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300Corte SupremaCorte Suprema300300146961715Hernando Gómez Otálora.198709/12/19871715_Hernando Gómez Otálora._1987_09/12/198730014696UNA COSA ES DEROGAR DISPOSICIONES LEGALES PREEXISTEN­ TES, PARA LO CUAL ESTA AUTORIZADO EL LEGISLADOR (Art. 76 ordinal 1 o C.N.) Y OTRA BIEN DISTINTA ES DESCONOCER LOS DERECHOS ADQUIRIDOS CON JUSTO TITULO. DESCUENTOS TRIBUTARIOS PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE AEREO. Exequible el artículo 108 de la Ley 75 de 1986, en el aparte que deroga el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 177. 1987
Guillermo Gómez TéllezDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 en el aparte que deroga el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981Identificadores30030014697true88129Versión original30014697Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 en el aparte que deroga el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981


UNA COSA ES DEROGAR DISPOSICIONES LEGALES PREEXISTEN­TES, PARA LO CUAL ESTA AUTORIZADO EL LEGISLADOR (Art. 76 ordinal 1o C.N.) Y OTRA BIEN DISTINTA ES DESCONOCER LOS DERECHOS ADQUIRIDOS CON JUSTO TITULO. DESCUENTOS TRIBUTARIOS PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE AEREO.

Exequible el artículo 108 de la Ley 75 de 1986, en el aparte que deroga el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 177.

Referencia: Expediente número 1715. Demanda de inconstitucionalidad con­tra el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 en el aparte que deroga el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981. Actor: Guillermo Gómez Téllez.

Ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por acta número 55.

Bogotá, D. E., diciembre nueve (9) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. LA DEMANDA

El ciudadano Guillermo Gómez Téllez acude a la Corte, con apoyo en el artículo 214 de la Constitución Política, para solicitar que se declare inexequible el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 en cuanto deroga el artículo 1º de la Ley 2a de 1981.

Dice así la disposición demandada (se subraya lo pertinente);

«LEY 75 DE 1986

(diciembre 23)

"Por la cual se expiden normas en materia tributaria de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones".

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

…………….

Artículo 108. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes normas: el artículo 4° de la Ley 121 de 1960; el artículo 21 del Decreto 2963 de 1960; el artículo 15 de la Ley 63 de 1967; el artículo 5° de la Ley 27 de 1969; el artículo 6° del Decreto 1979 de 1974; los artículos 10 numeral 2º, 16 literal c), 41, 46. 49, 65, 70, 72, 73, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 99, 131 y 136 del Decreto 2053 de 1974; los artículos 52 parágrafo 63, 64, 67, 72, 79 y 81 del Decreto 2247 de 1974; los artículos 8º inciso final del Decreto 2310 de 1974; los artículos 4o, 13, 15 y 23 del Decreto 2348 de 1974; la Ley 49 de 1975; los artículos 4°, 6º, 7º, 8° y 9º de la Ley 19 de 1976; el artículo 68 incisos 2º, 3º, y 5° de la Ley 52 de 1977; los artículos 10, 13, 14, 19, 21 y 22 de la Ley 54 de 1977; los artículos 2º, 3o, 6o parágrafos 1o y 2o, 7. 10, 11, 13, 29 y 30 de la Ley 20 de 1979; el artículo 4a literal b) de la Ley 67 de 1979; elartículo 1º de la Ley 2a de 1981; el artículo 3o inciso 1" de la Ley 21 de 1982; los artículos 39 incisos 2º y 3º, y 67 del Decreto 3803 de 1982; el artículo 5o del Decreto 386 de 1983; el artículo 19 del Decreto 398 de 1983; los artículos 7o, 8o, 9°, 10, 11, 12, 34, 15 parágrafo 33º, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 42,46 literal b) y parágrafo 3º, 48 y 107 de la Ley 9a de 1983; el artículo 11 del Decreto 3448 de 1983; el artículo 5º de la Ley 50 de 1984; el artículo 2º del Decreto 3854 de 1985; el artículo 34 de la Ley 55 de 198 5; el artículo 13, inciso 2° de la Ley 58 de 1985; el artículo 22 del Decreto 469 de 1986; los artículos 21, 22, 23, 24 y 28 del Decreto 470 de 1986; y las demás normas que le sean contrarias».

Sostiene el actor que la norma derogatoria transcrita viola el artículo 30 de la Constitución por cuanto atenta contra los derechos adquiridos a la luz del artículo 1º de la Ley 2ª de 1981, cuyo texto era el siguiente:

«LEY 2ª DE 1981

(enero 13)

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"Artículo 1o. Sólo para los efectos del impuesto sobre la renta y complementarios y en las condiciones señaladas en el artículo 99 del Decreto Legislativo número 2053 de 1974, prorrogase por el término de diez (10) años, a partir del año gravable de 3980, el descuento tributario establecido para las empresas colombianas de transporte aéreo.

Parágrafo. Las exenciones de que trata la presente ley se aplicarán igualmente a las empresas de servicio de fumigación aérea, que estén debidamente autorizadas por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y vigiladas por la Superinten­dencia de Sociedades".

Expresa el demandante que las empresas de fumigación aérea que cumplieron los requisitos exigidos por el artículo que antecede adquirieron con justo título el derecho de gozar del beneficio tributario allí señalado por el término de diez (10) años, a partir de 1980. Ese derecho no podrá ser vulnerado o desconocido por leyesposteriores, como es el caso de la 75 de 1986.

A juicio del demandante, el artículo 1º de la Ley 2a de 1981 constituye justo título para que empresas de fumigación aérea adquieran el derecho a gozar de un beneficio fiscal mediante la expresión de su voluntad a través del cumplimiento de los requisitos allí previstos. Esa ley "creó en su favor una situación jurídica individual o particular, de ninguna manera abstracta", y por tanto, el artículo 108 de la Ley 75 de1986 tiene efecto retroactivo, lo cual resulta inconstitucional".

II. CONCEPTO DEL PROCURADOR

Mediante oficio 1254 del 8 de octubre de 1987, el señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare exequible la norma demandada, y al efecto manifiesta:

"La creación y cobro de impuestos es un acto unilateral, procedente de la soberanía del Estado, que obliga a todos y que está inspirado en motivos de utilidad pública e interés social; sin embargo, también en ejercicio de esa soberanía, el Estado por motivos de conveniencia, de estímulo a determinada actividad económica, o por razones sociales, tiene la potestad de declarar exentos bienes que serían susceptibles de imposición, lo cual no le impide que en un momento dado reimplante el tributo, ya que en esta materia no existe limitación constitucional alguna.

"Sentado lo anterior, al estudiar la presente demanda es preciso partir del hecho de que, según lo expresado repetidamente por la honorable Corte el artículo 30 de la Constitución acoge, entre otros, los siguientes fundamentales principios: la garantía de la propiedad privada y de los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas; la irretroactividad de laley en relación con estos derechos y con los emanados de las leyes administrativas, y elpredominio del interés público sobre el privado, en caso de conflicto entre ellos.

"En relación con la primera de las anotadas garantías es pertinente precisar que los derechos amparados son los adquiridos 'con arreglo a las leyes civiles'y se entiende por éstas las que regulan las situaciones entre los particulares, en cuya aplicación se deja amplio margen para que se exprese la autonomía de la voluntad, noción que marcha paralela frente a la ley administrativa, que es la que rige las relaciones entre el Estado y los particulares, con sujeción de éstos al primero y que por ende es impositiva.

"Con base en lo anotado forzoso es concluir que las leyes tributarias son de carácter administrativo y en consecuencia mal puede predicarse frente a ellas la garantía de los derechos adquiridos bajo su imperio, puesto que de la norma constitucional, protectora de bienes e intereses privados, no puede derivarse tina limitación a la fundamental e incondicionada potestad impositiva del Estado que para atender su funcionamiento y obligaciones, señala los gravámenes, los aumenta, disminuye o deroga, siempre con fundamento en el interés público.

"Ahora, la norma que consagró la exención que en esta oportunidad se analiza, es una norma de carácter general, que si bien generó situaciones ventajosas para ciertos contribuyentes en un momento determinado, no otorgó a éstos la garantía de que en el futuro no podrán ser gravados, puesto que el derecho a la exención se causa año por año una vez cumplido el respectivo año gravable.

"…………………

"Es un hecho cierto que la aplicación de la ley con efecto retroactivo, está vedada en la Carta Constitucional excepción hecha de la permisiva o favorable en materia criminal consagrada en el artículo 26 de la misma. Las leyes imperan para el futuro y cuando una deroga otra anterior, no retrotrae los efectos de la derogatoria sino que regula las situaciones que se presenten en el porvenir. Vale la pena anotarque cuando el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 dio fin al beneficio que el artículo 1o de la Ley 2ª de 1981 había otorgado a las empresas de transporte y fumigación aéreos,ya se habían creado situaciones en favor de éstas, las cuales quedaron consolidadas hasta la fecha en que entró a regir el estatuto, diciembre 24 de 1986; frente a los años gravables a cumplirse con posterioridad a tal data, sólo existían meras expectativas, no derechos adquiridos".

III. DEFENSA DE LA NORMA

La ciudadana María del Pilar Abella Mancera, en escrito presentado a la Corte el 7 de octubre de 1987, dice en torno a su constitucionalidad:

"La única restricción que se tiene en materia de derogatorias es el respeto a los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas que se concretaron durante la vigencia de la ley anterior- Pero esta restricción no significa que ciertas leyes no puedan derogarse, sino que toda derogatoria debe producir efectos hacia el futuro, no pudiendo ser retroactiva.

"Argumenta el actor que el hecho de haber cumplido las empresas de fumiga­ción aérea con los requisitos a que se refiere el parágrafo del artículo 1º de la Ley 2ª de 1981, las ubica en la figura de derechos adquiridos; y que por haber sido desconoci­dos, la derogatoria de la norma es inexequible.

"El punto central radica en saber cuándo se concreta la situación jurídica en materia de descuentos tributarios: Para el demandante esto ocurre desde el momento mismo en que las empresas de fumigación cumplen con los requisitos que señala el parágrafo 1o al decir:

'"Las exenciones de que trata la presente ley se aplicarán igualmente a las empresas de servicio de fumigación aérea, que estén debidamente autorizadas por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y vigiladas por la Superintenden­cia de Sociedades' (Ley 2ª de 1981, art.1º,par.).

"Observamos que en realidad el parágrafo no hace exigencias a las empresas de fumigación, sino que califica el sujeto beneficiario del descuento, de modo que no se dirige a todas las empresas de fumigación, sino a las que estén autorizadas por el DAAC y vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Otra cosa es que volunta­riamente todas las que no reúnan tales condiciones se hayan querido revestir de ciertas formalidades para entrar a formar parte del grupo beneficiado.

"Además los llamados 'requisitos' no son exigencias que se hacen en materia tributaria, sino controles que efectúan las entidades estatales competentes y a los que se someten las empresas de fumigación no sólo para gozar el descuento, sino para obtener el permiso de operación at cual según la Resolución 984 de 1987 del DAAC, tiene vigencia de solo tres años y es exigido por el Manual de Reglamentos Aeronáuti­cos para poder realizar trabajos aéreos especiales. La vigilancia por la Superintenden­cia de Sociedades es también un control que existe independientemente del descuen­to tributario y que a su vez deben cumplir las empresas para obtener el permiso de operación del DAAC. Puede suceder que determinada empresa cumpla estos requisi­tos y sin embargo no tenga derecho al descuento.

"No es cierto entonces que el cumplimiento de las condiciones que señala el demandante coloque a las empresas en una situación jurídica concreta de la que puedan derivar un derecho a gozar el beneficio por diez años. Para ellas el descuento tributario era tan solo una norma abstracta, que potencialmente las podía beneficiar, pero que aún no había obrado por los años gravables 1986 y siguientes.

"Teniendo en cuenta que el descuento no podía exceder el 100% del valor del impuesto, no generaba saldos a favor objeto de devolución, compensación ni trasla­dables al período siguiente y por lo mismo el impuesto de cada año se descontaba con plena independencia del correspondiente a períodos anteriores y posteriores, quedan­do año a año consolidado el correspondiente descuento.

"En el momento en que entró a regir la Ley 75 de 1986 (24 de diciembre de 1986), se habían definido las situaciones jurídico-tributarias de los años gravables 1980 a 1985 inclusive, bajo la vigencia de la Ley 2ª de 1981, no pudiendo en nada ser alteradas por la nueva ley la cual los respeta íntegramente.

"Pero a partir del año gravable 1986, los contribuyentes no habían realizado ningún acto que los colocara en situación concreta frente al descuento, pues ni siquiera para esos años había nacido el impuesto. Ysinimpuestos tampoco hay materia descontable; luego la situación es meramente abstracta y por lo tanto la derogatoria de la norma es constitucional pues sus efectos solamente se producen hacia el futuro".

IV.CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia.

Ya que se trata de una demanda instaurada contra norma contenida en una Ley de la República, es competente la Corte Suprema de Justicia para decidir con carácter definitivo sobre su constitucionalidad (art. 214 C.N.).

2. Las normas derogadas.

El artículo 99 del Decreto Legislativo 2053 de 1974 estableció un descuento tributario a favor de las empresas colombianas de transporte aéreo en los siguientes términos:

"Descuento para empresas colombianas de transporte aéreo.

