Sentencia 1528 de 1987

300Corte SupremaCorte Suprema300300153251528doctor Fabio Mor�n D�az198712/03/19871528_doctor Fabio Mor�n D�az_1987_12/03/198730015325&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 27 REFERENCIA: Expediente n�mero 1528 1987

William Fernando Le�n Moncaleano.NORMA ACUSADA: art�culo 247 del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal). Contaminaci�n ambiental.Identificadores30030015326true88951Versi�n original30015326Identificadores

Norma demandada: �NORMA ACUSADA: art�culo 247 del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal). Contaminaci�n ambiental.

NORMA ACUSADA: art�culo 247C_PENAL#247* del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal). Contaminaci�n ambiental.

FECHA: Bogot�, D.E. marzo doce (12) de mil novecientos ochenta y siete (1987)

El ciudadano William Fernando Le�n Moncaleano, haciendo uso del derecho conferido por el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Pol�tica, ha presentado demanda de inconstitucionalidad contra el art�culo 247C_PENAL#247*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal (Decreto n�mero 100 de 1980), cuyo texto es como sigue:

"Art�culo 247C_PENAL#247*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Contaminaci�n ambiental. El que il�citamente contamine el ambiente, incurrir� sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar y siempre que el hecho no constituya otro delito, en prisi�n de uno (1) a seis (6) a�os y multa de cincuenta mil a dos millones de pesos".

"(...) la norma violada es el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional ya que el ejecutivo al tipificar el delito de contaminaci�n ambiental incurri� en una imprecisi�n y vaguedad respecto a su verbo recto pues habl� el art�culo 247C_PENAL#247*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de contaminar y precisamente como lo anotara el proceso (sic) Antonio J. Cancino, "contaminar es todo y es nada", ya que contamina quien enciende un cigarrillo o quien enciende su chimenea, existe entonces una imprecisi�n de tipicidad o mejor se viol� el principio de la legalidad y por ende los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26 *NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n que establecen que para que la persona sea juzgada y detenida debe serlo por los motivos precisos previamente fijados en la ley. Por consiguiente al existir imprecisi�n en el tipo, ya que el mismo autor citado sostiene, en criterios que comparto que la expresi�n que ha debido utilizarse es: "El que deteriore el ambiente", existe una inconstitucionalidad por imprecisi�n de la tipicidad y no se puede sostener que la norma demandada es una norma incompleta, pues tiene su verbo rector y su sanci�n, mas perecer�a una norma o tipo penal en blanco, pues su aplicaci�n depender�a de otras normas o de la violaci�n de otras normas de car�cter no penal como lo ser�an el art�culo 8oL0023_73#8o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Ley 23 de 1973, o sea del C�digo de Recursos Naturales que determina en forma gen�rica que la contaminaci�n es la alteraci�n del ambiente con sustancias o formas de energ�a. Pero volvemos a quedar en la misma situaci�n pues se contamina encendiendo una hoguera para cocinar o un cigarrillo y por lo tanto por imprecisi�n del verbo rector o violaci�n de la legalidad solicito a los se�ores magistrados la declaratoria de inexequibilidad, pues se viol� el art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF dela Constituci�n Nacional".

Mediante oficio n�mero 1096 del 10 de noviembre de 1986, el se�or Procurador General de la Naci�n emiti� concepto a trav�s del cual solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada por las siguientes razones:

"Los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, consagran el principio de la estricta legalidad, fundamento del Estado de Derecho, que en materia penal, responde al aforismo "nullum crimen sine lege". Los citados c�nones superiores, proh�ben de manera clara y expresa la indeterminaci�n del hecho punible, puesto que, como dijo la Corte en sentencia del 10 de febrero de 1983 "exigen al legislador la certidumbre o certeza del derecho punitivo o la legalidad expresa y estricta, inequ�voca, clara, impersonal y preexistente".

"Sin embargo, esa precisi�n que exige la Corte, ni implica que la norma penal deba agotar necesariamente todos los t�rminos de la definici�n, ya que las reglas de interpretaci�n establecen que cuando las palabras de la ley hayan sido definidas expresamente para ciertas materias "se les dar� en �stas su significado legal" (art�culo 28C_CIVIL#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF C.C.).

"En efecto, el C�digo Penal, constantemente utiliza t�rmino cuya significaci�n depende de otras ciencias o diferentes leyes, sin que por tal motivo pueda considerarse que la descripci�n del tipo penal sea vaga o incompleta ,porque el principio de legalidad no se infringe con la remisi�n a disposiciones de otro orden legal, siempre que �stas sean precisas.

"Habida cuenta que "la expresi�n contaminaci�n ambiental tiene una definici�n t�cnico legal, claramente elaborada en el C�digo de Recursos Naturales", la comisi�n aprob� por unanimidad el nuevo texto que suprimi� la frase en la cual se tipificaba como elemento del delito el "grave perjuicio para las personas, los animales y los recursos naturales".

"Ahora bien, si se analiza la definici�n dada por el art�culo 8oL0023_73#8o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, transcrita se advierte, en primer lugar, que la contaminaci�n ambiental es un factor deterioro del ambiente o sea que no es exactamente un tipo de acci�n (u omisi�n), sino una causa que junto con tras lo produce. Entonces, la contaminaci�n as� definida es la alteraci�n del ambiente que sea factor de deterioro. Luego la contaminaci�n depende de la valoraci�n de los resultados, para cual el juez debe acudir a conocimientos ajenos a las ciencias jur�dicas.

"Por otra parte, no toda la definici�n encaja dentro de la tipicidad penal, pues seg�n ella, la contaminaci�n puede ser producida por "actividad humana" o de la naturaleza, por lo que no siempre se deslinda claramente la responsabilidad del hombre y de las fuerzas naturales.

"Finalmente, e mismo art�culo introduce otros elementos como "en cantidades o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y fauna, degradar la calidad del ambiente...", que dejan a la discrecionalidad del fallador la definici�n de la conducta incriminada.

"Adem�s de la imprecisiones relativas al significado de contaminaci�n ambiental, el art�culo acusado introduce un nuevo concepto vago con la palabra "il�citamente", ya que ello presupone la existencia de otras disposiciones que permiten, autorizan o proh�ben, de modo que la punibilidad penal depende de disposiciones administrativas, tales como las que expide la Comisi�n Conjunta para Asuntos Ambientales, creada por el Decreto n�mero 1415 de 1978, a la cual corresponde precisamente "definir, cuando se trata de actividades susceptibles de producir efectos deteriorantes tanto para la salud humana como para los recursos naturales renovables, requisitos y par�metros generales", relacionados con las declaraciones y estudios que deben presentar las personas, cuyas actividades puede constituir peligro de producir deterioro ambiental" (art�culos 27D2811_74#27*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28D2811_74#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 2811 de 1974)

Teniendo en cuenta que el Decreto n�mero 100 de 1980 fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 5 de 1979, la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal competente para fallar acerca de su constitucionalidad.

Seg�n lo dispone el art�culo 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Pol�tica, que consagra una preciosa garant�a inherente al concepto mismo de Estado de Derecho, en Colombia nadie puede ser penado ex pos ipso, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determin�ndose la pena o sanci�n a �l correspondiente.

Esto implica un l�mite fundamental para quien tiene la potestad de imponer las sanciones en casos concretos (el juez), cuanto no le es dado castigar por motivos no determinados por el legislador ni se�alar penas diferentes a las contempladas en la norma como correspondiente a la conducta legalmente prevista.

Pero el mandato constitucional tambi�n cobija al propio legislador, en cuanto que para erigir en delito una conducta, est� obligado a definir, a precisar sus contornos, y/o como lo dice el precepto constitucional citado, a determinar el hecho en forma que no deje lugar a dudas sobre cuando se delinque y cuando no, y la consecuencia punitiva correspondiente. En eso consiste el principio de la legalidad, b�sica garant�a, constitucional que sustenta los principios y normas del C�digo Penal.

El prop�sito de la tutela as� prevista por la Carta es el de garantizar un verdadero derecho, adem�s fundamental, que asiste al destinatario de la norma, y que radica en conocer con entera certidumbre y en todos sus detalles cuales son las conductas que la ley se�ala como delictivas, as� como las penas que su incursi�n en ellas puede acarrearle.

La demanda que se estudia impugna la norma de inconstitucionalidad por dos razones por considerar que ella no re�ne los requisitos exigidos para que sea t�pica y porque en su redacci�n se violan los principios de la t�cnica legislativa.

En cuanto al primer punto, es necesario distinguir entre legalidad y tipicidad. La legalidad hace relaci�n a la exigencia constitucional de que nadie puede ser juzgado por un delito que no est� previamente definido como tal por la ley penal. La tipicidad, por su parte, es un concepto doctrinario de una escuela de derecho, la dogm�tica jur�dica, seg�n la cual la legalidad debe concretarse en la totalidad de los elementos que constituyen el tipo delictivo.

Como ya lo dijo la Corte, en sentencia anterior, la interpretaci�n de las normas constitucionales no puede hacerse en funci�n de las concepciones te�ricas de una determinada escuela jur�dica, m�xime cuando ellas no han tenido siguiera la suficiente sedimentaci�n doctrinal y se hallan en permanente contradicci�n interna. As� dijo la Corte en sentencia de su Sala Plena:

"1.- La Corte reitera que la Constituci�n no sigue ni exige escuela alguna del derecho penal. El legislador puede trazar aut�nomamente los derroteros doctrinarios del incriminativo, con las �nicas condiciones limitantes de que sean compatibles con las normas de aquella, o sea, de que est�n acordes con lo que ella mande o permita y no consagren lo que ella proh�ba (sentencia de 2 de junio de 1981).

"Por consiguiente, cuando el legislador proscriba principios de una doctrina del derecho penal o cuando instituya otros, sin contradecir las prescripciones de la Carta, ha de entenderse que dichas facultades le est�n permitidas y que s�lo cuando atenten contra aquellas son inconstitucionales. As� las cosas, el �mbito de regulaci�n punitiva del legislador es amplio y diverso, pero no arbitrario" (Proceso n�mero 989, Magistrado ponente: doctor Manuel Gaona Cruz).

Por eso, en este sentido, para algunos de los partidarios de la teor�a de la tipicidad, s�lo son elementos del tipo los puramente objetivos; para otros, la tipicidad incluye la antijuridicidad, y se habla m�s espec�ficamente del delito como "una conducta t�picamente antijur�dica" y para otros, la culpabilidad est� incluida dentro de la tipicidad. Si se aceptara el planteamiento del recurrente de que la legalidad debe definirse en t�rminos de tipicidad, muchas de las normas del C�digo Penal devendr�an inconstitucionales, seg�n el enfoque te�rico que se adopta.

Por otra parte, se considera que la conducta a que hace referencia la norma acusada no es clara en su estructuraci�n porque se define por su resultado, contaminar, y no por los comportamientos concretos que producen la contaminaci�n. Este reparo desconoce los desarrollos actuales de la t�cnica legislativa, que def�nelos delitos precisamente por sus resultados, y no por los comportamientos concretos que puedan dar lugar a ellos, pues �stos son absolutamente imprevisibles. As�, cuando en el C�digo Penal derogado se defin�a la falsedad por los distintos comportamientos (quien contrahaga o finja letra, firma o r�brica, etc) en el C�digo actual s�lo se habla de falsificar documentos p�blicos o privados.

Por �ltimo, se censura la norma por incluir en su contexto un elemento normativo, il�citamente, el cual la hace, en opini�n del censor, completamente vaga. En primer lugar, en un gran n�mero de normas penales de nuestro ordenamiento jur�dico se incluye este elemento normativo. Tal ocurre, por ejemplo, en la mayor�a de los delitos contra los recursos naturales (il�cito aprovechamiento de recursos naturales, ocupaci�n il�cita de parques y zonas de reserva forestal, etc), en el delito de estafa (aprovechamiento il�cito), y en muchos otros casos.

Por otra parte, esta referencia a elementos normativos contenidos en otras normas constituye el fen�meno jur�dico de la norma penal en blanco, que en ocasiones puede dar lugar a dificultades en su aplicaci�n, pero que en este caso no genera reproche de inconstitucionalidad.

En este sentido, el Decreto-ley n�mero 2811 de 1974, por el cual se dicta el C�digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci�n al Medio Ambiente, proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 23 de 1973, define la contaminaci�n en su art�culo 8oL0023_73#8o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, as�:

"Art�culo 8oL0023_73#8o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

"a) La contaminaci�n del aire, de las aguas, del suelo y de los dem�s recursos naturales renovables. Se entiende por contaminaci�n la alteraci�n del ambiente con sustancias o formas de energ�a puestas en �l, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la naci�n o de los particulares.

"Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaci�n de elementos, o forma de energ�a que actual o potencialmente pueda producir alteraci�n ambiental de las precedentemente descritas. La contaminaci�n puede ser f�sica, qu�mica o biol�gica.

"g) La extinci�n o disminuci�n cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos gen�ticos;

"i) La introducci�n, utilizaci�n y transporte de especies animales o vegetales da�inas o de productos de sustancias peligrosas;

"l) La acumulaci�n o disposici�n inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;

"o) La eutrificaci�n, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas;

"p) La concentraci�n de poblaci�n humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud;

Se trata de una normatividad, que si bien no es conocida como debiera serlo, constituye una aut�ntica defensa de la calidad de la vida humana, hacia la cual evoluciona progresivamente, el Derecho P�blico. El Estado tiene indudablemente el deber de incorporar a su acci�n efectiva la defensa del medio, deber que puede incluirse a�n en su cl�sica funci�n de protecci�n de la vida de los residentes en Colombia, que consagra el art�culo 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF dela Carta.

La descripci�n legal de la conducta punible en la norma acusada, es decir "el que il�citamente contamine el ambiente" resulta clara e inequ�voca al tenor de la definici�n del C�digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci�n al Medio Ambiente. Los destinatarios de la norma, los contaminadores potenciales, pueden tener seguridad y certeza de cual es concretamente la conducta que merece el reproche legal.

Por las anteriores razones, no observa la Corte en la norma acusada violaci�n alguna a los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, ni de ninguna otra norma de la Constituci�n Nacional, y as� habr� de declararlo.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - previo estudio de su Sala Constitucional y despu�s de conocido el concepto del se�or Procurador General de la Naci�n,

Decl�rase EXEQUIBLE el art�culo 247C_PENAL#247*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal), que dice:

"Contaminaci�n ambiental. El que il�citamente contamine el ambiente, incurrir� sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar y siempre que el hecho no constituya otro delito, en prisi�n de uno (1) a seis (6) a�os y multa de cincuenta mil a dos millones de pesos".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.