Sentencia 1753 de 1988

300Corte SupremaCorte Suprema300300146711753Jairo E, Duque P�rez198825/02/19881753_Jairo E, Duque P�rez_1988_25/02/198830014671&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 17 REFERENCIA: Expediente n�mero 1753. 1988

William Fernando Le�n MoncaleanoAcci�n de inexequibilidad parcial contra los art�culos 94, 95, 96 y 100 del Decreto n�mero 100 de 1980. Medidas de seguridad para los inimputables.Identificadores30030014672true88219Versi�n original30014672Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad parcial contra los art�culos 94, 95, 96 y 100 del Decreto n�mero 100 de 1980. Medidas de seguridad para los inimputables.

Acci�n de inexequibilidad parcial contra los art�culos 94C_PENAL#94*, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980. Medidas de seguridad para los inimputables.

TEMA: MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS INIMPUTABLES, CUANDO EL SUJETO RECOBRA SU NORMALIDAD PS�QUICA O HA SIDO ADQUIRIDA AL MENOS RELATIVAMENTE, SU ADAPTABILIDAD AL MEDIO SOCIAL EN QUE SE DESENVUELVE. COSA JUZGADA.

Est�se a lo resuelto en sentencia n�mero 8 de febrero 4 de 1988. Declara exequible el inciso 2o. del art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980.

FECHA: Bogot�, D.E., febrero veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

En ejercicio de la acci�n que consagra el art�culo 214CONS_P91#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional el ciudadano William Fernando Le�n Moncaleano acude a la Corte para que declare la inexequibilidad parcial de los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal).

La demanda fue admitida y el Procurador rindi� la vista fiscal de rigor, es por tanto la oportunidad para que la Corte en Sala Plena, se pronuncie sobre la solicitud impetrada. A ella se procede.

A continuaci�n se transcriben los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 y se subrayan las partes materia de impugnaci�n:

Art�culo 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Internaci�n para enfermo mental permanente. Al inimputable por enfermedad mental permanente, se le impondr� medida de internaci�n en establecimiento psiqui�trico o cl�nica adecuada, de car�cter oficial, en donde ser� sometido al tratamiento cient�fico que corresponda.

Esta medida tendr� un m�nimo de dos (2) a�os de duraci�n y un m�ximo indeterminado. Se suspender� condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad ps�quica.

Art�culo 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Internaci�n para enfermo mental transitorio. Al inimputable por enfermedad mental transitoria, se le impondr� la medida de internaci�n en establecimiento psiqui�trico o similar, de car�cter oficial, en donde ser� sometido al tratamiento que corresponda.

Esta medida tendr� un m�nimo de seis (6) meses de duraci�n y un m�ximo indeterminado. Transcurrido el m�nimo indicado se suspender� condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad ps�quica.

Art�culo 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Otras medidas aplicables a los inimpulables. A los inimputables que no padezcan enfermedad mental, se les impondr� medida de internaci�n en establecimiento p�blico o particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educaci�n o adiestramiento industrial, artesanal o agr�cola.

Esta medida tendr� un m�nimo de un (1) a�o de duraci�n y un m�ximo indeterminado. Se suspender� condicionalmente cuando se establezca que la persona haya adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolver� su vida.

Cuando se tratare de ind�gena inimputable por inmadurez psicol�gica, la medida consistir� en la reintegraci�n a su medio ambiente natural.

Art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Revocaci�n de la suspensi�n condicional. Podr� revocarse la suspensi�n condicional de la medida de seguridad cuando o�do el concepto del perito, se haga necesaria su continuaci�n. Transcurridos diez (10) a�os continuos desde la suspensi�n condicional de una medida de seguridad de duraci�n m�xima indeterminada, el juez declarar� su extinci�n, previo dictamen de perito".

Considera el demandante que las normas acusadas vulneran los principios de legalidad de la pena, tipicidad y debido proceso que consagran los art�culos 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Pol�tica. Sus argumentos son los siguientes:

Para que las penas que fije el legislador est�n acordes con el principio de la legalidad consagrado en el primer texto, deben estar se�aladas con precisi�n en el m�nimo y m�ximo, lo que no ocurre en los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF acusados, pues si bien se�alan para los inimputables el m�nimo de la pena, los m�ximos son indeterminados.

Apoyado en esta indeterminaci�n advierte que la previsi�n legal es injusta e inhumana para los enfermos mentales que delinquen toda vez que implica que a �stos se les sanciona por su enfermedad y no por el hecho cometido y por ende "su reclusi�n es de por vida".

Finalmente aduce, que el inciso 2o. del art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF atenta contra el debido proceso, por cuanto "la suspensi�n o cesaci�n de la medida de seguridad son t�rminos sin�nimos o mejor son un mismo evento procesal y para tomarse esta determinaci�n se requiere de un (sic) peritazgo m�dico", de manera que la suspensi�n de la medida indica "la mediana recuperaci�n", o la "curaci�n total" del enfermo, por tanto considera absurdo e inconstitucional que deba esperarse 10 a�os para decretar la extinci�n de la medida de seguridad "cuando en realidad la medida debe suspenderse o cesarse (sic) con base en el experticio m�dico y debe hacerse de manera definitiva".

Advierte el Procurador que las expresiones "un m�ximo indeterminado" contenidas en los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, fueron objeto de una acusaci�n anterior y la Corte se inhibi� para decidir sobre el fondo de la petici�n por que configurarse un caso de proposici�n jur�dica incompleta. No obstante, respecto dichos art�culos solicita a la Corte "estar a lo resuelto" en la sentencia n�mero 118 de agosto 20 de 1987", en la cual precisamente esta Corporaci�n se abstuvo de pronunciarse sobre su exequibilidad.

Respecto del art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, el Jefe del Ministerio P�blico hace suyo el criterio expuesto en el salvamento de voto a la sentencia mencionada, elaborado por el ponente de esta providencia y suscrito por seis magistrados, en punto a la distinci�n entre las penas y medidas de seguridad; a la connotaci�n de estas �ltimas como "medidas de protecci�n para el inimputable y la sociedad"; a la imposibilidad de que pueda determinarse previamente el t�rmino m�ximo de la medida de internaci�n dada la finalidad que estas persiguen de curaci�n efectiva del inimputable y a que esta indeterminaci�n es solo aparente pues el juez "tiene poderes suficientes para suspenderlas y en todo caso declarar su extinci�n".

Considera entonces el Procurador que es exequible el art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF acusado.

La Corte tiene competencia para decidir sobre la presente demanda, por cuanto ella se dirige contra los preceptos de un decreto dictado por el Presidente en ejercicio de las facultades extraordinarias de que trata el art�culo 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF-12 del Estatuto Fundamental.

Conforme lo advierte el Procurador, los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, hab�an sido demandados parcialmente dentro del Proceso 1613 que concluy� como la sentencia n�mero 118 de agosto 20 de 1987, en la cual la Corte se inhibi� para decidir sobre su constitucionalidad, por carencia de unidad normativa.

Pero la �ndole inhibitoria de este prove�do no permite que la Corte, en raz�n del principio de la cosa juzgada que invoca el agente fiscal, se abstenga de decidir nuevamente sobre la inconstitucionalidad deprecada pues no habiendo reca�do dicho fallo sobre el fondo de la acci�n no es apto para generar el efecto propio de la cosa juzgada. Lo contrario sucede con la sentencia n�mero 8 de febrero 4 de 1988 (Proceso n�mero 1730) por la cual declar� la Corte la exequibilidad de los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal; en virtud de que esta decisi�n recay� sobre el fondo de la pretensi�n incoada contra las citadas disposiciones del C�digo de Procedimiento Penal habr� de abstenerse de reexaminarlas nuevamente y dispondr� que se est� a lo all� resuelto.

En este fallo que se inspir� en el salvamento de voto) de algunos magistrados a la sentencia de 20 de agosto de 1987, sostiene la Corte que las medidas de seguridad a pesar de que se imponen como consecuencia del delito persiguen la readaptaci�n del inimputable a la vida social; consecuente con esta finalidad de recuperaci�n del inimputable las medidas de seguridad son esencialmente revocables en cuanto las condiciones an�micas del sujeto lo exijan, circunstancias que se deben constat`r o verificar cient�ficamente por el perito m�dico; por la misma raz�n son indeterminadas en su m�ximo como lo disponen los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF declarados constitucionales; no tienen pues, propiamente, el car�cter de sanci�n penal ya que el C�digo Penal las margina del T�tulo de la punibilidad.

Tercera. "Constitucionalidad del inciso 2o. del art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980.

Como se ha se�alado, las disposiciones declaradas exequibles establecen la duraci�n m�nima de las medidas de seguridad que se imponen a quienes han incurrido en un hecho criminoso pero que no pueden actuar culpablemente por tener perturbaci�n de sus facultades mentales o desarrollo mental incompleto. Ellas pueden suspenderse por el juez, pues su duraci�n m�xima, dentro de un criterio l�gico y cient�fico, est� condicionada por la curaci�n del sujeto o su readaptaci�n al medio social toda vez que est�n desprovistas de car�cter sancionatorio o aflictivo y s�lo persiguen fines curativos y de tutela que exigen cierta flexibilidad para su aplicaci�n y cumplimiento; por esto su duraci�n depende m�s de la efectividad de los tratamientos psiqui�tricos que apliquen los especialistas que de la temporalidad que prescribe el legislador para la vigencia de la medida.

En armon�a con lo anterior, el inciso 2o. del art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF que se acusa se�ala un t�rmino de diez (10) a�os continuos a partir de la suspensi�n de la medida de seguridad para que el juez la declare extinguida, previo dictamen pericial. Este t�rmino es un margen razonable que fija el legislador para que el tratamiento psiqui�trico a que estuvo sometido el inimputable se considere consolidado en cuanto a los efectos de recuperaci�n del enfermo mental o del inmaduro psicol�gico.

Si se considera que uno de los supuestos de la norma acusada es que se halle en suspenso la medida de seguridad por un plazo continuo de diez (10) a�os, lo que implica sin duda que durante este lapso el inimputable no ha estado efectivamente sometido a ella; y la disposici�n ordena al juez poner fin a este estado de cosas para que se transforme en incondicionada y definitiva su extinci�n, no capta la Corte la inconstitucionalidad de ese mandato por quebranto de los art�culos 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta Pol�tica y encuentra por el contrario, su total avenimiento con estos textos ya que, se repite, el fin que persigue la norma acusada es poner t�rmino a una medida de seguridad que habiendo sido indeterminada en su duraci�n resulta innecesario mantener vigente, por los resultados ben�ficos que para el inimputable ha venido rindiendo, evidenciados en las suspensiones condicionales precedentes.

En manera alguna la previsi�n de la ley ri�e con el debido proceso pues supone en primer t�rmino que se ha hecho una evaluaci�n previa de la eficacia de la medida de seguridad que ha determinado en una primera etapa su suspensi�n con base en que el peritazgo m�dico indica que el sujeto recobr� su normalidad ps�quica o que ha adquirido al menos relativamente, su adaptabilidad al medio social en que se desenvuelve su vida.

Por otra parte la actuaci�n y decisi�n sobre la cesaci�n de la medida no quedan enteramente al arbitrio del juzgador sino que deben enmarcarse dentro de un procedimiento que culmina con su extinci�n, lo cual supone que ha existido la supervigilancia del juez durante el t�rmino de la suspensi�n condicional; la verificaci�n de que el individuo no ha sufrido nuevos desequilibrios ps�quicos que hagan aconsejable la revocaci�n de dicha suspensi�n yla certeza - que trat�ndose de afecciones ps�quicas siempre ser� relativa- de los jueces y delso peritos de que el individuo ha superado definitivamente su enfermedad o ha alcanzado un desarrollo mental suficiente para convivencia en sociedad".

Es forzoso inferir de lo expresado que la Corte declarar� la exequibilidad del inciso 2o. del art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, acusado, por no encontrar que vulnere el art�culo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF ni otro texto de la Constituci�n Nacional.

En virtud de las consideraciones anteriores la Corte Suprema de Justicia en -Sala Plena-previo estudio de su Sala Constitucional, y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n.

Primero. ESTESE ALO RESUELTO en la sentencia n�mero 8 de febrero 4 de 1988 mediante la cual se declararon exequibles los art�culos 94C_PENAL#94*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 95C_PENAL#95*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 96C_PENAL#96*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980, en cuanto a las "expresiones" ahora nuevamente demandadas.

Segundo.- DECLARAR EXEQUIBLE el inciso 2o. del art�culo 100C_PENAL#100*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto n�mero 100 de 1980 (C�digo Penal).

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.-