300Corte SupremaCorte Suprema300300170171917.Hernando Gómez Otálora198907/09/19891917._Hernando Gómez Otálora_1989_07/09/198930017017&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA NÚMERO 55 REFERENCIA: Expediente número 1917. 1989
Jaime Orlando Santofimiopor la cual se dictan normas sobre desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dietan otras disposicionesIdentificadores30030017018true91043Versión original30017018Identificadores

Norma demandada:  por la cual se dictan normas sobre desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dietan otras disposiciones


&&CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO 55

REFERENCIA: Expediente número 1917.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4oL0009_89#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF parcialmente y parágrafo; 79L0009_89#79*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 86L0009_89#86*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 09 de 1989, por la cual se dictan normas sobre desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dietan otras disposiciones''.

DEMANDANTE: Jaime Orlando Santofimio.

MAGISTRADO PONENTE: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 32.

TEMA: AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL

Resumen. La autonomía patrimonial y administrativa de que gozan los departamentos, los municipios y el Distrito Especial de Bogotá, no es absoluta. Una interpretación en sentido opuesto vulneraría la unidad política del Estado colombiano normas sobre desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes.

Exequible el articulo 49L0009_89#49*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y parágrafo; 79L0009_89#79*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 86L0009_89#86*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 9a de 1989.

FECHA: Bogotá, D. E., 7 de septiembre de 1989.

&$I. ANTECEDENTES

El ciudadano Jaime Orlando Santofimio, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el ordinal 2o del artículo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constitución Nacional, solicita a esta Corporación que declare parcialmente inexequibles los artículos 49L0009_89#49*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y parágrafo; 79L0009_89#79*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 86L0009_89#86*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 09 de 1989.

Admitida la demanda, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación, quien se declaré impedido, por lo cual correspondió emitir el concepto fiscal al señor Viceprocurador. Cumplidos los trámites legales, procede la Corte a decidir el caso sub examine.

&$II. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS

Se transcribe a continuación el texto de las disposiciones acusadas, subrayándose la parte demandada parcialmente:

"LEY 09 DE 1989

''(enero 11)

"Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

"CAPITULO I.

"De la planificación del desarrollo municipal.

''Artículo 49L0009_89#49*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Las oficinas departamentales, intendenciales y comisariales de planeación prestarán asesoría para la elaboración de planes de desarrollo o planes de desarrollo simplificados en los términos de las normas vigentes y de la presente Ley. En caso de que las entidades territoriales obligadas a tenerlos no presenten sus planes en los términos de la presente Ley, ellos serán elaborados por dichas oficinas y sometidos a consideración del respectivo concejo, junta metropolitana, o Consejo Intendencial de San Andrés y Providencia por conducto del alcalde o el intendente, quienes estarán obligados a hacer la respectiva presentación.

"Parágrafo. También deberán elaborarlos las oficinas departamentales de planeación a solicitud del respectivo alcalde municipal".

'-CAPITULO VIII.

"De la extinción del dominio sobre inmuebles urbanos.

"Artículo 79L0009_89#79*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. En desarrollo del principio constitucional, según el cual la propiedad tiene una función social que implica obligaciones, todo propietario de inmuebles dentro del perímetro urbano de las ciudades está obligado a usarlos y explotarlos económica y socialmente de conformidad con las normas sobre usos y atendiendo a las prioridades de desarrollo físico, económico y social contenidas en los planes de desarrollo, o en los planes simplificados, y en su defecto, atendiendo a los usos del suelo que para estos fines establezca la Oficina de Planeación Departamental".

''Artículo 86L0009_89#86*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Corresponderá al Alcalde o al Intendente, mediante resolución motivada, declarar la extinción del derecho de dominio de los inmuebles que no cumplan una función social, a favor del respectivo municipio, el Distrito Especial de Bogotá, o la intendencia de San Andrés y Providencia. En dicha resolución se especificará el uso o destino que deba darse al inmueble en lo sucesivo, de conformidad con el plan de desarrollo o con el plan de desarrollo simplificado, y en defecto de éstos, de conformidad con el uso que le asigne la Oficina de Planeación Departamental".

&$III. LA DEMANDA

Considera el actor que las normas acusadas de la Ley 9a de 1989 violan los artículos 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1, 187CONS_P86#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-5, 189CONS_P86#189*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 y 194CONS_P86#194*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-9 de la Constitución Política, así como los artículos 1oACL01_86#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 2oACL01_86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Acto legislativo número 1 de 1986.

En su concepto, los preceptos impugnados por los cuales el legislador asigna la elaboración de los planes de desarrollo en los casos allí previstos a las oficinas de planeación departamentales, constituyen una intromisión del Congreso en el ámbito de competencias constitucionales atribuidas a la Asamblea Departamental y al Gobernador, dentro del marco de autonomía del departamento, por los artículos 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1, 187CONS_P86#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-5 y 194CONS_P86#194*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-9 de la Constitución Nacional. En su entender, el legislador no puede por medio de leyes, atribuir o quitar funciones a organismo alguno de la estructura administrativa de un departamento, pues la asignación de funciones generales a las diferentes dependencias de la estructura departamental es de competencia de las asambleas y el señalamiento de las funciones especiales de los empleos departamentales corresponde al Gobernador, según lo determinan los artículos 187CONS_P86#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-5 y 194CONS_P86#194*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-9 del Estatuto Superior.

Expresa que en la expedición de las normas impugnadas ''se observa una evidente intromisión del poder legislativo sobre el poder ejecutivo, representado en este caso por las autoridades administrativas departamentales'' por lo cual, en su entender, el Congreso no ejerció sus funciones en los términos establecidos por el ordenamiento constitucional, y por ello resultan conculcados también los artículos 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta Fundamental.

Estima que los preceptos demandados así mismo regulan en exceso la tutela administrativa de los departamentos sobre los municipios en materia de planificación, y que por ello desconocen la autonomía municipal que acentuaran los artículos 1oACL01_86#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 2oACL01_86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Acto legislativo número 1 de 1986. A este respecto, puntualiza que al regular la tutela administrativa necesaria de los departamentos para la planificación y el desarrollo regional y municipal que manda la Constitución Política en el artículo 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, inciso 1o, la ley debe respetar los preceptos Constitucionales que consagran la autonomía política y administrativa municipal, pues dicha tutela no es absoluta ni implica co-gobierno y, en materia de planificación y desarrollo local, significa tan sólo coordinación y orientación mas no reemplazo del alcalde o del Concejo por el Departamento en la toma de decisión; agrega que, por consiguiente, la ley no puede trasladar las competencias constitucionales de decisión política y de manejo administrativo, que corresponden a los alcaldes en su condición de jefes de la administración municipal, a otras esferas de la administración pública, como lo hizo en los artículos 49L0009_89#49*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 79L0009_89#79*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 86L0009_89#86*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF impugnados, al atribuir la elaboración de los planes de desarrollo municipal y la decisión sobre planificación urbana a la Oficina de Planeación Departamental, privando de este modo al municipio de su principal instrumento de autonomía.

Finalmente, expresa que en la medida en que el legislador atribuye la iniciativa sobre planes y proyectos de desarrollo a las oficinas de planeación departamentales, las disposiciones impugnadas también violan el artículo 189CONS_P86#189*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 Superior, por cuanto este precepto únicamente lo autoriza a otorgar exclusivamente al alcalde, y no a otra autoridad, la iniciativa en determinadas materias de interés municipal.

&$IV. EL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Oficio número 1427 de mayo 10 de 1989 el Viceprocurador emitió la Vista Fiscal en la cual primeramente destaca los aspectos esenciales de la planeación producto de la Reforma Constitucional dc 1968, la distribución de competencias Ejecutivo - Congreso y sus relaciones con la planeación de las entidades territoriales. Tales aspectos son, en resumen, los siguientes:

1. La planeación departamental debe hacerse bajo lar normas que establezca la ley para efectos de su coordinación con la planeación regional y nacional (artículos 186CONS_P86#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 187CONS_P86#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2, 189CONS_P86#189*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 194CONS_P86#194*-3) de la Constitución Nacional.

2. Compete al Gobierno impulsar la ley que determine lo relativo a los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas de los municipios (artículo 189CONS_P86#189*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 de la C. N.).

3. Los departamentos ejercen la tutela administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicios, en los términos que las leyes señalen (artículo 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1 de la C. N.).

El Viceprocurador advierte que "la Constitución, al reglamentar las atribuciones de los Concejos Municipales (Art. 197CONS_P86#197*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF), omite entregarles la de aprobación de los Planes de Desarrollo Económico y Social" y que de ello se colige que "corresponde a la ley señalar los procedimientos y la forma de adoptarlos jurídicamente como expresamente se prevé en las normas parcialmente demandadas".

Observa el Viceprocurador que "constitucionalmente, nada se opone a que las Oficinas Departamentales, Intendenciales y Comisariales elaboren los planes y programas de desarrollo económico y social de los municipios, cuando éstos se abstengan u omitan presentarlos a los respectivos concejos, y menos a que se preste la asesoría solicitada por los alcaldes".

En su concepto, "no se desconoce la autonomía departamental o municipal, ni se exceden los marcos de las competencias legislativas asignadas al Congreso Nacional, y por ende, no se vulnera el principio de la división funcional de los poderes públicos, al disponer que en los planes de desarrollo o en los planes simplificados se tengan en cuenta los usos del suelo para los fines del cumplimiento de la función social de la propiedad que establezcan las Oficinas de Planeación Departamental, pues la planeación económica y social incluye el planeamiento urbano, el uso del suelo y la explotación económica y social de los inmuebles que se encuentren dentro del perímetro urbano de las ciudades".

Finalmente, señala que el legislador aplicó en el artículo 4oL0009_89#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF acusado el esquema de competencia sustitutiva que contempla el artículo 80CONS_P86#80*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF constitucional en materia de planeación nacional.

Por lo expuesto, el Ministerio Público estima que los artículos acusados se ajustan a la Constitución, y solicita a la Corte que así lo declare.

&$V. ESCRITO DE DEFENSA DE LAS NORMAS ACUSADAS

En ejercicio del derecho de petición, los ciudadanos Viviane Morales, Jorge Eduardo Chemas y Humberto de la Calle Lombana, presentaron escrito de impugnación a las pretensiones de la demanda. Siguiendo la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional, se accede a considerar el memorial citado anteriormente, para dar cumplimiento al artículo 45CONS_P86#45*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Estatuto Superior y para contar con la mayor cantidad de elementos de juicio que garanticen una acertada decisión del caso. Son sus razones, en resumen, las siguientes:

1. Ninguno de los grados de descentralización política o administrativa es equivalente al autonomismo o a la independencia que en últimas reclama el actor en favor de las entidades territoriales, ya que éstas son impropias a la organización del Estado colombiano.

2. La autonomía que la Carta reconoce a las entidades territoriales es limitada, entre otras razones, por la muy simple de evitar que lo que se reconozca sea su absoluta independencia.

3. La misma Constitución reconoce a la ley la potestad de asignar nuevas funciones a las asambleas (187-11).

4. Las disposiciones acusadas, en estricto sentido, no atribuyen a las oficinas de planeación departamentales funciones diversas a las ya asignadas por las asambleas, sino que, tan sólo, dentro de las funciones por éstas determinadas, y acorde con la naturaleza de las oficinas de planeación, cual es la actividad planificadora, desarrollan una forma de colaboración interadministrativa de los departamentos respecto de los municipios.

5. No se violan los artículos 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, pues el legislador es el encargado de desarrollar las normas constitucionales en la materia.

6. Tampoco se configura una violación de la autonomía municipal, por regular en exceso la tutela administrativa de los departamentos sobre los municipios, pues las normas acusadas prevén una forma de colaboración interadministrativa de la más clara estirpe y, en todo caso, es al legislador a quien compete determinar las formas de tutela administrativa de los departamentos sobre la acción de los municipios (artículo 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1 de la C.N.).

&$VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1a Competencia.

Esta Corporación es competente para decidir definitivamente la demanda instaurada por cuanto los preceptos acusados forman parte de una ley, conforme a la atribución 2a que le confiere el artículo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Estatuto Fundamental.

2a Acusación parcial contra los artículos 4oL0009_89#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y parágrafo; 79L0009_89#79*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 86L0009_89#86*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 9a de 1989.

Vistos los cargos formulados por el actor, la primera cuestión sometida a consideración de la Corte en este caso, se contrae a determinar si dentro de las previsiones de nuestro ordenamiento constitucional, puede la ley asignar una competencia a las oficinas departamentales de planeación en materia de planeación del desarrollo urbano y de usos del suelo, y si con ello se desconoce o se interfiere la autonomía administrativa de los departamentos (artículo 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1 Superior) y las atribuciones de los gobernadores y las asambleas que los artículos 187CONS_P86#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-5 y 194CONS_P86#194*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-9 de la Carta les confieren para el señalamiento de las funciones generales y específicas a los órganos de la administración departamental, y la segunda si dicha competencia desconoce la autonomía municipal.

