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300Corte SupremaCorte Suprema300300135531020Luis Carlos Sáchica198303/03/19831020_Luis Carlos Sáchica_1983_03/03/198330013553EMERGENCIA ECONOMICA, PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y CONTROL A LA EVASION DE IMPUESTOS. DUALIDAD DE JURISDICCION Y COMPETENCIA. Exequible en parte el artículo 3803 de 1982. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 10. 1983
revisión del Decreto Legislativo número 3803 de 1982 "por el cual se revisan algunas normas en materia de procedimiento tributario y se dictan otras sobre control a la evasión de impuestos".Identificadores30030013554true87263Versión original30013554Identificadores

Norma demandada:  revisión del Decreto Legislativo número 3803 de 1982 "por el cual se revisan algunas normas en materia de procedimiento tributario y se dictan otras sobre control a la evasión de impuestos".


EMERGENCIA ECONOMICA, PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y CONTROL A LA EVASION DE IMPUESTOS. DUALIDAD DE JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Exequible en parte el artículo 3803 de 1982.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 10.

Referencia: Expediente número 1020 (120-E), revisión del Decreto Legislativo número 3803 de 1982 "por el cual se revisan algunas normas en materia de procedimiento tributario y se dictan otras sobre control a la evasión de impuestos".

Magistrado ponente: Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 15 de 3 de marzo de 1983.

Bogotá, tres (3) de marzo de mil novecientos ochenta y tres (1983).

I. ANTECEDENTES

En la debida oportunidad el Gobierno remitió el Decreto Legislativo número 3803 de fecha diciembre 30 de 1982, expedido en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 122 de la Constitución, para dar cumplimiento a los mandatos del parágrafo de este artículo y del 214 del mismo estatuto.

El texto del citado Decreto es el siguiente:

«DECRETO NUMERO 3803 de 1982

(diciembre 30)

Por el cual se revisan algunas normas en materia de procedimiento tributario y se dictan otras sobre control a la evasión de impuestos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto número 3742 de 1982,

DECRETA:

CAPITULO I

Declaración tributaria

Artículo 1° La declaración tributaria deberá contener:

1° El formulario debidamente diligenciado.

2° Los certificados de retención en la fuente y las informaciones que la Ley y los reglamentos señalen, para la identificación de ingresos, ventas, costos, deducciones, descuentos, créditos activos y pasivos, retenciones y demás factores necesarios para establecer el patrimonio líquido y la renta líquida de los contribuyentes, efectuar las confrontaciones con las declaraciones e informes de terceros y, en general, fijar correctamente las bases gravables y liquidar el impuesto correspondiente.

3° Los certificados y pruebas para la comprobación de costos, deducciones, descuentos, pasivos, créditos y otros que la Ley y los reglamentos señalen.

4° En las condiciones y cuantías que determine el reglamento, la firma del Contador o Revisor Fiscal, cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad.

5° La liquidación privada de los respectivos impuestos.

6° La dirección del contribuyente o responsable.

7° En el caso del impuesto sobre las ventas, la prueba del pago del impuesto correspondiente a la respectiva declaración.

8° La prueba del pago de la sanción por extemporaneidad, cuando ésta fuere procedente.

9° La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.

Parágrafo 1° Los contribuyentes deben informar en su declaración tributaria, el nombre y apellido o razón social y número de Identificación Tributaria (NIT) de las personas de las cuales devengan sus ingresos, en las condiciones y cuantías que determine el reglamento.

El incumplimiento de este requisito se sancionará con una multa del cuatro por ciento (4%) sobre los ingresos respecto de los cuales no se hubiere dado la información de que trata este parágrafo.

Parágrafo 2° El contribuyente podrá ampliar con anexos complementarios los datos de la declaración tributaria.

Parágrafo 3° La declaración tributaria se presentará en los formatos que prescriba la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Artículo 2° El contribuyente podrá corregir los errores en que hubiere incurrido en su declaración tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha del vencimiento del término para declarar.

Cuando en la declaración tributaria se omitan los factores, datos e informaciones necesarias para determinar las bases gravables y el impuesto correspondiente, no se entenderá cumplido el deber de declarar.

Artículo 3° El Gobierno fijará los plazos y lugares para declarar, así mismo, determinará las pruebas que puedan suministrarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar o con la respuesta a los requerimientos.

Artículo 4° Los contribuyentes podrán aumentar el impuesto a su cargo o disminuir el saldo a su favor determinado en su declaración tributaria, después de vencido el plazo para declarar y antes de que se practique requerimiento, citación o auto que ordene inspección ocular.

Si lo hicieren transcurrido el mes para corregir, previsto en el artículo 2° de este Decreto, se impondrá una sanción por inexactitud equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor impuesto o del menor saldo a su favor, según el caso, se generarán intereses de mora sobre el mayor valor, o sobre la disminución en el saldo a su favor, a partir de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la primera cuota.

Artículo 5° Gozarán de un descuento tributario, equivalente al uno por ciento (I%) del impuesto a cargo correspondiente al respectivo ejercicio según su liquidación privada, los contribuyentes que presenten en medios magnéticos ajustados a las especificaciones técnicas que señale la Dirección General de Impuestos Nacionales, la información que prescriba dicha entidad.

CAPITULO II

Pruebas

Artículo 6° Para efectos del otorgamiento de préstamos, las entidades de crédito deberán fundamentarse en la información contenida en la declaración de renta y patrimonio del solicitante, correspondiente al último período gravable, todo de conformidad con el reglamento.

La entidad crediticia correspondiente deberá acompañar a su declaración tributaria, certificación del Revisor Fiscal en donde conste que los préstamos concedidos durante el respectivo año gravable se efectuaron con sujeción a lo previsto en este artículo.

Para medir la capacidad económica de los contratistas, las entidades públicas tendrán en cuenta, entre otros factores, los informes que aparezcan en la declaración de renta y patrimonio correspondiente al último período gravable, cuando dichos contratistas fueren sujetos del impuesto sobre la renta y complementarios.

Artículo 7° La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá suministrar a la Dirección General de Impuestos Nacionales, en un medio magnético y dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de este Decreto, la información de las cédulas correspondientes a personas fallecidas.

La Registraduría actualizará cada año la información a que hace referencia este artículo, la cual deberá entregarse a más tardar el primero (1°) de marzo.

El contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas fallecidas, será denunciado a través de la Procuraduría General de la Nación, o sus agentes, como autor de Fraude Procesal.

