Sentencia 1704. de 1987

300Corte SupremaCorte Suprema300300145561704.Fabio Mor�n D�az198705/11/19871704._Fabio Mor�n D�az_1987_05/11/198730014556&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 158. REFERENCIA : Expediente n�mero 1704. FECHA : Bogot�. D. E., noviembre cinco (5) de mil novecientos ochenta y siete (1987). 1987

H�ctor Barrag�n CollazosAcci�n de inexequibilidad contra los Art�culos 66 y 67Identificadores30030014557true88005Versi�n original30014557Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad contra los Art�culos 66 y 67

Acci�n de inexequibilidad contra los Art�culos 66D0196_71#66* y 67D0196_71#67*

Tema : INHIBICI�N POR SUSTRACCI�N DE MATERIA, YA QUE LA NORMA ACUSADA SE HALLA DEROGADA. EL LEGISLADOR

2. Inhibida para fallar sobre el art�culo 67D0196_71#67* del Decreto 196 de 1971.

3. Estarse a lo resuelto en sentencia de marzo 26 de 1987, respecto del art�culo 66D0196_71#66* del Decreto 196 de 1971.

El ciudadano H�ctor Barrag�n Collazos, en ejercicio de la acci�n p�blica de inexequibilidad que consagra el art�culo 214CONS_P86#214* de la Carta, present� ante esta corporaci�n escrito de demanda en el que solicita que se declare que los art�culos 66D0196_71#66* y 67D0196_71#67* del Decreto 196 de 1971 y el numeral 2 del art�culo 7L0020_72#7*� de la Ley 20 de 1972 son contrarios a la Constituci�n Nacional.

Se admiti� la demanda y se dio traslado al se�or Procurador General de la Naci�n quien emiti� el concepto fiscal correspondiente.

1. Por el tribunal disciplinario creado por el art�culo 217CONS_P86#217* de la Constituci�n, que conocer� en segunda instancia por apelaci�n o consulta, y

2. Por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, que conocer�n en primera instancia de las infracciones cometidas por los abogados en el territorio de su jurisdicci�n.

Art�culo 67.D0196_71#67* Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, ejercer�n la jurisdicci�n disciplinaria en Sala Penal.

Por la cual se determinan la composici�n y el funcionamiento del tribunal disciplinario.

2. Conocer de los procesos que se adelanten contra los abogados por contravenciones a la �tica o a sus deberes profesionales, conforme al estatuto del ejercicio de la abogac�a.

1. En concepto del actor las normas acusadas infringen los art�culos 17CONS_P86#17*, 26CONS_P86#26*, 28CONS_P86#28*, 61CONS_P86#61* y 217CONS_P86#217* de la Carta.

a). El art�culo 61CONS_P86#61* de la Carta impide que la autoridad disciplinaria pueda ser ejercida simult�neamente con la funci�n judicial. La sanci�n disciplinaria es en esencia una sanci�n pol�tica que no debe ni puede ser acumulada con la funci�n de administrar justicia.

Por esta raz�n las normas acusadas violan los principios contenidos en el art�culo 61CONS_P86#61* de la Carta;

b). El numeral 2 del art�culo 7L0020_72#7*� de la Ley 20 de 1972 es inconstitucional porque fue proferido por fuera del t�rmino de las facultades extraordinarias conferidas por el art�culo 20L0016_68#20* de la Ley 16 de 1968;

c). Las normas acusadas violan, en concepto del actor, los art�culos 17CONS_P86#17* y 28CONS_P86#28* de la Carta porque en tiempo de guerra nadie puede ser penado ex post facto y el profesional del derecho que es sancionado por el tribunal respectivo es sujeto de la acci�n disciplinaria de una de las ramas del poder que para esos eventos acumula funciones que no le corresponden. Adem�s, como el trabajo es objeto de protecci�n por el Estado no puede la ley, sin dar garant�a alguna, agobiar con deberes y amenazas de sanci�n a los profesionales del derecho;

d). El art�culo 217CONS_P86#217* de la Carta tambi�n resulta vulnerado por el numeral 2 del art�culo 7L0020_72#7*� de la Ley 20 de 1972 porque la Constituci�n no autoriza al tribunal disciplinario para conocer de las causas contra los abogados en una sola instancia.

El se�or Procurador General de la Naci�n, mediante Oficio n�mero 1238 de su despacho, emiti� el concepto fiscal en el que solicita a la Corte Suprema de Justicia que haga las siguientes declaraciones: Estarse a lo resuelto en sentencia n�mero 33 del 26 de marzo de 1987 respecto al art�culo 66D0196_71#66* del Decreto-ley 196 de 1971; que se abstenga de emitir pronunciamiento de fondo sobre el art�culo 67D0196_71#67* del Decreto-ley 196 de 1971, por estar dicha disposici�n derogada; y que es exequible el numeral 2 del art�culo 7L0020_72#7*� de la Ley 20 de 1972.

1.- En primer t�rmino advierte que el art�culo 66D0196_71#66* del Decreto 196/71 ya fue objeto de decisi�n por parte de esta corporaci�n que lo declar� ajustado en todas sus partes a la Constituci�n Nacional, seg�n sentencia n�mero 33 del 26 de marzo de 1987.

2.- El art�culo 67D0196_71#67* del Decreto 196 de 1971 fue derogado por la Ley 17 de 1975 en su art�culo 10L0017_75#10*, por lo que de acuerdo con lo sostenido por esta corporaci�n no es del caso emitir pronunciamiento de fondo sobre el mismo.

3.- En relaci�n con el numeral 2 del art�culo 7L0020_72#7*� de la Ley 20 de 1972 estima que "... dentro de las 'dem�s funciones' bien pod�a el legislador atribuir a dicho tribunal el conocimiento de los procesos que se adelanten contra los abogados por faltas a la �tica o a sus deberes profesionales, conforme al estatuto de la abogac�a. Por manera que lejos de contrariar dicho ordenamiento supremo, el citado precepto legal se ajusta a �l". En este sentido observa que el art�culo 217CONS_P86#217* de la Constituci�n le otorga al legislador las facultades para se�alar la composici�n del tribunal disciplinario y que dentro de la facultad para se�alar las dem�s funciones de dicho tribunal se encuentran las contenidas en la norma acusada.

La Ley 20L0020_72#1* de 1972 no se dict� en ejercicio de facultades extraordinarias sino en ejercicio de las competencias que como legislador ordinario le corresponden al Congreso de la Rep�blica por disposici�n constitucional.

Sostiene adem�s el concepto fiscal que los art�culos 28CONS_P86#28* y 61CONS_P86#61* de la Carta no han sido objeto de violaci�n alguna por las normas acusadas, ya que los actos por medio de los cuales el tribunal disciplinario impone sanciones a los abogados son actos estrictamente jurisdiccionales.

Tampoco resulta lesionado el art�culo 17CONS_P86#17* de la Constituci�n ya que es con fundamento en el art�culo 39CONS_P86#39* de la misma Carta como la ley puede reglamentar las profesiones y consagrar no solamente deberes sino tambi�n derechos, prohibiciones y sanciones. Para el concepto fiscal, la abogac�a tiene tambi�n una funci�n social y no se advierte c�mo puede desprotegerse el trabajo y su garant�a constitucional por el simple hecho de exigirse a los abogados el estricto cumplimiento de sus deberes profesionales y por atribuir competencia al tribunal disciplinario para conocer y adelantar los procesos correspondientes.

1.- La Corte Suprema de Justicia es competente para conocer las acusaciones planteadas, puesto que las normas objeto de la demanda forman parte de un decreto-ley expedido con base en facultades extraordinarias y de una ley de la Rep�blica.

Esta corporaci�n en reciente fallo declar� la exequibilidad del art�culo 66D0196_71#66* del Decreto 196 de 1971. En efecto, en sentencia de marzo 26 de 1987 la Corte Suprema de Justicia se�al�:

"El principio de la separaci�n de poderes que consagra la Constituci�n en el texto que acaba de transcribirse y en otros concordantes, da lugar a que por regla general la funci�n legislativa sea tarea del Congreso; la ejecutiva, en sus distintos aspectos, corresponde a autoridades gubernamentales y administrativas cuya suprema autoridad es el Presidente de la Rep�blica; y la jurisdiccional, a la Administraci�n de Justicia.

"Este principio no es absoluto y se ve atenuado por la colaboraci�n arm�nica que la propia Constituci�n ordena que se d� entre las distintas ramas del poder p�blico. Por ello, de modo excepcional, en los t�rminos precisos que la Constituci�n establece, cada rama del poder realiza funciones diferentes a las que por su naturaleza le competen.

"Es as� como las autoridades judiciales cumplen, en efecto, funciones administrativas que han sido directamente asignadas por la Constituci�n, tales como el nombramiento de magistrados o jueces, o por la ley, en desarrollo de atribuciones que aqu�lla le ha se�alado para organizar su composici�n y funcionamiento.

"Considera la Corte que las atribuciones administrativas que se vienen mencionando tienen que ver con la administraci�n de la funci�n, ya que la actividad de los jueces no puede circunscribirse de modo exclusivo a producir actos jurisdiccionales sino que ellos deben cumplir otros actos tendientes a realizar lo que por naturaleza les corresponde. Dichos actos se hallan en relaci�n de medio a fin respecto de la funci�n jurisdiccional. Ello significa que la ley s�lo puede asignarles a las autoridades judiciales las atribuciones necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones y no otras que competen a las autoridades ejecutivas".

".........." (sentencia n�mero 33. Magistrado ponente: doctor Jes�s Vallejo Mej�a).

Como queda visto, sobre el art�culo 66D0196_71#66* del Decreto n�mero 196 de 1971 ha operado el fen�meno de la cosa juzgada; por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia ordenar� estarse a lo resuelto en la citada providencia.

De otra parte, esta corporaci�n advierte que el art�culo 67D0196_71#67* del Decreto 196 de 1971 fue derogado por el art�culo 10L0017_75#10* de la Ley 17 de 1975; esta �ltima norma que es posterior a la que se acusa, modific� adem�s el art�culo 76D0196_71#76* del mismo decreto.

La norma acusada atribu�a a la Sala Penal de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial la competencia para el ejercicio de la jurisdicci�n disciplinaria, mientras que el art�culo 10L0017_75#10* asign� la citada jurisdicci�n a las Salas de Decisi�n que para dicho efecto la misma norma estableci�. Esta corporaci�n ha sido clara en el sentido de inhibirse de emitir pronunciamientos de fondo sobre normas o mandatos abrogados y que carecen de vigencia puesto que entiende que en dichos eventos falta uno de los presupuestos para el ejercicio de la acci�n p�blica de inconstitucionalidad. Como se trata de una disposici�n que ha cesado de regir es evidente que no existe materia ni objeto sobre el cual pueda pronunciarse el fallo ya que la comparaci�n que exige el juicio de inexequibilidad frente a los textos que se consideran infringidos resulta imposible.

4.- Es constitucional la atribuci�n de funciones disciplinarias al tribunal disciplinario.

"Art�culo 217.CONS_P86#217* El conocimiento de las faltas disciplinarias de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corresponde al tribunal disciplinario, el cual estar� tambi�n encargado de dirimir los casos de competencia que ocurran entre la jurisdicci�n com�n y la administrativa. La ley determinar� su composici�n y dem�s funciones (art�culo 73ACL01_68#73* del Acto Legislativo n�mero 1 de 1968)".

A juicio de la Corte, esta norma tambi�n comprende el conocimiento de las faltas de los abogados en su desempe�o profesional; en efecto, en sentencia del 4 de abril de 1974 (Magistrado ponente: doctor Luis Carlos P�rez), 13 de noviembre de 1975 (Magistrado ponente: doctor Aurelio Camacho Rueda) y la m�s reciente, arriba citada, del 26 de marzo de 1987 la Corte dej� en claro que bien puede el legislador atribuir al tribunal disciplinario, instituci�n de origen constitucional, el conocimiento de los procesos que se adelanten contra los abogados por faltas a la �tica o a sus deberes profesionales de conformidad con las reglas propias del estatuto legal de la abogac�a. Con arreglo a esta jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia habr� de declarar constitucional el numeral 2 del art�culo 7L0020_72#7*� de la Ley 20 de 1972.

