Sentencia 901. de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030013599901.Carlos Medell�n198221/04/1982901._Carlos Medell�n_1982_21/04/198230013599INASISTENCIA ALIMENTARIA Exequible el art�culo 263 del Decreto n�mero 100 de 1980, C�digo Penal Corte Suprema de Justicia Sala Plena Ref.: Expediente n�mero 901. 1982

Antonio Jos� Iragorri Rdemanda de imcontitucionalidad Art�culo 263 del C�digo Penal. "Inasistencia Alimentaria".Identificadores30030013600true87337Versi�n original30013600Identificadores

Norma demandada: �demanda de imcontitucionalidad Art�culo 263 del C�digo Penal. "Inasistencia Alimentaria".

Exequible el art�culo 263 del Decreto n�mero 100 de 1980, C�digo Penal

Norma acusada: Art�culo 263 del C�digo Penal. "Inasistencia Alimentaria". Actor; Antonio Jos� Iragorri S.

El ciudadano Antonio Jos� Iragorri R., en uso del derecho que le concede la Constituci�n Pol�tica de Colombia, solicita a la Corte Supre�ma de Justicia que declare la inexequibilidad del art�culo 263 del Decreto n�mero 100 de 1980 - C�digo Penal-, por razones de constitucionalidad. La Corte es competente para cono�cer de este negocio en virtud del art�culo 214 del C�digo Superior, y as� lo hace mediante el procedimiento determinado por el Decreto n��mero 432 de 1969.

"Art�culo 263. Inasistencia Alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestaci�n de alimentos legalmente debidos a los ascendien�tes, descendientes, adoptante o adoptivo o c�n�yuge, incurrir� en arresto de seis (6) meses a tres (3) a�os y multa de un mil a cien mil pesos.

"Cuando se trate de un parentesco natural de consanguinidad, la acci�n penal se limitar� a padres e hijos".

Considera el actor que la disposici�n transcri�ta lesiona el art�culo 23 de la Carta en cuanto establece que "en ning�n caso podr� haberdetenci�n, prisi�n ni arresto por deudas u obli�gaciones puramente civiles, salvo el arraigojudicial".

Sostiene el actor que la llamada asistencia alimentaria constituye una obligaci�n puramen�te civil, ya que est� regulada por el C�digo Civil y por otras disposiciones legales de la misma naturaleza. Arguye que, precisamente para salvar ese escollo, la Ley 75 de 1968 le asoci� el car�cter de ''asistencia moral", pero que �ste le fue suspendido en el nuevo C�digo Penal, el cual se refiere al hecho simplemente con el nombre de ''inasistencia alimentaria". Afirma, que, siendo meramente civil la obliga�ci�n de suministrar alimentos, al incluir su incumplimiento como hecho punible en el C�digoPenal, se ha lesionado el art�culo 23 de la Carta,que proh�be establecer sanciones de tal natura�leza por obligaciones que s�lo tengan aquel ca�r�cter y que, "con la misma raz�n con que sepretende sancionar penalmente al deudor de la obligaci�n alimentaria, podr� sancionarse ma�a�na al arrendatario, al mutuario, etc., que no cum�plan oportunamente con las obligaciones que les competen".

En su concepto de rigor, el Procurador General de la Naci�n observa, en primer t�rmi�no, que el argumento de que se trata de una obligaci�n puramente civil por estar regulada en el C�digo Civil, no es v�lido para el ejercicio del control de constitucionalidad, ya que con el mismo criterio podr�a decirse que su incumplimiento es un delito porque as� lo define el C�digo Penal. Considera, adem�s, equivocada la conclusi�n de que a una conducta individual s�lo puede atribu�rsele un �nico efecto jur�dico, ya que "al valorar las conductas activas a omisiones de los individuos, la conciencia y la vo�luntad que suelen acompa�arlos, el orden jur�dico puede atribuirles diversos efectos jur�dicos". Cita distintos tratadistas seg�n los cuales la obligaci�n alimentaria tiene caracter�sticas especiales, el derecho de familia, en general, y el de "pedir alimentos, en particular, son de orden p�blico, y el derecho penal puede com�prender las omisiones da�inas relativas a esos derechos. El Procurador sostiene, adem�s, que no se trata de obligacionespuramente civiles, porque "la libertad disposiva <sic> en la formaci�n, modificaci�n y extinci�n de las relaciones, y elinter�s esencialmente patrimonial e individual, que son caracter�sticas de la obligaci�n pura�mente civil, no pueden predicarse de las obliga�ciones familiares; tampoco pueden predicarse de �stas la enajenabilidad, renunciabilidad y transmisibilidad, que caracterizan, los derechos estrictamente civiles". Recuerda que la Constitu�ci�n en varias de sus normas reconoce car�cter eminente a la organizaci�n familiar y consagratratamientos de excepci�n a sus asuetos, y trans�cribe fragmentos de la sentencia de la Corte defecha 13 de abril de 1973, sobre la misma ma�teria. El concepto del Procurador concluye so�licitando la declaraci�n de exequibilidad de lanorma acusada.

Mientras se hallaba el proceso en la Procu�radur�a, el ciudadano Jorge Edgardo Gonz�lez Vidales, quien dice obrar como tal y como apo�derado del Ministro de. Justicia, present� un memorial de impugnaci�n de la demanda, en el cual alega que no se trata de "obligaciones puramente civiles sino de obligaciones que tras�cienden del campo netamente privado, parabuscar la protecci�n misma de la familia y, porende, de la sociedad y del Estado", y que "cons�tituye adem�s el delito de inasistencia alimenta�ria una forma directa para ejercer la protec�ci�n de la vida de las personas residentes en Colombia, y asegura el cumplimiento de los de�beres sociales de los particulares, de que tratael art�culo 16 de la Carta Pol�tica". Pide, enconsecuencia, que se declare exequible la dis�posici�n acusada.

1�. La norma sometida al juicio de constitucionalidad ciertamente no es nueva en el esta�tuto penal colombiano. Su antecedente inmedia�to se encuentra en el art�culo 40 de la Ley 75 de 1968. El Decreto n�mero 100 de 1980, C�digoPenal, al reproducirla en su art�culo 263, lo hizo introduci�ndole algunos cambios relativos a los sujetos vinculados por la obligaci�n ali�mentaria y por el hecho de la correspondiente inasistencia, pero esencialmente, en cuanto a �sta como fen�meno sancionable por la ley delas penas, le conserv� su identificaci�n jur�dica y su naturaleza punible. Habiendo sido acusado en su momento el art�culo 40 de la Ley 75 de 196S para que se decidiera sobre su constitucionalidad, la Corte lo encontr� ajustado al C�digo Superior, y ello se recuerda no porquetal circunstancia pueda considerarse como de�terminante de cosa juzgada, ya que el objetodel presente juicio es diferente en cuanto normanueva, aunque materialmente, igual a la anterior en lo que se refiere espec�ficamente al concepto de la inasistencia alimentaria, sino porque las razones tenidas en cuenta por el juzgador paradeclarar la exequibilidad en aquella oportuni�dad, resultan igualmente aplicables y v�lidaspara la decisi�n del caso presente.

2�. En efecto: entonces como ahora la esencia de la cuesti�n para esclarecer si la sanci�n pe�nal de la llamada inasistencia alimentaria eslesiva del art�culo 23 de la Carta, radica en ladeterminaci�n de si la obligaci�n de suministraralimentos a quienes la ley provee del derechocorrelativo es una obligaci�n puramente civil de aquellas a las que alude el precepto consti�tucional con esas mismas palabras, o si, adem�s de ostentar el car�cter de civil, contiene ele�mentos que lo trasciendan y que involucren lanorma m�s all� de las relaciones simplemen�te individuales o exclusivamente de �ndole pa�trimonial. En otras palabras: si las obligacionesfamiliares y el derecho que las tutela solamen�te pertenecen a la �rbita del inter�s particularde los sujetos afectos a ellas, o si existe un bienjur�dico atinente a la conveniencia p�blica y elbienestar social, que reclame protecci�n legal superior, m�s amplia, y en cierta forma, m�s efectiva.

