Sentencia 2322 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema300300141842322Fabio Mor�n D�az199103/10/19912322_Fabio Mor�n D�az_1991_03/10/199130014184JURISDICCI�N CONSTITICIONAL/ COSA JUZGADA - Constitucional / PATERNIDAD NATURAL - Caducidad Si se trata de pronunciamiento de fondo, son definitivos, generales o erga omnes y hacia el futuro. Su fuerza de cosa juzgada absoluta. Excepciones a la regla anterior. Los fallos que declaran exequibilidad de una norma, admiten revisi�n cuando se presenta una inconstitucionalidad sobreviniente por cambio de normas constitucionales. La Cosa juzgada constitucional en el caso de reforma la carta deja de ser absoluta y pasa a ser objeto de revisi�n dependiendo del contenido de la nueva Constituci�n y las modificaciones profundas que en ella se han introducido. Alcance del art. 10 de la ley 75 de 1968 la caducidad solamente abarca los aspectos patrimoniales de la acci�n, ya que los extrapatrimoniales atinentes al estado civil, solamente caducan y prescriben en los casos, taxativamente se�alados por la ley. Exequible el inciso cuarto del art. 10 de la ley 75 de 1968. Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena.- Santaf� de Bogot�, D.C., tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991). Magistrado Ponente: Doctor Fabio Mor�n D�az Radicaci�n No. 2322 Acta No. 44 Sentencia No. 122 1991

Norma demandada: �inciso cuarto del art�culo 10 de la Ley 75 de 1968 es inexequible.

JURISDICCI�NCONSTITICIONAL/ COSA JUZGADA - Constitucional /PATERNIDAD NATURAL - Caducidad

Sise trata de pronunciamiento de fondo, son definitivos, generales o erga omnes y hacia el futuro. Su fuerza de cosa juzgada absoluta. Excepciones a la regla anterior. Los fallos que declaran exequibilidad de una norma, admiten revisi�n cuando se presenta una inconstitucionalidad sobreviniente por cambio de normas constitucionales. La Cosa juzgada constitucional en el caso de reforma la carta deja de ser absoluta y pasa a ser objeto de revisi�n dependiendo del contenido de la nueva Constituci�n y las modificaciones profundas que en ella se han introducido. Alcance del art. 10 de la ley 75 de 1968 la caducidad solamente abarca los aspectos patrimoniales de la acci�n, ya que los extrapatrimoniales atinentes al estado civil, solamente caducan y prescriben en los casos, taxativamente se�alados por la ley.

Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena.- Santaf� de Bogot�, D.C., tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991).

Acci�n p�blica de inexequibilidad contra el inciso cuarto del art�culo 10 de la Ley 75 de 1968.

Los ciudadanosFrancisco M�ndez Lora y Jacinto El�as Fern�ndez, en ejercicio de la acci�n p�blica que autoriza el art�culo 214 de la Carta Fundamental presentaron escrito de demanda en el que piden que se declare que el inciso cuarto del art�culo 10 de la Ley 75 de 1968 es inexequible.

Se admiti� la demanda y se orden� dar traslado del expediente al Despacho del se�or Procurador General de la Naci�n para efectos de recibir su concepto; una vez pronunciado �ste y cumplido como se encuentran todos los tr�mites previstos por el Decreto 432 de 1969, procede la Corte a pronunciar su fallo.

No obstante que los actores dicen acusar el inciso tercero del art�culo 10 de la Ley 75 de 1968, lo cierto es que la disposici�n transcrita en la demanda y a lo que se refiere el concepto de la violaci�n es el inciso cuarto del mismo art�culo, que se transcribe enseguida.

"Por la cual se dictan normas sobre filiaci�n y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

"Las reglas de los art�culos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del C�digo Civil se aplican tambi�n al caso de filiaci�n natural.

"Muerto el presunto padre la acci�n de investigaci�n de la paternidad natural podr� adelantarse contra sus herederos y su c�nyuge.

"Fallecido el hijo, la acci�n de filiaci�n natural corresponde a sus descendientes leg�timos y a sus ascendientes.

"La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producir� efectos patrimoniales sino a favor o

en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y �nicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos a�os siguientes a la defunci�n" (Resalta la Corte).

a)- Para los actores, la disposici�n acusada es contraria a lo dispuesto por el art�culo 30 de la Constituci�n Nacional; adem�s, se�alan que con la misma disposici�n se desconocen otros preceptos de orden legal, lo que no es objeto de examen de esta Corporaci�n.

b)- Como concepto de la violaci�n, los actores manifiestan que el Legislador no tuvo en cuenta la finalidad del juicio de investigaci�n de la paternidad ni los efectos jur�dicos que produce el reconocimiento judicial de �sta. En este sentido advierten que se desconocen las reglas de la equidad natural, pues el hijo puede necesitar de los bienes del causante en cualquier tiempo.

En su opini�n, se desconoce el derecho del hijo a suceder a su padre que adquiere con el fallecimiento de �ste, ya que el estado civil no constituye el t�tulo de heredero. Sostienen que la norma acusada desconoce las situaciones reales en que se debe aplicar, pues son casi siempre menores de edad los que sufren sus consecuencias al no poder ejercer en tiempo sus derechos.

El se�or Procurador General de la Naci�n, rindi� el concepto fiscal de su competencia y en �l solicit� a la Corte que ordene estarse a lo resuelto en la sentencia No. 66 de Junio 7 de 1983 en la que se declar� exequible la disposici�n acusada.

Advierte que en virtud de lo ordenado por la citada sentencia, y por los efectos de cosa juzgada que ella produce en estas materias procede el pronunciamiento que solicita.

De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 214 de la Constituci�n de 1886, esta Corporaci�n era competente para conocer de la acci�n formulada por los actores en atenci�n a que la disposici�n acusada forma parte de una ley de la Rep�blica. Esa competencia fue prorrogada por el art�culo transitorio No. 24 de la Carta de 1991, en relaci�n con las acciones instauradas antes del 1� de junio del presente a�o, tal como ocurre con el asunto que se resuelve en este fallo.

Examinada la cuesti�n formulada por la demanda, esta Corporaci�n encuentra que el inciso cuarto del art�culo 10� de la Ley 75 de 1968, ya fue objeto de examen en lo que hace a su constitucionalidad y sobre �l recay� pronunciamiento de fondo en el que se resolvi� declarar su exequibilidad.

Ca�do un juicio de constitucionalidad, es preciso se�alar algunas cuestiones de fondo atinentes a los efectos de los fallos de la jurisdicci�n constitucional en nuestro r�gimen, mucho m�s teniendo en cuenta las situaciones jur�dicas que se presentan por virtud de una Reforma Constitucional y del tr�nsito normativo correspondiente:

a) Se ha definido como regla general aplicable a los fallos de la entidad encargada de la guarda de la Integridad y Supremac�a de la Constituci�n que los efectos del pronunciamiento de fondo son definitivos, generales oerga omnes y hacia el futuro y por lo tanto la cosa juzgada a que hacen tr�nsito es absoluta.

De modo excepcional y ante muy precisas circunstancias esta Corporaci�n profiere fallos en los que contrae el an�lisis de la cuesti�n de constitucionalidad a determinados preceptos del ordenamiento superior dejando abierta la posibilidad de que la misma norma, si ha sido declarada exequible, sea objeto de nuevas acciones y juicios de constitucionalidad pero s�lo por los restantes aspectos que no fueron considerados en los fallos precedentes; es el caso de la cosa juzgada definitiva pero parcial.

De todas maneras, ha sido incuestionable la posici�n de la Corte en el sentido de atribuir los efectos y la fuerza de cosa juzgada absoluta o "definitiva" a los fallos de fondo que profiere en su misi�n de juez de la constitucionalidad, conforme a lo previsto por el art�culo 214 de la Carta anterior; otra es la situaci�n de los fallos de exequibilidad contra�dos a determinados aspectos de la constitucionalidad de una norma legal, o dictados con un alcance parcial, los que no pierden, en la precisa materia examinada, su car�cter definitivo de cosa juzgada inamovible y que en los dem�s aspectos no examinados admiten un nuevo fallo sobre la norma acusada.

b) Ahora bien, esta Jurisprudencia tambi�n tiene en cuenta los casos de reforma constitucional puesto que la cosa juzgada que declara la exequibilidad de una norma puede removerse ante la situaci�n de insubsistencia, derogatoria o desaparecimiento de las disposiciones constitucionales que sirvieron de base para hacer la confrontaci�n entre la norma ordinaria y la superior. En este sentido la jurisprudencia de la Corte admite la revisi�n de dichos fallos cuando se presenta una inconstitucionalidad sobreviniente por cambio de normas constitucionales.

Al respecto de la cosa juzgada constitucional la Corte expres� en reciente fallo:

"Esta jurisprudencia, pues, que afirma la existencia de la cosa juzgada absoluta en los fallos constitucionales de la Corte ha sido inalterable desde cuando se dict� el art�culo 2o. de La Ley 96 de 1936, y m�s a�n hoy a la luz del art�culo 29 del Reglamento Constitucional 432 de 1969. que dieron competencia e impusieron deber a la Corte para examinar la norma acusada frente a todas las disposiciones constitucionales y por todos los conceptos pertinentes, y encuentra, adem�s de esto, apoyo en principios que protegen la seguridad y estabilidad jur�dicas, la certeza de las relaciones sociales y el car�cter de imperativo pol�tico que dichas sentencias tienen y que las diferencian netamente de las sentencias ordinarias y de casaci�n". (Sentencia No. 120 de noviembre 17 de 1988. M.P. Dr. Jaime San�n Greiffenstein).

c) Es oportuno se�alar que cuando se trata de fallos de inexequibilidad de una norma ordinaria, �stos suponen el retiro definitivo del ordenamiento jur�dico de la disposici�n legal sobre la que recae dicha providencia sin que sea posible remover la cosa juzgada absoluta en ning�n caso, ya que la sentencia comporta hacia el futuro la inexistencia de la disposici�n ordinaria y hace imposible, desde el punto de vista formal, un nuevo juicio sobre ella.

As� lo reafirm� el constituyente de 1991 que dispuso id�ntica soluci�n en el art�culo 243 de la nueva Carta en t�rminos que se transcriben:

"Los fallos que La Corte dicte en ejercicio del control jurisprudencial hacen tr�nsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podr� reproducir el contenido material del acto jur�dico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci�n entre la norma ordinaria y la Constituci�n.

Bajo este entendido se detiene la Corte en el examen de la situaci�n que ocurre con el advenimiento de una Reforma Constitucional que como la Carta de 1991, sustituy� y modific� normas constitucionales anteriores, puesto que es preciso analizar los efectos de los fallos sobre normas ordinarias precedentes para establecer su alcance en frente de dicha reforma.

En efecto, la Carta de 1991 en su art�culo 380 establece: "Queda derogada la Constituci�n hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constituci�n rige a partir del d�a de su promulgaci�n". En este sentido la nueva Constituci�n Nacional rebasa el concepto de una mera reforma, pues ha sustituido plenamente, con sus normas y principios fundamentales, el anterior Estatuto de 1886, no obstante que tambi�n sea cierto que muchas de las disposiciones y principios de �ste se proyectan en la nueva normatividad. Pero no cabe duda tampoco que existe una amplia e importante normatividad, con sus principios pol�ticos y jur�dicos, que implica una gran transformaci�n en la estructura institucional de la Naci�n.

Por tanto en el caso de la demanda que se resuelve hay que tener cuenta que, aun cuando se conserven las razones jur�dicas que sirvieron de apoyo al fallo precedente, la decisi�n de la Corte no puede ser la de estarse a los efectos de la cosa juzgada, sino que es preciso un nuevo pronunciamiento conforme a los dictados de la Carta de 1991, para que produzca sus efectos jurisdiccionales el control constitucional. Casos habr�, inclusive, en que normas juzgadas como exequibles conforme a la anterior Carta, resulten inexequibles confrontadas con los nuevos contenidos normativos de la constituci�n vigente.

As� pues, para la Corte, la cosa juzgada constitucional, en el caso de la reforma a la Carta deja de ser absoluta y pasa a ser objeto de revisi�n dependiendo del contenido de la nueva Constituci�n y las modificaciones profundas que en ella se han introducido.

Como se admiti� anteriormente en este caso el juicio de constitucionalidad frente a la Constituci�n de 1991, guarda una relaci�n de similitud y coherencia con lo dispuesto por la anterior Carta de 1886, ya que en �sta se dispon�a en el art�culo 50 que "las leyes determinar�n lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes", mientras que en la norma vigente se establece: "La ley determinar� lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes".

Por tanto es pertinente transcribir en parte las razones que sirvieron de fundamento a la sentencia No. 66 de junio 7 de 1983, y que se acogen ahora, con las adiciones y precisiones que se hacen en esta sentencia:

"a)Conviene en primer t�rmino fijar el alcance del art�culo 10 de la Ley 75 de 1968, cuya �ltima parte se cuestiona desde el punto de vista de su constitucionalidad. De especial importancia La primera parte, tanto social como jur�dicamente, se limita a legalizar la posibilidad de que la acci�n de investigaci�n de la paternidad natural se pueda adelantar, fallecido el presunto padre, contra los herederos y su c�nyuge, lo cual ya hab�a sido reconocido de larga data por la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Civil de la Corte. El segundo inciso, este si totalmente nuevo consagra la posibilidad igualmente avanzada de que muerto el hijo, la acci�n mencionada pueda ser intentada por sus descendientes leg�timos y por sus ascendientes.

"Ahora bien la parte impugnada por el libelista determina que la sentencia declarativa de la paternidad en los casos anteriores solamente producir� efectos patrimoniales "cuando la demanda se notifique dentro de los dos a�os siguientes a la defunci�n". Se establece por lo tanto en ese caso, seg�n la jurisprudencia dominante, unacausal de caducidad de los efectos patrimoniales de la acci�n mentada de investigaci�n de la paternidad natural, y que la Corte, conteste con el funcionario que lleva la voz de la sociedad en el presente caso, considera ajustada a la Constituci�n;

"b) Resulta indispensable subrayar el hecho de que la caducidad solamente abarca los aspectos patrimoniales de la acci�n, lo que significa que los aspectos extrapatrimoniales atinentes al estado civil, en atenci�n entre otras cosas a su inter�s social, solamente caducan y prescriben en los casos taxativamente se�alados por la ley.

"Se establece por lo tanto la caducidad �nicamente para aquellos aspectos de naturaleza eminentemente privada o de inter�s individual, en circunstancias tales en que, la persona tiene la opci�n durante un tiempo ciertamente largo, de ejercitar o no, la acci�n de investigaci�n de la paternidad natural. El individuo tiene por lo tanto todo el derecho a abandonar la acci�n, sin que luego pueda alegar en su favor dicho abandono.

"No est� de m�s advertir, que de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Civil de la Corte, si la notificaci�n no se realiza por causas no imputables a quien ha ejercido la acci�n de investigaci�n de la paternidad, sino imputables a los funcionarios o a la parte demandada, el tiempo de caducidad se suspende.

c) La caducidad, lo mismo que la prescripci�n y dem�s fen�menos similares, constituyen instituciones procesales que en todo tiempo han formado parte de las estructuras jur�dicas, y cuya �ptica en relaci�n con los derechos individuales, no puede limitarse a la persona que tiene el derecho de ejercer o no la acci�n, sino que tambi�n debe abarcar como es natural los derechos de las personas que pueden beneficiarse de su aplicaci�n. Su existencia se reconoce no solamente en el �mbito del Derecho Privado, sino tambi�n en el �mbito del Derecho Penal, del Derecho Administrativo y del Derecho P�blico en general.

"d) Todo lo anterior ser�a en efecto m�s que suficiente para fundamentar la constitucionalidad de la norma materia de la censura, sin embargo es pertinente a�adir de una parte, que instituciones como la caducidad, la prescripci�n, la perenci�n y la validez de los actos de los funcionarios de facto, responden a las imperativas exigencias de seguridad del orden jur�dico, sin la cual la convivencia ordenada de la comunidad, fin esencial del mismo, vendr�a a ser pr�cticamente imposible.

Examinada la disposici�n acusada a la luz de las nuevas normas de la Carta de 1991, esta Corporaci�n encuentra que ella est� conforme a sus prescripciones, y por tanto se declarar� su exequibilidad.

En efecto, no obstante que en la Carta de 1991 aparece consagrado ahora como principio de orden constitucional el de la igualdad de derechos y deberes entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de �l (art. 42 inciso 4o. C.N.), ya consagrada por la Ley 29 de 1982; tambi�n es cierto que la norma acusada no se dirige a establecer una soluci�n jur�dica desigual entre ellos y sus derechos y deberes, sino a regular un aspecto relativo al estado civil de las personas (art. 42 inciso 10 C.N.), en especial el del caso de la incertidumbre de la paternidad extramatrimonial y el fallecimiento del presunto padre o del hijo. Dicha competencia en la Constituci�n de 1886, estaba igualmente reservada a la ley en los t�rminos del art�culo 50 que preceptuaba expresamente que: "Las leyes determinar�n lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes".

Seg�n la doctrina nacional, la igualdad de derechos, especialmente la sucesoral, presupone la definici�n y certeza del estado civil que sirve de base a tales derechos; en consecuencia, no habiendo certidumbre sobre el estado civil, tal como ocurre con el caso regulado por el art�culo 10� de la y 75 de 1968, tampoco puede haber igualdad sucesoral. En otros t�rminos la igualdad sucesoral se predica de los estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son meramente eventuales por estar condicionados a la certidumbre previa del estado civil.

As� las cosas, la Corte considera exequible la disposici�n demandada, al confrontarla con la Carta de 1991, en los t�rminos que se han analizado anteriormente.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del se�or Procurador General de la Naci�n,

Declarar exequible el inciso cuarto del art�culo 10 de la Ley 75 de 1968, que dice:

"La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producir� efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y �nicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos a�os siguientes a la defunci�n".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Pablo Julio C�ceres Corrales, Presidente, Rafael Baquero Herrera, Ricardo Calvete Rangel, Jorge Carre�o Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ru�z, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Eduardo Garc�a Sarmiento, Gustavo G�mez Vel�squez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jim�nez D�az, Pedro Lafont Pianetta, H�ctor Mar�n Naranjo, Rafael M�ndez Arango, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero, D�dimo P�ez Velandia, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Sim�n Rodr�guez Rodr�guez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanin Greiffenstein, Hugo Suesc�n Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Mart�nez, Ram�n Z��iga Valverde.