Por otro aspecto, esta corporaci�n estima que no le asiste raz�n al actor cuando pide la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada de la Ley 20L0020_72#1* de 1972 puesto que nada tiene que ver esta norma con la anterior (Ley 16 de 1978 art�culo 20L0016_78#20*) que otorg� al Presidente de la Rep�blica facultades extraordinarias sobre determinadas materias. Es, como qued� visto m�s arriba, competencia ordinaria del Congreso de la Rep�blica la de dictar las leyes de conformidad con los procedimientos se�alados por la Carta, sin invadir el campo propio del poder ejecutivo y sin desconocer las limitaciones constitucionales que expresamente se se�alan para sus funciones.

Tambi�n encuentra la Corte que las normas objeto de examen no desconocen los art�culos 17CONS_P86#17*, 28CONS_P86#28* y 61CONS_P86#61* de la Carta puesto que es competencia constitucional de la ley la de reglamentar las profesiones y en ejercicio de �sta puede establecer tanto el estatuto de la abogac�a como las sanciones correspondientes v los procedimientos por los cuales se ejerza la jurisdicci�n disciplinaria que se desprende de dicha reglamentaci�n. En procura de los intereses sociales y de la funci�n social de la profesi�n de abogado que puede definir tambi�n la ley, el Estado puede intervenirla no solamente exigiendo el t�tulo de idoneidad correspondiente sino vigilando su ejercicio con poderes disciplinarios suficientes para corregir y sancionar el ejercicio ilegal de la misma (cfr. sentencia de 30 de septiembre de 1970, Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago).

La funci�n disciplinaria que asigna la ley a los tribunales en Sala de Decisi�n y al tribunal disciplinario se traduce en actos propiamente jurisdiccionales en los que la controversia que los genera es de naturaleza similar a los que informan los presupuestos de existencia de la rama jurisdiccional del poder p�blico y corresponden al ejercicio de la misma funci�n jurisdiccional.

"... las sanciones disciplinarias que aplican los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y, el tribunal disciplinario, en virtud de la norma acusada, tienen claro sentido jurisdiccional, pues no son susceptibles de controversia jur�dica, dado que tiene efecto de cosa juzgada. Es por el (sic) ello que el art�culo 82C_CONADM#82* C. C. A. ha excluido del �mbito de la jurisdicci�n contencioso-administrativa 'las sanciones que imponga el tribunal disciplinario'.

"Dicho tribunal, por la �ndole de las funciones que le asigna el art�culo 217CONS_P86#217* de la Carta, debe ser considerado como una autoridad jurisdiccional, aunque no forme parte de la estructura que prev� el T�tulo XV de la Constituci�n, que versa sobre la administraci�n de justicia, como tampoco est� ah� comprendido el Consejo de Estado, cuyo car�cter jurisdiccional es inobjetable, as� cumpla determinadas funciones de orden administrativo como las de consulta.

"No sobra advertir que el art�culo 152CONS_P86#152* de la Constituci�n autoriza a la ley para determinar las funciones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y que lo mismo prev� el art�culo 217CONS_P86#217* id. respecto del tribunal disciplinario, entendi�ndose desde luego que se trata de funciones jurisdiccionales o las administrativas necesarias para la realizaci�n de aqu�llas y que no hayan sido atribuidas por la Constituci�n a otras autoridades.

"... ....... " (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de marzo 26 de 1987. Magistrado ponente: doctor Jes�s Vallejo Mej�a).

Por estas razones encuentra la Corte que la norma acusada tambi�n se ajusta �ntegramente a la Carta, por lo que habr� de declararla constitucional.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el se�or Procurador General de la Naci�n,

Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia n�mero 33 del 26 de mano de 1987 respecto del art�culo 66D0196_71#66* del Decreto-ley 196 de 1971.

Segundo. DECLARARSE INHIBIDA para fallar de fondo sobre el art�culo 67D0196_71#67* del Decreto-ley 196 de 1971, por carencia actual de objeto.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.