3�. "No hay duda en cuanto a que el Consti�tuyente ha consagrado en las normas superiores la instituci�n familiar y sus implicaciones de variada �ndole. Como lo observa con cierto el Procurador, principios tan rigurosos y univer�sales como el relativo al derecho de propiedadcon sus atributos esenciales, soportan limitaciones que se inspiran en la preponderancia delinstituto familiar, como la establecida en el ar�t�culo 50 de la Carta, donde se permite la cons�tituci�n del patrimonio familiar inalienable. Dela misma filosof�a social participan aquellas normas de igual jerarqu�a que, por ejemplo,impiden obligar a alguien, en asunto criminal,correccional o de polic�a, a declarar contra susparientes dentro de ciertos grados de consan�guinidad o de afinidad; o las que proh�benperturbar la tranquilidad familiar sin manda�miento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos previamentedefinidos en las leyes. Por manera que la fami�lia como instituci�n social b�sica aparees con�sagrada en la Constituci�n Pol�tica con carac�teres de privilegio, lo cual ser�a suficiente paradeducir que los asuntos pertinentes a ella nos�lo tienen lugar en la normatividad de lascuestiones privadas sino que pertenecen tambi�n,por definici�n, a lo propio del orden p�blico,y que las normas tutelares del bien jur�dicofamiliar no s�lo comprenden objetos de inter�sindividual, sino que, aun por encima de ellos, afectan situaciones �ntimamente ligadas a lanormalidad institucional del pa�s. De ah� quela doctrina se incline cada vez m�s a buscar elestatuto legal de la familia en el �rea del de�recho p�blico".

4� Ti�nese, entonces, que el legislador, al expedir normas tendientes a garantizar dere�chos familiares, como el de alimentos a que se refiere la disposici�n sub judice, no s�lo debe tomar en cuenta la conveniencia o el provecho de las personas comprometidas en ellos, sino la preservaci�n de las instituciones a las cua�les esas mismas personas pertenecen, a las que por la misma raz�n se deben y con respecto a las cuales soportan obligaciones especificas cuyo cumplimiento reclama suficientes garan�t�as legales, as� mismo especiales. Cuando la Constituci�nse refiere en su art�culo 16 a losdeberes sociales del Estado y de los particulares, como objeto de protecci�n por parte de las autoridades, su prop�sito no es otro que el de comprometer a estos y a aqu�l, en la satisfacci�n de esos deberes as� calificados, y si el legisla�dor expide normas como la acusada, lo haceciertamente para satisfacer tal exigencia cons�titucional. En el mismo sentido se afirma y se reitera que la violaci�n de las disposiciones le�gales de la �ndole de la demandada, destinadasa la protecci�n de la instituci�n familiar comobien jur�dico p�blico, adem�s de las implicacio�nes que llegue a tener en cuanto al inter�s de laspersonas en el �mbito del derecho privado, de�termina evidente incumplimiento de los deberessociales de los particulares, con las consiguientes responsabilidades civiles y penales que el legis�lador puede y debe establecer dentro de sus funciones constitucionales. As� lo entendi� y decidi� la Corte cuando en su fallo del 13 de abril de 1973 expres�: "Esta concepci�n social de la familia y de los deberes que ella crea en�tre sus miembros es la que justifica plenamentela posici�n que asume el legislador cuando con�sidera una conducta antifamiliar como unaverdadera conducta antisocial, para sancionarpenalmente el incumplimiento de algunos de esos deberes sociales derivados de la existencia de la familia, como la forma m�s adecuada de tutelar el orden jur�dico comprometido en elcumplimiento de tales deberes".

La obligaci�n de suministrar alimentos a quienes la ley ordena no es, pues, de las pura�mente civiles a las que se refiere el art�culo 23 de la Carta, que el actor indica como objeto de lesi�n, por cuanto en el presente caso, seg�n lo ya explicado, no se trata de obligaciones ex�clusivamente civiles sino de deberes sociales y obligaciones civiles simult�neas, cuyo cumplimiento las autoridades han de asegurar, con indudable apoyo en requerimientos de orden p�blico.

5�. No encuentra, pues, la Corte que la norma demandada lesione el art�culo 23 de la Consti�tuci�n, ni ha encontrado tampoco violaci�n de alguna de las dem�s disposiciones del C�digo Superior.

�En virtud de estas consideraciones, la Carie Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo es�tudio de su Sala Constitucional y o�do el con�cepto del Procurador General de la Naci�n,

es exequible el art�culo 263 del Decreto n��mero 100 de 1980, C�digo Penal.

C�piese, publ�quese, ins�rtese en la GacetaJudicial y arch�vese el expediente.

Luis Carlos S�chica, Presidente; Fabio Cal�der�n Botero, Manuel Enrique Daza A., Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Jos� Mar�a Esquerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco Correa, Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Iv�n Hern�ndez S�enz, Mario Latorre Rueda, Conjuez, no asisti� con excusa; Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, AlbertoOspina Botero, Rafael Nieto Novia, Conjuez; Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ba�ll�n, Luis Enrique Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro El�as Serrano Abad�a, Femando Uribe Restrepo, Alfredo V�squez Carrizosa Conjuez.