Sentencia 1779 de 1988

300Corte SupremaCorte Suprema300300166171779Fabio Mor�n D�az198812/05/19881779_Fabio Mor�n D�az_1988_12/05/198830016617&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 48 1988

Uriel Alberto AmayaAcci�n de inexequibilidad contra el articulo 10 del Decreto n�mero 100 de 1980 (parcialmente) Conocimiento de la ley.Identificadores30030016618true90399Versi�n original30016618Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad contra el articulo 10 del Decreto n�mero 100 de 1980 (parcialmente) Conocimiento de la ley.

Acci�n de inexequibilidad contra el articulo 10C_PENAL#10* del Decreto n�mero 100 de 1980 (parcialmente) Conocimiento de la ley.

TEMA: PROPOSICI�N JUR�DICA INCOMPLETA. SISTEMA LIQUIDATORIO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MINEROS DEL CHOCO S.A.

Exequible el art�culo 10C_PENAL#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del decreto de 1980.

FECHA: Bogot�, D. E., mayo doce (12) de mil novecientos ochenta y ocho (1988),

El ciudadano Uriel Alberto Amaya Olaya, en ejercicio de la acci�n p�blica de inexequibilidad que consagra el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, present� ante esta corporaci�n escrito de demanda en el que solicita que se declare que el art�culo 10C_PENAL#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, es contrario a lo dispuesto por la Carta Pol�tica.

Se admiti� la demanda y se orden� el traslado correspondiente al se�or Procurador General de la Naci�n. Procede la Corte Suprema de Justicia a resolver la cuesti�n planteada, una vez cumplidos como se encuentran todos los tr�mites que para estas acciones prev� el Decreto n�mero 432 de 1969.

El Presidente de la Rep�blica, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

Art�culo 10C_PENAL#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.- conocimiento de la ley. La ignorancia de la ley penal no sirve de excusa, salvo las excepciones consignadas en ella. En ning�n caso tendr� vigencia la ley penal antes de su promulgaci�n (lo subrayado es lo demandado).

Para el actor, la disposici�n acusada viola los preceptos contenidos por el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional.

a). En primer t�rmino, sostiene el actor que la principal caracter�stica del C�digo Penal Colombiano, consiste en su car�cter culpabilista, lo que conduce "en concepto un�nime de la doctrina nacional", a eliminar toda forma de responsabilidad objetiva, como en efecto sucedi�, seg�n su opini�n, con la vigencia del nuevo Estatuto Penal de 1980.

En este sentido, encuentra que carece de fundamento l�gico y racional, dentro de toda la estructura de este c�digo, la norma que establece la presunci�n jur�dica del conocimiento de la ley penal, puesto que la regulaci�n normativa del fen�meno de la ignorancia forma parte de la teor�a del error, desarrollada por las modernas escuelas jur�dico penales, y no puede estar por fuera de �sta.

El actor apoya sus razonamientos en la opini�n especializada de varios autores, tanto nacionales como extranjeros, de las que transcribe algunos textos y sostiene que la presunci�n contenida en la norma acusada, es incompatible con el principio que aparece en el numeral 3o. del art�culo 40C_PENAL#40*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del mismo C�digo, ya que esta �ltima disposici�n releva de responsabilidad penal a quien act�a con la err�nea e invencible creencia de estar amparado por alguna causal que justifique su conducta, aunque en verdad aquella no est� reconocida por la ley como excluyente de la antijudicidad de su obrar, mientras que el art�culo 10C_PENAL#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF que acusa como inconstitucional, no admite la misma soluci�n para quien act�a con ignorancia tambi�n invencible de la ley penal, o sea, desconociendo la existencia de la prohibici�n.

b). De otra parte, sostiene la demanda que la norma acusada vulnera lo prescrito por el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta Pol�tica, porque el sentido garant�stico de esta disposici�n constitucional se extiende, en su opini�n, natural y l�gicamente hasta amparar al sujeto que no pod�a conocer previamente la norma prohibitiva del hecho punible. De igual manera, advierte que el conocimiento de la previa prohibici�n de la conducta reprochable penalmente, solo puede determinarse por la posici�n individual del sujeto frente a la norma y no por la presunci�n general que establece la norma acusada. Si el sujeto no pudo invenciblemente conocer la norma prohibitiva, tampoco puede ser responsable porque para �l la norma surge despu�s del hecho; todo como consecuencia del principio de la culpabilidad que es condici�n necesaria del principio de la legalidad.

El se�or Procurador General de la Naci�n, en su Oficio n�mero 1304 de marzo 8 de 1988, rindi� el concepto fiscal que le corresponde pronunciar en esta clase de procedimientos de control de constitucionalidad.

El se�or Jefe del Ministerio P�blico solicita a esta corporaci�n que declare que el art�culo 10C_PENAL#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 es exequible, de conformidad con lo que sigue en resumen:

a) El precepto acusado no vulnera las disposiciones previstas por el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, ni otra alguna de la misma codificaci�n superior, porque el principio de la presunci�n del conocimiento de la ley penal, entre otras cosas, de antiguo ancestro romanista, "admite prueba en contrario y por tanto permite al eventualmente afectado desvirtuarla";

b) La norma acusada debe analizarse en relaci�n como otras disposiciones complementarias del mismo c�digo como son los art�culos 1oC_PENAL#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF., 35C_PENAL#35*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 40C_PENAL#40*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF numeral 4o. que le imprimen sentido y se�alan el alcance que tiene;

c) Sostiene por �ltimo que "no es de recibo la argumentaci�n del demandante en el sentido de que, "si el sujeto no conoci� (invenciblemente) la norma prohibitiva, no puede ser responsable porque la norma surgi� despu�s del hecho y que por ello se vulnera el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta al presumirse un conocimiento previo, pues en realidad lo que en este caso surge despu�s del hecho es el conocimiento de la ilicitud de la conducta, circunstancia esta, que al igual que otras, quedar� supeditada a la valoraci�n que en cada caso particular les (sic) d� el juzgador".

De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, esta corporaci�n es competente para conocer de la acci�n p�blica que se dirige contra el inciso primero del art�culo 10C_PENAL#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, ya que �ste fue expedido en virtud de una ley de facultades extraordinarias.

Como la demanda insiste durante la mayor parte de la exposici�n sobre la violaci�n de la norma constitucional invocada, en se�alar que lo acusado no corresponde ni se aviene a lo presupuestos contenidos por el nuevo C�digo Penal, fundamentalmente los que indican su car�cter culpabilista, conviene resaltar lo que ha sido la jurisprudencia de esta corporaci�n respecto de las relaciones entre la Carta Fundamental y las doctrinas o escuelas del Derecho Penal.

La Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia contenida en la sentencia de junio 2 de 1981, reiterada luego en sentencia del 10 de febrero de 1983, se�al� que:

".. la Constituci�n no sigue ni exige escuela alguna del Derecho Penal. El legislador puede trazar aut�nomamente los derroteros doctrinarios del incriminativo, con las �nicas condiciones limitantes de que sean compatibles con aquella, o sea, que est�n acordes con lo que ella mande o permita y no consagren lo que ella proh�be (Sentencia de junio 2 de 1981).

"De consiguiente, cuando el legislador prescriba principios de una doctrina del Derecho Penal o cuando instituya otros, sin contradecir las prescripciones de la Carta, ha de entenderse que dichas facultades le est�n permitidas y que s�lo cuando atenten contra aqu�llas son inconstitucionales. As� las cosas, el �mbito de regulaci�n punitiva del legislador es amplio y diverso pero no arbitrario.

"2o. Nuestro C�digo Penal vigente da preeminencia a los principios de la escuela t�cnico-jur�dica que acoge como elementos del hecho punible la tipicidad, la antijuridicad, la imputabilidad y la culpabilidad. La responsabilidad tiene como presupuesto b�sico la culpabilidad y la exteriorizaci�n de la conducta y no tanto la condici�n personal del agente. La responsabilidad objetiva ha sido proscrita de nuestra legislaci�n penal y la catalogaci�n ontol�gica de la personalidad del agente juega apenas un papel circunstancial en la medici�n de la punibilidad. El elemento volitivo de la conducta supone necesariamente un nexo causal y teleol�gico. De otra parte, la pol�tica criminal del legislador no ha olvidado los presupuestos criminogen�ticos y sociol�gicos de la acci�n punible ni la funci�n protectora y resocializadora de la pena y rehabilitadora de las medidas de seguridad.

"As� pues, nuestra legislaci�n punitiva no se halla matriculada en forma exclusiva y total en determinada doctrina o escuela penal.

"3o. Fuera de todo lo cual, debe tenerse en cuenta que el derecho punitivo se refiere no s�lo al orden jur�dico sustantivo sino adem�s al procesal, y que ambos se hallan estrechamente relacionados para determinar su jurisdicidad y necesariamente referidos a los principios esenciales de nuestra Constituci�n, pues no es suficiente describir normativamente una conducta punible sin garantizar el debido proceso al incriminado" (Sentencia de 10 de febrero de 1983; Magistrado ponente: doctor Manuel Gaona Cruz).

As� las cosas, esta corporaci�n pone de relieve que las aparentes contradicciones invocadas por el actor, entre los fundamentos te�ricos y doctrinarios dominantes dentro de la estructura del nuevo C�digo Penal Colombiano y la disposici�n acusada, no son de recibo en el juicio de constitucionalidad, a menos que se concluya que las normas cuya inexequibilidad se pide sean contrarias e incompatibles con los principios generales de orden constitucional, que est�n prohibidas por alg�n texto de la Carta, o que no est�n permitidas por �sta. Para resolver la cuesti�n planteada por la demanda, en lo que respecta a la violaci�n del art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, debe proceder la Corte a verificar la correspondencia entre las disposiciones de la Carta y lo acusado, como se hace en seguida.

Tercera. El cargo de inconstitucionalidad y el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta

a) El �nico cargo de inconstitucionalidad formulado por el demandante es el que consiste en la aparente violaci�n del art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, pues, en su concepto, la disposici�n acusada admite, ante la ignorancia invencible de la norma penal, que algunas personas en tanto sujetos activos de la conducta punible, sean juzgadas conforme a leyes que s�lo "surgen" en la conciencia de aquellos despu�s del hecho que se les atribuye; todo en violaci�n del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, y "del principio de la culpabilidad", contenidos en aquel texto de la Carta.

Observa la Corte que el principio que por esta norma constitucional se garantiza es el de la preexistencia normativa de la prohibici�n penal y de la pena, y no el de una de tantas especies de responsabilidad criminal individual y sus grados, la que se desprende precisamente del singular comportamiento humano en relaci�n con aquellas normas punitivas y que corresponde siempre exigir y perseguir a los �rganos jurisdiccionales del poder p�blico, de conformidad con las leyes penales preexistentes al acto que se imputa.

Tambi�n se observa que esta fundamental disposici�n constitucional no hace relaci�n alguna con posibles l�mites generales predicables sobre el �mbito temporal de validez de todas las leyes, sino a una especie de limite sobre la operancia, tanto judicial como punitiva, de la ley prohibitiva de conductas penalizables en el tiempo, como se se�ala a continuaci�n:

1o. Conviene advertir que el principio de la preexistencia de las normas penales establecido por el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, al lado del principio dela favorabilidad penal (art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF inciso segundo C. N), constituye uno de los elementos fundamentadores de la existencia de nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, legitimante de su obrar puesto que proh�be a todos los �rganos del poder p�blico y a sus agentes, la elaboraci�n y la aplicaci�n de disposiciones penales que extiendan sus efectos punitivos a conductas cometidas con anterioridad a la vigencia de la ley que haya prohibido la conducta o determinado la sanci�n correspondiente, a no ser que �sta sea favorable o permisiva, todo con el fin de eliminar la arbitrariedad y el despotismo, propios de sistemas sociales y pol�ticos hist�ricamente superados por el constitucionalismo moderno.

2o. De otra parte, aunque eventualmente se puede discutir sobre el valor constitucional de las leyes retroactivas, mucho m�s cuando se tiene como principio de interpretaci�n que �stas por reglas generales rigen para el futuro, no deben existir dudas acerca de la raz�n de ser pol�tica y la posibilidad jur�dico-constitucional de su existencia, como lo ha reconocido de manera constante nuestra jurisprudencia constitucional en estos t�rminos:

"No existe precepto de la Constituci�n que proh�ba al Congreso establecer el momento preciso en que sus disposiciones legales empiecen a regir. Dado que la ley, en principio y por definici�n, es soberana, a ella compete establecer todo lo referente a su aplicaci�n, la cual puede referirse a situaciones jur�dicas anteriores o posteriores, salvo el caso de normas que describan conductas penales, seg�n el articulo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta. Como lo normal es que las reglas de derecho no dispongan sino para el futuro, sus eventuales consecuencias respecto de casos pret�ritos deben fijarse por modo expreso. El derecho constitucional colombiano admite que la ley, en casos concretos, tenga efecto retroactivo, pero de manera excepcional, determinada por el propio legislador en ejercicio de su autonom�a reguladora" (Sentencia de febrero 21 de 1974. Magistrado ponente: doctor Jos� Gabriel de la Vega).

De tal manera se admite, que la ley puede v�lidamente se�alar la oportunidad de su vigencia y el lapso al que se extienden sus efectos, y que por propia disposici�n de la ley, la vigencia de �sta puede comenzar en un momento y terminar en otro, e incluso referirse a acontecimientos o comportamientos pasado, con expresas y determinadas excepciones que la misma Carta prev�, como es el caso de los art�culos 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional.

"No es pues posible sostener de manera absoluta, como lo hace el actor, que las leyes no puedan extender su vigencia y operancia (validez temporal) para el pasado y que �stas �nicamente valen para el futuro, puesto que las leyes tambi�n pueden referirse, como se ver�, a comportamientos pasados.

3o. Como l�mites a este presupuesto pol�tico de existencia del Estado, que habilita al legislador para se�alar el �mbito temporal de validez de las leyes, nuestra Carta impide a �ste, entre otras fundamentales hip�tesis de naturaleza tanto material como temporal (art�culos 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 30CONS_P86#30*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 31CONS_P86#31*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF), que extienda las prohibiciones penales restrictivas, as� como la fuerza de las penas, a conductas realizadas con anterioridad a la expedici�n de las leyes que las establezcan.

En complemento de las anteriores prohibiciones del constituyente al legislador, y con fundamento en el principio de la favorabilidad penal, la Constituci�n Nacional autoriz� al �rgano encargado de hacer las leyes, para que en materia criminal elabore las que tengan car�cter retroactivo, siempre que �stas sean favorables o permisivas. De igual manera, la Carta impone como deber general, dirigido a todos los funcionarios encargados de aplicar las leyes criminales, de preferir, siempre en el ejercicio de su funci�n, aqu�llas, aun cuando sean posteriores al acto que se imputa y no a las restrictivas o desfavorables (art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF inciso segundo C.N.);

b) El art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta es as� una fundamental garant�a constitucional, en cuya virtud los particulares son responsables penalmente s�lo por la comisi�n de conductas prohibidas por la ley y de conformidad a �sta, siempre que la norma prohibitiva se encuentre vigente con anterioridad al acto humano reprochable y nunca despu�s, a menos que, como se advierte "en materia criminal, la ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior se aplicar� de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

La prohibitiva expresi�n "nadie podr� ser penado ex post facto", que limita, como se vio, las competencias del legislador, hace referencia, dentro de los art�culos 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF inciso primero y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, a las leyes penales retroactivas, desfavorables o restrictivas, que de aplicarse atentar�an contra todo sentido de justicia y seguridad jur�dica, propios del Estado de Derecho democr�tico y republicano, porque permitir�an, entre otros odiosos desprop�sitos, imponer una sanci�n punitiva como consecuencia de actos respecto de los cuales los individuos no pod�an conocer sus consecuencias.

Cuarta. El art�culo 10CONS_P86#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta autoriza la ficci�n legal del conocimiento de la ley

a). Ahora bien, el art�culo 10CONS_P86#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, que establece como deber general, exigible tanto a nacionales como a extranjeros, el de vivir sometidos a la Constituci�n y a las leyes, presupone el respeto al principio de la igualdad jur�dica de todos los asociados dentro del Estado o el de la obligatoriedad general de la ley, en virtud de los cuales todas las personas que est�n en Colombia quedan sometidas al imperio del orden jur�dico nacional, con absoluta independencia de su nacionalidad, edad, sexo, estirpe o condici�n.

Es este instrumento constitucional que expresa en primer t�rmino, con rango de superior jerarqu�a normativa, uno de los elementos de todo Estado de Derecho que consiste en que la organizaci�n de todas sus normas debe expresar y preservar la necesaria seguridad jur�dica predicable del orden social sobre el que se erige; desconocerlo conduce al caos y al desorden, que se quiere y debe evitar por formas pacificas de convivencia".

Estos principios exigen, de otra parte, que la ley vigente sea conocida por todas las personas a quienes se dirige, en virtud de su promulgaci�n, expedici�n u obserncia y, en consecuencia, permiten al legislador establecer la ficci�n jur�dica del conocimiento de la ley, como es el caso de lo acusado en esta oportunidad.

El art�culo 10CONS_P86#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, presupone que el legislador est� habilitado para determinar, como hip�tesis legal cuya correcci�n no est� sujeta a prueba alguna en contrario, que las leyes positivas en observancia son conocidas por todos los individuos sometidos a ese orden, sin que �stos puedan escapar al alcance de sus prescripciones alegando ignorancia de las mismas. Es esta una forma t�pica de ficci�n legal, admitida por el constituyente como medio para afianzar la existencia del orden jur�dico y de la paz p�blica, lo que de manera directa hace que la disposici�n acusada se ajuste en todas sus partes a la Constituci�n Nacional.

Por otra parte, la afirmaci�n del se�or Procurador General de la Naci�n, en el sentido de que el precepto acusado no vulnera las disposiciones previstas por el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, ni otra alguna de la misma codificaci�n superior, porque el principio de "la presunci�n del conocimiento de la ley penal", entre otras cosas, de antiguo ancestro romanista "admite prueba en contrario y por tanto permite al eventualmente afectado desvirtuarla", merece una glosa por parte de esta corporaci�n. En efecto, el principio de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa no es, como se vio, una presunci�n sino una ficci�n de derecho establecida por el legislador, para organizar el orden jur�dico y las formas de convivencia social, dotando a la norma legal de su necesario car�cter coercitivo e imperativo. La doctrina y la jurisprudencia han esclarecido esta cuesti�n, en forma que no deja duda;

b) Adem�s, el principio seg�n el cual "la ignorancia de la ley no sirve de excusa en el orden penal y que a nadie puede aprovechar en el �mbito de las normas civiles", supone que cuando un individuo ignore que el derecho adscribe sanciones penales a sus actos u omisiones, y que regula su conducta y actos privados, no autoriza para que la sanci�n no le sea impuesta ni para que se favorezca y beneficie de su estado.

De todas formas, tanto el legislador como la jurisprudencia, han regulado de dos maneras complementarias este problema y han indicado el car�cter absolutn del principio de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, aunque se admite el establecimiento de algunas excepciones, como se ve a continuaci�n.

1o.- Para el asunto que se resuelve se tiene como antecedente jurisprudencial que esta corporaci�n respecto de expresi�n similar a la acusada, pero de la legislaci�n civil (art�culo 9oC_CIVIL#9o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del C�digo civil), se�al� con precisi�n:

"La corte cree, por el contrario, que la disposici�n acusada es la consecuencia l�gica y el instrumento indispensable para asegurar el cumplimiento de la ley, y m�s a�n, es el corolario forzoso de la obligaci�n pol�tica de los gobernados, de vivir sujetos al orden jur�dico, expresada en el art�culo 10CONS_P86#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n, �ste 'es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colombia, vivir sometidos a la Constituci�n y a las leyes y respetar y obedecer las autoridades'.

''Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jur�dico.

"En cuanto al segundo cargo, referente a la violaci�n del art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n, porque el ignorante quedar�a sometido a la obediencia social pac�fica y libre. La libertad no es la incondicionalidad de la voluntad; el hombre en sociedad debe arreglar su voluntad a la ley, para hacer compatibles sus derechos con los de los dem�s. Se es libre dentro de la ley, al ejercer los derechos en ella reconocidos. Sin la protecci�n y garant�a de la ley, nadie tiene derechos y se est� a merced del m�s fuerte.

"Imponer la ley a todos es hacer posible su libertad, no esclavizarlos, como sostiene el demandante" (Sentencia de marzo 30 de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos s�chica. G.J. T. 157, pp. 80, 81).

2o. Empero, en el �mbito penal, el tema de la ignorancia de la ley y sus consecuencias punitivas se ha interpretado de manera restrictiva, hasta el punto de admitir determinados l�mites al principio general de que la ignorancia de la ley no excusa, fundados �stos entre otras causas, en la especial naturaleza de la ley ignorada o en la condici�n de las personas que ignoran, pero sin desconocer nunca la regla general predicable de la ley y su relaci�n con los destinatarios de la misma, y que consiste en su sometimiento en t�rminos de igualdad frente a todos los ciudadanos como lo advierte en forma clara la norma sub examine.

En efecto, por la �ndole de la regulaci�n de las conductas merecedoras de reproche punitivo, la ley misma ha reconocido excepciones a este principio general y admite, tambi�n de manera general, que determinados fen�menos propios de la conducta penalizable, sean objeto de tratamiento normativo especial por el aspecto del conocimiento de la norma o de alguno de sus elementos, como ocurre con la disposici�n acusada y con los numerales 3o. (no es culpable "quien obre con la convicci�n errada e invencible de que no concurre en su acci�n u omisi�n alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripci�n legal") y 4o. (no es culpable" quien realice el hecho con la convicci�n errada e invencible de que est� amparado por una causal de justificaci�n") del art�culo 40C_PENAL#40*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del mismo c�digo, previstos precisamente para asegurar la convivencia social.

Estas especiales excepciones en el �mbito penal, ha correspondido determinarlas al mismo legislador dentro de sus competencias para expedir los c�digos en todos los ramos de la legislaci�n (art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF numeral 2o. C.N.) y para determinar las formas y grados de responsabilidad de particulares y funcionarios p�blicos (art�culo 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF CN), sin que existan l�mites distintos de los que la Carta prev� y que aqu� se analizan.

Por �ltimo, como se advirti� m�s arriba, esta corporaci�n reitera su jurisprudencia en la que pone de relieve que la Constituci�n Nacional no sigue espec�ficamente doctrina o escuela alguna en Derecho Penal, por lo que descarta los argumentos de car�cter extraconstitucional que presenta el actor en favor de su demanda.

De conformidad a estas consideraciones, a juicio de esta corporaci�n, la norma parcialmente acusada se adecua al texto constitucional en todas sus partes y as� habr� de declararlo.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo estudio de su Sala Constitucional,

"Declarar EXEQUIBLE el art�culo 10C_PENAL#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, en la parte que dice: "Conocimiento de la ley. La ignorancia de la ley penal no sirve de excusa, salvo las excepciones consignadas en ella.."

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.