudiendo prescindirse de la decisión, puesto que la dinámica del proceso legislativo no puede detenerse, la adición al artículo 303 del Reglamento de la Cámara de Representantes, contenida en el artículo 2º del Acto reformatorio de 31 de julio de 1939, consa­gró una norma de carácter general o en blanco del siguiente tenor:

"Toda votación de la Cámara no reglamen­to-da o señalada por la Constitución o la ley de manera, especial, se decidirá por mayoría de vo­tos".

Y una materia no reglamentada o señalada por la Constitución o la ley de manera especial, es la relativa a la "Acumulación de Proyectos".

Entonces, conforme al tenor de esta norma, si por no utilizar los reglamentos del Congreso el vocablo "acumulación", se pudiese afirmar que esta materia no está reglamentada expresamente, y debiendo las Cámaras decidir si "acumula" o no proyectos, tal decisión se, tomaría por ma­yoría.

Conclusión

Como lo señalamos al comienzo, las Cámaras Legislativas en su actividad normal y diaria acu­mulan proyectos, iniciativas, propuestas, modifi­caciones o reformas y más que acumularlas las fusionan en un cuerpo normativo.

Los reglamentos del Congreso no utilizan el término forense "acumulación", pero esto no quiere decir que lo que por tal se entiende no sea de menudo acaecer en el trabajo legislativo.

Es más, esta es una práctica diaria de las Cá­maras. Ocurrió sí que sobre ella cundió el desor­den cuando reformas constitucionales como las de los años 1936, 1945 y 1968 racionalizaron el trabajo legislativo porque los reglamentos vigen­tes desde el siglo pasado, no fueron actualizados.

Abolidos los tres debates en la plenaria de las Cámaras y establecido el sistema de primer de­bate en las comisiones y segundo en las plenarias, nada más, la previsión del artículo 8° del Regla­mento de 18 de marzo de 1959, vigente por man­dato expreso del artículo 40 de la Ley 7ª de 1945. en virtud de la cual "ambas Cámaras tienen la facultad para proponerse recíprocamente adicio­nes a los proyectos de ley que todavía no hubie­sen sido presentados a la sanción del Poder Eje­cutivo cualquiera que sea el estado en que se en­cuentren" era natural pensar que la "acumula­ción" podía ocurrir después del primer debate en la Comisión y aún después de aprobados los proyectos en segundo debate por ambas Cámaras, además, porque así lo exigía el inciso 2º del ar­tículo citado del Reglamento.

Y esto era a todas luces ilógico e inconvenien­te, aunque perfectamente reglamentario. Fue por esto por lo que la reforma constitucional de 1968 estableció, para obviar caos y desorden, lo siguiente:

"Acto legislativo número 1 de 1968, artículo 15: el artículo 81 de la Constitución quedará así:

"……………………………………..

"Los proyectos de ley que no hayan sido acu­mulados en la forma que ordene el Reglamento, no podrán discutirse ni votarse conjunta o simul­táneamente".

En esta forma y por cuanto las normas consti­tucionales son normas derogatorias y reformato­rias de las leyes, lo que esta disposición constitucional hizo fue derogar el artículo 8º del Reglamento de 18 de marzo de 1859 que, autori­zaba acumular proyectos después de aprobados en tercer debate y cuando estaban para ser en­viados a la sanción presidencial a proyectos que han debido aprobarse cuando menos en segundo debate.

El sentido natural y obvio de esta reforma constitucional no fue el de abolir la acumulación de proyectos de ley que el Congreso en su obrar diario aprueba, sino impedir que esa acumulación fuera después de discutirse y votarse los proyec­tos como lo autorizaba el artículo 8° del Regla­mento de 1859.

Además, si te reforma de 1968 vino a corregir la práctica del Congreso en materia de acumu­laciones, si no la vino a establecer por primera vez sino a prescribir que ella es condición previa para poder discutir y votar los proyectos con­junta o simultáneamente, significa ello que no estamos en presencia de una norma constitucio­nal que exija un desarrollo o reglamento necesa­rio, sino que ella misma es reglamentaria como modificación o aclaración que es del reglamento, y por lo tanto se puede y se debe aplicar direc­tamente. La modificación que se debe hacer del reglamento para desarrollar la citada disposición de la reforma de 1968 es, pues, de naturaleza manifiestamente contingente, según las catego­rías lógicas contenidas en el informe de la Corte rendido entre otros por el doctor Hernando Morales en 1969 y por él leído en la sesión anterior.

De consiguiente, respetando la decisión mayoritaria de la Corte, consideramos que no hubo violación del artículo 81 de la Constitución Nacionalcuando el Congreso de 1968 y de 1979 acu­muló en la primera y en la segunda vuelta los proyectos de reforma constitucional que se fusio­naran en el que vino a ser Acto legislativo nú­mero 1 de 1979.

Señores Magistrados, Fecha ut supra,

Ricardo Medina Moyano (Magistrado). Ilde­fonso Méndez (Conjuez), Alfonso Suárez de Cas­tro (Conjuez), Gilberto Arango Londoño (Con­juez),Gregorio Becerra Becerra, (Conjuez), Al­varo Tafur Galvis (Conjuez).

Corte Suprema de Justicia. Secretaría.

Bogotá, noviembre 5 de 1981. El anterior sal­vamento de voto fue presentado en la fecha por los doctores Ricardo Medina Moyano, Ildefonso Méndez. Alfonso Suárez de Castro, Gilberto Arango Londoño, Gregorio Becerra Becerra yAlvaro Tafur Galvis. Se agrega al expediente.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.

PONENCIA PRESENTADA POR EL MAGISTRADO RICARDO MEDINA MOYANO A LA SALA CONSTITUCIONAL Y ADOPTADA POR ESTA

REF.: Expediente número 786. Norma acusada: Acto legislativo número 1 de 1979, "por el cual se reforma la Constitución Nacional". Actores: Manuel Gaona, Tarcisio Roldan, Oscar Alarcón, Antonio Cancino yClímaco Giraldo.

I La acción

El presente proceso de constitucionalidad se ha originado en la demanda presentada por los ciudadanos Manuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldan Palacio, Osear Alarcón Núñez, Antonio José Cancino Moreno y J. Clímaco Giraldo Gómez, contra el Acto legislativo número 1 de 1979, "por elcual se reforma la Constitución Nacional". Cier­tamente los mencionados ciudadanos, en ejerci­cio de la acción pública prevista en el artículo215 de la Carta Fundamental -artículo 59 delActo legislativo número 1 de 1979- y en el De­creto autónomo número 432 de 1969, solicitan ala Corte Supremade Justicia:

"Declare inexequible, por ser inconstitucional, debido a vicios de forma en su discusión, acumu­lación, aprobada y expedición, al Acto legislativo número 1 de 1979, reformatorio de la Constitu­ción de 1886 con sus modificaciones introducidas hasta el Acto legislativo número 1 de 1977".

Como impugnantes de la demanda anterior y por lo mismo como defensores del Acto acusado, se han constituido en parte dentro del proceso los ciudadanos que a continuación se mencionan: Manuel S. Urueta, el cual solicita a la Corte: "que se deniegue la declaratoria de inexequibilidad solicitada en la demanda de la referenciacontra el Acto legislativo número 1 de 1979 y,por el contrario, se declare la conformidad deese Acto legislativo con la Constitución Políticade Colombia", M. Parménides Salazar, quienhace a la Corte idéntica solicitud, y César Gó­mez Estrada y Rodrigo Noguera Laborde, loscuales en escrito conjunto manifiestan que seconstituyen "en defensores del Acto legislativo número 1 de 1979 y de todos y cada uno de los preceptos que lo integran".

Recusado el Procurador General de la Nación y considerada como probada tal recusación por la Corte Suprema, la Viceprocuradora General de la Nación Susana Montes de Echeverri, ha emitido el concepto ordenado por la Constitución y por el Decreto autónomo arriba mencionado, solicitando a la Corte:

"Primero: Que se encuentra inhibida para proferir fallo de mérito en el proceso bajo re­ferencia, por carecer de competencia para ello. O, segundo, en su defecto: Que el Acto legisla­tivo número 1 de 1979 fue espedido por el Con­greso Nacional en consonancia con lo establecido por la Constitución a cuyo amparo fue expe­dido".

II

La norma impugnada

El texto del Acto legislativo, demandado en su totalidad como ya se observó, es el siguiente:

"ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 DE 1979

"(diciembre 4)

"por el cual se reforma la Constitución Nacional.

"El Congreso de Colombia,

"Decreta:

"Artículo 1º El inciso 2º del artículo 7º de la Constitución Nacional quedará así:

"Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la administración de justicia, la planificación y el desarrollo económico v social podrán no coincidir con la división ge­neral.

"Artículo 2º. El artículo 47 de la Constitución Nacional quedará así:

"Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.

Mediante ley aprobada por los dos tercios de los votos de los asistentes, se podrá reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos y dis­poner que el Estado asuma, total o parcialmente, sus gastos electorales. La ley podrá igualmente estimular el ejercicio de la función del sufragio y aún establecer el voto obligatorio.

"Artículo 3° El artículo 58 de la Constitución Nacional quedará así:

"La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito, los Tribunales y los Juzgados que establezca la ley administran justicia.

"El Senado ejerce determinadas funciones ju­diciales.

La administración de justicia es un servicio pú­blico a cargo de la Nación.

"Artículo 4º. El inciso 3º del artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Contralor General de la República será elegido para un período de cuatro años por la Cámara de Representantes y no podrá ser reele­gido en ningún caso para el período inmediato, ni continuar en ejercicio del cargo al vencimien­to de su mandato.

"Artículo 5° Adiciónase el artículo 60 de la Constitución Nacional así:

"6° Ejercer pleno control de todo el proceso de ejecución de las leyes a que se refiere el nume­ral 20 del artículo 76 y de la inversión de los recursos que en desarrollo del mismo y del ar­tículo 207 se destinen al estímulo o apoyo deempresas útiles o benéficas.

"7° Los demás que señale la ley.

"Artículo 6º El inciso final del artículo 68 de la Constitución Nacional quedará así:

"También se reunirá el Congreso por convo­cación del Gobierno y durante el tiempo que éste señale, en sesiones extraordinarias. En este caso no podrá ocuparse sino en los negocios que el Gobierno someta a su consideración sin perjui­cio de la función del control político que le espropio, la cual podrá ejercer en cualquier clasede sesiones.

"Por acuerdo mutuo las dos Cámaras podrán trasladarse a otro lugar, y en caso de perturba­ción del orden público podrán reunirse en el pun­to que designe el Presidente del Senado.

"Artículo 7º. El artículo 69 de la Constitución Nacional quedará así:

"Las Cámaras se abrirán y clausurarán pú­blica y simultáneamente. Sin embargo, cuando el Congreso do se encuentre reunido podrá el Gobierno convocar únicamente a una de las Cáma­ras por el tiempo necesario y para el sólo efecto de que ejerza cualquiera de las atribuciones espe­ciales de que tratan los artículos 96, 98 y 102.

"Artículo 8º. El inciso 1º del artículo 70 de la Constitución Nacional quedará así:

"Las Cámaras y las Comisiones Permanentes podrán abrir sus sesiones y deliberar con cual­quier número plural de sus miembros, en aque­llos días y horas en que deben sesionar según la Constitución y sus reglamentos internos, y en aquellos otros para los cuales las Mesas Directi­vas las hayan convocado, durante los períodos de sesiones, con cinco días de anticipación por lo menos.

"Artículo 9º. El artículo 72 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Cada Cámara elegirá, para períodos de cua­tro años, comisiones permanentes que tramiten en primer debate los proyectos de acto legisla­tivo o de ley. Las Mesas Directivas de las Comi­siones serán renovadas cada añoy ninguno de sus miembros podrá ser reelegido para el pe­ríodo inmediato. Salvo lo especialmente previsto en el artículo 80, la ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros,lo mismo que las materias de que cada una de­berá ocuparse. Las Comisiones Constitucionales Permanentes podrán realizar estudios y audien­cias sobre los problemas nacionales y elaborar, como resultado de ellos, proyectos de actos legis­lativos o de ley, o hacer recomendaciones al Go­bierno en materias en que a éste corresponda la iniciativa.

"Artículo 10. El artículo 73 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"El Gobierno, el Senado y la Cámara podrán disponer que cualquiera de las Comisiones Per­manentes sesione durante el período de receso legislativo y cumpla las funciones constituciona­les o legales que les son propias. Durante esas sesiones podrán presentarse proyectos de acto legislativo o de ley en la forma reglamentariapara que las comisiones les den primer debate.

"Artículo 11. Cada Comisión podrá hacer comparecer a las personas naturales, o a las ju­rídicas por intermedio de sus representantes le­gales, para que en audiencias especiales rindan informes escritos o verbales sobre hechos que se presume conocen en cuanto éstos guarden rela­ción directa con proyectes sometidos a su consi­deración, con indagaciones o estudios que haya decidido verificar, o con las actividades de los nacionales o extranjeros que afecten el bien pú­blico y que no se refieran a la vida privada de las personas, ni den lugar a perjuicio injustifi­cado o faciliten un provecho particular sin justa causa. En estos últimos casos, si la Comisión in­sistiere ante la excusa de quienes hayan sido citados, el Consejo de Estado resolverá, en diez días dentro de la más estricta reserva con prioridad sobre cualquier otro asunto y después de oír alos interesados. Cuando la Comisión lo juzguepertinente, podrá exigir que las declaracionesorilles o escritas se hagan bajo juramento.

"El incumplimiento de los comparendos o la renuencia a suministrar la información requeri­da serán sancionados por la respectiva Comisión con la multa o el arresto señalados en las normas vigentes para los casos de desacato a las autori­dades judiciales.

"Artículo 12. El artículo 74 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Congreso se reunirá, en un solo cuerpo pa­ra su instalación cuando el Presidente de la Re­pública o sus Ministros concurran a abrir sus sesiones ordinarias o extraordinarias; para dar posesión al Presidente de la República o a quien lo suceda en las faltas absolutas o temporales, así como para oírlo cuando lo solicite; para elegir Designado y para recibir a los Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones cuando vengan a Colombia por invitación del Gobierno. El Pre­sidente del Senado y de la Cámara serán, respec­tivamente, el Presidente y el Vicepresidente del Congreso.

"

Artículo 13. Son causales de pérdida de la investidura de Congresista:

"1º. La infracción al régimen de incompati­bilidades y al de conflictos de interés previstos en la Constitución.

"2º. Faltar en un periodo legislativo anual, sin causa justificada, a ocho de las sesiones plenarias en que se voten proyectos de actos legislativos o de ley.

"Corresponde a Consejo de Estado declarar la pérdida de la investidura.

"Artículo 14. El inciso 1º y los numerales 4, 6, 11, 12 y 22 del artículo 76 de la Constitución Nacional quedarán así:

"El inciso 1° quedará así:

"Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer el control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdocon los numerales 3º y 4º del artículo 108.

"Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:

"El numeral 4° quedará así:

"Establecer el Plan de Desarrollo Económico y Social que se prevé en el artículo 80 y los de obras públicas que haya de emprenderse o con­tinuarse, con los recursos e inversiones que se autoricen para su ejecución y de las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

"El numeral 6º quedará así:

"Dictar el Reglamento del Congreso y uno común para las Cámaras, en los cuales deberán establecerse específicamente las causales de mala conducta de sus miembros y las respectivas san­ciones.

"El numeral 11 quedará así:

"Conceder autorizaciones al Gobierno para ce­lebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.

"El numeral 12 quedará así:

"A solicitud del Gobierno, revestir pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

"El Congreso podrá en todo tiempo, y a iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los decretos así dictados.

"El numeral 22 quedará así:

"Dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; regular el cam­bio internacional y el comercio exterior; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; intervenir en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado.

"Artículo 15. El numeral 3º del artículo 78 de la Constitución Nacional quedará así:

"3° Dar votos de aplauso o censura respecto a actos oficiales, sin perjuicio de la moción de observaciones a que se refiere el numeral 4º del artículo 103.

"Artículo 16. Derógase el inciso final del ar­tículo 79 de la Constitución Nacional que dice: Las leyes a que se refieren los incisos 2º y 3° del artículo 182 se tramitarán conforme con las re­glas del artículo 80.

"Artículo 17. El artículo 80 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Habrá un Plan Nacional de Desarrollo Eco­nómico y Social presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, que comprenderá una parte general en la cual se señalarán los propó­sitos nacionales y las metas y prioridades de la acción del Estado de acuerdo con el artículo 32, las inversiones para impulsar el desarrollo re­gional y la participación que se dará a los di­versos sectores de la sociedad y de la economía, y una parte programática que determinará los recursos, medios y sistemas para su ejecución.

"La ley del plan tendrá supremacía sobre las que se expidan para asegurar su cumplimiento. Toda modificación que implique una carga eco­nómica para el Estado o que varíe el inventario de sus recursos requerirá concepto previo favorable a los organismos de planificación. El Go­bierno durante los primeros cien días de su período constitucional, presentará al Congreso un proyecto con los cambios que en su concepto requiere la parte general del plan. De conformidad con tales cambios, podrá en todo tiempo pro­poner al Congreso las modificaciones que se hagan indispensables en su parte programática.

Parágrafo 1°. Una ley normativa definirá la forma de concertación de las fuerzas económicas y sociales en los organismos de planeación y los procedimientos para elaborar el plan.

"Parágrafo 2º. Una Comisión Permanente compuesta por veintisiete miembros en represen­tación de los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Territorios Nacionales, trece de los cuales serán elegidos por el Senado, uno de ellos en representación de Bogotá, y catorce por la Cámara, cuatro de ellos por los Territorios Nacionales, a razón de uno por cada circunscrip­ción electoral para la Cámara, teniendo en cuen­ta la proporción en que los partidos políticos es­tén representados, dará primer debate a los pro­yectos de ley a que se refiere este artículo, vigi­lará la ejecución del plan y la evolución y los resultados del gasto público. Esta Comisión funcionará también durante el receso del Congreso con la plenitud de sus atribuciones propias y de las establecidas por la Constitución para las de­más Comisiones Permanentes. Si el Plan no es aprobado por el Congreso en los cien días si­guientes de sesiones ordinarias o extraordinarias a su presentación, el Gobierno podrá poner en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley.

"En el evento de que se crearen nuevos depar­tamentos o circunscripciones electorales para la Cámara, cada uno tendrá representación en la Comisión del Plan y su elección será hecha por la Cámara de Representantes.

"Las leyes del Plan deberán ser tramitadas y decididas por las Cámaras con prelación sobre cualquier otro asunto, sin perjuicio de lo dis­puesto en el artículo 91.

"Parágrafo 3º. Si pasados treinta días de ini­ciado el período legislativo durante el cual deba elegirse la Comisión del Plan la elección no se verifica, las Mesas Directivas de las Cámaras la integrarán teniendo en cuenta lo prescrito enel parágrafo anterior para que asuma sus funcio­nes con los miembros así designados hasta cuando las Cámaras o una de ellas los reemplacen me­diante la respectiva elección. Si una Cámara ha­ce la elección y la otra no, a la Mesa Directivade ésta competerá nombrar a los miembros quecorresponda y estas actuarán basta cuando seansustituidos por los que elija la corporación.

"Artículo 18. El inciso 1°, los numerales 2º y 3°, y los incisos penúltimo y último del ar­tículo 81 de la Constitución Nacional queda­rán así:

"El inciso 1° quedará así:

"Ningún proyecto será acto legislativo o ley sin los requisitos siguientes:

"El numeral 2º quedará así:

"2° Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en los artículos 80, 91 (inciso final) y 208.

"El numeral 3º quedará así:

"3° Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. En éste los proyectos de ley po­drán ser objeto de modificaciones, sustituciones o supresiones que no alteren su esencia. El Pre­sidente de la respectiva Cámara rechazará las iniciativas que no se acuerden con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma corporación.

"El penúltimo inciso se suprime, y dice:

'' Los proyectos de ley que no hayan sido acu­mulados en la forma que ordena el reglamento no podrán discutirse ni votarse conjunta o si­multáneamente.

"El último inciso quedará así:

"Un proyecto de acto legislativo o de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solici­tud de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno. Si la decisión de la Comisión fuere improbada por la misma mayoría de votos que se requiere para la aprobación del proyecto, este pasará a otra comisión permanente para que decida sobre él en primer debate.

"Artículo 19. El artículo 82 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Las Cámaras y sus Comisiones Permanentes podrán tomar decisiones con la asistencia de la tercera parte de sus miembros, salvo cuando la Constitución exija un quórum diferente. Para la votación de proyectos de actos legislativos o de ley, la Mesa Directiva de la corporación corres­pondiente deberá señalar, con tres días de anti­cipación a lo menos, la fecha y hora en que aquélla deba realizarse. Las votaciones que se ve­rifiquen en días y horas que no hayan sido pre­viamente señalados carecerán de validez.

"Artículo 20. El artículo 94 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Para ser elegido Senador se requiere ser co­lombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco años de edad en la fecha de la elección y además, haber desempe­ñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, miembro del Congreso, jefe titular de misión diplomática, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatu­ra, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal Superior o Contencioso-Administrativo, Procurador General de la Na­ción, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, profesor universitario por diez años, o haber ejercido por tiempo no menor de diez años una profesión con título universi­tario. Ningún ciudadano que haya sido conde­nado por sentencia judicial a pena de presidio o a prisión puede ser Senador. Se exceptúa de esta prohibición a los condenados por delitos políticos.

"Artículo 21. El numeral 3º del artículo 98 de la Constitución Nacional quedará así:

"Conceder licencia al Presidente de la Repú­blica para separarse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, y aceptar las excusas del Designado para ejercer la Presidencia de la Re­pública, en cuyo caso se aplicará lo que se dis­pone en el artículo 125.

"Artículo 22. El ordinal 4º del artículo 102 de la Constitución Nacional quedará así:

"Acusar ante el Senado, cuando hubiere cau­sas constitucionales o legales, al Presidente de la República o a quien haya hecho sus veces, a los Ministros del Despacho, a los Magistrados de la Corte Supremade Justicia, del Consejo Supe­rior de la Judicatura, del Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación y al Fiscal Ge­neral de la Nación, aun cuando hubieren cesado en el ejercicio de sus funciones. En este último caso por hechos u omisiones en el desempeño de las mismas.

"Artículo 23. El artículo 103 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Son facultades de cada Cámara:

"1º. Elegir el Presidente y los Vicepresidentes por el término de un año a partir del 20 de julio. Ni el Presidente, ni los Vicepresidentes serán inelegibles, en ningún caso, para ninguna posi­ción de la Mesa Directiva en el período siguiente.

"2º. Elegir su Secretario General por el térmi­no de dos años a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas pa­ra ser elegido Senador o Representante, según el caso, o haber ocupado en propiedad el mismo cargo.

"3º. Pedir al Gobierno, en ejercicio del control político a que se refiere el artículo 56, los infor­mes escritos o verbales que necesite para el mejor desempeño de sus trabajos o para conocer los ac­tos de la administración, salvo lo dispuesto en el artículo 78, ordinal 4º.

"4º. Citar y requerir a los Ministros, en ejer­cicio de la atribución anterior. En aplicación del control político podrá formular las observaciones del caso mediante proposición aprobada por las dos terceras partes de los votos de los asistentes.Las citaciones a los Ministros deberán hacersecon anticipación no menor de cuarenta y ochohoras y formularse en cuestionario escrito. LosMinistros deberán concurrir y ser oídos en la se­sión para la cual fueron citados, sin perjuicio deque el debate continúe en sesiones posteriorespor decisión de la respectiva Cámara. Tal debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestio­nario.

"5º. Recabar del Gobierno la cooperación de te administración pública para el mejor desem­peño de sus funciones.

"6º. Proveer los empleos que específicamente haya creado la ley para el desempeño de sus tra­bajos.

"7º. Organizar su policía interior.

"Artículo 24. Adiciónase el artículo 104 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso:

"La ley podrá determinar los espacios que los medios oficiales de información deben destinar a la divulgación de las sesiones de las Cámaras legislativas. En virtud de decisión de las Cáma­ras, sus Mesas Directivas podrán contratar publicidad adicional para informar a la opinión pública sobre las labores del Congreso.

"Artículo 25. Adiciónase el artículo 105 de la Constitución Nacional con el siguiente inciso:

"Los congresistas que dentro de los dos años inmediatamente anteriores a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o per­sonas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso, deberán comu­nicarlo por escrito a la mesa directiva de la res­pectiva corporación para que, previa publicación en los "Anales", decida si los congresistas alu­didos deben abstenerse de participar en el trá­mite y votación de dichos actos. Cualquier miem­bro de la respectiva Cámara podrá denunciar el impedimento en caso de que aquella comunica­ción no se hiciere oportunamente.

"Artículo 26. El artículo 107 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Los miembros del Congreso gozarán de in­munidad durante el período de sesiones, treinta (30) días antes y veinte (20) días después de éstas. Durante dicho tiempo no podrán ser dete­nidos ni privados de su libertad por motivo al­guno, a menos que en su contra se dicte sentencia judicial condenatoria de primer grado. En caso de flagrante delito, podrán ser capturados y puestos a disposición de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, para ser entregados en custodia a las autoridades de policía.

"Artículo 27. Los incisos 1º y 2º del artículo 108 de la Constitución Nacional quedarán así:

"El Presidente de la República, los Ministros y Viceministros del Despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Cor­te Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Electoral, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, los jefes de De­partamentos Administrativos, los representantes legales de las entidades descentralizadas, el Re­gistrador del Estado Civil y sus Delegados, no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

"Tampoco podrán ser elegidos Miembros del Congreso o diputados, los gobernadores, los se­cretarios de gobernación, los alcaldes, los secre­tarios de alcaldía de capitales de departamento o de ciudades con más de trescientos mil habi­tantes, los contralores departamentales y muni­cipales y los personeros, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, no podrá ser elegido cualquier otro funcionario o empleado público que seis meses antes de la elección esté en ejercicio de su cargo.

"Artículo 28. El artículo 109 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Constituye falta absoluta de los Senadores y Representantes principales y de los suplentes cuando se hubieren posesionado del cargo, su aceptación de cualquier empleo público, excep­ción hecha de los Ministros, Gobernador, Agente Diplomático y Alcalde del Distrito Especial o de Capital de Departamento.

"Artículo 29. El artículo 113 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Los miembros del Congreso tendrán sueldo anual y gastos de representación.

"Anualmente, al presentar la cuenta del ba­lance de la hacienda y el tesoro, el Contralor Ge­neral de la República informará en detallo so­bre el porcentaje promedio ponderado de todos los cambios ocurridos durante el último año en la remuneración de los servidores de la Nación. El sueldo y los gastos de representación de los con­gresistas variarán en el mismo sentido y en el mismo porcentaje, a partir de la recepción del informe del Contralor.

"Artículo 30. El numeral 3º del artículo 118 de la Constitución Nacional quedará así:

"Presentar al Congreso el proyecto del Pían Nacional de Desarrollo Económico y Social y los de sus modificaciones según se prevé en el ar­tículo 80, entre cuyos objetivos deberá contem­plarse el desarrollo armónico de las diferentes regiones del país; y también aquellos de obras públicas contemplados en el ordinal 4° del ar­tículo 76.

"En el numeral 8° del mismo artículo se su­prime la referencia al numeral 11 del artículo 76.

"Artículo 31. El artículo 119 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Corresponde al Presidente de la República en relación con la administración de justicia:

"1º. Promover, por medio de la autoridad com­petente, la acusación a que haya lugar contra cualquier empleado público, por infracción de la Constitución o las leyes, o por otros delitos co­metidos en el ejercicio de sus funciones.

2º. Conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley que regule el ejercicio de estas facultades. En ningún caso los indultos pueden comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares, según las leyes.

"3º. Con arreglo a las normas y requisitos que señale la ley y previo concepto favorable del Consejo Superior de la Judicatura, crear, supri­mir y fusionar juzgados y empleos subalternos en las oficinas judiciales; determinar el área territorial de los distritos y circuitos y fijar, por razón de la cuantía, la competencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de los tribunales y juzgados.

"4º. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los servicios y auxilios nece­sarios para el cabal desempeño de sus funciones y para hacer efectivas sus providencias.

"Artículo 32. Derógase el numeral 14 del ar­tículo 120 de la Constitución Nacional que dice:

"Ejercer, como atribución constitucional pro­pia, la intervención necesaria en el Banco de Emisión y en las actividades de personas natu­rales o jurídicas que tengan por objeto el manejo y aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado.

"Del numeral 15 del mismo artículo supríma­se la palabra 'demás'.

"Artículo 33. El numeral 22 del artículo 120 de la Constitución Nacional quedará así:

"Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, regular el cambio internacional y el comercio exterior, mo­llificar los aranceles, tarifas y demás disposicio­nes concernientes al régimen de aduanas, inter­venir en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del aho­rro privado, con sujeción a las reglas previstas en las leyes a que se refiere el numeral 22 del artículo 76.

"Artículo 34. El parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de sitio. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inmediatamen­te y de oficio su conocimiento.

"Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumpli­miento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.

"Contra los decretos así revisados, podrá ejer­cerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214.

"Artículo 35. El parágrafo del artículo 122 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los de­cretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de emergencia. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inme­diatamente y de oficio su conocimiento.

"Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumpli­miento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.

"Contra los decretos así revisados, podrá ejer­cerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214.

"Artículo 36. El artículo 136 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"El Consejo de Estado estará integrado por el número de miembros que determine la ley.

"Los Ministros tienen voz y no voto en el Con­sejo de Estado.

"Artículo 37. Adiciónase el artículo 141 de la Constitución Nacional con el siguiente numeral quinto:

"Resolver las controversias que se presenten con motivo de las comparecencias y los testimo­nios que exijan las comisiones permanentes de las Cámaras según el artículo 72.

"Artículo 38. El Ministerio Público será ejer­cido por el Procurador General de la Nación, por el Fiscal General de la Nación y por los demás funcionarios que la ley determine.

"Artículo 39. El artículo 142 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

El Procurador General de la Nación, será ele­gido para un período de cuatro años por la Cámara de Representantes de tenia que le envíe el Presidente de la República.

"El Procurador General, quien tendrá los agentes que determine la ley con las funciones que ésta les señale, no será reelegible, en ningún caso, para el período inmediato.

"Artículo 40. El artículo 143 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Corresponde al Procurador General de la Na­ción y a sus agentes defender los derechos huma­nos, la efectividad de las garantías sociales, los intereses de la Nación, el patrimonio del Estado y supervigilar la administración pública. En tal virtud, tendrá las siguientes atribuciones espe­ciales:

"1ª. Pronunciarse sobre las quejas que reciba por violación de los derechos humanos y garan­tías sociales en que incurran funcionarios o em­pleados públicos, verificarlas y darles el curso legal correspondiente.

"2ª Velar por la integridad del derecho de defensa y por la legalidad de los procesos pe­nales.

"3ª. Vigilar la conducta oficial de los funcio­narios y empleados públicos y ejercer sobre ellos el poder disciplinario, directamente o suscitando la imposición de la sanción, sin perjuicio de las atribuciones de los respectivos superiores jerár­quicos. La vinculación a una carrera de servicio no será óbice para el correctivo a que haya lugar.

"4ª. Promover ante la autoridad competente la investigación de los actos de funcionarios o empleados públicos que puedan constituir infrac­ción penal.

"5ª. Vigilar la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y promover ante el Consejo Superior de la Judicatura la san­ción disciplinaria respectiva.

''6ª. Exigir las informaciones que para el cum­plimiento de sus atribuciones considere necesa­rias, sin que se le pueda oponer reserva alguna, salvo en lo relativo a los asuntos consignados en el numeral 4º del artículo 78.

"7ª. Representar judicialmente, por sí o por medio de sus agentes, los intereses de la nación, sin perjuicio de que el organismo interesado constituya apoderados especiales cuando lo juz­gue conveniente.

"8ª. Procurar el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administra­tivas.

"9ª. Presentar informe anual al Congreso so­bre el ejercicio de sus funciones.

"10. Presentar a la consideración del Congre­so proyectos de ley relativos a su cargo y especialmente a la defensa de los derechos huma­nos y al respecto de las garantías sociales.

"11. Designar los procuradores delegados an­te la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y por el periodo que señale la ley nom­brar y remover a los demás agentes y empleados de su dependencia, cuidando de que desempeñen fielmente los deberes de su cargo.

"Los procuradores delegados ante la jurisdic­ción contencioso-administrativa tendrán las mis­mas calidades, remuneración y prestaciones de los miembros de la corporación ante la cual ejer­zan sus funciones.

"12. Las demás que le señale la ley.

"Artículo 41. El artículo 144 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La persecución de los delitos, de oficio o mediante denuncia de cualquier persona, y la acusación de los infractores ante las autoridades competentes corresponden, en los términos y ca­sos que señale la ley, al Fiscal General de la Na­ción, quien será el jefe superior de la Policía Judicial.

"El Fiscal General dispondrá de los agentes que establezca la ley, con las atribuciones que ésta determine. Tendrán competencia en todo el territorio nacional.

"La Cámara de Representantes ejerce deter­minadas funciones fiscales.

"Artículo 42. El artículo 145 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Serán atribuciones especiales del Fiscal Ge­neral de la Nación las siguientes:

"1º. Dirigir y adelantar, por sí o por medio de sus agentes, la investigación de los delitos, ase­gurar la presencia de los presuntos infractores durante las actuaciones procesales y promover su juzgamiento, todo con sujeción a lo que pres­criba la ley.

"2º. Asignar funciones de policía judicial, en los términos que prescriba la ley, a organismos y funcionarios de Policía que no sean de su de­pendencia y que las ejercerán bajo su dirección y responsabilidad.

"3º. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponda a esta Corporación.

"4º. Vigilar la ejecución de las providencias que dicten los jueces penales.

"'5º. Nombrar y remover a los agentes y em­pleados de su dependencia y cuidar de que cum­plan fielmente los deberes de su cargo.

"Artículo 43. El artículo 146 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"El Fiscal General de la Nación será nombra­do para un período de seis años por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de lista que se envíe el Presidente de la República con no me­nos de cinco nombres pertenecientes a distintos partidos políticos.

"El Fiscal General no será reelegible, en nin­gún caso, para el período inmediato.

"Artículo 44. El artículo 148 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Habrá un Consejo Superior de la Judicatura integrado por el número de Magistrados que fije la ley, la cual determinará también lo relativo a su organización y .funcionamiento.

"Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la misma corpora­ción para períodos individuales de ocho años en la forma que lo establezca la ley y no podrán ser reelegidos.

"Artículo 45. El artículo 149 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Los Magistrados de la Corte Suprema de Jus­ticia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación para períodos indivi­duales de ocho años, de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en la forma que establezca la ley. En ningún caso podrán ser reelegidos y deberán separarse del servicio cuan­do cumplan la edad de retiro forzoso.

"Artículo 46. Para ser Magistrado del Con­sejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, ser o haber sido, en propiedad. Ma­gistrado de la Corte Suprema de Justicia, o del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, o haber ejercido con excelente reputación moral y buen crédito, por veinte años a lo menos, la profesión de abogado o el profesorado en jurisprudencia en algún establecimiento de enseñanza.

"Artículo 47. Para ser Magistrado de la Cor­te Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación o Fiscal Gene-raí de la Nación se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad y ser abo­gado titulado; y, además, haber sido Magistrado en propiedad de la Corte Suprema, de Justicia o del Consejo de Estado, o Procurador General de la Nación, o Fiscal General de la Nación, Magistrado de Tribunal Superior de Distrito por un término no menor de ocho años; o haber ejer­cido con excelente reputación moral y buen cré­dito, por diez años a lo menos, la profesión de abogado o el profesorado en jurisprudencia en algún establecimiento de enseñanza.

"Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no podrán ser nombrados para desempeñar cargos en la Rama Ejecutiva del Poder Público durante el ejercicio de sus funciones, y un año después. Ni ellos ni los Ma­gistrados de los Tribunales podrán ejercer la profesión de abogado durante el año siguiente a su retiro ante las corporaciones en que sirvieron o de ellas dependen.

"Artículo 48. El artículo 154 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La ley determinará las funciones y el núme­ro de Magistrados de los Tribunales administra­tivos. Las calidades, las asignaciones y el período de sus miembros serán los señalados para los Ma­gistrados de los Tribunales Superiores de Dis­trito.

"Artículo 49. El artículo 357 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Para ser juez se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado ti­tulado, no haber sido condenado a pena de pre­sidio o prisión y, además, reunir las condiciones señaladas en el estatuto de la carrera judicial.

"Artículo 50. El artículo 158 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La ley establecerá las distintas clases de juz­gados y su competencia, sin perjuicio de lo pre­visto en el ordinal 3º del artículo 119, y fijará el período de los jueces.

"Artículo 51. El inciso 2º del artículo 160 de la Constitución Nacional quedará así:

"Los Magistrados y jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias, que podrán consistir en amonestaciones, multas, suspensión o destitución, con arreglo a la ley e impuestos según se establece en el artículo 217, numeral 5°.

"Artículo 52. El artículo 161 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán paritarios. Igualmente lo será el Consejo Superior de la Judicatura.

"A los otros cargos de la Rama Jurisdiccional se ingresará de acuerdo con las normas que re­glamenten la carrera judicial.

"Artículo 53. El artículo 162 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"La ley establecerá la carrera judicial y la del Ministerio Público y reglamentará los sis­temas de concurso para la selección de los can­didatos que hayan de desempeñar los cargos de la Rama Jurisdiccional, las jubilaciones o pen­siones que se decreten para quienes hayan cum­plido un determinado tiempo de servicio o se retiren forzosamente. También deberá retirarse obligatoriamente, con derecho a las prestaciones sociales que establezca la ley, el funcionario cuyo trabajo sufra notoria disminución por razones de salud o por haber cumplido la edad máxima señalada en la ley para cada cargo.

"Artículo 54. Para inciso 4º del artículo 190 de la Constitución el siguiente texto:

"Los contralores departamentales, el del Dis­trito Especial de Bogotá y los de las capitales de departamento, no podrán ser reelegidos en nin­gún caso para el período inmediato, ni continuar en ejercicio del cargo al vencimiento de su mandato.

"Artículo 55. El artículo 207 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o los Concejos Mu­nicipales, ni transferirse ningún crédito a un ob­jeto no previsto en el respectivo presupuesto.

"Las partidas para el desarrollo regional sólo podrán aprobarse después de debate público en las comisiones de presupuesto y en las sesiones plenarias, previo anuncio de las fechas de su celebración por intermedio de los 'Anales del Congreso'.

"Con excepción de los aportes regionales para planteles educativos o de beneficencia pública oficialmente reconocidos o autorizados y de las juntaste acción comunal, que también vigilará el Gobierno, ninguno podrá destinarse a entida­des privadas.

"El total de la apropiación presupuestal para dichos aportes, que cada año señale la ley con base en propuesta del Gobierno será distribuido entre los departamentos por partes iguales y mía cantidad proporcional para los Territorios Nacionales, sin que pueda existir diferencia en las asignaciones que señalen los congresistas de una misma circunscripción electoral.

"Artículo 56. El primer inciso y el parágrafo del artículo 208 de la Constitución Nacional que­darán así:

"Primer inciso:

"El Gobierno formará anualmente el presu­puesto de rentas y junto con el proyecto de ley de apropiaciones, que deberá reflejar el plan de desarrollo económico y social y sus programan lo presentará al Congreso en los primeros diez días de las sesiones ordinarias de julio.

"Parágrafo. El Gobierno incorporará sin mo­dificaciones al proyecto de ley de apropiaciones el que cada año elaboren conjuntamente las Comisiones de la Mesa de las Cámaras para el funcionamiento del Congreso, conforme con le­yes preexistentes, previa consulta con las Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes. El Gobierno, no obstante, podrá presentar durante el primer debate observaciones que analizarán para decidir sobre ellas, las Comisiones de Presupuesto en sesión conjunta.

"Las Mesas Directivas de las Cámaras ejecu­tarán el presupuesto del Congreso con estricta sujeción a la ley normativa del presupuesto na­cional y rendirán informe público mensual de dicha ejecución.

"Artículo 57. El inciso final del artículo 210 de la Constitución Nacional quedará así:

"En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no haya sido propuesta a las respectivas comisiones y que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme con la ley anterior, o desti­nado a dar cumplimiento al plan de desarrollo económico y social y a los de obras públicas de que trata el ordinal 4º del artículo 76.

"Artículo 58. El artículo 214 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la supremacía de la Constitución, en los términos de este artículo. Para tal efecto cumplirá las siguientes funciones:

"1ª. Decidir definitivamente sobre las deman­das de inconstitucionalidad que se presenten con­tra los actos legislativos, pero sólo por los siguien­tes vicios de forma:

"a) Por haber sido aprobados sin el cumpli­miento de los requisitos prescritos en el ar­tículo 81;

"b) Por no haber sido aprobados en legisla­turas ordinarias consecutivas;

"c) Por haber sido aprobados en la segunda legislatura sin la mayoría absoluta de los indi­viduos que componen cada Cámara.

"2º. Decidir definitivamente sobre las objecio­nes de inconstitucionalidad que el Gobierno for­mule a los proyectos de ley, tanto por su conteni­do material como por no haber sido tramitados y aprobados en la .forma constitucional prescrita.

"3º. Decidir definitivamente sobre las deman­das de inconstitucionalidad que se presenten contra las leyes, tanto por su contenido material tomo por no haber sido tramitados y aprobados en la forma constitucional prescrita.

"4º. Decidir definitivamente sóbrelas deman­das que se presenten contra los decretos del Go­bierno Nacional expedidos con fundamento en los artículos 32, 76 numerales 12 y 80, por ser violatorios de la Constitución.

"5º. Decidir sobre la exequibilidad de los de­cretos que se dicten con base en los artículos 121 y 122 en los términos que señalan las citadas disposiciones; y decidir definitivamente sobre las demandas que por inconstitucionalidad se instauren contra ellos.

"Parágrafo. Las funciones primera y quinta serán ejercidas por la Sala Plena con base en anteproyectos que presente la Sala Constitucio­nal. Las demás son competencia de la Sala Cons­titucional.

"Artículo 59. El artículo 215 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Las actuaciones de la Corte Suprema de Jus­ticia se adelantarán conforme con las reglas siguientes:

"1ª. Cualquier ciudadano puede ejercer las acciones previstas en el artículo anterior o inter­venir en los correspondientes procesos como im­pugnador o defensor.

"2ª. El Procurador General de la Nación inter­vendrá en todos los casos en que la Corte deba cumplir sus funciones jurisdiccionales.

"3ª. Las acciones por vicios de forma pres­criben en el término de un año, contado desde la vigencia del respectivo acto.

"4ª. La Corte y la Sala Constitucional, cuando a éstas les corresponda proferir el fallo, dispon­drán de un término de sesenta días para decidir, sin perjuicio de los términos especiales estable­cidos en la Constitución; su incumplimiento es causal de mala conducta y se sancionará con la destitución que decretará el Consejo Superior de la Judicatura.

"Artículo 60. El artículo 216 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferen­cia las disposiciones constitucionales.

"Artículo 61. El artículo 217 de la Constitu­ción Nacional quedará así:

"Son atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura:

"1ª. Administrar la carrera judicial.

"2ª. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado las listas a que se refiere el artículo 149.

"3ª. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado las listas de ciudadanos que reúnan las condiciones para ser designados Ma­gistrados de los Tribunales; y a los Tribunales las de quienes puedan ser nombrados jueces. En uno y otro caso se tendrán en cuenta las normas sobre la carrera judicial y se dará preferencia a quienes hayan desempeñado cualquiera de esos cargos en el respectivo departamento o sean oriundos de él.

"4ª. Velar porque se administre pronta y cum­plida justicia, para lo cual examinará y sancio­nará la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional.

"5ª. Conocer en única instancia de las faltas disciplinarias en que incurran los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de los Tribunales: y en segunda ins­tancia, por apelación o consulta, de aquellas en que incurran los jueces, cuyo conocimiento en primera instancia corresponderá al tribunal res­pectivo.

"6ª. Conocer en segunda instancia de las faltas disciplinarias en que incurran los abogados en el ejercicio de la profesión.

"7ª. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

"8ª. Las demás que le señale la ley.

"Artículo 62. A partir del 1° de enero de 1981, el Gobierno Nacional invertirá no menos del 10% del presupuesto general de gastos en la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público.

"'Artículo 63. Para artículos transitorios los siguientes:

"a) La Corte Suprema de Justicia procederá a designar cuatro nuevos Magistrados para su Sala Constitucional, mientras la ley no fije otro número;

"b) Mientras lo hace la ley, el Gobierno señalará el número de Magistrados del Consejo Su­perior de la Judicatura y expedirá las normas que requiera su funcionamiento;

"c) La primera elección del Consejo Superior de la Judicatura la hará el Presidente de la Re­pública. La mitad de los miembros, cuyos nom­bres señalará el mismo Presidente sólo desempe­ñarán sus cargos por un lapso de cuatro años;

"d) La Corte Suprema de Justicia en mate­rias disciplinarias y el Tribunal Disciplinario conservarán sus respectivas competencias hasta cuando entre en funcionamiento el Consejo Su­perior de la Judicatura;

"e) Mientras se organiza y empieza a funcio­nar el Consejo Superior de la Judicatura se aplicarán las normas que actualmente regulan la elección de Magistrados de Tribunales y de jue­ces, así como la provisión de las vacantes que ocurran en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado;

"f) Mientras la ley desarrolla el artículo 158 de la Constitución, continuarán vigentes las ac­tuales categorías de juzgados y los requisitos pa­ra desempeñar los respectivos cargos de jueces. Igualmente, hasta cuando empiece a funcionar la Fiscalía General de la Nación, se mantendrán las distintas categorías de fiscales que existen en la actualidad y su forma de nombramiento, así como los sistemas de policía judicial e investiga­ción criminal;

"g) Señálase un término máximo de dos años al Gobierno Nacional para expedir, con la ase­soría del Consejo Superior de la Judicatura, si no lo hubiere hecho la ley, el estatuto de la ca­rrera judicial, y de tres años adicionales a fin de proveer todo lo necesario para su organización y funcionamiento;

"h) Previo dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno hará la codificación de las disposicio­nes constitucionales vigentes. La nueva numera­ción comenzará por la unidad y los títulos se nominarán y ordenarán sujetándose a la distri­bución de materias;

"i) Durante dos años mientras el Congreso dicta las normas generales a que se refiere el numeral 22 del artículo 76 sobre intervención en el Banco Emisor y en las actividades de las per­sonas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado, el Gobierno podrá ejercer, sin sujeción a ellas, la atribución conferida en el numeral 22 del artículo 120.

''Artículo 64. Deróganse el ordinal 3º del artículo 97, el inciso 3º del artículo 137 y los artículos 138, 139, 140, 156 y 173 de la actual codificación de la Constitución Nacional y el artículo 12 del plebiscito del 1º de diciembre de 1957.

"Artículo 65. El presente Acto legislativo ri­ge a partir de su promulgación.

"Dado en Bogotá, a los 21 días del mes de no­viembre de 1979".

III

Las normas violadas

Estiman los actores que el Acto legislativo censurado, el cual como se acaba de ver en la transcripción anterior, consta de setenta y cuatro artículos, nueve de ellos transitorios numerados alfabéticamente, es violatorio de diez artículos de la Constitución Nacional.

Dichos artículos que, resulta conveniente ob­servarlo, corresponden a las cláusulas de la Car­ta Fundamental anteriores a la reforma conte­nida en el Acto acusado, son los siguientes: 2º, 55, 72, 75, 76 ordinal 6º, 81, 82, 83,172 y 218.

IV

Fundamentos de la violación

La demanda consta de cuatro partes, precedi­das de una breve glosa sobre la promulgación del acto acusado. En la primera parte se transcribe en forma integral, según lo dispuesto por el De­creto autónomo número 432 de 1969 el texto del Acto legislativo número 1 de 1979, a lo cual se añade la transcripción del Decreto 122 del 24 de enero de 1979, "por el cual se ordena la publi­cación del proyecto de Acto legislativo números 4 y 144 de 1978 del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, 'por el cual se reforma la Constitución Nacional' "; y del De­creto 123 de la misma fecha, por el cual: "Se or­dena la publicación del proyecto de Acto legis­lativo número 1 de 1978 (Cámara 110 de 1978) 'por el cual se reforma la Constitución Nacio­nal' ".

La segunda parte determina cuáles son las "disposiciones violadas" la tercera comprende las ''razones y fundamentos de las violaciones invocadas" y finalmente, la cuarta parte cons­tituye un capítulo sobre "pruebas".

Por lo que atañe a la promulgación del Acto legislativo materia de la demanda, se afirma en ésta por los actores que:

"Aun cuando estamos convencidos de que los actos legislativos no requieren de su 'promulga­ción' para que puedan ser impugnados como in­constitucionales ante la Corte Suprema de Jus­ticia, tal y como lo anunciamos en la primera demanda, presentamos otra para precaver una decisión inhibitoria".

La tercera parte de la demanda, atinente como ya se indicó a las "razones y fundamentos de las violaciones invocadas", se encuentra dividida a su turno en tres secciones. En la primera de ellas se trata lo relativo a "la competencia de la Corte Suprema de Justicia" para conocer de las demandas contra actos reformatorios de la Cons­titución; en la segunda se estudian los "hechos antecedentes que implican vicios en la formación del Acto legislativo que se demanda". De la se­gunda sección, pasa la demanda a la numerada como "cuarta sección", la cual lleva como tí­tulo: "Fundamento de las violaciones susten­tadas".

En relación con la competencia de la Corte Suprema para conocer de los juicios de constitucionalidad contra los actos legislativos, por los cuales se reforma, la Carta Política del Estado, distingue la demanda en primer lugar: "la po­testad constitutiva", como "el poder de estable­cer la Constitución, que no conoce límites por ser político y suprajurídico", de la "facultad constituyente", la cual entiende, no ya como el poder para establecer la Constitución, sino como la atribución para su reforma, sometida a juicio de los actores, a limitaciones "de procedimiento, porque sólo con observancia de las ritualidades establecidas puede válidamente enmendarse la Carta anterior", según cita de Jaime Sanín Greiffestein <sic> en su obra: "La Defensa Judicial de la Constitución".

Observa a continuación la demanda, que si bien tradicionalmente la Corte "venía conside­rándose incompetente para conocer de deman­das de inconstitucionalidad contra actos legisla­tivos", tal posición jurisprudencial se modificó en sentido contrario al decidirse sobre la inconstitucionalidad del "Acto legislativo número 1 de 1977, por el cual se había reformado el artículo 218 de la Carta y se autorizaba para realizar la reforma constitucional a una asamblea constitu­yente''.

En orden a fundamentar este punto de vista, agrega la demanda:

"Es indefectible la competencia de la hono­rable Corte para conocer y declarar contrarios a la Constitución los intentos de revisión irregular que atentan contra ella por vicios de procedi­miento en su formación, no sólo porque la Corte es la guardiana de su integridad, lo cual implica que ella tiene un 'poder constituyente de anu­lación' de todo acto constitucional que la viole, sino porque además, las prescripciones de forma contenidas en la Carta se tornarían inocuas e inoperantes de no preverse la sanción de anula­ción de los actos que las transgreden.

"En estricta lógica, que nace del sentido co­mún, el presupuesto de base del control de constitucionalidad de los actos jurídicos de carácter general, radica en la competencia para controlar y anular lo que, en vez de revisar la Carta Po­lítica, la desconocen. De no, nuestra Constitución no sería rígida sino flexible; mejor aun, genuflexa frente a los afanes reformatorios de los go­bernantes, y no requeriría siquiera ser escrita".

La Corte a fin de sistematizar la presentación de los fundamentos de la demanda, tratará globalmente las secciones segunda y "cuarta" (sic), no solamente por la íntima vinculación que existe entre las dos, sino porque algunos de los hechos mencionados en la segunda sección, como por ejemplo los clasificados en cuarto lugar -di­ferencia- en la segunda legislatura del "texto que se aprobó en primero y segundo debates en el Senado, del que se presentó a discusión para primero y segundo debates en la Cámara; y en quinto lugar -no haberse admitido ni discutido en la segunda vuelta "las propuestas de vota­ción por separado de algunos artículos del pro­yecto, en el curso del primer debate en la Co­misión Primera de la Cámara"-, no encuentran su desarrollo consecuente en la sección siguiente; la cual a su turno trae a colación nuevos hechos, vale decir: los determinados como segundo -vio­lación del "principio constitucional de participación de las minorías-; cuarto -violación de la Constitución por inobservancia del Reglamen­to del Congreso, el cual forma can aquélla, a juicio de los actores, "una proposición jurídica completa"; y séptimo "violación de las normas constitucionales sobre quórum y mayorías".

De todas maneras, y para guardar la mayor fidelidad a la estructura de la demanda adoptada por los cinco autores de ésta, la Corte seguirá en la exposición de los cargos, idéntica secuencia a la observada, en aquélla.

En este orden de ideas, los cargos de inconstitucionalidad aducidos en la demanda, contra el Acto legislativo número 1 de 1979, se concretan y fundamentan por sus autores, en la forma que a continuación se menciona:

1º. Inconstitucionalidad de las comisiones constitucionales elegidas por la Cámara de Represen­tantes el 1º de agosto de 1978.

Se basan los actores en primer término en que, el Consejo de Estado, mediante sentencia del día 2 del mes de julio de 1979, anuló la elección de las Comisiones Constitucionales Permanentes de la Cámara de Representantes, verificada el 1° de agosto de 1978, decisión basada en el hecho de haberse violado en tal elección los derechos de las minorías, y la aplicación del cuociente electoral previstos en la Constitución, y al efecto argu­mentan:

"Frente a la Constitución, este fallo implica el reconocimiento por parte del más alto Tribunal Contencioso-administrativo del país, de que los actos tramitados en las Comisiones Inconstitucio­nales de la Cámara de Representantes durante la legislatura de 1978 'carecen de validez' y de que no puede 'dárseles efecto alguno' ".

Citan en su abono los actores, los artículos 2º, 55 y mayormente el 75 de la Constitución Na­cional, refiriéndose al cual afirman:

"Según el señor Samper, la finalidad que se perseguía- con el precepto era evitar, a través de la sanción de nulidad de los actos ilegales espe­didos fuera de las 'condiciones constitucionales', que el Congreso se reuniera en épocas distintas de las previstas por la Carta, o fuera de su sede. Pero también sabemos que estos antecedentes his­tóricos no desvirtúan el alcance actual de su con­tenido, el cual es sensiblemente más drástico, con el que se busca impedir no sólo las reuniones del Congreso en épocas distintas de las señaladas en la ley fundamental, o fuera de su sede, sino tam­bién, la burla de los derechos de las minorías en la elección de sus comisiones y durante las deli­beraciones; del trámite prescrito por el propio Estatuto Mayor y los Reglamentos Orgánico Constitucionales para su reforma, y la expedición de leyes, y demás actos, ya no con la simple pre­visión de nulidad, sino la orden de su 'invalidez'y la prohibición de darles 'efecto alguno', cuando se realicen por 'fuera de las condiciones consti­tucionales', o no se ejerzan 'en los términos que la Carta establece' ".

Citan los actores en su abono:

"La reciente sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 10 de noviembre de 1977 que declaró inexequible la Ley 23 de 1977, sobre reforma del sistema electoral, por vicios de procedimiento en su formación, y en la que se parifican a pre requisitos sin los cuales las actos del Congreso no pueden producir efecto alguno, las condiciones de constitucionalidad a que se refiere el artículo 75 de la Carta, y se señala como uno de ellos la existencia del quórum que 'condiciona el acto de votación' " ("Foro Colom­biano", XVIII, páginas 103-35).

Concluyen los actores su argumentación en este punto de su discurso, expresando que:

"….Somos de la opinión de que la Corpora­ción ... como 'poder constituyente de invalida­ción', tiene la obligación de proferir un fallo simplemente declarativo, a nuestro juicio ni siquiera anulatorio o de inexequibilidad (de inejecutabilidad) del Acto legislativo número 1 de 1979, por cuanto durante la primera vuelta tuvo primer debate en la Cámara de Representantes en una Comisión, la Primera que fue elegida sin representación de las minorías, precisamente pa­ra que no tuviera críticas, y, desde luego por fuera de la señalada condición constitucional que impone darles cabida a las mismas (artículo 172); y, en fin, por no haber sido tramitados en los términos establecidos por la Carta, por lo cual carece de validez y no ha tenido efecto alguno…es verdad averiguada que las senten­cias declarativas producen efectos ex tunc, es decir, desde cuando se presentó el hecho genera­dor de la nulidad que no crean sino reconocen ... y como se ha dejado claro, a diferencia del ar­tículo 75 original del Constituyente de 1886, el de la Carta actual, que viene del año de 1968, artículo 10 de la reforma de entonces, no san­ciona apenas con la nulidad sino que manda te­ner como inválidos y prohíbe darles cualquier efecto, a los actos que, como el que acusamos, no llenaron los pre-requisitos o condicionas constitu­cionales para su validez ... sin la sentencia del Consejo de Estado, a la que no dejamos de reco­nocer importancia la situación sería la misma".

2° La indebida acumulación de los proyectos publicados de la primera legislatura y su inde­bida sustitución por un nuevo pliego modifica­torio.

Toda vez que los dos proyectos de reforma de la Constitución Nacional, publicados mediante los Decretos 122 y 123 de 1979, fueron acumu­lados para su discusión en la segunda legisla­tura, los actores construyen con base en tal situación, uno de sus cargos principales contra la norma acusada, y luego de afirmar que dicha unificación, fue producto de:

"La determinación tomada por el Gobierno y los directorios políticos del liberalismo y del conservatismo en la reunión del 17 de julio de 1979 en el Salón Amarillo del Palacio de San Carlos, pues como oportunamente lo relatamos, fue allí entonces, donde los Presidentes, de la República, Julio César Turbay Ayala; del Directorio Con­servador Alvarista, Felio Andrade Manrique; Conservador Ospino-Pastranista, Guillermo An­gulo Gómez, y Víctor Mosquera Chaux, repre­sentante de la Dirección Nacional Liberal decidieron la tramitación unitaria de las iniciativas por fuera de las 'condiciones constitucionales' y de los 'términos establecidos por la Constitu­ción', violando, de este modo, sus artículos 55, 81, 172, 218, 2 y 75"; y agregan, para funda­mentar su cargo que:

"Según se exige en el artículo 218 de la Cons­titución, en lo pertinente, en la segunda legisla­tura ordinaria debe nuevamente debatirse el pro­yecto, o los proyectos, que se habían debatido en la primera, y no acumularse, ni refundirse, ni cambiarse, ni fusionarse, puesto que todo esto equivaldría a comenzar de nuevo con otra pri­mera legislatura, pero no a darle la segunda.

"Claro está que nosotros no pretendemos ha­cer entender que en la segunda vuelta no se pue­dan introducir modificaciones a lo discutido y aprobado en la primera, pues sería inútil la doble vuelta; pero ello no implica que a título de modificaciones a lo de la primera, se proponga en la segunda un proyecto distinto de los apro­bados en aquélla, sin siquiera considerar las mo­dificaciones con fundamento en los artículos aprobados, sino proponiendo otros, suprimiendo arbitrariamente algunos, ampliando los más y refundiendo sus textos, que fue lo que se hizo conforme con lo ya relatado y demostrado en la transcripción de la doble columna de contenidos normativos disímiles''.

Consideran los libelistas que: "fueron muchos los artículos nuevos que se propusieron para la segunda legislatura y que no se habían siquiera discutido, ni menos aprobado en la primera...". Reiteran que todo lo anterior es violatorio del artículo 75 de la Constitución, por no haberse obrado en la tramitación de los proyectos dentro de los términos consagrados en dicha disposición, y terminan este cargo expresando que sólo vein­tidós artículos "se mantuvieron sin cambiarle 'ni una coma' en la segunda vuelta" siendo ellos los siguientes: 1, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 32, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 57, 60, 64 y 65 del Acto legislativo acusado.

3° Son varios los contenidos normativos de la reforma Turbay Ayala que sin haber sido pro­puestos al estudio del Congreso constituyente, por éste debatidos y aprobados, y publicados lue­go de la primera vuelta., fueron sin embargo, insólitamente incluidos y aprobados en la segundo.

A fin de demostrar su aserto los actores, en esta oportunidad, de una parte (folio 47, cuader­no 1) vuelven a citar los veintidós artículos an­teriores, como aquellos que no perdieron su "identidad" en la segunda legislatura; y de otra, de los folios 48 a 73 realizan una "doble colum­na" en que comparan los textos aprobados en la primera legislatura, con los textos aprobados en la segunda.

En esta doble columna "incluyen el resto del articulado del Acto legislativo acusado. Exacta­mente cuarenta y cuatro artículos; sumados éstos a los anteriores resulta un artículo más de los 65 numerados del Acto legislativo.

Esto obedece a que los actores, si bien como se ha visto en dos oportunidades mencionan el ar­tículo 23, como uno de los que no perdió su "identidad" al pasar de una legislatura a la otra; sin embargo, luego lo incluyen en la doble columna: "para demostrar que el texto de la segunda no sólo fue modificatorio, sino totalmen­te distinto del de aquélla".

En consecuencia, los artículos del Acto legis­lativo, que los actores transcriben en la mentada "doble columna", son los siguientes: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12. 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62 y 63.

4° En lo segunda vuelta, fue diferente el texto que se aprobó en primero y segundo debates en el Senado del que se presentó a discusión para primero y segundo debates en la Cámara.

A este respecto expresan (folio 74) los actores:

"El número 90 de 'Anales del Congreso', del miércoles 1º de octubre de 1979, en el cual, como allí mismo consta, se publica el texto del articu­lado 'aprobado en primer debate -segunda vuel­ta- por la Comisión Primera del Senado en su sesión del día 4 de octubre de 1979, Acta número 21, conforme reza la constancia publicada en la página 1336 de esa edición, es diferente del que se presentó a discusión en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y, sin embargo, no fue devuelto. Y no podía haberlo sido ya que no consta su modificación sino que se hace apenas visible su adulteración, lo cual atañe más al Código Penal que a la Carta Política, aunque afecta las previsiones de esta sobre trámite.

"En cambio, cínicamente publicado como igual al de los 'Anales' número 90, en la edición de 'Anales del Congreso' número 96 del martes 23 de octubre de 1979, aparece mi texto para pro­yecto de acto legislativo, distinto en algunos de sus artículos al que realmente se aprobó, y que vino a ser finalmente el que 'sin una sola coma' se tornó en acto legislativo reformatorio de la Constitución".

Enfatizan los actores el hecho de que la situa­ción anterior indita que se "cometió un delito de falsedad''; que "existe además el rumor de que la edición número 90 de los "Anales del Congreso' ha sido recogida; y que de todas maneras se trata de un 'ex abrupto' ".

Terminan este cargo los actores, citando algu­nos de los artículos cuyo texto publicado en el número 90 de los "Anales del Congreso" es dis­tinto al texto de los mismos, publicado en el número 96 del citado órgano del Congreso. Al efecto mencionan los artículos 3° y 34 transcri­biendo su texto según las dos publicaciones refe­ridas, y citan los artículos 8, 14-2, 20, 27-3, 47. 55 y 59-4, cuya confrontación solicitan a la Corte.

5º. No se admitieron ni se discutieron en la se­gunda vuelta, las propuestas de discusión y vo­tación por separado de algunos artículos del proyecto, en el curso del primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

En orden a la formulación de este cargo, los actores se basan en que "el 15 de noviembre de 1979, al comenzar la discusión para primer de­bate en la Comisión Primera de la Cámara", los representantes Luis Villar Borda, Jaime Pinzón López, Gilberto Vieira y Alvaro Bernal Segura, solicitaron mediante comunicación de la misma fecha, se discutieran y votaran separadamente algunos artículos del proyecto.

Sin embargo, los actores teniendo en cuenta que, según declaración del Presidente de la Co­misión Primera, Representante Zamir Silva, di­cha solicitud se hizo una vez cerrada la discusión respectiva, agregan entonces que (folio 78):

"...Ya en el punto 5º de su declaración que figura en los mismos 'Anales', el Representante Zamir Sirva incurre en evidente contradicción al confundir votación con discusión y en los puntos 7 y 8 de ella reitera su confusión al expresar que el Presidente de la Comisión le concedió el uso de la palabra al Representante Villar Borda para que explique su voto, pero que ya no podía hacer someter a discusión la propuesta (punto 9º) porque el reglamento de la Cámara lo prohí­be cuando ya está en votación".

"Lo que ocurrió en realidad -agregan- por­que se sabe de actas, es que conforme se verá en el punto siguiente, fueron mutiladas: Los hono­rables representantes que presentaron la propuesta escrita de discutir y votar por separado los artículos mencionados en su comunicación es­crita, y cuando aún no se había cerrado la discu­sión, ya habían acordado aceptar la discusión y votación en bloque de los artículos del proyecto sobre los cuales había aceptación, más suponían que la disensión proseguiría sobre los que estaban por discutir y votar con todo y fórmulas sustitutivas. A no ser que el Representante Zamir Silva sea tan ingenuo de creer tan bobos a los proponentes como para entender que éstos lo que querían era apenas jugar a demorarse y votar luego con cuatro votos en contra del resto del articu­lado. ¿Para qué proponer votación separada sin discusión separada ".

6º. Actas incompletas o mutiladas y tardía­mente aprobadas.

.Este cargo, simple continuación del anterior, lo hacen consistir los actores en que las actas co­rrespondientes a las sesiones del 6 al 15 de no­viembre en las cuales la Comisión Primera de la Cámara aprobó en la segunda legislatura el pro­yecto de acto legislativo; "al parecer fueron ela­boradas con mutilaciones graves", mutilaciones que a su juicio "revelan precaución contra de­mandas como las que presentamos".

Al respecto, afirman los actores que:

"En la edición ya citada de 'Anales' número 120, del martes 27 de noviembre de 1979, página 1800, tercera columna, parte superior, aparece la siguiente certificación: 'El honorable Represen­tante Jaime Pinzón López deja expresa constan­cia de que en la Comisión Primera no se dio aprobación a las actas de las sesiones en que se tramitó la reforma, como tampoco han sido publicadas en los Anales del Congreso' ".

Aluden a continuación los actores, a que el diario "El Espectador'' en su edición del jueves 29 de noviembre, en una noticia titulada "Mu­tilación del Acta 17 de las reformas", informa que:

"Los Representantes Villar Borda y Pinzón López se quejaban de que precisamente la carta en la que proponían 'discutir y votar' separada­mente 21 artículos del proyecto de reforma no fue incluida en el Acta número 17 que fue la que correspondió a la discusión y aprobación de la reforma...".

Terminan la formulación de este cargo los ac­tores, afirmando que:

"Sin embargo, el Representante Zamir Silva, Presidente de la Comisión Primera, ya enredado en las espuelas, 'reconoció que hubo un descuido por parte del Secretario' y que las observaciones de los Representantes Villar y Pinzón serían 'in­cluidas' en otra acta (Ver página 10-A de 'El Espectador', jueves 29 de noviembre)".

En la llamada sección "cuarta" de la deman­da, atinente según su título, a los "fundamentos de las violaciones sustentadas", los actores reite­ran sus puntos de vista con respecto a la mayor parte de los cargos anteriores, los cuales se han mencionado al detallar tales cargos, y al mismo tiempo se agregan nuevos motivos de censura. Estos nuevos ataques contra el Acto legislativo número 1 de 1979, que para una mejor compren­sión de la exposición y síntesis de la compleja y extensa demanda que ha venido haciendo la Cor­te, se enumeran continuando el orden de los ata­ques anteriores, y desde luego sin alterar el orden en que son expuestos en el mencionado libelo, son los siguientes:

7° La violación del principio constitucional de participación de las minorías determinó que el Acto acusado se expidiera contra la Constitu­ción (folios 85 y siguientes).

Aquí, menos que de un cargo nuevo, se trata más bien de un nuevo enfoque individualizado, de algunas de las razones que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para efectos de decretar la nulidad de la elección de las Comisiones Perma­nentes, materia del primer cargo.

Reiteran en esta oportunidad los actores que, al no darse representación a las minorías en tal elección según las prescripciones del artículo 172 de la Carta Fundamental, se obró por "fuera de las condiciones constitucionales" prescritas en el artículo 75 de la misma codificación, en abono de lo cual transcriben algunos apartes del salvamen­to de voto del Magistrado Gustavo Gómez Velásquez "en relación con la demanda de inexequibilidad contra el Acto legislativo número 1 de 1968", según los cuales:

"Día a día en la evolución del derecho consti­tucional, si bien se observa la flexibilidad de sus normas para permitir los cambios de la Carta, no es menos cierto que ese proceso está revestido de garantías muy precisas y de absoluto cumpli­miento. En la época actual que se caracteriza por el poder de reacción que puede desencadenar una minoría política oprimida o perseguida, debe re­doblarse el escrúpulo por observar los preceptos que permitan introducir cambios en la Consti­tución, pues de no, la suprema tutela y máximo orden que ésta encarna, desaparecen, se hace po­sible y se legitima la acción violenta y la abierta rebeldía. Los tiempos que se viven imponen, tan­to o más que antaño, seguridad y firmeza en estos trámites de reforma y mi mayor apego a sus dictados, si se quiere mantener el estilo y sentido de las instituciones políticas, evitándose así que grupos de oposición lleguen a entender, por prác­tica distinta, que nada tienen que hacer por las vías democráticas que consagra la ley de leyes. Pero no sólo hay que estar convencidos sino dar muestras de querer conservar la Constitución y hacer de su reforma- una empresa seria, patriótica y con cerrada aplicación de sus mandatos. Lejos de esta órbita deben quedar las fugaces y enga­ñosas oportunidades que puede ofrecer el predo­minio de un Ejecutivo fuerte sobre las otras dos ramas del poder. Tan primordial aparece todo esto que no se duda en apreciarlo como factor imprescindible y decisivo en la obtención, conser­vación y disfrute de la paz. Cuanto más sea el respeto a la Carta, cuanto más se estabilicen y preserven los derechos que ella consagra, cuanto más resista su estructura las acciones de quienes buscan satisfacer sus personales ventajas o el aprovechamiento de sus precarias mayorías, tan­to más será la solidez y eficacia de las institucio­nes, el afianzamiento de un ambiente de concor­dia nacional y la fe en la evolución pacífica de los cambios necesarios e inaplazables".

8° El reglamento del Congreso debe cumplirse por parte de éste, así actúe como constituyente, y si no se cumple, se infringe también la Carta, la cual conforma con aquél una proposición jurídica completa.

En desarrollo de este nuevo cargo contra el Acto legislativo en cuestión, encuentran los ac­tores en primer lugar que:

"Se viola por lo tanto, además de la Constitu­ción, el principio físico-biológico de la inercia mental, si se decide en contra de lo ordenado en ella".

A continuación y en búsqueda de darle alguna fundamentación a la afirmación anterior, los ac­tores pretenden constitucionalizar el Reglamento del Congreso, para terminar considerándolo co­mo parte integrante de la Constitución y al efecto observan:

"El Reglamento del Congreso es así, una ley orgánica de la Constitución Nacional, pues por mandato de ella se defiere a la ley la organización del procedimiento y trámite de aprobación de las leyes y de los actos legislativos, así como la definición de lo que conforme con ese trámite se entiende por admisión de un proyecto, discusiones;primero y segundo debates, mayorías, vo­tación, aprobación, sesiones ordinarias,sesiones extraordinarias, sesiones especiales,sesiones informales, acumulación, reuniones, comisiones plenarias, etc. ... por consiguiente de violarse el reglamento en alguno de sus preceptos, en aras de darle celeridad o de buscar consenso en rela­ción con un proyecto de revisión constitucional, se esté violando la Constitución, que en sus ar­tículos 76-6, 31, y 218 defiere a la ley la previsión del cumplimiento de su trámite, y el reglamento viene a conformar así, junto con aquéllos, una proposición jurídica orgánico-constitucional inescindible y completa" (folio 91).

9° Violación de las normas constitucionales so­bre quórum y mayorías.

Este cargo, de la misma manera que el séptimo, constituye simplemente un nuevo conjunto de argumentos al rededor de las razones que tuvo en cuenta el Consejo de Estado, cuya decisión fue el origen del primer cargo intentado por la demanda, para efectos de anular la elección de las Comisiones Permanentes, realizada por la Cámara de Representantes el 1º del mes de agosto de 1978.

Con el propósito de fundamentar y justificar este nuevo enfoque del primer cargo, los actores concilien con sobra de imaginación una nueva forma de quórum que denominan "quórum cua­litativo", consistente en la participación efectiva de las minorías, a través de sus derechos de "voz y voto'', en abono de lo cual afirman que:

"Como quiera que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio por aprobado en primera vuelta el proyecto de acto legislativo, con un quórum cuantitativo pero sin tener en cuenta su cualificación descrita en el artículo 172 de la Carta que exige voz y voto, deliberación y participación, que refleja la 'representación pro­porcional de los partidos' y por tanto el derecho de la oposición y de las minorías, razón por la cual fue anulada por el Consejo de Estado su conformación; se colige que por haberse violado el artículo 172, se infringieron también los ar­tículos 82 y 83 de la Carta en sus incisos men­cionados y de contera, de nuevo, el 75 ibídem que consagra la sanción de invalidez de las deci­siones en cuyas 'deliberaciones' se haya actuado por fuera de las condiciones constitucionales, o lo que es lo mismo, a las deliberaciones y decisiones que no se hagan 'en los términos que la Consti­tución establece' ".

V

El concepto de la Procuraduría

1º. El Procurador General de la Nación fue recusado por los demandantes Tarcisio Roldan Palacio y Clímaco Giraldo Gómez (folio 118) en escrito de febrero 11 de 1980.

2º. Mediante providencia de 26 do septiembre (folio 329) de 1980, con ponencia del doctor Policarpo Castillo Dávila, la Corte declaró separa­do del conocimiento al señor Procurador General de la Nación doctor Guillermo González Charry, teniendo en cuenta su participación "en la expe­dición del Acto legislativo número 1 de 1979" y dispuso que el traslado correspondiente debía cumplirse con la Vice-procuraduría General de la Nación.

De conformidad con lo dispuesto por el ar­tículo 4º de la Ley 25 de 1974, correspondió por lo tanto llevar la voz de la Procuraduría General de la Nación a la Viceprocuradora, señora doc­tora Susana. Montes de Echeverry, la cual emitió el concepto de rigor el 23 del mes de febrero del presente año (folios 360 y siguientes), mediante el cual solicita a la Corte declare:

''Primero: Que se encuentra inhibida para proferir fallo de mérito en el proceso bajo refe­rencia, por carecer de competencia para ello. O, segundo, en su defecto: Que el Acto legislativo número 1 de 1979 fue expedido por el Congreso Nacional en consonancia con lo establecido por la Constitución a cuyo amparo fue expedido".

3º. La Procuraduría, observando que los acto­res solicitan a la Corte en su demanda, ya la nulidad, ora la inexequibilidad, o bien que se profiera 'un fallo simplemente declarativo' ini­cia su estudio con una severa crítica a tal actitud de tos actores expresando, que:

"Esto a no dudarlo significa que los libelistas piden a la honorable Corte Suprema de Justicia tres pronunciamientos diferentes excluyentes, no previstos en nuestro Derecho Público sobre el Constitucional que la Carta le adscribe a la Cor­te Suprema, sin que se decidan por una de ellas. Frente, pues, a dichas tres pretensiones simul­táneas, concurrentes, pero diversas (inexequibilidad, anulación y fallo simplemente declarativo de invalidez), por inocuas desecha este despacho las inconducentes sobre anulación y fallo decla­rativo de invalidez; y se detendrá frente a la única jurídicamente estructurable, como es la de inexequibilidad o inconstitucionalidad, pre­vista en nuestra normatividad jurídica sobre control constitucional por la Corte Suprema desde la Ley 2ª de 1904, y más tarde por el Acto legis­lativo número 3 de 1910, pero con la advertencia de que la máxima entidad de la Rama Jurisdic­cional tiene competencia adscrita expresamente por la Carta para conocer de demandas de inexequibilidad contra actos legislativos reforma­torios de la Constitución, solamente desde el pa­sado 20 de diciembre de 1979, fecha desde cuando comenzó a regir el Acto legislativo número 1 de 1979, cuyo artículo 53 introdujo tal novedad jurídica al establecerla en el ordinal 1º del nuevo canon 214 de aquélla".

Y extendiendo esta crítica a otra de las afir­maciones de la demanda, agrega la Procuraduría que:

"Y para rematar, después de afirmar que ha sido quebrantado el Reglamento del Congreso, la demanda aduce una rara, inusitada e inexistente causal de inexequibilidad en nuestro sistema ju­rídico, al puntualizar graciosamente: 'Se viola, por tanto, además de la Constitución, el princi­pio físico-biológico de inercia mental' " (Sic: folio 89 in fine).

4º. A continuación, la Procuraduría se ocupa como aspecto previo y capital del proceso, de ''las normas constitucionales frente a las cuales ha de juzgarse la reforma a la Carta hecha por el Acto legislativo número 1 de 1979", exponien­do al respecto su criterio, según el cual:

"... Las diversas disposiciones que integran el Acto acusado han de juzgarse frente a las nor­mas superiores de la Constitución vigentes en el momento de expedirse la reforma, esto es, frente a las imperantes de la Carta y bajo las cuales se presentó, debatió y aprobó el Acto legislativo número 3 de 1979, para dilucidar si la reforma acató o, por el contrario, quebrantó lo que sobre el particular señalaban las disposiciones consti­tucionales que obligatoriamente debía cumplir el Congreso Nacional. En consecuencia, para juzgar la supuesta inconstitucionalidad del Acto legis­lativo número 1 de 1979, ha de estarse a lo dis­puesto en la Constitución Política con vigor hasta el 19 de diciembre de 1979, puesto que la refor­ma de que trata este Acto comenzó a regir el 20 de diciembre de 1979, conforme se indica, en el ar­tículo 65 de dicho Acto legislativo, publicado en copia fotostática autógrafa en el 'Diario Ofi­cial' número 35416 de esta última fecha".

Se ocupa también luego la Procuraduría en esta parte, de la competencia de la Corte para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra los actos legislativos reformatorios de la Carta Fundamental y, consecuente con la tesis anteriormente expuesta, concluye que si bien el Acto legislativo número 1 de 1979 le dio compe­tencia a la Corte en su artículo 56 -subrogatorio del 214 de la Constitución- para conocer de ta­les demandas, en tratándose de ciertos vicios de forma, sin embargo:

"La nueva materia de competencia otorgada a la Corte Suprema por el constituyente derivado en el Acto legislativo sub judice, podrá desarro­llarla la Corte frente a las reformas constitucio­nales que se realicen a partir de la última, en­mienda -que así lo dispuso-, esto es, frente a los actos legislativos modificatorios de la ley de leyes que se introduzcan con posterioridad al citado 20 de diciembre de 1979, pero jamás ante las reformas constitucionales acaecidas con ante­rioridad a esta fecha, puesto que antes carecía totalmente la Corte de esa competencia. Tratán­dose de la competencia del orden constitucional, no caben ni pueden caber interpretaciones ana­lógicas o extensivas; el constituyente ha expresado claramente el ámbito de competencia de la Corte y por tanto, rígidamente a él debe estarse, como quiera que en este especialísimo campo las interpretaciones son de índole restrictiva. En consecuencia, en estricto rigor, la Corte es incom­petente para conocer de la acción de inexequibi­lidad que se estudia, por tratarse de un acto legislativo, debatido y aprobado antes del 20 de diciembre de 1979. Consecuente con esto, pediré que se declare inhibida esa alta Corporación pa­ra dictar fallo de mérito, por carecer de compe­tencia para ello".

Con miras a una mayor fundamentación del punto de vista anterior, la Procuraduría trans­cribe (folios 367 y siguientes) el concepto ren­dido por esa entidad el 7 de mayo de 1979, en el proceso de inexequibilidad que contra el Acto legislativo número 1 de 1968 en su integridad, promovió el ciudadano Bernardo Elejalde, con­cepto en el cual se sostiene dicha tesis.

Importa señalar que el proceso anteriormente mencionado fue decidido por la Corte el 16 de oc­tubre de 1979, mediante providencia de Sala Plena (Gaceta Judicial; tomo 86, páginas 442 a 448) (Gaceta Judicial, tomo CXXXVII, núme­ros 2340, 2341. Jurisprudencia Constitucional. Enero a diciembre de 1971).

En tal oportunidad, la Procuraduría, como conclusión del estadio realizado al respecto, ex­puso:

"Así pues, de la competencia de la Corte se sustraen los proyectos de enmienda de la Constitución, los decretos reglamentarios dictados por el Gobierno, en uso de las atribuciones que le confiere el ordinal 3º del artículo 120, y los de­cretos simplemente ejecutivos. No es lógico ni jurídico sostener que la competencia de la Corte, como encargada de velar por la integridad de la Constitución, se extienda a todos los casos en que tal integridad esté amenazada. Si tal aconteciera, la Corte usurparía jurisdicción. Esta competen­cia es de derecho y de orden público y para el caso, como ya se anotó, no enunciativa sino limi­tativa, de modo que este control jurisdiccional no puede aplicarse por analogía, sino exclusiva­mente a los casos previstos en la Carta. Lo con­trario es desconocer la voluntad del constituyente y aplicar el control a situaciones que la norma no regula".

5º. Aborda luego la Procuraduría el estudio de la validez de los actos cumplidos por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes antes de la declaración de nulidad decidida por el Con­sejo de Estado, para concluir que los actos realizados por la Comisión antes que hubiera que­dado en firme la sentencia del Consejo de Esta­do: ''Tienen toda la validez y legalidad que nor­malmente caracteriza a los actos administrativos en un Estado de Derecho", conclusión esta que fundamenta de la siguiente guisa:

"Los efectos de los fallos contencioso-administrativos proferidos bien por los Tribunales Sec­cionales, ora por el honorable Consejo de Estado, se proyectan hacia el futuro en la medida en que el acto anulado no puede aplicarse en lo sucesivo, pero simultáneamente crean efectos ha­cia atrás, los cuales se determinan en cada caso particular por la naturaleza de la acción inter­puesta.

"Sin embargo, esta posibilidad de que hacia el pasado puedan producir algunos y bien deter­minados efectos particulares, no comporta en los casos relativos a la nulidad de elecciones, desig­naciones o nombramientos, la invalidez simultá­nea y automática de las actuaciones cumplidas en ejercicio del cargo por quien a la postre re­sultó ilegalmente elegido, designado o nombrado, pues ellas gozan a su vez, de la presunción de legalidad, en virtud de la cual se consideran con­formes con la ley mientras no se las anule por la jurisdicción contencioso-administrativa. No re­sulta comprensible cómo puede anularse un acuerdo municipal, por ejemplo, ni tampoco có­mo puede ser inexequible una ley sólo por haber sido expedida con el concurso de congresistas cu­ya elección sea anulada posteriormente. Así tampoco se puede encontrar vicio en el trámite de un acto legislativo por la sola circunstancia de haber sido tramitado y expedido por miembros de una de las Comisiones Constitucionales de las Cáma­ras, cuya elección fue anulada con posterioridad. Y ello es y debe ser así, en virtud del principio constitucional de legalidad que rodea los actos administrativos, sean ellos de los proferidos por cualquiera de las ramas del poder público".

6º. En último lugar la Procuraduría estudia en su concepto, el ataque intentado por los actores consistente en la disimilitud o no exactitud en­tre lo aprobado por el Congreso en la primera vuelta legislativa y lo votado y aprobado en la segunda, frente a las exigencias del artículo 218 de la Carta Constitucional".

En el análisis de este cargo, la Procuraduría alude en primer término a:

"La interpretación que al respecto dio el ho­norable Senado de la República y que aparece como resolución adoptada por la Cámara Alta en los 'Anales del Congreso' de la edición co­rrespondiente al 25 de julio de 1968. Allí des­pués de siete considerandos muy bien fundamen­tadas dijo el Senado '... h) Que en consecuencia, resuelve: 1º. Declarar por vía de interpretación, que los proyectos de actos legislativos reforma­torios de la Constitución Nacional pueden ser modificados también en la segunda vuelta, siem­pre que dichas modificaciones se refieran a ma­terias o asuntos tratados en la primera…..' (His­toria de la Reforma Constitucional de 1968, publicada por la Secretaría Jurídica de la Pre­sidencia de la República. Imprenta Nacional, Bogotá, 1969, páginas 472-473). En igual sen­tido varios Senadores presentaron una interpre­tación jurídica publicada en los 'Anales del Con­greso' número 61 del lunes 6 de noviembre de 1978, página 931, cuyo ejemplar se anexa".

Más adelante la Procuraduría interpretando el artículo 218 de la Constitución y recordando que las esprfesiones <sic> "examen definitivo" empleadas en él, significan según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: "Inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado una cosa" y: "lo que decide, resuelve o concluye", afirma al respecto que:

"Si lo que las Cámaras aprobaran en la se­gunda legislatura tuviera que ser exactamente idéntico a lo aprobado en la primera vuelta, en­tonces no se justificaría la existencia, ni se vería la utilidad de la segunda, nada tendría que exa­minarse, sino que simplemente y de plano, lo adoptado en la primera legislatura obtendría su aprobación en la segunda y última".

Continuando el análisis de este cargo la Procu­raduría encuentra que, la comparación realizada por los actores:

"No ha sido propiamente afortunada la con­fección de tal 'doble columna' subrayada e idea­da por los libelistas para resaltar las diferencias que alegan, como quiera que en diversas oportu­nidades esas variaciones que pretenden relievar, no se acomodan, no se ajustan a la realidad y, por el contrario, vulneran o desfiguran en forma abierta lo que estrictamente ocurrió".

Para ilustrar tales 'desfiguraciones' de la de­manda, la Procuraduría cita tres ejemplos, ati­nentes a los artículos 70, 80 y 120 afirmando que:

"En lo atinente a las modificaciones del inciso 1º del artículo 70 de la Constitución, en la co­lumna de 'primera vuelta' destacan los actores el pasaje que expresa según la Constitución y sus reglamentos, en tanto que en la columna de 'texto definitivo' omitieron o suprimieron tal pasaje, lo cual riñe con la realidad, puesto que dicho pasaje subrayado sí quedó incluido en el texto definitivo del Acto legislativo materia de la acusación, en el mismo artículo 8º que allí están glosando los demandantes (folio 48, in fine); al folio 52 res­pecto de las modificaciones efectuadas al artículo 80 de la Constitución, no se destacó o subrayó en la columna de 'texto definitivo' de la deman­da, la frase 'de acuerdo con el artículo 32' que realmente se introdujo en la segunda vuelta y que no aparece en la primera legislatura; para nada se mientan las modificaciones sobre el ar­tículo 120 de la Carta (artículos 36, 37 y 38 del Decreto 123 de 1979, primera vuelta, y artículos 32 y 33 del Acto legislativo número 1 de 1979, segunda vuelta), etc.".

Para concluir este análisis, la Procuraduría examina por su parte, algunos de los artículos del Acto legislativo número 1 de 1979, comparándo­los con el texto de los mismos publicado mediante los Decretos 122 y 123 del mismo año, una vez concluido el tránsito de la primera legislatura, para concluir que:

''Estas variaciones o modificaciones que fren­te a la primera vuelta ocurrieron, en la segunda legislatura y que para los actores constituyen la parte medular de su acción, versan como se dijo antes, sobre las mismas materias o asuntos y se acomodan, justamente, a la interpretación que con autoridad ha dado sobre el particular el ho­norable Senado de la República".

Los artículos del Acto legislativo cuya compa­ración realiza la Procuraduría a modo de ejem­plo, son los siguientes: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 65, después de lo cual reitera su conclusión de que:

"En consecuencia, estas ;modificaciones' no sólo no son de otra materia o asunto diferente, sino que ni siquiera alteran la materia o asunto de que tratan ... los textos comparados a ma­nera de ejemplo, demuestran, con meridiana cla­ridad, que las materias tratadas en las dos legis­laturas en las cuales fue tramitado y aprobado el Acto legislativo número 1 de 1979, son idénti­cas en su esencia y que las pocas variaciones que se establecen al efectuar este análisis no la alte­ran, y que respecto a ellas se cumplió el mandato del artículo 218 al someterlas al procedimiento regular de las dos legislaturas".

Los otros cargos contenidos en la demanda, por ejemplo: la violación de las normas constitucio­nales, por transgresión del Reglamento del Con­greso; la indebida acumulación de los proyectos de reforma de la Constitución y la violación del principio constitucional de "participación de las minorías", no son materia del estudio de la Pro­curaduría, ya sea porque los estime jurídicamen­te irrelevantes, ya porque encuentre que éstos se hallan involucrados en los primeros, toda vez que, la misma Procuraduría advierte en su concepto (folio 365) que:

"En la demanda aparece reiteración constante, repetición innecesaria y a veces disímil de hechos y razones de las violaciones aducidas, mezclados en desorden en los diferentes enunciados y acá­pites del extenso libelo".

VI

Los impugnadores de la demanda

Como ya se observó, en el curso del proceso, fueron presentados tres escritos encaminados a impugnar la demanda, el primero de ellos por el ciudadano Manuel S. Urueta (folios 169 y si­guientes); el segundo por el ciudadano M. Parménides Salazar (folios 181 y siguientes) y el tercero de ellos, conjuntamente por los ciudada­nos César Gómez Estrada y Rodrigo Noguera La-borde (folios 242 y siguientes). La Corte pro­cede a exponer las tesis por ellos sustentadas, en el orden ya aludido, que lo fue el de la pre­sentación de los respectivos escritos.

1º. Impugnación del ciudadano Manuel S. Urueta.

Competencia de la Corte. Estudia en primer término el impugnante la competencia de la Cor­te, para conocer del presente negocio, haciéndolo a la luz de las normas constitucionales aplicables, concluyendo que si bien la Corte tiene competencia, sin embargo dicha competencia se encuentra limitada, por lo dispuesto por el Acto legislativo número 1 de 1979, en su artículo 58, norma que en su concepto es aplicable al caso en estudio.

Efectivamente este impugnante que funda-Dienta su intervención, tanto en el artículo 214, tomo en el 45 de la Carta Fundamental, consi­dera citando para ello al tratadista Hernando Devis Echandía, que las normas procesales son de "efecto general e inmediato" y que en conse­cuencia, es a la luz de tales normas del Acto le­gislativo demandado que debe estudiarse la constitucionalidad del mismo, respecto de lo cual afirma:

"... La Corte Suprema de Justicia tenía bajo la antigua Constitución una cláusula general de competencia consistente en la guarda de la inte­gridad de la Constitución. Hoy la situación pro­cesal es diferente porque el Acto legislativo número 1 de 1979 modifica la antigua cláusula general de competencia en el sentido de limitar el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la exequibilidad de los actos legislativos a ciertos vicios de forma".

Consecuente con lo anterior, concluye que:

"La Corte Suprema de Justicia debería decla­rarse inhibida respecto de los pedimentos de la demanda relacionados con las presuntas violacio­nes de los artículos 75 y 172 de la Constitución, cuando se refieren a la exequibilidad de actos legislativos; no respecto de las leyes ordinarias, en donde impera aun la cláusula general de com­petencia" (folios 161 y siguientes).

Se refiere luego el impugnante a la inexisten­cia de los actos administrativos y citando a los autores Jean Marie Auby y Eduard Laferriere, lo mismo que jurisprudencia del Consejo de Es­tado Colombiano (septiembre 25 de 1961, "Anales", tomo LXIII, primera parte, números 392 a 396, página 251), concluye que:

"No puede de acuerdo con estas ideas consi­derarse que el acto administrativo por medio del cual la Cámara de Representantes; integró la Comisión Primera Constitucional Permanente y que luego fue anulado por sentencia del Consejo de Estado, fuera inexistente, que ese acto como lo anotaba Jean Marie Auby, estuviese 'tocado de una ineficacia originaria'. Dicho acto no cons­tituyó una usurpación de poderes ni tampoco violó el principio de separación de funciones. Simplemente se trató de un acto administrativo, presumido legal hasta cuando intervino la deci­sión judicial que lo anuló".

Efectos de la decisión de nulidad.

Citando a George Vedel, Prosper Weil. J. M. Auby, R. Drago, y Agustín Gordillo, afirma con el primero que:

"El Acto anulado es mirado como si jamás hu­biese sido tomado. Pero por razones prácticas dos atenuaciones son aportadas a esta regla. En pri­mer término aunque la anulación del nombra­miento de un funcionario tenga por efecto volver esa nominación inoperante desde su origen, los actos realizados por ese agente entre su nombra­miento y la notificación de la decisión de anu­lación son considerados como válidos.

En segundo lugar, la anulación de un acto no puede prevalecer contra decisiones jurisdiccio­nales revestidas de la fuerza de cosa juzgada".

Considerando igualmente que deben distinguir­se las acciones de nulidad, anulabilidad e inexis­tencia, cita el estudio sobre la "inexequibilidad de la ley" de Fernando Garavito (Tomo II 'Ju­risprudencia de la Corte') para quien 'la decla­ratoria de inexequibilidad de un Acto público equivale a una declaratoria de nulidad y no a una simple derogación' ", cita igualmente pro­videncia del 23 de noviembre de 1964 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado, según la cual la declaración de inexequibilidad, ni anula ni deroga, sino que simplemente determina que la norma así declarada "en lo su­cesivo no tendrá más vida, que desaparece de la normatividad jurídica", y un concepto de la Sa­la de Consulta y de Servicio Civil del 26 de abril de 1973 ("Foro Colombiano" número 50 de agos­to de 1973, páginas 230, 231 y 232), para con­cluir respecto de este punto de su alegato que:

"Dado que el Consejo de Estado ha asimilado los efectos de la sentencia de inexequibilidad de las leyes a los efectos de la sentencia de nulidad de los actos administrativos, resulta incuestio­nable que las decisiones de nulidad tienen únicamente efectos hacia el futuro, no para el pa­sado. En consecuencia la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto admi­nistrativo por medio del cual se integró la Co­misión Primera de la Cámara tendrá efectos para el futuro, no para el pasado, a menos que se quiera introducir un elemento de inseguridad en las relaciones jurídicas de la sociedad colombia­na. Esa posición jurisprudencial del Consejo de Estado está acorde con la doctrina dominante, en juicios de simple nulidad".

Se refiere a continuación el impugnante a las "condiciones de existencia del Congreso y las condiciones de validez de la ley", diferenciando claramente entre unas y otras y aludiendo en el primer caso, a la histeria constitucional del artículo 75 de la Carta para, lo cual compara el texto primitivo adoptado en 1886, con el mismo texto modificado en 1968 y luego de citar a José María Samper, concluye en el primer aspecto mencionado que:

"... el espíritu del artículo 76 es el de evitar que el Congreso de la República se reúna por fuera de unas condiciones de tiempo, modo y lu­gar que coloque a 'la República en muy conflictiva situación' ".

Agrega el impugnante aludiendo al segundo aspecto del acápite en comento, para determinar a su juicio que "un presunto vicio en la forma­ción de una ley no se sanciona con la inexistencia, como podría inferirse del argumento de los acto­res, sino con la declaratoria de inexequibilidad", y estimando también al respecto que "la vincu­lación que hacen los actores de los artículos 81 y 75 es artificiosa".

Estudia luego el impugnante la tesis de la de­manda, en relación con la naturaleza jurídica del Reglamento del Congreso, exponiendo su criterio, según el cual:

"No existe congruencia de la idea que ha ins­pirado la demanda con la pretensión de constitucionalizar el Reglamento del Congreso, pues si esas normas tuviesen rango constitucional, ten­drían que haber sufrido el procedimiento pre­visto en el artículo 218 de la Constitución, a me­nos que se acepte la idea de que unas normas constitucionales se deben ajustar a este procedi­miento, en tanto, otras como serían las reglamen­tarias con rango constitucional (leyes orgánicas de la Constitución) están sometidas únicamente al procedimiento de las leyes ordinarias.

"La tesis de la proposición jurídica in­completa es ingeniosa pero olvida que la norma­tividad constitucional como máximo grado de abstracción dentro del ordenamiento jurídico constituye por regla general una proposición ju­rídica incompleta, que necesita del necesario des­arrollo legislativo. Ya nos enseñaba Adolf Merkl en su teoría de la formación del derecho por gra­dos que la ley es la ejecución del derecho creado en la Constitución y creación de derecho respecto de los grados inferiores…... La Constitución pre­vé que otros organismos del Estado se den su propio reglamento, como sucede por ejemplo con el Consejo de Estado... de acuerdo con la tesis de la proposición jurídica incompleta, las normas del Reglamento del Consejo de Estado se inte­grarían a la Constitución…..".

Y para concluir sus observaciones en punto a la naturaleza del Reglamento del Congreso, afirma:

"La causa de la confusión jurídica de los de­mandantes radica en la no distinción de las for­mas constitucionales y de las formas legales. Cuando se pretende someter al constituyente a lo dispuesto por un reglamento de naturaleza legal, se liega al extremo de considerar inexequible una reforma constitucional por no haberse conservado un nimio procedimiento previsto en ese reglamento ... una reforma de la Constitu­ción Política debería ser declarada inexequible porque no se leyó en voz alta un voto en blanco".

Termina su análisis el impugnante comentando los cargos de la demanda atinentes a la "disimi­litud de contenidos normativos" entre las dos legislaturas aprobatorias del acto acusado y, a la acumulación de los primitivos proyectos de reforma del mismo, entrambos aspectos sobre los cuales piensa que existe un "vacío relativo" en la Carta Fundamental, lo mismo que en el Re­glamento del Congreso, el cual a su juicio debe ser llenado por "los órganos de control".

Invoca el impugnante en abono de su tesis, contraria por supuesto a la de los actores la ''cos­tumbre parlamentaria", sobre la base de lo ocu­rrido en la tramitación de la reforma constitu­cional de 1968. Recuerda al efecto que en dicha oportunidad fueron acumulados tres proyectos de reforma- de la Constitución, el número 46 de 1966, el número 63 del mismo año y el número 251 de 1967, para su discusión en la segunda legislatura, los cuales entre otras cosas sumados, contaban con un total de 89 artículos, de los cua­les "desaparecieron 12 artículos", al término de la segunda legislatura, toda vez que el Acto le­gislativo aprobado contaba únicamente con 77 artículos.

En el marco de la citada reforma constitucio­nal de 1968, el impugnante cita diversos ejem­plos de "modificaciones sustanciales" realizada en la segunda legislatura respecto de regulacio­nes cristalizadas en la primera.

Tales: el artículo 120 de la Constitución, con respecto del cual:

"En el proyecto unificado aparece como nuevo el parágrafo del numeral 1° sobre prórroga de la paridad hasta 1978 y también la participación adecuada y equitativa del partido mayoritario distinto al del Presidente de la República en la integración de la Rama Ejecutiva y en la Admi­nistración Pública".

El artículo 81, sobre acumulación de proyectos, el cual:

''No fue debatido, ni disentido en primera le­gislatura, sino que apareció en su forma actual en el proyecto unificado y así fue aprobado".

Y, los artículos relativos precisamente, al con­trol de constitucionalidad cuya transformación de la primera a la segunda legislatura determinó entre otras cosas, que la Corte Constitucional, cu­ya creación fue aprobada en la primera legisla­tura, desapareciera en la segunda, para ser encambio creada en ésta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Termina expresando el impugnante por lo que a la acumulación de proyectos se refiere, obser­vando que:

"Allí precisamente radica la diferencia entre lo reglado y lo discrecional. Si no se ha previsto la forma como los proyectos deben ser acumula­dos, las Cámaras gozarán de libertad en la escogencia, de la forma para la realización de esa acumulación. Lo que sí resulta inaceptable jurí­dicamente es la pretensión de que ante la ausen­cia de norma condicionante del ejercicio de unafacultad porque el legislador así lo ha queridose deduzca la imposibilidad del constituyente pa­ra el ejercicio de tal facultad. Un razonamiento de este orden conduce inevitablemente al desco­nocimiento del concepto de discrecionalidad, en­tendida como la relativa libertad de que goza una autoridad ante la ausencia de limitantes legales''.