Para los efectos de este examen, en primer término pone la Corte de presente que, como lo ha advertido en numerosos fallos, "la autonomía patrimonial y administrativa de que gozan los departamentos, los municipios, y el Distrito Especial de Bogotá, no es absoluta. Una interpretación en sentido opuesto vulneraría la unidad política del Estado colombiano, y estaría en pugna, además, con la misma Constitución que consagra como atribución privativa del Congreso, que ejerce por medio de las leyes, la de regular el servicio público (artículo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-10). En fallo de 12 de diciembre de 1941, la Corporación dijo: "Conviene no perder de vista que el Estado Colombiano se ha dado una organización política unitaria, y que es en la Nación donde reside esencialmente la soberanía (Art. 29XXXX#29*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF). A las secciones, departamentos y municipios, se les ha reconocido una relativa autonomía administrativa, pero deben ejercerla dentro de la órbita de acción que los preceptos constitucionales y legales les hayan señalado" (sentencia de agosto 21 de 1975, M. P. Dr. Eustorgio Sarria).

Conviene también, a este propósito reiterar la jurisprudencia contenida en el fallo de febrero 3 de 1971 (M. P. Dr. Eustorgio Sarria), respecto al papel de la ley en relación con la autonomía administrativa y patrimonial de los entes descentralizados territorialmente:

"1. La reforma de 1968, si bien no eliminó la autonomía administrativa y patrimonial de los departamentos, que arranca de la Constitución de 1886 y se perfecciona con los Actos legislativos de 1910 y 1945, sí condicionó su ejercicio y usufructo a la organización unitaria de la Nación, racionalizando el servicio oficial a través de los mecanismos de la planeación y de la iniciativa gubernamental del gasto público.

''2. Esto indica que, en realidad de verdad, la ley juega en el caso de la autonomía administrativa y patrimonial de las entidades territoriales", un papel preponderante, como quiera que es la llamada por la Constitución para señalar cauce al ejercicio y desarrollo de dicha autonomía" (subraya la Corte).

Significa lo anterior, que si bien es cierto que la Constitución reconoce la existencia de departamentos y municipios como entidades territoriales, con cierta autonomía para el manejo de los asuntos seccionales y traza en su favor unas competencias determinadas radicadas en cabeza de sus órganos de gobierno, tal autonomía en el Estado Unitario que consagró el artículo 1oCONS_P86#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constitución de 1886, que aún nos rige, es relativa y que, por ello, la misma Carta, respecto de ciertas materias, defiere a la ley la determinación por vía general de las condiciones a que se supedita o subordina el ejercicio de las competencias constitucionales asignadas al departamento o municipio, sin que ello signifique quebranto alguno a la autonomía reconocida constitucionalmente en favor de aquellos, ni desconocimiento de sus competencias, pues en este caso, la actuación del legislador tiene nítido origen en la propia Constitución y, por lo mismo, puede la ley establecer limitaciones para encauzar el ejercicio y desarrollo de dicha autonomía, con el propósito de articular la actividad de los entes descentralizados y la del Estado Central.

Tal es el caso en materia de planeación del desarrollo departamental y municipal, en el cual el constituyente fue explícito en someter las competencias constitucionales atribuidas a los órganos de gobierno del departamento y del municipio, a lo previsto por la ley a fin de asegurar la necesaria coordinación y armonización de la planeación regional y local con la nacional.

Los artículos 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1, 187CONS_P86#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 y 189CONS_P86#189*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 son claros en así establecerlo. En efecto, conforme al primero 182-1 ''los departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución y ejercen sobre los municipios la tutela administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicios, en los términos que las leyes señalen''.

Preceptúa el segundo -87-2, que los planes y programas de desarrollo económico y social departamental que, a iniciativa del gobernador, corresponde a las asambleas fijar ''se elaborarán bajo las normas que establezca la ley para que puedan ser coordinados con los planes y programas regionales y nacionales''. Y el tercero 189-, a su turno dispone que a iniciativa del Gobierno, la ley determinará lo relativo a los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas de los municipios" (subraya la Corte).

Así las cosas, la planeación urbana, de carácter departamental y municipal -la cual incluye la determinación de los usos del suelo y de los que deba darse a los inmuebles que se encuentren dentro del perímetro urbano-, puede ser objeto de la regulación legal prevista en las normas bajo examen, puesto que ésta es elemento fundamental de la planeación económica y social, sin que con ello se desconozcan las competencias señaladas en la Carta a los distintos órganos de la administración regional y local, ya que como se ha visto, dicha regulación encuentra su fundamento constitucional en los artículos 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1, 187CONS_P86#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 y 189CONS_P86#189*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 del Estatuto Superior, los cuales defieren a la ley el establecimiento de las normas bajo las cuales se elaborarán los planes de desarrollo económico y social departamental, así como la determinación de lo relativo a la planeación municipal. Es claro entonces que el legislador, por expreso mandato constitucional, puede mediante ley, regular por vía general lo relacionado con la elaboración de los planes de desarrollo urbano y usos de suelos del departamento o municipio y, por tanto, establecer con carácter obligatorio que su elaboración corresponda a las oficinas departamentales de planeación y su presentación a los alcaldes. Esto es precisamente lo que hacen los preceptos acusados al disponer que las oficinas departamentales de planeación prepararán los planes de desarrollo urbano y los simplificados de los municipios, cuando éstos no lo hagan o cuando así lo solicite el respectivo alcalde municipal y que, así mismo, determinarán los usos del suelo urbano municipal cuando tales usos no hayan sido previstos en los primeros.

Y no cabría alegar que con ello se desconoce la autonomía municipal y el marco de competencias constitucionales del alcalde y los concejos pues, nótese bien que los preceptos impugnados se limitan a establecer una competencia en cabeza de las oficinas departamentales de planeación, únicamente en lo que respecta a la preparación de los planes de desarrollo urbano del municipio, y a la determinación de los usos que deba darse al suelo comprendido dentro de su perímetro urbano, y que ésta opera únicamente cuando tales entidades no los hagan, para llenar tal vacío, mas no para sustituir a aquellos en la decisión que les compete adoptar en esta materia.

Así mismo, mal podría afirmarse que con ello se trasladan a las oficinas departamentales de planeación las competencias constitucionales de decisión política y de manejo administrativo atribuidas al alcalde y a los concejos municipales, pues cuando de atribuciones se habla, es necesario distinguir entre competencia de elaboración y competencia de iniciativa y de decisión.

Observa la Corte que las disposiciones impugnadas para nada se refieren a estas últimas, y que lo preceptuado en ellas no afecta en absoluto las competencias atribuidas a tales órganos en materia de planeación del desarrollo urbano y de usos de suelos, por lo cual, es claro que éstas permanecen inalterables y continúan radicadas en cabeza de los órganos de gobierno de los municipios, en la forma prevista por los capítulos I."Planes de Desarrollo"; II. "Del Urbanismo", y III. ''De las Zonas de Reserva Agrícola'' del Título III sobre "Planeación Municipal'' del Decreto-ley 1338 de 1986 (Código de Régimen Municipal), así como en el Capítulo VI ''Sector Desarrollo Urbano" del Decreto 77 de 1987, por el cual se expidió el Estatuto de Descentralización en beneficio de los municipios. Dicho de otro modo, si bien los preceptos acusados determinan una función obligatoria a cargo de las oficinas departamentales de planeación y de los alcaldes en lo tocante a la preparación y presentación de los planes de desarrollo urbano de los municipios, no por ello se sustrae la decisión política que en materia de planeación compete a los concejos, pues éstos pueden introducir modificaciones al proyecto y aprobarlo o improbarlo.

De otra parte, las normas que se examinan, lejos de contrariar precepto constitucional alguno, tienen un claro origen constitucional en los artículos 182CONS_P86#182*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-1 y 189CONS_P86#189*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-2 ya mencionados, no sólo porque, como quedó expuesto, a la ley le corresponde determinar lo relativo a la planeación urbana municipal y establecer las normas bajo las cuales se elaborarán los planes de desarrollo económico y social departamentales, sino también porque la participación de las oficinas departamentales de planeación en la formulación de los planes de desarrollo urbano es indubitable y prístina expresión de la tutela administrativa que, por mandato constitucional, los departamentos han de ejercer sobre los municipios especialmente en esta materia, para coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicios.

A este propósito téngase en cuenta que las oficinas departamentales de planeación son primordialmente un mecanismo técnico de coordinación y armonización de la política de planeación del desarrollo económico y social, y no entes con competencias de decisión política, los que por ende, en ningún caso suplantan al alcalde y al concejo en la acción administrativa y la decisión política que constitucionalmente les corresponde.

Por lo expuesto, la Corte no encuentra fundamento alguno al reparo de inconstitucionalidad formulado y así habrá de declararlo.

A juicio de la Corte, las disposiciones acusadas no desbordan el mareo constitucional de competencias a que debe contraerse el legislador de conformidad con los textos de la Carta, ni mucho menos interfieren o invaden las competencias de los órganos de la administración departamental o municipal ni, como lo pretende el actor, tampoco desconocen la autonomía que en materia de planeación del desarrollo urbano consagra el Estatuto Superior en favor de las asambleas y gobernadores, en los departamentos, y de los alcaldes y concejos en los municipios. Comparte la Corte, además, el criterio del señor Viceprocurador en el sentido de observar que constitucionalmente, nada se opone a que las oficinas departamentales, intendenciales y comisariales preparen los planes y programas de desarrollo urbano de los municipios, cuando éstos se abstengan u omitan presentarlos a los respectivos concejos, y menos a que se preste la asesoría solicitada por los alcaldes.

Reitera así esta Corporación la tesis del fallo de mayo 18 de 1989 (M. P. Dr. Fabio Morón Díaz), proferido como resultado de una demanda con cargos análogos a los que aquí se examinan, en el sentido que "la Constitución Nacional en ninguna de sus normas proscribe la asesoría y la coordinación que en estas materias puedan dar las Oficinas Departamentales de Planeación a los órganos de administración local, atendiendo los términos señalados por la ley a efectos de promover el desarrollo y la prestación de los servicios''.

Consecuencia de las consideraciones anteriores es la de que los preceptos legales tachados como inconstitucionales, se ciñen al ordenamiento jurídico constitucional del país, que en la materia, como está dicho, mantiene el principio de la unidad política, sin menoscabo de una relativa autonomía administrativa, fiscal y patrimonial de las entidades territoriales conformadas por los departamentos y los municipios.

De lo anterior, se viene a concluir que en concepto de la Corte, las normas acusadas no quebrantan o desconocen disposición constitucional alguna, por lo que corresponde declarar su conformidad con los preceptos de la Carta.

&$VII. DECISIÓN

En consideración a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Viceprocurador General de la Nación, en relación con las normas acusadas de la Ley 9a de 1989 en el presente proceso,

&$RESUELVE:

1. Es EXEQUIBLE el artículo 4oL0009_89#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 9a de 1989 en la parte que dice:

"En caso de que las entidades territoriales obligadas a tenerlos no presenten sus planes en los términos de la presente ley, ellos serán elaborados por dichas oficinas y sometidos a consideración del respectivo concejo, junta metropolitana, o Consejo Intendencial de San Andrés y Providencia por conducto del alcalde o el intendente, quienes estarán obligados a hacer la respectiva presentación.

"Parágrafo. También deberán elaborarlos, las oficinas departamentales de planeación a solicitud del respectivo alcalde municipal''.

2.- Es EXEQUIBLE el artículo 79L0009_89#79*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 9a de 1989 en la parte que dice:

".. en su defecto, atendiendo a los usos del suelo que para estos fines establezca la Oficina de Planeación Departamental".

3. Es EXEQUIBLE el artículo 86L0009_89#86*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 9a de 1989 en la parte que dice:

"... y en defecto de éstos, de conformidad con el uso que le asigne la Oficina de Planeación Departamental''.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

FABIO MORÓN DÍAZ

Presidente

HERNÁN GUILLERMO ALDANA DUQUE

RAFAEL BAQUERO HERRERA

JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO FERNÁNDEZ

JORGE CARREÑO LUENGAS

MANUEL ENRIQUE DAZA ALVAREZ

GUILLERMO DUQUE RUIZ

EDUARDO GARCÍA SARMIENTO

JAIME GIRALDO ANGEL

HERNANDO GÓMEZ OTÓLORA

GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ

PEDRO LAFONT PIANETTA

RODOLFO MANTILLA JÁCOME

HÉCTOR MARÍN NARANJO

LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA

ALBERTO OSPINA BOTERO

DÍDIMO PÁEZ VELANDIA

JORGE IVÁN PALACIO ALACIO

JACOBO PÉREZ ESCOBAR

RAFAEL ROMERO SIERRA

EDGAR SAAVEDRA ROJAS

JAIME SANÍN GREIFFENSTEIN

JORGE ENRIQUE VALENCIA MARTÍNEZ

RAMÓN ZÚÑIGA VALVERDE.

ALVARO ORTIZ MONSALVE

Secretario General.