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300Corte SupremaCorte Suprema300300143901662Jesús Vallejo Mejía198701/10/19871662_Jesús Vallejo Mejía_1987_01/10/198730014390DENTRO DEL ESTADO DE SITIO EL GOBIERNO PUEDE DECRETAR CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS, LO MISMO QUE EN EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA. EL ESTABLECIMIENTO DE CONTRIBUCIONES O IMPUESTOS, ES EN PRINCIPIO, TAREA PROPIA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR Y, ANTE TODO, DEL CONGRESO. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. "CENTRO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA TROPICAL, CIAT". Exequible el artículo 18 inciso 1 de la Ley 75 de 1986. Inexequible el artículo 32 en su numeral 3, en la parte que dice: "El Centro Internacional de la Agricultura Tropical, CIAT". Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 137. Referencia: Expediente número 1662. 1987
Juan Manuel Charry UrueñaAcción de inexequibilidad contra los artículos 18, inciso 1 y 32 numeral 3 de la Ley 75 de 1986, este último en el aparte"... El Centro de Agricultura Tropical, CIAT.Identificadores30030014391true87794Versión original30014391Identificadores

Norma demandada:  Acción de inexequibilidad contra los artículos 18, inciso 1 y 32 numeral 3 de la Ley 75 de 1986, este último en el aparte"... El Centro de Agricultura Tropical, CIAT.


DENTRO DEL ESTADO DE SITIO EL GOBIERNO PUEDE DECRETAR CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS, LO MISMO QUE EN EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA. EL ESTABLECIMIENTO DE CONTRIBUCIONES O IMPUESTOS, ES EN PRINCIPIO, TAREA PROPIA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR Y, ANTE TODO, DEL CONGRESO. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. "CENTRO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA TROPICAL, CIAT".

Exequible el artículo 18 inciso 1 de la Ley 75 de 1986. Inexequible el artículo 32 en su numeral 3, en la parte que dice: "El Centro Internacional de la Agricultura Tropical, CIAT".

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 137.

Referencia: Expediente número 1662.

Acción de inexequibilidad contra los artículos 18, inciso 1 y 32 numeral 3 de la Ley 75 de 1986, este último en el aparte"... El Centro de Agricultura Tropical, CIAT.

Retención en la fuente a entidades que se asimilan a las sociedades anónimas.

Actor: Juan Manuel Charry Urueña.

Magistrado ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía.

Aprobada por Acta número 46.

Bogotá. D. E., octubre 1o de 1987.

I. ANTECEDENTES

Ante esta corporación, el ciudadano Juan Manuel Charry Urueña. en ejercicio de la acción pública reconocida por el artículo 214 de la Constitución Nacional, presentó demanda de inexequibilidad contra los artículos 18, inciso 1 y 32 numeral 3 de la Ley 75 de 1986.

Admitida la demanda, de ella se dio traslado al Procurador General de la Nación, quien rindió concepto en forma oportuna.

En la Secretaría se recibió un memorial de la ciudadana María del Pilar Abella Mancera, funcionaria de la Dirección General de Impuestos Nacionales, quien se opuso a las pretensiones de la demanda con argumentos que se mencionarán en la parte motiva de esta providencia.

II. NORMAS ACUSADAS

El texto de las normas acusadas es el siguiente:

"Artículo 18. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta ley, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, sobre los pagos o abonos en cuenta que hagan las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las personas naturales, y sobre el valor de enajenación de los bienes, sin que dichas retenciones excedan el tres por ciento (3%) del respectivo pago, abono en cuenta, o a valor de la enajenación.

"Artículo 32. Las entidades que se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, y para tal efecto, se asimilan a las sociedades anónimas.

1………..

2………..

3. Las asociaciones o corporaciones, con excepción de los sindicatos, instituciones de educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, asociaciones de padres de familia, sociedades de mejoras públicas, el Centro Internacional de la Agricultura Tropical, CIAT, hospitales, organizaciones de alcohólicos anónimos, juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal, asociaciones de exalumnos, religiosas y políticas, los fondos de pensionados, y las asociaciones y corporaciones de dedicación exclusiva al trabajo social solidario, cultural y científico que sean calificadas por el comité establecido en el parágrafo 3º del presente artículo…" (subrayo).

III. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

Por violación de los cánones 2, 36, 43, 55, 76 en su enunciado general, 76-12, 78-2 y 78-5 de la Carta, el actor considera que los artículos 18 inciso 1 y 32 numeral 3 de la Ley 75 de 1986, deben ser declarados inexequibles por la Corte. Dos cargos se formulan en la demanda:

Primer cargo. El artículo 18 de la Lev 75 de 1986 establece un término de dos años para que el Gobierno pueda establecer las retenciones en la fuente, a título de impuesto sobre la renta y complementarios, con un límite consistente en que dichas retenciones no puedan exceder del 3% del respectivo pago.

De acuerdo con el actor, la norma otorga al Presidente "facultades pro tempore" limitadas a 2 años, para fijar el impuesto de renta para aquellas personas no declarantes, impuesto que resulta de la suma de las retenciones en la fuente por los pagos o abonos así declarados.

"Fijar el porcentaje de retención en la fuente de los no declarantes, es fijar la tarifa del impuesto", es decir, es ejercer la facultad impositiva fiscal, que en tiempos de paz es competencia absoluta, exclusiva y excluyente del legislador y por tanto de ninguna manera "delegable" en el ejecutivo, de acuerdo con los artículos 43 y 76 ordinales 12 y 14 de la Constitución.

Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que la determinación de la retención porcentual de lo debido como impuesto, asignada por la ley al reglamento, no significa transferencia de competencia legislativa, sino apenas el otorgamiento a éste de la función reguladora necesaria para la cumplida ejecución y exacto cumplimiento de la ley, al tenor del artículo 120 ordinal 2 y 3 de la Carta, nada impide que en caso de silencio legal, el ejecutivo cumpla esta atribución constitucional.

Sin embargo, en el caso sub examine, el legislador trasladó al ejecutivo una competencia que le es indelegable en tiempo de paz y de contera le limitó temporalmente al Gobierno una función administrativa inherente a su propia investidura, cual es la de cuidar de la exacta recaudación y administración de rentas y caudales públicos, incluyendo los que hacen parte del porcentaje de retención en la fuente.

Segundo cargo. Luego de establecer como principio general que las asociaciones y corporaciones están sometidas al impuesto de renta y complementarios, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 75 de 1986, establece una serie de excepciones entre las cuales se incluye de manera expresa una persona jurídica particular: El Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.

El actor considera que el establecimiento de un régimen de excepción en favor de un ente determinado, viola varias normas constitucionales así:

El artículo 76 de la Carta por cuanto es de la esencia de la ley su generalidad. Por consiguiente "cuando el Congreso dictó una norma exceptiva de carácter particular, en realidad no expidió una ley, sino un acto próximo a la función ejecutiva, en flagrante violación al principio de igualdad y de la indivisión de poderes públicos".

Además se transgrede el artículo 78 de la Carta en su ordinal 2 que impide al Congreso inmiscuirse en las competencias de las otras ramas, y en su ordinal 5, que se le impide decretar erogaciones y gratificaciones en favor de ninguna persona o entidad.

Esto último porque, según el accionante, liberar a un individuo del pago de impuestos, es en última instancia aumentar su ingreso real. En síntesis como la ley no puede favorecer a individuos intuitu personae, los artículos acusados no sólo violan normas constitucionales sobre asignación de competencias, sino que patrocinan la desigualdad de los gobernados ante las leyes, contrariando los artículos 2º, 16 y 55 de la Constitución Nacional.

IV. CONCEPTO FISCAL

a) En relación con el artículo 18 inciso 1 de la Ley 75 de 1986, la Procuraduría considera que la medida adoptada por dicha norma no constituye transferencia de facultades extraordinarias al Gobierno, ya que de acuerdo con lo estatuido por el artículo 90 de la misma ley, la medida impositiva fiscal había sido creada por la ley, otorgándole simplemente al Gobierno, la prerrogativa de establecer, si lo estima conducente, las retenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementarios, en aquellos casos determinados legalmente.