2º. Impugnación del ciudadano Parménides Salazar.

Alude en primer término este impugnante (fo­lios 181 y siguientes) a la promulgación del Acto legislativo acusado, criticando al respecto la po­sición adoptada por los actores al presentar dos demandas de inexequibilidad, antes y después de aquélla, lo cual revela a su juicio:

"Falta de seriedad intelectual, poca firmeza en las tesis planteadas, o cuando menos, ánimo de sorprender a la opinión pública del país con el montaje de un sincronizado aparato publicitario a través de los distintos medios de comunicación".

Y agrega al respecto glosando la "Teoría de la subsumación" entre los artículos 81 y 218 de la Constitución, expuesta por los actores que: "la publicación de la ley es el quinto requisito de ésta".

Comenta a continuación lo relativo a los efec­tos de la nulidad de la elección de las Comisiones Permanentes de la Cámara, dispuesta por el Consejo de Estado, estimando al respecto que la tesis de los actores:

"Parte del presupuesto legal y doctrinaria­mente equivocado de que las sentencias de nuli­dad, que a juicio de la Corte y del Consejo de Estado, se asemejan a los fallos de inexequibilidad, producen efectos retroactivos y que, por consiguiente, en el presente evento, la nulidad de la elección de la Comisión Primera de la honora­ble Cámara, implica automáticamente la nulidad de todos sus actos. Pero no. La decisión de inexequibilidad, como la nulidad se proyecta sobre el futuro y no sobre, el pasado, de donde emerge, como lo sostiene la Corte en sentencia de julio 30 de 1955 que: 'las consecuencias del fallo no trascienden a las actuaciones cumplidas con an­terioridad a dicho fallo'…de otra parte, nodebe olvidarse con relación a este tema, que den­tro del derecho colombiano no es de buen recibo, el criterio sobre la inexistencia de los actos administrativos. Estos pueden estar viciados de nu­lidad y por tanto, pueden ser anulados…. pero mientras no se declare tal nulidad, se presumencon existencia jurídica hasta dicha declarato­ria".

Seguidamente, el impugnante se refiere a la violación del artículo 75 de la Constitución, y a la indebida acumulación de los proyectos de reforma de la Carta, llegando a conclusiones si­milares en tal sentido, a las del impugnante anterior.

Sobre las modificaciones introducidas en la segunda legislatura al texto aprobado en la pri­mera, expone su criterio, según el cual:

"Sobre la base de lo ya dicho, de que si es procedente introducir modificaciones -y modi­ficaciones pueden ser recortes, agregados, trans­posiciones de textos, etc.- en la segunda legis­latura, porque de lo contrario 'para qué' esta segunda vuelta, si hubiese la obligatoriedad de repetir en ella exactamente el texto ya aprobado en la primera legislatura, significa ello que tales modificaciones intrínsecamente, no pueden ge­nerar violaciones del reglamento y, mucho me­nos, de las normas constitucionales invocadas por los demandantes".

En cuanto al hecho de que "en la segunda vuelta fue diferente el texto que se aprobó en primero y segundo debates en el Senado, del que se presentó a discusión para primero y segundo debates en la Cámara"; y de que existan "actas incompletas o mutiladas y tardíamente aproba­das", estima el impugnante en primer lugar que: "nos hallaríamos ante un caso de falsedad, en el cual también se encuentran en mora los de­mandantes, para denunciarla criminalmente y no sólo ellos, sino la totalidad de los congresistasde la Comisión Primera"; y en segundo término que:

"Por lo demás, trata de una práctica regla­mentaria -en el primer aspecto- de frecuente uso en la tramitación de proyectos de ley, que en nada afecta el contexto de tales proyectos. Si ello implicara devolución o revisión del mismo, sería quitarles cierta flexibilidad a una tarea de suyo compleja y dispendiosa, como es esta, de una reforma constitucional, hecha por el consti­tuyente dentro de un marco de clara competen­cia, para introducir al documento original, todas las modificaciones que estime pertinente en el decurso histórico de los distintos debates".

Trata por último este impugnante el hecho de que: "no se admitieron ni se discutieron en la segunda vuelta, la propuesta de discusión y vota­ción por separado de algunos artículos del pro­yecto, en el curso del primer debate en la Comi­sión Primera de la Cámara".

A este respecto, transcribe el impugnante la "declaración" certificada rendida por el doctor Zamír Silva Amín, Presidente de la Comisión Primera de la Cámara y ponente del Proyecto de Acto legislativo impugnado con fecha enero 17 de 1980, con base en la cual, en su sentir:

"Se colige de bulto entonces, que el problema de fondo, no es, como lo presentan los deman­dantes, el de que se les hubiera negado a los Par­lamentarios Villar Borda, Pinzón López, Vieira y Bernal Segura, su solicitud para que se discu­tieran y aprobaran por separado algunos artícu­los del Proyecto, sino que lo que se le negó al Representante Villar Borda fue la presentación de proposiciones sustitutivas en momentos en que ello lo prohíbe el Reglamento de la Cámara".

Igualmente, transcribe el texto del artículo 175 del Reglamento, para concluir que:

"Razón de más tuvo el señor Presidente de la Comisión al cerrarle el paso a las pretensionesdel honorable Representante Villar Borda. Yaél oportunamente había pedido votación por se­parado de algunos artículos y .ya se estaba vo­tando conforme con su pedimento, cuando resol­vió presentar proposiciones sustitutivas tantopara el artículo 2º como para los otros artículos.La votación se cumplió en debida forma y los mejores testigos son, como lo recuerda el doctor Silva Amín, los representantes Vieira y Bernal Segura, compañeros de Villar Borda en la oposi­ción al Proyecto, quienes sí acataron, la decisión Presidencial,permanecieron en el recinto y lo que es más importante, participaron en la votación".

3º. Impugnación de los ciudadanos César Gó­mez Estrada y Rodrigo Noguera Laborde (folios 242 y siguientes).

Siguiendo en general el orden temático que ha observado la Corte, en la presentación y síntesis de los alegatos, de quienes se han hecho parte dentro del presente proceso de constitucionalidad, cabe señalar que, los impugnantes anterio­res, se ocupan en su libelo, de los temas que a continuación se señalan:

Promulgación del Acto acusado. Critica en primer término la parte defensora anterior, la posición de la demanda en lo relativo a la vi­gencia del Acto acusado, y aludiendo de contera a las consideraciones de éste sobre dicho tópico, afirman que, tales reflexiones:

"….ponen de presente cómo, desde cuando la demanda apenas pretende entrar en materia, ya sus autores se colocan en situación de rebel­día contra normas expresas del propio Acto acu­sado, que desde luego se halla rigiendo, y crean así de antemano la sanción, corroborada después, de que no es con sujeción a los principios y cá­nones de la hermenéutica como organizan y mon­tan los cargos aducidos en su libelo. En efecto, no otra cosa que rebeldía contra el Acto acusado, inútil por lo demás es pretender que éste no re­quería ser promulgado para entrar en vigencia, teniendo en cuenta que expresamente aquél dis­pone, en su artículo 65 que'elpresente Actolegislativo rige a partir de su promulgación'. Nipara qué decir que la capacidad del Congresopara expedir un Acto reformatorio de la Consti­tución, lleva implícita la de señalar el momentoa partir del cual habrán de producirse los efectosde la reforma adoptada, como lo señaló en estecaso, diciendo que ellos se producirían a partirde la promulgación. Es infantil argüir, como lohace la demanda, que el artículo 65 aludido nocondicione la vigencia de la reforma en refe­rencia 'porque precisamente está en discusión,con nuestra demanda, su validez constitucional',pues afirmar tal cosa equivale a prohijar el ab­surdo de que la simple presentación de una de­manda produce el efecto extraprocesal de para­lizar el Acto objeto de aquella, de que en talevento ha de suponerse que sobrevendrá una sentencia que declare la inexequibilidad deman­dada, y anticipar entonces a la causa la produc­ción de sus efectos".

Normas constitucionales a cuya luz deba estudiarse la demanda y competencia de la Corte.

Encuentra la Corte que, en este sentido, existe una evidente contradicción de los libelistas. Cier­tamente, en un primer momento (folio 245) es­timan que las normas aplicables son las conteni­das en el Acto acusado, expresando al respecto que:

"Es evidente, conforme al artículo 214 de la Constitución, tal como quedó luego de la reforma de 1979, regla primera, que a la Corte Suprema le corresponde decidir demandas de inconstitucionalidad dirigidas contra actos legislativos, por vicios de forma".

Sin embargo, más adelante (folio 261) afir­man, aludiendo al tópico en comento que:

"Consideramos conveniente observar que la reforma impugnada suprimió el artículo 81 que trataba de la acumulación de proyectos. Perocomo él regía cuando se adoptó dicha reforma, le era entonces aplicable y por ello el punto tratado aquí es pertinente".

Precisan los libelistas, en concordancia con lo primeramente observado que, fuera de los vicios de forma previstos en el artículo 214 del acto demandado:

"Cuya exclusividad para el efecto dicho re­salta y realza la misma regla primera del ar­tículo 58 al anteponer el adverbio 'solo' a la descripción de ellos, no existen otras para apoyar una acción de inexequibilidad, y por ello no lo son los que se cometan por infracción de los reglamentos, en materias en que éstos no coincidan con lo prescrito en la citada regla primera del artículo 58 del Acto legislativo aquí acusa­do".

Y continuando con este último tema, de los vi­cios formales predicables del Acto censurado, agregan:

"... también en el proceso jurídico de expe­dición de un acto legislativo deben distinguirse entre los vicios que pueden dar lugar al aniqui­lamiento de éste, que no pueden ser sino los esta­blecidos en la regla primera del artículo 58 del Acto legislativo número 1 de 1970, de un lado, y las meras irregularidades, de otro. Dentro de es­tas últimas, por no estar nombradas en la citada regla, deben clasificarse todos los casos que conocasión del trámite parlamentario sean suscep­tibles de recurso, conforme con los reglamentos respectivos; ellos, por lo tanto, carecen de ulte­rior trascendencia ante la jurisdicción constitu­cional, pues si no son objeto de recurso, deben considerarse saneados; y si lo son, y el resultado es adverso al recurrente, entonces deben tenerse como rechazados definitivamente por la corporación respectiva. Se trata siempre en esos casos de problemas a los cuales la Constitución no lesda entidad bastante para montar sobre ellos unaacción de inexequibilidad. En la Ley 7ª del 45 sobre reglamento del Senado, se advierten varios eventos en que se da oportunidad a la interposición del recurso de apelación, con oportunidad a la discusión de un proyecto y contra decisiones de la Presidencia, como por ejemplo los previstos en los artículos 127, parágrafo 170, 176 y 225".

En este caso y en abono de sus puntos de vista, citan los impugnantes la sentencia proferida por la Corte Suprema el 28 de agosto de 1970 (Gaceta Judicial número 2338 bis, página 364), en la cual se trata por esta "la inexequibilidad de las leyes por vicios de forma en su expedición". Concluyen los libelistas este aspecto de su dis­curso que:

"Debe entenderse que lo que se deja expresado respecto a vicios de forma, en modo alguno sig­nifica aceptación o reconocimiento de que en el trámite de la reforma constitucional de 1979 se haya incurrido en las presuntas informalidades que la demanda le endilga, las cuales, de haber ocurrido, casi en su totalidad apenas serían sim­ples irregularidades, como tales irrelevantes de inexequibilidad...a nuestro juicio no se incu­rrió en ninguna de las informalidades que señalael libelo".

Naturaleza jurídica del Reglamento delCongreso.

Con el propósito de refutar la "jerarquía orgánico-constitucional" que la demanda le atribuye a dicho reglamento, los anteriores defensores del Acto atacado, entre otras cosas advierten:

"Salvo el caso de la llamada ley orgánica o normativa del presupuesto nacional y en virtud de lo previsto en el artículo 210 de la Constitu­ción, desde el punto de vista de la fuerza o vigorde su imperio no cabe distinción alguna entrelas leyes; en la escala de los valores jurídicostodas ellas están situadas al mismo nivel, sin que se pueda decir de ninguna que ocupe unlugar especial al lado de la Constitución, o que se considere parte integrante de ella por complementarla o desarrollarla y en general que en algún sentido no esté sujeta al régimen ordinario o común a que están sometidas todas las leyes. Mucho menos posible es suponer leyes que limiten o restrinjan las funciones del Congreso comocuerpo constituyente".

4º. La nulidad de la integración dela Comisiónde la Cámara.

Distinguen los defensores del Acto acusado, las nociones de invalidez e inexistencia, para soste­ner que, en tratándose de actos jurídicos de De­recho Público:

"... los efectos de la declaración de nulidad apenas se proyectan hacia el futuro, de suerte que todo lo actuado en el pasado bajo el imperio de la norma aniquilada, queda intacto e incó­lume".

Citan a este respecto, providencia de la Corte Suprema del 30 de julio de 1955, en la cual se identifican los conceptos de inexequibilidad y de­rogatoria en cuanto a sus efectos hacia el futuro, y citan igualmente el pronunciamiento sobre taltema del Consejo de Estado, igualmente trans­crito como ya se ha visto por el impugnador Ma­nuel S. Urueta, en el cual se asimilan "los efec­tos de la declaración de inexequibilidad a los de la declaración de nulidad".

En relación con este tema y glosando los car­gos de violación de los artículos 72 y 172 de la Carta invocada por los demandantes añaden los impugnantes que:

"La impropiedad de este cargo es manifiesta, porque aquí no se trata de discutir, ni es materia idónea para discutir ante la Corte Suprema de Justicia, cómo y en qué condiciones de legalidad o de constitucionalidad se hizo la elección de los miembros de la Comisión Primera de la Cámara a que se refiere el cargo. Eso seria materia del contencioso-administrativo''.

5º. La acumulación de los proyectos.

En relación con este cargo de la demanda, co­mienzan los impugnantes por observar que la demandaes inepta: "pues en realidad no dice en qué consiste esa indebida acumulación, ni señala norma concreta que la prohíba o que prescriba un trámite especial al efecto que aquí hubiese sido inobservado" y agregan:

"Esta afirmación, empero, no tiene sentido, porque la acumulación en el seno del Congreso de proyectos de reforma constitucional ya apro­bados por separado en una primera legislatura, como en este caso, nada tiene de incompatible con su discusión, así unificados, en la segunda legislatura, pues la unificación no destruye la respectiva identidad material de cada uno deellos, y debatirlos en conjunto no significa que no lo sea también cada uno, dado que las partes están implicadas en el todo. Por lo demás, la cir­cunstancia de que el artículo 218 de la Constitu­ción no hable de acumulación, en modo alguno quiere decir que la prohíba. Por el contrario, laConstituciónadmite la acumulación de proyectosde reforma constitucional, puesto que conformoal artículo 214 de la misma, tal como quedó con la reforma de 1979, los requisitos del artículo 81 deben observarse en materia de expedición de ac­tos de esa jerarquía, y el inciso penúltimo de dicho artículo 81 alude duramente a proyectosacumulados 'en la forma que ordena el regla­mento'" (folio 260).

Como quiera que en relación con este cargo, la demanda trae a colación el pliego de modifica­ciones que en la segunda legislatura fue presen­tado ante la Comisión Primera del Senado, los impugnantes recuerdan que dicho pliego de modificaciones:

"No sustituyó abrupta e ir regularmente los proyectos acumulados, como se ve muy bien de la historia del trámite a que fue sometida la reforma acusada ... no hay tal que, como lo sugiere la demanda, de manera intempestiva y de hecho el pliego de modificaciones hubiese de­salojado de sus respectivos cauces los proyectos aprobados en primera vuelta, sino que mediante la acumulación...se integraron o unificaronen un mismo caudal y dentro de un solo cauce,y así pasaron a ser debatidos conjuntamente en un pliego de modificaciones en la segunda legis­latura y a lo largo de los debates reglamentarios surtidos ante el Senado, primero, y en la Cámara luego" (folio 262).

6º. Diferencia de textos en la segunda, legisla­tura.

En referencia con este cargo, al tenor del cual, según los actores existen "diferencias entre el texto aprobado en primero y segundo debates en el Senado y el discutido y aprobado en primero y segundo debates en la Cámara, en la segunda legislatura", arguyen los impugnantes que:

"Al considerarse en el Senado en segundo de­bate el texto del proyecto se advirtieron unos errores en los artículos 3º, 20, 26, 27, 34, 46 y 47 que fueron debidamente salvados, como era ape­nas natural. Por esta razón, en el caso del ar­tículo 3° se suprimió la palabra 'administrativo';en el artículo 20 se eliminó la palabra 'princi­pal'; en el artículo 27 la expresión 'y tercero' yademás 'y los personeros'; en los artículos 34 y35 'a la Constitución', y, finalmente en los artículos 46 y 47 la palabra 'públicos'. Todo estoconsta en el Acta número 23 correspondiente ala sesión del día 17 de octubre de 1979, publicadoen los 'Anales del Congreso' número 96 del día23 de octubre de 1979. El proyecto así deman­dado fue enviado ala Cámara de Representantespara su estudio y aprobación. Luego no es ciertoque el proyecto aprobado por el Senado fuera distinto al estudiado y aprobado por la Cámara de Representantes.

"¿Podía el Senado hacer en la oportunidad arriba anotada las correcciones que hizo No cabe la menor duda. Aparte de lo que ya se expuso atrás, téngase presente que el artículo 45 del Có­digo de Régimen Político y Municipal dice: 'que los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudica­rán y deberán ser modificados (subrayamos) por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador'. De su parte los artículos 309, 310, 311 y 312 del Código de Procedimiento Civil autoriza a los jueces para aclarar, corregir errores, adicionar y subsanar irregularidades en las decisiones judi­ciales. Si esto es posible respecto de normas ju­rídicas y providencias ya expedidas, con mucha mayor razón lo será, sobre todo en las referentes a errores, en relación con normas en proceso de expedición. A casos como éste se refirió la Corte en su sentencia de 24 de septiembre de 1979 transcrita en la parte final del punto tercero de este escrito" (folio 273).

7º. Modificaciones introducidas en la segunda legislatura.

Finalmente y en punto a este cargo, cierta­mente el principal según el énfasis hecho por los actores, y según el cual, en la segunda legislatura se hicieron modificaciones a los textos constitu­cionales aprobados en la primera, a juicio de és­tos, con violación de la "cláusula de reforma" de la Carta Fundamental, afirman los impugnantes:

"Reconociendo que el punto ha sido objeto de controversia, es de aplaudir la orientación que en sentido favorable a una solución afirmativa se deduce de las prácticas y aun de pronunciamien­tos parlamentarios sobre el particular, así como la jurisprudencia de la Corte. Y es de aplaudir esa solución, porque el requisito de que el pro­yecto sea nuevamente debatido en una segunda legislatura no puede ser entendido como una sim­ple oportunidad para refrendar y reiterar una voluntad específica ya declarada en la primera legislatura, sino como nueva ocasión para conse­guir el máximo acierto o el óptimo grado de refi­nación en la escogencia de la fórmula constitu­cional que se quiera adoptar en cada caso. Lo otro sería asignar un sentido puramente mecá­nico a los debates de la segunda legislatura, sin más alternativa que confirmar o rectificar lo acordado en la primera, a expensas posiblemente de la urgencia y necesidad que haya de darle salida a conflictos institucionales, que por su propia naturaleza siempre son graves. La solución aquí defendida es la manera de darle mayor al canee y sentido a la necesidad de dos legislaturas, puesto que no haya duda de que ofrece ru­ello más agilidad y amplitud una fórmula que como la expuesta, permita que una reforma adoptada en la primera legislatura, sea susceptible de modificarse y perfeccionarse en la segunda que otra que niegue estas posibilidades'" (folios 262 y siguientes).

Con el propósito de fundamentar este aserto los impugnantes citan como antecedente lo ocu­rrido en la tramitación de la reforma constitu­cional de 1968, lo que ejemplifican citando lo relativo al control de la Constitución dentro de la misma.

Igual que la Procuraduría, citan los impug­nantes, transcribiendo su texto, la declaración que el Senado de la República hizo en relación con este tema, publicada en los "Anales del Congreso" del 25 de julio de 1968. Citan igualmente algunas consideraciones de la Corte en materia de tramitación de los proyectos de ley hechas en "sentencia de 24 de septiembre de 1979, que resolvió sobre la demanda de inexequibilidad propuesta contra la Ley 14 de 1979, y fue publi­cada en la revista "Foro Colombiano", número 124, tomo XXI, páginas 312 y siguientes."

Concluyen los impugnantes sus consideracio­nes alrededor del tema en cuestión, afirmando que (folio 268):

"Como síntesis de todo lo que se viene, dicien­do, pues, resulta que, con tal que sean aprobadas en ambas Cámaras y que se trate de materias que hubiesen sido objeto de discusión en la primera legislatura, es perfectamente admisible que en la segunda legislatura se introduzcan cambios de contenido al proyecto de reforma constitucional aprobado ya en la primera, sin necesidad de reiniciar la totalidad del proceso exigido por la Constitución para esa clase de actos en su ar­tículo 218; y que mucho más admisibles todavía son las modificaciones, cuando se refieren apenas al aspecto formal o de redacción de artículos del proyecto. Inclusive, por lo que a esto último res­pecta, la sentencia de la honorable Corte atrás transcrita permite que las modificaciones mera­mente formales se produzcan en una sola de las Cámaras, sin necesidad del asentimiento de la otra ... los cambios que en la segunda legisla­tura se introdujeron durante los surgidos en el Senado, acogidos, con el proyecto general, en los dos debates que a su turno sufrió en la Cámara, se ve con claridad que aquellos cambios o modificaciones de alcance sustancial no versaron sobre temas o materias que no hubieran sido trata­dos y discutidos en la primera legislatura, sino todo lo contrario... lo realmente sucedido fue que problemas de la misma índole, descritos en cada artículo fueron objeto de ciertas y determinadas fórmulas de solución en la primera le­gislatura, y de otras distintas, que sustituyeron aquellas en la segunda".

Terminan su alegato los impugnantes, aludien­do al cargo según el cual "se produjeron actas incompletas o mutiladas y tardíamente aproba­das", respecto de lo cual estiman que se trata de un cargo "infundado y temerario" toda vez que "en ninguna parte del expediente hemos encon­trado probados estos hechos'', y que de todas suertes, no se trataría en ningún momento At ';vicios de inconstitucionalidad ... la mutilación de actas sería un delito y un acta incompleta se­ría un acto irregular, pero nada más''.

VII

Elementos de prueba allegados al proceso

El material decisorio allegado al presente pro­ceso de constitucionalidad contra el Acto legis­lativo número 1 de 1979, ha sido integrado fuera del cuaderno principal en tres "anexos" y dos cuadernos de pruebas y, en general comprende los siguientes elementos de juicio:

Anexo 1. Se trata en este caso de los docu­mentos allegados por los actores a la demanda contra el mencionado Acto legislativo. Y se re­duce, por una parte, a un ejemplar de los "Ana­les del Congreso", autenticado por el Secretario General de la Cámara de Representantes, corres­pondiente al 27 del mes de noviembre del citado año de 1979; y por otra, a un ejemplar del pe­riódico "El Espectador".

El ejemplar de los "Anales del Congreso", es el número 120 del año XXII, y comprende espe­cialmente el acta de la sesión de la Cámara Plena del miércoles 21 de noviembre de 1979. En él se destaca la constancia dejada el día 20 del mes de noviembre de 1979 por el Representante Zamir Silva Amín, en su doble condición de ponente del proyecto de acto legislativo y de Presidente de la Comisión Primera "sobre el procedimiento que se adoptó en la Comisión Pri­mera para la discusión y votación del articulada del proyecto, en la sesión del día 6 del mismo mes".

Dicha constancia se refiere entre otras cosas a la solicitud para que se votaran separadamente diversos artículos del proyecto, firmada por los Representantes Luis Villar Borda. Jaime Pin­zón López y Alvaro Bernal Segura; a la vota­ción por separado de tales artículos y, al otorgamiento de la palabra al Representante primeramente citado, una vez terminada dicha vo­tación "para que explique su voto", el cual en ese momento presentó "algunas proposiciones sustantivas y, a la determinación de la Presi­dencia de no someter a discusión tales proposi­ciones por expresa prohibición del reglamento de la Cámara, cuyos artículos 174, 175 y 203 se transcriben, lo mismo que los artículos 17 y 18 de la Ley 7ª de 1945.

A continuación de la constancia anterior, in­terviene el Representante Cardona Hoyos, el cual enfatiza que la reforma implica "algunos pequeños beneficios para el desarrollo del Parlamento Colombiano" (página 1792).

Los "Anales" respecto de la sesión mencio­nada, comprenden igualmente otras constancias, entre ellas de los Representantes Villar Borda y Pinzón López sobre la votación anteriormente mencionada, e intervenciones sobre la reforma en cuestión de los Representantes Rodolfo Gon­zález, Luis Villar Borda, Mario González, Emilio Urrea y Mary Díaz Castro, y finalmente (página 1799) la votación correspondiente al segundo debate -Cámara Plena- del proyecto de refor­ma constitucional, concluyendo el acta respectiva que:

"En consecuencia, el articulado del proyecto de Acto legislativo número 1 Senado, 110 Cá­mara de, 1978, 'por el cual se reforma la Consti­tución Nacional ha sido aprobado de acuerdo con el texto que adoptó la Comisión Primera'.

"Cerrado el segundo debate de este proyecto (en segunda vuelta), la honorable Cámara, con las formalidades constitucionales y legales, y se­gún lo preceptúa el artículo 218 de la Carta Fundamental, declara su voluntad de que sea norma constitucional.

"Preguntada la Cámara si quiere que el pro­yecto de Acto legislativo reforme la Constitu­ción Nacional, responde afirmativamente por unanimidad".

El ejemplar de "El Espectador" corresponde al número 25713 del 29 de noviembre de 1979, en cuya página .10 A y, bajo el título "Mutila­ción del Acta 17 de las reformas", se informa que la solicitud anteriormente citada para la votación por separado de algunos artículos de la reforma, no fue incluida en el Acta respectiva, y que el Presidente de la Comisión, reconoció al respecto la existencia de un "descuido por parte del Secretario".

Anexo número 2. Contiene diecisiete ejempla­res de los "Anales del Congreso", cuyo conte­nido para los efectos del presente proceso, es elsiguiente:

1º. Año XXI, número 13, agosto 9 de 1978. "Proyecto de Acto legislativo número 5 de 1978. 'por medio del cual se modifica el artículo 103 de la Constitución Nacional y se deroga el ordi­nal 3º del artículo 78 de la misma', presentadopor Humberto Críales de la Rosa, Senador dela UNO".

AñoXXI, número 30, septiembre 14 de 1978, "Ponencia para primer debate sobre el Pro­yecto de acto legislativo número 2 de 1978. 'por el cual se reforma la Constitución Nacional a fin de prohibir las reelecciones para el período in­mediato, con el objeto de dar autonomía al Mi­nisterio Público y de precisar los alcances del numeral 14 del artículo 120', Roberto Gerlein Echeverría, Senador".

AñoXXI, número 35, septiembre 26 do 1978. "Ponencia de los honorables Senadores Es­pinosa Valderrama, Pardo Parra y Lorduy Ro­dríguez, sobre los proyectos del Acto legislativoque reforman el Congreso Nacional". Se advierteque se ha trabajado "sobre quince (15) proyec­tos de acto legislativo, presentados uno de ellos por el Ministro de Justicia y los demás por di­versos Senadores, uno de ellos, según revisión delpresentado en 1976 por los signatarios del Con­senso de San Carlos".

4º. AñoXXI, número 36, septiembre 27 de 1978. "Proyecto de Acto legislativo número 71 de 1978, por el cual se reforman los artículos 59 y 144 de la Constitución Nacional", presentado por un grupo de representantes.

5º. AñoXXI, número 53, octubre 23 de 1978. "Ponencia para segundo debate de la reforma constitucional del Congreso rendida por el Se­nador Augusto Espinosa Valderrama". Texto del proyecto.

AñoXXI, número 55, octubre 25 de 1978. "Proyecto de Acto legislativo y de ley para se­gundo debate''.

AñoXXI, número 56, octubre 26 de 1978. "Los Actos legislativos para reformar las es­tructuras de la Rama Judicial. La ponencia de los Senadores Jaime Castro, Estrada Vélez, Es­cobar Méndez y Vidal Perdomo para primer debate". Se advierte que se tuvieron en cuenta tres proyectos anteriores, presentados por el Ejecutivo y por diversos Senadores.

8º. AñoXXI, número 62, noviembre 7 de 1978. Senado. "Discusión del proyecto de acto legisla­tivo 'por el cual se reforma la Constitución Na­cional'. 'Constancia del Representante Gilberto Salazar R".

AñoXXI, número 72, noviembre 16 de 1978. Senado. "Ponencia para segundo debate sobre el proyecto de Acto legislativo número 4de 1978, 'por el cual se reforma la Constitución Nacional'. Senador Miguel Escobar Méndez".

10. AñoXXII, número 55, agosto 8 de 1979, "Pliego de modificaciones que presenta el po­nente, Senador Augusto Espinosa Valderrama, para unificar en segunda vuelta, con algunos cambios los proyectos de acto legislativo que en la primera se tramitaron bajo los números 1 y 4".

11. AñoXXII, número 88, octubre 9 de 1979, "Ponencia para segundo debate, en la segunda legislatura ordinaria, presentada por el Senador Augusto Espinosa Valderrama".

12. Año XXII, número 90, octubre 10 de 1979. "El articulado del Proyecto de acto legis­lativo número 1 de 1978".

13. Año XXII, número 91, octubre 11 de 1979. "Acta número 20. Discusión Senado. Se­gundo debate".

14. Año XXII, número 92, octubre 16 de 1979. "Acta número 21, Discusión Senado. Se­gundo debate".

15. Año XXII, número 99, octubre 25 de 1979. "'Acta número 25. Errores involuntarios en el acta de la reforma constitucional".

16. Año XXIII, número 1, enero 28 de 1980 "Texto completo del Acto legislativo número 1 de 1979",

17. Año XXIII, número 40, septiembre 1º de 1980. "Proyecto de ley número 10 de 1980 sobre Reglamentos del Congreso Pleno y el común de las Cámaras Legislativas".

Anexo número 3.

Contiene dos cuadernos en "fotocopia autén­tica", correspondientes al "Expediente electoral número 499" tramitado en el Consejo de Estado, en relación con la "nulidad de la elección de las Comisiones Permanentes de la honorable Cámara de Representantes verificada el día 1º de agosto de 1978, por Proposición número 18".

El primer cuaderno se inicia con el poder otor­gado por Gilberto Vieira, José Cardona Hoyos y Gustavo Osorio al doctor Humberto Criales de la Rosa y termina con la sentencia de nulidad dictada el día dos de julio de 1979 con ponencia del Consejero Mario Enrique Pérez.

El segundo cuaderno contiene por su parte, las pruebas correspondientes al citado proceso elec­toral.

Cuaderno de pruebas número 1.

Este cuaderno contiene los siguientes docu­mentos, en el orden en que han sido incorporados al informativo:

I. Copia auténtica del "Acta número 19 co­rrespondiente a la sesión del 28 de noviembre de 1979, de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes".

II. Folleto intitulado "Reforma Constitucio­nal. Acto legislativo número 1 de 1979", el cual aparece como "Editado e impreso en los Talle­res Gráficos del Banco de la República", y cuya "autenticidad editorial" aparece igualmente certificada (folio 24 bis) por el señor SecretarioGeneral de la Presidencia de la República, doc­tor Gustavo Humberto Rodríguez.

III. Los siguientes ejemplares de los "Anales del Congreso" debidamente autenticados y en­viados a solicitud de la Corte Suprema:

1º. No. 54 del 2 de agosto de 1979 (folio 17)

2º. No. 55 del 8 de agosto de 1979 (folio 17 bis)

3º. No. 90 del 10 de octubre de 1979 (folio 18)

4º. No. 96 del 23 de octubre de 1979 (folio 19)

5º. No. 80 del 28 de noviembre de 1979 (fol. 29)

6º. No. 88 del 5 de diciembre de 1978 (folio 30)

7º. No. 89 del 6 de diciembre de 1978 (folio 31)

8º. No. 92 del 11 de diciembre de 1978 (fol. 32)

9º. No. 104 del 22 de diciembre de 1978 (fo­lio 33)

10. No. 54 del 2 de agosto de 1979 (Folio 34)

11. No. 104 del 5 de Nov. de 1979 (folio 35)

12. No. 117 del 21 de Nov. de 1979 (folio 36)

13. No. 120 del 27 de Nov. de 1979 (folio 37)

14. No. 1 del 28 de enero de 1980 (folio 37 bis)

15. No. 35 del 26 de septiembre de 1978 (folio 40)

16. No. 53 del 23 de octubre de 1978 (folio 41)

17. No. 62 del 7 de Nov. de 1978 (folio 41 bis)

18. No. 96 del 22 de Nov, de 1978 (folio 42)

19. No. 94 (segunda edición) del 12 de diciem­bre de 1978 (folio 43)

20. No. 101 del 19 de Dic. de 1978 (folio 44)

21. No. 13 del 15 de marzo de 1979 (folio 45)

22. No. 14 del 16 de marzo de 1979 (folio 46)

23. No. 18 del 22 de marzo de 1979 (folio 47)

24. No. 20 del 27 de marzo de 1979 (folio 48)

25. No. 24 del 30 de marzo de 1979 (folio 49)

26. No. 54 del 2 de agosto de 1979 (folio 50)

27. No. 90 del 10 de octubre de 1979 (folio 51)

28. No. 104 del 5 de Nov. de 1979 (folio 52), y

29. No. 120 del 27 de Nov. de 1979 (folio 53)

IV. Un ejemplar del "Diario Oficial" (folio 24) correspondiente al 2 de febrero de 1979, en el cual se publican los Decretos número 122 de enero 24 de 1979, "por el cual se ordena la pu­blicación del Proyecto de actos legislativos núme­ros 4 y 144 de 1978 del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, 'por el cualse reforma la Constitución Nacional'; y del De­creto 123 de enero 24 de 1979, 'por el cual seordena la publicación del Proyecto de acto legis­lativo número 1 de 1978 (Cámara 110 de 1976)'por el cual se reforma la Constitución Nacio­nal' ".

V. Cinco ejemplares (folios 58, 64, 70, 76 y 92) de la certificación jurada del Representante Luis Villar Borda, en relación con la sesión del 15 de noviembre de 1979. Alude especialmente dicho representante a la "omisión inexplicable e injustificable" de incluir en las actas respec­tivas la solicitud hecha por él y por otros Repre­sentantes, para que se votaran separadamente determinados artículos del proyecto de reforma de la Constitución, el cual a su juicio pretendió explicarse como "un descuido de Secretaría por el Representante Zamir Silva".

VI. Comunicación (folio 81) del Represen­tante Jaime Pinzón López, referente a las diferencias existentes entre la publicación hecha en el número 90 de los "Anales", y la publicación realizada en el número 96 de la misma publica­ción, y según el cual:

"Ha debido ordenarse por la Presidencia del Senado su regreso a la Comisión para corregirlo en su redacción, y con mayor razón ha debido re­gresarse para los mismos efectos desde la Cá­mara".

VII. Certificación jurada (folio 83) del Re­presentante Gilberto Vieira sobre los mismos hechos.

En certificación jurada, realizada, (folio 99) en la misma fecha, febrero 5 de 1980, el Repre­sentante anterior, se refiere también a lo ocu­rrido con la solicitud para que se discutieran yvotaran por separado algunos artículos de la re­forma, agrega:

"Esta declaración, a pesar de haberse leído en la sesión, no fue incluida en el acta correspondiente y al discutirse ésta, en la sesión del 28 de noviembre, protestamos contra semejante irregu­laridad, la cual nos obligó a dejar la siguiente constancia incluida en el acta correspondien­te…".

VIII. Certificación jurada del Representante Zamir Silva Amín, el cual explica la diferencia anterior de textos, expresando que:

''Como consta en los 'Anales del Congreso' nú­mero 90 de 1979, página 1336, la publicación del Proyecto de acto legislativo número 1 de 1978, corresponde al texto aprobado en debate de Co­misión, segunda vuelta, en la sesión del 4 de octubre de 1979 de la Comisión Primera delSenado.

"En 'Anales del Congreso' número 96 de 1979, página 1432, fue publicado el texto del Proyecto de acto legislativo número 1 de 1978, conforme había sido aprobado en debate de plenaria del Senado, segunda vuelta, en la sesión del 17 de octubre de 1979.

"Estas publicaciones se refieren a textos dis­tintos, pues la Plenaria del Senado por decisio­nes mayoritarias, suprimió algunas expresiones del texto que había aprobado la Comisión.

''En esta forma queda expuesto mi criterio so­bro la realidad de una imaginaria alteración delProyecto de acto legislativo número 1 de 1978'por fuera de las condiciones constitucionales',como ligeramente lo afirman los demandantes".

IX. Certificación jurada (folios 10, 11 y si­guientes) del Secretario General de la Comisión Primera de la Cámara, de Representa ni es, en la cual y respecto de los puntos anteriores, se lee:

"Es cierto que la discusión del Acto legislativo número 1 de 1979, se realizó (sic) los días 6 al 15 de noviembre, y que las actas correspondientes a dichas sesiones sólo fueron aprobadas el día 28 de noviembre. Este hecho se justifica en ra­zón de que, en el curso del debate en referencia intervinieron 17 honorables Representantes en el siguiente orden numérico y cronológico, de dondese infiere que era físicamente imposible elaborarde un día para otro las actas que por su volumen e importancia del contenido, exigían meticuloso estudio por parte del Secretario, quien tiene bajo su responsabilidad tan delicado asunto.

''De todos modos declaro que las actas fueron aprobadas dentro del término legal tal como pres­cribe el reglamento de la Corporación".

Con respecto a la solicitud, para que se discu­tieran y votaran por separado algunos artículos, expresa igualmente el declarante anterior que:

"....El honorable Representante Luis Villar Borda, reconoció públicamente ante los miembros de la Comisión, que la omisión observada en el Acta número 17 fue involuntaria, y así se con­templa expresamente en el Acta número 19 de noviembre 28 de 1979 cuando dice 'afirmó el honorable Representante Luis Villar Borda, que se debe presentar por la Presidencia, u ordenar a la Secretaría, hacer en el Acta 17 la respectiva corrección; creo que se trata de una omisión involuntaria la cual debe subsanarse' ... las actas fueron aprobadas con el lleno de las formalida­des legales vigentes ... en ningún momento se violaron las normas establecidas por el Regla­mento de la Corporación en concordancia con la Constitución Nacional".

Cuaderno de pruebas número 2.

Tal como aparece anunciado en el oficio fir­mado por el Secretario General de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes Gerar­do León Pedroza, fechado el 1º del mes de fe­brero de 1980 y que corre al folio 21 del cuaderno anterior, en este nuevo cuaderno se incluyen "xerocopias del Acta número 17 correspondien­te a la sesión del día 15 de noviembre de 1979,que fue aprobada el día 28 de noviembre de 1979. Xeroxcopias del Acta número 19 del 28 de noviembre de 1979".

También incluye este cuaderno mediante el mismo sistema, el Acta número 14 de la misma Comisión Primera de la Cámara de Representan­tes; del Acta número 16 de noviembre 14; del Acta número 18 de noviembre 21.

Finalmente conviene advertir, que, de acuerdo con el oficio anteriormente mencionado de la Se­cretaría General de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se allegaron al infor­mativo "cinco cintas magnetofónicas contentivas de la discusión y aprobación en la reforma delCongreso y a la Justicia en primera vuelta Actolegislativo número 1 de 1970".

VIII

Desarrollo del proceso

En la evolución del presente juicio de constitucionalidad, deben mencionarse los siguientes aspectos procesales, cuya significancia, determina la necesidad de tal mención, para un cabal enten­dimiento de tal desarrollo, y por lo mismo, de los distintos problemas que marcaron su curso.

1º. La demanda fue admitida, mediante provi­dencia dictada el día 22 del mes de enero de 1980, firmada por el Magistrado sustanciador, doctor Oscar Salazar Chaves (folios 107 y si­guientes), providencia en la cual se dispuso igualmente la práctica de diversas pruebas.

2° La recusación al señor Procurador se hizo por dos de los actores (folio 116), los ciudadanos Tarcisio Roldan y Clímaco Giraldo, en escrito presentado el 8 de febrero del citado año.

La fundamentación de tal recusación fue ulte­riormente ampliada por los mismos ciudadanos (folio 223) mediante escrito presentado el 23 de julio del mismo año; y dicha recusación (folio 216) fue tramitada "por analogía, por el proce­dimiento establecido en el Decreto 432 de 1969".

Luego de producidas diversas comunicaciones, se abrió "a prueba" (folio 235) el incidente de recusación, mediante auto de agosto 22 de 1980, habiéndose allegado un abundante material de­cisorio que obra a folios 282 y siguientes, relacionado con la intervención del funcionario re­cusado en la tramitación del Acto legislativo atacado.

Finalmente, mediante auto (folio 329) del 26 de septiembre, la Sala con un salvamento de voto declaró probada ''la causal de recusación 'y se dispuso que el traslado ordenado se cumpliera' con el Viceprocurador General de la Nación".

Fue ponente el doctor Policarpo Castillo Dávila, quien había sido sorteado para tal efecto en "Sala de conjueces" (folio 155), oportunidad en la cual se eligió como Presidente para los efectos correspondientes al doctor Adán Arriaga Andrade.

3º. Solicitada la reposición (folio 340) de tal auto, por los mismos actores que adelantaron la recusación, la Corte en providencia de cinco de diciembre (folio 348) de 1980 la negó, con unsalvamento de voto, ratificando su criterio, de que el traslado respectivo debía correrse a la Viceprocuraduría General de la Nación.

IX

Consideraciones de la Corte

I. La promulgación del Acto legislativo.

Si bien este aspecto no se encuentra involu­crado en la decisión respectiva, toda vez que, tanto los actores como la Procuraduría General de la Nación y los impugnantes se han referido al mismo, no resulta impertinente aludir a él, mayormente con el propósito de relacionar este proceso sometido a la jurisdicción constitucional, con los demás que fueron intentados contra el mismo acto legislativo.

Ciertamente, la Corte tuvo oportunidad de analizar detenidamente el tema anterior, en las providencias dictadas el 6 de noviembre de 1980 (Expediente número 784), el 27 de noviembre de 1980 (Expediente número 782) y diciembre 4 del mismo año (Expediente número 783) enque fueron demandantes respectivamente; Ro­berto Vera Ramírez, los ciudadanos que figuranigualmente como actores en este proceso, y Hum­berto Críales de la Rosa, Hernán Suárez Sanz, Alvaro Echeverry Uruburu y Carlos Alfonso Mo­reno. Tales demandas fueron presentadas en su totalidad antes del 20 de diciembre de 1979, fe­cha en la cual se realizó la promulgación del Acto legislativo acusado.

La Corte Suprema en tales oportunidades, es­timó que no era el caso de proferir sentencia de mérito, con base en la mentada presentación de las demandas antes de la vigencia del Acto legis­lativo, y, en consecuencia resolvió declararse inhibida.

Las razones principales, que en tales oportuni­dades tuvo en cuenta la Corte, para llegar a di­cha conclusión, son las siguientes:

"...Deben diferenciarse nítidamente dos mo­mentos dentro del proceso legislativo, esto es: la existencia, por una parte de la ley en sentido formal; y por otra, el cumplimiento u observan­cia de la misma, fenómenos que corresponden a lo que la jurisprudencia ha venido conociendo como el período de expedición de la ley, que ter­mina con la sanción de la norma; y el período depromulgación integrado por hechos posteriores a la mencionada sanción.

"En este sentido no puede jurídicamente ne­garse la existencia del acto legislativo antes de su promulgación, el cual constitucionalmente es una manifestación de la voluntad soberana del Parlamento. Lo que no puede predicarse es su obligatoriedad con anterioridad a la promulga­ción por él mismo ordenada, toda vez que, la pu­blicación no es otra cosa en efecto, que la exteriorización general de la ley, constituyendo un acto distinto de la sanción y que debe considerarse como indispensable para que la nación, su destinataria natural, conozca la norma.

"………………………………

"El control de constitucionalidad, consecuen­cia lógica de la supremacía o superlegalidad de la Constitución conlleva por su propia natura­leza a un enfrentamiento normativo; en ningún caso a un enfrentamiento de orden fáctico entre un hecho o acto que carece aún de la normatividad propia del deber ser, con la Constitución Na­cional. Desde luego se exceptúa de tal regla el control previo, consagrado expresamente por el constituyente.

"Tratándose así de un enfrentamiento norma­tivo, se requiere de contera, que las normas ob­jeto de la comparación se encuentren ambas en vigencia, que exista una evidente coetaneidad normativa, sólo lo cual puede conducir a una decisión sobre la validez o invalidez del precepto cotejado con la Constitución.

Si bien históricamente no puede predicarse en el país uniformidad absoluta en materia de vi­gencia de los actos legislativos, no resulta aven­turado afirmar sin embargo, que ha existido una evidente tendencia del constituyente, ya originario ora derivado, a condicionar la vigencia de ellos a su promulgación.

"……………………………

"Este repaso de la historia constitucional del país permite deducir inequívocamente que la vi­gencia de las reformas la determina y correspon­de determinarla al propio constituyente primario derivado y que en caso de silencio, a La luz de los principios generales, debe interpretarse que rige a partir de su promulgación como acertada­mente lo entendieron las Cámaras legislativas en 1936.

"El Acto legislativo número 1 de 1979, acu­sado por los demandantes, fue sancionado por el Presidente de la República el 4 de diciembre de 1979 y promulgado mediante inserción completa en el Diario Oficial número 35410 el día 20 de diciembre del mismo año. El artículo 65 termi­nantemente ordenó El presente Acto legislativo rige a partir de su promulgación. Vale decir en­tonces, que antes del 20 de diciembre de 1979 por no haber entrado en vigencia ese Acto, regía en su plenitud la Constitución de 1886 con las reformas introducidas hasta el Acto legislativo número 1 de 1968, ese fue el querer del constitu­yente derivado" ("Foro Colombiano", tomo XXIV, número 139, Bogotá, enero de 1981, pá­ginas 35 y 48).

II. Normas de la Carta Fundamental a las cuales está sometido el presente juicio de constitucionalidad.

1º. El proceso de constitucionalidad no es otra cosa en último análisis que la comparación de la norma acusada con los preceptos de la Carta Política del Estado. Determinar por lo tanto en este caso, si dicha comparación debe hacerse con las normas de la Constitución vigentes basta el 19 de diciembre de 1979, o con las normas consti­tucionales, incluidas las reformas realizadas por el Acto legislativo acusado, viene a ser un aspecto previo de capital importancia. A él se han refe­rido con más o menos extensión, la mayoría de quienes intervienen en el proceso, algunos de ellos contradictoriamente como ya se ha obser­vado en esta providencia. Por ello encuentra la Corte indispensable, definir su posición al res­pecto.

2º. Dicho aspecto, cobra especial significación si además se tiene en cuenta que, de antiguo y en forma reiterada la Corte ha sostenido que, tra­tándose de leyes, la citada confrontación debe hacerse entre ellas y las normas constitucionales vigentes al momento de la defensa de éstas, toda vez que el Estado en efecto, regula su actividad y su existencia según la Constitución vigente.

Así, en providencia del 29 de mayo de 1933, afirmó diáfanamente la Corte que:

"La misión -defensora de la Constitución- confiada a la Corte por la enmienda del año 10, se refiere naturalmente a aquellos cánones de la Carta vigentes a la fecha en que la guarda de éstos haya de ejercerse. Las disposiciones derogadas ora expresa, ora tácitamente, no formando ya parte del estatuto, no tienen observancia y por lo mismo la función defensora de la Corte no puede comprenderlas" (Gaceta Judicial, tomo XXXLX (sic), páginas 1 y siguientes).

Y ulteriormente, en sentencia del 21 de no­viembre de 1946, agregó la corporación:

"Si el precepto constitucional base de la de­manda fue modificado por voluntad expresa del constituyente, es lógico que la solicitud sobre inexequibilidad de leyes acusadas debe resolverse de conformidad con los textos constitucionales que se hallen en vigencia" (Gaceta Judicial, to­mo LXII, páginas 7 y siguientes).

Estos puntos de vista han sido materia de re­ciente ratificación por la Corte, al decidir dos procesos de particular importancia: el de la Jun­ta Monetaria -junio 12 de 1969- y el de la Co­misión Nacional de Valores -mayo 14 de 1981-.

3° Habida consideración de la "superlegalidad" de la Constitución, vale decir de la supe­rioridad jerárquica de ésta, frente a la restante normatividad jurídica del Estado, la tesis ante­rior resulta absolutamente indiscutible, y de ella se derivan en consecuencia fenómenos tales como: 1° la inconstitucionalidad sobreviniente, el cual se presenta cuando una ley que es constitucional a la luz de las normas constitucionales vigentes, deja de serlo al ser modificadas éstas; 2º el de la constitucionalidad sobreviniere, la que a su turno ocurre cuando una norma, inconstitucional a la luz de la Carta vigente, deja de serlo romo resultado de la reforma de ésta.

Este último fenómeno, se conoce igualmente por la doctrina como la "purga de inconstitucionalidad"; por estimarse que una ley purga su vicio inicial de inconstitucionalidad, en el caso de que el canon de la Carta Política que quebran­taba, sea derogado; o cuando recibe sustento constitucional, con posterioridad a su expedición, como ya se indicó.

Empero, tratándose de la confrontación de normas constitucionales; con otras de la misma Carta Fundamental, el problema cambia radical­mente, y la tesis anterior resulta inaceptable.

No es la menor de las razones, la ya indicada de la superlegalidad de la Constitución, como quiera que tratándose de normas que, hacen par­te de la Carta Política del Estado, no puede decirse formalmente hablando, que una o varias normas de la citada Constitución sean superiores a las otras.

Podría inversamente presentarse el fenómeno en aquellas constituciones que constan de "cláu­sulas intangibles", vale decir de preceptos a los cuales el propio constituyente primario o deri­vado ha revestido de un cierto grado de intangibilidad, al disponer que no pueden ser alteradas dentro de precisos períodos de tiempo, o definiti­vamente las ha hecho intangibles, al determinar que nunca podrán ser modificadas.

Ejemplos de tales disposiciones constituciona­les intangibles, los encontramos para no recurrir a casos extraídos del Derecho Constitucional Comparado, en algunas de nuestras primeras constituciones, adoptadas con posterioridad a la independencia política de 1810.

Así por ejemplo, la Constitución de Cundinamarca de 1811 determina al respecto:

"Título TV. De la Representación Nacional.

"Artículo 4º. El acto de revisar la Constitu­ción toca al Colegio Electoral, cuando venga au­torizado a este efecto, bajo las reglas siguientes:

"5-1. La revisión no tiene lugar hasta pasados cuatro años, que se contarán desde el día en que, sancionada esta Constitución, se haga su publi­cación.

"6-2. Tampoco tiene lugar la- revisión en cuan­to a las bases primarias, ni respecto do los ramos secundarios se podrá hacer de una vez en su tota­lidad, pues aunque parezca necesario refundirla toda, se ejecutará esto por partes y en diversos tiempos, mediando entre revisión y revisión a lo menos seis meses".

(Manuel Amonio Pombo, José Joaquín Gue­rra, Constituciones de Colombia. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 1951, tomo I, pá­gina 135. Subraya la Corte).

Y la Constitución del mismo Estado de Cundinamarca del año de 1812, consagra así mismo que:

"Título III. De la Representación Nacional.

"'Artículo 6° Los tres poderes que componen la Representación Nacional, notificándose mutua­mente deben presentar al Colegio Electoral las observaciones que hubiesen hecho sobre la Cons­titución, para que según ellas sea revisada.

"Artículo 7° El Colegio Electoral vendrá, siem­pre con el carácter de revisor de la Constitución; pero verificará la revisión arreglándose a lo dis­puesto en el artículo anterior, y jamás podrá tocar con las bases de aquélla, que son la Religión Católica, Soberanía del Pueblo y Gobierno Tritárquico" (Ob. cit., tomo II. página 13. Subraya la Corte).

Pero obviamente este caso no se presenta en la Constitución actual del Estado colombiano, no siendo dable de contera hablar como ya se indicó, de jerarquías, en relación con las normas que la integran.

Estas las razones, además naturalmente de las dificultades casi insalvables, todavía más tratán­dose de normas constitucionales, que tradicionalmente han encontrado la doctrina y la jurispru­dencia, para diferenciar las normas sustanciales de las normas procesales, por las cuales encuen­tra la Corte que no es dable jurídicamente esta­blecer diferencias jerárquicas entre las normas de la Constitución Nacional.

Una vez que el constituyente ha decidido en ejercicio de sus facultades elevar a canon cons­titucional una determinada norma, cualquiera que ella sea: ésta, en virtud de tal decisión jurídico-política queda revestida de la misma entidad e importancia de todas las demás que integran el documento constitucional respectivo, y su en­mienda o derogatoria requiere en consecuencia las mismas condiciones que el resto de aquéllas.

4º. De aceptarse que una reforma de la Consti­tución debe estudiarse de acuerdo con la nueva normatividad constitucional, se llegaría a la con­clusión de que nunca una violación de la Cons­titución, cualquiera que ella fuera, tendría forma de subsanarse, por incompatible y contradictoria que ella fuera frente a las normas de la Carta, derogadas o modificadas.

Cada nueva reforma constitucional llegaría a ser en este sentido una ruptura del orden jurídico del Estado, puesto que dejaría de existir la continuidad natural, según la cual, una nueva Constitución, o una modificación de la misma, debe naturalmente engendrarse en la antigua Constitución, y realizarse dentro de los canales por ellas previstos para dicha modificación.

En tal orden de ideas, llegaría así mismo a convertirse en mía cláusula inocua y superfina, la cláusula de reforma, la cual desde el propio origen de las constituciones rígidas, ha sido con­siderada siempre como parte esencial de las mis­mas.

Y, desde luego conviene añadir que, la ruptura del orden jurídico al cual se ha aludido, com­portaría en todos los casos, la destrucción de la legitimidad constitucional.

5º. Solamente el derecho nacido o creado por una revolución, no puede juzgarse a la luz del orden jurídico pre-existente, toda vez que la esencia de la revolución consiste precisamente en la destrucción y cambio del ordenamiento jurídicodel Estado.

Precisamente la Corte Suprema al conocer de una de las primeras demandas intentadas en el país contra actos reformatorios; de la Constitu­ción, más exactamente contra la reforma plebis­citaria de 1957, expresó refiriéndose al tema co­mentado:

"La revolución, la insurrección, el golpe de Estado, llevan al poder a quienes hasta entonces han carecido de título para ejercerlo, o tenién­dolo, se han desviado de la, normalidad institu­cional para conservarlo, o en fin, producirse con el propósito de restablecer el ilegítimamente de­puesto.

"Sin examinar, por no ser indispensable, la manera pacífica o violenta como se haya produ­cido, puede afirmarse que la esencia de la revo­lución se halla en el rompimiento del orden jurídico preexistente, en el quebrantamiento delas normas institucionales en todo o en parte. Así,la revolución puede atentar contra la totali­dad de la estructura jurídica del Estado, confi­gurada en determinada Constitución; o simple­mente, dirigirse contra su parte orgánica. Cual­quiera de estas situaciones engendra el llamadoderecho de la revolución, que se da aunque setrate de volver a las instituciones que se juzganquebrantadas, porque si los hechos se hubieran encausado dentro de las normas anteriores, se quitaría todo sentido revolucionario al movimien­to, ya que no habría perturbación del orden pre­existente. Pero dentro de un sistema jurídico po­sitivo, no puede hablarse de un derecho a larevolución, sino que, por el contrario, de acuerdo con aquél, ella se debe considerar inoperante e ilícita; la valoración del movimiento político, pa­ra calificarlo de justo o injusto, sólo puedehacerse mediante principios generales jurídico-políticos. La revolución por su misma esencia,quebranta el orden constitucional coetáneo.

"Es un error frecuente el de enjuiciar los he­chos generadores del derecho a la revolución a la luz de la norma pre-existente. Aquellos irán siem­pre contra ésta, así sea en forma indirecta, como cuando, con el fin de restaurar las institucionesconculcadas, se toman medios revolucionariosque, por su naturaleza, no pueden ajustarse adichas instituciones. Por otra parte, dentro del derecho que surge de los hechos revolucionarios, por la tendencia de los detentadores del poder a legitimarse, puede aceptarse el derecho anterioren lo que no pugne con el nuevo, y entonces los actos de la revolución quedan sometidos al derecho pre-existente, en cuanto aquella lo prohíja.En cambio, si la revolución considera que partede este derecho no puede coexistir con ella mis­ma, la rechaza por el estado de necesidad, ya que estaría de por medio su supervivencia, porque si se da alguna virtualidad jurídica a los hechos re­volucionarios es por descansar en la voluntad dela nación. En estas condiciones la revolucióncrea derecho por su propia declaración de volun­tad, que tiene validez jurídica como derecho intermedio entre la legalidad anterior y la que se procura establecer. Por esto, los efectos político-jurídicos de la revolución son manifiestamente distintos de los del simple golpe de Estado que,por originarse exclusivamente en la fuerza, ataa sus ejecutores en un todo a las normas vigen­tes" (Gaceta Judicial, tomo LXXXVI, agosto y septiembre de 1957, números 2186-2187, páginas 443 y 443).

En consecuencia, a juicio de la Corte, el estu­dio de las normas constitucionales acusadas debe hacerse a la luz de las normas constitucionales anteriores a la vigencia del Acto legislativo nú­mero 1 de 1979.

Así las cosas, resulta inútil referirse a la apli­cación de las instituciones contenidas en el citado Acto legislativo número 1 de 1979 y menos aún a la bondad o no bondad de las mismas.

6° Para concluir este aspecto del problema en estudio, conviene añadir que, la ausencia de so­metimiento de las enmiendas de la Constitución, a las normas preexistentes de la misma, llevaría no solamente al quebrantamiento del Estado de Derecho, sino a la conclusión inaceptable de que, el poder constituido, en este caso el Congreso, estaría por encima de la Constitución.

Explicando este punto, la Corte Suprema, en providencia de 5 de mayo de 1978, al conocer de la demanda de inconstitucionalidad intentada contra el Acto legislativo número 2 de 1977, por el cual se convocaba una Asamblea Nacional Constituyente, hizo entre otras, las siguientes ob­servaciones:

"Todo poder constituido es un poder de dere­cho, o sea constitucionalizado, y nunca extra, supra o metaconstitucional, ya que estos caracteres sólo son propios del poder primario que consti­tuye a los demás poderes.

"………………

"Sustraer el poder de reforma de la Constitu­ción de lo prescrito por ella en cuanto al modo de producir sus enmiendas, equivale a confundir un poder constituido, como éste, con el constitu­yente primario. Lo cual implicaría también, ex­cluir ese poder del régimen de derecho, quebran­tando la legitimidad, pues resulta desacertado sostener que cuando un órgano del Estado puedemodificar la Constitución sin someterse a lasformas en ella estatuidas, es un Estado de Dere­cho. Menos válido aun es afirmar que el CongresoNacional, cuando ejerce esta competencia, lo ha­ce como soberano, ignorando la supremacía de la nación; y tampoco aseverar que sus actos están amparados por una especie de presunción de constitucionalidad, porque ello contraría mani­fiestamente la filosofía y los postulados del ar­tículo segundo. Además, el carácter representativo del soberano que se predique del Congreso por su elección popular y directa, no sería ex­clusivo en Colombia, pues idéntico origen tieneel Presidente de la República"' ("Foro Colom­biano", tomo XVIII, mayo de 1978, número 107, páginas 422 y siguientes).

III. Inconstitucionalidad de las reformas cons­titucionales.

a) Es éste indudablemente uno de los temas de mayor importancia de la Teoría de la Constitu­ción, convergen en él las vertientes relativas a la revisión o reforma de la Constitución y al control de la Constitución, los cuales junto con el problema derivado de los "estados de excep­ción", integran el trípode sobre el cual descansa la existencia misma de la Constitución, su frus­tración y su propia supervivencia <sic>.

En el momento actual de la teoría constitucio­nal y siguiendo al respecto los lineamientos gene­rales de la doctrina nacional e internacional, puede afirmarse que, la inconstitucionalidad delas reformas constitucionales puede darse en lossiguientes casos:

1° Cuando una reforma de la Carta Funda­mental, lesiona lo que Karl Loewenstem (Teo­ría de la Constitución. Ariel, Barcelona) llama los límites "inmanentes" o "implícitos" de la Constitución, por los cuales se entenderían aquellos valores fundamentales de la Constitución que sin embargo no se encuentran vertidos en sus cláusulas, razón por la cual también se les conoce como "límites inarticulados", y que tocan en última instancia con el espíritu o el "telos" dela Constitución, y con las propias teorías iusnaturalistas.

2º. Cuando la enmienda o revisión de la Carta vulnera aquellas normas que han sido llamadas por la doctrina, pese a su discutibilidad, "sus­tanciales'' y finalmente,

3° Cuando la modificación de la Carta Funda­mental, viola la cláusula de reforma, esto es los requisitos previstos en ella para dicha modifi­cación.

Por supuesto es preciso reconocer que el pri­mer caso, tiene connotaciones eminentemente teó­ricas, que en la práctica la doctrina ha tocado con prudencia especial. El segundo también es materia de serias prevenciones, en cuanto su apli­cación lo enfrenta con el propio poder constitu­yente; siendo evidente que el tercero, esto es, la posibilidad de que un acto reformatorio de la Carta Fundamental sea atentatorio de la misma, por vicios de procedimiento en su formación, es aquél del cual se ha ocupado con mayor frecuen­cia la doctrina y la jurisprudencia.

b) Conviene señalar que, aun en aquellos paí­ses en que el control de la Constitución ha regis­trado un elevado desarrollo, ha existido una ma­nifiesta reticencia en consagrar la mencionada posibilidad de que una enmienda de la Consti­tución, pueda quedar sometida al control cons­titucional, a través naturalmente de los órganos, encargados en cada caso particular, de la defensa de la Carta Fundamental.

A modo de ejemplo, vale la pena mencionar el caso de Francia. Allí como lo reconoce la doc­trina (Bernard Chantebout-Droit constitutionnel et Science Politique-Económica, París, 1978) elpaso de la IV República a laV República en 1958. o lo que es lo mismo, el paso de la Consti­tución de 1958 a la Constitución del citado añode 1958, se realizó sin una observancia exacta,de las previsiones establecidas en la primera, concretamente en su artículo 90, en orden a larevisión de la Carta Fundamental; sin que talsituación fuera, o hubiera podido ser objeto de un proceso de constitucionalidad.

Ciertamente, la Constitución de 1958, fue pro­ducto de lo dispuesto por la "Ley constitucional" del 3 de junio de tal año, por la cual el Parla­mento delegó en el Gobierno el poder constitu­yente, situación no prevista en el artículo 90 de la Constitución de 1946.

Igual ausencia de disposiciones concretas sobre el caso específico que se comenta, lo encontramos en la Constitución de 1949 de la República Fe­deral Alemana, cuyo artículo 93 determina cuá­les son las funciones del Tribunal Constitucional Federal; en la Constitución Federal Austríaca, cuyos artículos 137 y 138 determinan las funcio­nes del Tribunal Constitucional; y la Constitución de la República italiana de 1947, cuyo ar­tículo 134 determina así mismo las funciones de la Corte Constitucional, países todos estos cuya tradición en materia de control de la Constitu­ción es bien conocida, razón por la cual la Corte contrae a ellos la presente cita (Ver: Las Consti­tuciones Europeas. Mariano Daranas Peláez. Edit. Nacional. Madrid, 1979).

c) En Colombia, el control de constituciona­lidad de los actos reformatorios de la Constitu­ción viene a ser en el momento actual, una última etapa en una larga y brillante evolución de las diversas instituciones que han integrado en el país la defensa de la integridad, de la incolumi­dad, o de la indemnidad de la Carta Fundamen­tal, según las diversas expresiones empleadas al respecto por la doctrina y la jurisprudencia.

Realizados por la Corte en diversas oportuni­dades amplios y detenidos estudios sobre el con­trol de constitucionalidad, solamente conviene enfatizar el hecho de que, dicha tradición se re­monta, de una parte, a las propias instituciones jurídico-políticas de la Colonia. Así, por ejemplo, Alfonso López Michelsen en su "Introducción al Estudio de la Constitución de Colombia" (Imprenta El Liberal, Bogotá, páginas 94 y 95), afirma al estudiar la estructura jurídica y las atribuciones de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, que:

"De todas estas atribuciones llama especial­mente la atención la facultad que tenían las au­diencias de suspender los autos y decretos de los Virreyes o Presidentes. Entre todas las institu­ciones de que nos ufanamos en Colombia, se destaca principalmente el control jurisdiccional de las leyes, atribuido a la Corte Suprema de Justicia por el Acto legislativo número 3 de 1910. Si bien el antecedente inmediato de este procedimiento, puede ser el precedente norteamericano sentado por el Juez Marshal en los Estados Unidos, y según el cual, la Constitución, ley rígida, prima por sobre las leyes ordinarias más flexibles, no es menos cierto que encontramos este antecedente remoto y autóctono en la Audiencia de Santa Fe. El principio de la supre­macía judicial característico de la organización política de los Estados americanos, no tiene, co­mo puede verse, un origen único en la Constitu­ción de los Estados Unidos de Norteamérica. La supremacía del que pudiéramos llamar Poder Judicial, se manifiesta en la Colonia a través de todas las facultades y atribuciones de las audien­cias. Y hasta un esbozo de separación de los po­deres se adivina en las disposiciones relativas a las cuestiones contenciosas que nunca podían ser del conocimiento de funcionarios administrativos como eran los Virreyes''.

De otra, a las instituciones adoptadas en las primeras constituciones, del que don José María Samper llamara "período revolucionario" del constitucionalismo nacional; las cuales, las del Estado de Cundinamarca de 1811 y 1812 crearon el Senado de Protección y Censura, con finalida­des propias de la defensa de la Constitución. Y, quienes cuestionan el carácter de antecedentes de estas instituciones, seguramente olvidan, que Senado era precisamente el nombre con que se conocía en la etapa constituyente de la Revolu­ción Francesa, la institución destinada a dicha defensa, como ocurre por ejemplo con el proyecto más antiguo de que se tenga noticia en tal época, el proyecto del Abate Brun de la Combe, pro­yecto en el cual se concebía dicha institución, con el fin de "colocar en su puesto aquellos órganos que se hayan salido de los límites a ellos asigna­dos" (Mario Battaglini - Contribución a la his­toria del control constitucional de las leyes. Giuffré, Milán, 1957).

Senado también era el nombre atribuido en el proyecto de Constitución de Sieyés, a un órgano previsto con propósitos similares, y, finalmente, como lo recuerda el mismo autor en el llamado proyecto girondino de Constitución, presentado por Condorcet, la censura, era prevista a su tur­no como un mecanismo para controlar entre otras cosas, la actividad legislativa.

IV. Competencia de la Corte Suprema para conocer de demandas contra actos reformatorios de la Constitución.

1º. Por lo que hace concretamente al control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Carta Política, su problemática viene a desenvolverse intensamente, a partir del año de 1955, la que se presentan ante la Corte Suprema las primeras demandas contra enmiendas de la Cons­titución; en tal caso contra actos legislativos emanados en ese momento de la Asamblea Nacional Constituyente.

A partir pues de ese momento, el problema co­bra especial actualidad y por parte de la Corte se dictan al respecto una serie de providencias de gran trascendencia y a las cuales se hará men­ción en los párrafos siguientes. También la doc­trina se ocupa del punto, conviene citar dos mo­nografías sobre el tema: "La Constituyente: Un caso de inconstitucionalidad" de Margarita Fernández de Castro Ortiz (Fondo Rotatorio del Mi­nisterio de Justicia, Bogotá, 1979 y: "Control Constitucional de los Actos Legislativos", de Octavio Acosta Sánchez, Prosartes, Bogotá, 1975.

Así las cosas, la historia de las demandas pre­sentadas hasta el momento contra actos reforma­torios de la Constitución, es al propio tiempo la historia de la posición de la Corte, en relación con su competencia para conocer de los mismos. A continuación se hará por lo tanto, una relación sintética de los procesos y de las decisiones res­pectivas.

1º. Auto de octubre 28 de 1955. Ponente doctor Luis Enrique Cuervo.

Demanda del ciudadano Germán Molina Callejas contra los Actos legislativos número 1 de 18 de junio de 1953 y número 1 de 30 de julio de 1954, de la Asamblea Nacional Constituyente. En esta oportunidad la Corte rechaza la demanda considerando que carece de competencia, con ba­se fundamentalmente en que:

"La guarda de la integridad de la Constitu­ción no podría entenderse, pues sería absurdo, como un medio consagrado por la Carta para re­visar los actos del Poder Constituyente. Estos actos una vez expedidos, no están sujetos a revi­sión de ninguna especie por ninguno de los pode­res constituidos; porque ello implicará admitir el absurdo de que hay derecho contra derecho, la tesis es tan clara, tan evidente, que sería inoficioso detenerse a analizarla" (Gaceta Judicial, tomo LXXXI, números 2157, 2158, página 362).

2º. Auto de mero 30 de 1956. Ponente doctor Ignacio Gómez Posse.

Demanda del ciudadano Germán Molina Ca­llejas contra el Acto legislativo número 2 de 1954 de la Asamblea Nacional Constituyente. La Cor­te por idénticas razones decide:

"Recházase de plano la demanda suscrita por el señor Germán Molina Callejas en que se acusa de inconstitucional el Acto legislativo número 2 de 1954" (Gaceta Judicial, tomo LXXXII, nú­meros 2163 y 2164, página 9).

3º. Providencia de noviembre 28 de 1957. Po­nente doctor Guillermo Hernández Peñalosa.

Demanda, del ciudadano Pedro Nel Rueda Uribe contra los Decretos 0247 y 0251 de 1957, por los cuales se convoca un plebiscito para reformar la. Constitución.

La Corte en providencia de Sala Plena, si­guiendo la tesis anterior "se inhibe de conocer de la demanda por carecer de competencia" (Gaceta Judicial, tomo LXXXIV, números 2188, 2189, 2190, páginas 430 y siguientes).

Importa señalar que de esta providencia salvó el voto un grupo de Magistrados, que conside­raron que la Corte sí era competente para cono­cer de la demanda. Puede decirse que histórica y jurídicamente la tesis de la minoría, constituirá el comienzo para la adopción del criterio sobre la competencia para conocer de tales demandas.

4° Providencia de abril 16 de 1971. Ponente doctor Guillermo González Charry.

Demanda del ciudadano Hugo Palacios Mejía contra el inciso tercero del artículo 172 de la Constitución. La Corte sostiene nuevamente su falta de competencia para conocer del acto acu­sado (Gaceta Judicial, tomo CXXXVIII, núme­ros 2340, 2341 y 2342).

5º. Sentencia de mayo 5 de 1978. Ponente doc­tor José María Velasco Guerrero.

Demanda de los ciudadanos Carlos Alfonso Mo­reno Novoa y Alvaro Echeverry Uruburu contra el Acto legislativo número 2 de diciembre 19 de 1977, por el cual se convoca una Asamblea Cons­tituyente.

La Corte Suprema -Sala Plena-, por ma­yoría, modifica la jurisprudencia anterior y con­cluye que sí es competente para conocer de actos como el demandado. Las razones principales que sirven de fundamento a esta nueva posición ju­risprudencial, son las siguientes:

"El poder de reforma constitucional es un po­der constituido y debe ejercerse dentro de las re­glas constitucionales del artículo 218, y sus deci­siones no escapan a la jurisdicción constitucional de la Corte Suprema de Justicia, puesto que pue­den ser violatorias de la Constitución en cuanto infrinjan esas reglas y el principio de la sujeción a ellas, sentado sin excepción alguna en el ar­tículo 2º para todo y cualquier poder constituido.

No importa que los actos legislativos no estén enunciados expresamente en el artículo 214 entre los que son susceptibles de juicio de validez cons­titucional por la Corte Suprema. Porque la guar­da de la Constitución, a ese Tribunal confiada, se refiere a la totalidad de sus preceptos, como lo indica aquel texto en los términos 'guarda de la integridad de la Constitución' y, por tanto, su jurisdicción comprende todo acto que pueda vul­nerar esa integridad, así no se haya expresado esa posibilidad en el referido texto, ya que ella resulta patente en el imperativo contenido en los artículos 2º y 218, Las expresiones tan categó­ricas y excluyentes de esta última norma no de­jan duda sobre la imperatividad de los procedi­mientos que prescriben y del tipo de actos en que deben reflejarse las reformas constitucionales.

"La Constitución es una unidad normativa sis­temática, Sus normas carecen de sentido consi­deradas aisladamente. Su interpretación debe integrarse y complementarse armónicamente. Es lo científico. Por eso, la regulación del control de constitucionalidad que compete a la Corte, debe complementarse, para el caso en estudio, con los efectos lógicos que se deducen de los artículos 2º y 218, integrados con los resultantes del 214.

"………………………….

"De donde se desprende que el poder de refor­ma obliga a su ejercicio:

"1. A conservar la identidad política de la Constitución. Por modo que no puede el constitu­yente derivado cambiar por otro la suma de las normas legal-constitucionales, cuya integridad confía el constituyente primario a la Corte, Su­prema de Justicia, como guardiana de la Consti­tución.

"2. A mantener el fundamento de su propia competencia reformadora. De forma que tampoco puede el Congreso ampliar, disminuir o reempla­zar por otro el fundamento mismo de su compe­tencia, que en palabras del artículo 218 de la Constitución se le atribuye sólo a él, es decir, a nadie más, a ningún organismo distinto. Le que­da prohibido así expresa mente, utilizar el procedimiento que le prescriba el artículo 218 para establecer uno diverso, singularmente facilitado, para que otro haga, lo que debe hacer él mismo, por el procedimiento especialmente dificultado que le marcan ese artículo y sus complementos constitucionales, de que ya se hizo mención. El advervio <sic> 'sólo' empleado por el constituyente primario en el año de 1957, cuando en el artículo 13 del plebiscito aclaró diáfanamente el que aho­ra corresponde al 218, excluye de las competen­cias reformadoras del Congreso a todo poder dis­tinto del que por virtud de los imperios del artículo 2º de la Constitución Política corres­ponde a la nación colombiana, fuente de la soberanía de la que emana todo poder"'.

"……………………………………

"El Congreso, como destinatario del poder de reforma constitucional, derivado del constituyen­te primario, tiene plena capacidad para expedir actos legislativos reformatorios de la Constitu­ción. Pero no puede reformarla para modificar el contenido y alcance de su propia competencia. Reformar la Constitución directamente no es lo mismo que instituir un órgano no constituyente. Sólo el constituyente primario puede crear ese cuerpo y atribuirle el poder de reforma. Atribuir competencias es de la esencia del poder constitu­yente primario. Nótese que cuando éste quiere facultar la delegación de competencia por loa po­deres constituidos les atribuye esa facultad expresamente. Es el caso de los numerales 11 y 12 del artículo 76 de la Carta. La competencia que se origina directamente en el constituyente pri­mario, con mayor fuerza que la competencia or­dinaria, es improrrogable, tasada, medida, inde­legable. De todo lo cual resulta que la atribución de competencias por el Congreso a la Asamblea Nacional Constituyente para que en ejercicio del poder de reforma modifique la Constitución en las materias que le señala en el Acto legislativo número 2 de 1977, configura una clásica usurpa­ción de competencia".

6º. Providencia de febrero 13 de 1979. Ponente doctor Luis Carlos Sáchica.

Demanda del ciudadano Bernardo Elejalde Toro contra los artículos 13, 14 y 28 del Acto legislativo número 1 de 1968. En este caso, la Corte considera en primer término que es com­petente para conocer de la acción interpuesta, como ya lo estableció en su fallo de 5 de mayo de 1978", y procede a declarar inepta la deman­da "por no haber sido formulada integralmen­te".

7º. Providencia de febrero 13 de 1979. Ponente doctor Antonio Alvira Jácome.

Demanda del ciudadano César Castro Perdomo contra varios artículos del Acto legislativo número 1 de 1968 relativos al ''Régimen de las entidades territoriales".

La Corte reitera su doctrina en materia de competencia y se declara inhibida para conocer, por darse en el caso estudiado el fenómeno de la "proposición jurídica incompleta".

8° Providencia de octubre 1.6 de 1979. Ponente doctor Alfonso Suárez de Castro.

Demanda del ciudadano Bernardo Elejalde To­ro contra la totalidad del Acto legislativo nú­mero 1 de 1968.

La Corte asume la competencia para conocer del proceso y declara la exequibilidad del Acto demandado.

9º. Providencia de noviembre 6 de 1980. Po­nente doctor Antonio de Irisarri Restrepo.

Demanda del ciudadano Roberto Vera Ramí­rez contra el Acto legislativo número 1 de 1979.

La Corte se inhibe para "fallar en el fondo" por haber sido presentada la demanda extempo­ráneamente ("Foro Colombiano'1, tomo XXIV, número 139, páginas 18 y siguientes).

10. Providencia- de noviembre 27 de 1980. Po­nente doctor Ricardo Medina Moyano.

Demanda presentada por los ciudadanos Ma­nuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldan Palacio, Oscar Alarcón Núñez, Antonio José Cancino Moreno y Clímaco Giraldo Gómez contra el Acto legislativo número 1 de 1979. La Corte toma decisión simi­lar a la anterior ("Foro Colombiano", tomo XXIV, número 139, páginas 32 y siguientes).

11. Providencia de diciembre 4 de 1980. Po­nente doctor Darío Vallejo Jaramillo.

Demanda presentada por los ciudadanos Hum­berto Críales de la Rosa, Hernán Suárez Sanz, Alvaro Echeverri Uruburo y Carlos Alfonso Mo­reno contra el Acto legislativo número 1 de 1979. La Corte decide en forma similar a las dos anteriores ("Foro Colombiano", tomo XXIV. nú­mero 139, páginas.42 y siguientes).

Para concluir este aspecto de la competencia de la Corte, resulta pertinente, en cuanto ello contribuye a elucidar y precisar algunos de los puntos tratados, mencionar dos pronunciamien­tos, que cobren cuerpo por otra parte, toda vez que provienen de quienes aparecen como partes en el proceso.

Así, el doctor Rodrigo Noguera Laborde, quien en su obra "Constitución de la República de Co­lombia y sus antecedentes documentales desde 1885", al sostener una tesis directamente rela­cionada con la sostenida por la Corte en la citada providencia del 5 de mayo de 1978, expresa:

"El constituyente de 1886 encomendó a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la inte­gridad constitucional y nuestra Carta consta de dos partes. La Corte debe pues, cuidar de la incoluminidad, tanto de la primera como de la segunda, y sobre todo aquélla por ser fruto de la voluntad cuasi directa de la nación. Luego cuan­do quiera que los desarrollos de la Constitución se aparten de esas bases, contrariándolas o ampliándolas en forma a todas luces imprevistas en 1886, la Corte puede y debe, obrando con suma prudencia, declarar inexequible el correspon­diente acto legislativo. Esta interpretación cien­tífica no admite réplica, y. confirmado por el espíritu de nuestra Carta, no halla en su letra ninguna razón en su contra'' (Temis, Bogotá, 1950, página 14).

A su turno el doctor Manuel Gaona Cruz, plan­tea, claramente su concepto de que, la competen­cia de la Corte, únicamente abarca los llamados "vicios de forma" y al respecto, en "aclaración de un voto", con oportunidad de la providencia de la Sala Plena del día 2 del mes de octubre del año próximo pasado de 3930, inequívocamente afirma que:

''1. Considero que la Corte Suprema de Jus­ticia sí ejerce por mandato de la Constitución, un verdadero poder constituyente de convalidación o anulación, según declare o no exequible una norma constitucional, pero sólo por vicios de forma y no porque sus normas contraríen su ideario ni el del preámbulo, y que, ese poder, atribuido al máximo organismo de guarda de la supremacía de la Constitución, no significa el ejercicio de una potestad política, sino apenas el desempeño de una facultad o función de natura­leza jurídica, por lo cual no resulta incompatible con su función" ("Foro Colombiano", tomo XXII, número 135, página 360).

Obsérvese que este planteamiento, coincide con la posición adoptada al respecto, por el constitu­yente derivado, en materia de control constitu­cional, por el Acto legislativo número 1 de 1979.

Consiguientemente la Corte, obrando en gene­ral de acuerdo con la jurisprudencia adoptada en la ya citada sentencia del 5 de mayo de 1978, y uniformemente reiterada en todas las provi­dencias posteriores, que se han descrito en este considerando, estima que es competente para co­nocer del Acto acusado por los actores.

V. Constitucionalidad del Acto acusado.

1º. Integración inconstitucional de la Comisión Primera de la Cámara.

a) Uno de los cargos contra el Acto legislativo número 1 de 1979 sobre el cual han hecho más énfasis los actores, se fundamenta en que, la elec­ción de los miembros de las Comisiones Perma­nentes de la Cámara de Representantes, incluida naturalmente la Comisión Primera, verificada el día 1° del mes de agosto de 1973, fue decla­rada nula por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de julio de 1979.

Y, comoquiera que a la citada Comisión Pri­mera le correspondió en el decurso de la primera legislatura, aprobar en primer debate el Acto acusado, han concluido los actores "la invalidez constitucional de sus actos", incluidos naturalmente los relativos a la aprobación del Acto le­gislativo. La Corte se referirá por lo tanto en primer término a este cargo, extendiendo su aná­lisis, a aquellos que se encuentran en íntima re­lación con él.

b) Encuentra la Corte que, la circunstancia de haberse integrado irregularmente la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, no le quita a los miembros de la misma, su condición de funcionarios de derecho; esto es, que la men­tada Comisión funcionó con anterioridad a la declaración del Consejo de Estado en un marcode derecho, no simplemente de hecho.

Ciertamente, la existencia de vicios o irregula­ridades en la designación de los funcionarios, o el mero incumplimiento por parte de éstos, dealguno o algunos de los requisitos para el ejer­cicio del cargo, no les quita el carácter de funcionarios de derecho. Esto es singularmente vá­lido en el ordenamiento jurídico colombiano, enel cual, en atención entre otras cosas a que, losfuncionarios solamente pueden actuar en los ca­sos previstos por la Constitución o la ley, como que según lo previsto en el artículo 20 de aquélla, tales funcionarios son responsables no solamente por infracción de la Carta Fundamental y de las leyes, sino que también por extralimitación uomisión en el ejercicio de sus funciones. En taleseventos de contera, las fronteras entre el funcio­nario de derecho y el funcionario de hecho se borran, siendo jurídicamente imposible hablarentonces de funcionarios de hecho.

En dichas circunstancias, la presunción de le­gitimidad de los actos realizados por tales funcio­narios, no desaparece en el caso de que sea declarada la nulidad de la elección por la autoridad competente. Esto significa que la legitimidad o validez de tales actos no es afectada en el eventocitado en que, por razón de los mentados vicioso irregularidades, se disponga la nulidad de la elección respectiva.

Conviene anotar que en general las nulidades en el marco del Derecho Público, siempre tienen consecuencias hacia el futuro, vale decir que no tienen efecto retroactivo, salvo en aquellos casos excepcionales en que, según la doctrina y la ju­risprudencia, debe operar e] restablecimiento del derecho, o la indemnización de los perjuicios oca­sionados como consecuencia de la aplicación del acto respectivo.

c) Pero si en gracia de discusión fuera acep­table que los miembros de la Comisión Primera actuaron como funcionarios de hecho, entonces resultan oportunas las siguientes observaciones:

De antiguo, por razones de equidad y de ne­cesidad, el derecho universal con el fin de dotar de seguridad a las relaciones jurídicas, de acuer­do con las exigencias del interés público, ha crea­do la doctrina de los "funcionarios de facto" en contraposición a los llamados funcionarios "de jure"; una de cuyas derivaciones principales es la de determinar precisamente, la validez de los actos realizados por dichos funcionarios. Esta doctrina de los funcionarios de hecho o de facto tiene especial interés, tanto para el Derecho Ad­ministrativo, como para el Derecho Constitucio­nal, con resonancias por supuesto en el ámbitode la política, por lo que atañe a los gobiernos defacto, y tradicionalmente se ha reconocido elaporte definitivo hecho a dicha doctrina por Albert Constantineau en su "Tratado de la doctrina de facto" (Edit. Depalma. Buenos Aires.Traducción Enrique Gil y Luis Baudizzone) yGastón Jéze en su obra "Principios Generalesde Derecho Administrativo" (Depalma. Buenos Aires, 1949. Traducción Julio San Milán Alma­gro).

Este último distingue al efecto al "usurpador de función", al "funcionario de Derecho" y al "funcionario de hecho", entendiendo por éste al que: "en ciertas condiciones de hecho ocupa la función, ejerce la competencia y realiza el acto en virtud de una investidura irregular (Ob. cit, tomo II, página 37) el cual por consiguiente a diferencia del usurpador que carece de inves­tidura, ostenta una investidura irregular, que además la doctrina reconoce como admisible o plausible".

En tales condiciones, la doctrina y la jurispru­dencia se han inclinado siempre, por estimar co­mo inexistentes los actos realizados por el usur­pador ante su carencia de investidura; y, en cambio, ha reconocido siempre la validez de los actos realizados por el funcionario de facto.

El Consejo de Estado Colombiano, el cual co­mo ya se vio, declaró la nulidad de la elección de las Comisiones Permanentes de la Cámara veri­ficada el día 1º de agosto de 1978, ha tenido pre­cisamente a dicho respecto una posición reiterada y uniforme: así por ejemplo la Sala de lo Contencioso-administrativo en providencia dictada el día 11 del mes de agosto de 1977, firmada por los Consejeros Nemesio Camacho -ponente-,Carlos Aníbal Restrepo, Alvaro Orejuela Gómezy Samuel Buitrago, prohijó la tesis anterior ex­presando :

"A este respecto y como acertadamente lo ex­presa la Fiscalía, ha sido constante la Jurispru­dencia del Consejo de Estado en el sentido deque los actos proferidos por un funcionario encuyo nombramiento hubo un vicio y por tantoes susceptible de ser anulado, son válidos y no están afectados de nulidad en razón de la irregu­laridad del nombramiento. Lo anterior se predica aún en el caso de los funcionarios de hecho, en guarda como lo dice el concepto fiscal, del buen funcionamiento de las entidades públicas y de la certidumbre y firmeza que deben tener las deci­siones administrativas'' (Providencia número243. Consejo de Estado. Relatoría. Providencias842-935, 1977).

No es inusitado tomar en cuenta que, la pru­dencia con que el Consejo de Estado ha estudiado la problemática general de los funcionarios de hecho, lo ha llevado inclusive a reconocer clara­mente el derecho de los funcionarios de facto al goce de la remuneración económica derivada desu actividad (agosto 10 de 1973. Ponente: Jorgede Atasco Alvarez. "Anales del Consejo de Es­tado", tomo LXVII, números 403 y 404, páginas 57 y siguientes).

d) Lo anterior es de veras suficiente en orden a demostrar la inconsistencia del cargo anterior de 'los actores, según los cuales'' la Reforma Turbay Ayala careció de primer debate" (folio 24).Empero, toda vez que éstos, fundamentan así mismo su aserto en lo dispuesto por el artículo75 de la Constitución, es oportuno añadir a loanterior que este artículo se refiere a aquelloscasos ciertamente extremos en que los miembrosdel Congreso obran en condiciones verdadera­mente subrepticias o de clandestinidad.

Don José María Samper, de privilegiada auto­ridad al respecto, como coautor de la Carta Po­lítica vigente, expresa al comentar dicho artículo, que por otra parte, lejos de ser modificado, fue perfeccionado en su texto por la reforma constitucional de 1968, lo siguiente:

"Si la legítima reunión del Congreso, verifi­cada en la época y con las formalidades que la Constitución determina, es preciosa garantía de orden y libertad, esto es, de buen gobierno para la República; naturalmente ha de ser contrario al bien público, y por extremo peligrosa, toda reunión de miembros del Congreso que se efectúe por fuera de las condiciones constitucionales. Así, está muy puesto en razón que se prohíba por ese artículo toda reunión de aquella clase, clandestina de suyo, y por lo tanto ilegal. Y lógico es que se declaren nulos los actos que expida un cuerpo reunido en semejantes condiciones de ilegitimidad, que no es Congreso ni ejerce verdadero po­der legislativo, aunque sus miembros lo sean de las Cámaras. De otra suerte, fácil sería ejercersubrepticiamente el Poder Legislativo y colocara la República en muy conflictiva situación.

"Y no es de extrañar que este artículo mande castigar conforme a las leyes, a los individuos que tomen parte en las deliberaciones, cuando son inconstitucionales y nulas, no obstante la inmunidad e irresponsabilidad que los artículos 106 y 107 reconocen a los senadores y represen­tantes. Esta inmunidad e irresponsabilidad no tiene por objeto favorecer a los miembros del Congreso como a individuos, sino asegurarles una independencia que es garantía de la independen­cia delas Cámaras, en el ejercicio de sus fun­ciones constitucionales. Pero es claro que cuando el Congreso no funciona legítimamente, sus actos son atentatorios al orden constitucional, y falta, por lo mismo, la razón justificativa de la invio­labilidad e irresponsabilidad ordinarias" ("De­recho Público Interno de Colombia". Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951, tomo II, páginas 148 y siguientes).

Es tan evidente que lo que se pretendió tutelar en el artículo 75 de la Carta Política, por parte del constituyente, fueron las condiciones básicas de lugar, tiempo y modo de funcionamiento del Congreso, que se describió la conducta de quie­nes obran en tal situación como típicamente de­lictuosa, colocando por lo tanto en tal caso a los miembros del Congreso, como incursos segura­mente en un delito de usurpación de funciones.

Las condiciones básicas de funcionamiento, de lugar, tiempo y modo, diferentes por supuesto de los requisitos constitucionales a que está so­metida la tramitación de los proyectos de ley altenor del artículo 81 de la Carta, son verdaderascondiciones de validez de los actos del Congreso, y por lo tanto sin su observancia, a la luz de lo dispuesto por el artículo 75 de la misma, las reu­niones de los miembros de aquél "carecen de va­lidez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y las personas que en las delibera­ciones tomen parte serán sancionadas conformea las leyes".

Son condiciones de lugar, la reunión "en la capital de la República" (artículo 68); o en "el punto que designe el Presidente del Senado" en caso de perturbación del orden público (artículo 73); o en otro sitio cualquiera, a condición de que éste se determine mediante ley del Congreso (artículo 76.8).

Son condiciones de tiempo, la reunión ordina­ria por el término de ciento cincuenta días al año, a partir del 20 de julio (artículo 68); la reunión durante el estado de sitio (artículo 121); la reunión en estado de emergencia económica (artículo 122) y la reunión en sesiones extraor­dinarias por convocatoria del Gobierno (artícu­los 68 y 118.2).

Y son condiciones de modo entre otras, la ins­talación pública y simultánea (artículo 69), la organización en Comisiones Permanentes (ar­tículo 72) y el funcionamiento separado de las Cámaras (artículo 74).

"De lo anterior se concluye como ya se ha visto que:

"Los actos de decisión del Congreso están so­metidos a condiciones sin cuya observancia ca­recen de validez, no se les puede atribuir efecto alguno, y, quienes participen en las deliberacio­nes se tornan responsables penalmente, según lo expresamente prescrito por los artículos 75 de la Constitución Nacional y 162 del Código Penal.

"En cambio, son requisitos constitucionales y no condiciones de validez modal, los señalados en el artículo 81 de la Constitución, Por eso la inobservancia de uno cualquiera de ellos es fun­damento para declarar inexequible una reforma constitucional o una ley, pero no para deducir responsabilidad a los congresistas que la aprue­ben o para dejar de aplicar la norma, o para no darle efecto, antes de la decisión de la Corte" (Becerra Becerra, Gregorio "La exacta dimen­sión de la reforma constitucional de 1979 y lo que de ella puede esperarse". Revista de la Universidad Externado de Colombia, volumen XXI, números 1 y 2, agosto de 1980, páginas 92 y 94).

Tal gravedad le atribuyó el constituyente a la conducta de los miembros del Congreso en el evento en cuestión, que habiéndose limitado en los casos previstos en el artículo 106 de la Cons­titución, que pueden llevar a delicadas situacio­nes frente a la integridad moral, a determinar que en tales casos los responsables serán "pena­dos conforme al reglamento'', en el evento del artículo 75 se repite, trascendió el Derecho Penal Disciplinario, para ubicar la conducta en el ám­bito del Derecho Penal común.

Consecuentes con su tesis, como es natural, los actores han debido denunciar penalmente, a los miembros de las comisiones, cuya elección fue de­clarada nula.

A mayor abundamiento debe tenerse en cuen­ta que, el Consejo de Estado en la providencia que declaró la nulidad mencionada, y al Minis­terio Público, al intervenir en el proceso respec­tivo, en ningún momento tuvieron en cuenta para los efectos respectivos, lo dispuesto en el mentado artículo 75 de la Constitución.

En efecto, el Consejo de Estado en la provi­dencia en mención expresa:

"La conclusión final es la de que la Cámara de Representantes, contrariando los artículos 172 de la Carta Política y 204 del Código Conten­cioso Administrativo, hizo el 1º de agosto de 1978 la elección de sus Comisiones Constitucionales Permanentes sin emplear el sistema del cuociente electoral, el cual tiene como finalidad asegurar la representación proporcional de los partidos tanto en las elecciones populares como en las que verifiquen las corporaciones públicas, en aras de la democracia representativa y, desde luego, de los derechos de las minorías" (Anexo número 3, folio 88).

Y la Fiscalía Tercera del Consejo de Estado, en el concepto respectivo, termina afirmando:

"Por lo cual es de concluir que en el caso sub judice, el error de la Presidencia de la honorable Cámara de Representantes estuvo en no haber abierto la votación, dado que había dos listas ins­critas y dar aplicación al principio constitucional del cuociente electoral por tratarse de una elec­ción de más de dos miembros, principio que es la sustancia del sistema democrático bajo el cual vivimos" (Anexo número 3, página 33).

Como puede observarse, fue precisamente el hecho de no haberse permitido la participación de las minorías en la elección de las comisiones, lo que. determinó el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la elección de aquéllas; no obs­tante lo cual, los actores pretenden hacer valer nuevamente dicho cargo, para fundamentar la inconstitucionalidad del Acto acusado, haciendo radicar también en este hecho, la violación del artículo 75 de la Carta, a la cual ya se ha refe­rido la Corporación en esta providencia.

Y, añadiendo todavía, una nueva variación so­bre el mismo tema, expresan los actores que la mencionada ausencia de participación de las mi­norías, cuya falta de actuación "con voz y voto" al violar las disposiciones sobre quórum, toda vea que éste no solamente es "un quórum cuantita­tivo", sino "cualitativo", también violó el ar­tículo 75 de la Constitución Nacional. Esta concepción del quórum, según la cual las minorías no solamente deben votar, sino además hacer uso de la palabra, no está consagrada en la Consti­tución Colombiana, entre otras cosas porque im­poner a las minorías la obligación absoluta de hablar en las sesiones, podría considerarse como atentatorio de los derechos individuales.

Por estas razones, añadidas a las ya expresa­das, no es aceptable que los hechos anteriores puedan considerarse como violatorios del artícu­lo 75 de la Constitución, como lo pretenden los actores.

De las supuestas irregularidades en las actas:

1º. Fuera del cargo relativo a las modificacio­nes realizadas en la segunda legislatura, respecto de los textos aprobados en la primera, el cual será estudiado por la Corte en último término, los otros cargos que se encuentran también ínti­mamente relacionados, tienen todos ellos además, como denominador común, su vinculación con el Reglamento del Congreso.

Desde luego también tienen éstos, otro deno­minador común, en este caso atribuido por los actores, los cuales en una copiosa relación de recursos punitivos, penalizan la mayor parte de las conductas criticadas. Así por ejemplo, mani­fiestan que las actas del Congreso fueron "muti­ladas", que se cometió un delito de "falsedad"; que existió igualmente "adulteración" de documentos; y que la edición número 90 de los "Ana­les" fue "recogida", lo cual daría lugar así mis­mo a una eventual sustracción de documentos. También se ignora si en estos casos fue intentada acción penal alguna.

Este grupo de cargos como ya se ha visto, se refieren de una parte, a que "no se admitieron ni se discutieron en la segunda vuelta, las pro­puestas de discusión, y votación por separado de algunos artículos del proyecto, en el curso del primer debate en la Comisión Primera de la Cá­mara"; de otra que existen "actas incompletas o mutiladas o tardíamente aprobadas"; además a que en la "segunda vuelta, fue diferente el texto que se aprobó en primero y segundo debates en el Senado, del que se presentó a discusión para primero y segundo debates en la Cámara"; y finalmente a que existió "indebida acumula­ción de los proyectos publicados, de la primera legislatura y su indebida sustitución por un nue­vo pliego modificatorio". Con respecto a ellos, la Corte estima como suficientes las siguientes observaciones:

a) La constancia dejada por el Representante Zamir Silva Amín en su condición de Presidente de la Comisión Primera y de ponente del Pro­yecto del acto legislativo acusado, aclara sufi­cientemente, primero: que sí se votaron por separado los artículos del proyecto, cuya votación se pidió en tal forma, y segundo: que las pro­puestas sustitutivas se presentaron por el Re­presentante Villar Borda cuando ya la discusión se hallaba- "cerrada".

Ahora bien, el artículo 175 del reglamento de la Cámara dispone que:

"Cerrada la discusión, y mientras la votación no hubiere pasado, nadie podrá tomar la palabra por motivo alguno si no fuere para- pedir que la votación sea nominal o se haga por partes, pe­tición que puede hacerse al cerrarse la votación o al ir a votar".

No existió pues por este aspecto violación de los Reglamentos.

b) La supuesta 'mutilación' de las actas, se hace consistir en que, la declaración hecha por los representantes Villar Borda, Pinzón López y Vieira no fue incluida en el aeta de la sesión respectiva.

Al efecto, como ya se vio en el aporte de la providencia dedicado a las pruebas, el Secretario General de la Comisión Primera Gerardo León Pedroza, explicó que se trata de una "omisión involuntaria" agregando que así lo reconoció el propio representante Villar Borda, cuya afir­mación al respecto transcribe, tomándola del Ac­ta número 15 de noviembre 2 de 1978.

Importa señalar que en su declaración al res­pecto, oportunamente transcrita, el Representan­te Gilberto Vieira, reconoce que se trató de una "irregularidad".

Cabe observar igualmente que la expresión "mutilación" corresponde a la noticia dada al respecto por el periódico "El Espectador". No obstante, el texto de la noticia, como puede verse en el ejemplar respectivo allegado al proceso, no corresponde a tal expresión. Todo indica por lo tanto, que el ciudadano Oscar Alarcón y demás actores, simplemente emplearon también dicha forma de titulación para desarrollar su cargo.

c) El mismo Presidente de la Comisión Pri­mera, Representante Zamir Silva Amín, en la certificación jurada, oportunamente citada, ex­plica la diferencia de textos que aparece entre los "Anales" números 90 y 96 del Congreso afirmando que la primera corresponde "al texto aprobado en debate de Comisión, segunda vuel­ta, en la sesión del 4 de octubre de 1979 de la Comisión Primera del Senado"; y el segundo, al texto aprobado "en debate de plenaria del Se­nado, segunda vuelta, en la sesión del 17 de oc­tubre de 1979".

Los actores no precisaron en ningún momento las diferencias por ellos atribuidas a los dos tex­tos anteriores; tampoco allegaron al proceso los ejemplares respectivos de los "Anales del Con­greso", pretextando por otra parte que la edición número 90 de los "Anales" había sido "re­cogida". Los impugnantes Gómez Estrada y Noguera Laborde por el contrario, explican de­talladamente lo ocurrido (folios 272 y siguien­tes).

Si bien los "Anales" en cuestión no fueron aportados al proceso, examinados éstos en los archivos del Congreso, su publicación coincide con la explicación formulada como ya se ha visto por el señor Presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Efectivamente, en el número 90 de los "Anales del Congreso", año XXII, correspondiente al miércoles 10 de octubre de 1979 (segunda edi­ción), se publica "el articulado del Proyecto de acto legislativo número 1 de 1979. La reforma del Congreso y de la Justicia" (página 1329), articulado éste que según la constancia final (página 1335) fue:

"Aprobado en primer debate -segunda vuel­ta- por la Comisión Primera del Senado en su sesión del día 4 de octubre de 1979. Acta número 21. El Presidente, Libardo Lozano Guerrero. El Vicepresidente, Felio Andrade Manrique. El Se­cretario. Eduardo López Villa" ("Anales del Congreso" números 71 al 140, 1979, EduardoChica Salazar, Jefe Anales).

En el mismo volumen aparece el número 96 de los "Anales del Congreso'", año XXII, corres­pondiente al día martes 23 de octubre de 1979, se publica igualmente el articulado bajo el título "Cómo fue aprobado en el Senado el proyectoque reforma la Rama Judicial y el Congreso Na­cional. La iniciativa fue enviada a la Cámarapara que continúe el trámite reglamentario y se convierta en acto reformatorio de la Constitu­ción" (página 1425). Igualmente al final del ar­ticulado aparece la siguiente constancia (página1432):

"Senado de la República. Secretaría General. Sección Leyes. Bogotá, 17 de octubre de 1979. Aprobado en segundo debate en la sesión plenaria de la fecha por el honorable Senado de laRepúblicaen segunda vuelta. El Presidente, Héctor Echeverri Correa. El Secretario General,Amaury Guerrero''.

Significa claramente lo anterior que, en la plenaria del Senado, se hicieron al texto aprobado en la Comisión Primera del mismo, correcciones de orden adjetivo, por estimarse en aquélla, que se trataba de simples errores.

39La acumulación de los proyectos de refor­ma, constitucional en la segunda legislatura.

Se ha considerado igualmente que la acumula­ción realizada en la segunda legislatura, de los dos proyectos aprobados separada o autónoma­mente en la primera, comporta violación de la Constitución Nacional. Estima la Corte que tal hecho no infiere agravio a la Carta Fundamen­tal, por las razones siguientes:

a) Si bien el Reglamento del Congreso no re­gula la acumulación de proyectos, sin embargo, el artículo 81 de la Carta, de acuerdo con su texto anterior ala reforma de 1979, aplicable como "ya se ha demostrado al caso sub examine, permite dicha acumulación;

b) La acumulación por sí misma no atenta contra ninguno de los requisitos exigidos para la reforma de la Constitución por el artículo 218 de la misma;

e) Mediante fallo del 16 de octubre de 1979, oportunamente mencionado en el texto de esta providencia, la Corte declaró ajustado a la Cons­titución en su totalidad el Acto legislativo nú­mero 1 de 1968, cuya segunda vuelta legislativa,fue así mismo consecuencia de una acumulación de proyectos aprobados autónomamente en la primera.

Y si bien el tema básico allí tratado por la Corte, fue otro distinto, es lo cierto que, en des­arrollo de lo previsto en el artículo 29 del Decreto 432 de 1969, si la Corte hubiera encontrado en tal oportunidad, que el Acto legislativo acusado era violatorio de otros artículos de la Constitu­ción, así lo hubiera declarado;

d) Como lo expresan oportunamente los im­pugnantes Noguera Laborde y Gómez Estrada:

'' La unificación no destruye la respectiva iden­tidad material de cada uno de ellos, y debatirlos en conjunto no significa que lo sea también cada uno, dado que las partes están implicadas en el todo";

e) No debe olvidarse finalmente, que la acu­mulación deviene simplemente en una metodo­logía, en una racionalización del trabajo parla­mentario, especialmente pertinente tratándose de proyectos de actos legislativos, cuya tramitación sería en otra forma más difícil y dispendiosa de lo previsto por el constituyente. Como que el Acto legislativo en estudio es un claro ejemplo de tal racionalización, pues la propia iniciación del mismo en el mes de agosto de 1978, fue la consecuencia de haberse fusionado, quince diferentes proyectos de reforma a la Carta Política del Estado.

Aplicado dicho procedimiento como ya se vio en la reforma constitucional de 1968, la cual por lo demás ha pasado como una de las más impor­tantes en la historia constitucional del país, pien­sa la Corte que se trata de una sana prácticaparlamentaría que no viola norma constitucional alguna, a la que, por lo demás es dable aplicar lo afirmado por el constitucionalista Rafael Bielsa, quien al estudiar "Los principios constituciona­les y su interpretación", en su obra "Metodolo­gía Jurídica", recuerda que:

"Es obvio decir que el derecho no lo crea el Estado ni los legisladores, sino los hechos socia­les, la historia, la costumbre, los sentimientos del deber, laley sólo lo establece formalmente, como la práctica, la costumbre realmente y el hombre idealmente en uso de su razón; sería ilógico limi­tar el campo de la investigación al derecho posi­tivo, y eso se advierte con simples nociones de derecho. Pero el concepto de la formación y la función del derecho difiere mucho en los diversos paísesy pueblos, razas y culturas. Para los an­glosajones el juez es el arbitro del derecho Judge made law. Si se ha dicho por un jurista que luego fue presidente de la Corte Suprema norteameri­cana (Hughes)vivimos bajo una Constitución,pero la Constitución es lo que los jueces dicenque es, como si se trasladara, al centro de grave­dad del derecho a los tribunales, no por eso los que aceptan tal conclusión pueden considerarse lógicos, y prescindir de la dogmática. Eso no es cosa de anglosajones solamente, pues no hay mu­cha diferencia entre un jurista realista como Jexe, para quien, si no lo confesaba lo demos­traba, es Derecho Administrativo el fundamen­tal, el que se crea en el Consejo de Estado Fran­cés. Ese es el derecho real, el que vive, el quedebemos procurar y realizar" (Editorial Castelvi S. A. Santa Fe. Argentina, 1961, página 646).

4º. El Reglamento del Congreso frente a la Constitución.

En cuanto a la constitucionalización del Regla­mento del Congreso, intentada por los actores, al expresar que éste forma con la Carta Política una "proposición jurídica completa", o segúnsus propias palabras "una proposición jurídica orgánico-constitucional inescindible y completa", llamativas expresiones con las cuales al parecer se pretende aludir a aquella noción, devienen aconsejables las siguientes observaciones:

Como ya se vio anteriormente, se ha sostenido por los actores que la llamada por ellos "mutila­ción '' de las actas, o sea el hecho de no haberse incluido una constancia dentro de las mismas importa una violación de la Constitución. En la misma línea de reflexión y en busca seguramente de darle algún piso jurídico a la bizarra tesis anterior, se ha buscado la forma de darle al Re­glamento del Congreso, una jerarquía constitu­cional de la cual por supuesto carece.

Considerar el Reglamento del Congreso como parte de la Constitución, solamente porque el artículo 76.6 de la Carta incluye su expedición entre las funciones del Congreso, llevaría igual­mente a aplicarse a todo el resto de las funciones allí consagradas, la misma tesis, y por lo tanto a identificar la totalidad del orden jurídico delEstado con la Constitución Nacional, todo locual llevaría a su turno a hacer rígidas las leyes y flexible la Constitución, y finalmente, a la desarticulación de la normatividad nacional por lavía de su desjerarquización.

No se entiende cómo, los actores, luego de ha­cer una profesión de fe (folio 83) constitucio­nal, en la rigidez de la Carta Nacional, concluyen después que una ley forma con aquella una'' pro­posición jurídica completa", con lo cual no se hace otra cosa "a contrario sensu" que legalizarla Constitución, haciendo de ésta para emplearsus propias palabras "una de las más flexiblesdel planeta" (folio 90).

La estructura de la Constitución Nacional, no permite siquiera que leyes, como la Ley 9ª de 1961 y la Ley 10 de 1978, que determinan la Plataforma Continental y el Mar Territorial co­lombianos, respectivamente, esto es que precisan nada menos que la extensión del territorio del Estado, o los reglamentos constitucionales, quedesarrollan directamente la Carta, puedan serconsiderados como parte integrante de la misma,con menor razón aún, otro tipo de disposiciones.

Desde el propio comienzo de la vida republi­cana del país, las Constituciones Nacionales se han caracterizado por su naturaleza rígida, para continuar empleando la terminología bien cono­cida, precisada al respecto por Lord Brice en su clásica, monografía sobre "Las Constituciones rí­gidas y flexibles": utilizar por lo tanto ahora una interpretación que lleve a la flexibilidad dela Carta, borrando las fronteras entre esta y lalegislación ordinaria, sería propiciar teórica yprácticamente una confusión que desembocaría en el caos. Se olvida por lo tanto con la tesis glosada que toda construcción dogmática, paraque resulte defensable debe partir de los supues­tos del derecho positivo.

Existen evidentemente sistemas jurídicos en los cuales se prevé así mismo la existencia de leyes constitucionales. Al respecto bastaría mencio­nar el caso de las Constituciones Italianas y Austriaco ya citadas, como lo recuerda Paolo Discaretti Di Ruffia, en su obra "Introducción al Derecho Constitucional Comparado", donde dice entre otras cosas que:

"En Italia, por ejemplo, al lado de la Consti­tución verdadera y propia (y a las diversas leyes formalmente constitucionales que han introdu­cido modificaciones) es necesario tener presente, al menos las siguientes leyes formalmente constitucionales: 26 de febrero de 1948, números 1, 2, 4 y 5 (relativas a los estatutos especiales de las regiones de Cerdeña, de Sicilia, del Valle de Aosta y del Trentino Alto Adige) y 31 de enero de 1963, número 1 (relativa, al estatuto especial de Friuli, Venecia, Julia), y 9 de febrero de 1948, números 1, 11 de marzo de 1953, números 1 y 22 de noviembre de 1967, número 2 (todas ellas concernientes a la Corte Constitucional)". (Fondo de Cultura Económica. Traducción Héc­tor Fix Zarnudio. México. 1975, página 353).

Y se reitera, tal situación ni existe, ni ha exis­tido nunca dentro del constitucionalismo colom­biano.

El cargo anterior, no amerita tampoco viola­ción de la Constitución. Y en cuanto a la tesis de los actores, complemento al parecer de la ante­rior, según la cual: "se viola por lo tanto, ade­más de la Constitución, el principio físico bioló­gico de inercia mental", lo mismo que, en cuanto a sus solicitudes ya de inexequibilidad, ya de nulidad, o de simple declaración de invalidez del Acto acusado, la Corte estima suficiente al res­pecto, remitirse a los oportunos comentarios he­chos por la Procuraduría General de la Nación.

5º. Las variaciones introducidas al proyecto de acto legislativo, en la segunda legislatura.

a) Ya se ha mencionado en otra parte de esta providencia, la importancia que dentro de la teo­ría de la Constitución tiene la llamada por la doctrina 'Revisión Constitucional', vale decir, la reforma de la Carta Política del Estado.

Para comenzar, debe tenerse en cuenta que ha­blar de procedimientos de revisión constitucional, lo mismo que de control constitucional, sólo es posible técnicamente, tratándose de constitucio­nes rígidas. Pretender extender a las constitu­ciones flexibles tal problemática, o hablar tam­bién de control constitucional de estas últimas, es como lo expresa Pedro de Vega García, profe­sor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, "el más arcaizante bizantinismo jurídico".

Naturalmente, dada la índole de la presente providencia no parece conveniente detenerse en disquisiciones teóricas relativas a los problemas generales de la revisión constitucional, los cuales tendrían simplemente una importancia "de escuela'', esto es, principalmente académica.

Basta tener en cuenta que dentro de tal pro­blemática, deben distinguirse los aspectos relati­vos al contenido de la revisión; y los que apuntan al procedimiento de realización de la misma.

En cuanto a lo primero, la doctrina distingue:

a- La revisión explícita o implícita según que sean o no determinados, los artículos de la Carta que pueden ser materia de la revisión;

b- La revisión total o parcial, que ordinaria­mente importa un procedimiento especial para el primer caso, y más simple para el segundo y aquella revisión que tiene en cuenta la deroga­toria de una norma en casos extremos o la sus­pensión temporal de la misma, fenómeno que la doctrina alemana ha designado con el nombre de "quebrantamiento de la Constitución".

Cuanto a lo segundo, se distinguen aquellos casos en los cuales se exige la intervención de órganos especiales diferentes por lo tanto de los legislativos ordinarios -Asamblea Nacional Constituyente, referendum, etc.-; de aquellos en los cuales la revisión se canaliza a través de los órganos legislativos ordinarios, pero adoptán­dose procedimientos dificultados en relación con los empleados para la revisión de las leyes.

En este mareo teórico, la Carta Política Colom­biana, de una parte como ya se vio atrás, no se­ñala artículos que no puedan ser reformados; de otra, determina que la revisión se hará por el órgano legislativo ordinario, entregándole por lo tanto la llave de la misma al Congreso; y final­mente, establece un procedimiento dificultado, creando exigencias especiales de enmienda, que por su origen histórico y por su expresión posi­tiva, no buscaron en ningún caso hacer muy di­fíciles e imposibles las tareas de modificación.

b) Evidentemente la Carta Política no perte­nece a aquellas que la doctrina ha llamado "pé­treas", esto es, aquellas que en razón de las excesivas trabas previstas para su enmienda, de­vienen inmodificables. También en este sentido la Constitución de 1896, fue una reacción contra la Constitución de Rionegro de 1863, tenida pre­cisamente por las razones aludidas como prácti­camente irreformable, lo cual llevó a que se afirmara: "sólo una guerra civil en que se, dis­putara sobre la vigencia de la Constitución podía derogarla". En este aspecto, también es conveniente tener en cuenta lo expresado por don José María Samper, a fin de demostrar cómo, lo que se buscó en 1S86 fue además, un punto de equi­librio entre la inmodificabilidad y la flexibilidad. Dice este en efecto:

"El grande escollo de todas las constituciones está en los medios de su reforma misma, puesto que ninguna obra humana es perfecta, y todo autor, al producir algo, debe pensar en la nece­sidad que puede haber de corregirlo cuando se le noten los defectos. Si la obra es patentemente buena, o sus autores la tienen por tal, naturalmente desean conservarla por el tiempo más lar­go posible; lo mismo no han de querer que con mucha facilidad sea reformada. Además, toda Constitución, por su naturaleza misma, ha de ser estable, ya que, conteniendo todos los princi­pios fundamentales del Estado, tiene por primor­dial objeto asegurar la estabilidad de todo el organismo y de todos los intereses de la Repú­blica.

Pero si obsecados <sic> los legisladores constituyen­tes por el espíritu de sistema o de partido, dan a su patria una Constitución muy defectuosa, y no caen o no quieren caer en la cuenta de los defectos de la obra, ¿no causarán grandísimos males al Estado, si le imponen una Constitución cuya enmienda sea muy difícil o poco menos que imposible por medios legítimos, pacíficos y regu­lares ¿No será la insurrección (o una revolución llevada hasta la dictadura o hasta la anarquía) el camino que los partidos o los pueblos escojan para conseguir la enmienda de una mala Consti­tución De esto da inequívoco testimonio la his­toria de las repúblicas hispanoamericanas y de gran número de otras naciones; y si la experien­cia, y la razón señalan el escollo, el evitarlo es propio de sabios y prudentes legisladores" (Ob, cit., tomo II, páginas 497 y siguientes).

Así pues, el mecanismo de revisión adoptado en el 86, se inspiró en tales principios y fue es­cogido entre tres propuestas presentadas al Con­sejo Nacional de delegatarios, que oscilaban en­tre los extremos ya aludidos.

Dentro del procedimiento dificultado escogido, la exigencia que ha dado lugar a un mayor nú­mero de tesis encontradas, es el relativo al "exa­men definitivo" que debe hacerse en la segunda legislatura, de los textos aprobados en la pri­mera, y oportunamente publicados después de la misma. Cabe distinguir al respecto, los siguientes criterios:

1° La segunda legislatura no puede introducir ninguna clase de modificaciones, teniendo un ca­rácter simplemente ratificatorio o refrendatorio de lo hecho en la primera;

2º. La segunda legislatura puede introducir los cambios que estime necesarios, como si se tratara de la tramitación de una ley ordinaria, y

3° Se pueden introducir en dicha segunda le­gislatura cambios, siempre que éstos no tengan el carácter de "sustanciales o cardinales".

Teniendo en cuenta los antecedentes ya men­cionados, y mayormente el requisito consistente en la "publicación" del proyecto luego de la pri­mera vuelta legislativa, encuentra la Corte que no es difícil pensar en una cuarta posibilidad.

En efecto, la publicación, forma parte sin lu­gar a dudas de lo que la teoría constitución ni lla­ma "procedimientos populares", esto es, aquellos que buscan la participación de la comunidad en algo que compromete su propia existencia o por lo menos la calidad de la misma, como es una revisión de la Carta. Y, en tal orden de ideas resultaría inaceptable que las opiniones expre­sadas por la nación en cuanto a los textos apro­bados, no pudieran traducirse en modificaciones de los mismos, o por lo menos en su perfecciona­miento y desarrollo.

Permitir por otra parte cambios, que no to­quen la sustancia de lo aprobado y se limiten a aspectos de forma, o a simples perfeccionamien­tos de la expresión literaria, no sería otra cosa que la aceptación de la primera tesis, esto es, la de quienes piensan que la segunda legislatura tiene meramente un carácter ratificatorio.

En cuanto al alcance de las expresiones "exa­men definitivo", utilizadas en el artículo 218 en comento, por el constituyente, las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, son especialmente pertinentes y evidencian el marco de la segunda legislatura, para "investigar", para "escudriñar con diligencia y cuidado", lo cual carecería de sentido, si no fuera dable tomar decisiones que afecten como ya se dijo la sustan­cia de la institución aprobada en la primera le­gislatura. Si ésta tuviera por lo mismo un carác­ter solamente mecánico de refrendación, también por este aspecto resultaría inane su existencia.

Por lo demás la existencia del citado "procedi­miento dificultado" de reforma, no le hace per­der al acto legislativo su relación ontológica y procedimental con la ley, como se puso de resalto por la Corte en el fallo del 5 de mayo de 1978 tantas veces citado, en el cual por añadidura, se afirmó claramente que:

"Reformar la Constitución es actualizarla pa­ra su conservación y mantenimiento, introducien­do las adecuaciones que los cambios de la realidad cultural, política, económica y social que pre­tende regular, requieren".

Así pues, encuentra, la Corte que los cambios introducidos en la segunda legislatura, sí pueden incidir en la esencia de la institución respectiva, por supuesto, siempre que tal cosa ocurra, dentro del marco de ciertas condiciones, que no desna­turalicen la existencia de la primera legislatura.

Las condiciones requeridas para la validez de una reforma constitucional, teniendo en cuenta lo afirmado en materia de revisión de la misma, deben ser a juicio de la Corte las siguientes:

1º. Que la modificación, ya se trate de la crea­ción o de la supresión o abolición de normas cons­titucionales, no pueda ser considerada como fundamentalmente nueva, de acuerdo con lo aprobado en la primera legislatura;

2º. Que se trate no solamente del mismo tema, sino de aspectos concretos de éste;

3º. Que la modificación introducida constituya un desarrollo, complementación, consecuencia o perfeccionamiento de la institución; o en sentido inverso, una limitación o restricción de la mis­ma;

4º. Que exista una relación directa con lo dis­cutido en la primera legislatura y que el fin al cual apunta la modificación no desvirtúe la na­turaleza de la misma, y

5º. Que la modificación no haya sido objeto de rechazo expreso en la primera legislatura.

Todo ello conduce en síntesis a que la identifi­cación de la primera legislatura con la segunda no sea formal sino material, no sea mecánica sino racional, no sea indiscriminada sino reflexiva.

c) Veamos ahora, a la luz de lo expresado, cuál fue la posición de la demanda, en relación con el ataque realizado contra el Acto legislativo nú­mero 1 de 1979.

Como se vio, oportunamente inicia sus ataques contra dicho acto, precisamente con la presenta­ción de la ''doble columna", integrada por el texto aprobado en la primera legislatura, frente al texto aprobado en la segunda. Parecería entonces que ese fuera el argumento total de los actores: mas al paso sin embargo, éstos limitán­dose a la "doble columna" abandonan el tema y enfocan el ataque sobre puntos de muy difícil fundamentación, como la pretendida constitucionalización del Reglamento del Congreso, o la in­existencia de primer debate en la primera legis­latura por ejemplo.

Así pues, la "doble columna" presentada por los actores tiene las siguientes características:

1ª. Ataca el articulado en bloque e indiscrimi­nadamente;

2º. En consecuencia no estudia cada norma en forma independiente;

3º. No estudia, al no aparecer en la confron­tación, si una norma fue colocada por el constitu­yente en una distinta ubicación;

4º. No extrae conclusiones concretas respecto de cada norma:

5º. No tiene en cuenta que la acumulación de los proyectos discutidos en la primera legislatura, impedía por su propia naturaleza la estructura de la citada doble columna;

6º. A pesar de considerar que solamente se hi­cieran cambios en ciertos artículos, los actores los impugnan todos, sin que pueda argüirse que los otros motivos de censura constitucional, los abarcan totalmente, pues el ataque en cuestión, no se plantea subsidiariamente, sino como cargoprincipal, y

7º. Como ya se vio al comienzo de esta provi­dencia, la demanda comprende en la "doble co­lumna", un artículo, el 28, respecto del cual con­sideraron sin embargo que no había sido materia de modificación alguna.

Esto sin mencionar otros defectos de la men­tada comparación como errores en la subraya, doble cita del artículo 149, falta de comparación del artículo 142 al no poderlo encajar en ella y finalmente, cita del artículo 110, como si fuera el artículo 109.

Como aspecto relacionado con la técnica legis­lativa, en punto a la forma de publicación, luego de la primera legislatura, de los proyectos refor­matorios de la Constitución, conviene observar así mismo que los actores citan el articulado del proyecto de acto legislativo, como si este corres­pondiera al mismo articulado de los Decretos 122, y 123 del 24 de enero de 1979, sin tener en cuenta que tales Decretos constan únicamente de seis artículos cada uno, el primero de los cuales comprende la totalidad del proyecto respec­tivo. Han debido en consecuencia citarce <sic> los ar­tículos del proyecto autónomamente y no comosi éstos correspondieran al articulado de los ci­tados Decretos.

Todo lo anterior mueve a concluir que la tantas veces citada "doble columna", lejos de permitir una precisa visión del tema, crea una situación de perplejidad y confusión. Se trata en síntesisde un recurso efectista, que no tuvo en cuenta como ya se expresó, que los textos de los dos proyectos solamente se refundieron en la segunda legislatura; mayormente, como se verá más ade­lante, que varios artículos e incisos de los mismos fueron cambiados de ubicación en la segunda legislatura. Su empleo a la postre vino a dispensar del estudio de lo ocurrido al respecto.

Inversamente a la posición de la demanda, o según lo dado a entender por ella en su presenta­ción, piensa la Corte que el terna fundamental es el que se viene comentando. Tales las razones para que tratados a sobrehaz los otros, haya concentrado en éste su atención.

d) En relación con la naturaleza y propósitos de dichos Decretos, es oportuno transcribir, los artículos de los mismos que desarrollan el fin perseguido por la publicación frente a la comu­nidad nacional:

Artículo 2° El "Diario Oficial'' hará una edi­ción especial de 5.000 ejemplares del texto del presente Decreto, los cuales serán distribuidos por el Ministerio de Gobierno.

Artículo 3º. Las autoridades nacionales, depar­tamentales, intendenciales, comisariales y muni­cipales, facilitarán los medios necesarios para que, se logre la más amplia difusión de esta re­forma.

Artículo 4º. El texto del proyecto de acto legis­lativo será entregado a la prensa del país, por intermedio de la Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República.

Artículo 5º. Un ejemplar del "Diario Oficial" debidamente autenticado, en que aparezca publi­cado el proyecto, se anexará al expediente, hecho lo cual se devolverá al honorable Congreso de la República para que se surtan los trámites pre­vistos en el artículo 218 de la Constitución Po­lítica.

Se ha insistido por la Procuraduría General de la Nación lo mismo que por los impugnantes, en el pronunciamiento del Senado de la República, publicado en los "Anales del Congreso" corres­pondientes al 25 de julio de 1968, según el cual se acordó por el honorable Senado:

"Declarar por vía de interpretación, que los proyectos de actos legislativos reformatorios de la Constitución Nacional, pueden ser modificados también en la segunda vuelta, siempre que dichas modificaciones se refieran amaterias o asuntostratados en la primera".

Se trata en efecto, de un aporte interesante en orden a la dilucidación de tan delicado asunto. Tal interpretación parlamentaria por vía de au­toridad no se encuentra prevista en la Constitu­ción.

En efecto, comentando el artículo 76 de la Constitución, don José María Samper, expresaal respecto:

"En el proyecto de Constitución era defec­tuosa la redacción de este artículo, pues se decía:

''Corresponde al Congreso hacer las leyes, interpretarlas por vía de autoridad, reformarlas y derogarlas.

"Prestábase esta redacción a la creencia de que sería lícita la interpretación de las leyes por vía de autoridad', esto es, por medio de sim­ples resoluciones; lo que, además de ser peli­groso para el fiel cumplimiento de las leyes, po­día dar asidero a resoluciones discordantes delas Cámaras, y a que con ellas se estableciese laanarquía. Para remediar estos inconvenientes,propuso el autor de este comentario una distintaredacción del comienzo del artículo…"(Ob.cit., tomo II, página 151).

e) Con el propósito de precisar cuáles fueron las variaciones que sufrieron los textos constitu­cionales al pasar de la primera legislatura a la segunda vuelta legislativa, la Corte transcribirá a continuación los "44" artículos que según los libelistas fueron discutidos y aprobados en la segunda vuelta sin haberlo sido en la primera, cuyo contenido en la segunda legislatura, estiman los mismos, fue "totalmente distinto".

No se incluye el artículo 23, el cual como ya se observó anteriormente, si bien los actores lo insertan entre aquellos, sin embargo, en dos opor­tunidades afirman que forma parte de los que no perdieron su "identidad" en el citado tránsitode una legislatura a la otra. Se subraya el conte­nido en el cual no hay correspondencia, exactade textos.

1º. Artículo 47 de la Constitución Nacional. Re­glamentación de los partidos políticos

.

Primera legislatura.

"Mediante ley aprobada por los dos tercios de los votos de los asistentes se podrá reglamen­tar el funcionamiento de los partidos políticos y disponer que el Gobierno asuma, total o parcial­mente sus gastos electorales" (artículo 1º del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.

"Mediante ley aprobada por los dos tercios de los votos de los asistentes, se podrá reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos y dis­poner que el Estado asuma, total o parcialmente, sus gastos electorales.

"La ley podrá igualmente estimular el ejer­cicio de la función del sufragio y aún establecer el voto obligatorio" (artículo 2º, Acto legislativo número 1 de 1979).

2º. Artículo 52 de la Constitución Nacional,Órganos que administran justicia.

Primera legislatura.

"El Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte de Casación, el Consejo de Estado y los demás Tribunales y Juz­gados que establezca la ley administrarán jus­ticia.

"El Senado ejerce determinadas funciones ju­diciales.

"La justicia es un servicio público a cargo de la nación" (artículo 2º del Proyecto publicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura.

La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito, los Tribunales y los Juzgados que establezca la ley administran justicia.

El Senado ejerce determinadas funciones ju­diciales.

La administración de justicia es un servicio público a cargo de la nación (artículo 3°. Acto legislativo número 1 de 1979).

Inciso 3° artículo 59 de la Constitución Nacional. Elección de Contralores.

Primera legislatura.

"El Contralor General de la República será elegido por un período de cuatro años, por la Cámara de Representantes. Este funcionario, asícomo los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de capitales de departamento no podrán ser reelegidos, en nin­gún caso, para el período inmediato (artículo 3°, del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"El Contralor General de la República será elegido para un período de cuatro años por la Cámara de Representantes y no podrá ser reele­gido en ningún caso para el período inmediato, ni continuar en ejercicio del cargo al vencimiento de su mandato" (artículo 4°, Acto legislativo nú­mero 1 de 1979).

4º. Inciso 1º del artículo 70 de la Constitución-Nacional. Reglamentación de las Cámaras y de las Comisiones Permanentes.

Primera legislatura.

"Las Cámaras y las Comisiones Permanentes podrán abrir sus sesiones y deliberar con cual­quier número plural de sus miembros, en aque­llos días y horas en que deben sesionar según la Constitución y sus reglamentos internos, y en aquellos otros para los cuales las mesas directivas las hayan convocado enforma, pública, y con cinco días de anticipación por lo menos'' (ar­tículo 7º del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"Las Cámaras y las Comisiones Permanentes podrán abrir sus sesiones y deliberar con cual­quier número plural de sus miembros, en aque­llos días y ñoras en que deben sesionar según la Constitución sus reglamentos internos, y en aquellos otros para los cuales las mesas directivas las hayan convocado durante los períodos de se­siones con cinco días de anticipación por lo me­nos" (artículo 8º, Acto legislativo número 1 de 1979).

5º. Artículo 72 de la Constitución Nacional. Elección de las Comisiones Permanentes.

Primera legislatura

"Cada Cámara elegirá para períodos de cuatro años, Comisiones Permanentes que tramiten en primer debate los proyectos de ley o reformato­rio (sic) de la Constitución.

Salvo lo especialmente previsto en el artículo 30, la ley determinará el número de comisiones permanentes, y el de sus miembros, lo mismo que las materias en que cada una deberá ocuparse" (artículo 9° del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

Segunda legislatura.

Cada Cámara elegirá, para períodos de cuatro años, Comisiones Permanentes que tramiten en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley. Las mesas directivas de las Comisiones se­rán renovadas cada año y ninguno de sus miem­bros podrá ser reelegido para el período inme­diato.

Salvo lo especialmente previsto en el artículo 30, la ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, lo mismo que las materias de que cada uno deberá encargarse.

Las Comisiones Constitucionales Permanentes podrán realizar estudios y audiencias sobre los problemas nacionales y elaborar, como resultado de ellos, proyectos de actos legislativos o de ley, o hacer recomendaciones al Gobierno en materias en que a éste corresponda la iniciativa" (ar­tículo 9°, Acto legislativo número 1 de 1979).

6º. Artículo 73 de la Constitución Nacional.Disponibilidad de las Comisiones Permanentes.

Primera legislatura.

"Las Comisiones Constitucionales Permanen­tes se reunirán también, en sesiones ordinarias por dos meses a partir del primero de mayo, para dar primer debate a proyectos de ley o de actos legislativos.

"Durante ese lapso podrán presentarse, pro­yectos ante las mesas directivas de las Cámaras para que éstas los repartan y las Comisiones ini­cien su trámite. Las atribuciones de las Comisio­nes no se afectarán si el Gobierno convoca a sesiones extraordinarias al Congreso.

"El Senado y la Cámara podrán disponer que cualquiera de las Comisiones Permanentes sesionen durante el período de receso.

"Las Comisiones Constitucionales Permanen­tes podrán realizar en sus sesiones estudios y au­diencias sobre los problemas nacionales y ela­borar, como resultado de ellos, proyecto de ley o recomendaciones al Gobierno en las materias en que a éste corresponda la iniciativa" (artículo10 del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"El Gobierno; el Senado y la Cámara podrán disponer que cualquiera de las Comisiones Per­manentes sesione durante el período de receso legislativo y cumpla las funciones constituciona­les o legales que le son propias.

"Durante esas sesiones podrán presentarse proyectos de acto legislativo o de ley en la forma reglamentaria para que las Comisiones les den primer debate" (artículo 10, Acto legislativo nú­mero 1 de 1979).

7º. Artículo 74 de la Constitución Nacional. Reunión en un solo cuerpo del Congreso y pér­dida de la investidura.

Primera legislatura.

"El Congreso se reunirá en un solo cuerpo pa­ra su instalación en el período de sesiones ordi­narias; dar posesión al Presidente de la Repú­blica o a quien lo suceda en las faltas absolutas o temporales, así como para oírlo cuando lo solicite; para elegir designado, y para recibir, por petición del Gobierno, a los Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones cuando vengan a Co­lombia en visita oficial.

"El Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente, el Presidente y el Vice­presidente del Congreso" (artículo 12 del Pro­yecto publicado en el Decreto 123).

Son causales de pérdida de la investidura de Congresista:

1. La infracción al régimen de incompatibili­dades y al de conflictos de interés previsto en la Constitución.

2. Faltar en un período legislativo anual, sin causa justificada, a ocho de las sesiones plenarias ordinarias en que se voten proyectos.

Corresponde al Consejo de Estado declarar es­ta pérdida de investidura (artículo 8° del Pro­yecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

El Congreso se reunirá en un solo cuerpo para su instalación cuando el Presidente de la República o sus Ministros concurran a abrir sus sesio­nes ordinarias o extraordinarias: para dar pose­sión al Presidente de la República o a quien lo suceda en las faltas absolutas o temporales, asícomo para oírlo cuando lo solicite; para elegirdesignado y para recibir a los Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones cuando vengan a Colombia porinvitación del Gobierno.

El Presidente del Senado y de la Cámara serán respectivamente, el Presidente y el Vicepresiden­te del Congreso" (artículo 12, Acto legislativo número 1 de 1979).

"Son causales de pérdida de la investidura de Congresista:

"1. La infracción al régimen de incompatibi­lidades y al de conflictos de interés previstos en la Constitución.

"2. Faltar en un período legislativo anual, sin causa justificada, a ocho de las sesiones ple­narias en que se voten proyectos de actos legis­lativos o de ley.

"Corresponde al Consejo de Estado declarar la pérdida de la investidura" (artículo 13, Acto legislativo número 1 de 1979).

8º. Artículo 73 de la Constitución Nacional. Atribuciones del Congreso.

Primera legislatura.

"Numeral 4º. Establecer el plan de desarrollo económico y social que se prevé en el artículo 80 y los de obras públicas que haya de emprenderseo continuarse, con los recursos e inversiones que se autoricen para su ejecución y de las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos (artículo 13 del Proyecto publicado en elDecreto 123).

"Numeral 6° Dictar el Reglamento del Con­greso y uno común para las Cámaras, en los cua­les deberán establecerse específicamente las causales de mala conducta y las respectivas san­ciones para sus miembros (artículo 14 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

"Numeral 11. Conceder autorizaciones al Go­bierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales (artículo 15 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

"Numeral 12. A solicitud del Gobierno, reves­tir pro tempore al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias cuando la ne­cesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen (artículo 16, del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

"El Consejo (sic) podrá en todo tiempo, y a iniciativa propia, derogar, modificar o adicional' sin limitación de materias los Decretos así dic­tados (artículo 16 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

"Numeral 13. Aprobar o improbar los tratados o convenios; (sic) que el Gobierno celebre con Estados o con entidades de Derecho Internacio­nal y sobre cuya conformidad con la Constitución Nacional se haya pronunciado la Corte Suprema de Justicia.

Por medio de tratados o convenios aprobados por el Congreso podrá el Estado obligarse para que, sobre bases de igualdad y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados (artículo 17 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

Numeral 22. Dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para los si­guientes efectos: organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su ser­vicio; regular el cambio internacional y el co­mercio exterior, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; intervenir en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o apro­vechamiento del ahorro privado" (artículo 1° del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

Segunda legislatura.

"Inciso 1°. Es función del Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer el control político sobre los actos de Gobierno y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del artículo 103.

"Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:

"Numeral 4º. Establecer el Pían de Desarrollo Económico y Social que se prevé en el artículo 20 y los de obras públicas que haya de empren­derse o continuarse, con los recursos e inversio­nes que se autoricen para su ejecución y de las medidas necesarias para impulsar el cumplimien­to de los mismos.

"Numeral 6º. "Dictar el Reglamento del Con­greso y uno común para las Cámaras, en los cua­les deberán establecerse específicamente las cau­sales de mala conducta de sus miembros y las respectivas sanciones.

"Numeral 11. Conceder autorizaciones al Go­bierno para celebrar contratos, negociar emprés­titos y enajenar bienes nacionales.

"Numeral 12. A solicitud del Gobierno, reves­tir pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

"El Congreso podrá en todo tiempo, y a ini­ciativa propia, derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los decretos así dictados.

"Numeral 22. Dictar normas generales a las cuales deba sujetarse el Gobierno para los si­guientes efectos: organizar el crédito público, re­conocer la deuda nacional y arreglar su servi­cio ; regular el cambio internacional y el comercio exterior; modificar los aranceles, tarifas y de­más disposiciones concernientes al régimen de aduanas; intervenir en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado" (artículo 14, Acto legislativo número 1 de 1979).

9º. Artículo 10. Comisión del Plan. Primera legislatura.

"Habrá un plan nacional de desarrollo eco­nómico y social presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso que comprenderá una parte en la cual se señalarán los propósitos na­cionales, las metas y prioridades de la acción del Estado y la participación que se dará a los di­versos sectores de la sociedad y de la economía y otra parte programática que determinará los recursos, medios y sistemas para su ejecución. Una ley normativa definirá la forma de concertación de las fuerzas económicas y sociales en los organismos de planeación y los procedimientos para elaborar el plan.

"La ley del plan tendrá supremacía sobre las que se expidan para asegurar su cumplimiento. Toda modificación que implique una carga eco­nómica, para el Estado o que varíe el inventario de sus recursos requerirá concepto previo favorable de los organismos de planificación.

"El Gobierno, durante los primeros cien días de su período constitucional, presentará al Congreso un proyecto con los cambios que en su con­cepto requiera la parte normativa del plan. De conformidad con tales cambios, podrá en todo tiempo proponer al Congreso las modificaciones que se hagan indispensables en su parte progra­mática.

"Parágrafo. Una Comisión permanente com­puesta por diez miembros de cada Cámara, ele­gidos para períodos no menores de dos años, teniendo en cuenta la proporción en que los par­tidos políticos estén representados, dará primer debate a los proyectos de ley a que se refiere este artículo, vigilará la ejecución del plan y la evo­lución y los resultados del gasto público. Esta Comisión funcionará también durante el receso del Congreso con la plenitud de sus atribuciones propias y de las establecidas por la Constitución para las demás comisiones permanentes. Si el plan no es aprobado por el Congreso en los cien días siguientes de sesiones ordinarias o extraor­dinarias a su presentación, el Gobierno podrá poner en vigencia los proyectos mediante decre­tos con fuerza de ley.

"Las leyes del plan deberán ser tramitadas y decididas por las Cámaras con prelación sobre cualquier otro asunto.

"Parágrafo transitorio: El Gobierno someterá al Congreso el Plan Nacional dentro del año si­guiente a la expedición de este Acto legislativo" (artículo 21 del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"Habrá un Plan Nacional de Desarrollo Eco­nómico y Social presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, que comprenderá una parte general- en la cual se señalarán los propó­sitos nacionales y las metas y prioridades de la acción del Estado de acuerdo con el artículo 32, las inversiones para impulsar el desarrollo regio­nal y la participación que se dará a los diversos sectores de la sociedad y de la economía; y una parte programática que determinará los recur­sos, medios y sistemas para su ejecución.

"La ley del plan tendrá supremacía sobre las que se expidan para asegurar su cumplimiento. Toda modificación que implique una carga eco­nómica para el Estado o que varíe el inventario de los recursos requerirá concepto previo favo­rable de los organismos de planificación. El Go­bierno durante los primeros cien días de su período constitucional presentará al Congreso un proyecto con los cambios que en su concepto re­quiere la parte general del plan. De conformidad con tales cambios, podrá en todo tiempo proponer al Congreso las modificaciones que se hagan indispensables en su parte programática.

"Parágrafo 1° Una ley normativa definirá la forma de concertaron de las fuerzas económicas y sociales en los organismos de planeación y los procedimientos para elaborar el plan.

Parágrafo 2º. Una Comisión Permanente com­puesta por veintisiete miembros en representa­ción de los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Territorios Nacionales, trece de los cuales serán elegidos por el Senado, uno de ellos en representación de Bogotá, y catorce por la Cámara, cuatro de ellos por los Territorios Nacionales, a razón de uno por cada circunscrip­ción electoral para la Cámara, teniendo en cuen­ta la proporción en que los partidos políticos es­tén representados, dará primer debate a los proyectos de ley a que se refiere este artículo, vigilará la ejecución del plan, y la evolución y los resultados del gasto público (sic). Esta Co­misión funcionará también durante el receso del Congreso con la plenitud de sus atribuciones pro­pias y de las establecidas por la Constitución para las demás Comisiones Permanentes. Si el Plan no es aprobado por el Congreso en los cien días siguientes de sesiones ordinarias o extraor­dinarias a su presentación, el Gobierno podrá poner en vigencia los proyectos mediante decre­tos con fuerza de ley.

"En el evento de que se crearen nuevos depar­tamentos o circunscripciones electorales para la Cámara, cada uno tendrá representación en la Comisión del Plan y su elección será hecha por la Cámara- de Representantes.

"Las leyes del Plan deberán ser tramitadas y decididas por las Cámaras con prelación sobre cualquier otro asunto, sin perjuicio de lo dispues­to en el artículo 91.

"Parágrafo 3º. Si pasados treinta días de ini­ciado el periodo legislativo durante el cual deba elegirse la Comisión del Plan la elección no se verifica, las mesas directivas de las Cámaras la integrarán teniendo en cuenta lo prescrito en el parágrafo anterior pora que asuma sus funciones con los miembros así designados hasta cuando las Cámaras o una de ellas los reemplacen mediante la respectiva elección. Si una Cámara hace la elección y la otra no, a la mesa directiva de ésta competerá nombrar a los miembros que corres­ponda y éstos actuarán hasta cuando sean susti­tuidos por los que elija la corporación" (artículo 17, Acto legislativo número 1 de 1979).

10. Artículo 21 de la Constitución Nacional. Requisitos para proyectos de acto legislativo o ley.

Primera legislatura.

"Numeral 2º. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente Comisión Perma­nente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en los artículos 80, 91 (inciso final) y 208 (artículo 22 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

"Suprímese el penúltimo inciso del artículo 81 de la Constitución Nacional que dice:

"Los proyectos de ley que no hayan sido acu­mulados en la forma que ordena el reglamento, no podrán discutirse ni votarse conjunta o simul­táneamente" (artículo 23, del Proyecto publi­cado en el Decreto 123 de 1979).

Segunda legislatura.

"El inciso 1º, los numerales 2º y 3º y los in­cisos penúltimo y último del artículo 81 de la Constitución Nacional, quedarán así:

"Ningún proyecto será acto legislativo o ley sin los requisitos siguientes:

"El numeral 2º quedará así: 2º. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en los artículos 80, 91 (inciso final) y 208.

"El numeral 3° quedará así: 3° Saber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. En éste los proyectos de ley podrán ser objeto de modificaciones, sustituciones o supresiones queno alteren su esencia. El Presidente de la respectiva Cámara rechazará las iniciativas que nose acuerden con este precepto, pero sus decisionesserán apelables ante la misma corporación.

"El penúltimo inciso se suprime y dice:

"Los proyectos de ley que no hayan sido acu­mulados en la forma que ordena el reglamento no podrán discutirse al votarse conjunta o si­multáneamente.

"El último inciso quedará así: Un proyecto de acto legislativo o de ley que hubiere sido ne­gado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno. Si la decisión de la Comisión, fuere improbada por la misma mayoría de votos que se requiere para la aprobación del proyecto, éste pasará a otra Comisión Permanente para que decida sobre él en primer debate" (artículo 18, Acto legislativo número 1 de 1979).

11. Artículo 94 de la Constitución Nacional. Requisitos para ser elegido Senador

Primera legislatura.

"Para ser elegido Senador se requiere ser co­lombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco años de edad en la fecha de la elección y, además haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, miembro princi­pal del Congreso, Jefe de Misión Diplomática, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal Superior o Con­tencioso-administrativo. Procurador General dela Nación, Contralor General de la República, profesor universitario por diez años, o haber ejer­cido por tiempo no menor de diez años una pro­fesión con título universitario.

"Ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o pri­sión puede ser Senador. Se exceptúa de esta pro­hibición a los condenados por delitos políticos" (artículo 25 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

Segunda legislatura

"Para ser elegido Senador se requiere ser co­lombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco años de edad en la fecha de la elección y, además, haber desempe­ñado alguno de los cargos de Presidente de la "República, Designado, Ministro del Despacho.Jefe de Departamento Administrativo, miembrodel Congreso, jefe titular de misión diplomática, Magistrado del Consejo Superior de la Judica­tura, de la Corte Suprema de Justicia, del Con­sejo de Estado, de Tribunal Superior o Conten­cioso-administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fis­cal General de la Nación, profesor universitario por diez años, o haber ejercido por tiempo nomenor de diez años una profesión con título universitario. Ningún ciudadano que haya sido con­denado por sentencia judicial a pena de presidioo prisión puede ser Senador. Se exceptúa de estaprohibición a los condenados por delitos políti­cos" (artículo 20, Acto legislativo número 1 de1979).

12. Artículo 98 de la Constitución Nacional. Atribuciones del Senado.

Numeral tercero:

Primera legislatura.

"Conceder licencia al Presidente de la Repú­blica para separarse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Designado para ejercer la Presidencia de la República, en cuyo caso se aplicará lo que se dis­pone en el artículo 125 de la Constitución Nacio­nal'' (artículo 26 del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"Conceder licencia al Presidente de la Repú­blica para separarse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, y aceptar las excusas del Designado para ejercer la Presidencia de la Re­pública, en cuyo caso se aplicará lo que se dis­pone en el artículo 125" (artículo 21, Acto legislativo número 1 de 1979).

13. Artículo 104 de la Constitución Nacional. Publicidad de las labores del Congreso.

Primera legislatura.

"La ley determinará los espacios de (sic) los medios oficiales de información, radio y televi­sión deben destinar a la transmisión de las sesiones de las Cámaras legislativas. En virtud de decisión de las Cámaras, sus mesas directivas podrán contratar informaciones adicionales por radio y por otros medios para lograr la publici­dad que el Congreso requiere" (artículo 28 del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"La ley podrá determinar los espacios que los medios oficiales de información deben destinar a la divulgación de las sesiones de las Cámaras Le­gislativas. En virtud de decisión de las Cámaras, sus mesas directivas podrán contratar publicidad adicional para informar a la opinión pública so­bre laslabores del Congreso" (artículo 24, Acto legislativo número 1 de 1979).

14. Artículo 106 de la Constitución Nacional.Impedimentos de los Congresistas

Primera legislatura.

"Los individuos de una y otra Cámara repre­sentan a la nación entera, y deberán votar con­sultando únicamente la justicia y el bien común.

"Para evitar conflictos de intereses los Con­gresistas se abstendrán de votar y de participar en el trámite de aquellos actos del Congreso, que incidan en forma directa en los negocios de gre­mios o personas de derecho privado a que (sic) dentro de los dos años inmediatamente anterioresa su elección, hayan prestado servicios remunerados" (artículo 29 del Proyecto publicado en elDecreto 123).

Segunda legislatura.

"Adiciónase el artículo 105 de laConstituciónNacionalcon el siguiente inciso:

"Los Congresistas que dentro de los dos años inmediatamente anteriores a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o per­sonas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se en­cuentren al estudio del Congreso, deberán comu­nicarlo por escrito a la mesa directiva de la res­pectiva corporación para que previa publicaciónen los 'Anales', decida si los Congresistas alu­didos deben abstenerse de participar en el trá­mite y votación de dichos actos.

"Cualquier miembro de la respectiva Cámara podrá denunciar el impedimento en caso de que, aquella comunicación no se hiciere oportunamente" (artículo 25, Acto legislativo número 1 de 1979).'

15. Artículo 107 de la Constitución Nacional. Inmunidad parlamentaria.

Primera legislatura.

"Los miembros del Congreso gozarán de in­munidad durante el período de sesiones ordina­rias, treinta días antes y veinte días después de éstas, y durante las sesiones extraordinarias. En consecuencia, no podrán ser detenidos ni privados de su libertad por motivo alguno, sin per­miso de la Cámara a que pertenezcan.

"Recibida la solicitud del juez, la Cámara res­pectiva dispondrá de un término de treinta días para resolver sobre el levantamiento de la in­munidad.

"Si no lo hace, quedará levantado (sic) ipsojure.

"En caso de delito flagrante, podrá ser captu­rado el sindicado, y puesto a disposición de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, para ser entregado en custodia a la Dirección General de la Policía Nacional hasta que la com­petente autoridad judicial resuelva lo pertinente.

"Ejecutoriado el auto de proceder o providen­cia la equivalente, se suspende la inmunidad.

"Levantada o suspendida la inmunidad, no se readquiere por ningún motivo con relación al mismo proceso" (artículo 30 del Proyecto publi­cado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"Los miembros del Congreso gozarán de in­munidad durante el período de sesiones, treinta (30) días antes y veinte (20) días después de éstas. Durante dicho tiempo no podrán ser dete­nidos ni privados de su libertad por motivo alguno, a menos que en su contra se dicte sentenciajudicial condenatoria de primer grado.

"En caso de flagrante delito, podrán ser cap­turados y puestos a disposición de la Mesa Direc­tiva de la Cámara correspondiente, para ser entregados en custodia a las autoridades de policía" (artículo 26. Acto legislativo número 1 de1979);

16. Artículo 108 de la Constitución Nacional.Inhabilidades para ser elegido Congresista.

Primera legislatura. Incisos 1º, 2º, y 3º

"El Presidente de la República, los Ministros y Viceministros del Despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Es­tado y de la Corte Electoral, el Contralor Gene­ral de la República, el Procurador General de la Nación, los Jefes de Departamento Administra­tivo, los Directores o Gerentes de las entidades públicas descentralizadas, el Registrador del Es­tado Civil y sus delegados, no podrán ser ele­gidos miembros del Congreso sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

"Tampoco podrán ser elegidos miembros del Congreso o Diputados, los Gobernadores, los Se­cretarios de Gobernación, los Alcaldes, los Secre­tarios de Alcaldía de Capitales de Departamen­to o de ciudades con más de trescientos mil habitantes, los Contralores Departamentales y Municipales y los Personeros sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Así mismo no podrá ser elegido cualquier otro funcionario que, seis meses antes de la elección haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, po­lítica o militar en la circunscripción electoral respectiva.

"Dentro del mismo período constitucional o legal, nadie podrá ser elegido miembro del Se­nado y de la Cámara de Representantes ni ele­gido tampoco por más de una circunscripciónpara las mismas corporaciones u otras de origen popular. Son nulas las elecciones que violen este precepto" (artículo 31 del Proyecto publicado en el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"Los incisos 1º y 2°, del artículo 108 de la Constitución Nacional quedarán así:

"El Presidente de la República, los Ministros y Viceministros del Despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Cor­te Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Electoral, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, los Jefes de Departamentos Administrativos, los representan­tes legales de las entidades descentralizadas, el Registrador del Estado Civil y sus delegados, no podrán ser elegidos miembros del Congreso sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

"Tampoco podrán ser elegidos miembros del Congreso o Diputados los Gobernadores, los Secretarios de Gobernación, los Alcaldes, los Secre­tarios de Alcaldía de capitales de departamento o de ciudades con más de trescientos mil habitan­tes, los Contralores Departamentales y Munici­pales y los Personeros, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, no podrá ser elegido cualquiera otro fun­cionario o empleado público que seis meses antes de la elecciónesté en ejercicio de su cargo" (ar­tículo 27, Acto legislativo número 1 de 1979).

17. Artículo 105 de la Constitución Nacional. Faltas absolutas de Senadores y Representantes

.

Primera legislatura. No se debatió.

Segunda legislatura.

"Constituye falta absoluta de Senadores y Re­presentantes principales y de los suplentes cuan­do se hubieren posesionado del cargo, su acepta­ción de cualquier empleo público, excepción hecha de los Ministros, Gobernador, Agente Diplomática y Alcalde del Distrito Especial o decapital de departamento'" (artículo 22, Acto le­gislativo número 1 de 1979).

18. Artículo 112 de lo Constitución Nacional. Facultades del Presidente en relación con el Congreso.

Primera legislatura.

"Numeral 3º. Presentar al Congreso el pro­yecto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y los de sus cambios, según se prevé en el artículo 80, entre cuyos objetivos deberá con­templarse el desarrollo armónico de las diferentes regiones del país; y también aquellos de obras públicas contemplados en el ordinal 4º del ar­tículo 76" (artículo 35 del Proyecto publicadoen el Decreto 123).

Segunda legislatura.

"Numeral 3º. Presentar al Congreso el pro­yecto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y los de susmodificaciones, según se prevé en el artículo 26, entre cuyos objetivos deberá contemplarse el desarrollo armónico de lasdiferentes regiones del país; y también aquellos de obras públicas contemplados en el ordinal 4°del artículo 76.

"En el numeral 2° del mismo artículo se su­prime la referencia al numeral 11 del artículo 76'' (artículo 30, Acto legislativo número 1 de 1979).

19. Artículo 119 de la Constitución Nacional. Facultades del Presidente en relación con la Ad­ministración de Justicia.

Primera legislatura.

"Corresponde al Presidente de la República en relación con la Administración de Justicia:

"1. Acusar ante la autoridad competente, por medio de funcionario o agente especial, a los go­bernadores de departamento y a cualesquiera otros empleados públicos del orden administra­tivo o judicial, por infracción de la Constitución o las leyes, o por otros delitos cometidos en ejer­cicio de sus funciones.

"2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley que regule el ejercicio de estas facultades. En ningún caso los indultos po­drán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares, se­gún las leyes.

''3. Con arreglo a las normas y requisitos que señale la ley y previo concepto favorable del Consejo Superior de la Judicatura, crear, supri­mir y fusionar juzgados y empleos subalternosen las oficinas judiciales; determinar el área territorial de los distritos y circuitos, y fijar, porrazón de la cuantía, la competencia de los tri­bunales y juzgados.

"4. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los servicios y auxilios nece­sarios para el cabal desempeño de sus funciones y para hacer efectivas sus providencias" (ar­tículo 4º del Proyecto publicado en el Decreto122).

Segunda legislatura.

'"Corresponde al Presidente de la República en relación con la administración de justicia:

"1º. Promover, por medio de la autoridad com­petente, la acusación a que haya lugar contra cualquier empleado público, por infracción de laConstitucióno las leyes, o por otros delitos co­metidos en ejercicio de sus funciones.

"2º. Conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley que regule el ejercicio de estas facultades. En ningún caso los indultos pueden comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares, según las leyes.

"3º. Con arreglo a las normas y requisitos que señale la ley y previo concepto favorable del Con­sejo Superior de la Judicatura, crear, suprimir y fusionar juzgados y empleos subalternos en las oficinas judiciales; determinar el área territorial de los distritos y circuitos y fijar, por razón de la cuantía, la competencia de la Corte Supremade Justicia, del Consejo de Estado, de los Tribunales y Juzgados.

"4º. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los servicios y auxilios nece­sarios para el cabal desempeño de sus funciones y para hacer efectivas sus providencias" (artícu­lo 31, Acto legislativo número 1 de 1979).

20. Artículo 121 de la Constitución Nacional. Estado de sitio.

Primera legislatura.

Inciso 2°. Parágrafo.

"Los términos señalados en el artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su incumpli­miento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada por elConsejo Superior de la Judicatura" (artículo5° del Proyecto publicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura.

Parágrafo. "El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su expe­dición, los decretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades pre­vistas en este artículo y si las normas que con­tienen se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de sitio. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala apre­henderá inmediatamente y de oficio su conoci­miento.

"Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte, y su incumpli­miento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.

"Contra los Decretos así revisados, podrá ejer­cerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214" (artículo 34, Acto legislativo número 1 de 1979).

21. Parágrafo. Artículo 122. Emergencia eco­nómica.

'Primera legislatura.

"El Gobierno enviará a la Corte Constitucio­nal, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que ella declare, con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este ar­tículo y si las normas que contienen se ajustana las facultades del Gobierno durante el estadode emergencia declarado. Si el Gobierno nocumpliere con el deber de enviarlos, la Corte aprehenderá inmediatamente, de oficio su cono­cimiento.

"Los términos señalados en el artículo 215 se reducirán a una tercera parte y su incumpli­miento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada porel Consejo Superior de la Judicatura.

'' Contra los Decretos así revisados, podrá ejer­cerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214" (artículo 6º del Proyecto publicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura.

"El Gobierno enviará a la Corte Suprema deJusticia, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte para que declare, con carácter definitivo, si se han expedido con el lleno de las formalidades previstas en este artículo y si las normas que contienen se ajustan n las facultades del Gobierno durante el estado de emergencia. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Sala aprehenderá inme­diatamente y de oficio su conocimiento.

"Los términos señalados en el artículo 215, se reducirán a una tercera parte, y su incumpli­miento dará lugar a la destitución de los Magis­trados responsables, la cual será decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.

"Contra los Decretos así revisados, podrá ejer­cerse la acción pública de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 214" (artículo 35, Acto legislativo número 1 de 1979).

22. Artículo 142 de la Constitución Nacional. Ejercido del Ministerio Público.

Primera legislatura.

"El Ministerio Público será ejercido por un Procurador General de la Nación, elegido para un período de cuatro años por la Cámara de Re­presentantes de terna que le enviará el Presiden­te de la República.

"El Procurador General tendrá los agentes que determine la ley, con las funciones que ésta les señale" (artículo 3º del Proyecto publicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura:

"El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Fiscal General de la Nación y por los demás funcionarios que la ley determine" (artículo 33, Acto le­gislativo número 1 de 1979).

''El artículo 142 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Procurador General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Cámara de Representantes de terna que le envíe el Presidente de la República.

"El Procurador General, quien tendrá los agentes que determine la ley, con las funciones que ésta les señale, no será reelegible, en ningúncaso, para el período inmediato" (artículo 39, Acto legislativo número 1 de 1979).

23. Artículo 143 de la Constitución Nacional, Atribuciones del Procurador General de la Na­ción,

Primera legislatura.

"Corresponde al Procurador General de la Na­ción y a sus agentes supervigilar la adminis­tración pública, defender los intereses nacionales y el patrimonio del Estado y velar por su co­rrecta administración. En tal virtud, tendrá las siguientes atribuciones especiales:

"1. Vigilar la conducta oficial de los funcio­narios y empleados de la Rama Ejecutiva, en todos sus órdenes, y ejercer sobre ellos el poder disciplinario, sin que la vinculación a la carrera administrativa sea óbice para la sanción correspondiente.

"2. Promover ante la autoridad competente la investigación de los actos de los funcionarios y empleados públicos que puedan constituir in­fracción penal.

"3. Procurar el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administra­tivas.

"4. Representar judicialmente, por sí o por medio de sus agentes, los intereses de la nación, sin perjuicio de que el organismo interesado constituya apoderados especiales cuando lo juz­gue conveniente.

"5. Nombrar y remover a los agentes y em­pleados de su dependencia y cuidar de que des­empeñen fielmente los deberes de su cargo" (ar­tículo 9° del Proyecto publicado en el Decreto 122 de 1979).

Segunda legislatura.

"Corresponde al Procurador General de la Na­ción y a sus agentes defender los derechos huma­nos, la efectividad de las garantías sociales, los intereses de la nación, el patrimonio del Estadoy supervigilar la administración pública. En talvirtud, tendrá las siguientes atribuciones espe­ciales:

"1. Pronunciarse sobre las quejas que recibapor violación de los derechos humanos y garan­tías sociales en que incurran funcionarios o em­pleados públicos, verificarlas y darles el curso legal correspondiente.

"2. Velar por la integridad del derecho dedefensa y por la legalidad de los procesos pe­nales.

"3. Vigilar la conducta oficial de los funcio­narios y empleados públicos y ejercer sobre ellos el poder disciplinario, directamente o suscitando la imposición de la sanción, sin perjuicio de las atribuciones de los respectivos superiores jerárquicos. La vinculación a una carrera de servicio no será óbice para el correctivo a que haya lu­gar.

"4. Promover ante la autoridad competente la investigación de los actos de funcionarios o empleados públicos que puedan constituir infrac­ción penal.

"5. Vigilar la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y promover ante el Consejo Superior de la Judicatura la san­ción disciplinaria respectiva.

"6. Exigir las informaciones que para el cum­plimiento de sus atribuciones considere necesa­rias, sin que se le pueda oponer reserva alguna salvo en lo relativo a los asuntos consignados en el numeral 4º del artículo 78.

"7. Representar judicialmente, por sí o por medio de sus agentes, los intereses de la nación, sin perjuicio de que el organismo interesado constituya apoderados especiales cuando lo juz­gue conveniente.

"8. Procurar el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administra­tivas.

"9. Presentar informe anual al Congreso so­bre el ejercicio de sus funciones.

"10. Presentar a la consideración del Con­greso proyectos de ley relativos a su cargo y es­pecialmente a la defensa de los derechos humanos y al respeto de las garantías sociales.

"11. Designar los procuradores delegados an­te la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y por el período que señale la ley; nom­brar y remover a los demás agentes y empleados de su dependencia, cuidando de que desempeñen fielmente los deberes de su cargo.

"Los Procuradores delegados ante la jurisdic­ción contencioso-administrativa tendrán las mis­mas calidades, remuneración y prestaciones de los miembros de la corporación ante la cual ejer­zan sus funciones.

"12. Las demás que le señale la ley. "(Artículo 40, Acto legislativo número 1 de 1979)".

24. Artículo 144 de la Constitución Nacional. Atribuciones del Fiscal, General de la Nación.

Primera legislatura.

"La persecución de los delitos y contravencio­nes y la acusación de los infractores ante las au­toridades competentes corresponden al Fiscal General de la Nación, que será el jefe superior de la policía judicial.

"El Fiscal General tendrá los agentes que de­termine la ley, con las atribuciones que ésta les señale. El Fiscal General y sus agentes tendrán competencia en todo el territorio nacional para el ejercicio de sus funciones.

"La Cámara de Representantes tiene determi­nadas funciones fiscales" (artículo 10 del Pro­vecto publicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura.

"La persecución de los delitos, de oficio o me­diante denuncia de cualquier persona, y la acu­sación de los infractores ante las autoridades competentes corresponden, en los términos y ca­sos que señale la ley, al Fiscal General de la Nación, quien será el Jefe Superior de la Policía Judicial.

"El Fiscal General dispondrá de los agentes que establezca la ley, con las atribuciones que és­ta determine. Tendrán competencia en todo el territorio nacional.

"La Cámara de Representantes ejerce deter­minadas funciones fiscales" (artículo 41, Acto legislativo número 1 de 1979).

25. Artículo 145 de la Constitución Nacional. Atribuciones Especiales del Fiscal General de la Nación.

Primera legislatura.

"El Fiscal General de la Nación tendrá las siguientes atribuciones especiales:

"1. Dirigir y adelantar, por sí o por medio de sus agentes, la investigación de los delitos ycontravenciones y promover su juzgamiento, con sujeción a los proeedimientos legales.

"2. Asignar funciones de policía judicial, en los términos que prescriban las leyes y reglamen­tos, a organismos y funcionarios de policía, que no sean de su dependencia, quienes las ejerceránbajo su dirección.

"3. Acusar ante laCorte de Casación a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponda a es­ta corporación.

"4. Vigilar la ejecución de las providencias que dicten los jueces penales.

"5. Nombrar y remover a los agentes y em­pleados de su dependencia y cuidar de que cum­plan fielmente los deberes de su cargo" (ar­tículo 11, del Proyecto publicado en el Decreto122 de 1979).

Segunda legislatura.

"Serán atribuciones especiales del Fiscal Ge­neral de la Nación las siguientes:

1º. Dirigir y adelantar por sí o por medio de sus agentes, la investigación de los delitos, ase­gurar la presencia de los presuntos infractores durante las actuaciones procesales y promover su juzgamiento, todo con sujeción a lo que pres­criba la ley.

"2º. Asignar funciones de policía judicial, en los términos que prescriba la ley, a organismos y funcionarios de policía que no sean de su de­pendencia y que las ejercerán bajo su dirección y responsabilidad.

"3º. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponde a esta, corporación.

"4º. Vigilar la ejecución de las providencias que dicten los jueces penales.

"5º. Nombrar y remover a los agentes y em­pleados de su dependencia y cuidar de que cum­plan fielmente los deberes de su cargo'' (ar­tículo 42. Acto legislativo número 1 de 1979).

28. Artículo 146 de la Constitución NacionalElección del Fiscal General de la Nación.

Primera legislatura.

"El Fiscal General de la Nación será nombra­do para un período de cuatro (4) años por el Procurador General de la Nación de lisia que le enviará el Consejo Superior de la Judicatura" (artículo 12 del Proyecto publicado en el De­creto 122 de 1979).

Segunda legislatura.

"El Fiscal General de la Nación será nombra­do para un período de seis años por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de lista quele envíe el Presidente de la República con no menos de cinco nombres pertenecientes a distin­tos partidos políticos.

"El Fiscal General no será reelegible, en nin­gún caso, para el período inmediato" (artículo 43, Acto legislativo número 1 de 1979).

27. Artículo 148 de la Constitución Nacional,Integración del Consejo Superior de la Judica­tura.

Primera legislatura.

"Habrá un Consejo Superior de la Judicatura y una Corte Constitucional integrados por el nú­mero de Magistrados que fije la ley, la que deter­minará también lo relativo a su organización y funcionamiento" (artículo 13 del Proyecto pu­blicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura.

"Habrá un Consejo Superior de la Judicatura integrado por el número de Magistrados que fije la ley, la cual determinará también lo relativo a su organización y, funcionamiento.

"Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la misma corpora­ción para periodos individuales de ocho años en la forma que lo establezca la ley y no podrán ser reelegidos" (artículo 44, Acto legislativo número 1 de 1979).

23. Artículo 149 de la Constitución Nacional. Elección de los Magistrados de la Corte Suprema do Justicia y del Consejo de Estado.

Primera legislatura.

"Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte de Casación y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación para períodos individuales de ocho años, de listas ela­boradas por el Consejo Superior de la Judica­tura en la forma que establezca la ley. En ningúncaso podrán ser reelegidos y deberán separarsedel servicio cuando cumplan la edad de retiroforzoso.

"Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la misma corpora­ción para períodos individuales de ocho (8) años; no podrán ser reelegidos y deberán sepa­rarse del servicio cuando cumplan la edad de retiro forzoso.

'''Parágrafo transitorio. La primera elección de Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional se hará por las Cámaras Legislativas de ternas que les enviará el Presidente de la República, a cada una de ellas.

"La primera elección de la Corte de Casación se hará de ternas que envíe el Consejo Superior de la Judicatura a cada una de las Cámaras Le­gislativas" (artículo 14 del Proyecto publicado en el Decreto 122 de 1979).

Segunda legislatura.

"Los Magistrados de la Corte Suprema de Jus­ticia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación para períodos indivi­duales de ocho años, de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en la forma que establezca la ley. En ningún caso podrán ser reelegidos y deberán separarse del servicio cuan­do cumplan la edad de retiro forzoso" (artículo45, Acto legislativo número 1 de 1979).

29. Requintos paro ser elegido Magistrado. Consejo Superior de la Judicatura, Corte Supre­ma de Justicia, Consejo de Estado, Procurador General de la Nación y Fiscal General de la Na­ción.

Primera legislatura.

"Para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte de Casación, del Consejo de Estado, Pro­curador General de la Nación o Fiscal General de la Nación se requiere ser colombiano de naci­miento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad y ser abo­gado titulado, y además haber sido Magistradode la Corte Suprema de Justicia o Consejero deEstado en propiedad, o Procurador General dela Nación, Magistrado o Fiscal de Tribunal Su­perior de Distrito, por un período no menos (sic) de cuatro años; o haber ejercido con buen cré­dito, por diez años a lo menos, la profesión deabogado o el profesorado en jurisprudencia enalgún establecimiento público de enseñanza.

"Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte de Casación y del Consejo de Estado no podrán ser nombrados para desempeñar cargos en la Rama Ejecutiva del Poder Público, du­rante el ejercicio de sus funciones y un año des­pués" (artículo 15 del Proyecto publicado en el Decreto 122 de 1979).

Segunda legislatura.

"Para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de na­cimiento y en ejercicio de la ciudadanía, ser o haber sido en propiedad, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación, Fiscal Gene­ral de la Nación o haber ejercido con excelentereputación moral y buen crédito, por veinte años a lo menos, la profesión de abogado o el profeso­rado en jurisprudencia en algún establecimiento de enseñanza" (artículo 46. Acto legislativo nú­mero 1 de 1979).

"Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación o Fiscal General de la Na­ción, se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad y ser abogado titu­lado; y, además, haber sido Magistrado en pro­piedad de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado o Procurador General de la Nación, o Fiscal General de la Nación, Magistra­do del Tribunal Superior de Distrito por un tér­mino no menor de ocho años; o haber ejercido conexcelente reputación moral y buen crédito, por diez años a lo menos, la profesión de abo­gado o el profesorado en jurisprudencia en algún establecimiento de enseñanza.

"Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no podrán ser nombrados para desempeñar cargos en la Rama Ejecutiva del Poder Público durante el ejercicio de susfunciones y un año después. Ni ellos ni los Ma­gistrados de los Tribunales podrán ejercer laprofesión de abogado durante el año siguientea su retiro ante la corporación en que sirvierono de ellas dependen" (artículo 47, Acto legisla­tivo número 1 de 1979).

30. Inciso 2º, artículo 160 de la Constitución Nacional. Imposición de sanciones disciplinarias a Magistrados y jueces.

Primera legislatura.

"Los Magistrados y Jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias impuestas por el Con­sejo Superior de la Judicatura, que podrán con­sistir en amonestaciones, multas, suspensión o destitución, con arreglo a la ley" (artículo 19 del Proyecto publicado en el Decreto 122 de 1979).

Segunda legislatura.

"Los Magistrados y Jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias, que podrán consistir en amonestaciones, multas, suspensión o destitución, con arreglo a la leye impuestas según se esta­blece en el artículo 217, numeral 5º" (artículo 51, Acto legislativo número 1 de 1979).

31. Artículo 181 de la Constitución Nacional. Paridad de los funcionarios de la administración de justicia.

Primera legislatura.

"El Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte de Casación y el Consejo de Estado serán paritarios.

"A los otros cargos de la Rama Jurisdiccional se ingresará de acuerdo con las normas que reglamenten la carrera judicial'' (artículo 52, Acto legislativo número 1 de 1979).

32. Artículo 16.2 de la Constitución Nacional Establecimiento de la carrera judicial.

Primera legislatura.

"La ley establecerá la carrera judicial y re­glamentará los sistemas de concurso para la se­lección de los candidatos que hayan de desempe­ñar los cargos de la Rama Jurisdiccional, las jubilaciones o pensiones que se decreten para quienes hayan cumplido un determinado tiempo de servicio o se retiren forzosamente. También deberá retirarse obligatoriamente con derecho a las prestaciones sociales que establezca la ley, el funcionario cuyo trabajo sufra notoria disminu­ción por razones de salud o por haber cumplido la edad máxima señalada en la ley para cada cargo" (artículo 21 del Proyecto publicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura

"La ley establecerá la carrera judicial y la del Ministerio Público y reglamentará los sistemas de concurso para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar los cargos de la Rama Jurisdiccional, las jubilaciones o pensiones que se decreten para, quienes hayan cumplido un de­terminado tiempo de servicio o se retiren for­zosamente.

"También deberá retirarse obligatoriamente, con derecho a las prestaciones sociales que esta­blezca la ley, el funcionario cuyo trabajo sufra notoria disminución por razones de salud, o por haber cumplido la edad máxima señalada en la ley para cada cargo" (artículo 58, Acto legisla­tivo número 1 de 1979).

33. Artículo 190 de la Constitución Nacional. Inciso 4º. Reelección de Contralores.

Primera legislatura.

El inciso 3º del artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así:

"El Contralor General de la República será elegido por un período de cuatro años, por la Cámara de Representantes. Este funcionario, así como los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de capitales de departamento no podrán ser reelegidos, en ningún caso, para el período inmediato" (ar­tículo 3º del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1079).

Segunda legislatura.

"Para el inciso 4º del artículo 190 de la Cons­titución Nacional el siguiente texto:

"Los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de las capitales de departamento, no podrán ser reelegidos en nin­gún caso para el período inmediato, ni continuar en ejercicio del cargo al vencimiento de su mandato" (artículo 54, Acto legislativo número 1 de 1979).

34. Artículo 207 de la Constitución Nacional Apropiación presupuestal de cualquier gasto pú­blico.

Primera legislatura.

"No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o los Concejos Mu­nicipales, ni transferirse ningún crédito a un ob­jeto no previsto en el respectivo presupuesto.

"Sin embargo, el Gobierno y el Congreso acor­darán cada año el porcentaje del presupuesto na­cional que se destinará al desarrollo regional y a obras de utilidad social que ejecuten directamen­te las entidades del Estado y las juntas de acción comunal vigiladas por el Gobierno, según deci­sión que requiere la aprobación de las comisiones de presupuesto, luego de debate público en que debe participar el Ministro de Hacienda, inicia­do en fecha y hora anunciadas con tres días de anticipación en los 'Anales del Congreso'. Con excepción de los aportes para los planteles de educación o de beneficencia, que también vigi­lará el Gobierno, ningún pago podrá hacerse por estos conceptos, a entidades de carácter privado. Todas las apropiaciones anteriores deberán ser pagadas durante la respectiva vigencia fiscal" (artículo 42 del Provecto publicado en el De­creto 123 de 1979).

Segunda legislatura.

"No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o los Concejos Mu­nicipales, ni transferirse ningún crédito a un ob­jeto no previsto en el respectivo presupuesto.

"Las partidas para el desarrollo regional sólo podrán aprobarse después de debate público en las Comisiones de Presupuesto y en las sesiones plenarias, previo anuncio de las fechas de su ce­lebración por intermedio de los 'Anales del Congreso'.

"Con excepción de los aportes regionales para planteles educativos o de beneficencia pública oficialmente reconocidos o autorizados y de las juntas de acción comunal, que también vigilará el Gobierno, ninguno podrá destinarse a entida­des privadas.

"El total de la apropiación presupuestal para dichos aportes, que cada año señale la ley con base en propuesta del Gobierno, será distribuido entre los departamentos por partes iguales y una cantidad proporcional para los Territorios Nacionales, sin que pueda existir diferencia en las asignaciones que señalen los congresistas de una misma circunscripción electoral" (artículo 55, Acto legislativo número 1 de 1979).

35. Artículo 208 de la Constitución Nacional. Expedición del presupuesto.

Primera legislatura.

Inciso primero.

"El Gobierno formará anualmente el presu­puesto de rentas y junto con el proyecto de ley de apropiaciones, que deberá reflejar el Plan de Desarrollo Económico y Social y sus programas, lo presentará al Congreso en los primeros diez días de las sesiones ordinarias de julio (artículo 43 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979).

Parágrafo. El Gobierno incorporará sin mo­dificaciones al proyecto de ley de apropiaciones el que cada año elaboren conjuntamente las co­misiones de la mesa de las Cámaras para el fun­cionamiento del Congreso, conforme a las leyes preexistentes previa consulta con las Mesas Di­rectivas de las Comisiones Constitucionales Per­manentes.

El Gobierno, no obstante, podrá presentar du­rante el primer debate observaciones que anali­zarán, para decidir sobre ellas, las comisiones de presupuesto en sesión conjunta.

A partir del 1º de enero de 1968, el Gobierno Nacional invertirá no menos del diez por ciento (10%) de su presupuesto general de gastos, en la educación pública (artículo 44 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979. Artículo 11 plebiscito número 1 de 1957).

Segunda legislatura.

Primer inciso.

"El Gobierno formará anualmente el presupues­to de rentas y junto con el proyecto de ley de apropiaciones que deberá, reflejar el plan de des­arrollo económico y social y sus programas, lo presentará al Congreso en los primeros diez días de las sesiones ordinarias de julio.

Parágrafo. El Gobierno incorporará sin mo­dificaciones al proyecto de ley de apropiaciones el que cada año elaboren conjuntamente las Comisiones de la Mesa de las Cámaras para el fun­cionamiento del Congreso, conforme a las leyes preexistentes, previa consulta con las Mesas Di­rectivas de las Comisiones Constitucionales Per­manentes.

El Gobierno no obstante podrá presentar du­rante el primer debate observaciones que anali­zarán, para decidir sobre ellas, las Comisiones de Presupuesto en sesión conjunta.

Las Mesas Directivas de las Cámaras ejecuta­rán el presupuesto del Congreso con estricta su­jeción a la ley normativa del presupuesto nacio­nal y rendirán informe público mensual de dicha ejecución (artículo 56, Acto legislativo número 1 de 1979).

36. Artículo 214 de la Constitución Nacional. Guarda de la Constitución Nacional.

Primera legislatura.

"El artículo 214 de la Constipación Nacional quedará así:

"A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la supremacía de la Constitución, en los términos de este artículo. Para tal efecto, cumplirá las siguientes funciones:

"1. Decidir definitivamente sobre las obje­ciones del Gobierno a los proyectos de acto legis­lativo, por el sólo motivo de no haber sido tramitados y aprobados con las formalidades prescritas en la Constitución.

"2. Decidir definitivamente sobre las obje­ciones de inconstitucionalidad que el Gobierno formule a los proyectos de ley, tanto por su con­tenido material como por no haber sido tramita­dos y aprobados en la forma constitucional pres­crita.

"3. Decidir definitivamente sobre demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra los actos legislativos, por el sólo motivo de no haber sido tramitados y aprobados con las for­malidades prescritas en la Constitución.

"4. Decidir definitivamente sobre las deman­das de inconstitucionalidad que se presentan con­tra las leyes, tanto por su contenido material como por no haber sido tramitadas y aprobadas en la forma constitucional prescrita.

"5. Decidir definitivamente sobre las deman­das que se presenten contra los decretos del Go­bierno Nacional por ser viólatenos de la Consti­tución.

"6. Decidir sobre la exequibilidad de los de­cretos que se dicten con base en los artículos 121 y 122 en los términos que señalan las citadas disposiciones.

"7. Emitir dictamen, a solicitud del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras legislativas, sobre la constitucionalidad de los tratados o convenios internacionales.

"8. Dar posesión al Presidente de la Repúbli­ca en el caso previsto en el artículo 117" (ar­tículo 22 del Proyecto publicado en el Decreto 122 de 1979).

Segunda legislatura.

"El artículo 214 de la Constitución Nacional quedará así:

"A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la supremacía de la Constitución, en los términos de este artículo. Para tal efecto cumplirá las siguientes funciones:

"1º. Decidir definitivamente sobre las deman­das de inconstitucionalidad que se presenten con­tra los actos legislativos, pero sólo por los si­guientes vicios de forma:

"a) Por haber sido aprobados sin el cumpli­miento de los requisitos previstos en el artículo 81;

"b) Por no haber sido aprobados en legisla­turas ordinarias consecutivas;

"a) Por haber sido aprobados en la segunda legislatura sin la mayoría absoluta de los indi­viduos que componen cada Cámara.

"2º. Decidir definitivamente sobre las obje­ciones de inconstitucionalidad que el Gobierno formule a los proyectos de ley, tanto por su con­tenido material como por no haber sido trami­tados y aprobados en la forma constitucional prescrita.

"3º. Decidir definitivamente sobre las deman­das de inconstitucionalidad que se presenten contra las leyes, tanto por su contenido material como por no haber sido tramitadas y aprobadas en la forma constitucional prescrita.

"4º. Decidir definitivamente sobre las deman­das que se presenten contra los decretos del Go­bierno Nacional expedidas con fundamento en los artículos 32, 76 numeral 12 y 20, por ser violatorios de la Constitución.

"5º. Decidir sobre la exequibilidad de los de­cretos que se dicten con base en los artículos 121 y 122 en los términos que señalan las citadas disposiciones; y decidir definitivamente sobre las demandas que por inconstitucionalidad se instauren contra ellos.

"Parágrafo. Las funciones primera y quinta serán ejercidas por la Sala Plena con base en anteproyectos que presente la Sala Constitucio­nal. Las demás son de competencia de la Sala Constitucional" (artículo 52 del Acto legislativo número 1 de 1979).

37. Artículo 215 de la Constitución Nacional. Reglas para las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Primera legislatura.

"El artículo 215 de la Constitución Nacional quedará así:

"Las actuaciones de la Corte Constitucional se adelantarán conforme con las siguientes re­glas:

"1. Cualquier persona puede ejercer las ac­ciones previstas en el artículo anterior o inter­venir en los correspondientes procesos como im­pugnadora o defensora.

"2. El Procurador General de la Nación in­tervendrá en todos los casos en que la Corte deba cumplir sus funciones jurisdiccionales.

"3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la vigen­cia del respectivo acto.

"4. La Corte dispondrá de un término de sesenta días para decidir, sin perjuicio de los términos especiales establecidos en la Constitu­ción; su incumplimiento es causal de mala con­ducía y se sancionará con la destitución, que decretará el Consejo Superior de la Judicatura" (artículo 23 del Proyecto publicado en el Decre­to 122 de 1979).

Segunda legislatura.

"El artículo 215 de la Constitución Nacional quedará así:

'Las actuaciones de la Corte Suprema de Jus­ticia se adelantarán conforme con las siguientes reglas:

"1º. Cualquier ciudadano puede ejercer las ac­ciones previstas en el artículo anterior o inter­venir en los correspondientes procesos como im­pugnador o defensor.

"2º. El Procurador General de la Nación in­tervendrá en todos los casos en que la Corte deba cumplir sus funciones jurisdiccionales.

"3º. Las acciones por vicios de forma prescriben en el término de un año, contado desde la vigencia del respectivo acto.

"4º. La Corte y la Sala Constitucional, cuando a éstas les corresponda proferir el fallo dispon­drán de un término de sesenta días para decidir, sin perjuicio de los términos especiales estableci­dos en la Constitución; su incumplimiento es causal de mala conducta y se sancionará con la destitución que decretará el Consejo Superior de la Judicatura" (artículo 59, Acto legislativo número 1 de 1979).

38. Artículo 217 de la Constitución Nacional Atribuciones del Consejo Superior de la Judica­tura.

Primera legislatura.

"El artículo 217 de la Constitución Nacional quedará así;

"Son atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura:

"1. Administrar la carrera judicial.

"2. Enviar a la Corte Constitucional a la de Casación, al Consejo de Estado y al Procurador General de la Nación las listas a que se refieren los artículos 146 y 149.

"3. Nombrar directamente a los Magistrados de los tribunales y a los jueces, de listas que ela­boren los tribunales de Distrito, con sujeción a las normas sobre carrera judicial.

"4. Velar porque se administre pronta y cum­plida justicia, para lo cual vigilará e inspeccio­nará la marcha de los despachos judiciales y examinará la conducta de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional.

"5. Conocer en única instancia, conforme al procedimiento que señale la ley, de las faltas dis­ciplinarias en que incurran los funcionarios ju­diciales.

"6. Conocer en única instancia de los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte de Casación, del Consejo de Estado y el Fiscal General de la Nación.

"7. Conocer en segunda instancia de las fal­tas disciplinarias en que incurran los abogados en el ejercicio de la profesión.

"8. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y en­tre éstas y el Ministerio Público.

''9. Las demás que le señale la ley" (artículo 25 del Proyecto publicado en el Decreto 122).

Segunda legislatura.

"El artículo 217 de la Constitución Nacional quedará así:

"Son atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura:

"1. Administrarla carrera judicial.

"2. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado las listas a que se refiere el artículo 149.

"3. Enviar a la Corte Suprema de Justicia- y al Consejo de Estado las listas de ciudadanos que reúnan las condiciones para ser designados Ma­gistrados de los Tribunales; y a los Tribunales las de quienes pueden ser nombrados jueces. En uno y otro caso se tendrán en cuenta las normas sobre la carrera judicial y se dará preferencia a quienes hayan desempeñado cualquiera de esos cargos en el respectivo departamento o sean oriundos de él.

"4. Velar porque se administre pronta y cum­plida justicia, para lo cual examinará y sancio­nará la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional.

"5. Conocer en única instancia de las faltas disciplinarias en que incurran los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de los Tribunales; y en segunda instan­cia, por apelación o consulta, de aquellas en que incurran los jueces, cuyo conocimiento en pri­mera instancia corresponderá al Tribunal res­pectivo.

"6. Conocer en segunda instancia de las fal­tas disciplinarias en que incurran los abogados en el ejercicio de la profesión.

"7. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

"8. Las demás que le señale la ley" (artículo 61 del Acto legislativo número 1 de 1979).

39. Artículo 62 del Acto legislativo. Presu­puesto para la Rama Jurisdiccional.

Primera legislatura.

No se mencionó.

Segunda legislatura.

"A partir del 1º de enero de 1981, el Gobierna Nacional invertirá no menos del 10% del presu­puesto general de gastos en la Rama Jurisdiccio­nal y el Ministerio Público".

g) Conclusiones. De conformidad con la com­paración anterior, mediante la cual se ha buscado precisar claramente los cambios ocurridos en la segunda legislatura, encuentra la Corte, que se llega a las conclusiones siguientes, en orden a determinar en definitiva, el alcance y las conse­cuencias de tales modificaciones introducidas a los artículos respectivos de la Constitución Na­cional.

1º. Artículo 47. Se le agregó un primer inciso que corresponde al texto del artículo de la Carta anterior a La adopción del Acto legislativo nú­mero 1 de 1979, involucrado por lo tanto en los debates pertinentes y cuya eliminación no fue solicitada ni acordada. Se cambió la palabra Go­bierno por la de Estado, precisándose técnica­mente el concepto.

Finalmente se agregó un último inciso, median­te el cual se dispone que "La ley podrá igual­mente estimular el ejercicio de la función del sufragio y aún establecer el voto obligatorio".

Este inciso es totalmente nuevo y por no co­rresponder a las condiciones oportunamente se­ñaladas, será declarado inexequible por ser con­trario a lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución Nacional.

2º. Artículo 58. La segunda legislatura, punto de referencia naturalmente, para llegar a las conclusiones de que se ocupa la Corte en este aparte de la providencia, excluyó al Consejo Su­perior de la Judicatura de los organismos que administran justicia, y aclaró lo relacionado con la denominación ríe la Corte Suprema de Justicia.

3º. Artículo 59, inciso 3°. La parte de este in­ciso relativa a los Contralores Departamentales, del Distrito Especial de Bogotá y de las capitales de departamento, suprimida de aquél, pasó a in­tegrar el artículo 54 del Acto legislativo.

Artículo 70, inciso 1º. Adicionó con la frase "durante los períodos de sesiones" y le suprimió la letra "y" cambiándola por una coma.

5º. Artículo 72, inciso 1º. Con respecto al texto aprobado cu la primera legislatura, la última parte de este inciso es ciertamente nueva. Según ella "las mesas directivas de las Comisiones serán renovadas cada año y ninguno de sus miem­bros podrá ser reelegido para el período inme­diato".

Sin embargo, esta cláusula constituye simple­mente una ampliación de lo dispuesto por el propio Acto legislativo número 1 de 1979, en su artículo 23, ordinal 1°, al propio tiempo que una concreción de éste, por lo que hace a las Comi­siones Permanentes. El artículo 23 se refiere al período y a la no reelección de los Presidentes y Vicepresidentes de cada Cámara.

El inciso final que aparece cómo nuevo, no lo es toda vez que corresponde al inciso final del artículo 10 del Proyecto publicado en el Decreto 123, con la salvedad de haber sido incluido "de acto legislativo" y "hacer".

6º. Artículo 73. Se incluyó al Gobierno, en or­den a la convocatoria de las Comisiones Perma­nentes en receso legislativo; el tema había sido materia de debate en la primera legislatura, co­mo lo demuestra el segundo inciso del artículo aprobado en ésta. De otra parte, se trata de una ampliación de las posibilidades de funciona­miento de aquéllas, durante el período de receso, aspecto acogido por el constituyente.

7º. Artículo 74. Se amplió la reunión en un cuerpo del Congreso a los casos en que el Presi­dente o sus Ministros "concurran a abrir sus se­siones", especificándose además que tal reunión en un solo cuerpo, para recibir a los Jefes de Estado o de Gobierno, procederá, "cuando ven­gan a Colombia por 'invitación del Gobierno' ".

8º. Artículo 76. Los libelistas mencionan el in­ciso 1° de este artículo, como uno de los textos nuevos incluidos en la segunda legislatura. Es de anotar sin embargo, que tal inciso fue deba­tido y aprobado en la primera vuelta en el ar­tículo 2º del Proyecto publicado en el Decreto 123; lo cual significa solamente que fue cam­biado de ubicación.

Importa advertir igualmente que éstos subra­yan el ordinal 18 de este artículo, el cual no fue afectado por la reforma.

Conviene señalar que en el segundo inciso del numeral 12, se emplea la expresión Consejo por la de Congreso.

9º. Artículo 80. El primero y el segundo inciso precisan que el Plan Nacional de Desarrollo Eco­nómico y Social tendrá una "Parte General", y el parágrafo segundo se limita a ampliar de 10 a 27 el número de miembros de la Comisión.

Por su parte, el inciso segundo del parágrafo segundo, constituye un desarrollo del primero, al disponer que creados nuevos departamentos, és­tos estarán representados en la Comisión del Plan.

Si bien el parágrafo tercero que permite la elección de la Comisión del Plan por las Mesas Directivas de las Cámaras, en el caso de que pa­sados treinta días de iniciado el período legislati­vo, no se hubiere verificado la elección, es nuevo, se trata sin embargo de un mecanismo comple­mentario que busca la efectividad de dicha Comisión, que responde por otra parte a la expe­riencia parlamentaria que hizo imposible la elec­ción de la misma, lo cual constituyó preocupa­ción esencial del Constituyente en 1978.

Así por ejemplo, la ponencia para primer de­bate, en el Senado de la República, presentada por los Senadores Espinosa Valderrama, Pardo Parra y Lorduy Rodríguez, enfatiza dicha preo­cupación al expresar que:

"Es bien sabido que el Congreso no ha podido elegir en dos lustros la Comisión del Plan creada por la Reforma Constitucional de 1968. Tal vez la demasiada reglamentación del artículo, to­mada del proyecto original del Gobierno, creó dificultades grandes que se tornaron insalvables con la especie de 'rompecabezas' que resultó de las modificaciones adoptadas durante el trámite de las dos vueltas" (Reforma Constitucional de 1979. Legislatura de 1978. Primera Parte. Colec­ción "Pensadores Políticos Colombianos". Cá­mara de Representantes. Imprenta Nacional. Bo­gotá, 1930, página 245).

10. Artículo 81. En el inciso primero se in­cluye la expresión "acto legislativo". Dadas las relaciones entre éste y la ley, destacadas en va­rias partes de esta providencia, se trata de una mera precisión, de la cual inclusive hubiera po­dido prescindirse sin que se afectara el sentido del texto respectivo.

En cuanto al numeral 3º que aparece como nuevo en la segunda legislatura, son pertinentes las siguientes observaciones, La primera parte relativa a la aprobación del proyecto "en cada Cámara en segundo debate", corresponde al mis­mo texto del numeral 3° del artículo 81 anterior a la reforma. La segunda parte, relativa a las "modificaciones, sustituciones o supresiones'' que pueden hacerse al proyecto de ley en el se­gundo debate, se encuentra claramente enmar­cada dentro del tema materia de las deliberacio­nes, del procedimiento que debe observarse en la tramitación de los proyectos de ley.

El último inciso, corresponde al texto que ocu­paba el mismo lugar en el artículo 81, con ante­rioridad a 1979, con la agregación de los térmi­nos "acto legislativo".

11. Artículo 94. Al determinarse los cargos, cuyo ejercicio habilita para ser Senador, tratándose de Jefe de Misión Diplomática, se restringe al titular de la misma, y se incluye el de Magis­trado del Consejo Superior de la Judicatura y el de Fiscal General, simple ampliación ésta que, por otra parte, abarca tratándose de altos funcio­narios del Estado, aquéllos que con tal condición, son creados en la reforma. Así mismo, con la su­presión de la palabra "principal" se amplia a cualquier miembro del Congreso.

12. Artículo 98. La atribución del Senado de decidir sobre las excusas del Designado, se cam­bia por la de aceptar dichas excusas, lo cual com­porta una restricción de dicha facultad. Cabe ob­servar que la remisión hecha al artículo 125 de la Constitución Nacional es equivocada, toda vez que ha debido mencionarse el 124.

13. Artículo 104. En la demanda se conside­raron como no debatidas algunas partes de este artículo, lo sucedido fue sin embargo, que en la segunda legislatura se aludió a los medios de información en forma genérica, y no de manera específica como en la primera. Debe señalarse que lo que en la primera legislatura aparece como imperativo, en la segunda queda facultativo.

14. Artículo 105. En la demanda se presenta como nueva la totalidad del artículo, cuando lo nuevo es simplemente la forma de hacerse cono­cer el impedimento.

15. Artículo 107. Se amplió la inmunidad par­lamentaria al determinarse que la suspensión de la misma opera al dictarse "sentencia judicial condenatoria de primer grado" y no, al quedar ejecutoriado el auto de proceder o su equivalente," como lo disponía la primera.

16. Artículo 108. El sistema de inelegibilidades previsto para los altos funcionarios del Estado, se amplía para comprender al Fiscal Ge­neral de la Nación.

Así mismo al referirse para idénticos propó­sitos a los funcionarios, se precisa el concepto al hablarse de "funcionario o empleado público".

Se cambió la expresión Magistratura por Ju­dicatura al referirse al Consejo Superior y se reemplazó la de "Directores o Gerentes" por la expresión "Representantes legales". También, con la supresión de la palabra "públicas".

Finalmente, se suprimió el tercer inciso.

17. Artículo 109. Se trata de una disposición totalmente nueva, que consiguientemente deberá ser declarada inexequible.

Importa señalar que en este caso los actores citaron y transcribieron el artículo 32 del Pro­yecto publicado en el Decreto 123 de 1979, que determina cómo debe quedar el artículo 110 de la Constitución Nacional, para hacerlo aparecer en la "doble columna" como si correspondiera al texto definitivo del citado artículo 109.

18. Artículo 118. En el numeral tercero, la facultad del Presidente para presentar el pro­yecto del Plan Nacional de Desarrollo se especi­ficó en el sentido de incluir también, la presen­tación de "modificaciones" al mismo. En el numeral 8º del mismo artículo, en forma ostensi­blemente antitécnica se suprimió la referencia al numeral 11 del artículo 76.

19. Artículo 119. En cuanto a las facultades del Presidente, en relación con la Administra­ción de Justicia, en el ordinal 1° se utiliza la expresión promover en cambio de la de acusar; y en el ordinal 3° se precisa que la fijación de la competencia por razón de la cuantía abarca tam­bién a la Corte Suprema y al Consejo de Estado.

20. Artículo 121. El parágrafo relativo al con­trol constitucional de los Decretos dictados aparece como nuevo en la segunda legislatura. Sin embargo, se trata de un tema debatido en la primera, toda vez que se menciona en el artículo 6º del proyecto publicado en el Decreto 122, y se incluye por lo demás en el ordinal 5º del ar­tículo 214, esto es, en el artículo 58 del Acto le­gislativo.

21. Artículo 122. Se precisa, como en otras ocasiones en que es necesario, la referencia a la Corte Constitucional, aludiendo a la Corte Su­prema de Justicia.

22. Artículo 142. En cuanto al ejercicio del Ministerio Público, se incluye en él al Fiscal General de la Nación, y a "los demás funcionarios que la ley determine".

En cuanto a la no reelección del Procurador General de la Nación, materia así mismo de la acusación, no puede el respectivo texto tenerse nomo nuevo, toda vez que aparece en el artículo 40 del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979.

23. Artículo 143. Se debatieron y aprobaron en la segunda legislatura los ordinales 1°, 2º, 5°, 6º, 9º, 10, 11 primera parte y 12. Encuentra la Corte en ese sentido que, las atribuciones del Procurador General de la Nación contenidas en los ordinales 1º, 2º, 5º y 11 primera parte, no solamente encuadran dentro del tema general de las atribuciones del mismo, debatido en la primera legislatura, sino que son una consecuen­cia lógica de la naturaleza y los fines perseguidos por el Estado a través de la institución del Ministerio Público, pieza ciertamente maestra den­tro de la estructura del mismo.

Por su parte las atribuciones 6ª y 9ª, consti­tuyen, ya el instrumento necesario para el cum­plimiento de sus funciones, ora el cumplimiento de una obligación natural frente a la entidad responsable de su nombramiento.

No encuadra sin embargo, dentro de ninguno de los parámetros anteriores, el hecho de habér­sele otorgado iniciativa parlamentaria. El ordi­nal 10 por lo tanto, que se refiere a esta atribu­ción impropia del Ministerio Público, será declarado inexequible.

Por su parte el ordinal 12, constituye sola­mente una referencia a las facultades del legis­lador, en relación con el mismo funcionario.

24. Artículo 144. La expresión "mediante de­nuncia de cualquier persona" que aparece co­mo nueva, constituye simplemente la mención de uno de los medios a través de los cuales la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de los hechos, para cumplir con su función de "persecución de los delitos".

Como en el caso anterior, la referencia igual­mente nueva, a "los términos y casos que señale la ley" constituye una mera alusión a las facul­tades del legislador ordinario, en relación con la citada Fiscalía General de la Nación.

Se restringió la persecución como función del Fiscal solamente a los delitos, al suprimirse la expresión "y contravenciones".

25. Artículo 145. Entre las facultades del Fis­cal General de la Nación aparece como nueva la de "asegurar la presencia de los presuntos in­fractores durante las actuaciones procesales", lo cual no es otra cosa que el instrumento natural, para el cumplimiento adecuado de su función de perseguir los delitos; existe de contera entre las dos, una relación consecuencial.

Como en el caso anterior, se restringe la inves­tigación como función del Fiscal, solamente a los delitos, al suprimirse la expresión y las contra­venciones. En la segunda atribución, se reservó de la ley la asignación de funciones de policía judicial, al suprimirse la expresión "y regla­mentos".

Finalmente en la misma atribución se precisó el ejercicio de tales funciones: se hará además bajo la responsabilidad del Fiscal.

26. Artículo 146. Si bien se modifican las ins­tituciones que participan en la elección del Fiscal General de la Nación, y el período de éste, la materia en concreto sigue siendo la misma, vale decir, la determinación del mecanismo de nom­bramiento de un funcionario creado por el pro­pio acto legislativo impugnado, creación respecto de la cual no existe cuestión amiento alguno.

27. Artículo 148. También en este caso la de­manda estima como nueva la segunda parte de este artículo, que fue debatida y aprobada, como segundo inciso del artículo 14 del proyecto pu­blicado en si Decreto 122.

28. Artículo 149. Se le da el nombre de Corte Suprema de Justicia, a la institución que en la primera legislatura aparece como Corte de Casa­ción, y se incluye la Fiscalía General de la Nación como cargo cuyo desempeño habilita para ser Magistrado de la Corte Suprema.

El parágrafo transitorio que aparece como su­primido, pasó a convertirse en norma transitoria en el ordinal c) del artículo 63 del Acto legis­lativo número 1 de 1979, modificándose además el sistema de elección.

29. En el artículo 46 del Acto legislativo se incluye la Fiscalía General de la Nación, como uno de los cargos cuyo desempeño habilita para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judi­catura; e igualmente se amplía la condición rela­tiva al ejercicio de la Abogacía, para los mismos efectos, en cuanto al tiempo y a la forma de tal ejercicio.

En el artículo 47 del Acto legislativo, artículo que, como el anterior, no remite expresamente a ningún artículo de la Constitución, la primera parte, en lo que respecta a las condiciones para ser Magistrado de la Corte Suprema, amplía de cuatro a ocho años, el desempeño del cargo de Magistrado de los Tribunales Superiores de Dis­trito y precisa las condiciones en que debe ejer­cerse para tal efecto, la profesión de la Abogacía.

La última parte del segundo inciso de este ar­tículo, incluye sin embargo, en forma totalmente nueva una causal de inhabilidad para los Magis­trados de la Corte, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado y de los Tri­bunales Superiores, la cual en consecuencia será declarada inexequible.

30. Artículo 160. Aparece como nueva la frase "e impuestos (sic) según se establece en el artículo 217 numeral 5º", lo cual constituye por lo tanto una mera referencia a la norma que la complementa.

31. Artículo 161. Como en los casos ya indi­cados y por razones de armonización de la reforma, se alude a la Corte Suprema de Justicia, expresión que reemplaza a las de Corte de Casación y Corte Constitucional, empleadas en la primera legislatura.

32. Artículo 162. Se incluye al Ministerio Pú­blico, al lado de la Rama Judicial, como uno de los estamentos respecto de los cuales, la ley crea­rá la carrera respectiva. Siendo una estructura distinta a la Judicial, se trata en consecuencia de una disposición completamente nueva, cuya inexequibilidad será ordenada por la Corte.

33. Artículo 190. Este artículo acusado igual­mente por los actores como inexistente en la pri­mera vuelta legislativa, aparece sin embargo, in­tegrando la segunda parte del artículo 3º del Proyecto publicado en el Decreto 123 de 1979.

Cabe señalar en este artículo que, respecto de la reelección de los Contralores, prohibida en el mismo, se agrega "ni continuar en el ejercicio del cargo al vencimiento de su mandato", lo cual no es otra cosa que el desarrollo natural del primer mandato expresamente, y tácitamente en cuanto a los fines perseguidos por el mismo.

34. Artículo 207. El tercer inciso relativo a la distribución entre los departamentos y los Territorios Nacionales del total de la apropiación pre­supuestal para los "aportes regionales" aparece como nuevo en la segunda legislatura, sin em­bargo, no solamente corresponde al tema debatido de las partidas para el desarrollo regional, sino que constituye una adecuada precisión de lo dispuesto en los incisos anteriores.

En relación con este punto, es igualmente con­veniente aludir a los antecedentes respectivos. La ponencia para primer debate en el Senado de la República, presentada por los Senadores Es­pinosa Valderrama, Pardo Parra y Lorduy Rodríguez, al referirse precisamente al desarrollo regional a las obras de utilidad social y a los au­xilios regionales, expresa:

"La organización de la planificación nacional y de la regional hará menos apremiante la nece­sidad de esos auxilios, pero no los eliminará del todo. Lo importante es acabar con la clandesti­nidad en que ahora se gestionan y se dan por aprobados, sin la debida intervención de las Co­misiones de Presupuesto de una y otra Cámara.

"De ahí que sugiramos, con base en uno de los proyectos que se pasó para nuestro estudio, que anualmente el Gobierno y el Congreso con­vengan el porcentaje del Presupuesto Nacional que se destinará al desarrollo regional y obras de utilidad social. Se establecen eso sí, condiciones serías para su adopción y controles de particular rigor, como explicamos enseguida" (Ob. cit., pá­gina 244).

Y. en la ponencia para segundo debate, en la segunda legislatura ordinaria, presentada por el Senador Augusto Espinosa Valderrama, al comentarse el mencionado artículo 207 de la Cons­titución, sus antecedentes y finalidades, se expresan entre otras cosas, las siguientes:

"La comisión aprobó los dos incisos que se pro­pusieron en el pliego de modificaciones para el artículo 207 de la Carta, por medio de los cuales se exige debate público en las comisiones y en las sesiones plenarias, con anuncio previo en los 'Anales del Congreso', para que no haya clan­destinidad. Por recomendaciones de una subcomi­sión en que hubo (sic) de participar, la Comisión agregó otros dos incisos, uno de ellos práctica­mente igual al que redactó para el primer debate de la primera vuelta, en el sentido de prohibir la apropiación de partidas regionales para activi­dades privadas distintas de los planteles de edu­cación o de beneficencia pública, oficialmente reconocidos o autorizados, y de las juntas de ac­ción comunal que también vigilará el Gobierno. El otro, con el propósito de acabar con discriminaciones y privilegios, impone el señalamiento anual por medio de ley del monto total de la apropiación para aportes regionales, con insis­tencia en la publicidad como se observa, y el ánimo de acabar con las negociaciones secretas; establece además, que esa totalidad habrá de dis­tribuirse entre los departamentos por partes iguales y una cantidad proporcional entre los Territorios Nacionales, sin que exista diferencia en las asignaciones que señalen los congresistas de una misma circunscripción electoral'' (''Anales del Congreso", año XXII, número 88. Bogotá, martes 9 de octubre de 1979, página 1299).

35. Artículo 208. El último inciso es funda­mentalmente nuevo, debiéndose por las razones ya mencionadas declararse su inexequibilidad.

36. Artículo 214. En materia de control cons­titucional, como se ha observado, en la primera legislatura se había previsto la creación de una Corte Constitucional, con el ánimo de darle a dicho control un carácter concentrado. Empero en la segunda legislatura, se descartó dicho pro­yecto, atribuyéndosele en cambio a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, dentro de ciertos límites, autonomía decisoria.

Por lo tanto, las diferencias que se observan en el artículo 58 del Acto legislativo número 1 de 1979 son producto, de una parte, de una redis­tribución de competencias entre la Sala Consti­tucional y la Sala Plena de la Corte; por otra, de una ampliación de las funciones de la Sala Constitucional y finalmente, de la búsqueda de una solución de equilibrio entre las dos tesis planteadas en el curso de los debates, vale decir, crea­ción de un organismo especializado, o manteni­miento del control en la Sala Plena de la Corte, la cual es preciso reconocer que se logró en forma acusada, constituyendo por lo tanto el resultado final, la síntesis de lo realizado entre ambas legislaturas, sin que exista de contera nada total­mente nuevo en la segunda de ellas.

37. Artículo 215. En el ordinal 1°, se, cambió la palabra persona, empleada en la primera le­gislatura por la de ciudadano, lo cual importa una restricción frente al titular de la acción de inexequibilidad.

El tercer inciso empleó la expresión "prescrip­ción" respecto de la acción de inexequibilidad, en reemplazo de la de "caducidad" empleada en la primera vuelta. Si bien se trata del cambio de una institución procesal por otra, sin embargo, encuentra la Corte que ambas obedecen a la clara intención del constituyente de ponerle un límite en el tiempo a] ejercicio de la mencionada acción de inexequibilidad, no existiendo por lo tanto diferencia esencial entre la primera y la segunda legislatura.

39. Artículo 217. En el ordinal 2º una vez más, por las razones ya mencionadas, se cambia la referencia a la Corte Constitucional y a la Corte de Casación, para aludirse en cambio a la Corte Suprema de Justicia.

El ordinal 3º del mismo artículo si bien pre­senta alguna novedad no puede considerarse co­mo fundamentalmente nuevo. En efecto de una parte el tema central es el mismo tratado en la primera legislatura, esto es, la intervención del Consejo Superior de la Judicatura en la elección de los Magistrados de los Tribunales y de los Jueces.

De otra parte la novedad conlleva en tal sen­tido una evidente restricción de las atribuciones del mencionado organismo, pues al paso que en la primera legislatura, los nombramientos de los Magistrados de los Tribunales le estaban atribui­dos directamente en una elección de primer grado y el de los jueces también directamente, en una elección de segundo grado, de listas elaboradas por los Tribunales Superiores, en la segunda le­gislatura la atribución consiste en el envío de lis­tas a la Corte Suprema para la elección de Tri­bunales, y en el envío a éstos de listas para la designación de jueces.

Por lo demás en la segunda legislatura. Tam­bién se limitan por otros aspectos las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que en ésta se suprimió el ordinal 6º que le daba competencia para "conocer en única instancia de los delitos que cometan en ejercicio de sus fun­ciones los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte de Casación, del Consejo de Estado y el (sic) Fiscal General de la Nación".

El ordinal 5º constituye tan sólo una precisión cié lo dispuesto en el mismo ordinal en la primera legislatura. En efecto, en ésta se aludía a las fal­tas disciplinarias de "los funcionarios judicia­les", al paso que en la segunda se determinan cuáles son tales funcionarios y la forma en que conoce el Consejo Superior de la Judicatura de las faltas disciplinarias cometidas por ellos.

40. Artículo 62. Este artículo es fundamental­mente nuevo: no fue aprobado y ni siquiera, dis­cutido en la primera legislatura. Debe, por consi­guiente ordenarse su inexequibilidad.

Es oportuno anotar que no obstante, el Go­bierno conserva siempre la facultad de incluir en la ley del Presupuesto General de la Nación, un porcentaje igual o superior al que contempla este artículo, para cubrir los gastos de inversión y funcionamiento que requieran, para la adecuada ejecución de las reformas, la Rama Jurisdiccio­nal y el Ministerio Público.

41. Artículo 216. Al precisar los criterios o principios sobre los límites de los cambios que se pueden introducir en la segunda legislatura sin que afecten la validez de las reformas constitu­cionales ha señalado la Corte que tales modifica­ciones no solamente no pueden consistir en normas o instituciones fundamentalmente nuevas co­mo tampoco en supresión o, abolición de normas o instituciones que no fueron objeto de debates en la primera legislatura.

Y, ocurre en relación con el acto legislativo sub examen un caso respecto del cual, pese a no haber sido planteado en la demanda de inexequi­bilidad por los impugnadores, debe la Corte, al tenor del mandato contenido en el artículo 29 del Decreto 432 de 1969, "hacer la correspon­diente declaración de inconstitucionalidad".

El conflicto se ha planteado a propósito de dos instituciones o contenidos normativos que en la codificación constitucional vigente corresponden a los artículos 215 y 216, cuyo tenor es el si­guiente:

"Artículo 215: En todo caso de incompatibi­lidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales" (artículo 54 del Acto legislativo número 1 de 1945).

"Artículo 216. Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los de­cretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución" (artículo 72 del Acto legislativo número 1 de 1968).

En la primera legislatura en la cual se debatió y aprobó el que vino a ser Acto legislativo nú­mero 1 de 1979, no hubo iniciativa alguna, ni debate, ni decisión que pudiera conducir a la abolición o supresión de las instituciones consa­gradas en estas dos normas constitucionales.

Fue solamente en la segunda legislatura cuan­do, como contenido del que vino a ser artículo 60 del Acto legislativo número 1 de 1979, se repro­dujo literalmente la institución que venía vigente desde el Acto legislativo número 1 de 1945, ar­tículo 54 y que aparecía como artículo 215 de la Codificación constitucional vigente, esto es, la "excepción de inconstitucionalidad".

Pero, el artículo 60 del Acto legislativo número 1 de 1979 para reproducir esta institución abo­lió, por subrogación total, la institución que le daba al Consejo de Estado la competencia para conocer de las causas de inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno cuyo cono­cimiento no corresponde a la Corte, que venía vigente como artículo 216 de la codificación cons­titucional.

En estas condiciones la institución impropia­mente llamada por algunos tratadistas "excep­ción de inconstitucionalidad" y que más exacta­mente, en nuestro sistema constitucional, consiste en la aplicación preferente de las normas consti­tucionales en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, y que integraba el contenido del artículo 215 de la Constitución; ni en la primera ni en la segunda legislatura se pretendió abolir o suprimir. Y esto es tan evidente que en la segunda legislatura se la quiso convertir en contenido del artículo 216.

Pero ocurrió que al convertir la "excepción de inconstitucionalidad" o "aplicación preferente de la Constitución en caso de incompatibilidad con la ley" en contenido del artículo 216 de la Constitución, se abolió, por subrogación total, el anterior contenido de este artículo, es decir, la institución que le daba competencia, al Consejo de Estado para conocer de las acusaciones de inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno de que no conocen la Corte o la Sala Constitucional.

La cuestión es de claridad suprema:

En la primera legislatura el reformador de la Constitución de 1979 no tramitó iniciativa algu­na y por tanto no debatió, ni aprobó abolición alguna de las instituciones que venían en vigen­cia come contenidos de los artículos 215 y 216 de la Constitución.

Pero al pretender, solamente en la segunda legislatura, convertir el contenido del artículo 215 de la Constitución vigente en contenido del artículo 216 por la vía de la subrogación total de esta segunda norma, abolió la institución que en ésta venía figurando, es decir, la que le daba competencia especial al Consejo de Estado para conocer de las causas de inconstitucionalidad de los decretos que dicta el Gobierno cuando no son de aquellos de que conoce la Corte.

De consiguiente, es inconstitucional el artículo 60 del Acto legislativo número 1 de 1979, pero solamente en lo que atañe a la abolición, por sub­rogación total, del contenido del artículo 216 de la Constitución Nacional, contenido éste que con el del artículo 235 quedan vigentes.

Corresponde, por lo tanto, al codificador in­cluir estos dos contenidos o instituciones vigen­tes, en la nueva numeración que se naga del ar­ticulado de la Constitución Nacional.

X

Nueva y tardía impugnación de la demanda

El ciudadano Jorge Edgardo González Vida­les, obrando en tal condición y además como "apoderado del doctor Felio Andrade Man­rique, Ministro de Justicia de la República", presentó el día en que se venda el término para la adopción de la ponencia por parte de la Sala Constitucional, un escrito dirigido a la "Sala Plena", con el propósito de "impugnar la de­manda de inexequibilidad", respecto del cual son oportunas las siguientes observaciones.

De una parte, más que un ataque a la demanda dicho libelo constituye un insólito ataque a los demandantes. Ciertamente encuentra el libelista que el móvil de la demanda fue "la pasión polí­tica" (folio 486); que es antipatriótico jugar equivocadamente con formalismos de derecho, buscando tan sólo el quebrantamiento de lo que realmente es grande y fundamental" (folio 487); que los demandantes han procedido "olvi­dando toda regla de sana hermenéutica jurídi­ca" (folio 488) y que uno de los cargos conte­nidos en la demanda "es falso".

De otra parte el impugnante aduce especial­mente en defensa del acto impugnado diversas razones de conveniencia, añadiendo que adhiere "a las impugnaciones hechas a la demanda, por los doctores César Gómez Estrada, Rodrigo No­guera Laborde, Manuel Urueta Ayola y Parménides Salazar" y que comparte igualmente "el concepto del Ministerio Público sobre la exequibilidad del acto legislativo".

Constituyendo pues esta impugnación, en cuanto a sus argumentaciones jurídicas, una sín­tesis de las demás impugnaciones hechas en el proceso, las consideraciones de la Corte compren­den holgadamente las apuntaciones contenidas en ella.

Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 214 de la Constitución Na­cional y, escuchada la Procuraduría General de la Nación,

Resuelve:

Primero. 'Decláranse inexequibles, por ser violatorios de la Constitución Nacional, los si­guientes textos del Acto legislativo número 1 de 1979:

1° La parte final del segundo inciso del ar­tículo 2º, cuyo texto es el siguiente:

"La ley podrá igualmente estimular el ejer­cicio de la función del sufragio y aún establecer el voto obligatorio".

2º. El artículo 28, cuyo texto es el siguiente:

"Constituye falta absoluta de los Senadores y de los Representantes principales y de los su­plentes cuando se hubieren posesionado del car­go, su aceptación de cualquier empleo público, excepción hecha de los Ministros, Gobernador, Agente Diplomático y Alcalde del Distrito Especial o de capital de departamento".

3º. El ordinal 10 del artículo 40, cuyo texto es el siguiente:

"10. Presentar a la consideración del Congreso proyectos de ley relativos a su cargo y especial­mente a la defensa de los derechos humanos y al respeto de las garantías sociales".

4º. La última parte del segundo inciso del ar­tículo 47, cuyo texto es el siguiente:

"Ni ellos ni los Magistrados de los Tribunales podrán ejercer la profesión de Abogado durante el año siguiente a su retiro ante las corporaciones en que sirvieron o de ellas dependen".

5º. La parte final del artículo 53, cuyo texto es el siguiente:

"Y la del Ministerio Público".

6º. El segundo inciso del parágrafo del ar­tículo 56, cuyo texto es el siguiente:

"Las Mesas Directivas de las Cámaras ejecu­tarán el presupuesto del Congreso con estricta sujeción a la ley normativa del presupuesto na­cional y rendirán informe público mensual de dicha ejecución".

7º. El artículo 62, cuyo texto es el siguiente:

"A partir del 1º de enero de 1931; el Gobier­no Nacional invertirá no menos del 10% del pre­supuesto general de gastos en la Rama Jurisdic­cional y el Ministerio Público".

8º. El artículo 60, en cuanto con él se subrogó el artículo 216 de la Constitución Nacional, cuyo texto es el siguiente:

"Corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución" (artículo 72 del Acto legislativo número 1 de 1968. Artículo 216 de la actual co­dificación).

Segundo. Decláranse exequibles, por no ser violatorios de la Constitución Nacional los demás artículos del citado Acto legislativo número 1 de 1979.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y ar­chívese el expediente.

OBSERVACIONES DEL MAGISTRADO RICARDO MEDINA MOYANO

El anteproyecto presentado por el suscrito a la consideración de la Sala Constitucional, com­prendía la solicitud para que se declarara la inexequibilidad del ordinal 3º del artículo 59 del acto legislativo demandado, según el cual:

"Las acciones por vicios de forma prescriben en el término de un año, contado desde la vigen­cia del respectivo acto".

Toda vez que la Sala no acogió dicha solicitud, decisión de la cual me permití disentir, respetuo­samente expongo en forma breve, algunas de las razones de tal disentimiento, sin perjuicio de su ampliación en las sesiones de Sala Plena.

1º. En la primera legislatura, el mentado or­dinal fue aprobado en la siguiente forma:

"Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde, la vigencia del respectivo acto''.

2° La caducidad y la prescripción son dos fe­nómenos procesales distintos, tanto por lo que hace a su naturaleza, como por lo que hace a sus consecuencias y a su ejercicio.

3º. En consecuencia, si en el texto aprobado en la primera legislatura se habló de caducidad y no de prescripción, esto significa que esta úl­tima institución procesal no contó con el requi­sito de las dos legislaturas.

4º. Pero es más, es que la primera legislatura rechazó la aceptación de la prescripción, en or­den a su consagración en el mencionado artículo.

Y creo que la rechazó porque el "Proyecto de Acto legislativo número 7 de 1978", que sirvió de base a los debates correspondientes, consagra­ba la prescripción, no la caducidad.

En efecto, el tercer inciso del ordinal 3° del artículo 37 de este proyecto, decía:

"La acción pública de inexequibilidad por vi­cios de procedimiento en la formación, de que trata este artículo, prescribe a los seis meses de haber entrado en vigencia la norma respectiva" (Reforma Constitucional de 1979. Legislatura de 1978, Primera Parte. Cámara de Representantes. Imprenta Nacional. Bogotá, 1980, página 133).

5º. Si en gracia de discusión se aceptara que teóricamente la caducidad y la prescripción, son instituciones que presentan facetas similares, es lo cierto que el legislador colombiano ha defini­do claramente su diferencia, como lo demuestran los artículos 85 y 97 del nuevo Código de Proce­dimiento Civil (Decreto 1400 de 1970).

Ciertamente, según el primero de ellos, el juez puede rechazar in limine la demanda:

"En los procesos en que existe término legal de caducidad para intentarla, cuando de ella o de sus anexos aparezca que dicho término está vencido".

A su turno el segundo artículo mencionado permite que se tramiten como previas, las excep­ciones perentorias de:

"Cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad".

6º. La mera intención del constituyente de li­mitar el ejercicio de la acción pública de inexequibilidad no es razón suficiente para considerar como identificados en las dos legislaturas, dos fenómenos procesales de diverso contenido.

7º. Por otra parte, tal hecho aisladamente con­siderado, no se encontraría de acuerdo con las bases adoptadas en la ponencia, con relación a las modificaciones introducidas en la segunda legislatura.

8º. No resulta coherente que la Sala acepte la exequibilidad de la norma comentada y en cam­bio no hubiera aceptado la exequibilidad pro­puesta por el suscrito del artículo 62 del acto impugnado relativo al porcentaje del presupues­to general de gastos para la Rama Jurisdiccional.

En efecto este tema fue materia de análisis detenido en la Primera Legislatura, aunque la solución dada al mismo haya tenido algunas di­ferencias.

Así por ejemplo, en la ponencia para segundo debate, presentada por el Senador Miguel Escobar Méndez, en la sesión del 15 de noviembre de 1978, presidida por Libardo Lozano Guerrero (Presidente), y Felio Andrade Manrique (Vi­cepresidente), se lee al respecto lo siguiente:

"El incremento presupuestal de la Rama. Las precarias condiciones materiales en que Magis­trados y Jueces deben cumplir su augusto minis­terio, tales como su exigua remuneración y la pésima dotación de los despachos judiciales es algo verdaderamente deplorable. Conscientes de lo inaplazable necesidad de que el Estado acuda a enmendar esta crónica, falla, identificada ine­quívocamente como una de las causas de la mala administración de justicia, la comisión de ponen­tes para el primer debate y la Comisión Primera Constitucional acogieron la iniciativa propuesta, tanto en proyecto presentado por el anterior Gobierno como en el presentado por el Senador Jaime Castro, de elevar a mandato constitucio­nal el incremento anual, por el término de cinco años, el presupuesto destinado al funcionamien­to del aparato judicial. Para explicar y justifi­car esta disposición del proyecto me basta citar lo dicho al respecto por el entonces Ministro de Justicia, César Gómez Estrada, en la exposición de motivos con que la sustentó: 'En la conciencia de todos los colombianos, y más todavía, en la de quienes ocupan posiciones oficiales de responsa­bilidad, está presente la convicción de que secularmente el servicio de administración de justicia no obstante reconocérsele su posición de preeminencia frente a muchos otros en una sociedad organizada, ha venido siendo el que con menos atención se mira para efectos de asignarle dentro del Presupuesto Nacional los recursos in­dispensables para la adecuada satisfacción de las necesidades a que responde" (obra citada, pá­ginas 975 y 976).

Importa observar que esta inquietud se plas­mó en el ordinal b) del artículo 27 del proyecto publicado en el Decreto 122 de 1973, cuyo texto es el siguiente:

"b) Durante los próximos cinco años, se in­crementará en no menos del uno por ciento la participación que en el año inmediatamente an­terior hubiere correspondido en el presupuesto general de la nación a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio de Justicia".

'Ricardo Medina Moyano.

Salvamento de voto del

Magistrado César Ayerbe Chaux

Me ha correspondido compartir con distingui­dísimos Magistrados y Conjueces la responsabi­lidad del estudio del Acto legislativo número 1 de 1979, dentro del proceso de inexequibilidad propuesto contra esa reforma constitucional; y como no he tenido el honor de participar en el criterio mayoritario que adoptó la decisión, debo consignar, con el acatamiento que me merece la opinión de mis compañeros de estudio, las ra­zones de mi discrepancia con las consideraciones y decisiones de la sentencia.

I. Las normas sobre competencia, como nor­mas de orden público, tienen efecto general in­mediato. Y en acatamiento de ese principio, la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala Plena y por intermedio de su Sala Consti­tucional, desde la vigencia del artículo 58 del Acto legislativo de 1979, ha venido aplicando la nueva, norma en todos los procesos de exequibilidad de normas inferiores, ya sea en eventos de proyectos objetados, o ya sea en casos de control automático, o ya sea en situaciones nacidas del control eventual por acusación de leyes o decre­tos. Basta recordar en esa materia la sentencia de Sala Plena del 23 de mayo de 1980, relacio­nada con el Decreto 536 del 14 de marzo de 1980, sobre agilización del procedimiento en Con­sejos de Guerra Verbales.

Sin embargo, no es posible seguir ese principio general cuando el objeto de acusación es el propio Acto legislativo, en el cual está incorporada la nueva norma sobre competencia. Se hace necesario, entonces, aplicar excepcionalmente la norma inmediata anterior sobre competencia. Las razones que explican esta excepción son las siguientes:

1º. La necesidad de eludir ana posibilidad iló­gica en la sentencia, a lo cual se llegaría cuando ésta basa la competencia en la nueva norma y concluye con una declaración de inexequibilidad.

2º. El control jurisdiccional en estos casos tie­ne una confrontación sobre juridicidad de una situación normativa de orden constitucional. Del derecho anterior se produce una derivación su­cesiva y coordinada del nuevo derecho. Recor­dando a Kelsen en su distinción de aconteci­miento exterior y significación, puede afirmarse que los hechos sucesivos a seguirse en el proce­dimiento dificultado constituyen el acontecimiento externo, pero la significación de ellos no puede hacerse sino con arreglo a la norma ante­rior.

3º. Si se aplica la nueva norma en materia de competencia, quedaría en manos del autor de la nueva norma burlar el control jurisdiccional. Sería tanto como entregar las llaves del control a ese mismo autor, para que en todos los aspec­tos que puedan tener incidencia con la violación se restrinja por el supuesto contraventor la com­petencia.

4° La doctrina de la Corte remite al sistema normativo anterior sin excluir el aspecto de la competencia.

De allí que el caso sub judice tenga que ser analizado según las normas vigentes inmediatas anteriores al Acto acusado, es decir, a la luz del Acto legislativo de 1968 y de la jurisprudencia del 5 de mayo de 1978.

Esta jurisprudencia modificó la doctrina tra­dicional de la Corte sobre competencia para co­nocer de demandas contra actos reformatorios de la Constitución. Y con ella coinciden las provi­dencias de 13 de febrero de 1979, de las cuales fueron ponentes los doctores Luis Carlos Sáchica y Antonio Alvira Jácome, y más tarde, la providencia de 16 de octubre de 1979 con ponencia del doctor Alfonso Suárez de Castro.

Sin embargo, en las tres últimas decisiones de Sala Plena, de las cuales fueron respectivamente ponentes los doctores Irisarri Restrepo, Medina Moyano y Darío Vallejo Jaramillo, calendadas sucesivamente el 6 de noviembre de 1980, el 27 de noviembre de 1980 y el 4 de diciembre de 1980, no se hizo una reafirmación tácita de la doctrina del 5 de mayo de 1978. No hubo en esos casos definiciones de fondo que implícitamente aceptaran la competencia de la Corte. To­das ellas fueron decisiones inhibitorias por un concepto distinto de la competencia, el concepto de vigencia y validez de la norma acusada. De allí que en las tres últimas decisiones de la Sala Plena no hubo oportunidad para evaluar el cam­bio de doctrina que se presentó con la sentencia del 5 de mayo de 1978, recaída sobre el Acto legislativo de la proyectada constituyente del Gobierno del doctor López Michelsen.

II. Corresponde por esencia al constituyente precisar los términos y condiciones en que deben ejercerse los poderes públicos (Constitución Na­cional, artículo 2º). En otras palabras, fijar las bases de una organización jurídica y de la es­tructura misma del Estado. Por eso la Constitu­ción se concibe ante todo como el ordenamiento de las competencias del Estado y la distribución de éstas por ramas del poder, órganos y funcio­narios. Se complementa la distribución de esas competencias con la determinación de derechos y garantías que se reconocen a las personas y con la creación de un sistema de control jurisdiccio­nal que garantice el ejercicio y el alcance de las funciones asignadas.

Ninguna norma constitucional limita al consti­tuyente, así tenga el carácter de constituyente derivado, esa función. El Congreso en ejercicio de la función constituyente que se le delegó por el Constituyente Primario, no tiene más limitaciones normativas que las que le impone el ar­tículo 218 de la Constitución, según el cual debe observar "el procedimiento especialmente difi­cultado" para expedir una reforma, de la Carta. Sin embargo, estas limitaciones son de carácter eminentemente formal. No existen, por lo tanto, normas intangibles para el Constituyente Deri­vado. Si las hubiera, la misma Carta Fundamen­tal las habría, señalado con ese carácter.

En cambio, los órganos creados para el ejer­cicio del poder público tienen funciones limita­das. No pueden hacer sino aquello que les es permitido normativamente. Todos los poderes pú­blicos son limitados, decía el artículo 57 de la Constitución de 1886. Y el Constituyente de 1936, después de precisar que eran órganos del poder público el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, advirtió que tales órganos eran limitados (ar­tículo 21). El hecho de que el Constituyente de 1945 no hubiese aludido explícitamente a esas limitaciones (artículo 6°), no cambia aquella ca­racterística de las ramas del poder público.

Pero la Constitución jamás ha dicho que el constituyente tiene poderes limitados. No existen competencias distintas para el Constituyente Primario y para el Constituyente Derivado, La única diferencia entre ellos consiste en que el Constituyente Primario por su naturaleza no es­tá sujeto a las formas previas del "procedimiento especialmente dificultado" que debe respetar el Constituyente Derivado.

Y si la propia Carta no establece limitaciones de fondo para el constituyente, la Corte no puede crear por jurisprudencia esas limitaciones. Den­tro de la estructura del Estatuto Fundamental, una doctrina de esa índole entraña un contra­sentido jurídico.

III. Precisamente esa apertura de la Consti­tución a cualquier reforma de fondo es lo que garantiza la evolución y el cambio dentro de un sistema de derecho, sin que se presenten solucio­nes de continuidad en la vida constitucional. La coexistencia pacífica de personas con diferentes criterios políticos y con disímiles apreciaciones de valores no sería posible en mi sistema cons­titucional hermético a las posibilidades de cam­bio. Cuando el Constituyente Derivado encuentra limitaciones de fondo, los hechos políticos des­bordan los cauces normativos y dan oportunidad al Constituyente Primario en los hechos revolu­cionarios o en los cambios constitucionales que implican necesariamente soluciones de continui­dad en el sistema de derecho.

Uno de los méritos que debe reclamarse en favor del sistema positivo constitucional colom­biano es el que dicho sistema no partió del crite­rio de que las realidades socio-económicas, cultu­rales y políticas fueran históricamente estáticas. La experiencia de 1863 había sido suficiente para comprender que no puede dejarse a la guerra civil y a la revolución la única vía de su propia y triste realidad para lograr un cambio consti­tucional. De allí que el constituyente tuviese una visión amplia para las modificaciones de fondo. El Estatuto Fundamental no establece en ese sen­tido limitaciones al constituyente derivado, per­mitiendo cualquier variante de organización estatal de izquierda o de derecha. Por eso la juris­prudencia que se inició con el fallo de 5 de mayo de 1978 peca por retardataria y es un contrasen­tido político con la verdadera orientación de la Carta. Hay que decirlo claramente: en la Cons­titución que nos rige, no existe el control consti­tucional por razones de principio.

Está bien que el hombre entregue su vida en defensa de unos ideales patrióticos, políticos o religiosos, o en defensa de unos valores que con­formen su existencia. En fin de cuentas, esos ideales y valores iluminan y dan sentido al que­hacer de la propia existencia y estructuran la organización social y política que nos haya toca­do vivir. Lo que no está bien es que se pretenda contra el devenir histórico almenar petrificada­mente esos ideales y valores en normas consti­tucionales intangibles para que ellos tengan que ser aceptados, a las buenas o a las malas, por todas las generaciones posteriores indefinidamen­te, sin dar más oportunidad a los discrepantes que la voz de las bazucas o el incremento de su actividad guerrillera en las selvas de cemento de las grandes ciudades o en el arborizado espinazo de los Andes trifurcados.

IV. La Corte en la doctrina de 5 de mayo de 1978 buscó limitaciones artificiales contra el Constituyente Derivado. Sin embargo, no recordó las limitaciones evidentes que ella misma tenía en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Todas las ramas del poder público son limitadas. Y conforme al régimen constitucional previsto en 1968, la función que encomendó el constitu­yente a la Corte de guardar la integridad de la Constitución, -que es una función eminente­mente jurisdiccional-, no puede ser ejercida sino por los siguientes medios:

1º. Decidir con efecto general, erga omnes, en procesos que se originan en el control automático, sobre la exequibilidad de decretos de estado de sitio (ver parágrafo, artículo 42 del Acto legis­lativo de 1968, correspondiente al artículo 121 de la Codificación) y sobre la exequibilidad de decretos de emergencia económica (ver parágra­fo, artículo 43 del Acto legislativo de 1968, co­rrespondiente al artículo 122 de la Codificación).

2º. Decidir con efecto general, erga omnes, en procesos de exequibilidad, sobre la constitucionalidad de:

a) Los proyectos de ley objetados por el Go­bierno como inconstitucionales, tanto por su con­tenido material como por vicios de forma (ver numeral 1º, artículo 71. Acto legislativo de 1968, correspondiente al artículo 214 de la Codifica­ción);

b) Todas las leyes, acusadas en acción pública de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano, ya sea por vicios de fondo o de forma (ver nu­meral 2º, artículo 71, Acto legislativo de 1968, correspondiente al artículo 214 de la Codificación y Sentencia de la Corte de fecha 28 de agosto de 1970);

c) Los siguientes decretos, cuando sean acu­sados de inconstitucionalidad por cualquier ciu­dadano:

i) Decretos dictados por el Gobierno en ejerci­cio de autorizaciones recibidas del Congreso para celebrar contratos, negociar empréstitos, enaje­nar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional (ver numerales 11 y 29 respectivamente de los artículos 11 y 71 del Acto legislativo de 1968, correspondientes a los artículos 76 y 214 de la Codificación).

ii) Decretos dictados por el Gobierno en ejer­cicio de facultades extraordinarias, otorgadas pro tempore por el Congreso, en consideración a la necesidad o la conveniencia públicas (ver nu­merales 12 y 2º respectivamente de los artículos 11 y 71 del Acto legislativo de 1968, correspon­dientes a los artículos 76 y 214 de la Codifica­ción).

iii Decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno para poner en vigencia proyectos de planes y programas de desarrollo económico y social o de obras públicas, cuando la Comisión Especial Permanente de la Cámara de Representantes y el Senado han perdido sucesivamente la competencia para conocer de tales proyectos por vencimiento de los términos constitucionales que respectivamente tienen para decidir sobre esos mismos proyectos (ver inciso 6°, artículo 14, Ac­to legislativo de 1968 en consonancia con el nu­meral 2° del artículo 71 ibídem, correspondientes a los artículos 80 y 214 de la Codificación).

3º. Decidir con efecto restringido, inter partes, en un determinado proceso que esté a su conoci­miento, sea de índole civil laboral o penal, la aplicación prevalente de la norma constitucional sobre la norma legal, en caso de incompatibilidad entre ellas, haciendo el reconocimiento de la ex­cepción de supremacía, normativa (ver artículo 54 del Acto legislativo de 1945, correspondiente al artículo 215 de la Codificación).

Con referencia a las normas inmediatamente anteriores al Acto legislativo que se juzga, puede concluirse consecuencialmente que ninguna otra arma distinta a las enunciadas tiene la Corte para defender la Constitución. Por lo tanto, esta corporación no tiene competencia asignada para conocer de acciones de inexequibilidad contra ac­tos legislativos, así ellas se limiten a la simple objeción por vicios de forma en su expedición.

V. La función, pues, que incumbe a la Corte de velar por la integridad de la Constitución Na­cional debe ejercerse dentro de las reglas consti­tucionales previstas en la misma Carta. El con­trol integral no comporta una competencia gené­rica porque la competencia implica una facultad explícitamente conferida en una norma, "delimi­tada en su contenido por la misma disposición, condicionada por ella en cuanto a sus fines, a la oportunidad y circunstancias para ponerla en acto, así como a los procedimientos y formas para que su ejercicio sea regular" (sentencia de mayo 5 de 1978). En el Estado de Derecho todas las facultades de los órganos son regladas, y, por tanto, se excluye en su ejercicio todo factor sub­jetivo. La competencia no es genérica sino con­creta, es una medida exacta y precisa de la jurisdicción. Y esta última en esencia es la función de administrar justicia, que corresponde al Es­tado como una emanación directa de la soberanía.

Dentro de la rama jurisdiccional, la aptitud para conocer de un caso determinado y la posi­bilidad lícita de actuar respecto del mismo están regladas en forma expresa, y no puede hacerse actuación alguna válida sino dentro de los pa­rámetros exactos de la competencia. La actua­ción fuera de esos límites es contraria a derecho y genera responsabilidad. El sentenciador úni­camente puede resolver lo que le ha sido atribuido y ha de entenderse que le está prohibido hacer todo aquello que no le ha sido atribuido. La competencia como medida exacta y precisa de la jurisdicción no se determina por inferen­cias o analogías, ni tampoco por extensión. La norma que establece una competencia, por su na­turaleza, no es enunciativa sino limitativa.

VI. Es infundada, entonces, la creencia de que con posterioridad al Constituyente de 1968, se abrió para la Corte, dentro del sistema de control jurisdiccional de la constitucionalidad, una competencia sobre vicios de procedimiento en la formación de las normas, así fueran éstas de naturaleza simplemente legal o de naturaleza calificadamente constitucional.

Los textos constitucionales de 1968, según se ha dejado establecido, no dieron a la Corte com­petencia para conocer de procesos de control constitucional por defectos de procedimiento en su expedición contra los Actos Reformatorios del Estatuto Fundamental. Se limitaron exclusiva­mente en esa materia, a otorgar competencia de control formal respecto a los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstituciona­les y respecto de todas las leyes que fueran objeto de procesos de exequibilidad en virtud de acusa­ción de cualquier ciudadano. El Constituyente de 1968 no autorizó procesos de inexequibilidad contra actos legislativos reformatorios de la Cons­titución.

Y así lo entendió también el Decreto 432 de 1969, expedido en virtud de autorizaciones re­cibidas por el Gobierno directamente del consti­tuyente según el literal e) del artículo 76 del Acto legislativo de 1968, para dictar las normas relativas al funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte y las normas procedimentales para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo. En ese decreto no se previeron procesos de exequibilidad contra actos reformatorios de la Constitución.

En efecto, el Decreto aludido sólo estatuyó los siguientes trámites:

a) Para proyectos de ley objetados de inconstitucionalidad por el Gobierno, bien sea por in­fracción directa de normas sustanciales o bien por infracción de normas procedimentales, se previo una regulación especial en la sección 2ª con los artículos 11 y 12;

b) Para el control automático de los decretos legislativos, dictados en- ejercicio de las faculta­des conferidas por los artículos 121 y 122 de la Constitución, se estableció el procedimiento de la Sección 3ª con los artículos 13, 14 y 15;

c) Para el control eventual por acusación de inexequibilidad contra leyes o decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones conferidas por los ordinales 11 y 12 del artículo 76 y por el artículo 80 de la Constitución Na­cional, se fijó el trámite de la Sección 4ª con los artículos 16,17, 13,19 y 20.

No existen normas procedimentales para estu­dio y despacho de acciones de inexequibilidad contra Actos Reformatorios de la Constitución Nacional. Y ello obedece precisamente a que la Corte no tiene competencia para definir sobre la constitucionalidad, así sea simplemente por con­cepto de trámite, contra actos legislativos.

VII. La propia historia del sistema de control jurisdiccional de la Constitución, reafirma las conclusiones restrictivas sobre competencia para juzgar de acusaciones de actos legislativos en ac­ciones de inexequibilidad.

Antes del régimen previsto en el Acto legisla­tivo de 1968, cuyos alcances se dejan analizados (puntos IV, V, VI), el Control Jurisdiccional de Constitucionalidad ha pasado por cuatro (4) etapas, desde la expedición de la Carta de 1886, en las cuales se puede constatar fácilmente que La Corte Suprema de Justicia nunca ha tenido competencia para conocer de acusaciones de in­constitucionalidad contra actos reformatorios de la Constitución:

Primera etapa: Régimen originario de la Cons­titución de 1886 y de las Leyes 57 y 153 de 1887.

Segunda etapa: Régimen de la Ley 2ª de 1904.

Tercera etapa: Régimen del Acto legislativo de 1910.

Cuarta etapa: 'Régimen del Acto legislativo de 1945.

A) Régimen originario de la Constitución de 1886 y de las Leyes 57 y 153 de 1887.

Por el artículo 151, numeral 4°, de la Consti­tución se atribuyó a la Corte la decisión defini­tiva sobre la exequibilidad de "actos legislativos (sic) que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales''. En consonancia con esa atribución, el artículo 90 de la Constitución disponía para el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional: "En este caso, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Suprema, para que ella, dentro de seis días, decida sobre su exequibilidad. El fallo afir­mativo de la Corte obliga al Presidente a sancio­nar la ley. Si fuere negativo, se archivará el proyecto",

A su vez, el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 constituye un antecedente normativo de la ex­cepción de constitucionalidad, al disponer en su texto legal: "Cuando haya incompatibilidad en­tre una disposición constitucional y una legal, predominará aquélla". Sin embargo, la excepción de .supremacía constitucional así consagrada, por razón de la vigencia casi inmediata y posterior del artículo 6º de la Ley 153 de 1887, no tenía sino particularísimas posibilidades de aplicación jurídica. En efecto, la última norma mencionada estatuyó: "una disposición expresa de ley pos­terior a la Constitución se reputa constitucional y se aplicará aun cuando aparezca contraria a la Constitución". Se incorporó así al sistema po­sitivo el principio de presunción de constitucio­nalidad de la ley, que sólo permitió dejar de apli­car las leyes, por excepción de supremacía, en los siguientes casos:

a) Las leyes anteriores a la Constitución que le fueran contrarias a ella y que no estaban amparadas por la presunción de constitucionalidad. Se podía ejercer contra esas leyes un control verdadero y directo por vía de excepción;

b) Las leyes referentes a materias civiles, ex­pedidas con posterioridad a la Constitución de 1886 y que se consideraran contrarias al Título III, incorporado como título preliminar del Có­digo Civil (Constitución Nacional de 1886, ar­tículo 52). Surgía aquí un control indirecto por vía de excepción. A la supremacía de la norma constitucional no se llegaba sino en forma deri­vada por la primacía sobre una norma legal de otra norma, que simultáneamente tenía la calidad de norma legal y de precepto constitucional. Esta circunstancia coincidente desdibujaba la aplica­ción de prevalencia de la norma superior sobre la norma derivada, para desplazar el problema a la aplicación preferente de una norma deri­vada frente a otra norma derivada;

c) Las leyes oscuras o deficientes se aplicaban en el sentido que fuera más conforme con la doc­trina constitucional y con los preceptos de la Carta (Ley 153 de 1887, artículos 6º, 8º y 49). La norma superior permitía excluir de la norma derivada deficiente, cualquier sentido contrario a los preceptos de mayor jerarquía. Se llegaba a la prevalencia del precepto constitucional de un modo indirecto por vía de interpretación, más que por vía de excepción.

Prevaleció en la Asamblea Nacional de 1886 el criterio de la primacía legal sobre la Constitución y de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Dentro de la concepción lógica y constitucionalista del señor Caro era un imposible moral que el Congreso pudiera llegar a expedir una ley inconstitucional. Para eso estaba consagrado el mecanismo de la objeción y de la sanción de la ley. Si la norma pasaba esas formas de con­trol y estaba promulgada, necesariamente había que obedecerla. "Si el soberano, decía el señor Caro, dicta una ley constitucional, esta ley san­cionada y promulgada debe ser obedecida mien­tras no haya, como no lo hay, un poder superior que tenga facultad de anularla. No puede dejarse al ciudadano la facultad de desobedecer una ley porque la juzgue contraria a la Constitución. Tal principio sería anárquico; pero sí debe tener el derecho de exigir que no se cumpla en su daño, y los tribunales no deben aplicarla cuando le­siona derechos garantizados por la Constitución. Nadie anula la ley; así se salva el principio de autoridad; pero el ciudadano tiene el derecho de defensa, ejercitada por las vías legales, y el po­der judicial le dispensa protección; así se salva la libertad bien entendida y ambos principios quedan conciliados".

Con mayor razón era inconcebible para el cri­terio del señor Caro que el constituyente violara la Constitución en las normas que se le dejaban marcadas para la reforma de la Carta. "El im­perio y el respeto a la Constitución se imponen por sí mismos, por la sola virtualidad de sus nor­mas, por la separación y consecuente equilibrio de los poderes, que tienen límites positivos y mo­rales en sus respectivas competencias" (doctor Hernán Toro Agudelo, sentencia de abril 9 de 1970). El sistema de control de constitucionali­dad para la actividad del Legislativo, ya sea co­mo creador de normas derivadas (leyes) o ya sea como creador de normas superiores (actos le­gislativos), se ejercita principalmente por el control de sanción y de objeción que corresponde al Ejecutivo como partícipe y colaborador en la expedición de las normas. Complementariamente ese sistema se cumple en forma jurisdiccional por la Corte Suprema de Justicia, que fue habilitada para conocer en procesos de exequibilidad, previa realización del control de objeción y del rechazo de éste por las Cámaras, Y como el control de sanción y objeción se puede cumplir sobre actos legislativos ordinarios (leyes) y sobre actos le­gislativos especiales (reformatorios de la Consti­tución), consecuencialmente en forma teórica pa­ra el régimen originario de la Carta de 1886 el control jurisdiccional de constitucionalidad pue­de cumplirse por la Corte contra las reformas constitucionales, siempre y cuando ellas hubiesen sido materia de objeción del Ejecutivo por ese concepto de inconstitucionalidad y siempre y cuando esas objeciones hubiesen sido rechazadas por las Cámaras.

Por tanto, dentro del sistema primitivo de la Carta de 1886, el único medio preventivo de co­rregir los abusos o los errores del Legislativo, en la expedición de las normas o es la interpretación auténtica de ellas, exige conjuntamente el concurso del mismo Cuerpo Legislativo, del Gobier­no y de la Corte Suprema de Justicia. Esta puede decidir sobre la exequibilidad de actos le­gislativos, ordinarios (leyes) o especiales (refor­matorios de la Constitución), siempre que con­curran dos circunstancias: i) que el Gobierno los haya objetado como inconstitucionales, y ii) que el Congreso insista en que no son inconstitucio­nales. La decisión de exequibilidad o inexequibilidad implica así una apreciación coincidente sobre esa materia de dos de los poderes públicos frente al discrepante.

El régimen primitivo de la Carta no concibió, por consiguiente, el control de constitucionali­dad por vía de acción contra normas derivadas ni contra normas superiores.

B) Régimen de la Ley 2ª de 1904.

Al sistema descrito de control de constitucionalidad, vino a sumarse con la vigencia de la Ley 2ª de 1904 una nueva modalidad, que per­mitió a la Corte Suprema de Justicia decidir, a solicitud de cualquier ciudadano sobre la exequi­bilidad de los decretos legislativos, originados en una declaración de estado de sitio. El régimen de excepción constitucional, previsto para cuando se declara perturbado el orden y se implanta el estado de sitio en toda la República, quedó su­jeto desde entonces al sistema de control juris­diccional de exequibilidad.

La Ley 2ª de 1904 constituyó un antecedente importante para las evoluciones que en esa materia se presentan más tarde en la reforma cons­titucional de 1910. Con esa ley se inicia el control de constitucionalidad por acusación, en acción pública de cualquier ciudadano y con audienciadel Procurador General de la Nación.

Dentro de esta segunda etapa el sistema ofre­ce, por lo tanto, las siguientes modalidades:

a) Control de exequibilidad sobre actos legis­lativos ordinarios (leyes) o especiales (reformatorios de la Carta), creado por la misma Consti­tución, siempre y cuando que el Gobierno los haya objetado como inconstitucionales y que el Congreso insista en que no son inconstitucionales (Constitución Nacional, artículos 155-4° y 90);

b) "Excepción de supremacía constitucional, de origen legal y de aplicación restringida: i) para leyes anteriores a la Constitución; ii) para leyes referentes a materias civiles que fueran poste­riores a la Constitución y que se consideraran contrarias al Título III de la Carta, y iii) para leyes oscuras o deficientes (Ley 57 de 1887, ar­tículo 5°, en consonancia con la Ley 153 de 1887,
artículos 6°, 8º y 49 y con el artículo 52 de la Constitución Nacional de 1886);

c) Acción pública de inexequibilidad para cualquier ciudadano contra los decretos legisla­tivos, originados en la declaratoria de perturba­ción del orden y del estado de sitio en toda la República (Ley 2ª de 1904).

El control de constitucionalidad por vía de ac­ción no existe contra normas superiores o cons­titucionales, y se inicia en forma limitada sobre una especie precisa de normas derivadas, las que se configuran como decretos legislativos de esta­do de sitio.

C) Régimen del Acto legislativo de 1910.

El constituyente de 1910 marca un hito impor­tantísimo en el desarrollo del derecho constitu­cional. Sin hipérbole puede decirse que Colombia entrega al mundo del derecho una contribución sin precedentes, al consagrar el control jurisdic­cional de constitución a lid ad por acusación de normas derivadas. Sólo años más tarde, Kelsen propone ese sistema de control para la Consti­tución austríaca de la postguerra del 14 y seacoge ese mismo principio en organizaciones cons­titucionales europeas que se redactaron despuésdel gran conflicto mundial.

En dos artículos queda compendiado el sistema de control jurisdiccional de exequibilidad:

"Artículo 40. En todo caso de incompatibili­dad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constituciona­les".

"Artículo 41. A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Cons­titución. En consecuencia, además de las facul­tades que le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente:

''Decidir definitivamente sobre la exequibili­dad de los actos legislativos que hayan sido ob­jetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación".

Se eleva así a la categoría de norma constitu­cional la excepción de supremacía normativa de la Constitución, que antes tenía simple con­sagración legal y de tipo limitado. Se mantiene, previo cumplimiento del control de sanción y de objeción que compete al Ejecutivo, el control de exequibilidad sobre actos legislativos, así tengan el carácter de ordinarios (leyes) o de extraordi­narios (actos reformatorios de la Constitución). Y se amplía el control de exequibilidad por vía de acusación, creado por el legislador de 1904 para los decretos de estado de sitio, haciéndolo extensivo a todas las leyes o decretos que se acusen como inconstitucionales. Pero se mantiene el mismo criterio de 1886 respecto a la inexisten­cia de la acción de inexequibilidad por acusación contra actos reformatorios de la Carta. En efecto, al examen de constitucionalidad de un acto le­gislativo, en sentido específico de acto reforma­torio de la Constitución, sólo puede llegarse conel supuesto previo de que haya sido objetado co­mo inconstitucional en el ejercicio que correspon­de al Ejecutivo del control de sanción y de ob­jeción.

Queda incorporado el sistema de control en el mismo Estatuto Fundamental con una triple mo­dalidad:

a) La del control en vía de excepción, con re­conocimiento de supremacía de la Constitución sobre las leyes;

b) La del control por vía de objeción, con el cual a su vez; se abre el control de exequibilidad sobre actos legislativos ordinarios o específicos que hayan sido materia de objeción por inconstitucionalidad, y

c) La del control por vía de acusación que comprende en amplio espectro todas las leyes y decretos demandados como inconstitucionales en acción pública.