"Las empresas colombianas de transporte aéreo tienen derecho a descontar el ciento por ciento (100%) del impuesto .sobre la renta, siempre y cuando lo destinen a la renovación, adición o mantenimiento de sus propios equipos de vuelo, o a efectuar aportes anuales hasta de un cincuenta por ciento (50%) del valor del descuento, en empresas latinoamericanas de transporte aéreo internacional. Este descuento sólo se concede hasta 1979, inclusive".

El artículo 1º de la Ley 2ª de 1981 prorrogó ese beneficio por diez años, a partir del año gravable de 1980, para las mencionadas empresas, y en su parágrafo lo extendió a las empresas de servicio de fumigación aérea que estuvieran debidamente autorizadas por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y vigiladas por la Superintendenciade Sociedades.

El artículo 108 de la Ley 75 de 1986 derogó expresamente tanto el artículo 99 del Decreto Legislativo 2053 de 1974 como el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981.

3. Alcance de la disposición derogatoria.

A juicio de la Corte, una cosa es derogar disposiciones legales preexistentes, para lo cual está autorizado el legislador (art. 76, ord. 1° C.N.), y otra bien distinta es desconocer los derechos adquiridos con justo título por particulares a la luz de leyes anteriores, lo cual está prohibido expresamente por el artículo 30 de la Carta Política.

''En el caso objeto de este proceso, el artículo 108 de la Ley 75 de 1986, se limitó a enumerar los preceptos derogados, por vía general, esto es, sin hacer referencia favorable ni desfavorable a las situaciones particulares y concretas que se hubieren consolidado al amparo de dichas disposiciones mientras tuvieron vigencia.

Lo anterior quiere decir que el objeto del artículo en mención no fue otro que el de cristalizar la voluntad del legislador en el sentido de que, hacia el futuro, dejaran de regir las normas que enunciaba.

De allí no se puede colegir, ni en lógica, ni en derecho, que el legislador hubiese desconocido situaciones concretas, ya que la sola derogatoria no implica afirmación ni negación en lo que a ellas atañe, pues se trata de dos niveles jurídicos claramente diferenciabas: el general o abstracto, propio de la ley, y el particular o específico, en el que corresponde actuar, según sus competencias, a las autoridades judiciales o administrativas.

Declarar derogada una norma que consagraba cierto beneficio tributario en modo alguno significa poner en tela de juicio los derechos que, en casos concretos (como los planteados por el actor en cuanto a empresas de fumigación aérea), se hubieren radicado en cabeza de personas particulares durante el tiempo en que tal beneficio era aplicable, ya que no es asunto del legislador sino de la administración tributaria y, en su caso, de los organismos jurisdiccionales competentes, definir si en cada caso se cumplieron (durante la vigencia de la norma que consagraba el benefi­cio) los requisitos legalmente exigidos para entender que se trataba de un derecho adquirido y no de una mera expectativa.

Lo que tutela la norma constitucional es la seguridad que debe cobijar a las personas en el sentido de que situaciones consolidadas a la luz de leyes anteriores no resulten después desconocidas, pero de ninguna manera significa que la normaabstracta y general a cuyo amparo esas situaciones se consolidaron deba obligatoria­mente seguir rigiendo, pues ello equivaldría no solo a petrificar la legislación sino a forzar a que se sigan consolidandoad infinitum aún contra las conveniencias públicas por haberse maniatado al legislador.

Según el texto del artículo 30, los derechos adquiridos con justo título no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Ello impide que el legislador dicte nuevas normas que los violen o por medio de las cuales se establezca que esos derechos no existen o que no se reconocen. Pero tal no es el caso presente, ya que cuando derogó el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981, no dijo el legislador que las empresas de fumigación aérea que habían cumplido ya los requisitos en cuya virtud gozarían del descuento tributario en los términos que la norma derogada establecía, perderían el derecho a ese descuento. Dijo, simplemente que, en adelante, no rige ese tratamiento tributario especial, de donde se colige que aquellas empresas de fumigación aérea que, al momento de la derogatoria, aún no habían cumplido latotalidad de los requisitos legales y, por tanto, aún no gozaban de un derechoadquirido sino que tenían una mera expectativa, no pueden aspirar a que ese derechollegue a radicarse en su cabeza".

Dado lo anterior, no encuentra la Corte que la norma acusada haya vulnerado ni desconocido derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles ni violado, por tanto, el artículo 30 de la Constitución. Se estima que el legislador actuó en desarrollo del artículo 76, ordinal 1º de la Carta.

DECISIÓN:

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

"Declárase exequible el artículo 108 de la Ley 75 de 1986 en el aparte que deroga el artículo 1º de la Ley 2ª de 1981".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José AlejandroBonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Man­tilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde. Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario General