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300Corte SupremaCorte Suprema300300167741908.Jaime Sanín, Greiffenstein | Dídimo Páez Velandia198924/08/19891908._Jaime Sanín, Greiffenstein | Dídimo Páez Velandia_1989_24/08/198930016774IMPUESTO Resumen. Dentro de la facultad impositiva del Estado, compete al Congreso solamente, "dictar las normas generales", esto es, establecer o fijar la nomenclatura y las tarifas que estime convenientes, mediante una ley especial denominada "cuadro" o "marco". Exequible el artículo 95 de la Ley 75 de 1986. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 50. Referencia: Expediente número 1908. 1989
Roberto Meisel LannerPor la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposicionesIdentificadores30030016775true90596Versión original30016775Identificadores

Norma demandada:  Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones


IMPUESTO

Resumen. Dentro de la facultad impositiva del Estado, compete al Congreso solamente, "dictar las normas generales", esto es, establecer o fijar la nomenclatura y las tarifas que estime convenientes, mediante una ley especial denominada "cuadro" o "marco".

Exequible el artículo 95 de la Ley 75 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 50.

Referencia: Expediente número 1908.

Acusación contra el artículo 95 de la Ley 75 de 1986, Impuesto a las importaciones. Leyes cuadros arancel del aduanas. Derechos de importaciones.

Actor: Roberto Meisel Lanner.

Magistrados ponentes: Jaime Sanín, Greiffenstein y Dídimo Páez Velandia

Aprobada según Acta número 30.

Bogotá, D. E., 24 de agosto de 1989.

I. ANTECEDENTES

Entra a decidir la Corte Suprema de Justicia la demanda de inexequibilidad instaurada por el ciudadano Roberto Meisel Lanner en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional contra el artículo 95 de la Ley 75 de 1986, cumplidos como están los tra­mites establecidos por el Decreto 432 de 1969.

II. LA NORMA DEMANDADA

La transcripción de la norma acusada, incluido su encabezamiento es como sigue:

"LEY 75 DE 1986

"(diciembre 23)

"Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"………..

"Artículo 95. Sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales, los gravámenes de que tratan los artículos 229 del Decreto 444 de 1967; 20 del Decreto 688 de 1967; 6º del Decreto 2366 de 1974; 14 de la Ley 2ª de 1976, numeral 37; 1o de la Ley 68 de 1983, y 9º de la Ley 50 de 1984, sustituyense por un impuesto a las importaciones equivalente al dieciocho por ciento (18%) de su valor CIF.

"El impuesto contemplado en el inciso anterior será del cinco por ciento (5%) para la importación de fertilizantes o de sus materias primas, siempre y cuando en este último caso la importación sea realizada por enti­dades públicas o por empresas productoras de fertilizantes. Dicho impuesto será del diez por ciento (10%) para las siguientes importaciones;

"1. Premios y distinciones obtenidos en concursos o certámenes nacio­nales e internacionales de carácter científico, literario, artístico y deportivo, reconocidos por el Gobierno Nacional.

"2. Papel destinado a la impresión de periódicos o a la edición de libros y revistas de carácter científico o cultural.

"3. Libros y revistas de carácter científico o cultural clasificados por los códigos Nabandina 49.01.89.00 y 49.02.89.00 del Arancel de Aduanas.

"4. Bienes de capital clasificados por los siguientes códigos Nabandina del Arancel de Aduanas:

84.06.03.01, 84.21.01.00, 84.21.90.01, 84.21.90.05, 84.24.01.00, 84.24.02.00, 84.24.90.00, 84.25.01.00, 84.25.02.00, 84.25.03.01, 84.25.03.99, 84.25.04.00, 84.25.05.00, 84.25.90.01, 84.25.90.02, 84.25.90.11, 84.25.90.99, 84.26.00.00, 84.28.01.00, 84.28.02.00, 84.28.03.00, 84.28.90.00, 87.01.02.01, 88.02.02.01 y 88.03.02.01.

"5. Alimentos, que realice el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, distintas de las indicadas en el numeral 4º del artículo siguiente de esta ley.

Parágrafo 1. Ninguna mercancía podrá nacionalizarse, o ser despachada para consumo, sin el pago previo de este impuesto, salvo que su importación esté exenta del mismo por el artículo siguiente.

"Parágrafo 2. Por el término de dos años, contados a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, facúltase al Presidente de la República para reducir uniformemente, para todas las posiciones del Arancel de Aduanas el valor del impuesto previsto en este artículo, salvo que se trate de plaguicidas y de los principios activos para la preparación de los mismos con destino a ser utilizados en el sector agropecuario, en cuyo caso, podrá efectuarse una disminución independiente, de las demás posiciones del arancel.

"Parágrafo 3. La tasa de cambio para la liquidación de este impuesto será la misma que fije el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para la liquidación de los demás derechos de aduana.

"……."

III. RAZONES DE LA DEMANDA

En forma breve, el actor hace consistir el cargo en la violación del numeral 22 del artículo 76 de la Carta Política y al efecto explica:

"A partir de la reforma constitucional de 1968, al Congreso le quedo vedado el inmiscuirse en la modificación del Arancel de Aduanas, tarifas y demás disposiciones aduaneras.

"Es por ello que el artículo 76, ordinal 22 faculta al Congreso a otorgar al Ejecutivo, mediante leyes cuadros o leyes marcos, una amplia cobertura para que fije los aspectos fundamentales de nuestro comercio exterior, cambios, aranceles, tarifas, y demás disposiciones concernientes al comercio internacional".

Luego concluye:

"Fluye con meridiana claridad que si el Congreso Nacional se despojó con el artículo 76, ordinal 22 de su facultad de modificar las tarifas concernientes al régimen de aduanas, es evidente que el artículo 9o de la Ley 75 de 1986 no tiene soporte constitucional alguno, pues, el legislador perdió esa facultady sólo mediante autorización al Ejecutivo, a través de la Ley Marcos (sic) ya aludida, se puede modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Luego, es inconstitu­cional el artículo acusado".

IV. CONCEPTO FISCAL

El Viceprocurador General de la Nación, en vista de que por manifestaciones de impedimento fueron separados de su tarea por la Sala Constitucional el Procurador anterior y el actual, dio su concepto mediante oficio número 1423 de 5 de mayo del presente año y conceptuó que debeaccederse a la demanda y declararse la inexequibilidad precisamente porlos motivos alegados.

Argumenta así:

''El establecimiento, modificación y variación del impuesto de aduanas y las tarifas correspondientes (arancel), corresponde hacerlo al Congreso Nacional y al Presidente de la República, de acuerdo con la delimitación de competencias prevista en los artículos 76-22, 120-22 y 205 de la Cons­titución Política. De tal suerte, que el Congreso expide la 'ley cuadro' en materia de régimen aduanero, y al Ejecutivo le compete modificar los aran­celes, tarifas y dictar todas las disposiciones necesarias para la implementación-desarrollo de dicho régimen. En consecuencia, le está vedado al Congreso variar o modificar las tarifas de los aranceles aduaneros, por cuanto esta potestad está deferida con exclusividad al Presidente de la República con fundamento en la política de comercio exterior (interior y exterior) que se requiera para el efecto".

"De la lectura y confrontación de la norma sub lite con los mandatos y atribuciones contenidos en los artículos 76-22, 120-22 y 205 de la Consti­tución Política y los de las normas subrogadas, se deduce que el legislador al expedir el artículo 95 de la Ley 75 de 1986, introdujo variaciones a las tarifas aduaneras o arancelarias, facultades que constitucional y legalmente corresponde ejercerlas al Presidente de la República, de conformidad con la 'ley cuadro' de aduanas (Ley 6ª de 1971). En consecuencia, el Congreso Nacional al aprobar la norma demandada invadió la órbita de competencias del Ejecutivo, pues le está vedado fijar o variar las tarifas aduaneras y solamente tiene competencia para dictar los principios o normas generales dentro de las cuales el Presidente de la República puede variar los porcen­tajes según las cambiantes circunstancias del comercio internacional, la necesidad de proteger la industria nacional, y demás objetivos de la políticaaduanera".

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Competencia.

El artículo 214 de la Constitución Nacional da clara competencia a la Corte Suprema para conocer de esta acción, pues se trata de una ley de la Repúblicaque ha sido debidamente acusada como inconstitucional por un ciudadano.

2º. El punto debatido.

Se debate y la Corte debe decidir si el Congreso de la República era competente para expedir el artículo 95 de la Ley 75 de 1986 y, por lo tanto, si no invadió la órbita de poderes que le fijó al Presidente la Constitución Nacional.

2.1 Al efecto es necesario establecer el significado de la norma mencionada y, decir entonces, que ella sustituyó, consagrándolos como un impuesto a las importaciones, algunos gravámenes anteriores, así:

a) El gravamen establecido en el artículo 229 del Decreto 444 de 1967, consistente en un impuesto a las importaciones del 1½% CIF con destino al Fondo de Promoción de Exportaciones.

Esta disposición, a su turno, derogó las que consagraban los siguientes gravámenes:

- El establecido en el artículo 9º del Decreto 107 de 1957, dictado como estatuto del estado de sitio, que dispuso una carga impositiva sobre el "canje de 'certificados de cambio' por giros en moneda extranjera. Cada operación de canje causará un impuesto de giro del 10%..." y se refería por lo tanto, a las exportaciones, como una medida sobre cambios, según él lo expresa.

- El ordenado por el Decreto 167 de 1957 que exenciona la exporta­ción de bananos, pero deja vigentes otros impuestos sobre los minerales.

- El dispuesto por el Decreto 462 de 1951, dictado también en ejercicio de las facultades del artículo 121 de la Constitución Nacional, que grava el oro físico y la exportación de platino.

Igualmente, mantuvo la vigencia de los artículos 5º y 6º de la Ley 66 de 1942 que creó un gravamen sobre la exportación del café al disponer que los exportadores del grano debían vender a la Federación Nacional de Ca­feteros un 6% de la cantidad que pretendían exportar a un precio fijo de $ 10.00 el saco de 62½ kilos, parte de cuyo producto, la suma de $ 4.00 se dedicaría a campañas sanitarias, mediante retención que de dicha cantidad haría la entidad mencionada. También conservó en vigencia el Decreto de estado de sitio número 1781 de 1944 que facultó a la Federación para liqui­dar en dinero o en especie el impuesto que se acaba de describir.

b) El gravamen establecido por el artículo 2º del Decreto 688 de 1967 que, en desarrollo del ordinal g) del artículo 1º de la Ley 6ª de 1967 -esto es, para sustituir el llamado diferencial cafetero- del 1½% CIF sobre las importaciones y cuya destinación podía determinar el Gobierno;

c) El aumento del gravamen de que trata el artículo 229 del Decreto 444 de 1967, ya descrito, dispuesto por el Decreto 2366 de 1974 a la tasa del 3½% y luego, a partir del 1º de octubre de 1975, al 5%;

d) El gravamen creado por el artículo 14 de la Ley 2ª de 1976 en su numeral 37 consistente en un impuesto de timbre del 2% FOB sobre las facturas comerciales que habían de presentarse ante las autoridades aduaneras;

e) El aumento al 2% CIF del impuesto creado por el Decreto 688 de 1967 el cual ya se enunció, y que el artículo 2º del Decreto 2374 había convertido en recurso ordinario de la Nación, decretado por el artículo 1º de la Ley 68 de 1983;

f) El impuesto adicional a "todas las importaciones" a la tasa del 8% CIF con precisas exenciones, como los alimentos, fertilizantes, etc., creado por el artículo 9º de La Ley 50 de 1984.

Cabe destacar, entonces, que el artículo acusado, 95 de la Ley 75 de 1986, implantó un impuesto a las importaciones en sustitución de otros tributos anteriores que gravaban igualmente las importaciones en forma directa o, en el caso de las facturas comerciales, documentos expedidos y necesarios dentro de su trámite.

2.2. Bajo la denominación "Derechos de importación", señalados en el artículo 1º del Decreto 2666 de 1984, quedan comprendidos los dos tiposprincipales de gravámenes que recaen sobre la importación de mercancías,a saber:

a) "Los derechos de aduana", denominados también "Impuesto de nacionalización o gravamen arancelario", que son el impuesto ad valorem señalado a cada bien, según su posición en el Arancel de Aduanas, y

b) "Cualesquiera otros impuestos o contribuciones" que se perciban con motivo de la importación de mercancías, de conformidad con otras nor­mas sobre la materia (como el impuesto del 1½% sobre el valor CIF de las importaciones, establecido en el Decreto 444 de 1967 con destino en un 5% a PROEXPO, y otros que absorve <sic> la norma impugnada).

La suma de estos gravámenes (a y b) es lo que debe pagar al Estado el interesado, según la declaración aduanera, diligenciada en los respectivos formularios, como "Derechos de importación" más el impuesto a las ventas (Decreto 3541 de 1983) que debe cancelarse previamente a la nacionaliza­ción de la mercancía.

2.3. La facultad impositiva del Estado, referida en el literal b) del numeral anterior y la del Decreto 3541 de 1983, las conserva en forma plena el Congreso a través de leyes comunes, como la que es objeto de revisión en este proceso.

Respecto a la señalada en el literal a) no ocurre lo mismo, pues dicho gravamen específico que señala el Arancel en la tarifa correspondiente, por mandato expreso de la Carta (artículo 205 en armonía con el 120-20), sumodificación compete exclusivamente al Ejecutivo con "sujeción a las reglas previstas en las leyes a que se refiere el ordinal 22 del artículo 76".

Por manera que al Congreso le compete solamente "dictar las normas generales", esto es, establecer o fijar la nomenclatura y las tarifas que estime convenientes, mediante una ley especial denominada "cuadro" o "marco", en donde señala además, los objetivos para la variación y las condiciones para la validez y vigencia de las normas con fuerza de ley que expida el Ejecutivo como atribución permanente y exclusiva hasta cuando el Congreso derogue o cambie la ley marco respectiva, pero obviamente me­diante una ley de la misma naturaleza.

Significa lo anterior que a partir de la Reforma Constitucional de 1968 este aspecto concreto de los derechos de importación constituye una de las materias compartidas entre Congreso y Ejecutivo, correspondiéndole al primero exclusivamente la expedición de la ley marco, instrumento indispensable para que el Gobierno pueda actuar rápida y eficazmente en el manejo de este importante renglón de la política económica del Estado, dentro de la órbita propia de sus funciones. No le es, entonces, permitido al Congreso, una vez expedida la ley marco correspondiente, mediante leyes comunes hacer lo asignado por la Carta al Ejecutivo porque ello implicaría duplicidad de competencias, lo cual jamás estuvo en mente del constituyente por caótico, inconveniente y desestabilizador. Lo que quiso el reformador de 1988 fue delimitar con precisión diversas competencias respecto de una misma materia, dentro del principio de la colaboración armónica en la realización de los fines del Estado.

2.4. El impuesto señalado en el artículo 95 de la Ley 75 de 1986 es ciertamente un "impuesto a las importaciones" -pero de los referidos en el literal b) anteriormente citado- que se estableció en sustitución de otros de igual naturaleza, adicional al de aduanas que consagra el Arancel res­pectivo (Decreto 895 de 1980 y sus modificatorios); y, para su creación, el Congreso tenía la facultad impositiva ordinaria que le otorga la Carta (Art 43). Tal naturaleza se infiere, por lo demás, del parágrafo tercero del artículo acusado.

La norma que se juzga aquí no altera o modifica posición arancelaria alguna, y si hace referencia a varias de ellas lo es únicamente para facilitar la determinación y el recaudo de la sobretasa referida. Es, por consiguiente, exequible y así habrá de decidirlo la Corte.

VI. DECISIÓN

La Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el parecer fiscal,

RESUELVE:

Es exequible el artículo 95 de la Ley 75 de 1986.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Garceta Judicial y archívese el expediente.

Fabio Morón Díaz, Presidente; Hernán Guillermo Aldana Duque, Ra­fael Baquero Herrera; José Alejandro Bonivento Fernández; Jorge Carreño Luengas; Manuel Enrique Daza Alvarez; Guillermo Duque Ruiz; Eduardo García Sarmiento; Hernando Gómez Otálora; Gustavo Gómez Velásquez; Pedro Lafont Pianetta; Rodolfo Mantilla Jácome; Héctor Marín Naranjo; Lisandro Martínez Zúñiga; Alberto Ospina Botero; Dídimo Páez Velandia; Jorge Iván Palacio Palacio; Jacobo Pérez Escobar; Rafael Romero Sierra; Edgar Saavedra Rolas; Jaime Sanín Greiffenstein, con aclaración de voto; Juan Manuel Torres Fresneda; Jorge Enrique Valencia Martínez; Ramón Zúñiga Valverde.

Luis H. Mera Benavides

Secretario General (E)

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el debido respeto, el suscrito Magistrado se permite aclarar el voto que dio favorablemente a la constitucionalidad del artículo 95 de la Ley 75 de 1986 que se decidió mediante sentencia del 24 de agosto pasado en el expediente número 1908, pues la motivación que encuentra para llegar a esa conclusión es diferente. Al efecto transcribe lo que escribió inicialmente y que no fue acogido por la Sala Plena.

Cabe destacar, que el artículo acusado, 95 de la Ley 75 de 1986, implantó un impuesto a las importaciones en forma directa o en el caso de las factu­ras comerciales, documentos expedidos y necesarios dentro de su trámite.

Aunque se ha pretendido hacer una diferencia entre distintos tipos de cargas económicas para catalogar algunas como impuestos de importación o sobre las importaciones, como las dichas, que seguirían la normatividad ordinaria, y gravámenes arancelarios, aranceles, derechos de aduanas, u otras nomenclaturas, que se acomodarían a la preceptiva especial de las leyes cuadros, el suscrito considera que para efectos constitucionales no existe tal distinción y que todos los tributos que se causen directa o indirec­tamente por la introducción al país de mercancías de origen extranjero, esto es todos los impuestos y gravámenes sobre las importaciones se rigen porlas reglas de los artículos 76-22, 120-22 y 205 de la Constitución Nacional,es decir, por el sistema de las dichas leyes marcos. Queda a salvo la validez de esa diferenciación para otros efectos, pues a nadie se oculta que en la interpretación del laberíntico sistema legal y reglamentario existente sobre tan compleja materia, ella puede ser útil y hasta necesaria, especialmente en punto a exenciones.

Esta afirmación referida a la Constitución encuentra apoyo en que no existe diferencia objetiva sustancial entre los aranceles o aduanas y los impuestos de importación que imponga un distinto tratamiento jurídico, ya que apenas sí podrá hallarse la circunstancia formal del nombre del tributo o del nombre del estatuto que los contiene o la necesidad, cierta­mente no bien cumplida, pues ha llevado a la confusión, de hacer clasifica­ciones que debían aclarar en lugar de oscurecer\a materia, como ha sucedido.

La tradición constitucional y legislativa corroboran este aserto. Así, el artículo 205 que habla de "la tarifa de aduanas" para someter su variación a la preceptiva dicha de las leyes cuadros estuvo precedido por un texto vigente desde el acto legislativo (Ley 24) de 1898 que indudablemente asimilaba la dicha tarifa de aduanas a los derechos de importación conforme al siguiente tenor:

"Artículo 1º. Toda variación de la tarifa de aduanas que tenga por objeto disminuir los derechos de importación, comenzará a ser ejecutada noventa días después de sancionada la ley que la establezca, y la rebaja se hará por décimas partes en los diez meses subsiguientes. Si la variación tiene por objeto el alza de los derechos, ésta se verificará por terceras partes en los tres meses siguientes a la sanción de la ley".

A su turno, igual asimilación efectuó la Constitución de 1886 en los siguientes términos:

"Artículo 205 Ninguna variación en la tarifa de aduanas comenzará a ser ejecutada sino noventa días después de sancionada la ley que la establezca; y toda alza o baja en los derechos de importación se verificará por décimas partes en los diez meses subsiguientes".

Por donde se ve que la reforma constitucional, consagratoria del canon actual, quiso someter todo el régimen correspondiente a ese fenómeno al sistema dicho.

Igualmente, la Ley 79 de 1931, relativa al régimen de aduanas, estableció:

"La expresión derechos de aduana se aplica a todo derecho, emolumento, impuesto, contribución, gravamen, de cualquier clase que sea, y todo pago que se tase o se exija, directa o indirectamente sobre la importación o la exportación de mercancía a la República o fuera de ella o en relación con dicha importación o exportación, lo mismo que a toda clase de estampillas, derechos de timbre, emolumentos o gravámenes que se exijan o se tasen con respecto a cualesquiera documentos requeridos para tal importación o exportación, o en cualquiera otra forma tuvieren relación con tales operaciones, que hayan de tasarse o cobrarse por la República, en cualquiera de sus oficinas, divisiones y subdivisiones administrativas, sea que se hayan de pagar dentro del territorio de la República o fuera de él.

"La palabra arancel se refiere a todas las leyes y tratados y a sus respectivos reglamentos e interpretaciones oficiales, en que se establezcan o señalen derechos de aduana".

Por otra parte, el Decreto 2666 de 1984, aunque reconoció que puede existir diferencia entre los términos, englobó dentro del concepto genérico de "derechos de importación y exportación" el específico de "derechos o impuestos de aduana", de esta manera:

Artículo 1º…. 'Derechos o impuestos de aduana. Son los gravámenes que figuren en el arancel de aduanas'. Derechos de importación y de exportación. Son los derechos de aduana y cualesquiera otros impuestos o contribuciones que se perciban con motivo de la importación o exportación de mercancías" (exceptuando las tasas por servicios y los impuestos a las ventas).

Finalmente, debe tenerse en cuenta, que el artículo 76-22 de la Constitución Nacional somete también al régimen dicho la regulación del cambio internacional y del comercio exterior, materias tan íntimamente ligadas a este tema y que acaban de confirmar la idea aceptada por el suscrito, pues ratifican el concepto de que el constituyente ha dispuesto la aplicación de este régimen a todo tipo de impuestos a las importaciones que indudablemente caben también en la esfera del comercio internacional.

Para avanzar en el análisis del tópico en examen es necesario conocer el texto de las disposiciones que lo regulan y que dicen:

"Artículo 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes.

"Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:

"…..

"22. Dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse el Go­bierno para los siguientes efectos:

"………..

"Modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas".

"Artículo 120. Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa:

"………….

"22....modificar Los aranceles, tarifas y demás disposiciones concer­nientes al régimen de aduanas, con sujeción a las reglas previstas en las leyes a que se refiere el ordinal 22 del artículo 76".

"Artículo 205. Las variaciones en la tarifa de aduanas se decretarán por el Gobierno, de conformidad con las leyes que contempla el ordinal 22 del artículo 76 y entrarán en vigencia de acuerdo también con lo que pres­criban dichas normas".

Estos preceptos, adoptados por la reforma constitucional de 1968, se inspiraron en las llamadas en derecho francés lois cadres, por lo cual se les denominó "leyes cuadros" o "leyes marcos", con las que se persiguió regu­larizar la situación difícil, confusa y aún caótica de la atribución constante de facultades extraordinarias y temporales del Congreso al Presidente, así cuido acomodar el ordenamiento jurídico a las exigencias perentorias de acción rápida y eficaz del Estado ante circunstancias siempre variables a ritmo veloz y a veces impredecibles. Por todo ello, se reservó el Congreso la expedición de las normas generales que sirvieran de marco permanente al Presidente para, entre otras cosas, como se vio, "modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas", así como también para "reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio", que era atribución exclusiva del Congreso conforme al artículo 76-14 ante­rior, y "organizar el crédito público", que también lo era de acuerdo con el artículo 76-18 ibídem, y "regular el cambio internacional y el comercio exterior''.

Por lo demás, es dable señalar la doctrina que concibe las leyes de que se trata como estatutos que definen metas a las que debe llegar el Gobierno y le traza las pautas, orientaciones, políticas generales o preceptos orgánicos a los que debe adecuarse para llegar a ellas, de manera que la concreción de las disposiciones y el acogimiento de las particularidades y detalles que­dan librados a las ordenaciones ejecutivas, las cuales, se agrega, son en mucho diferentes a la facultad reglamentaria que por su naturaleza corres­ponde al Presidente conforme al ordinal 3º del artículo 120, ya que al paso que ésta se ejercita sólo en cuanto sea necesaria para obtener la debida ejecución de la ley que implementa, conservándose así dentro de la función administrativa, y sin poder limitarla o extenderla ni crear nuevas reglas, aquéllas completan, adicionan y culminan la formulación congresional, col­mando el mareo general dentro del cual y bajo cuyo sometimiento pueden disponer ex novo para regular hechos y actos de manera propiamente legislativa, esto es, en el sentido de mandar, prohibir, permitir y castigar en forma impersonal, abstracta y objetiva.

Pero la decisión del caso sub examine exige otra precisión, pues es nece­sario afirmar que la creación y establecimiento de los tributos, así como su tasación o tarifa y la determinación del respectivo régimen aún de los pro­piamente arancelarios, incluidos, entonces, todos los impuestos a las impor­taciones, como el que se juzga, siguen en primer término el sistema ordinario vigente ya que, como se dejó visto, en punto de aranceles - entendidos en la forma amplia que se definió antes- la aplicación ya aceptada de los artículos 76-22,120-22 y 205 constitucionales no choca con tal determinación puesto que ésta es armónica con aquélla, según pasa a verse.

En efecto, el texto directo y claro de los artículos mencionados indica sin dudas que las normas generales que debe dictar el Congreso se expiden con el fin de que dentro de ellas el Presidente pueda únicamente ''modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas" (artículos 76-22 y 120-22), esto es, para efectuar "las variaciones en la tarifa de aduanas" (artículo 205), ya que es bien sabido que "modi­ficar" y "variar" implican necesariamente la alteración o cambio de lo preexistente y que algo debe estar establecido y vigente para que pueda ser modificado o variado. Este argumento, que es ciertamente exegético, tiene especial valor porque el texto de un precepto es el primer factor (artículos 27 y 28, C. C), por lo demás ineludible, para conocer su signi­ficado y fijar su sentido. Obsérvese también que en esta parte de las disposiciones comentadas no se da competencia al Ejecutivo para "regular" la materia, ni otra semejante, como sí se hace respecto a los cambios internacionales y de comercio exterior, sino que se la restringe y reduce a "modificar" y "variar". El Congreso, en consecuencia, conserva la facultad de establecer y crear estos gravámenes y de regularlos, y el presidente, con sometimiento a las normas generales de la ley especial que se haya dictado, puede exclusivamente modificarlos o variarlos.

De otro lado, no es posible negar que la función impositiva en nuestro ordenamiento jurídico pertenece al Congreso conforme a los siguientes cánones: el artículo 43, según el cual "en tiempo de paz solamente el Con­greso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones", el artículo 76 que le da la competencia para "establecer las rentas nacionales" (numeral 13) y para "decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija" (numeral 14); el artículo 200 que ordena que "en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas" y el artículo 208 que somete al Congreso el presupuesto nacional, sin que pueda olvidarse, ade­más, que esta función impositiva es la que dio origen y justificación al par­lamento, lo cual contribuye a darle su cabal importancia.

A falta, entonces, de un texto expreso en contrario como ocurre en los casos de tiempo de no paz, hay que entender las normas de la Constitución en consonancia con este principio básico e interpretar cualquiera de sus partes en congruencia con él, como acaba de hacerse.

Por lo tanto, por medio de leyes comunes, el Congreso puede establecer irregular estos tributos y materias y el Gobierno, subordinado a las normas generales que aquél debe dictar por iniciativa de éste, puede modificarlos y variarlos luego, como consecuencia de que corresponde al Congreso "dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para...modifi­car los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas".

Así, no invadió el Congreso predios del Ejecutivo al dictar el artículo 95 de la Ley 75 de 1986, pero es obvio que el Presidente puede modificar o variar sus reglas dentro de las normas generales expedidas por medio de la ley cuadro respectiva.

Como se ve, si el suscrito Magistrado hubiese encontrado una diferencia nítida y básica entre los derechos de aduanas y otros impuestos o contribu­ciones a las importaciones, diferencia que estableciese una distinción objetiva en la estructura de estos gravámenes, como, por ejemplo, una clara separa­ción entre los hechos generadores o alguna otra de esta índole de la esencia de las cargas, hubiese suscrito la sentencia también en su motivación, pero no ha ocurrido así y tal distinción la hinca la providencia comentada en una circunstancia meramente formal, a saber, si el tributo está o no esta­blecido en un cierto estatuto que se llama "Arancel de Aduanas", como podría recibir cualquiera denominación, estatuto que por puro accidente resulta estar contenido en el Decreto 895 de 1980, y sus complementos y mo­dificaciones; el firmante cree que no puede concluirse dando un tratamiento constitucional diferente a instituciones que tienen apenas esta diferencia­ción formal y ocasional, no estructural o de esencia.

Al efecto, en verdad, la sentencia traza apenas esta semblanza:

"a) 'Los derechos de aduana', denominados también 'Impuestos de nacionalización o gravamen arancelario', que son el impuesto ad valorem señalado a cada bien, según su posición en el Arancel de Aduanas, y

"b) 'Cualesquiera otros impuestos o contribuciones' que se perciban con motivo de la importación de mercancías, de conformidad con otras normas sobre la materia (como el impuesto del 1½% sobre el valor CIF de las importaciones, establecido en el Decreto 444 de 1967 con destino en un 5% a PROEXPO, y otros que absorve (sic) la norma impugnada)".

Por lo visto, aunque para los efectos de este juzgamiento el resultado es igual, para otros eventos los distintos planteamientos llevan a conclu­siones diferentes, como es obvio.

Con el debido respeto y comedimiento,

Jaime Sanín Greiffenstein.

Fecha, ut supra. Adhiero,

Gustavo Gómez Velásquez.