Sentencia 1763 de 1988

300Corte SupremaCorte Suprema300300159241763Jairo E. Duque P�rez198807/04/19881763_Jairo E. Duque P�rez_1988_07/04/198830015924&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 37 REFERENCIA: Expediente n�mero 1763. 1988

William Fernando Le�n MoncaleanoAcci�n de inexequibilidad contra el art�culo 32 del Decreto n�mero 100 de 1980. Trastorno mental preordenado.Identificadores30030015925true89661Versi�n original30015925Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad contra el art�culo 32 del Decreto n�mero 100 de 1980. Trastorno mental preordenado.

Acci�n de inexequibilidad contra el art�culo 32C_PENAL#32* del Decreto n�mero 100 de 1980. Trastorno mental preordenado.

El constituyente con la excepci�n prevista en el art�culo 13CONS_P86#13*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Estatuto Fundamental no tipifica delitos, ni define los principios de imputabilidad, tipicidad y culpabilidad que deja a la regulaci�n de la ley. Exige solo que �sta sea preexistente al acto. La determinaci�n de la conducta punible es competencia del legislador.

Es exequible el art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, C�digo Penal.

FECHA: Bogot�, D.E., abril siete (7) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

En ejercicio de la acci�n p�blica que consagra el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, el ciudadano William Fernando Le�n Moncaleano solicita a la Corte que declare inexequible el art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal) por ser contrario a la Carta Fundamental.

Como quiera que se ha agotado el tr�mite previsto en el Decreto n�mero 432 de 1969 para el proceso constitucional procede la Corte a decidir la acci�n incoada, previas las siguientes consideraciones:

"Art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Trastorno mental preordenado. Cuando el agente hubiere preordenado su trastorno mental responder� por el dolo o culpa en que se hallare respecto del hecho punible, en elmomento de colocarse en tal situaci�n".

"En t�rminos generales la norma demandada viola el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, norma b�sica que constituye los principios fundamentales del derecho penal y procesal penal, pues consagra el principio de la legalidad de la pena y de la legalidad del proceso. De suerte que la norma constitucional en uno de sus apartes garantiza que la persona ser� juzgada al cometer un delito por '.. las leyes preexistentes al acto que se impute'. De suerte que en este caso el inimputable debe ser juzgado por un acto cometido que es coet�neo en su juzgamiento con las leyes preexistentes o mejor que existan al momento de cometer el il�cito y debe entenderse que se juzga es el acto cometido, pero como a la postre se determina que ese acto es inimputable la medida a aplicarse es una medida de seguridad y tanto el acto fin como el llamado acto preordenado debe estar cobijado por esa medida de seguridad o se ha de predicar que lo cometi� un inimputable y por consiguiente el art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C. P. Demandado al determinar que se responde por el dolo o la culpa al momento de colocarse en tal situaci�n viola el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta Magna respecto al debido proceso ya que se insiste que la persona es inimputable y existe la llamada unidad en el camino del delito o denominado iter criminis y por tales razonamientos es que se pide a la honorable corporaci�n la declaratoria de inexequibilidad de la precitada disposici�n del C�digo Penal".

Mediante Oficio n�mero 1288 de febrero 10 de 1988 el Jefe del Ministerio P�blico rindi� el concepto de rigor, en el cual solicita a la corte que declare exequible el precepto acusado.

Luego de un somero an�lisis sobre la culpabilidad penal, de su influencia en la imputabilidad y del contenido del precepto acusado concluye que �ste no infringe el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta fundamental "por cuanto describe la conducta delictiva cumpli�ndose la exigencia de la preexistencia de la ley que tipifique el hecho delictivo".

Anota "que si se toma en cuenta para efectos de la responsabilidad el momento en que el actor ejecut� el hecho delictivo, ciertamente se llega a la conclusi�n que era inimputable, pues padece de trastorno mental y por tanto, es incapaz de actuar culpablemente. Pero si se analiza la causa o el origen de su actuaci�n y se encuentra que esa misma persona fue la que provoc� voluntariamente tal estado para realizar un hecho t�pico y antijur�dico, que en estado de normalidad no era capaz de realizar, ya sea por falta de valor, moralidad o escr�pulo, etc., debe responder como imputable, ya que, el delito es el resultado de una serie de maquinaciones efectuadas por el sujeto en su estado normal, existiendo conexidad entre el momento de colocarse en situaci�n anormal y el hecho".

Con apoyo en una cita de la obra del ex magistrado doctor Alfonso Reyes Echand�a (la imputabilidad) concluye que si el juez advierte que el autor del hecho punible es inimputable al momento de la comisi�n del il�cito deber� imponerle una medida de seguridad, pero si encuentra que el sujeto se puso voluntariamente en estado de inimputabilidad para cometerlo, debe responder penalmente como imputable a t�tulo de dolo o culpa.

De conformidad con lo preceptuado en el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, la Corte tiene competencia para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada por pertenecer al Decreto-ley n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal) expedido por el Presidente de la Rep�blica en desarrollo de las facultades extraordinarias que le confiri� la Ley 5a. de 1979.

2o. Las garant�as que tutela el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional.

Prescribe el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional:

"Art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Nadie podr� ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

"En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar� de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

Exige el precepto superior que se deja transcrito que el juzgamiento de quien transgrede la norma penal que erige en delito, una espec�fica conducta humana, se realice de acuerdo con las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante jueces competentes y con la observancia plena de los procedimientos establecidos en la ley. Todos estos elementos integran lo que la doctrina universal y la jurisprudencia han definido como las garant�as del debido proceso, que se traducen en el derecho de defensa, la igualdad y mutua lealtad de las partes y en los derechos de contradicci�n e impugnaci�n.

Como pasa a analizarse someramente ninguna de las garant�as se�aladas se desconoce o sufre mengua por raz�n de la disposici�n acusada. As� se tiene:

La determinaci�n de la conducta punible y todas sus modalidades y circunstancias deben estar preestablecidas de manera clara e inequ�voca por el legislador, quien para la descripci�n de los distintos ingredientes que integran el tipo penal tiene un amplio campo de acci�n solo sujeto a las restricciones que le impone la Constituci�n en protecci�n de las garant�as individuales. Se trata pues, de una materia propia de la competencia del legislador pues el constituyente con la excepci�n prevista en el art�culo 13CONS_P86#13*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Estatuto Fundamental no tipifica delitos, ni define los principios de imputabilidad, tipicidad y culpabilidad que deja a la regulaci�n dela ley. Exige solo que �sta sea preexistente al acto.

A este respecto es pertinente traer a colaci�n lo que la Corte ha se�alado sobre el punto en an�lisis; ha dicho en efecto, que la Constituci�n "no sigue ni exige una determinada escuela de derecho penal por tanto el legislador puede trazar aut�nomamente los derroteros doctrinarios del incriminativo" con la condici�n de que las disposiciones que expida sean compatibles con las normas superiores, es decir que est�n acordes con lo que ellas manden o permitan y no consagren lo que en ella se proh�ba (sentencias de junio 2 de 1981 y febrero 10 de 1983).

El art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal que el actor estima inconstitucional, es la consagraci�n normativa de una modalidad o matiz de las acciones libres en su causa (actio liberae in causa) aceptada por la doctrina penal contempor�nea, tratada de manera similar a la aprobada para el C�digo Penal tipo latinoamericano en el art�culo 21C_PENAL#21*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, cuyo tenor es el siguiente:

"Cuando el agente hubiere provocado la grave perturbaci�n de la conciencia a que se refiere el art�culo 19XXXX#19*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF responder� el hecho realizado, por el dolo o culpa en que se hallare respecto de ese hecho, en el momento de colocarse en tal estado".

"El fen�meno se presenta cuando se produce un resultado contrario a derecho por un acto u omisi�n en estado de inimputabilidad, si bien esta conducta fue ocasionada por un acto doloso o culposo, cometido en estado de imputabilidad", m�s adelante afirma: 'as� como nosotros podemos utilizar a los locos y a los ebrios como instrumentos para nuestros fines porque en ellos la facultad de determinarse por medio de representaciones, aunque irregular, no es imposible, as� tambi�n podemos utilizarnos a nosotros mismos, en estado de perturbaci�n mental o de embriaguez, para la ejecuci�n de planes preconcebidos".

Es pues una aparente excepci�n al principio de la responsabilidad culpabilista que exige la capacidad y el discernimiento del sujeto activo en el momento en que se realice el hecho punible, ya que en la hip�tesis que plantea el precepto acusado, el momento decisivo para verificar si se han cumplido en el agente los requisitos an�micos de la imputabilidad, no es el de la ejecuci�n del hecho sino aquel en que tuvo lugar la manifestaci�n de voluntad o designio criminal de quien lo realiz�, siendo indiferente, por ende, el estado mental del sujeto en el instante en que se produjo el resultado.

Es indudable que en el supuesto a que se refiere el art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, el agente responde penalmente por el estado de imputabilidad en que se hallaba cuando decidi� preordenar su trastorno mental, pues la valoraci�n de su culpabilidad surge de considerar que no es necesario que el dolo se conserve o perviva durante todo el iter criminis; y que el momento decisivo no es el de el de la ejecuci�n del resultado, sino "el del impulso dado para que la cadena causal se desarrolle". Para que tal efecto se cumpla no se tiene en cuenta el estado de inimputabilidad en que se consum� o ejecut� el hecho tomando en consideraci�n que �ste fue libremente querido y consentido cuando su autor estaba en capacidad de comprender su ilicitud y determinar su conducta conforme a esa comprensi�n.

Carrara, quien se refiere concretamente a la embriaguez como el caso m�s frecuente de la "voluntaria causaci�n de un trastorno mental" seg�n la denominaci�n de la doctrina, formula planteamientos similares al resuelto por la disposici�n impugnada. Argue en efecto, que se debe castigar a guisa de dolo al culpable por lo que realiz� en condiciones de insanidad mental, "si de manera consciente y voluntaria decidi� convertirse a s� mismo en futuro instrumento del il�cito pretendido". El hombre sano, dice "es sujeto activo primario, el ebrio el sujeto activo secundario" (Programa de Derecho Criminal, Parte General, Tomo I, Ed. Temis, Bt�. Nos. 343 y 344 pags. 233 y 234).

De lo que se deja analizado es dable concluir que el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n que defiere al legislador la facultad de tipificar la conducta y establecer las condiciones en que debe deducirse la responsabilidad no se quebranta por el mandato legal materia de la acusaci�n de inexequibilidad; y si bien es cierto que este precepto consagra el principio de la legalidad del "reato" al momento de consumarse la acci�n en cuanto se�ala que "nadie podr� ser juzgado sino conforme alas leyes preexistentes al acto que se imputa", es claro que para estos efectos, la norma preexistente es precisamente el art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF acusado, que es desarrollo delos art�culos 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Pol�tica de Colombia y cuya consagraci�n obedece a razones de pol�tica criminal que s�lo al legislador le es dado valorar.

Ante la presunci�n de conocimiento general de la ley, la vigencia del art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal hace suponer que el agente del hecho il�cito conoce con antelaci�n a su consumaci�n, las secuelas jur�dicas de su conducta y que tanto el resultado final de la acci�n, como la preordenaci�n de su trastorno mental, tienen la valoraci�n que le da el precepto acusado y en consecuencia, se cumplen los presupuestos constitucionales de preexistencia de la ley que describe la conducta, se�ala la responsabilidad, fija la pena y hace determinable el procedimiento y la autoridad competente para el juzgamiento.

Como la disposici�n acusada no infringe el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta que invoca el actor, ni ninguna otra norma constitucional, la Corte la declara exequible.

En m�rito delo expuesto la Corte Suprema de Justicia en -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

Declarar EXEQUIBLE el art�culo 32C_PENAL#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal).

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.