El Presidente desarrolla esta prerrogativa en ejercicio de sus funciones constitucionales de reglamentar la ley para su cumplida ejecución y de cuidar por la exacta recaudación y administración de las rentas públicas. Estas facultades pueden ser ejercidas en cualquier tiempo.

Con fundamento en lo expuesto, la Procuraduría recomienda a la Corte declarar la inexequibilidad de la frase del artículo 18 inciso 1 de la Ley 75 de 1986 que dice: "dentro de los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta ley..." por cuanto restringe indebidamente una atribución constitucional propia del Presidente de la República;

b) En relación con la excepción particular del artículo 32 numeral 3 de la Ley 75 de 1986, impugnada por el actor, la Procuraduría conceptúa que desde el punto de vista formal, dicha disposición fue expedida conforme a la Constitución, por cuanto la iniciativa en materias de exenciones de gravámenes se escuentra <sic> dentro de la órbita de las atribuciones del Gobierno, como ocurrió en este caso.

Tampoco constituye transgresión del artículo 78 numeral 5 de la Carta, porque la exención tributaria otorgada al Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, no constituye gratificación o indemnización, ni mucho menos una erogación a cargo del Estado "toda vez que es completamente distinto realizar erogaciones o gastos por parte de la Nación, a eximir del pago de un tributo".

Sin embargo, haber conferido una exención impositiva a un organismo particular, constituye infracción al principio de igualdad de las personas frente a la ley, ya que entes con características similares al exencionado sí quedaron cobijados con el impuesto de renta y complementarios, encontrándose por tanto en desventaja con respecto al CIAT.

Con fundamento en lo expuesto, la Procuraduría recomienda a la Corte declarar la inexequibilidad del artículo 32 numeral 3 de la Ley 75 de 1986, en el aparte: el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia. Como las disposiciones acusadas forman parte de una ley, la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer de la demanda, al tenor de lo dispuesto en el ordinal 3 del artículo 214 de la Constitución Nacional.

2. La acusación contra el artículo 118 de la Ley 75 de 1986. Observa la Corte cierta falta de técnica en la formulación de las glosas que esgrime el actor contra este artículo, pues en los parágrafos 3.1 y 3.2 de la demanda se desarrollan dos acusaciones diferentes y al leerlos cuidadosamente se advierte que en el primero de ellos, se plantea un cargo subsidiario, en tanto que en el segundo se concreta el cargo principal, consistente en que, por medio de este artículo, se le ha conferido al Presidente una competencia legislativa indelegable del Congreso. El cargo subsidiario contenido en el parágrafo 3.1 parte de la base de que, si se considera que la competencia para establecer porcentajes de retención del impuesto sobre la renta es de índole reglamentaria, el Congreso no puede limitarla temporalmente. Pero el actor insiste en que dicha competencia es legislativa y exclusiva del Congreso, tema que entonces tendrá que abordar la Corte en primer lugar.

Según el artículo 43 C.N. "en tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones".

Agrega el artículo 76-14 que corresponde al Congreso, por medio de leyes "decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija".

Y el mismo artículo, en su numeral 22, le asigna el cometido de dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas.

La competencia ordinaria del Gobierno en materia de contribuciones está fijada, por otra parte, en el artículo 120-3, que prevé en forma general la potestad reglamentaria que le asiste para la cumplida ejecución de las leyes; en el ordinal 11 del mismo artículo, que le atribuye la función de "cuidar de la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos, y decretar su inversión con arreglo a las leyes"; y en el ordinal 22 ídem, que lo autoriza para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas, con sujeción a las reglas previstas en las leyes a que se refiere el ordinal 22 del artículo 76.

Ahora bien, como la regla del artículo 43 C. N. ha sido prevista para "tiempo de paz", es claro que dentro del Estado de Sitio el Gobierno puede decretar contribuciones extraordinarias.

La Corte ha extendido esta solución al Estado de Emergencia Económica, por considerarlo también "tiempo de no paz", pero sobre la base de que "la competencia gubernamental excepcional del artículo 122 en materia de tributación y fiscal, jamás podrá ser mayor, ni más amplia, ni de carácter general, ni de naturaleza ordinaria, sino por lo menos igual a la que el propio constituyente le permite al Congreso en casos de necesidad o extraordinarios", por lo que sólo le es posible "decretar, pero con carácter excepcional, restrictivo, específico, concreto, ciertos impuestos que corresponden a situaciones sobrevivientes de crisis económica o fiscal y que se hallen destinados exclusivamente a conjurarlos o a impedir su extensión, pero sin que esa facultad excepcional pueda ir más allá de la atribución extraordinaria prevista en el artículo 76-14 para el mismo Congreso" (vid sentencia febrero 23-1983).

En estas premisas se apoyó la Corte para declarar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 37-43 de 1982, expedido con fundamento en facultades del artículo 122 C.N., pues consideró que, al establecer una reforma general del sistema del impuesto sobre la renta, perdía su carácter de medida excepcional e invadía la órbita reservada por la Constitución al Congreso.

La lectura de las disposiciones citadas muestra que el establecimiento de contribuciones o el decreto de impuestos es, en principio, tarea propia de los cuerpos colegiados de representación popular y, ante todo, del Congreso, quien señala el ámbito de la potestad impositiva de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, tal como lo dejó establecido esta corporación en fallo del 2 de junio de 1971, y que sólo en circunstancias excepcionales puede acometerla el Gobierno.

Ha de entenderse que la potestad impositiva que se viene examinando comprende la de fijar los elementos estructurales de la obligación tributaria, tales como la denominación del impuesto; los sujetos gravados; la materia y la base imponibles; las tarifas; las deducciones, exenciones y descuentos; la forma de liquidación y de pago; los intereses y las sanciones, etc.

A la luz de estas consideraciones cabe preguntarse sobre si es posible el otorgamiento de facultades extraordinarias al Gobierno para que, por medio de decretos leyes, establezca contribuciones.

Acerca de esta cuestión se pronunció la Corte en fallo del 3 de agosto de 1971, en el que cuando el Gobierno obra como legislador extraordinario "creando o aumentando contribuciones, por mandato o en ejercicio de facultades extraordinarias que le otorga el Congreso, con el lleno de los requisitos señalados en el ordinal 12 del artículo 76, no está quebrantando el texto, espíritu y antecedentes del artículo 43, sino desarrollando actividades que le incumben por mandato de preceptos de igual origen y jerarquía".

El Consejo de Estado, en providencia del 10 de mayo de 1983, dio también respuesta afirmativa a este interrogante, con estas palabras: "Se quiere que la tributación se origine en el cuerpo de elección popular. Y tal objetivo se mantiene bien cuando el impuesto lo establece el organismo corporativamente, bien cuando delega su detalle al ejecutivo.

A esta conclusión, se llega, entonces, argumentando que el origen del impuesto se sitúa propiamente en la ley de facultades extraordinarias expedidas por el Congreso y no en el decreto ley mediante el cual el Gobierno las ejercita.

La Corte acepta este razonamiento pero a condición de que la ley de facultades sea lo suficientemente precisa, tal como lo exige el propio artículo 76-12 C.N., de modo que ahí los elementos estructurales del impuesto sean fijados previamente por el Congreso, tal como lo exige el artículo 43 C. N., y sólo reste proceder a decretado y a regular sus aspectos de detalle, tareas para las que es posible facultar al Gobierno por la vía mencionada.

Aplicando estas nociones al caso sub judice, se tiene que la disposición acusada atribuyó al Gobierno competencia dentro de los dos años siguientes a la fecha de promulgación de la ley "para establecer retenciones en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, sobre los pagos o abonos en cuenta que hagan las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las personas naturales, y sobre el valor de enajenación de los bienes, sin que dichas retenciones excedan del tres por ciento del respectivo pago, abono en cuenta, o valor de la enajenación.

