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300Corte SupremaCorte Suprema300300136431599Fabio Morón Díaz198713/08/19871599_Fabio Morón Díaz_1987_13/08/198730013643&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA NÚMERO 100. 1987
Hernán Darío Velásquez GómezPROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA. ÉTICA YIdentificadores30030013644true86963Versión original30013644Identificadores

Norma demandada:  PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA. ÉTICA Y


&&CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO 100.

REFERENCIA : Expediente número 1599.

FECHA : Bogotá, D. E., agosto trece (13) de mil novecientos

ochenta y siete (1987).

Acción de inexequibilidad contra los artículos 27L0023_81#27*

(parcialmente) y 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981.

Médicos: honorarios y ética.

ACTOR : Hernán Darío Velásquez Gómez.

MAGISTRADO PONENTE : doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobado por Acta número 38.

TEMA : PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA. ÉTICA Y

HONORARIOS EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA.

SENTENCIA INHIBITORIA

La Corte se inhibe de fallar.

I. ANTECEDENTES

El ciudadano Fernán Darío Velásquez Gómez presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra los artículos 27L0023_81#27* (parcialmente) y 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981. Se admitió la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien se declaró impedido para conceptuar dentro de este proceso. La Sala Constitucional de esta Corporación aceptó dicho impedimento y corrió traslado al Viceprocurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor. Procede ahora la Corte a resolver el asunto.

II. TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS

Las normas demandadas son las siguientes:

"Artículo 27.L0023_81#27* Es deber del médico asistir, sin cobrar honorarios, al colega su esposa, los parientes en primer grado de consanguinidad que dependan económicamente de él, salvo en los casos en que estén amparados por un seguro de salud y en el de los tratamientos psicoanalíticos.

"Artículo 30.L0023_81#30* El médico no desaprobará con palabras o de cualquier otra manera actuaciones de sus colegas en relación con los enfermos. Será agravante de esa conducta el hecho de que esté dirigida a buscar la situación médico-tratante".

(Lo subrayado es lo demandado).

III.- LA DEMANDA

A.- Normas constitucionales que se consideran infringidas.

Estima el actor que las normas acusadas violan los artículos 16CONS_P86#16*, 30CONS_P86#30*, 32CONS_P86#32*, 41CONS_P86#41*, 42CONS_P86#42* y 53CONS_P86#53* de la Carta Política.

B.- Fundamentaciones.

Las razones con las que el actor fundamenta su demanda son las siguientes:

1º. No puede el legislador discriminar a los médicos con respecto a otras personas en el sentido de obligarlos a atender gratuitamente a sus colegas sin desconocer lo dispuesto por el artículo 16CONS_P86#16* de la Constitución como ocurre con la palabra colega del artículo 27L0023_81#27* de la Ley 23 de 1981. Esta palabra establece una clara desigualdad que no se justifica. Además, la palabra colega en la norma que se acusa, viola el artículo 30CONS_P86#30* de la Carta, pues desconoce la propiedad intelectual de los conocimientos científicos de los médicos.

También considera el actor que se viola el artículo 32CONS_P86#32* de la Carta puesto que el hecho de cobrarle honorarios al colega en nada se relaciona con el bien común que es la condición para limitar la libertad de empresa y la iniciativa privada.

2º. El artículo 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981 afecta el derecho de opinión que tienen los médicos respecto de los pacientes (art. 53CONS_P86#53* C. N. ). Desaprobar el tratamiento de un colega nada tiene que ver con la ética desde que se haga en el marco de un concepto intelectual y profesional. Viola el artículo 16CONS_P86#16* de la Carta, pues establece una situación diferencial con las demás profesiones.

IV. LA VISTA FISCAL

Ante el impedimento del señor Procurador, aceptado por la Sala Constitucional, el Despacho del señor Viceprocurador emitió el concepto fiscal correspondiente.

Solicita la vista fiscal que la Corte se declare inhibida para proferir fallo de mérito sobre la acusación planteada contra el artículo 27L0023_81#27* de la Ley 23 de 1981, o que si procede la decisión de mérito lo declare ajustado a la Carta. Además y por no ser violatorio de la Carta que declare que el artículo 30L0023_81#30* de la misma Ley es exequible. Fundamenta la solicitud en las siguientes consideraciones:

A. Sobre lo acusado del artículo 27.L0023_81#27*

1º. En primer lugar, advierte el señor Viceprocurador que según sentencia de diciembre 11 de 1986, la Corte con argumentos aplicables al presente asunto, se inhibió para decidir el ataque parcial que se ha elevado contra la Ley 23L0023_81#1* de 1981, por falta de unidad normativa en la acusación de inexequibilidad.

2º. Plantea la vista fiscal que si la Corte encuentra que procede proferir fallo de mérito "entonces declare ajustado a la Constitución el artículo 27L0023_81#27*, en la parte demandada, puesto que se contrae a recoger una costumbre médica, una norma de cortesía y atención gratuita de tradición inmemorial". Reitera su concepto emitido dentro del proceso número 1516 y estima que no se atenta contra el artículo 16CONS_P86#16* de la Constitución "pues la desigualdad que plantea el demandante se presentaría en el caso de que tal obligación se consagrara únicamente para algunos médicos, mas no para todos".

Sostiene que la norma acusada tampoco resulta violatoria de lo previsto en el artículo 32CONS_P86#32* de la Constitución "pues ésta se refiere a la libertad de empresa y a la iniciativa privada, ejecutadas dentro de los limites del bien común, y a la intervención del Estado en el proceso económico privado y los objetivos perseguidos".

B. Sobre el artículo 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981.

Reitera la solicitud contenida en el concepto arriba citado puesto que con dicha norma se infringe el artículo 16CONS_P86#16* de la Carta. En su sentir "no se puede concebir que por prohibición legal cuando un médico esto tratando en forma incorrecta a un paciente, no pueda otro médico desaprobar dicho tratamiento para utilizar uno más apropiado, a fin de mejorar la salud del enfermo e inclusive, salvarle la vida".

Sostiene que la norma acusada viola además el artículo 53CONS_P86#53* de la Constitución en relación con los artículos 41CONS_P86#41* y 42CONS_P86#42* de la misma, ya que el derecho de opinión consiste en la potestad inalienable de pensar y creer en lo que se cree y piensa y de formar juicios y valorar situaciones. La norma acusada limita al médico la libertad de pensar y de valorar el estado de un paciente, violando la libertad de opinión y expresión.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. Competencia.

Es competente la Corte para pronunciarse sobre los preceptos acusados en cuanto forman parte de una ley de la República.

Segunda. Proposición jurídica incompleta.

1º. El actor manifiesta de manera expresa su inconformidad ante la decisión que profirió esta Corporación sobre similar demanda presentada anteriormente por él mismo contra las normas hoy nuevamente cuestionadas; reitera sus argumentos e insiste en su acusación fundamentándola en los anteriores razonamientos.

2º. Resulta evidente que el actor elabora la misma proposición para el ejercicio de la acción ciudadana de inexequibilidad y se advierte que la Corte Suprema de Justicia pronunció resolución (Sentencia número 110 de diciembre 11 de 1986) dentro del proceso número 1516, la cual produce efectos de cosa juzgada, formal pero no material. En ella ordenó "inhibirse" de fallar la acusación parcial de inexequibilidad del artículo 27L0023_81#27* de la misma Ley que dice:

"Es deber del médico asistir sin cobrar honorarios, al colega, su esposa, los parientes en primer grado de consanguinidad que dependan económicamente de él, salvo en los casos en que estén amparados por un seguro de salud y en el de los tratamientos psicoanalíticos".

Sobre el artículo 30L0023_81#30*, que nuevamente se acusa, también la Corte se pronunció en el mismo sentido; ordenó "inhibirse" de fallar la acusación parcial de inexequibilidad del artículo 30L0023_81#30* ibídem que dice:

'El médico no desaprobará con palabras o de cualquier otra manera las actuaciones de sus colegas en relación con los enfermos. Será agravante de esa conducta el hecho de que esté dirigida a buscar la situación médico-tratante'.

En la citada sentencia esta Corporación considera:

"En la especie de la acusación parcial del artículo 27L0023_81#27* que se estudia, donde lo verdaderamente cuestionado para la Corte es la imposición de un deber de atención gratuita o de prestación de servicios gratuitos por el médico, sin que se hubiere impugnado de la norma el mandato impuesto frente a otras personas distintas del colega, determina que la Corporación no pueda, sin escindir su integridad normativa, fallar sobre su inexequibilidad y ante ello se inhibirá de decidir el ataque parcial que se ha elevado contra la ley.

"La unidad normativa de la acusación de inexequibilidad, generada por la naturaleza restrictiva de la función de la Corte, crea la limitación de analizar frente a la Carta el tenor acusado, de donde brota la exigencia de la integración de la unidad normativa de la cuestión debatida con las normas reguladoras de la hipótesis censurada ante el control constitucional.

"Dicha exigencia es la que motiva a la Corte a inhibirse de fallar respecto de la acusación parcial del artículo 30L0023_81#30* de la Ley 23 de 1981, por cuanto la situación allí legislada se conecta con otras normas del estatuto, que no fueron materia de la impugnación".

3º. "Además, adviertese que el actor reduce el alcance del objeto de la acusación del artículo 27L0023_81#27*, puesto que sólo la dirige contra el sustantivo "colega" y no contra la expresión "sin cobrar honorarios al colega" ante lo cual las consideraciones de la Corte que aparecen en el fallo arriba citado deben reiterarse con mayor razón en este asunto. Aunque los eventos en los que procede la inhibición de la Corte por causa de una proposición jurídica incompleta son sólo excepcionales, es evidente que en este caso lo parcialmente acusado del artículo 27L0023_81#27* se supedita para su validez a la norma íntegramente considerada, pues su vigencia, significado y operancia, dependen del mandato que contiene la unidad jurídico-normativa completa el artículo 27.L0023_81#27* En la forma como propone el actor su demanda no se integra unidad textual ni contextual alguna hasta el extremo de impedir una decisión de mérito, resulta para la Corte, de manera clara y evidente, que la parte acusada del artículo 27L0023_81#27* de la Ley 23 de 1981 no es autónoma ya que la palabra "colega" así como la expresión acusada en la demanda que inició el proceso 1516, jurídicamente no significa nada por sí misma. Estas expresiones se relacionan inescindiblemente con la proposición jurídico-normativa, ésta sí autónoma contenida en el mismo artículo del que forma parte, con la cual guarda íntima conexión. De nada serviría un fallo de fondo sobre la palabra demandada pues la proposición normativa de la que forma parte la expresión acusada se halla consagrada en las otras partes del mismo artículo, como bien lo señaló la Corte en el fallo arriba transcrito.

4º. Esta Corporación ha definido con meridiana claridad el tema de la proposición jurídica incompleta en jurisprudencia que aquí también se reitera:

"Reitérase que lo que constituye carencia de proposición jurídica completa, o lo que es lo mismo, proposición jurídica incompleta, como motivo para conminar a la Corte a inhibirse de fallar en el fondo sobre lo demandado, no es la conexidad que se descubra, evidencie o intuya, entre una parte de un artículo y su restante, o entre una norma acusada y otras ya que de ser así se llegaría al absurdo de que habría que inquirir más bien sobre lo no conexo en una codificación o en un estatuto, que generalmente está referido a materias similares y conexas, teniendo entonces que estar demandando siempre el todo para lograr pronunciamiento sobre la parte; sino, únicamente, cuando de manera clara y axiomática se vea que el fallo de fondo sobre lo demandado de nada serviría, por cuanto la proposición normativa acusada se halla consagrada en otra parte de un mismo código, o en otro estatuto, de modo tal que resultaría estéril y nugatoria la decisión de inexequibilidad al respecto; o cuando en forma irreparable se rompa la continencia de la causa prescrita en la norma, de manera que enerve o deje en duda la aplicación de otra u otras: más aun así, en este último evento, hay que dejar en claro que cuando se demanda parte de una norma y ésta tenga que retirarse toda del orden jurídico, como consecuencia de haber caído la parte, el fallo no debe ser inhibitorio sino de fondo, y el resultado obvio sería el de la inaplicabilidad del resto de lo demandado". (Sentencia de mayo 19 de 1982). (Subraya la Corte).

De otra parte y muy a pesar de que el actor extiende el objeto de su acusación contra el artículo 30L0023_81#30* de la misma Ley a la frase que dispone: "Será agravante de esa conducta el hecho de que esté dirigido a buscar la situación médico-tratante", debe la Corte reiterar su resolución inhibitoria por cuanto que la situación que regula la norma acusada se conecta con otras normas del mismo estatuto que no fueron materia de la impugnación. Se presenta en el caso que se analiza la exigencia de la integración de la unidad normativa de la cuestión debatida, para determinar la precisa hipótesis objeto de la acción de inexequibilidad, por lo que consecuentemente se declara inhibida para fallar de mérito en el asunto sub examine .

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional v oído el señor Procurador General de la Nación.

RESUELVE:

Primero. INHIBIRSE de fallar la acusación parcial de inexequibilidad del artículo 27L0023_81#27* de la Ley 23 de 1981, que dice:

"Es deber del médico asistir, sin cobrar honorarios, al colega, su esposa, los parientes en primer grado de consanguinidad que dependan económicamente de él, salvo en los casos en que estén amparados por un seguro de salud y en el de los tratamientos psicoanalíticos".

Segundo. INHIBIRSE de fallar la acusación de inexequibilidad del artículo 30L0023_81#30* de la misma Ley.

Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

JUAN HERNÁNDEZ SÁENZ,

Presidente;

RAFAEL BAQUERO HERRERA,

JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO FERNÁNDEZ,

JORGE CARREÑO LUENGAS,

GUILLERMO DÁVILA MUÑOZ,

MANUEL ENRIQUE DAZA ALVAREZ,

JAIRO E. DUQUE PÉREZ,

GUILLERMO DUQUE RUIZ,

EDUARDO GARCÍA SARMIENTO,

JAIME GIRALDO ANGEL,

HÉCTOR GÓMEZ URIBE,

RODOLFO MANTILLA JÁCOME,

HÉCTOR MARÍN NARANJO,

FABIO MORÓN DÍAZ,

JACOBO PÉREZ ESCOBAR,

RAFAEL ROMERO SIERRA,

JESÚS VALLEJO MEJÍA,

RAMÓN ZÚÑIGA VALVERDE.

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Secretario