Sentencia 877 de 1981

300Corte SupremaCorte Suprema30030016363877Manuel Gaona Cruz198104/08/1981877_Manuel Gaona Cruz_1981_04/08/1981300163631981

Luz Amalia Pe�a Tovar | Jaime Omar Jaramillo Ayala.demanda de inconstitucionalidad de el art�culo 41 del C�digo Penal (Decreto 100 de 1980), sobre penas principales, y ar-t�culo 1� de la Ley 5� de 1979. ActoresIdentificadores30030016364true90102Versi�n original30016364Identificadores

Norma demandada: �demanda de inconstitucionalidad de el art�culo 41 del C�digo Penal (Decreto 100 de 1980), sobre penas principales, y ar-t�culo 1� de la Ley 5� de 1979. Actores

REF.: Expediente n�mero 877. Normas acusadas: art�culo 41 del C�digo Penal (Decreto 100 de 1980), sobre penas principales, y ar�t�culo 1� de la Ley 5� de 1979. Actores: Luz Amalia Pe�a Tovar y Jaime Omar Jaramillo Ayala.

Los ciudadanos de la referencia, solicitan a esta Corporaci�n declarar la inexequibilidad del ar�t�culo 41 del C�digo Penal, en el cual se se�alan las penas principales, sin incluir la de presidio; as� como la del art�culo 1� de la Ley de 1979, en cuanto se considere por la Sala que dicho pre�cepto hab�a autorizado al Ejecutivo para elimi�nar esa pena.

"Art�culo 41. Penas principales. Los imputa�bles estar�n sometidos a las siguientes penas principales:

"por la cual se conceden unas facultades extra�ordinarias relacionadas con la expedici�n y vi�gencia del C�digo Penal.

"Art�culo 1�. De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facul�tades extraordinarias por el t�rmino de un (1) a�o, contado a partir de la promulgaci�n de la presente Ley, para expedir y poner en vigencia un nuevo C�digo Penal, sobre las bases, princi�pios y lineamientos generales del proyecto pre�sentado por el Gobierno al Senado de la Rep��blica el 3 de agosto de 1978 y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia, que para los efectos de esta Ley formar� parte del expediente".

Se�alamiento de las normas constitucionales infringidas y razones de las violaciones invocadas

En criterio de los demandantes el precepto que acusan del C�digo Penal es contrario, en for�ma directa, a lo dispuesto en los art�culos 94, 100 inciso segundo, y 157, de la Constituci�n, y, de manera indirecta, en relaci�n con lo previsto en los art�culos 115, 133 y 185, inciso 1�, del mismo estatuto. En cuanto a la disposici�n acu�sada de la Ley 5� de 1979, se�alan impl�cita�mente las mismas violaciones.

"Los art�culos 94, 100 y 157 de la Carta Magna mencionan, entre los requisitos para ser elegido Senador, Representante y Juez de la Re�p�blica, respectivamente, que el aspirante al car�go no haya sido condenado a pena de presidio o prisi�n; as� mismo, los art�culos 115, 133 y 185 de nuestra Constituci�n Pol�tica, remiti�ndonos a las condiciones exigidas para Senadores y Re�presentantes, consagran, de manera indirecta, para ejercer los cargos de Presidente de la Re�p�blica, Ministro del Despacho y Diputado a la Asamblea Departamental, en su orden, la ausen�cia de condena a presidio o prisi�n".

2� El presidio y la prisi�n son categor�as pu�nitivas de naturaleza constitucional y no de crea�ci�n legal. Sin embargo, el art�culo 41 del De�creto 100 de 1980 no consagr� el presidio dentro del r�gimen punible.

Las normas constitucionales son de "forzoso cumplimiento". Por lo tanto, "la omisi�n en el desarrollo de una norma constitucional, m�xime cuando, como el presidio, ya se hallaba regla�mentada, mal podr�a interpretarse como una fa�cultad discrecional del Ejecutivo, puesto que, en este evento, elimina una categor�a punitiva de rango constitucional al dejarla sin aplicaci�n, desconociendo el car�cter obligatorio de la Carta y sentando un p�simo precedente de desconoci�miento a las normas constitucionales, en vez de adecuarlo a las circunstancias sociales existen�tes".

3� De otra parte, los demandantes acusan y transcriben tambi�n el art�culo 1� de la Ley 5� de 1979, por estimarlo inconstitucional, en cuan�to autorizaba al Presidente de la Rep�blica para expedir un nuevo C�digo Penal, teniendo en cuenta los lineamientos de los anteproyectos de 1974 y de 1978, en virtud de que en dichos ante�proyectos se hab�a eliminado el presidio como pena aplicable a los imputables, a no ser que la Corte considere que el lineamiento es l�mite que indica un contenido y que no implicaba la auto�rizaci�n al Ejecutivo para eliminar la pena de presidio.

En su calidad de ciudadano y de "apoderado del Ministerio de Justicia", el abogado Jos� Ed�gardo Gonz�lez Vidales, impugna las pretensio�nes de la demanda con los siguientes argumentos:

1. El art�culo 41 del C�digo Penal no es in�constitucional por no fijar como pena el presidio. El hecho de que el constituyente haya querido que las personas que hubieren sido condenadas a presidio no llegaren a ocupar algunos cargos p�blicos, no quiere decir que estuviere obligando al legislador a contemplar en la norma positiva dicha pena.

2. Frente a los art�culos constitucionales que se se�alan como violados, da lo mismo la pena de presidio o la de prisi�n, pues "esa equivalencia que la 'o' establece entre el presidio y la prisi�n para los efectos constitucionales de los art�culos 94, 100 y 157 y concordantes, es m�s que sufi�ciente para derrumbar los respetables argumen�tos de los actores".

3. Para que el legislador estuviere obligado a contemplar la pena de presidio, la Constituci�n lo hubiera establecido expresamente, como lo ha�ce en el art�culo 29 que le proh�be establecer la pena capital y la del art�culo 23 que proh�be la detenci�n, prisi�n o arresto por deudas u obli�gaciones puramente civiles, y se observa que aunque este art�culo menciona el arraigo judi�cial, ello no implica que la ley deba contemplarlo necesariamente.

El Procurador General de la Naci�n solicita a la Sala Constitucional de la Corte que declare exequible el art�culo 41 del C�digo Penal, y que en cuanto al art�culo 1� de la Ley de 1979 se est� a lo dispuesto en fallo de 9 de abril de 1980, por el cual se declar� exequible en su in�tegridad esa Ley.

1. Aunque los actores se�alan el art�culo 41 acusado como perteneciente al Decreto-ley n��mero 100 de 1980, dicha disposici�n pertenece al C�digo Penal, el cual fue adoptado por el art�cu�lo 1� de aquel Decreto.

2. No ha de prosperar la demanda contra el art�culo 1� de la Ley 5� de 1979, por cuanto dicha Ley fue declarada exequible mediante fallo de 9 de abril de 1980 (Expediente n�mero 787), y luego al ser demandados nuevamente algunos de sus art�culos, la. Corte orden�, mediante sen�tencia de abril 10 de 1981 (Expediente n�mero 852), "estar a lo resuelto en sentencia n�mero 9 de 9 de abril de 1980 por la cual se declar� ex�equible en su integridad la Ley 5� de 1979".

Se est�, pues, dice el Procurador, en presencia del fen�meno jur�dico de la "cosa juzgada ergaomnes".

3. En relaci�n con la acusaci�n de inconstitucionalidad del art�culo 41 del C�digo Penal que no consagr� como pena la de presidio, se aclara que la Constituci�n Pol�tica en parte alguna ha erigido o fijado las categor�as jur�dicas punitivas o sanciones penales que hayan de regir en el sis�tema penal colombiano. Ello ha sido dejado al legislador ordinario o extraordinario.

Seg�n lo dispuesto en el art�culo 26 de la Car�ta, que establece que nadie podr� ser juzgado si�no conforme con las leyes preexistentes al acto que se imputa, hay que entender que la Consti�tuci�n ha dejado al legislador la amplia facultad para que, a trav�s de leyes (subrayas del Pro�curador), se�ale las formas como las personas naturales son juzgadas y las penas o sanciones correspondientes.

El art�culo 28 de la Carta tambi�n dispone que la pena se determina con arreglo a la Ley; el 29, que el legislador 110 podr� imponer la pena ca�pital en ning�n caso, y el 34 que no se podr� imponer la pena de confiscaci�n, todo lo cual significa que el legislador puede establecer las penas que a bien tenga salvo la capital y la de confiscaci�n.

"De lo que precede se deduce con claridad que, por una parte, la Carta no establece el cat�logo de las penas o sanciones que puedan imponer los jueces y tribunales en materia penal, y por la otra, que aquellas penas que la Constituci�n de�sea que bajo ninguna circunstancia se puedan imponer en Colombia, las enuncia en forma ex�presa y categ�rica".

5. Adem�s, seg�n el art�culo 76, ordinal 2�, de la Constituci�n, es competencia del Congreso, para "expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones".

1. La disposici�n acusada hace parte de un decreto extraordinario y por lo tanto es compe�tente la Corte para decidir sobre su exequibili�dad, conforme con lo previsto en la funci�n 49 del art�culo 58 del Acto legislativo n�mero 1 de 1979.

Como el Decreto 100 de 1980 que la contiene, se expidi� antes de haber transcurrido el a�o previsto en la Ley de facultades extraordinarias 5� de 1979, o sea el 25 de enero de 1980, no en�cuentra la Sala Constitucional extralimitaci�n de parte del legislador extraordinario en rela�ci�n con el tiempo autorizado por ella para ha�cerlo.

2. Destaca la Corte, conforme lo observa el Procurador General de la Naci�n, que el art�culo 41 demandado corresponde a la numeraci�n del C�digo Penal y no a la del Decreto 100 de 1980, pues aquel C�digo fue adoptado �ntegramente s�lo por el art�culo 1� de dicho Decreto.

1. Los demandantes no atacan el art�culo acu�sado por lo que �ste regula, sino porque ha omitido consagrar como pena principal la de pre�sidio, siendo que, en su criterio, era constitucionalmente obligatorio establecerla en virtud de mandatos expresos de normas de la Carta que enuncian dicha pena.

2. Conviene discernir entre lo que es constitucionalmente obligatorio y lo que est� prohibido por la Carta: pues no es lo mismo omitir consa�grar por ley algo a lo que la Carta obliga, que ordenar en aqu�lla algo que �sta proh�be. As�, no corresponde a omisi�n sino a transgresi�n de prohibici�n constitucional el establecer la pena de muerte (art�culo 29 de la Constituci�n Nacio�nal); pero en cambio es infracci�n omisiva el no se�alar el Tribunal competente en el proceso pe�nal (art�culo 26 de la Constituci�n Nacional).

3. Con todo, seg�n lo previsto en el art�culo 76 de la Carta, le corresponde a la ley la facultad de regular, o de abstenerse de hacerlo, todo aque�llo que por no ser obligatorio o por no estar pro�hibido, est� permitido.

4. Por todo lo cual, para el caso en examen, se desatar� la controversia con fundamento tanto en la obligatoriedad o no para el legislador, de establecer la pena de presidio, como en el alcance de la prohibici�n de abolir�a.

"1. Seg�n lo sustancial de la doctrina penal y criminol�gica, plasmada en parte en el C�digo Penal de 1936, la punibilidad del presidio es algo diferente y m�s rigurosa que la de la prisi�n.

En aquel estatuto, la duraci�n de una y otra pena era diferente, pues el presidio iba hasta 24 a�os de reclusi�n mientras que la prisi�n s�lo hasta 8 a�os; en relaci�n con la forma de ejecu�ci�n de la pena, el presidio implicaba formal�mente mayor aislamiento del condenado, que la prisi�n; en lo relativo al lugar de cumplimiento de la pena, desde el punto de vista formal, el presidio y la prisi�n deb�an cumplirse en cen�tros distintos de reclusi�n, siendo m�s rigurosos los de presidio (penitenciar�as), que los de pri�si�n; en cuanto a ciertas formas de atenuaci�n de la pena, la de presidio no admit�a en ning�n caso la condena condicional, en tanto que la de prisi�n s�; y en materia de penas accesorias, �s�tas eran diferentes y m�s numerosas en los casos de presidio que en los de prisi�n.

Pero tanto la pena de presidio como la de pri�si�n eran las de car�cter principal m�s graves, aplicables en relaci�n con los hechos punibles igualmente m�s da�osos o peligrosos.

2. Ha querido sin duda el constituyente inha�bilitar para ejercer ciertas investiduras p�blicas a quienes por la gravedad de los hechos punibles cometidos hayan sido condenados a pena de pre�sidio o prisi�n, salvo cuando la condena corres�ponda a delitos pol�ticos, con el evidente prop�sito de salvaguardar la dignidad de la funci�n p�blica en los cargos de Presidente de la Rep��blica (art�culo 115), Senador (art�culo 94), Re�presentante (art�culo 100), Juez (art�culo 157), Ministro (art�culo 133) o Diputado (art�culo 185).

Pero el enunciado normativo de la Constitu�ci�n sobre la especie de condena: 'presidio o prisi�n', s�lo apunta a la gravedad de los delitos que inhabilitan para desempe�ar esos empleos p�blicos, mas no se refiere a la obligaci�n para el legislador de tener que consagrar indeclinable y coet�neamente ambas especies, cuya regulaci�n, gravedad, efectos, tratamiento y aun estableci�miento simult�neo, alternativo, o equivalente, o no, han sido deferidos a la ley, seg�n las cir�cunstancias criminol�gicas, de pol�tica criminal y carcelaria, de avance tecnol�gico, cient�fico o doctrinario, o de capacidad econ�mica del Es�tado para hacer posible su cumplimiento.

Rep�rese bien que el art�culo 377 del C�digo Penal, equipar� los efectos condenatorios de la extinguida, y nunca cumplida en la pr�ctica, pe�na de presidio, a la de prisi�n que qued� vi�gente".

3. Cosa diferente hubiera sido que el legisla�dor extraordinario, al haber adoptado el C�digo Penal y expedido el art�culo 41 que se acusa, hubiera abolido a la vez las penas de presidio y de prisi�n, u optado por establecer, manteni�n�dolas ambas, que para los efectos de los art�culos 94, 100, 115, 133, 157 y 185 de la Carta, que se aducen como violados, s�lo proceder�an las inhabilidades constitucionales consagradas cuan�do se tratase �nicamente de pena de presidio, pe�ro no de prisi�n, o s�lo de pena de prisi�n pero no de presidio.

Pero nada de esto se ha ordenado en el art�cu�lo acusado. En �l s�lo se estableci� la pena de prisi�n, omiti�ndose la de presidio, mas, obvia�mente, por lo explicado, manteniendo los efectos de tratamiento punitivo grave que la abolida im�plicaba y traslad�ndoselos a la de prisi�n, con�forme nos lo ilustra por ejemplo el propio ar�t�culo 377 del mismo C�digo.

Dado que la Corte Suprema de Justicia, me�diante sentencia de abril 9 de 1980, ya declar� exequible en su integridad la Ley 5� de 1979, por la cual se hab�an otorgado facultades extraordinarias al Gobierno para expedir y poner en vi�gencia el C�digo Penal cuyo art�culo 41 se de�manda, no procede sino estar a lo resuelto en aqu�lla y por ende desestimar la acusaci�n de los actores contra el art�culo 1� de dicha Ley.

Encuentra as� la Sala que no hay violaci�n al�guna por parte del precepto acusado contra los art�culos constitucionales se�alados como infrin�gidos por los actores. Tampoco hay lugar a re�paro adicional alguno de inconstitucionalidad frente a las dem�s disposiciones de la Carta.

En relaci�n con el art�culo 1� acusado de la Ley 5� de 1979, la Corte debe inhibirse por haber resuelto ya la controversia de exequibilidad.

En consideraci�n de lo expresado, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, o��do el Procurador General de la Naci�n, Resuelve:

1. Declarar EXEQUIBLE, por 110 ser contrario a la Constituci�n, el art�culo 41 del C�digo Pe�nal, adoptado por el art�culo 1� del Decreto ex�traordinario n�mero 100 de 1980.

2. Estar a lo resuelto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucio�nal-, de fecha 9 de abril de 1980, por la cual se declar� EXEQUIBLE en su integridad la Ley 5� de 1979, e inhibirse por lo tanto de conocer de la acusaci�n formulada contra el art�culo 1� de la mencionada Ley.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Congreso y al Gobierno, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Manuel Gaona Cruz, Mario Latorre Rueda, Carlos Medell�n Forero, Ricardo Medina Moyano, Humberto Mesa Gonz�lez, Luis Carlos S�chica, Oscar Salazar Chaves.