No existe dentro del sistema adoptado en 1910 competencia de la Corte Suprema de Justicia pa­ra conocer por vía de acusación de inconstitucionalidad contra actos reformatorios de la Cons­titución.

D) Régimen del Acto legislativo de 1945.

La coyuntura constitucional de 1945 no es de ampliación de competencias de la Corte en el sis­tema jurisdiccional de control de constituciona­lidad, sino por el contrario, de restricción.

Se ha visto en las etapas anteriores cómo era posible desde el punto de vista teórico que la Corte pudiera conocer por la vía del control de objeción en procesos de exequibilidad contra ac­tos legislativos específicos o reformatorios de la Carta que fueran objetados como inconstitucio­nales por el Gobierno. Esa conclusión se despren­día de manera lógica de los propios textos de la Constitución de 1886 y de los artículos pertinen­tes del Acto legislativo de 1910. El Gobierno cuando presenta al Constituyente de 1945 el pro­yecto de reforma, en realidad no está proponien­do innovación alguna en el siguiente texto: "Unareforma de la Constitución no podrá ser declara­da inexequible por la Corte Suprema sino cuandoel Gobierno la objete por no haberse ajustado en su forma de expedición a las normas fijadas poreste artículo. El Gobierno sólo podrá objetar la reforma cuando le llegue para su promulgación después de los debates de la segunda legislaturaordinaria". Sin embargo, el constituyente de 1945 niega esa propuesta y cambia las palabras "actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno", utilizadas por los constituyentes de 1886 y 1910, por la ex­presión"proyectos de ley que hayan sido obje­tados por el Gobierno como inconstitucionales". A la exclusión que se había venido haciendo del control por vía de acción contra actos legislativos reformatorios de la Constitución, se viene a agre­gar por el Constituyente de 1945 la supresión del control por vía de objeción contra actos refor­matorios de la Carta. La competencia originariade la Corte recibe en el año de 1945, en ese sen­tido, una limitación en procesos de exequibili­dad.

Pero hay otra restricción importante que nace en ese momento histórico. Como se recuerda en la reforma de 1910 el control de acusación se refería indiscriminadamente a todas las leyes y decretos demandados en acción pública de inconstitucionalidad. El constituyente de 1945 excluye de la competencia de la Corte Suprema de Jus­ticia y reserva para la jurisdicción de lo contencioso-administrativo las acusaciones de inconstitucionalidad contra decretos en general, excep­tuando únicamente: i) los decretos expedidos en virtud de autorizaciones especiales conferidas al Gobierno para ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional (Codificación 1945, ar­tículo 76-11). ii) los decretos basados en facul­tades extraordinarias concedidas pro tempore (Codificación 1945, artículo 76-12), y iii) los de los decretos legislativos de estado de sitio (Codificación 1945, artículo 121). La competen­cia de la Corte en acciones de inexequibilidad contra decretos acusados queda circunscrita en forma exclusiva a esas tres excepciones.

Los textos adoptados por el constituyente de 1945 relevan de todo comentario:

"Artículo 41. Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de quetratan los ordinales 11 y 12 del artículo 63 y elartículo 117 de esta Constitución".

"Artículo 53. A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, ten­drá la siguiente:

"Decidir definitivamente sobre la exequibili­dad de los proyectos de ley que hayan sido obje­tados por el Gobierno como inconstitucionales, o sobre todas las leyes o decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 69 y el artículo 117 de la Constitución.

"En las acciones de inexequibilidad deberá intervenir siempre el Procurador General de laNación".

"Artículo 54. El artículo 148 de la Constitu­ción quedará así:

"Artículo 148. En todo caso de incompatibili­dad entre la Constitución y la ley, se aplicará de preferencia las disposiciones constitucionales".

El sistema, por lo tanto, mantiene la triple mo­dalidad que presentaba anteriormente, pero en forma más circunscrita:

a) La vía de excepción, que permite la apli­cación prevalente de las disposiciones constitu­cionales sobre las leyes que les sean contrarias (Acto legislativo de 1945, artículo 54);

b) La vía de objeción, que permite el control de exequibilidad constreñidamente sobre los pro­yectos de ley objetados como inconstitucionales por el Gobierno (Acto legislativo de 1945, artícu­lo 53), y

c) La vía de acusación, que permite el control de la Corte sobre las siguientes normas deriva­das:

1. Todas las leyes acusadas de inconstitucionalidad en acción pública, y

2. Los siguientes decretos acusados de inconstitucionalidad en acción pública: i) decretos expedidos en virtud de autorizaciones especiales conferidas al Gobierno para ejercer otras funcio­nes dentro de la órbita constitucional (artículo 60-11. equivalente al 76-11 de la Codificación); ii) decretos basados en facultades extraordina­rias, artículo 69-12, equivalente al 76-12 de la Codificación), e iii) decretos de estado de sitio (artículo 117, equivalente al 121 de la Codifi­cación).

La reforma de 1945, consecuencialmente me­nos que cualquier otra, daría margen a la posi­bilidad para deducir en favor de la Corte una competencia que le permitiese conocer por vía de acusación de la inconstitucionalidad contra actos legislativos o reformatorios de la Carla Fundamental.

VIII. Los perfiles jurídicos que se dejan es­quematizados demuestran que el Derecho Consti­tucional Colombiano ofrece el más importante sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad de normas. Ese sistema no es de natura­leza exceptiva dentro de nuestra organización, pero presupone necesariamente el establecimien­to claro de competencias concretas y determi­nadas. No es conveniente, por lo tanto, que la Corte comprometa la existencia misma y el al­cance de una institución que nos enorgullece ante el mundo con interpretaciones y jurisprudencias que no se hallan dentro de los límites preciosos de las normas que fijan su competencia. De allí, que consideré una coyuntura apropiada la que ofrecía el caso sub judice para rectificar la juris­prudencia del 5 de mayo de 1978 y regresar a la doctrina tradicional de la Corte en materia de competencia, con mayor razón cuando en esa sentencia no quedó circunscrita la competencia a simples aspectos de forma sino que se llevó pe­ligrosamente con retardataria amplitud a aspec­tos de fondo en el control de la actividad norma­tiva del constituyente derivado.

Esa esquematizaron histórica demuestra tam­bién que desde 1910 hasta hoy la fórmula de los constituyentes ha sido uniforme. Se enuncia en primer término como función, que se encomienda a la Corte, la de la guarda de la integridad o supremacía de la Constitución. Y en seguida, con la expresión adverbial "en consecuencia", se ar­ticula a la función acordada lo que la Corte Suprema debe hacer para cumplir esa función, señalándole a ese efecto competencias precisas, delimitadas en su contenido y condicionadas en cuanto a sus fines, tanto a la oportunidad y cir­cunstancias para ponerlas en acto, como a los procedimientos adecuados para su regular ejer­cicio. De ese enlace articulado de la función a las atribuciones, que constituía la partitura para ser interpretada, los más eximios juristas que en más de medio siglo pasaron por la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia entre 1910 y 1978, jamás pudieron sacar las notas de compe­tencia que la mayoría de los sentenciadores del mes de mayo de 1978 recogió de las semillas disi­dentes que se dejaron esparcidas con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad de los De­cretos 0247 y 0251 de 1957, convocatorios del plebiscito para que el Constituyente Primario restableciera la normalidad institucional en Co­lombia.

Fecha ut supra.

César Ayerbe, Chaux.

Bogotá, noviembre 4 de 1981.

Presentado personalmente en la fecha por el doctor César Ayerbe Chaux.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario.

Salvamento de voto del Conjuez de la Corte Suprema, doctor

Hernando Tapias Rocha.

Disiento de la decisión mayoritaria contenida en la sentencia de 3 de noviembre de 1981, por las siguientes razones:

1ª. Cuando la sentencia de 5 de mayo de 1978 afirmó la competencia de la Corte para conocer de acciones de inexequibilidad contra actos refor­matorios de la Constitución, lo hizo fundada en el enunciado general de los artículos 2º y 214 de la Carta y la concretó únicamente en los vicios de forma en que se incurriere en el trámite co­rrespondiente, que consideró debía ser el mismo de las leyes ordinarias.

2ª. En esa sentencia, no obstante distinguirse entre acto legislativo y ley, se incurrió en la in­consecuencia lógica y jurídica de creer aplicables a los actos legislativos todos los requisitos de formación que exige para la ley el Título VII de la Carta.

3ª. Por ello, salvé mi voto en esa sentencia, co­mo Magistrado que era de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, ya que consideré entonces, y sigo creyendo ahora, que los únicos vicios que pueden invalidar un acto legislativo son los de forma que refluyan en desconocimiento de los requisitos fundamentales exigidos por el artículo 218 de la Constitución.

4ª. Sostuve en ese salvamento de voto, que con­tó con la firma de dos ilustres integrantes de la Corte Suprema, lo siguiente:

"Las reformas de la Constitución Nacional no han sido ni pueden ser materia de generación es­pontánea, para que con generoso simplismo, fruto de la pura especulación teórica y del más completo alejamiento de los supuestos reales de actuación de una sociedad, se las haga consistir en la mera satisfacción de los requisitos enun­ciados en el artículo 218 de la Constitución. No. Lo que en nuestro sentir sostuvo la Sala Consti­tucional es que para fundar una decisión de inexequibilidad de un acto legislativo no pueden retenerse, en calidad de vicios, sino los que con­traríen aquella norma específica para toda re­forma constitucional, punto que confirma el ar­tículo 13 del plebiscito de 1957 al decir: 'En ade­lante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución'.

"Los vicios restantes, los que no atañen a la naturaleza intrínseca y extrínseca de una refor­ma de la Constitución, los que no se refieren a esta porque son simples supuestos de validez de la ley, los que deja de lado el artículo 218 de la Carta, no son suficientes para deducir una decla­ración de inconstitucionalidad, así aparezcan ma­nifiestos, porque esto equivale a confundir la Constitución y la ley, el acto reformatorio de aquella con la actividad normal del Congreso en­caminada a darle pleno cumplimiento. El trámite a seguir para alcanzar una plena reforma de la Constitución puede ser entonces el que ésta asig­na para producir la ley. Los requisitos de forma que pueden invalidarla, de no ser cumplidos, son exclusivamente los contemplados en el artículo 218. íntimamente relacionados con la máxima re­presentación de la nación, jamás configurativa de un mandato, que ostentan ambas Cámaras, y con la publicidad que ese mismo texto hace im­perativa para conocimiento de los ciudadanos, todo como resultado además de una doble refle­xión, expresiva de la reiteración condicionada a la forma de mi presunto querer colectivo".

5ª. Y advirtió ese salvamento de voto, antici­pándose tal vez a lo que pudiere ocurrir en el futuro, lo que sigue:

"De no admitirse esta distinción, en ningún caso arbitraria porque resulta no sólo de la dife­rente naturaleza de las funciones constituyente y legislativa sino de textos precisos, créase incertidumbre permanente respecto a las reformas de la Carta, las cuales quedarán sujetas entonces, no a la verificación por los jueces de ese sentir colectivo, deducido de normas expresas, sino al vaivén de tesis y opiniones, de la incidencia cir­cunstancial del juego más o menos afortunado de la exégesis o de la interpretación llamada cientí­fica; y que la identificación de los actos legisla­tivos y de la ley ordinaria, así se pretenda que aquéllos sean leyes especiales, conduce a resul­tados inaceptables, lo abone el tener que repu­tarse inconstitucional una reforma de la Carta en razón de haber sido presentada al Congreso por el Gobierno cuando habría debido ser de ini­ciativa parlamentaria o viceversa, o haberse acumulado diversas materias que por definición pue­den ser distintas:, o ser incompetente la Comisión que la estudie en primer lugar por razón de los puntos contemplados en ella, o ser ineficaz la que se tramite en el Senado en lugar de serlo inicialmente en la Cámara, requisitos todos que eviden­temente no atañen sino a la ley, atendida por la Constitución a su peculiar naturaleza.

''Pero si lo que ocurre es que acto reformatorio de la Constitución y ley ordinaria externamente se parecen pero intrínsecamente son netos distin­tos en su naturaleza y fines, la única posibilidad jurídica de aplicar a aquéllos las previsiones relacionadas con éstas resulta ser el criterio de analogía, criterio que rechaza cualquier extensión al hecho reputado semejante de reglas restricti­vas o prohibitivas contenidas en la regla suple­tiva.

"Así, pues, no es lógico ni jurídico distinguir entre acto legislativo y ley común al afirmar la competencia de la Corte, para sostener después de una identidad entre las dos nociones que per­mita fundar la inexequibilidad de una reforma constitucional en la supuesta presencia de vicios cuya incidencia no puede afectar sino a la segunda porque para todo ello habría bastado prescin­dir de aquella distinción; ni es congruente res­paldar esa identidad con los argumentos que en otra época sustentaron la tesis de la incompe­tencia, con el único propósito de desvirtuar aquellas diferencias que son no obstante supuestos de la competencia; ni se concluye bien, en últimas, con el argumento de analogía, si es que éste apa­rece en la decisión mayoritaria de la Corte, por­que si se acude a solucionar la ausencia de normatividad propia al fenómeno contemplado con las normas que regulan situaciones semejantes, resulta imposible también aplicarle las restric­ciones contempladas en la regla supletiva".

6ª. La decisión de la Corte que por mayoría de votos declara ahora la inexequibilidad total de la reforma contenida en el Acto legislativo nú­mero 1 de 1979, acepta el precedente sentado por la sentencia de 5 de mayo de 1978. Las bases de su competencia son las mismas, ya que el consti­tuyente entregó a la Corte la guarda de la inte­gridad de la Constitución y la reforma ha de ser juzgada conforme con las normas preexistentes. Pero en lo que concierne a los motivos de inconstitucionalidad total del Acto legislativo acusado, se afirma que violó en su formación los artículos 75, 172, 81 y 218 de la Carta Política, en cuanto fue adoptada por una Comisión cuya integración desconoció abiertamente el derecho de las mino­rías y, en lo demás, porque los distintos proyectos de actos legislativos fueron acumulados indebi­damente al no existir todavía reglamento del Congreso que haga viable esa acumulación.

7ª. En cuanto el primer argumento, he de se­ñalar ahora que no porque se encuentre una coin­cidencia temporal entre la preexistencia de los diversos proyectos de acto legislativo y el mo­mento de la deficiente integración de la Comisión Constitucional que debía aprobarlos, puede dedu­cirse una relación causal que conduzca a la inexequibilidad de la reforma. La integración de la Comisión, considéresele o no como contraria a derecho, nada tiene que ver con el procedimiento propio de reforma de la Carta Política, como que constituye circunstancia extrínseca al proceso de formación del acto legislativo, al paso que el ar­tículo 172, por su contexto lógico-jurídico y su explicación histórica, tampoco tiene relación al­guna con el proceso de formación de las leyes o de las reformas de la Constitución. Y en lo que atañe a la violación del artículo 81 de la Carta, no se precisa en la sentencia razón distinta a la de ser la norma que veda la acumulación de naturaleza prohibitiva. Inexequibilidad en la for­ma y por la forma y no, como debiera ser, por haberse incurrido en el trámite de la reforma en un vicio de tal magnitud que implique descono­cimiento de un derecho fundamental, de un de­recho de aquéllos que la misma Constitución tra­ta de proteger a través del establecimiento de esos requisitos.

8ª. De esta manera ya no basta en la decisión mayoritaria que el Congreso haya incurrido en un vicio que atañe a la formación de la norma constitucional, sino de que cualquier texto de la Constitución que sea violado, directa o indirec­tamente por el Congreso, determina la invalidez de la reforma. El supuesto de la competencia, la guarda de la integridad de la Constitución, se convierte así en fundamento de su eficacia, y la simple garantía que resulta de la presencia de una forma, se confunde con ésta.

9ª. En realidad, el Acto legislativo número 1 de 1979 resulta ser inconstitucional no porque se haya violado el proceso establecido por la Constitución para su plena validez, sino porque se infringieron otras normas de la Carta que no atañen al procedimiento mismo de reforma con­sagrado en el artículo 218, o porque no se cum­plieron los requisitos que para la acumulación de proyectos de ley prevé la Carta Política. Y en ninguno de los dos casos resulta, en mi sentir, violado el artículo 218 de la Constitución Nacio­nal.

10. Por el contrario, la ponencia presentada por la Sala Constitucional de la Corte a consideración del pleno de la misma, deducía la inexequibilidad parcial del Acto legislativo de la circunstancia de no haberse cumplido enmustias de sus disposiciones con la aprobación en dos legislaturas ordinarias y sucesivas. Esa ponencia, fundada indudablemente en la violación del ar­tículo 218 de la Carta, correspondía en mi opi­nión a lo que debe ser el fondo, la naturaleza y fines del procedimiento de reforma de la Cons­titución. Por ello voté afirmativamente la inexequibilidad parcial que tal ponencia susten­taba.

Bogotá, D. E., noviembre 4 de 1981.

Hernando Tapias Rocha

Corte Suprema de Justicia - Secretaría General.

El anterior salvamento de voto fue presentado personalmente por el doctor Hernando Tapias Rocha, quien exhibió la cédula de ciudadanía nú­mero 2855901 de Bogotá, T. P. No. 6122, hoy 4 de noviembre de 1981.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario.

Aclaración de voto.

1. No participo del primer fundamento de la parte motiva de la anterior sentencia, cuya parte resolutiva comparto, porque en mi concepto la nulidad de la elección de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que le dio primer debate al Acto legislativo número 1 de 1979 y que decretó el Consejo de Estado, no constituye vicio de forma que afecte dicho Acto, como sí lo configura la indebida acumulación de proyectos, de acuerdo al estudio que acertadamente hace la sentencia.

Para sustentar mi discrepancia, acojo los ar­gumentos de la ponencia de la Sala Constitucio­nal que no obtuvo mayoría, en cuanto expresan: "…la circunstancia de haberse integrado irregularmente la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, no le quita a los miembros de la misma, su condición de funcionarios de dere­cho: -esto es-, que la Comisión funcionó con anterioridad a la declaración del Consejo de Es­tado en un marco de derecho, no simplemente de hecho. Ciertamente, la existencia de vicios o irregularidades en la designación de los funcio­narios, a el mero incumplimiento por parte de, éstos de alguno o algunos de los requisitos para el ejercicio del cargo, no les quita el carácter de funcionarios de derecho. Esto es singularmente válido en el ordenamiento jurídico colombiano, en el cual, en atención entre otras cosas a que los funcionarios .solamente pueden actuar en los ca­sos previstos por la Constitución o la ley, como que según lo previsto en el artículo 20 de aqué­lla, tales funcionarios son responsables no solamente por infracción de la Carta Fundamental y de las leyes, sí que también por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones. En tales eventos, de contera, las fronteras entre el funcionario de derecho y el funcionario de hecho se borran, siendo jurídicamente imposible hablar entonces de funcionarios de hecho. En dichas cir­cunstancias, la presunción de legitimidad de los actos realizados por tales funcionarios no des­aparece en el caso de que sea declarada la nuli­dad de la elección por la autoridad competente. Esto significa que la legitimidad o validez de tales actos no es afectada en el evento citado en que por razón de los mentados vicios o irregula­ridades se disponga la nulidad de la elección res­pectiva".

2. Tampoco participo del motivo expresado para desestimar la intervención de quienes se presentaron a defender o impugnar el Acto legis­lativo acusado, o sea su extemporaneidad. Esti­mo, en cambio, que dichas intervenciones fueron improcedentes y debieron rechazarse desde que se formularon. En efecto, el artículo 214 de la Constitución (71 del Acto legislativo número 1 de 1968) que era el aplicable en este caso por las razones que aparecen en la sentencia, dice en lo pertinente: "En los casos de los artículos 121 y 123 (debió decir 122), cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la consti­tucionalidad de los decretos a que ellos se refie­ren"' (subrayo). Lo que quiere decir, que tales intervenciones sólo .proceden en los procesos de inexequibilidad de los decretos legislativos dic­tados con ocasión del estado de sitio o de emer­gencia económica, pero no en los que versea sobre las leyes o los actos legislativos reformatorios de la Constitución. Sin que sea pertinente la analo­gía, primero porque ésta es ajena a la materia constitucional, segundo porque no opera tratán­dose de jurisdicción, competencia, formas pro­pias de cada juicio y legitimatio ad processum de las partes principales o secundarias, que no debe confundirse con la capacidad para comparecer al proceso, pues se violarían las garantías constitucionales entronizadas en el artículo 25 de la Carta.

Y para el supuesto de que La procedencia de dichas intervenciones, que la sentencia implícita­mente acepta pues sólo las tilda de intempestividad, se fundara en el derecho de petición pre­visto en el artículo 45 de la Constitución, como en ocasiones lo ha dicho la Corte, también ex­preso mi desacuerdo, pues el artículo 7º del De­creto 2773 de 1959 dispone lo contrario al decir: "El simple ejercicio del derecho de petición es distinto de la acción de litigar en causa propia o ajena". Lo cual en Colombia descarte, de jure condito, la tesis de Couture de que la acción, que es el derecho básico de toda intervención procesal, es una forma del derecho de petición. A lo que podría agregarse que al intentar el Es­tado la acción en el ramo penal, dentro de los sistemas legales acusatorios a través del Minis­terio Público, y en el ramo civil o contencioso-administrativo (proceso de lesividad), el concep­to de derecho de petición se desvirtúa.

Bogotá, noviembre 6 de 1981,

Hernando Morales Molina

Conjuez

Corte Suprema de Justicia. Secretaría General.

Bogotá, noviembre 6 de 1981. Recibido en la fecha.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario.

Salvamento de voto

Me he apartado respetuosamente de la deci­sión de la Corte porque no comparto, en modo alguno, ninguno de los dos presupuestos en que se funda la sentencia que declara la inexequibilidad total del Acto legislativo número 1 de 1979.

Fundo mi criterio en estas precisas conside­raciones:

1. Acumulación de proyecto.

El artículo 81 de la Constitución Política, al establecer los requisitos para que un proyecto pueda ser ley, no prohibió su acumulación, ni señaló, expresamente, en ninguna otra norma constitucional, la forma como debía precederse para que pudieran ser discutidos o votados con­junta o simultáneamente, trámite que se dejó al arbitrio del legislador ordinario como prueba fehaciente de la menor importancia que el cons­tituyente derivado otorgaba a esa formalidad.

No puede admitirse, de otra parte, que por la sola remisión que a los reglamentos hace el ar­tículo 81, éstos hayan adquirido la elevada cate­goría de normas constitucionales, ni aceptarse por ello, que su falta o su inobservancia consti­tuyan violación de la propia Constitución Nacio­nal.

2. Elección de las comisiones.

No son lo mismo el órgano y la función que aquél ejerce, de modo que lo que se predica de los trámites o formas de los procedimientos es absolutamente independiente de los requisitos o condiciones que deben reunir los encargados deadelantarlos.

Pretender que existe quebrantamiento de los procedimientos porque no se cumplieron a cabalidad los requisitos para la formación del órgano es, a mi modo de ver, una clara confusión de situaciones totalmente diferentes.

Estimo, en consecuencia, que la elección de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso, acto administrativo, escapa al trámite o ritualidad de las leyes y por consiguiente, al radio de acción de la Corte, así como tales trámites o ritualidades escapan al conocimiento del Consejo de Estado.

La norma del artículo 172 de la Constitución Nacional no puede decirse violada en el proceso de formación del Acto legislativo número 1 de 1979 porque dicho artículo tutela la juridicidadde las elecciones efectuadas en el seno de las corporaciones públicas y no los trámites legislativos.

Por estas, a mi modo de ver claras considera­ciones, salvo mi voto.

Dante L. Fiorillo Porras.

Noviembre 6 de 1981.

Corte Suprema de Justicia. Secretaría General.

Presentado en la fecha personalmente por el doctor Dante Luis Fiorillo Porras.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.

Salvamento de voto

1. Antes de expresar los motivos que susten­tan mi salvamento de voto respecto a la sentencia de inexequibilidad total del Acto legislativo nú­mero 1 de 1979 que se aprobó por la mayoría de los honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reitero que voté afirmativamente la parte del fallo que se refiere a la inaplicabilidad del Decreto 3050 del 2 de noviembre de 1981 ala decisión que debía adoptarse, porque comparto los argumentos que en su texto se contienen y porque además considero que ni el Gobierno ni él legislador pueden limitar las funciones que como Tribunal Constitucional le están atribuidas a laCorte.

2. La ponencia de la Sala Constitucional re­comendaba declarar inexequibles algunas normas contenidas en el Acto legislativo número 1 de 1979, en particular: la parte final del inciso 2º del artículo 2º; el artículo 28; el ordinal 10 del artículo 40; la última parte del inciso 2º del artículo 47; la parte final del artículo 53; el 2º inciso del parágrafo del artículo 56; el artículo 62 y el artículo 60 en cuanto subrogó el artículo 216 de la Constitución. Con fundamento en las mismas razones considero que también debía de­clararse inexequible el inciso 3º del artículo 55del acto legislativo que modificó el artículo 207 de la Constitución, aprobado solamente en lasegunda legislatura, cuyo texto es el siguiente; "El total de la apropiación presupuestal para dichos aportes, que cada año señale la ley con base en propuesta del Gobierno será distribuido entre los departamentos por partes iguales y una cantidad proporcional para los Territorios Na­cionales, sin que pueda existir diferencias en las asignaciones que señalen los congresistas de una misma circunscripción''.

3. Los motivos que fundamentan mi disenti­miento con el de la mayoría de los honorables Magistrados, son:

A. Integración del constituyente.

a) La Corte como Tribunal Constitucional, y en la materia sujeta a su estudio, debe confron­tar las normas del acto legislativo con el procedi­miento de reforma previsto en el artículo 218, y verificar si las formas propias de éste se cumplieron para decidir si todas o sólo algunas, seajustaron a esta norma.

Examinar si el constituyente, al actuar con poder de reforma en las etapas de conformación del Acto legislativo número 1 de 1979, infringió disposiciones de la Carta o si en el proceso de elaboración del mismo su actuación se cumplió de acuerdo con las normas constitucionales pre­vistas para modificar, reemplazar o suprimir los respectivos textos.

b) Ello significa que no deben considerarse hechos que hubieren antecedido a la formacióndel Acto legislativo sujeto a estudio, porque los acontecimientos anteriores al proceso de forma­ción del acto legislativo, escapan a su competencia. Si tales hechos hubieren causado agravioa la Constitución, los recursos administrativosson los apropiados para enmendarlos, para su­primirlos del campo jurídico. La nulidad quedecretó el honorable Consejo sobre la elección delos miembros de la Comisión Primera como con­secuencia del contencioso electoral, demuestraque a éste le está atribuido tal competencia. La Corte no tiene poder para decidir sobre materiasujeta a competencia del Consejo de Estado nipara revisar las decisiones de éste.

e) Cuando el constituyente derivado ejerce su atribución de reformar las normas fundamen­tales, implícitamente está calificando su poderconstitucional para efectuarla. Esta calificación es inherente a la misma capacidad o competen­cia definida en la respectiva norma constitucio­nal por el constituyente primario (excepto en el supuesto de la revolución triunfante que recu­pera para sí la soberanía plena para dictar la norma fundamental). Extender la competenciade guardar la integridad de la Constitución a la calificación de la idoneidad, la debida composi­ción, estructura e integración del constituyente derivado, significa otorgar a la Corte Suprema de Justicia un poder superior al del constitu­yente y atribuirle facultades y capacidades sino superiores, por lo menos iguales a los del cons­tituyente derivado.

d) Si se pretende que la Corte califique la idoneidad del constituyente, si su origen o su composición reúnen los requisitos constituciona­les, se excedería, en forma implícita, el ámbito jurídico señalado para el examen y decisión dela materia prevista en el artículo 214. Extenderel poder de la Corte a calificar la composiciónde una de las comisiones constitucionales queintervinieron en el trámite del acto legislativo,como presupuesto previo a su primordial tarea de verificar el desarrollo y fiel cumplimiento del proceso de la reforma constitucional, implicaría que se adujera la misma razón para examinar si las credenciales de los Senadores y Representan­tes que conformaron el Congreso, en su función de constituyente, ofrecen algún vicio o fueron anuladas; y extender la investigación sobre la estructura del constituyente hasta el origen desu investidura, para declarar si su elección se hizo conforme a las respectivas reglas, si el elec­tor tuvo libertad para depositar su voto, si éste no sufrió coacción o influencia en su albedrío.

En el supuesto de decisiones del Consejo de Estado sobre las credenciales de Senadores y Representantes o sobre integración de las Comi­siones Constitucionales, la Corte no podría dis­cutir nuevamente sobre estos extremos, porquesu poder constitucional está referido a la con­frontación de las normas constitucionales de pro­cedimiento con el acto acusado. Por consiguiente, no es posible en estos casos determinar si el cons­tituyente derivado, en alguno de sus soportes,estuvo debidamente conformado, porque la con­frontación debe hacerse en relación con las ac­tuaciones del constituyente en las sucesivas eta­pas de aprobación del proyecto que se convirtió en Acto legislativo, sin considerar si el mismo constituyente reúne todos los requisitos constitu­cionales en su estructura.

e) Los demandantes señalaron el ámbito para la actuación jurisdiccional de la Corte, cuando solicitaron declarar la inexequibilidad, "debido a vicios de forma en su discusión, acumulación,aprobación y expedición".

Entre sus argumentos presentan el que se re­laciona con la indebida integración de las Comi­siones Permanentes, con el propósito de que la Corte examine nuevamente si al elegirlas se violó la norma que exige utilizar el cuociente electoral, asunto ya definido por el honorable Consejo de Estado. Sin embargo, conviene anotar que la materia sujeta a la decisión de la Corte no es la actuación que cumplieron los congresistas cuando conformaron las Comisiones Permanentes, sino el procedimiento que siguieron las comisiones, el Senado y la Cámara de Representantes cuando actuaron como poder constituyente, es decir, ve­rificar si el constituyente derivado, al ejercer su poder de reforma, cumplió el procedimiento de­terminado en el artículo 218 y si en el desarrollo de las diferentes etapas se violó alguna norma constitucional, sin extenderla a examinar las in­fracciones que hubieren antecedido a la actuación de dicho constituyente.

Si este no fuere el criterio apropiado, no ha­bría obstáculo alguno para que en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 214, la Corte estudiará y verificará si en cada una de las reformas que antecedieron al Acto legis­lativo de 1979 en la conformación del constitu­yente derivado no se infringió norma alguna de la Constitución, porque unas y otras configuranuna cadena sin solución de continuidad.

En síntesis, en la materia sujeta a estudio, la Corte debe comprobar si se cumplieron los trá­mites constitucionales para la discusión y aprobación de los proyectos de reforma en las comi­siones y en las plenarias de las Cámaras, en sesiones ordinarias en la llamada primera vuelta; si dichos proyectos fueron publicados por el Go­bierno; si en la legislatura ordinaria siguiente se discutieron nuevamente, en las comisionesconstitucionales y en el Senado y en la Cámara de Representantes, y se aprobaron por la ma­yoría absoluta de los miembros que componen uno y otra.

B. Acumulación de proyectos de reforma constitucional.

a) El artículo 15 del Acto legislativo número 1 de 1968 incluyó el penúltimo inciso del artículo 81 que dice: "Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la forma que ordene el regla­mento, no podrán discutirse ni votarse conjunta o simultáneamente".

Esta norma de procedimiento legislativo para los proyectos de ley no se encontraba en la co­dificación de 1945 y fue suprimida por el Acto legislativo número 1 de 1979;

b) La acumulación de proyectos de ley no es­taba prevista en el Reglamento del Congreso por­que sólo el Acto legislativo número 1 de 1968 impuso dicha regla;

c) El Reglamento del Congreso (Ley 7ª de 1945) (artículo 76-6) no contiene regulaciones sobre la acumulación de proyectos de actos legis­lativos reformatorios de la Constitución, porque el legislador no puede imponer determinado procedimiento al constituyente;

d) Al Congreso Nacional como legislador, se le ha atribuido la competencia general de hacer las leyes. Así mismo, como constituyente, tiene el poder de reforma de la Constitución. La com­petencia legislativa y el poder de reforma debe ejercerlos en los términos que la Constitución establece. No es aceptable que una y otra puedan identificarse o asimilarse porque el procedimien­to previsto ofrezca parciales semejanzas. Quizás las diferencias son más sustanciales que de for­ma;

e) El Congreso ejerce su función legislativa sujeto a los reglamentos que para el efecto haya dictado que, por lo mismo, son leyes, no dispo­siciones constitucionales. El constituyente no puede estar limitado por los reglamentos que el Congreso haya expedido para el ejercicio de su función como legislador, porque la ley no puede determinar o señalar el cauce para el ejercicio del poder de reforma.

El Congreso, como legislador, debe ceñir sus actuaciones a las materias previstas en la Cons­titución y obrar conforme al procedimiento del artículo 81. Cuando actúa como constituyente, con poder para reformar la Constitución, sólo se exige que se sujete al procedimiento señalado en la Carta, es decir, al previsto en el artículo 218;

f) El artículo 218 de la Constitución anterior al Acto legislativo número 1 de 1979 determina las reglas a las cuales debe someterse el Congreso Nacional cuando actúa como constituyente para reformar por medio de actos legislativos la Constitución;

g) Los poderes del constituyente derivado (co­mo poder constituido) sólo están limitados por lo que prescribe el artículo 218, no por normas del Reglamento del Congreso, que no tienen la categoría de constitucionales y que han sido expedidas por el legislador con el fin de regular sus funciones como tal, legislador que en ma­nera alguna tiene atribuciones para limitar, po­ner cortapisas o señalar procedimientos al cons­tituyente, su superior inmediato;

h) Por tradición se ha aceptado que se deno­mine como ley superior, superley o mejor "ley de leyes'', a la Constitución, dado que el poder de reformarla está atribuido al Congreso como constituyente, que debe ejercerlo en dos legisla­turas, etc. Sin embargo, de estas denominaciones no es posible concluir que la referencia a la ley sea suficiente para equiparar o identificar las normas legales y las constitucionales y, por lo tanto, que las reglas que tengan relación con los proyectos de ley, deban extenderse, por aplica­ción analógica, a la materia constitucional.

El constituyente, depositario de la soberanía de la nación, en consecuencia, con poder para reformar la Constitución está sujeto a una serie de reglas más complejas (artículo 218) que las que rigen para la expedición de las leyes;

i) En síntesis, no participo del concepto de que la "Carta es ley de mayor jerarquía, pero de todos modos ley" "ley reiterada en dos legis­laturas sucesivas" que el "Acto legislativo... sigue siendo ley en el trámite para su expedi­ción" que son las premisas para concluir que deben observarse de manera estricta los regla­mentos del Congreso en cuanto a la acumulación de proyectos de ley cuando se trata de reformar la Constitución Nacional.

En consecuencia, considero que no es inconsti­tucional el Acto legislativo número 1 de 1979 por haberse adoptado el sistema de acumular di­ferentes proyectos de reforma de la Constitución Nacional, y haberse tramitado la reforma en la Comisión Primera Constitucional sobre cuya composición se pronunció en su oportunidad el honorable Consejo de Estado.

Lo expuesto explica los motivos para disentir de la decisión aprobada por la mayoría de los honorables Magistrados de la Corte.

Muy respetuosamente,

Bogotá, noviembre 5 de 1981.

Pablo Cárdenas Pérez

Conjuez.

Corte Suprema de Justicia. Secretaría General.

Bogotá, noviembre 5 de 1981. Presentado per­sonalmente por el doctor Pablo Cárdenas Pérez,

Rafael Reyes Negrelli

Secretario.

Salvamento de voto

Comparto las razones expuestas en los salva­mentos de voto de los Magistrados doctores Her­nando Tapias Rocha, Rafael Nieto Navia y Pa­blo Cárdenas Pérez, con las siguientes precisio­nes respecto de la acumulación de proyectos:

1º. Si el Congreso, por falta de disposición ex­presa, se acoge al artículo 81 de la Constitución Nacional para aprobar los actos legislativos, no todo incumplimiento de esta norma es causal de inexequibilidad de dichos actos, sino aquellos que inciden en el trámite establecido en el artículo 218 de la Constitución Nacional. La acumulación de proyectos en las reformas constitucionales, ne­cesaria y lógica a veces, no viola el artículo 218 de la Carta.

2º. Como algunas disposiciones del Acto legis­lativo número 1 de 1979 no fueron discutidas y aprobadas en dos legislaturas ordinarias, fui par­tidario de que se declarara la inexequibilidad de ellos, porque en el trámite respectivo no se siguió lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución, norma fundamental para la validez de las refor­mas constitucionales.

Fecha ut supra.

José Eduardo Gnecco G.

Corte Suprema de Justicia. Secretaría General.

Bogotá, noviembre 5 de 1981.

El anterior sal­vamento de voto fue presentado en la fecha. Se agrega al expediente.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.

Salvamento de voto

Con el debido respeto que me merece la deci­sión mayoritaria de la Corte en relación con la inexequibilidad del Acto legislativo número 1 de 1979 me permito disentir de ella por las siguien­tes razones:

De la competencia de la Corte: El artículo 214 de la Carta confía a la Corte Suprema de Justi­cia "la guarda de la supremacía de la Constitu­ción" o, para transcribir lo que rezaba la Cons­titución vigente antes de la expedición del Acto legislativo número 1 de 1979 y que era la apli­cable, pues no se puede juzgar una norma con base en lo que ella misma estipula, "la guarda de la integridad de la Constitución".

Esa misma Constitución en su artículo 2º se­ñala que "los poderes públicos, emanados de la nación en la que reside la soberanía, deben ejer­cerse en los términos que la misma Constitución establece. Se crea, por ende, un límite al ejerci­cio de los poderes y se señala que el ejercicio del poder no puede llevar al despotismo o autoridad absoluta no limitada por las leyes.

El artículo 55 establece la separación de las ramas del Poder Público. El artículo 218 da al Congreso, que es la Rama Legislativa, la facultad de expedir actos legislativos que son aquellos que reforman la misma Constitución y señala algunos requisitos de forma que deben cumplirse en des­arrollo de esa función.

Puede, pues, el Congreso, poder legislativo, re­formar la Constitución, pero debe hacerlo "en los términos que esta Constitución establece". Corresponde a la Corte, entonces, como guardián de la integridad de la Constitución, decidir si el Congreso cumplió o no "los términos" estableci­dos, es decir, si ejerció el poder en tales términos.

El artículo 218 contempla únicamente requi­sitos de forma. Una disquisición acerca de si la Corte puede juzgar sobre el contenido de un acto legislativo, como lo proponen las teorías jusnaturalistas <sic> que señalan límites inmanentes, los "límites inarticulados" de que hablan otros trata­distas, sobra en este caso, no solamente porque el Acto legislativo en cuestión no se acercó, ni mucho menos, a tan peligrosos límites, sino por­que la Sala Plena, desde el principio, se abstuvo de toda consideración en ese sentido.

La Corte resulta, pues, competente para deci­dir sobre la inexequibilidad de los actos legisla­tivos por vicios de forma y así lo ha hecho en forma reiterada a partir de la sentencia de mayo 5 de 1978. No comparto, pues, los salvamentos de voto en sentido contrario de sentencias anterio­res ni el que, en el curso del debate, propuso en el mismo sentido el honorable Magistrado César Ayerbe Chaux.


Ya lo dijo la Corte en su sentencia de mayo 5 de 1978: "De consiguiente, para que el ejercicio de esta facultad reformadora tenga efectos vá­lidos debe expresarse formalmente en actos le­gislativos, tramitados dentro de las condiciones especiales prescritas al Congreso en el artículo 258 del estatuto constitucional". Y añadió más adelante: "Por lo tanto, toda extralimitación o decisión que rebase esa regulación, implica la sanción respectiva que consiste en el retiro de sus efectos o de su validez. Como quiera que el artículo 214 confía la defensa de la Constitución a la Corte, y si no hay disposición expresa que exima de control de exequibilidad los actos le­gislativos, 'no puede inadmitir, sin quebrantar ese mandato, las demandas de inconstitucionalidad por violación de la regulación del poder dereforma previsto en el artículo 218".

Los requisitos de forma: El artículo 218 de la Carta contiene los requisitos de forma que debe cumplir el Congreso en el ejercicio de la potestad que se le confiere para reformar la Constitución.

La Constitución básica, la de 1886, contempla­ba también requisitos de forma en su artículo 209, que es la génesis del 218. La redacción ac­tual proviene del Acto legislativo número 1 de 1968.

De otra parte el constituyente primario, en el plebiscito de 1º de diciembre de 1957, estatuyó en el artículo 13: "En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Con­greso, en la forma establecida por el artículo 218de la Constitución".

De lo anterior resulta con claridad meridiana que, para reformar la Carta, el Congreso debe atenerse a lo dispuesto en la norma a que me vengo refiriendo, pero también que esa es la única norma aplicable, Si el constituyente pri­mario, o el derivado en las reformas posteriores al plebiscito, hubiera deseado añadir otros requi­sitos de forma, así lo hubiera hecho expresamen­te, como lo hizo el Acto legislativo número 1 de 1979 que la sentencia a la que formulo este salvamento declara inexequible, y que, por ejemplo, amplió la aplicación del artículo 81 de la Carta, reservado a las leyes, a los actos legislativos.

Ahora bien: esos requisitos de forma no son otros que la discusión y aprobación del proyecto por el Congreso en sus sesiones ordinarias; la publicación por el Gobierno, o por el Presidente del Congreso si aquél no lo hiciere, del proyecto; y el debate y aprobación, en la siguiente legisla­tura, aprobación por mayoría absoluta de los in­dividuos de cada Cámara.

La aplicación analógica de las disposiciones constitucionales:

Ha sido la opinión mayoritaria de la Corte que el artículo 218 no se entendería sin el comple­mento del Título VII de la Carta que trata de la formación de la ley. Y para ello se arguye en primer término que una interpretación "pre­cisa, armónica y coherente'' (usando las expre­siones de la sentencia de mayo 5 de 1978) de la Carta hace concluir "que al artículo 218 tiene como complemento necesario lo estatuido en su Título VII, que determina cómo el Congreso ex­presa so voluntad cuando expide normas de derecho positivo... Si el artículo 218 pudiera ser considerado suficiente para regular en su inte­gridad la materia que toca, quedarían sin res­puesta muy serios interrogantes, tales como quiénes están legitimados para presentar pro­yectos de reforma constitucional: ¿los parlamen­tarios ¿El Gobierno ¿Cuántos debates deben sufrir ¿Sería suficiente un solo debate para modificar lasleyes constitucionales" ¿Y una vez aprobados serían o no sancionados y publicados Porque en todas estas materias guarda silencio el artículo 218…El artículo 218 sin conexión con los artículos 79, 81 y siguientes, es norma incompleta e ineficaz, por sí misma para el ejer­cicio de la potestad de reforma" (ídem. Subra­yado mío). Añade luego la tantas veces citada sentencia que "El constituyente de 1886, cuya sabiduría abonan sus numerosos títulos, dio nom­bre de acto legislativo lo mismo a la ley ordina­ria que a la reformatoria de la Constitución, sin dejar de reconocer el rango superior de la se­gunda". Esta identificación sería el segundo ar­gumento para sostener la aplicación del Título VII a los actos reformatorios de la Carta.

Con base en estos argumentos la sentencia apli­ca el penúltimo inciso del artículo 81 y de su in­cumplimiento deduce el vicio de forma para de­clarar inexequible la reforma.

Es cierto que el artículo 218 quedaría aparen­temente incompleto por falta de algunas cosas que suenan obvias. También es cierto que la cos­tumbre en el Congreso ha sido la de dar a los actos legislativos un trámite similar, aunque endos legislaturas, al que se da a las leyes. Pero deello no puede deducirse la aplicación analógicadelasnormas constitucionales.

Nadie ignora que la expresión ley tiene, en sentido amplio, una identificación con el orden jurídico o, mejor aún, con las fuentes de ese orden jurídico. Pero en este sentido la expresión ley significa no solamente la ley propiamente dicha y, naturalmente, los actos legislativos, sino también los decretos de diverso orden, las ordenanzas, los acuerdos y hasta los actos adminis­trativos. No puede, pues, partirse del supuesto de que es en este sentido como se refiere a la ley la Norma Fundamental. Esta le da a la expresiónun sentido estricto como lo veremos, que no pue­de ser otro que el que le da el artículo 4º del Código Civil, como "declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional". La prueba es muy simple y se logra por mera reducción al absurdo: ¿Pueden, acaso, leerse los artículos 76, 90 y 91 (estos dos últimos del Título VII) sustituyendo la expresión "ley" por "acto legislativo" ¿No conduce esa lectura a que todo se regula por "ac­tos legislativos" y a que el Presidente puede ob­jetar un proyecto de "acto legislativo" por in­constitucional, lo cual es absurdo, y a que puede urgir al Congreso, produciendo en ciertos casos un trámite especial Pero es obvio que la Consti­tución no contiene semejante absurdo.

La Constitución "cuya sabiduría abonan sus numerosos títulos" tampoco asimiló la ley al acto legislativo, a menos que se le quiera dar ese sentido al artículo 81 de dicha codificación. Sólo que una interpretación "precisa, armónica y coherente" de la misma nos lleva al artículo 209 de esa codificación, que regula las reformas a la Constitución por medio de actos legislativos y de manera diferente a como lo hace el artículo 81. No cabe, entonces, sino aplicar las normas de criterio interpretativo de la Ley 153 de 1987 y concluir que el constituyente hizo una identifi­cación innecesaria de la cual no puede concluirse una identificación real. Pero, además, esa apa­rente incongruencia fue corregida por el consti­tuyente de 1945 que estatuyó "ningún proyectoserá ley....."(artículo 11 del Acto legislativonúmero 1 de 1945). Aún suponiendo, gratuita­mente, que la Constitución de 1886 hubierain­currido en la indebida asimilación, ésta fue corregida en 1945 y esa nueva expresión es la vigente en la Constitución de 1958 sobre la cualbasa su fallo la Corte,

Lo contrario conduce a no distinguir donde el constituye sí distinguió y a hacer aplicación analógica de disposiciones restrictivas, lo cual es intolerable y peligroso en materia tan grave co­mo el caso al que se refiere la sentencia.

Pero, aún más, si se llegare a tan extrema in­terpretación y le fueren aplicables a los actos legislativos las disposiciones constitucionales o reglamentarias que rigen el trámite de las leyes, la Cortesería incompetente para conocer de talesvicios. Bien lo dijeron los Magistrados HernandoTapias Rocha, Luis Sarmiento Buitrago y JoséEduardo Gnecco en su salvamento de voto de1975: "....los únicos vicios que puede retenerla Cortepara fundar una decisión de inexequibilidad de un acto legislativo son los que consistanen omisión de los requisitos mínimos establecidosen dicho artículo 218 para toda reforma de la Constitución. Losdemás en que pueda haberseincurrido, así se trate de los de formación de laley, son irrelevantes porque los actos reforma­torios" de la Constitución no son leyes, ni formalesni materiales.....los vicios restantes…..los quedeja de lado el artículo 218 de la Carta, no sonsuficientes para deducir una declaración de inconstitucionalidad así aparezcan manifiestos,porque esto equivale a confundir la Constitucióny la ley.....".

Hace la sentencia una profunda disquisición sobre lo que representa la nulidad que decretara el Consejo de Estado de las "elecciones" en las Comisiones Constitucional en de la Cámara y so­bre cómo acumuló el Congreso los diversos pro­yectos de acto legislativo para concluir de esosdos factores la inexequibilidad del demandado.También la ponencia llevada a la Sala Plena porla Sala Constitucionalacepta la verdad de estoshechos. Pero ellos solamente sirven, en mi opi­nión, para señalar cómo la omisión por los pode­res públicos del estricto cumplimiento de los tér­minos que la Constitución y la ley les señalan puede conducir al despotismo y a la arbitrarie­dad. Lo cual es particularmente cierto en relación con el golpe de poder que se dio en la conforma­ción de las comisiones. Todo lo cual lleva, natural­mente, a pensar en la necesidad de que los respon­sables sean sancionados. Pero no por ello queda viciado de inexequibilidad el acto legislativo por­que el artículo 218 no hace referencia a estos pro­cedimientos y porque, aun cuando se aceptara la obligación del poder legislativo de respetar enel trámite el Título VII de la Carta, su viola­ción, así sea flagrante como aparece demostrada, no es suficiente para viciar de inconstitucionalidad el acto y la Corte carece, en todo caso, de competencia para declararla.

Por esa misma razón me he abstenido de com­partir en su totalidad la ponencia de la Sala Constitucional que busca conciliar dos posiciones y que concluye en la inexequibilidad de algunos puntos del acto legislativo por vicios que no corresponden exactamente al ordenamiento del artículo 218. Aparece, eso sí, que con aplicación exclusiva de ese mandato constitucional algunos apartes del mismo deberían haber sido declarados inexequibles. Pero, declarada como está lainexequibilidad total y no habiendo sido discu­tida en detalle la inexequibilidad parcial, no esnecesario en este salvamento de voto entrar entales detalles.

Finalmente, suscribo sin reservas los párrafos que, en la sentencia, se refieren al Decreto 3050 de 1981 con el cual se pretendió interferir inde­bidamente en las decisiones de la Corte. La Cons­titución establece la colaboración armónica entre las ramas del poder público para la realizacióndel fin supremo del Estado, pero también, sus funciones separadas. Es ese equilibrio constitu­cional el que preserva nuestro estado de derecho e impide el despotismo y la arbitrariedad.

Dejo en estos términos salvado mi voto en re­lación con la sentencia de 3 de noviembre de 1981, mediante la cual la Corte declaró la inexequibilidad del Acto legislativo número 1 de 1979.

Rafael Nieto Navia.

Corte Suprema de Justicia.

Secretaría General

Bogotá, noviembre 5 de 1981. El presente sal­vamento de voto fue presentado en esta fecha, personalmente, por el doctor Rafael Nieto Navia, quien se identificó legalmente. Se agrega al ex­pediente.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.