La lectura del texto anterior revela sin necesidad de mayor análisis, que las facultades que ahí se otorgaron al Gobierno son precisas y permiten saber a ciencia cierta cuál es el objeto de las mismas. El Gobierno encuentra límites taxativos para ejercerlas: las retenciones que establezca deben corresponder al impuesto sobre la renta; deben versar sobre pagos o abonos en cuenta que hagan los sujetos que ahí se mencionan, o sobre el valor de la enajenación de bienes; y no pueden exceder del 3% del respectivo pago, abono en cuenta o valor de la enajenación.

Todo esto podría haber sido dispuesto en la ley, pera el Congreso consideró aconsejable que el Gobierno lo graduara de acuerdo con las circunstancias, decidiendo cuáles pagos deberán someterse a retención y los porcentajes correspondientes, de acuerdo con las necesidades de recaudo, las posibilidades de administración del mismo e incluso, los aspectos de coyuntura que deban ser considerados para el efecto.

Así las cosas, no puede decirse que la voluntad del Congreso hubiera estado ausente, o hubiera sido meramente nominal, lo que violaría tanto la letra como el sentido del artículo 43 C. N., en la decisión sobre esta materia.

Se han suscitado en este caso debates acerca de la naturaleza jurídica de las reglas sobre retención en la fuente y sobre si la disposición acusada otorgó facultades extraordinarias al Gobierno o simplemente le atribuyó competencias administrativas.

Lo dicho atrás acerca de la reserva legislativa en torno de los elementos estructurales del impuesto, permite llegar a la conclusión de que los aspectos fundamentales de la retención en la fuente, sea que se la considere como medio de recaudo del impuesto o como modalidad de este último, deben ser definidos por el legislador, trátese del ordinario o del extraordinario. Los aspectos operativos o procedimentales, en cambio, pueden referirse a la reglamentación gubernamental.

No cabe duda de que las materias de que trata la disposición acusada son de índole legislativa, pues no se refieren a meras cuestiones de detalle sino a la decisión de extender el ámbito de la retención a otros sectores no contemplados por leyes anteriores, generalizándose su aplicación a todos los pagos, cualquiera que sea su índole, que hagan las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las personas naturales, y al valor de la enajenación de toda clase de bienes.

Ciertamente la disposición no cumplió con el rito de decir que otorgaba facultades extraordinarias al Gobierno por el término de dos años para disponer sobre las materias precisas que ahí se mencionaron, pero no hay que hacer demasiados esfuerzos interpretativos para afirmar que eso fue lo que inequívocamente quiso expresar.

No prospera, entonces, el cargo principal, como tampoco el subsidiario, que parte de la base de que la competencia que atribuye el artículo acusado es administrativa y no legislativa.

3. La acusación contra el ordinal 3° del artículo 32 de la Ley 75 de 1986. Considera el actor que esta disposición es inexequible en la parte que dice: "... el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT".

Sostiene, en efecto, que con ello se violan los artículos 76 y 78, ordinales 2 y 5 de la Constitución, los cuales consagran, en su opinión, los siguientes principios:

- El principio de la generalidad e igualdad ante la ley;

- La prohibición al Congreso de inmiscuirse en asuntos privativos de otras ramas del poder público

- La prohibición al mismo de ordenar erogaciones a favor de persona alguna, salvo las que estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente o a fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de apoyo, con estricta sujeción a los planos y programas correspondientes.

Observa la Corte que, si bien los principios de generalidad de la ley y de igualdad de las personas no han sido exactamente consagrados por la Carta, hay distintas disposiciones que los suponen, por lo que debe considerárselos como principios fundamentales de la Constitución.

Pueden citarse para el efecto los artículos 10, 11, 16, 31, 76 y 78, ordinales 2, 5 y 6 de la Carta.

Estos principios no son, sin embargo, absolutos, pues la evolución del Estado contemporáneo, particularmente del llamado Estado Social de Derecho, ha mostrado a las claras que no es posible que el poder público cumpla satisfactoriamente sus fines sociales si se mantiene un concepto estricto acerca de la generalidad de la ley o de la igualdad jurídica de los súbditos. Por eso el Estado Intervencionista, que funda sus raíces constitucionales especialmente en los artículos 16, 17, 30 y 32 de la Constitución, ha desarrollado técnicas jurídicas que, por distintos aspectos establecen excepciones o derogaciones parciales de tales principios.

Efectivamente, el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; la protección debida al trabajo; la eficacia del principio de la función social de la propiedad y de la supremacía del interés público sobre el interés privado; y la práctica de la intervención del Estado con fines económicos o sociales, conducen frecuentemente a que dicten reglas para determinados sectores de la comunidad, lo que supone entonces beneficios especiales para unos y cargas especiales para otros.

Considera la Corte que en nuestro ordenamiento jurídico coexisten dos grandes sistemas; uno, inspirado en los principios de la democracia liberal, que viene a ser, por así decirlo, el ordenamiento básico del país; otro, de aplicación excepcional en la vida económica y en el manejo de la llamada cuestión social, que se rige por los principios del Estado Social de Derecho.

Pues bien, no cabe duda de que son estos últimos los que sustentan las bases constitucionales del derecho tributario, las cuales permiten, como lo señaló la Corte en fallo del 3 de septiembre del año en curso (Radicación 1637), introducir desigualdades impositivas, sea para buscar la igualdad real, para procurar la realización de los fines de intervencionismo estatal, o simplemente por consideraciones prácticas de facilidad de recaudo.

En el mismo fallo se postuló la tesis de que las desigualdades tributarias no pueden ser caprichosas ni arbitrarias, pues deben obedecer a criterios racionales que, desde luego, le permiten al legislador obrar con amplitud y flexibilidad para establecer las regulaciones que considere más adecuadas.

Sabido es que una de las alteraciones más notables que ha sufrido el principio de generalidad de la ley en virtud del intervencionismo estatal se refiere a la ampliación de las posibilidades reglamentarias del Gobierno. Uno de los procedimientos mas usuales para llegara ese resultado es el de la mayor generalidad de la ley lo que sucede, por ejemplo con las leyes marcos que permite entonces que ensanche el ámbito de la reglamentación gubernamental.

Entonces, el principio clásico de la generalidad de la ley se ha visto sometido a dos modificaciones significativas: o la ley es muy general, para que el Gobierno puede reglamentarla con amplitud, o es muy particular, para así procurar distintos objetivos intervencionistas.

No obstante lo anterior, la ley no puede perder su significado fundamental de ser el acto regla por excelencia, para entrar a disponer sobre situaciones subjetivas y concretas.

Cierto es que en la tradición jurídica colombiana, sobre todo en el siglo pasado y a principios del presente cuando el Congreso tenía mayor injerencia en la administración del Estado, se han dado casos de leyes de contenido individual, tal como lo es por distintos aspectos la de presupuesto.

Pero este es un sistema de excepción y, por lo tanto, no puede ser extendido a otros casos distintos de los que la Carta expresamente prevé.

El otorgamiento de ventajas tributarias para determinados sujetos cualquiera sea la modalidad que se le asigne, sólo puede ser dispuesto por el legislador a título de privilegio, dentro de los términos del artículo 31 C.N. o de fomento a empresas útiles, con estricta sujeción a lo que dispone el artículo 76-20 C.N. En los demás casos, la ley debe observar cierto grado de generalidad, pues de lo contrario invadiría la órbita propia de la función administrativa, con violación del ordinal 2 del artículo 78 C.N.

Así las cosas, deberá declararse la inexequibilidad del texto acusado.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

1.DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 18 inciso 1 de la Ley 75 de 1986.

2.DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 32 numeral 3 de Ley 75 de 1986 en la parte que dice. "El Centro Internacional de la Agricultura Tropical, CIAT".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruíz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zuñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zuñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario.