Ir a la encuesta de percepción

300Corte SupremaCorte Suprema300300138331598Jesús Vallejo Mejía198713/08/19871598_Jesús Vallejo Mejía_1987_13/08/198730013833SOSTIENE LA CORPORACIÓN SU COMPETENCIA PARA CONOCER EN CUALQUIER TIEMPO, DE LAS DEMANDAS QUE POR INCONSTITUCIO NALIDAD SE PRESENTEN CONTRA LEYES APROBATORIAS DE TRATA­DOS INTERNACIONALES, CUANDO SE REFIERAN A VICIOS DE TRAMI­TE O EN LA FORMACIÓN DE LA LEY. COSA JUZGADA. COMPETENCIA TEMPORAL O INTERMEDIA. Estarse a lo decidido en sentencia de 25 de junio de 1987, Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 106. Referencia: Expediente número 1598. 1987
Luz Marina Díaz Gonzálezpor medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.Identificadores30030013834true87163Versión original30013834Identificadores

Norma demandada:  por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.


SOSTIENE LA CORPORACIÓN SU COMPETENCIA PARA CONOCER EN CUALQUIER TIEMPO, DE LAS DEMANDAS QUE POR INCONSTITUCIONALIDAD SE PRESENTEN CONTRA LEYES APROBATORIAS DE TRATA­DOS INTERNACIONALES, CUANDO SE REFIERAN A VICIOS DE TRAMI­TE O EN LA FORMACIÓN DE LA LEY. COSA JUZGADA. COMPETENCIA TEMPORAL O INTERMEDIA.

Estarse a lo decidido en sentencia de 25 de junio de 1987,

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 106.

Referencia: Expediente número 1598.

Acción de inexequibilidad contra la Ley 68 de 1986 "por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Actora: Luz Marina Díaz González.

Magistrado ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía.

Aprobado por Acta número 38.

Bogotá, D. E., agosto trece (13) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. ANTECEDENTES

Ante esta Corporación, la ciudadana Luz Marina Díaz González en ejercicio de la acción pública reconocida por el artículo 214 de la Constitución Nacional, presentó demanda de inexequibilidad contra la Ley 68 de 1986.

Admitida la demanda y luego de analizadas las pruebas presentadas por la accionante, así como las solicitadas por el Magistrado sustanciador, se dio traslado al Señor Procurador General de la Nación a quien la Sala Constitucional aceptó su solicitud de impedimento en 3a elaboración y aprobación de la Ley 27 de 1980 aprobatoria del Tratado de Extradición celebrado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, cuyo contenido corresponde exactamente a la misma Ley 68 de 1986. En vista de lo anterior, correspondió al Viceprocurador de la Nación emitir en su debido momento el concepto exigido por la Ley.

Por lo tanto procede la Corte a resolver sobre el asunto planteado.

II. NORMA DEMANDADA

En forma específica el accionante considera que la Corte debe declarar la inexequibilidad del numeral 2º del artículo 5° del Tratado de Extradición aprobado por la Ley 68 de 1986, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo V. Non bis in ídem.

"1º…..

2o. El que las autoridades competentes del estado requerido hayan decidido no procesar a la persona reclamada por el hecho que motiva la solicitud de Extradición, o suspender cualquier acción penal que se hubiere incoado, no impedirá la Extradición".

III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

A. En concepto de la actora la norma acusada viola los artículos 2, 55 y 58 de la Constitución Nacional.

B. Con base en un ejemplo práctico cuidadosamente expuesto considera que la posibilidad de que las autoridades competentes en los Estados Unidos puedan requerir y obtener la extradición de una persona por un hecho cuyo juzgamiento se adelante en dicho país, a pesar de que un juez colombiano haya decidido por el mismo hecho suspender la acción penal o declararla extinguida, implica un claro desconocimiento de la jurisdicción del juzgador en nuestra patria y por ende una manifiesta violación de los principios de soberanía nacional que guían la identidad delas ramas del poder público y la autonomía funcional de los órganos encargados deadministrar justicia al tenor de lo dispuesto en las disposiciones constitucionales antesmencionadas.

IV. CONCEPTO FISCAL

Después de recordar que el Procurador General de la Nación, mediante concep­to de 4 de marzo de 1987, solicitó a la Corte la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 68 de 1986, aprobatoria del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia por considerar que, con excepción de la sanción no se cumplieron con las exigencias formales prescritas por el artículo 81 de la Carta, la fiscalía procede a realizar una síntesis conceptual sobre las distintas doctrinas que en distintos períodos ha esgrimido la Corte en torno al tema de la competencia que le asiste para proferir fallos de mérito, en relación con normas que incorporan al derecho interno, tratados o convenios internacionales. Tres tesis, son finalmente recogidas por la fiscalía:

a) La tesis de la competencia absoluta, últimamente expuesta por los Magistra­dos, que salvaron su voto en la sentencia inhibitoria del 6 de junio de 1985 sobre el Tratado de Extradición, Ley 27 de 1980, según la cual "...la guarda de la integridad de la Constitución no tiene excepciones ni de tiempo ni de materia y abarca de contera leyes aprobatorias de Tratados Públicos, cualquiera que sea la oportunidad en que ejercite la respectiva acción";

b) La tesis de la competencia temporal o precaria, así denominada, por cuanto la competencia de la Corte para el juzgamiento de leyes aprobatorias de tratados internacionales estaría determinada por el factor tiempo, es decir, la competencia surge en el momento en que el Congreso aprueba la ley y precluye cuando se perfecciona el instrumento internacional;

c) La tesis de la falta absoluta de competencia, sostenida durante muchos años por la Corte y reiterada por los Magistrados que salvaron su voto a la sentencia de febrero 12 de 1987, por medio de la cual la Corte declaró constitucional la Ley 12 de 1974 (aprobatoria del Concordato), por cuanto no adolecía de vicios de forma, pero sedeclaró inhibida para decidir sobre el fondo de la demanda, por considerar que el actojurídico internacional ya se había perfeccionado.

Luego de analizar las tres tesis doctrinarias expuestas, la fiscalía concluye:

1º. Los Tratados son actos jurídicos complejos y especiales, de carácter internacional, que no pueden estar sujetos a terminación unilateral por un órgano que no ha tenido participación alguna y es ajeno al manejo de las políticas y relaciones internacionales.

2o. Ni la Constitución, ni norma alguna facultan a la Corte para ejecer,<sic> así sea de manera temporal o previa al perfeccionamiento, el control de constitucionalidad sobre leyes que incorporan al sistema jurídico normas internacionales.

Por tanto, dice la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia debe declararse inhibida, por falta de competencia, para conocer el contenido y proferir fallo de mérito en relación con la demanda contra la Ley 68 de 1986, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

A. Competencia.

"Con base en los principios establecidos en el proveído del 32 de diciembre de 1986, la Corte en sentencia de junio 25 de 1987 sostiene que la Corporación es competente para conocer en cualquier tiempo, de las demandas que por insconstitucionalidad <sic> se presenten contra leyes aprobatorias de Tratados Internacionales, cuan­do se refieran a vicios de trámite en la formación de la Ley.

Sin embargo, como en el caso en estudio se pretenden el juzgamiento de inconstitucionalidad con fundamento en la presencia de vicios materiales que atentan contra la normatividad constitucional, teóricamente el problema debe plantearse en relación con la competencia que asiste a esta Corporación, para ejercer un control de fondo con respecto a dichas leyes aprobatorias de Tratados Internacionales. Ello más por respeto al accionante y a la dignidad misma de la labor jurisdiccional que por utilidad práctica, como más adelante se verá.

En efecto, con respecto a la facultad que posee la Corte para el control material de leyes aprobatorias de Tratados, continuará la Corporación acogiendo la tesis de la competencia temporal o intermedia, formulada inicialmente por esta Corporación en sentencia de 6 de junio de 1985, cuando la Corte se inhibió para fallar a propósito del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia; posteriormente retomado por sentencia de 12 de diciembre de 1986 cuando la Corte aceptó la impugnación de la misma ley aprobatoria del antes mencionado Tratado de Extradición (Ley 27 de 1980), por tratarse de una demandapor vicios de procedimiento en su sanción o firma.

En tales casos la Corporación consideró que poseía competencia para examinar la constitucionalidad material de leyes aprobatorias de tratados, desde el momento de su promulgación hasta el Canje de Ratificaciones o depósito de los instrumentos correspondientes.

En especial, en la sentencia de 6 de junio de 1985 la Corte llega a la conclusión de que el convenio internacional sólo nace a la vida jurídica cuando además de la ley aprobatoria, se haya producido el Canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación'.

Es con base en esta argumentación, que esta misma Corporación decidió por sentencia de 12 de febrero de 1987, declararse inhibida para decidir sobre el fondo de la demanda por inconstitucionalidad presentada contra la Ley 20 de 1974, aprobato­ria del Concordato y Protocolo Final suscritos entre la República de Colombia y la Santa Sede, por considerar que se había perfeccionado en debida forma el trámite del Tratado.

Teniendo en cuanta que la presente impugnación tiene por objeto una decisión sobre el fondo del Tratado, que no sobre vicios formales atinentes al mismo, la Corte debía inicialmente indagar sobre el perfeccionamiento del Tratado como acto jurídico complejo de naturaleza internacional, con el objeto de precisar su competencia para tai fin se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores informe, con envío de la documentación oficial pertinente, sobre la fecha del decreto de su promulgación.

En respuesta a la solicitud formulada, la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó y anexó el acta de canje de los instrumentos de ratificación del Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América 'suscrito en Washington el 14 de septiembre de 1979'- Dicha acta fue firmada el 4 de marzo de 1982 por el doctor Carlos Lemons Simmonds (Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia) y Thomas D. Boyatt (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América) y correspondió a la Ley 27 de 3 de noviembre de 1980, según consta en decreto de promulgación número 1781 de 1982 (Diario Oficial número 36046 de 15 de junio de 1982).

Es de anotarse que el canje de instrumentos de ratificación y el decreto de promulgación hacen referencia a la Ley 27 de 1980, que no a la Ley 68 de 1986, que como tal se encontraba vigente al momento de incoarse la presente acción, razón por la cual la Corte asumió con competencia su conocimiento, debido a que no se había llevado a cabo el canje de ratificaciones necesario para el perfeccionamiento del acto jurídico internacional ni se había expedido el decreto de su promulgación".

B. Cosa juzgada.

A pesar de que para la Corte se hace necesario establecer claridad sobre los elementos que doctrinariamente definen su competencia para decidir acerca de una demanda sobre el contenido mismo de una ley aprobatoria de tratados internaciona­les, la dilucidación conceptual de los argumentos esgrimidos para sustentar la inconstitucionalidad de las normas acusadas carece de utilidad procesal debido a que la Corte en fallo de 25 de junio de 1987, recaído sobre el proceso número 1558 declaró con fuerza de cosa juzgada la inexequibilidad de la Ley 68 de 1986 y por tanto en el presente proceso debe estarse a lo decidido para aquella radicación.

VI. DECISIÓN

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Viceprocurador General de la Nación,

RESUELVE:

'Estarse a lo resuelto en el fallo de 25 de junio de 1987 por virtud del cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 68 de 1986'.

Cópiese, publíquese, Comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Ángel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario