Sentencia 802 de 1981

300Corte SupremaCorte Suprema30030015642802Mario Latorre Rueda198103/06/1981802_Mario Latorre Rueda_1981_03/06/198130015642COMISO. HOMICIDIO CULPOSO Exequible el art�culo 110 y 329 del Decreto 100 de 1980 No. 33 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogot�, D. E., julio 3 de 1981. Magistrado ponente: doctor Mario Latorre Rueda. Aprobado por Acta n�mero 65 de julio 3 de 1981. 1981

Alfonso Isaza Morenodemanda de inconstitucional art�culos 110 y 329 (parcialmente) del Decreto 100 de 1980, nuevo C�digo Penal. Comiso: Homicidio culposo.Identificadores30030015643true89365Versi�n original30015643Identificadores

Norma demandada: �demanda de inconstitucional art�culos 110 y 329 (parcialmente) del Decreto 100 de 1980, nuevo C�digo Penal. Comiso: Homicidio culposo.

REF.: Expediente n�mero 802. Norma acusada: art�culos 110 y 329 (parcialmente) del Decreto 100 de 1980, nuevo C�digo Penal. Co�miso: Homicidio culposo. Demandante; Al�fonso Isaza Moreno.

El ciudadano Alfonso Isaza Moreno, en ejercicio de la acci�n consagrada en la Constituci�n, solicita a la Corte Suprema -Sala Constitucio�nal-, que se, declaren inexequibles el art�culo 110 y parte del art�culo 329 del Decreto extraor�dinario n�mero 100 de 1980.

"Art�culo 110. Comiso. El delito lleva consigo la p�rdida en favor del Estado, salvo el derecho del ofendido o de terceros, de los instrumentos con que se haya cometido y de las cosas y valores que provengan de su ejecuci�n".

"Lo dispuesto en el inciso anterior no se apli�car� en el caso de delito culposo cometido con veh�culo automotor, nave o aeronave o unidad montada sobre ruedas, siempre que estuvieren adecuadamente asegurados para responder porda�os a terceros''.

Art�culo 329, pero s�lo en la parte que dice "(...) y suspensi�n de uno a cinco a�os en el ejercicio de la profesi�n, arte, u oficio''.

"Art�culo 329. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro, incurrir� en prisi�n de dos a seis a�os, multa de un mil a diez mil pesos y suspensi�n de uno a cinco a�os en el ejercicio de la profesi�n, arte u oficio".

El demandante considera que se han violado los art�culos 37 y 34 de la Constituci�n, pues el aparte que demanda del art�culo 329 del Decreto 100 va en contra de lo preceptuado por la misma Constituci�n, cuando �sta establece que el tra�bajo es una obligaci�n social que gozar� de la protecci�n del Estado, y que el comiso regulado en el art�culo 110 del mismo Decreto constituye una confiscaci�n, pena que est� prohibida en la Constituci�n.

En el curso de su escrito estima que por estos preceptos del Decreto 100 se viol� tambi�n el ar�t�culo 32 de la Constituci�n, ya que con ellos se contraviene la finalidad de la intervenci�n delEstado en la econom�a, puesto que �sta debe tener como objetivo el mejoramiento de la comu�nidad y de las clases proletarias en particular. En otros apartes de su escrito agrega que se han violado igualmente el numeral 12 del art�culo 76y los art�culos 2�, 55 y 215 de la Constituci�n,pero no da las razones en que se sustentar�a esta afirmaci�n.

Seg�n concepto de ja Procuradur�a no se ha incurrido en violaci�n de la Constituci�n por las razones que se resumen as�: no se viola el art�culo 34 de la Constituci�n, pues la sanci�n que se impone en el art�culo 110 del Decreto citado esde comiso y no de confiscaci�n, y al efecto trans�cribe repetida jurisprudencia de la Corte que claramente establece esta distinci�n; no se ha violado tampoco el art�culo 17 de la Constituci�n por el art�culo 329 del mismo Decreto, pues si bien el Estado debe brindar protecci�n al tra�bajo, esto no excluye en ninguna forma que se estime por la ley que con el homicidio culposo se evidencia, en la persona que lo cometi�, una au�sencia de idoneidad o un descuido, que-justifican la suspensi�n para ella de la profesi�n, arte uoficio en cuyo ejercicio se cometi� la infracci�n; ni tampoco se viola el art�culo 32 de la Constitu�ci�n, pues el C�digo Penal no es una ley de in�tervenci�n en la econom�a.

Jorge Edgardo Gonz�lez, actuando como ciu�dadano y apoderado del Ministro de Justicia, considera, en s�ntesis, que no se est� ante una confiscaci�n dada la diferencia que existe entre esta y el comiso que establece el art�culo 110 delDecreto 100; tampoco se est� violando la pro�tecci�n al trabajo, puesto que lo que no puede hacerse es atentar contra la sociedad en el ejer�cicio de una profesi�n; ni se est� violando la fi�nalidad de la intervenci�n del Estado, pues los art�culos demandados en ning�n modo pueden perjudicar a las clases proletarias.

Con posterioridad al concepto de la Procura�dur�a, Carlos Fradique M�ndez se present� como coadyuvante de la demanda solicitando que, en caso de no aceptarse, la inexequibilidad de todo el art�culo 110 del Decreto 100, se declare in�asequible su inciso 2�, pues considera que se han violado los art�culos 26 y 28 de la Constituci�n, ya que el comiso no es una pena que se aplique por el hecho punible sino por no tener aseguradoel automotor, con lo que se infringe el principiode que "no hay pena sin delito".

La Ley 5� de 1979 y el Decreto 100 de 1980 (C�digo Penal). Entre los art�culos de la Consti�tuci�n que considera violados se�ala el deman�dante el art�culo 76-12 de la Constituci�n. Si esa violaci�n hace referencia, como parece, a que el Decreto 100 infringi� ese precepto, ello, de una parte, no puede predicarse del Decreto sino de la ley de facultades y, de otra parte, ya por sen�tencia de la Corte de abril 9 de 1980 de la que fue ponente el Magistrado Luis Carlos S�chica, se decidi� que la Ley 5� se ajustaba a la Cons�tituci�n.

Ahora si se examina el Decreto 100, se tiene, primero, que este fue expedido el 23 de enero de 1980 y que la ley de facultades daba al Presidente el t�rmino de un a�o a partir de su pro�mulgaci�n para expedir y poner en vigencia el nuevo C�digo Penal; promulgada la ley el 29 de enero de 1979 ("Diario Oficial", a�o CXVI, n��mero 35461), se concluye que el Presidenteprocedi� dentro del t�rmino que se le hab�a acor�dado, y, segundo, que el Ejecutivo tambi�n pro�cedi� en cuanto a la materia dentro de las facul�tades que se le hab�an dado al expedir y poner envigencia como se le autorizaba un nuevo C�digoPenal, y en particular cabe afirmar que esos dosart�culos que se demandan, el comiso y la sus�pensi�n en el ejercicio de una profesi�n, arte u oficio, sobre lo cual se volver� m�s adelante, no exceden las facultades que se le hab�an dado, pues esas son regulaciones propias de los c�digospenales, habi�ndose procedido as� por el Presi�dente entonces dentro de lo preceptuado por elart�culo 118-8 de la Constituci�n.

Siendo as�, no se violaron esos dos art�culos de la Constituci�n, el 76-12 y el 118-8, ni el art�culo 2� de la misma Constituci�n, pues los poderes p�blicos se ejercieron como est� prescrito, ni tampoco el 55, pues actuaron dentro de la colabo�raci�n que a ellos se exige.

Como es bien sabido y se repite, la confisca�ci�n se aplicaba en las antiguas leyes siguiendo al derecho romano, se aboli� luego en casi todas las legislaciones a partir del siglo XVIII y vio al parecer, s�lo un transitorio renacimiento en el siglo XX. Esa pena reca�a sobre el todo o una parte del patrimonio del condenado. As� cuando se aplica est� dentro de su naturaleza que extienda sus efectos a personas inocentes, a la familia del condenado, y por eso los reforma�dores del siglo XVIII, y el movimiento que pro�pugna por la individualizaci�n de la pena, la consideran injusta, inhumana y aberrante. El comiso, que se conserva en las legislaciones, es una medida muy distinta que recae �nicamente sobre los instrumentos que hayan servido para la co�misi�n del delito y sobre las tosas y valores que provengan de su ejecuci�n.

Nuestras constituciones han seguido esa orien�taci�n y han prohibido de manera absoluta la confiscaci�n, como lo hace la vigente en el art�cu�lo 34, pero en los c�digos penales, como el actual, se ha mantenido el comiso que difiere sustancialmente, como se ha establecido, de la confiscaci�n. A este respecto ha dicho la Corte:

"La confiscaci�n a que se refiere el precepto constitucional, tal como se estim� desde sus or��genes, es el absoluto despojo, sin compensaci�n alguna, que da por resultado la p�rdida total delos valores confiscados sin resarcimiento alguno; y esto a beneficio del fisco, seg�n lo expresa el vocablo (...).En s�ntesis, la confiscaci�n quela Constituci�nproh�be es la apropiaci�n oficialindebida, sin causa y procedimiento legal, porv�a de simple aprehensi�n del patrimonio de unapersona" (fallo de agosto 3 de 1972, EustorgioSarria, "Jurisprudencia Constitucional", tomoI, p�gina 231).

El comiso en distintas legislaciones, para ha�cer una breve referencia a esta figura, se ha con�siderado como una medida de seguridad patri�monial o como m�a pena accesoria o como un efecto civil de la condena; se ha estimado que puede ser una medida facultativa u obligatoria; se ha considerado que es aplicable al delito y a la contravenci�n o solamente al delito; y se le han dado diversas finalidades: restitutoria, reparatoria, compensatoria. Nuestro C�digo, a este respecto, la considera en el t�tulo que trata de la responsabilidad derivada del hecho punible, la establece para los delitos, es obligatoria y la consagra en favor del Estado.

Ahora bien, si se examina este art�culo 110 que establece el comiso se observa, como ya se ha dicho, que se aplica al delito, es decir, se requie�re que la ley penal considere y defina un hecho como tal, y por referirse al delito precisamenteque se llegue a esa determinaci�n por un pro�ceso, que haya condena, y que se llegue a ella por la actuaci�n de jueces determinados y seg�n las formas previamente establecidas, cuestiones to�das que no son propias de un C�digo de las pe�nas sino de un C�digo de Procedimiento. Estopermite afirmar que no se violan las prescripcio�nes de los art�culos 26 y 28 de la Constituci�n. Ysi se contin�a el examen del comiso, a m�s de lo dicho, se ve que en �l se dejan a salvo los derechos del ofendido o de terceros, es decir, que no puede imponerse en aquellas cosas o valores que pertenezcan a personas extra�as al hecho pu�nible, d�ndose as� cumplimiento al art�culo 30 de la Constituci�n que garantiza la propiedad.

Se afirma en la coadyuvancia de la demanda, que por lo establecido en el inciso 2� del art�culo 110 del C�digo Penal, el comiso es una pena, en resumen, que se impone no por el delito, como deb�a ser, sino por e] hecho de no estar asegurado el veh�culo. No hay tal y esa observaci�n encierra un sofisma. Para apreciar rectamente esta cues�ti�n, debe considerarse el art�culo en su conjun�to. En �l, simplemente, para comenzar, se impone y regula el comiso. Esta medida, ya se vio, no se opone a la Constituci�n, y el legislador est� facultado para establecerla. Si tiene esa capacidad puede tambi�n regularla, y es as� como, y ya sedijo tambi�n, para algunas legislaciones es medida facultativa, para otras obligatoria, algunas la aplican a los delitos y a las contravenciones -otras exclusivamente a los delitos. Considerada entonces con esa perspectiva, no es que el legislador establezca una sanci�n por la circunstancia de que no exista un seguro sino que al regular las condiciones del hecho punible, en particular el comiso, precept�a que �ste no se lleva a efecto cuando se re�nan tres condiciones: que se trate de delito culposo; cuando �ste se cometa, con ve�h�culo automotor, nave o aeronave o unidad mon�tada sobre ruedas, y cuando haya un seguro ade�cuado para responder por da�os a terceros. Para esto no debe olvidarse que una de las finalidadesde la ley penal y procedimental, es que se aminoren losda�os sociales del hecho punible, y bienpudo considerar el legislador que ellos se reducenpor lo menos con ese seguro con el cual se puedenresarcir los perjuicios, razonamiento que se sus�tenta en el hecho, seg�n se prescribe en este in�ciso, de que el seguro debe ser adecuado para responder por da�os a terceros. Ahora, esa con�dici�n de que el seguro sea adecuado queda some�tida a la apreciaci�n del juez, como es propio de muchas otras regulaciones penales. Para insistir en este asunto: que el legislador considere m�s ben�volamente, si a eso se reduce esta cuesti�n y as� se la simplifica, el delito culposo cuando se comete por determinados medios o instrumentos y existe un seguro que responde de los da�os cansados, es una cuesti�n de pol�tica criminal, de criterio del legislador, que puede ser considerada adversamente o aprobada por el comentarista o el int�rprete, pero que como tal no viola la Cons�tituci�n, como cuando, para dar ejemplos que se relacionan con la apreciaci�n de los hechos, el legislador tambi�n sin violar la Constituci�n, fi�ja condiciones generales o particulares que jus�tifican, agravan o aten�an la comisi�n de deter�minados hechos a la pena que les corresponde.

Se ve pues, a m�s de lo dicho en punto ante�rior, que tampoco esta regulaci�n del comiso es�tablecida en el inciso 2� del art�culo 110 viola, como se manifiesta en la coadyuvancia de la de�manda, los art�culos 26 y 28 de la Constituci�n que prescriben, en general, la existencia de leyy pena preexistentes, el juez competente y las formas de cada juicio, materias, por dem�s y en buena parte, propias de la ley de procedimiento.

La Constituci�n protege el trabajo, es eviden�te; pero tambi�n, y es uno de los principios fundamentales expresado en el art�culo 16, impone a la autoridad proteger a todas las personas en su vida; por lo tanto, si con una profesi�n u oficio la persona que lo ejerce, por ignorancia u descuido, por imprevisi�n, causa la muerte de otro, debe suspend�rsele el ejercicio de esa pro�fesi�n u oficio como se hace el art�culo 329 del Decreto 100. Si se quiere llegar hasta all�, la misma sociedad se estableci� y se funda, al menos para algunos, en la necesidad de proteger o amparar derechos fundamentales, entre estos y el primero el de la vida de quienes constituyenesa comunidad; si hay actividades que lesioneno pongan en peligro en determinado grado esederecho, lo propio, es limitar el ejercicio de esasactividades como lo hace este art�culo 329.

Por otro aspecto, volviendo a nuestra Consti�tuci�n, ella establece en el art�culo 39 que la ley puede regular el ejercicio de las profesiones, y es propio de una reglamentaci�n suspender, por lo menos, ese ejercicio cuando se ha establecido que por culpa se ha causado la muerte de una persona, y la ley misma establece que esa culpa existe cuando ha habido falta de previsi�n o cuando habiendo existido esa previsi�n se confi� en poder evitar el resultado. As�, en vez de violarse la Constituci�n por este precepto del C�digo Penal, se le da a ella apropiado cumpli�miento.

No se viola el art�culo 82 de la Constituci�n, pues las disposiciones acusadas en ninguna for�ma tienen relaci�n con la intervenci�n del Es�tado, ni el 215 que hace relaci�n a las actuaciones de la Corte ni ning�n otro de la Constituci�n.

En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n, y de acuerdo con el Procu�rador General.

1�. Es EXEQUIBLE el art�culo 110 del Decreto extraordinario n�mero 100 de 1980 (C�digo Pe�nal).

2�. Es EXEQUIBLE la expresi�n demandada ysuspensi�n de uno a cinco a�os en el ejercicio de la profesi�n, arte u oficio que hace parte del art�culo 329 del Decreto extraordinario n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal).

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en laGaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Manuel Gaona Cruz (con salvamento de voto), Mario Latorre Rueda, Ricardo Medina Moyano, CarlosMedell�n Forero (con salvamento de vo�to) Humberto Mesa Gonz�lez, Luis Carlos S�chica (con salvamento de voto), Oscar Salazar Chaves.

Los suscritos magistrados nos permitimos dis�crepar del fallo proferido con motivo de la de�manda instaurada contra los art�culos 110 y 329 (parcialmente) del nuevo C�digo Penal (Expe�diente n�mero 862), en lo referente a la exequibilidad, inciso 2� del art�culo 110, por las si�guientes razones:

1�. El an�lisis del inciso 2� del art�culo 110 permite deducir que si el veh�culo con el cual se ha cometido delito culposo est� adecuadamente asegurado no hay lugar al comiso, pero que se produce en caso de no existir su seguro adecuado.

Se ha querido ver en el comiso una medida le�gal relacionada con la garant�a del pago de per�juicios al ofendido, pero tambi�n se establece como elemento de penalidad por el il�cito come�tido. Este segundo car�cter es materia de discu�si�n entre los tratadistas del, derecho penal, al�gunos de los cuales sostienen que el comiso noes de naturaleza punitiva sino que m�s bien debeconsider�rsele como consecuencia civil del delito. Conocidos estos dos criterios relativos al comiso, veamos cu�l viene a ser su verdadero significado jur�dico en la realidad legal del art�culo 110.

2�. No tiene el comiso, tal como lo establece di�cho art�culo, finalidad de servir como garant�a en beneficio de los derechos de la v�ctima de de�lito culposo, porque si �sta lo denuncia para ha�cer efectiva sobre �l la indemnizaci�n a su favor, no se puede decretar el comiso, ya que �stees procedente "salvo el derecho del ofendido",como reza la norma. Cierto es que en esta clasede hechos suele retenerse el veh�culo como simple medida de polic�a, muy distinta del comiso. La garant�a para el ofendido radica en tal retenci�n del veh�culo, pero no en su comiso, que es fen�meno diferente.

Ahora bien, si el comiso procede cuando la v�c�tima del accidente no denuncia el veh�culo, se tiene entonces que, decretado el comiso, su objeto entra a ser propiedad del Estado, y como tal, tampoco puede ser materia de garant�a, lo que para el caso resultar�a inadecuado en trat�ndose de cosas afectas al patrimonio estatal. De donde en ninguno de los dos casos contemplados el comiso puede entenderse ni justificarse como una medida que tenga que ver con la indemnizaci�nde, los perjuicios causados.

3� Si no tiene tal car�cter, el comiso estable�cido por el art�culo 110 acusado adquiere la fi�sonom�a de pena. As� visto, resulta que es apli�cable cuando el veh�culo no est� adecuadamente asegurado, pero no puede existir en caso contra�rio, lo cual produce el fen�meno irregular del es�tablecimiento de una pena que depende de la circunstancia eventual de haberse adquirido o no el seguro adecuado, completamente extra�aal hecho punible. De esta manera la norma in�troduce en la legislaci�n penal una situaci�n discriminatoria al principio universal de la igual�dad de las personas ante la ley, que est� impl��cito en el art�culo 16 de nuestra Constituci�n Pol�tica, pues cuando en �l se determina que "las autoridades de la Rep�blica est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes", se excluye la posibilidad de que la ley que prescribela forma de brindar tal protecci�n la consagrapara unos y no para otros; en este caso, por lo que se refiere a la protecci�n de los bienes, para quienes estuvieran en posibilidad de asegurar adecuadamente el veh�culo, pero no para quienprobablemente por razones econ�micas en muchos casos, no pudieran hacerlo.

4�. Por �ltimo, advi�rtase que de haber sido declarado inexequible el inciso 2� del art�culo 110 del C�digo Penal, el comiso habr�a quedado establecido como medida general para todos los casos de comisi�n de il�citos, sin la excepci�n de los culposos en la forma discriminatoria que sedeja explicada.