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300Corte SupremaCorte Suprema300300168421547Fabio Morón Díaz.198728/03/19871547_Fabio Morón Díaz._1987_28/03/198730016842LA NATURALEZA CONTRAVENCIONAL DE LA INFRACCIÓN DE TRANSITO Y SU CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO. "CONTRA EL INFORME DEL AGENTE DE CIRCULACIÓN FIRMADO POR UN TESTIGO, SOLAMENTE PROCEDE LA TACHA DE FALSEDAD". CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. LAS AUTORIDADES CIVILES DE POLICÍA CONOCEN DE LAS INFRACCIONES CONTRAVENCIONALES DE TRANSITO. Exequible la norma demandada. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 51. Referencia: Expediente número 1547. 1987
Rafael Antonio Quintero G.Acción de inexequibilidad contra el artículo 92 de la Ley 33 de 1986. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Tacha de Falsedad-Procedencia.Identificadores30030016843true90785Versión original30016843Identificadores

Norma demandada:  Acción de inexequibilidad contra el artículo 92 de la Ley 33 de 1986. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Tacha de Falsedad-Procedencia.


LA NATURALEZA CONTRAVENCIONAL DE LA INFRACCIÓN DE TRANSITO Y SU CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO. "CONTRA EL INFORME DEL AGENTE DE CIRCULACIÓN FIRMADO POR UN TESTIGO, SOLAMENTE PROCEDE LA TACHA DE FALSEDAD". CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. LAS AUTORIDADES CIVILES DE POLICÍA CONOCEN DE LAS INFRACCIONES CONTRAVENCIONALES DE TRANSITO.

Exequible la norma demandada.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 51.

Referencia: Expediente número 1547.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 92 de la Ley 33 de 1986. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Tacha de Falsedad-Procedencia.

Actor: Rafael Antonio Quintero G.

Magistrado ponente: doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobado por Acta número 24.

Bogotá, D. E., mayo veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. ANTECEDENTES

El ciudadano Rafael Antonio Quintero González, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el artículo 92 de la Ley 33 de 1986. Se admitió la demanda y dentro del traslado, el Procurador General de la Nación expuso su impedimento para rendir concepto, el cual fue aceptado por la Sala Constitucional, ordenando correr traslado al Viceprocurador General de la Nación, quien rindió elconcepto de rigor y procede la Corte ahora a decidir sobre el asunto.

II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA

El texto de la norma que se revisa es del siguiente tenor:

"LEY 33 DE 1986

"Por la cual se modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"Artículo 1°……….

"Artículo 92. El artículo 238 del Decreto-ley número 1344 de 1970, quedará así:

"Artículo 238. La autoridad de Tránsito que presencie la comisión de una contravención a las normas establecidas en este Código, ordenará detener la marcha del vehículo y previa amonestación al conductor lo anotará en una orden de comparendo que para tai fin llevará consigo en la que ordenará al infractor presentar­se ante las autoridades de tránsito competentes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregara copia de la orden de comparendo.

"Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la infracción. Si no se presenta en la fecha señalada, el proceso seguirá su curso.

"La orden de comparendo deberá estar siempre firmada por el conductor. Se entenderá firmada por el solo calco de la licencia de conducción en la respectiva orden. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del Agente de Circulación firmado por un testigo solamenteprocede la tacha de falsedad:

"El INTRA determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En él se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si lo desea, y que en la audiencia para que se le cite,se practicarán las pruebas que solicite.

"Parágrafo. La autoridad de tránsito entregará dentro de las doce (12) horas siguientes, al funcionario competente, la copia de la orden de comparendo, sopeña de incurrir en causal de mala conducta.

"Cuando se trate de Agente de Policía Vial, la entrega de esta copia se hará por conducto del Comandante de la ruta, o el -Comandante Director del Servicio" (Lo subrayado es lo demandado).

III. LA DEMANDA

1. Normas constitucionales que se consideran infringidas.

El actor considera que la norma acusada viola los artículos 55, 58 y 61 de la Constitución Nacional.

2. Fundamentos de la acción.

La demanda consigna como fundamentos de su acción las siguientes consideraciones:

La norma acusada ha facultado, no solamente a las autoridades administrati­vas de tránsito, sino a las demás autoridades administrativas gubernamentales y de policía, para hacer justicia en violación de la Constitución Nacional, pues estafunción es atribuida en forma única y exclusiva a la Rama Jurisdiccional;

El procedimiento para conocer de la tacha de falsedad ha sido definido como propio de la jurisdicción civil, de conformidad con los artículos 289, 290 y 291 del Código de Procedimiento Civil, normas éstas que señalan el trámite, el fallo y el valor del documento objeto de la valoración judicial en el incidente de tacha. Por esto, y dada la naturaleza jurisdiccional del asunto que se debate por la tacha de falsedad del documento, es una materia cuyo conocimiento corresponde a los jueces y no a las autoridades administrativas como Lo ordena la Ley 33 de 1986;

Como la norma acusada dispone que contra el Informe de Comparendo que elabore el agente de tránsito firmado por un testigo, sólo procede la tacha de falsedad, se elimina la posibilidad de iniciar la acción penal que permite el Código Penal al establecer como delito la falsedad ideológica en el artículo 219.

IV. EL CONCEPTO FISCAL

Ante el impedimento del señor Procurador General de la Nación y la conse­cuente separación de ese Despacho del conocimiento del proceso, el señor Viceprocurador General de la Nación rindió el correspondiente concepto fiscal en el que solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare la conformidad del precepto acusado con el texto de la Constitución Nacional.

Considera La Vista Fiscal que el contenido de la norma acusada no constituye una indebida injerencia de la Rama Jurisdiccional, pues ciertos funcionarios administrativos se encuentran investidos de autoridad para impartir justicia respecto de faltas de carácter contravencional, y como las infracciones de tránsito son faltas meramente contravencionales no le queda duda sobre la constitucionalidad del precepto acusado.

Agrega el señor Viceprocurador que "si bien la ley no fijó el trámite a seguirse para la resolución del incidente propuesto dentro del proceso administrativo allí señalado, de ninguna manera implica, de suyo, la inexistencia del procedimiento en este punto, toda vez que es indudable que éste habrá de regirse por las normas que regulan la Tacha de Falsedad, las cuales se encuentran fijadas en el Código deprocedimiento Civil, artículos 289 a 293". Sostiene que el principio general queseñalan las normas del procedimiento civil, respecto de los trámites para el conoci­miento de la tacha de falsedad, es el que asigna la competencia sobre este punto a la autoridad ante la cual se presenta el documento, que no es exclusiva y solamente el juez civil, como ocurre en la previsión legal que señala la norma acusada, dado que elincidente no constituye en sí mismo una decisión judicial sino sólo una forma de evaluar una prueba documental dentro de un proceso administrativo por parte delfuncionario competente para conocer del mismo.

Concluye señalando que la norma examinada deja a salvo la competencia del juez penal como lo dice el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil y pide en consecuencia a esta Corporación que declare que la frase: "contra el informe del Agente de Circulación firmado por un testigo solamente procede la Tacha de Falsedad", del artículo 92 de la Ley 33 de 1986, es exequible porque no existe violación a la Constitución Nacional.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera: La competencia.

La Corte Suprema de justicia es competente para el conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad que contra las leyes presenten los ciudadanos en ejercicio de la acción que consagra el artículo 214 de la Carta. Como la frase: demandada hace parte de una ley de la República, previos los trámites correspondientes, se procede a fallar el caso subexamine.

Segunda: La Naturaleza Contravencional de la Infracción de Tránsito y suConocimiento Administrativo.

Bien definido tiene esta Corte el campo de aplicación de las normas que asignar el conocimiento de las faltas contravencionales a algunas autoridades administrativas, pues es facultad legislativa la de atribuir, el conocimiento de éstas a las autoridades administrativas de policía sólo en razón de la naturaleza preventiva y correctiva de las prohibiciones de este tipo de normas no penales; Se trata de la corrección disciplinaria de comportamientos de menos entidad que interesan al desarrollo de las actividades normales de la comunidad y que pueden poner en peligro algunos bienes jurídicos de la misma o lesionarlos de tal manera que ameriten un tratamiento procedimental sancionatorio desprovisto de la ritualidad y los principios propios para la conducta penalizable.

El tratamiento, preventivo y aun correctivo de algunas conductas de menos entidad que puedan suscitarse en el desarrollo de las actividades de tránsito, obliga al legislador a erigirlas como meramente contravencionales y asignar el conocimiento de las infracciones a las normas que así lo prevén a las autoridades administrativas que deban ocuparse de esta clase de asuntos, como es el caso de la Ley 33 de 1986.

Esta ley señala las autoridades civiles de policía que conocen de las infracciones contravencionales de tránsito, en forma que no se modifican las facultades jurisdiccionales de las autoridades a las que se le atribuye la función de juzgar los delitos, ni sealteran los límites de las competencias en el orden contravencional de las autoridadesciviles de policía, pues estas últimas siguen siendo administrativas.

Además, la Corte ya se ha pronunciado al respecto de esta materia en sentencia de mayo 31 de 1984, así:

"...La Corte ha venido sosteniendo en forma nítida y reiterada el principio incólume de la competencia judicial ordinaria en materia delictiva y que además con antelación a aquélla ya había dejado establecido el origen y rango constitucional y no simplemente legal del juez constitucional-penal.

"……….

"...saca en claro la Corte que al legislador le está prohibido, a riesgo de ser declarada inexequible su decisión en contrario, no sólo otorgar competencias de juzgamiento penal a quienes no tengan la calidad de jueces ordinarios, sino también cambiar la organización judicial común, bien sea suprimiendo las categorías de jueces instituidos en la propia Constitución, o aún creando otras (como acontece precisamente en los casos regulados en los numerales 2 y 3 del artículo 1o de La Ley 2a de 1984, y desarrollados en lo pertinente en los artículos 1º y 3o de la misma), que fuera de no formar parte del poder judicial sino del Ejecutivo, pues son "autoridades de policía", tampoco están expresamente reconocidas en ellas como competentes con jurisdicción excepcional o especial, ni mucho menos general y ordinaria, para conocer y juzgar delitos de ninguna naturaleza.

Hace ver la Corte que la norma acusada consagra ni otorga ninguna nueva facultad de juzgamiento sobre la conducta penalmente reprochable que pudiese configurarse y que describen los artículos 218 a 235 del Código Penal, y que así no modifica o traslada funciones de la organización jurisdiccional, para colocarlas en cabeza de las autoridades de policía, ya que el consagrar la tacha de falsedad sobre un documento emanado de la propia autoridad administrativa con la participación de un particular como testigo, dentro del proceso administrativo, no constituye cosa distinta que la estimación del valor probatorio del documento y nada más. La responsabilidad penal y sus consecuencias, así como los efectos civiles que se desprendan del uso oaprovechamiento procesal o extra-procesal del documento tachado son, por defini­ción legal, asunto de competencia jurisdiccional y esto no cambia ni se altera por la alegación en el trámite administrativo de la Tacha de Falsedad del informe de comparendo sin la firma del infractor.

Para evitar la ineficacia de la actuación correctiva en el evento que señala la norma bajo examen y con el propósito de asegurar la agilidad que debe caracterizar a toda actuación administrativa, el legislador estableció, dentro de sus competencias constitucionales, algunos aspectos del procedimiento que en aquélla se debe seguir, sin perjuicio de las demás atribuciones y competencias jurisdiccionales que puedan ejercerse sobre otras conductas relacionadas con la infracción y su juzgamiento.

Se consagra desde otro punto de vista, un derecho y una función administrativa sobre el trámite del juzgamiento contravencional de las conductas que violan las prohibiciones señaladas por el Decreto-ley número 1344 de 1970 (Código de Tránsi­to) y la Ley 33 de 1986, cuando el Informe de Comparendo no sea suscrito por el infractor. Ello es de competencia del legislador y por tal razón, en ausencia deviolación constitucional se declarará conforme a la Carta el establecimiento de este proceder administrativo probatorio especial; en la consideración de una conducta contravencional, como ocurre con la norma que acusa el actor.

Además, la norma en cuestión no permite ni pretende el juzgamiento de la falsedad como conducta punible sino sólo el análisis del valor y del mérito probatorio administrativo del citado informe, para los meros efectos de la tramitación policiva del conocimiento de la infracción y nada más. Todo lo demás, de existir, será de competencia de los jueces penales.

Pero, se agrega, el Informe de Comparendo con la firma del testigo, al registrar y consignar la ocurrencia de una infracción al Código Nacional de Tránsito, es una especie de acto administrativo investido de la presunción de legalidad que sólo puede verse disminuido, en tal condición, finalmente, por un acto jurisdiccional que le quite dicho valor no sólo al acto administrativo en sí mismo considerado, sino a toda; actuación administrativa. Dicho acto puede verse enervado en sus efectos de decisión contravencional por la Tacha de Falsedad permitida por la norma subexamine, la que deberá surtirse por el trámite incidental que señala el procedimiento civil en ausencia de previsión normativa especial, ante la autoridad policiva competente a la luz de las normas arriba transcritas.

Es pues de la naturaleza propia de la actuación administrativa de decisión contravencional, que el valor de las pruebas se discuta también en lo de su competen­cia, ante la misma autoridad administrativa que debe considerar la conducta, sin perjuicio del aviso al juez penal competente con el envío de las copias necesarias para, la correspondiente investigación, todo de conformidad con el procedimiento civil supletivo. Así las cosas, también se puede enervar la actuación administrativa por fuerza de la naturaleza prejudicial que le impondría a la tramitación del juzgamiento contravencional, que no el del incidente de Tacha de Falsedad, la decisión penal de avocar el conocimiento del eventual delito de falsedad documental, pues la competencia sobre la responsabilidad penal sigue en manos del juez penal respectivo.

VI. DECISIÓN

En atención a lo expuesto y oído el concepto fiscal, previo estudio de la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,

RESUELVE:

Declarar exequible la parte que se acusó del artículo 92 de la Ley 33 de 1986, la cual dice: "Contra el informe del Agente de Circulación firmado por un testigo solamente procede la Tacha de Falsedad".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, Rafael Baquero Herrera, José AlejandroBonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Ángel, OscarPeña Alzate, Conjuez, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio MorónDíaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario General