Sentencia 1002 de 1983

300Corte SupremaCorte Suprema300300159071002Luis Carlos S�chica198311/04/19831002_Luis Carlos S�chica_1983_11/04/198330015907&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA NUMERO 37 1983

Antonio Jos� Cancino M., Sa�l Fl�rez EncisoLos ciudadanos Antonio Jos� Cancino Moreno y Sa�l FIorez Enciso, en ejercicio de la acci�n establecida en el art�culo 214 de la Constituci�n, piden la declaratoria de inexequibilidad de los art�culos 235 del C�digo Penal, Decreto n�mero 100 de 1980, y del 1o. del Decreto n�mero 141.Identificadores30030015908true89643Versi�n original30015908Identificadores

Norma demandada: �Los ciudadanos Antonio Jos� Cancino Moreno y Sa�l FIorez Enciso, en ejercicio de la acci�n establecida en el art�culo 214 de la Constituci�n, piden la declaratoria de inexequibilidad de los art�culos 235 del C�digo Penal, Decreto n�mero 100 de 1980, y del 1o. del Decreto n�mero 141.

TEMA: LAS SIMPLES IMPROPIEDADES DEL LENGUAJE O LA VARIABLE �NTERPRETACION DE UN CONCEPTO, NO ALCANZAN A AFECTAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICI�N. LA USURA, CODIGO PENAL

La Corte se abstiene de fallar en el fondo sobre el art. 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C. P., en la forma como fue adoptado por el art. 235D0100_80#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980. Exequible el art. 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C. P. con el texto definitivo adoptado mediante Decreto n�mero 141 de 1980.

FECHA: Bogot�, D. E., once (11) de abril de mil novecientos ochenta y tres (1983).

Los ciudadanos Antonio Jos� Cancino Moreno y Sa�l FIorez Enciso, en ejercicio de la acci�n establecida en el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n, piden la declaratoria de inexequibilidad de los art�culos 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, Decreto n�mero 100 de 1980, y del 1o. del Decreto n�mero 141, tambi�n de 1980, que dicen:

"Art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, en el t�rmino de un (1) a�o, a cambio de pr�stamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad el inter�s que para el per�odo correspondiente est�n cobrando los bancos por los cr�ditos ordinarios de libre asignaci�n, seg�n certificaci�n de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operaci�n, ocultarla o disimularla, incurrir� en prisi�n de seis (6) meses a tres (3) a�os y en multa de un mil a cincuenta mil pesos.

"El que compre cheque, sueldo, salario o prestaci�n social en los t�rminos y condiciones previstos en este art�culo, incurrir� en prisi�n de ocho (8) meses a cuatro (4) a�os y en multa de un mil a cincuenta mil pesos (correspondiente al Decreto n�mero 0100 de 1980, es decir, al nuevo C�digo Penal)".

"Art�culo 1oD0141_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 141 del 25 de enero de 1980. Los art�culos 68C_PENAL#68*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 146C_PENAL#146*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 265C_PENAL#265* y 334C_PENAL#334*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del nuevo C�digo Penal, quedar�n as�:

"Art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, en el t�rmino de un a�o, a cambio de pr�stamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad el inter�s que para el per�odo correspondiente est�n cobrando los bancos por los cr�ditos ordinarios de libre asignaci�n, seg�n certificaci�n de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la f�rmula utilizada para hacer constar la operaci�n, ocultarla o disimularla, incurrir� en prisi�n de seis (6) meses a tres (3) a�os y en multa de un mil a cincuenta mil pesos.

Consideran los demandantes que las disposiciones transcritas son contrarias a los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n. Para sustentar esta afirmaci�n reconstruyen la historia legislativa del delito de usura desde el C�digo de 1936, detallando la forma como fue expedido y los puntos de vista de los proponentes, as� como los Proyectos de Reforma de 1974, 1976 y 1978, para establecer que el art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de que se trata �sta mal redactado y adolece de omisiones, como lo acept�, en su aseveraci�n, el propio Gobierno al dictar el Decreto n�mero 141 de 1980, aclaratorio del 100 del mismo a�o. Precisan luego las fallas que encuentran en la citada disposici�n, y que son:

"1. Resulta m�s que il�gico considerar que un solo acto de usura pueda poner en peligro todo el orden econ�mico-social de un pa�s. En este orden de ideas, podemos concluir que el legislador debi� considerar que exist�a un error grave de construcci�n de la norma, si se pretend�a ubicar en el T�tulo VII, especialmente si se ten�a en cuenta que el articulo 4oC_PENAL#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del C�digo Penal ordena que 'para que una conducta t�pica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el inter�s jur�dico protegido por la ley'.

"2. De acuerdo con la estructura que se imprimi� a la disposici�n en el art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, los intereses usurarios se cobran por concepto de pr�stamo o de venta. El legislador debi� notar que no era l�gico el que se redujera la norma a los pr�stamos o ventas, dejando por fuera todos los dem�s contratos (permuta, prenda, etc., etc.) mediante los cuales se podr�a incurrir en el delito. Esta omisi�n muy seguramente llev� al ejecutivo a tratar de introducir correcciones.

"3. En el art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal y obviamente en el art�culo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto presuntamente aclaratorio, se exige que cuando los intereses se cobren por concepto de venta, �sta debe ser a plazos, con lo cual se dej� por fuera conducta mucho m�s nociva como lo es el cobrar intereses usurarios por ventas de contado, lo cual no deja de ser il�gico. Tambi�n debi� notar este defecto de la disposici�n el ejecutivo, cuando pretendi� corregir la disposici�n.

"4. En el articulo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal existe una circunstancia de tiempo (o condici�n objetiva de punibilidad como la llamar�an algunos tratadistas, o presupuestos de procesabilidad como la denominar�an otros) que consiste en que la conducta se realice en el t�rmino de un a�o.

"Bien le�da la norma, concluiremos que el legislador exigi�, para la estructuraci�n del delito, el que se establezca que en el t�rmino de un a�o, el su jeto activo cobr� intereses usurarios a una o varias personas. Significa lo anterior algo que no deja de ser una curiosidad jur�dica: si el juez encuentra que un individuo cobra por primera vez intereses usurarios, tiene que esperar un a�o a partir de ese cobro, para poder iniciar la investigaci�n, para poder establecer que el cobro lo hizo dentro de ese lapso. Esto traer�a como consecuencia un desprestigio absoluto de la ley penal y una negaci�n a los fines de prevenci�n de que trata el art�culo 12C_PENAL#12*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal.

"5. El art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal dispone que la conducta consiste en obtener utilidad o ventaja que exceda en la mitad el inter�s que para el per�odo correspondiente est�n cobrando los bancos por los cr�ditos ordinarios de libre asignaci�n, seg�n certificaci�n de la Superintendencia Bancaria.".

"�Cu�l es el per�odo correspondiente: el a�o a que se refiere la norma Todo parece indicarlo as�".

"Y si a ese a�o se refiere el legislador, �qu� f�rmulas m�gicas matem�ticas tendr� que inventar el juez para realizar la adecuaci�n al d�a exacto en que ocurri� el hecho o los hechos Porque bien puede ocurrir que el promedio del a�o no corresponda a ese doble que s� se dar�a al tener en cuenta, como es lo pertinente, el d�a de los acontecimientos delictuosos. Creo que por esa raz�n el ejecutivo al tratar de reformar la norma debi� por lo menos intuir el problema.

"6. Y en el inciso segundo el legislador, en el art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF dijo que incurrir�a en prisi�n de ocho (8) meses a cuatro (4) a�os, el que compre cheque, sueldo, salario o prestaci�n social en los t�rminos y condiciones previstos en el art�culo, con lo que no hizo otra cosa que trasladar a este inciso las irregularidades del primero".

El Procurador General de la Naci�n, por su parte, pide la declaraci�n de exequibilidad del art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, en la forma como qued� adoptado, por el Decreto n�mero 141 de 1980, y que la Corte se inhiba en relaci�n con el art�culo distinguido con el mismo n�mero, seg�n lo recogi� el Decreto n�mero 100 de 1980.

"Sea lo primero observar que no es cierta la afirmaci�n de los actores en el sentido de que las disposiciones acusadas son absolutamente id�nticas. Las transcripciones que aparecen en el ac�pite numero 1 de este concepto, que corresponden al texto publicado en el 'Diario Oficial', permiten advertir que las palabras 'ventas' 'formas' pasaron del n�mero plural en que se hallaban en el texto inicial, al n�mero singular: 'venta' y 'forma', en la disposici�n sustitutiva.

"Ahora bien, como, evidentemente, el texto del articulo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal adoptado por el articulo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto n�mero 100 de 1980, fue modificado seg�n lo dispuesto en el art�culo 1oD0141_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto n�mero 141 del mismo a�o, carece actualmente de objeto un pronunciamiento de fondo sobre aquella disposici�n, y, por lo tanto, en su respecto, solicito a la honorable Corte Suprema que profiera fallo inhibitorio".

"En el caso en examen, pese a los m�ltiples reparos de t�cnica legislativa y de conveniencia, que los actores formulan contra la disposici�n contenida en el articulo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, ellos mismos aciertan a ofrecer una interpretaci�n del precepto, y si estiman 'm�s que il�gico' que 'un solo acto de usura pueda poner en peligro todo el orden econ�mico-social de un pa�s', su buen criterio no vincula necesariamente al legislador hasta el grado de que, con base en esa apreciaci�n pueda sustentarse v�lidamente un cargo de inconstitucionalidad.

"En todo caso, este Despacho, sin entrar en la tarea de interpretar de manera definitiva y absoluta la disposici�n acusada, lo cual no corresponde al ejercicio del control jur�dico de constitucionalidad, encuentra, en conclusi�n, que los reparos de conveniencia formulada por los actores contra dicho precepto, los defectos de t�cnica legislativa que en �l advierten y los argumentos con que sostienen la hip�tesis de que resulta inaplicable, no constituyen cargos v�lidos de inconstitucionalidad".

"Es indudable que el principio de legalidad consagrado en los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, supone como garant�a para los destinatarios de la ley, que la descripci�n de conductas punibles sea clara y precisa, para que �stos puedan comprender cu�l es el comportamiento que el legislador considera digno de reproche, pero de all� no puede desprenderse la tesis extrema, indudablemente equivocada, de que una disposici�n legal en materia penal resulte violatoria del ordenamiento superior porque no es sint�cticamente perfecta o porque no tiene la rara virtud de poder ser entendida un�vocamente por todos sus destinatarios".

La Corte es competente para conocer de esta demanda, por tratarse de disposiciones pertenecientes a Decretos dictados con base en facultades otorgadas seg�n el ordinal 12 del art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n. No hay reparo que hacer respecto del ejercicio de aqu�llas en lo tocante a sus limites temporales.

Para resolver, la Corte estima que, como lo observ� el Procurador, los demandantes se limitan a formular una serie de reparos de orden t�cnico a las disposiciones que acusan, pero sin que ninguna de las tachas en que fundan su pretensi�n configure violaci�n de los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, o de cualquiera otro de la Constituci�n. Pues aspirar a que la ley tenga tal precisi�n y fijeza de sentido que s�lo admita una interpretaci�n salida, es exigir la imposible omnisapiencia de los legisladores y reducir la tarea de los jueces a una verificaci�n mec�nica de los hechos que soportan la norma, todo lo cual choca con la realidad y la experiencia sobre una y otra funci�n. Las simples impropiedades del lenguaje y la variable interpretaci�n de un Concepto, no alcanzan a afectar la constitucionalidad de una disposici�n.

La certeza legal, el principio de legalidad que exige en el campo penal la descripci�n previa de los comportamientos prohibidos por la ley, en forma que no haya confusi�n ni duda sobre el modelo descrito legalmente, que es la garant�a que se pretende violada en este caso, exige solamente que tanto los particulares como el juzgador puedan establecer la correspondencia entre el esquema normativo y la conducta de que se trata, sin tener que acudir a complementaciones arbitrarias de la norma para hacerlas coincidir.

En el caso presente, es evidente que los elementos objetivos que para la descripci�n del delito de usura contiene el art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, en su forma definitiva, permiten a los particulares y a los jueces penales, sin excluir algunas alternativas o variantes, que son corrientes en la interpretaci�n jur�dica, tener una idea exacta de los comportamientos que lo configuran y de las circunstancias que rodean su comisi�n.

De modo que no prospera el cargo de violaci�n de los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF porque la regulaci�n acusada no adolece de imprecisi�n que haga concluir que no contiene la previa descripci�n legal que exigen esas disposiciones.

Debe acogerse, de otra parte, la solicitud del Procurador de que la Corte se abstenga de fallar respecto del art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF en la forma en que lo adopt� el art�culo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto n�mero 100 de 1980, puesto que dicha disposici�n ya no rige, y nunca rigi�, en virtud de la modificaci�n adoptada en el Decreto n�mero 141 de 1980, que es la norma vigente.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, -Sala Plena-, con base en estudio de su Sala Constitucional y o�do el Procurador General de la Naci�n,

1o. Abstenerse de fallar en el fondo la acusaci�n de inconstitucionalidad del articulo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, en la forma como fue adoptado por el art�culo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto numero 100 de 1980, y

2o. Declarar EXEQUIBLE el art�culo 235C_PENAL#235*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, con el texto definitivo adoptado mediante el Decreto n�mero 141 de 1980.

C�piese, comun�quese, publ�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.