La Administración Tributaria desconocerá los costos, deducciones, pasivos y descuentos cuyos beneficiarios no correspondan a cédulas que estén vigentes y tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula se acreditó, o que el error provino de la Registraduría. En tal evento, la carga de la prueba incumbe al contribuyente o responsable y ésta deberá ser plena para su aceptación.

Artículo 8° Los contribuyentes que hubieren expedido títulos valores a nombre de una o más personas, como acreedores conjuntos, o unidos con la expresión "y/o", estarán obligados para efectos fiscales a informar el nombre, NIT y dirección de cada uno de los beneficiarios, en las condiciones que el Gobierno indique.

Artículo 9° Cuando varias personas aparezcan como beneficiarios en forma conjunta, o bajo la expresión "y/o", de un título valor, serán solidariamente responsables del impuesto correspondiente a los ingresos y a los valores patrimoniales.

Cuando alguno de los titulares fuere una sociedad de hecho o sociedad que no presente declaración de renta y patrimonio, serán solidariamente responsables los socios o partícipes por los impuestos correspondientes a la sociedad.

Artículo 10. Todo apoderado con facultades para intervenir en transacciones relativas a los títulos de que trata el artículo 8° de este Decreto, será solidariamente responsable del pago de los impuestos atribuibles al respectivo título.

En dicho caso, la entidad respectiva informará el nombre, NIT y dirección del apoderado en los términos que indique el Gobierno.

Artículo 11. Es obligación del Juez, en todo proceso ejecutivo, dar cuenta a la Administración de Impuestos, de los títulos valores que hayan sido presentados, mediante oficio en el cual se relacionará la clase de título, la fecha de su exigibilidad, el nombre del acreedor y del deudor con su identificación.

La omisión por parte del juez constituye causal de mala conducta.

Artículo 12. Las entidades que reciban dinero a título de mutuo o a cualquier otro que genere intereses o rendimientos para el acreedor o para un tercero deberán exigir al beneficiario, en el momento de celebrar el contrato, su identificación tributaria y dejar constancia de ello.

Artículo 13. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.

Artículo 14. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6° a 10, 12 y 13, acarreará el desconocimiento de los pasivos y deducciones correspondientes, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos, fueron oportunamente declarados por el beneficiario.

Artículo 15. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la Administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Unicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la Ley impone la obligación de llevarla.

Artículo 16. Cuando el contribuyente no presente libros de contabilidad, estando obligado a hacerlo, tendrán plena validez legal los métodos indirectos para determinar obligaciones tributarias, siempre y cuando se ciñan a las disposiciones que para tal efecto señale el correspondiente decreto reglamentario.

CAPITULO III

Determinación del tributo

Artículo 17. Dentro del plazo de tres (3) meses, contado a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente deberá formular por escrito sus objeciones, presentar pruebas, subsanar las omisiones que permitan la ley o el reglamento, solicitar a la Administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, la práctica de inspecciones oculares siempre y cuando tales solicitudes fueren conducentes, caso en el cual éstas deben ser atendidas.

Artículo 18. El funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial, podrá ampliarlo y ordenar las pruebas que estime necesarias.

El plazo para la respuesta a la ampliación no podrá ser inferior a quince (15) días.

Artículo 19. La Administración Tributaria podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, mediante liquidación de revisión. En el mismo acto se impondrá la correspondiente sanción por inexactitud, si hubiere lugar a ella. Las demás sanciones podrán imponerse con la liquidación, o mediante resolución independiente.

Artículo 20. Cuando la declaración tributaria determine un saldo a cargo del contribuyente, quedará en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a la presentación de la declaración o al vencimiento del término previsto en el artículo 2° de este Decreto, no se notifica la liquidación de revisión.

Artículo 21. Cuando el contribuyente o responsable determine un saldo a su favor en la declaración tributaria, para efectos de devoluciones o compensaciones, deberá formular la respectiva solicitud dentro de los términos que indique el reglamento; la procedencia del saldo crédito se discutirá en la vía gubernativa. Contra la providencia respectiva procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse dentro del mes siguiente a la notificación de la providencia objeto del recurso.

Artículo 22. El término para revisar se suspenderá:

a) Durante el plazo establecido para la respuesta al requerimiento especial y a partir de la notificación de éste;

b) Mientras dure la inspección ocular, cuando ésta se practique a solicitud del contribuyente, y hasta por tres (3) meses, cuando la inspección ocular se practique de oficio;

c) Durante dos (2) meses cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente;

d) Durante el plazo para contestar la ampliación del requerimiento especial y a partir de su notificación;

Artículo 23. Dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, la Administración podrá determinar la obligación tributaria al contribuyente que no haya declarado, mediante liquidación de aforo. Cuando el aforo no fuere resultado de inspección ocular, deberá emplazarse previamente al contribuyente. La declaración presentada con posterioridad al emplazamiento o a la notificación del auto que ordena inspección ocular, reduce la sanción por aforo en el cincuenta por ciento (50%) y su presentación no constituye causal de nulidad del aforo.

Cuando la declaración presentada en los términos de este artículo, determine un impuesto inferior al establecido en la liquidación de aforo, el contribuyente o responsable deberá cancelar el exceso. Sobre esta suma se causarán intereses moratorios, a partir de la fecha en que ha debido pagarse la primera cuota del respectivo período gravable.

Artículo 24. Se presenta error aritmético cuando:

a) El contribuyente, a pesar de haber declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables anota como valor resultante un dato equivocado;

b) Cuando al aplicar las tarifas respectivas, anota un valor diferente al que ha debido resultar;

c) Cuando no obstante haber indicado correctamente las cifras relativas a descuentos, retenciones o anticipos, anota como saldo a cargo o a favor, un valor equivocado del impuesto resultante;

Artículo 25. El término para practicar la corrección aritmética será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva declaración. Dicha corrección se practicará de oficio o a petición del contribuyente y no agota la facultad Para revisar de que dispone la Administración Tributaria.

Artículo 26. La liquidación de corrección aritmética deberá contener:

a) Fecha, en caso de no indicarla, se tendrá como tal la de su notificación;

b) Período gravable a que corresponda;

c) Nombre o razón social del contribuyente;

d) Número de identificación tributaria;

e) Firma, o sello de control, manual o automatizado.

CAPITULO IV

Recursos

Artículo 27. Contra las liquidaciones oficiales de impuestos de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos que hubiere practicado las liquidaciones, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de las mismas. Si se trata de corrección aritmética el recurso deberá interponerse ante la Oficina de Liquidación correspondiente.

Artículo 28. El recurso de reconsideración deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Que se formule por escrito con expresión concreta de los motivos de inconformidad;

b) Que se acredite el pago de la liquidación privada o el pago de la liquidación para recurrir, cuando haya aceptación de mayores valores determinados en la liquidación oficial;

c) Que se interponga dentro de la oportunidad legal;

d) Que se interponga directamente por el contribuyente o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante. El agente oficioso deberá prestar caución del diez por ciento (10%) del impuesto discutido, para garantizar que la persona por quien obra, ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso. Si no hubiere ratificación, se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se hará efectiva la caución.

Para estos efectos únicamente los abogados y contadores podrán actuar como agentes oficiosos.

Artículo 29. El funcionario que reciba el memorial del recurso, dejará constancia escrita en su original de la fecha de presentación y devolverá al interesado uno de los ejemplares con la referida constancia.

Artículo 30. Dentro del mes siguiente a la interposición del recurso, se dictará auto admisorio en caso de cumplirse los requisitos previstos en el artículo 28. De no cumplirse tales requisitos, el auto no admitirá el recurso.

El auto previsto en el inciso anterior, se notificará personalmente, o por edicto si pasados diez (10) días, a partir de la lecha de la citación, el interesado no se presentare a notificarse personalmente.

Contra el auto que no admite el recurso, podrá interponerse únicamente recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y dentro de este término, podrán sanearse las omisiones de que tratan los literales a, b y d, del artículo 28 de este Decreto. La interposición extemporánea no es saneable.

El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su interposición y la providencia respectiva se notificará por estado.

Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se agotará en el momento de su notificación.

Artículo 31. En la etapa de reconsideración, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación.

Si el contribuyente no hubiere contestado dicho requerimiento o su ampliación, se presumirá que aceptó los hechos en él contenidos.

Artículo 32. Las providencias que resuelvan favorablemente el recurso de reconsideración deberán consultarse cuando la cuantía discutida fuere o excediere de un millón de pesos ($1.000.000), en la forma que determine el reglamento.

Parágrafo. Con ocasión del grado de consulta no podrán admitirse nuevas pruebas.

Artículo 33. En el caso del impuesto sobre la renta, el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 9° de la Ley 8a de 1970, se contará a partir de la fecha de la interposición del recurso en debida forma.

Artículo 34. El término de que trata el artículo 9° de la Ley 8a de 1970 se suspenderá:

a) Durante el término de la inspección ocular, cuando ésta se practique a solicitud del contribuyente, y hasta por tres (3) meses, cuando la inspección ocular se practique de oficio;

b) Durante dos (2) meses, cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente.

Artículo 35. Para efectos tributarios, no procederá en ningún caso la acción de revocatoria directa prevista en el Decreto número 2733 de 1959.

Artículo 36. Para interponer demanda ante los tribunales administrativos y ante el Consejo de Estado, en materia de impuestos de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales, deberá prestarse caución por valor igual al cincuenta por ciento (50%) de la suma materia de la impugnación.

Artículo 37. Las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos en materia de impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, serán objeto de apelación o consulta, según el caso, cuando la cuantía discutida exceda de quinientos mil pesos ($500.000).

CAPITULO V

Notificaciones y términos

Artículo 38. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones oculares, citaciones y liquidaciones oficiales, deberán notificarse por correo o personalmente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente no compareciere dentro del término de diez (10) días contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.

Lo previsto en este artículo se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en normas de este Decreto que señalen formas específicas de notificación.

Artículo 39. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo.

Cuando se trate del requerimiento especial o de la liquidación de revisión, deberá publicarse por una sola vez, en un periódico de amplia circulación nacional o regional, la lista de las personas, a las cuales se ha hecho el envío por correo, indicando su número de identificación tributaria. La notificación se entiende surtida en la fecha de introducción al correo.

Esta publicación servirá como prueba de la oportunidad en que la Administración produjo el acto, sin perjuicio de las correcciones que deban efectuarse cuando se haya remitido a una dirección distinta de la informada.

Artículo 40. La notificación personal se practicará por funcionario de la Administración, en el domicilio del interesado, o en la oficina de impuestos respectiva, en este último caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se hubiere solicitado su comparecencia mediante citación.

El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A continuación de dicha providencia, se hará constar la fecha de la respectiva entrega.

Artículo 41. En el escrito de respuesta a requerimientos y de interposición de recursos y para cada etapa procesal, el contribuyente o responsable deberá informar a la oficina que esté conociendo del proceso, la dirección que se tendrá en cuenta para efectos de notificaciones, comuniciaciones y citaciones.

Cuando el contribuyente o responsable no informe dicha dirección, la notificación pertinente se efectuará por estado.

Artículo 42. cuando los requerimientos, liquidaciones, citaciones o resoluciones sean notificados a una dirección errada, dicho error podrá ser corregido en cualquier tiempo.

Durante el lapso comprendido entre la fecha en la cual se cometió el error y la de su corrección, no correrán términos para la Administración Tributaria ni para el contribuyente.

CAPITULO VI

Sanciones

Artículo 43. La extemporaneidad en la presentación de las declaraciones de renta y de ventas será sancionada, por cada mes o fracción de mes de retardo, con multas equivalentes al diez por ciento (10%) del impuesto aplicable, hasta llegar a un máximo del ciento por ciento (100%). Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto a cargo del contribuyente o responsable.

Cuando en la liquidación privada no resultare impuesto a cargo del contribuyente o responsable, la sanción por extemporaneidad será equivalente al uno por ciento (1%), por cada mes o fracción, del valor total de sus ingresos netos o de sus ventas netas del período, según se trate de impuesto sobre la renta o sobre las ventas.

Esta sanción deberá liquidarla el contribuyente o responsable dentro de su declaración y pagarla en el momento de su presentación.

Igualmente, quedarán sujetas a una sanción del medio por ciento (1/2%) de sus ingresos brutos, las asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, las instituciones de utilidad común y los fondos mutuos de inversión, cuando no presenten, o lo hagan en forma extemporánea, las declaraciones simplificadas o las relaciones de pago, según el caso. La aplicación de la sanción a que se refiere este inciso, se hará mediante Resolución motivada expedida por el respectivo Administrador de Impuestos Nacionales, contra la cual opera únicamente el recurso de reposición.

Artículo 44. El pago extemporáneo de los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales, causa intereses moratorios.

Cuando se trate de impuesto sobre la renta determinado en la liquidación privada o en la corrección prevista en el artículo 2°, el interés de mora se causa a partir del vencimiento de la fecha señalada para el pago de la respectiva cuota.

Cuando se trate de impuesto sobre las ventas, el interés de mora se causa a partir del mes siguiente al vencimiento del respectivo período gravable.

Los mayores valores determinados en las liquidaciones oficiales causan intereses de mora a partir del vencimiento del término fijado por el Gobierno para pagar la última cuota de la liquidación privada, en el caso del impuesto sobre la renta, y al vencimiento del mes siguiente al respectivo período gravable, en el caso del impuesto sobre las ventas.

Artículo 45. Para efectos tributarios, la tasa de interés moratorio será equivalente al ciento por ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados que fije el DANE entre el 1° de julio del respectivo año gravable y la misma fecha del año anterior, aumentado en un dieciocho por ciento (18%) anual.

Sobre las anteriores bases, el Gobierno publicará en el mes de agosto de cada año la tasa de interés moratorio que regirá durante los doce (12) meses siguientes:

Hasta tanto el Gobierno publique la tasa a que se refiere este artículo, el interés moratorio será del cuarenta y dos por ciento (42%) anual.

El interés de mora se liquidará diariamente.

Artículo 46. Cuando de la corrección aritmética resulte un mayor impuesto a cargo del contribuyente, o un menor saldo a su favor, se aplicará sanción del ciento por ciento (100%) sobre el mayor o menor valor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.

Artículo 47. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 52 de 1977, cuando la liquidación de aforo se practique dentro del año siguiente a la fecha en que ha debido presentarse la declaración, la sanción de aforo será del doscientos por ciento (200%) del valor del impuesto liquidado.

Artículo 48. Cuando la Administración Tributaria solicite informaciones para fines de investigación tributaria, las personas o entidades que deban suministrarla, deberán hacerlo dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la solicitud. Este término podrá ampliarse de acuerdo con el volumen de la información solicitada.

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a las informaciones que los contribuyentes deben suministrar con su declaración tributaria o con motivo de la respuesta a requerimientos.

Artículo 49. Constituye inexactitud sancionable, la omisión de ingresos, ventas o bienes susceptibles de gravamen, la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones o pasivos inexistentes y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto para el contribuyente, o un mayor saldo a su favor.

No se configura inexactitud cuando el menor impuesto que hubiere podido resultar se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y los contribuyentes, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

Artículo 50. La sanción por inexactitud será equivalente al doscientos por ciento (200%) de la diferencia entre el impuesto que hubiere podido resultar de no haberse establecido la inexactitud y el impuesto liquidado.

Artículo 51. Si de los hechos aceptados por el contribuyente en la respuesta al requerimiento especial, resulta un mayor valor del impuesto en relación con el determinado en su liquidación privada, la sanción por inexactitud en relación con este mayor valor se reducirá a un ochenta por ciento (80%).

Artículo 52. Si el contribuyente al interponer el recurso de reconsideración, acepta hechos de los cuales se derive un mayor impuesto, la sanción original por inexactitud, aforo o corrección aritmética, según el caso, se reducirá con respecto a tales hechos, en un cincuenta por ciento (50%).

Artículo 53. Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa se determine un mayor impuesto en cuantía superior a doscientos mil pesos ($200.000), originado en la inexactitud de los datos contables consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la facultad al Contador o Revisor Fiscal, según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la Administración de Impuestos. Esta suspensión será hasta por un (1) año, la primera vez; hasta por dos (2) años, la segunda vez, y, definitivamente, en la tercera oportunidad. todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones penales a que haya lugar.

La Dirección General de Impuestos Nacionales publicará mensualmente, en un periódico de circulación nacional, la lista de los contadores afectados con las sanciones a que hace referencia este artículo, e informará tal hecho a la Junta Central de Contadores para los fines correspondientes.

Artículo 54. La providencia que imponga la sanción de suspensión prevista en el artículo anterior, deberá ser notificada tanto al contribuyente interesado como al Contador o Revisor Fiscal que resulte sancionado.

El Contador o el Revisor Fisal, según el caso, podrá interponer, dentro del mes siguiente a la notificación, recurso de reposición que sólo podrá versar sobre la sanción de suspensión impuesta. Este recurso se resolverá por un Comité integrado por el Jefe de la División de Recursos Tributarios del Nivel Central, el Subdirector de Determinación de Impuestos y el Subdirector Jurídico, o sus delegados.

Artículo 55. En el evento de que la liquidación oficial no sea objeto de recurso, la sanción mencionada en los artículos 53 y 54, se impondrá mediante providencia que dicte el Administrador de Impuestos correspondiente. En lo demás, se seguirá el trámite previsto en el artículo anterior.

Artículo 56. Las irregularidades de que tratan los numerales 1°, 2°, 4° y 5° del artículo 34 del Decreto número 2821 de 1974, se sancionarán con una multa equivalente al tres por ciento (3%) de los ingresos netos anuales o al dos por ciento (2%) del patrimonio líquido, el que resulte superior; a la sanción así determinada, se restará el valor del impuesto de renta y patrimonio pagado por el contribuyente por el respectivo año gravable.

En ningún caso la sanción podrá ser inferior a cincuenta mil pesos ($50.000.00).

La sanción de que trata este artículo también se aplicará cuando existiere atraso en los libros de contabilidad. Para tales efectos, se considera que los libros de contabilidad deben estar al día, a más tardar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de las respectivas operaciones.

Artículo 57. Cuando los registros contables no cuenten con el suficiente respaldo en los documentos internos y externos, ni reflejen de manera razonable el movimiento del negocio o actividad del contribuyente, la sanción por libros se reducirá al diez por ciento (10%) de la contemplada en el artículo anterior, sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, descuentos y pasivos que carezcan del respectivo respaldo y que no hubieren sido plenamente probados.

Artículo 58. La sanción por libros podrá aplicarse dentro de la liquidación oficial o en Resolución independiente. En ningún caso podrá aplicarse sanción por libros más de una vez dentro de un mismo año gravable.

Artículo 59. Los contribuyentes que no suministren en su declaración tributaria la identificación de los beneficiarios de los pagos, pasivos y créditos, en los términos exigidos por la Ley o los reglamentos, incurrirán en el desconocimiento de los respectivos costos, deducciones, pasivos y descuentos y en una sanción del uno por ciento (1%), en el caso de pasivos y créditos, y del tres por ciento (3%), en los demás casos, que se calculará tomando como base la suma respecto de la cual no se suministró la información exigida. Esta última sanción se aplicará sin perjuicio de que el contribuyente subsane tales omisiones.

Para efectos de la posterior aceptación de los correspondientes costos, deducciones, pasivos o descuentos, el contribuyente o responsable deberá probar plenamente que tiene derecho a la aceptación del valor que hubiere sido objetado o rechazado.

Artículo 60. La pretermisión de los términos establecidos en la Ley o los reglamentos, por parte de los funcionarios de la Administración Tributaria, deberá sancionarse con la destitución, conforme a la ley. El superior inmediato que teniendo conocimiento de la irregularidad no solicite la destitución, incurrirá en la misma sanción.

Artículo 61. La sanción por mora prescribe en el mismo término establecido para la respectiva obligación sustancial.

Las sanciones por inexactitud y aforo prescriben en el mismo término establecido para aforar o revisar.

Las demás sanciones prescriben en el término de tres (3) años.

CAPITULO VII

Cobro

Artículo 62. Establécese una retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen las personas jurídicas y sociedades de hecho, por concepto de rendimientos financieros, tales como, intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y, en general, lo correspondiente o rendimientos de capital o a diferencias entre valor presente y valor futuro de éste, cualesquiera sean las condiciones o nominaciones que se determinen para el efecto.

En el caso de títulos con descuentos, tanto el rendimiento como la retención se causan en el momento de la enajenación del respectivo título, sobre la diferencia entre el valor nominal del título y el de colocación o sobre la diferencia entre el valor de adquisición y el de enajenación, cuando este último fuere inferior al de adquisición.

En el evento de que el título sea redimible por un valor superior al nominal, este exceso se agregará a la base sobre la cual debe aplicarse la retención.

La retención en la fuente se extiende también a los pagos o abonos en cuenta que hagan las personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos. En el caso de arrendamientos, cuando existiere intermediación, quien recibe el pago deberá expedir a quien lo efectuó, un certificado en donde conste el nombre y NIT del respectivo beneficiario y, en tal evento, la consignación de la suma retenida se hará a nombre del beneficiario.

Artículo 63. Cuando se trate de corrección monetaria percibida por ahorradores en Unidades de Poder Adquisitivo Constante `UPAC' y de otros rendimientos financieros, no se hará retención en la fuente sobre la parte no gravable.

Artículo 64. Establécese una retención en la fuente sobre las participaciones de los socios o asociados de sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, la cual deberá efectuarse por las entidades respectivas y consignarse por ellas, dentro del término legal que tenga la correspondiente sociedad para presentar la declaración de renta.

Artículo 65. El Gobierno determinará los porcentajes de retención en la fuente de que tratan los artículos anteriores, sin que en ningún caso sobrepasen el quince por ciento (15%) del respectivo pago o abono en cuenta.

Artículo 66. En el caso de los establecimientos de crédito sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, el Gobierno determinará las cuantías mínimas que no sean materia de la retención prevista en los artículos anteriores.

Artículo 67. Las personas jurídicas y sociedades de hecho que efectúen las retenciones en la fuente, de conformidad con lo previsto en la ley, tendrán derecho a descontar del impuesto básico de renta, una suma equivalente al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor de las retenciones en la fuente realizadas en el respectivo año gravable, siempre y cuando acrediten que la respectiva consignación se efectuó dentro del término legal.

Cuando se haga uso de este descuento sin tener derecho a él, este hecho se sancionará como inexactitud.

Artículo 68. Los costos y deducciones que hubieren sido objetados o rechazados por no acreditarse la retención en la fuente, serán aceptados siempre y cuando se demuestre que la respectiva consignación, incluidos los intereses de mora, se hizo antes del vencimiento del plazo para declarar.

Artículo 69. El Gobierno determinará las condiciones de tiempo, modo y lugar para cumplir la obligación de expedir certificados y relaciones por concepto de retención en la fuente y para consignar el impuesto correspondiente.

Artículo 70. Los retenedores que no expidan oportunamente y en la forma indicada por el Gobierno, las relaciones de que trata el artículo anterior, incurrirán en una multa de diez mil pesos ($10.000) a quinientos mil pesos ($500.000), que se graduará según la gravedad de la falta. Cuando la omisión se refiera a certificados, la multa será de un mil pesos ($1.000) a cien mil pesos ($100.000) que también se graduará según la gravedad de la falta.

Las sanciones anteriores se impondrán por las Administraciones de Impuestos Nacionales mediante resolución motivada, contra la cual procede únicamente el recurso de reposición.

Artículo 71. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Decreto, los agentes de retención en la fuente continúan con las obligaciones establecidas en las Leyes 38 de 1969 y 52 de 1977, siéndoles aplicables las sanciones previstas en las mismas, en cuanto no sean incompatibles con las consagradas en este Decreto.

Artículo 72. Quienes no hagan la retención en la fuente estando obligados a hacerlo, o lo hagan en cuantía inferior a la exigida, incurrirán en las siguientes sanciones:

1. Responderán solidariamente con el contribuyente por la suma que ha debido ser retenida.

2. Se les desconocerán los correspondientes costos y deducciones.

3. Pagarán los correspondientes intereses moratorios.

Artículo 73. Para el pago de las sanciones pecuniarias correspondientes, establécese la siguiente responsabilidad solidaria:

a) Entre la persona natural encargada de hacer las retenciones y la persona jurídica que tenga legalmente el carácter de retenedor;

b) Entre la persona natural encargada de hacer la retención y el dueño de la Empresa, si ésta carece de personería jurídica;

c) Entre la persona natural encargada de hacer la retención y quienes constituyan la sociedad de hecho o formen parte de una comunidad organizada.

Artículo 74. Los contribuyentes deben anticipar a título de impuesto sobre la renta y complementario de patrimonio del año siguiente al gravable, el setenta por ciento (70%) del valor del referido impuesto determinado en su liquidación privada.

Sin embargo, podrán disminuir el valor que resulte de aplicar dicho porcentaje, con el monto de las retenciones en la fuente que por el año gravable se le hubieren efectuado.

Parágrafo. El anticipo para el año de 1984 se incrementará al setenta y cinco por ciento (75%) y en los arios siguientes en un cinco por ciento (5%) adicional hasta completar un noventa por ciento (90%).

Artículo 75. Cuando el anticipo a que se refiere el artículo anterior, deducidos la retención en la fuente y el anticipo realizado por el respectivo año gravable, sea superior al cuarenta por ciento (40%) del impuesto sobre la renta y del complementario de patrimonio, correspondiente al año objeto de la declaración, se reducirá a este último porcentaje.

Artículo 76. El parágrafo del artículo 19 de la Ley 38 de 1969, quedará así:

"Parágrafo. Las solicitudes presentadas de acuerdo con lo exigido en este artículo, deberán ser resueltas por la Dirección General de Impuestos Nacionales o por el funcionario que señale el Director General dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación. Contra la providencia que resuelva la solicitud no cabe recurso alguno.

Si la solicitud no estuviere resuelta dentro de dicho término, el contribuyente podrá aplicar la reducción propuesta, pero el anticipo en ningún caso puede ser inferior al veinticinco por ciento (25%) del impuesto de renta y del complementario de patrimonio del respectivo año gravable"

Artículo 77. La acción para exigir el pago de la liquidación privada prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de vencimiento de la última cuota.

La acción para exigir el pago del mayor valor que resulte en la liquidación de revisión y del determinado en la liquidación de aforo, en ambos casos, en materia de impuestos sobre la renta y ventas, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir del vencimiento del segundo mes siguiente a la fecha de la respectiva notificación.

Artículo 78. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe:

1. Por la notificación personal del mandamiento de pago.

2.. Por el otorgamiento de prórrogas u otras facilidades para el pago.

Interrumpida la prescripción en la forma prevista en este numeral, principiará a correr de nuevo desde el día siguiente al vencimiento del plazo o plazos acordados para el pago.

Artículo 79. Sin perjuicio de la continuación de las ejecuciones por deudas fiscales a través de sus funcionarios investidos de jurisdicción coactiva, la Dirección General de Impuestos Nacionales podrá demandar el pago por la vía ejecutiva ante los jueces Civiles de Circuito. Para este efecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o la respectiva autoridad competente, podrán otorgar poderes a funcionarios abogados de la citada Dirección, o contratar apoderados especiales.

Artículo 80. El Director General de Impuestos Nacionales o los Administradores de Impuestos Nacionales, por medio de resoluciones debidamente motivadas, podrán conceder plazos hasta por dos (2) años para el pago del Impuesto sobre la renta Y complementarios y sus intereses, buscando que los plazos más amplios se otorguen a aquellos deudores de menores recursos, siempre y cuando el deudor ofrezca garantías satisfactorias reales, bancarias o de compañías de seguros. Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a quinientos mil pesos ($500.000).

Cuando la deuda sea inferior a cien mil pesos ($100.000) y el patrimonio líquido del contribuyente se haya disminuido en más del cincuenta por ciento (50%) con relación al año gravable al que corresponda el impuesto, concedido el plazo se congelarán los intereses de mora desde la fecha de la resolución. Los que se causen durante el lapso fijado por dicha providencia, se liquidarán a la tasa señalada para los intereses corrientes. En los demás casos, continuarán causándose intereses de mora durante el plazo concedido para el pago, pero el incremento del dieciocho por ciento (18%) anual previsto en el artículo 45 de este Decreto se reducirá a la mitad.

Cuando la deuda sea superior a un millón de pesos ($1.000.000), la resolución será suscrita por el Director General de Impuestos Nacionales. En los demás casos, por el Administrador de Impuestos Nacionales.

Mientras el deudor pague cumplidamente las cuotas fijadas en la resolución de plazo, tendrá derecho a certificado de paz y salvo en relación con la deuda aplazada. Si deja de pagar oportunamente alguna de las cuotas o cualquiera otra obligación surgida posteriormente, quedará sin vigencia el plazo concedido y se hará efectiva la garantía, hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada.

Artículo 81. El Gobierno determinará los casos para los cuales deba exigirse la presentación del certificado de paz y salvo por concepto de impuesto sobre la renta y ventas.

CAPITULO VIII

Disposiciones varias

Artículo 82. Para efectos de este Decreto, se tendrán como equivalentes los términos de contribuyente o responsable.

Artículo 83. Lo dispuesto en este Decreto en materia de recursos se aplicará sin perjuicio de las acciones ante lo Contencioso Administrativo que consagren las disposiciones legales vigentes. Las demandas ante los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado no interrumpirán la vigencia de los correspondientes actos administrativos, salvo que se trate de la suspensión provisional prevista en el Capítulo X del Titulo 3 del Código Contencioso Administrativo o de actos que resuelvan recursos contra liquidaciones de revisión o aforo.

Artículo 84. Los contratos cuyo objeto sea la impresión de formularios y demás documentos para fines tributarios, el arrendamiento de locales para la recepción de declaraciones tributarias y la vinculación de personal para los mismos fines, que el Gobierno o la entidad competente, según el caso, deban celebrar para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto, sólo requerirán para su validez y perfeccionamiento la firma de las partes contratantes. Si fuere la Nación quien lo celebrare, serán suscritos por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público en los términos de delegación presidencial vigentes en el momento de la celebración.

Estos contratos deberán obtener el registro y la aprobación presupuestales, causan impuesto de timbre y serán publicados en el "Diario Oficial".

Artículo 85. Las actuaciones que el presente Decreto establece para ser ejercidas por o ante funcionarios y dependencias de la Dirección General de Impuestos Nacionales, se realizarán ante los funcionarios o depedencias que en el futuro hagan sus veces conforme a las disposiciones en ese momento vigentes.

Artículo 86. Las normas de este Decreto que expresamente exijan desarrollo reglamentario, sólo empezarán a regir una vez se hayan expedido los correspondientes decretos reglamentarios. Las demás, rigen a partir de la fecha de expedición de este Decreto.

Artículo 87. Transitorio. Para el año gravable de 1982, el término para la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, empezará a correr a partir del 1° de marzo de 1983 y vencerá en la fecha que señalen los reglamentos.

Artículo 88. Quienes se acojan a la amnistía patrimonial consagrada en el Decreto Legislativo número 3747 de 1982, podrán adicionar sus declaraciones de renta y patrimonio hasta el 1° de septiembre de 1983, con el fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 3° del citado Decreto número 3747 de 1982. Las personas que se encuentren dentro de las situaciones previstas en el citado artículo 3°, también podrán realizar inversiones en la adquisición de bienes inmuebles.

Artículo 89. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 86 de este Decreto, derógase los artículos 16 de la Ley 38 de 1969, 30 en sus incisos 2, 3 y 4, 36, 37 y 39 del Decreto número 2821 de 1974; 15, 19, 23, 24, 26 a 29, 34, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 58, 66, 67, 68 y 73 de la Ley 52 de 1977, y 16 del Decreto número 2218 de 1978 y las demás disposiciones que sean contrarias al presente Decreto.

Artículo 90. Este Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 30 de diciembre de 1982.

BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Gobierno, Rodrigo Escobar Navia; el Ministro de Relaciones Exteriores (E), Julio Londoño Paredes; el Ministro de justicia, Bernardo Gaitán Mahecha; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Edgar Gutiérrez Castro; el Ministro de Defensa Nacional, General FernandoLandazábal Reyes; el Ministro de Agricultura, Roberto Junguito Bonett; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jaime Pinzón López; el Ministro de Salud, Jorge García Gómez; el Ministro de Desarrollo Económico, Roberto Gerlein Echeverría; el Ministro de Minas y Energía, Carlos MartínezSimahan; el Ministro de Educación Nacional, Jaime Arias Ramírez; el Ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, José Fernando Isaza Delgado.

Es copia auténtica tomada de su original.

María Angela Tavera

Subsecretaria General»

De acuerdo con las disposiciones del artículo 214 de la Carta y del Decreto número 432 de 1969, artículo 14, el presente negocio fue fijado en lista, en la Secretaría de la Corte, por tres días, durante los cuales se presentaron las impugnaciones que en seguida se sintetizan.

Héctor Raúl Corchuelo Navarrete. Este impugnante reproduce, las "causales determinantes del estado de emergencia económica atinentes a cuestiones de índole tributaria, traídas por el Gobierno en su Decreto número 3742 de 1982". Recuerda el contenido del artículo 122 de la Constitución, y alude en particular a que "durante el estado de emergencia económica el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores, entre los cuales, de acuerdo con doctrina de la Corte se encuentran las prerrogativas tributarias de tales personas, o sea el tratamiento fiscal de los ingresos provenientes del trabajo". El artículo 1°, inciso primero, del Decreto objeto de revisión es violatorio de los artículos 16, 20, 26 y 28 de la Carta pues los procesos en lo referente al ejercicio del derecho de defensa deben estar prescritos por la ley, así como lo relacionado con pruebas. El artículo 1°, parágrafo 1° "porque exigirle al contribuyente receptor de pagos la información de números que en algunos casos (principio general) jurídicamente no pueden existir y en otros, por culpa de terceros, de hecho no existen, viola por lo menos el artículo 20 de la Carta". El artículo 1°, parágrafo 3°, debido a que "si por esta norma se le están dando facultades a la Dirección General de Impuestos Nacionales para exigir a través del contenido de los formatos, requisitos y obligaciones no previstos por ley, se le están confiriendo facultades legislativas y se violan entonces los artículos 76 de la Carta y el 122". El 6° porque "no parece que este artículo ni directa ni lejanamente fortalezca el procedimiento tributario ni los sistemas de determinación del gravamen, ni tampoco como medio determinante de evitar la evasión", por lo cual se viola el artículo 122 de la Constitución.

El mismo impugnador acusa también los artículos 8°, 9°, 12, 13, 14 y 59 del Decreto número 3803. Sus exigencias, dice, violan el artículo 20 de la Carta. El artículo 9° porque establece responsabilidad para todo aquel que aparezca como beneficiario en un título valor, desconociendo así que en la formación de esos instrumentos usualmente el beneficiario no interviene. El 13 porque desconoce "hechos y actos válidamente realizados". El 16 es lesivo de las reglas 26, 28 y 122 de la Constitución, ya que por reglamento no se pueden valorar los medios probatorios, ni establecer las oportunidades procesales para probar y además esto nada tiene que ver con la emergencia económica. El 17, ya que "si dentro de 'presentación' de pruebas no se puede entender su simple proposición, queda el contribuyente imposibilitado para ejercitar su defensa cuando se trate de medios probatorios que no se encuentren en su poder, ni estén en los archivos de la Administración, ni sean susceptibles de inspección ocular", lo cual implica lesión de los artículos 20, 26, 28 y 122 de la Carta. El artículo 21, pues no se puede deferir al reglamento la potestad de establecer términos de prescripción diferentes de los legales, como tampoco "establecer plazos distintos a los de la ley vigente con anterioridad referentes a la prescripción en la exigencia de la devolución de dineros que no son de la Administración... La emergencia es por evasión de impuestos, no por necesidad de apropiarse el Estado de bienes del contribuyente que no corresponden a un impuesto", y todo ello significa violación de los artículos 16, 20 y 122 de la Constitución.

Por último, acusa los artículos 28, inciso final, 32, 39 y 42, 53, 54 y 55, 62, 74, 75 y 81 del Decreto en referencia, por cuanto, en su opinión, no corresponden a las necesidades de una emergencia económica en materia legislativa, y algunos de ellos lesionan los principios del debido proceso y el derecho de defensa.

Bernardo Carreño Varela. Fundamenta su impugnación en apreciaciones doctrinarias relativas al derecho de petición, sobre el cual incluye en su memorial citas de varios tratadistas, para llegar a la conclusión de que el artículo 16 del Decreto número 3803 "es inconstitucional y viola varios tratados intenacionales", como lesivo del derecho de defensa. Luego se refiere a la delegación de funciones, sobre la cual, dice que "cuando una norma de contenido legal, así haya sido dictada en uso de cualquiera de los sistemas extraordinarios que prevé la Constitución, fija al Ejecutivo funciones que normalmente son de la Ley, viola la Constitución"; por tal razón acusa en particular los artículos relacionados con el régimen probatorio, concretamente en el 1° la locución "y los reglamentos señalen" que aparece en sus numerales 2° y 3°; la parte final del artículo 3° donde dice que el Gobierno "determinará las pruebas que pueden suministrarse dentro de los seis meses siguientes a las fechas del vencimiento del plazo para declarar o con las respuestas a los requerimientos". El artículo 16 en su totalidad, porque "deja en manos del Gobierno la determinación de los tributos por métodos indirectos". El artículo 21 que da al Gobierno facultad para crear una caducidad a su propio favor, la cual es "típica institución de creación legal" que no puede ser delegada en el Presidente. Y también la locución "o los reglamentos" del artículo 59, "en cuanto hace depender de ellos la aplicación de algunas sanciones de la Ley y no del reglamento".

Por último, se refiere al "derecho a la privacidad", para que "tanto su hogar como sus negocios sean considerados como su propio territorio dentro del cual nadie puede intervenir". Critica los artículos que obligan a las personas a exhibir libros de contabilidad: "especialmente el artículo 6° del Decreto número 3803 es inconstitucional porque obliga al ciudadano a mostrar sus papeles privados sin que sea para conseguir pruebas judiciales, ni para la intervención del Estado y aún en este caso, porque lo obliga a exhibirlos a funcionarios que no tienen la facultad legal de tasar los impuestos".

Helena Clemencia Lanao. Impugna el artículo 81 porque "el Gobierno se autoprorroga en el tiempo las facultades de excepción que la Carta, en su artículo 122 le ha otorgado pro témpore". Los artículos 3°, 65, 66, 69 y 70, por las mismas razones, en cuanto emplean las expresiones "el Gobierno fijará y determinará", ya que con ellas también se produce la autoprórroga de dichas facultades. El artículo 37, como lesivo del 122 de la Carta, y también de sus artículos 55 y 61, pues no tienen relación alguna con la emergencia económica "la intervención por medio de Decreto con fuerza de ley en el sistema procedimental de lo contencioso administrativo". Y el artículo 36, porque "en materia de Decretos de excepción, toda limitación al derecho de los ciudadanos de acudir para su protección ante la Rama Contencioso Administrativa, no tiene fundamento legal alguno y viola así mismo el artículo 122 de la Carta, ya que carece de vinculación directa y específica con la situación que determine el estado de emergencia".

Juan Rafael Bravo Arteaga. Cita varios fallos de la Corte relativos al alcance de ]os decretos de emergencia económica. Luego afirma: "En el caso presente, al declarar la emergencia económica, el Gobierno señaló la necesidad de corregir `la debilidad del régimen procedimental` en la medida en que favoreciera la evasión o la elusión tributaria (ver considerando 8° del Decreto número 3742 de 1982). Ahora bien, en el Decreto 3803 de 1982 aparecen normas como las contenidas en los capítulos sobre pruebas, sanciones y cobros, en los cuales se observa la existencia de una relación muy clara y específica entre la norma y el propósito de combatir la evasión tributaria. Pero en cambio, las normas sobre declaración tributaria, determinación de los impuestos, recursos y notificaciones y términos, en las cuales no existe la relación directa y específica que exige el artículo 122 de la C. N., ya que mal se puede combatir la evasión tributaria suprimiendo los términos para adicionar las declaraciones de renta, eliminando las oportunidades para presentar pruebas, modificando las condiciones para interponer recursos y variando las formas de la notificación a los contribuyentes, a no ser que la relación entre la causa de la emergencia económica y la medida adoptada por el Gobierno pueda ser una relación imprecisa, remota o indirecta, todo lo cual es contrario al texto de la C. N.". Por estas razones considera inconstitucionales las normas de los capítulos I, III, IV y V del Decreto número 3803.

Además, acusa al artículo 3° de este Decreto de lesionar el 26 de la C. N., en cuanto elimina parte fundamental de la garantía del debido proceso, porque "faculta al Gobierno para determinar por medio de Decreto reglamentario la oportunidad de presentación de pruebas". Así mismo al artículo 7% inciso 4°, como contrario al 20 de la C. N., pues "el contribuyente que haya celebrado contratos o realizado operaciones con personas que posteriormente mueran o pierdan por otra causa la vigencia de su cédula, quedan expuestas al desconocimiento de costos, deducciones, pasivos y descuentos". Al artículo 35 como lesivo del 122 de la Carta, "ya que resulta evidente que el recurso extraordinario de revocación directa no puede constituir una causa de evasión o elusión tributaria", y, por otra parte, es violatorio del derecho de petición que consagra el artículo 45 de la Constitución: "la revocación directa se ha mirado siempre como un desarrollo del derecho de petición". Al artículo 74, porque infringe el 122 de la C. N., "en cuanto desmejora los derechos sociales de los trabajadores que reciben salarios y honorarios. Las normas legales vigentes no obligaban al anticipo del impuesto a los trabajadores, subordinados o independientes, cuya renta estaba principalmente constituida por salarios y honorarios. Y al artículo 89, ya que "esta disposición deroga de manera expresa algunas disposiciones y de manera tácita todas las contrarias al Decreto citado", y "como las normas declaradas inexequibles por la Corte Suprema carecen de la idoneidad jurídica para derogar normas legales", solicita el impugnante la inexequibilidad de este artículo "en cuanto por medio de él se hayan derogado disposiciones legales contrarias a las disposiciones que en esta oportunidad sean declaradas inexequibles".

Miguel Durán Correa. Considera que el artículo 10 del Decreto número 3803 vulnera los artículos 122, 39, 32, 30 y 40 de la Constitución Nacional porque "no se ve en lo absoluto qué relación pueda tener la emergencia económica con el desarrollo y ejecución del contrato de mandato y de los demás contratos civiles que conllevan representación, ni cómo pueda el Gobierno, para conjurar la crisis, imponer a los apoderados obligaciones fiscales... cuando se trata de negocios e intereses ajenos"; lesiona el artículo 39 de la Constitución Nacional en cuanto restringe el libre ejercicio de la profesión de abogado"; también resulta infringido el 32 de la Carta, por las mismas razones; el 30, que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, ya que el patrimonio de un apoderado va a quedar afectado con obligaciones fiscales ajenas; y el 40; "¿cómo podemos los abogados litigar en causa aneja si, v. gr. por un endoso en procuración quedamos expuestos a tener que pagarle los impuestos a nuestro cliente ".

Isidro Arévalo Buitrago. Este ciudadano presentó memorial de impugnación fuera del término legal y se envió también a la Procuraduría General de la Nación. Solicita la inexequibilidad de los artículos 53, 54 y 55 del Decreto número 3803, mediante estas apreciaciones:

Tales normas violan los artículos 26, 39, 58, 61 y 122 de la Carta. El artículo 53 que modifica los artículos 19 y 20 de la Ley 145 de 1960 sobre sanciones a los contadores públicos, con detrimento del artículo 122 de la C. N. porque nada tiene que ver con la emergencia económica y además de los artículos 26, 39, 58 y 61 del mismo estatuto. El artículo 54 del Decreto que se examina limita el derecho de defensa del contador, "al reducir a una instancia, en la vía gubernativa, la oportunidad para defenderse y probar sus actos", al limitar su defensa al recurso de reposición y sustituir para tales efectos a la Junta Central de Contadores, sin facultad para hacerlo y con lesión de los principios del debido proceso y del derecho de defensa consagrados en el artículo 26 de la Carta, así como de las normas contenidas en los artículos 122, 39, 58 y 61 de la misma. El artículo 55 del Decreto número 3803 también elimina el derecho de defensa del contador y resulta inconstitucional por las mismas razones.

En su concepto el Procurador sostiene:

1° Los límites de la facultad extraordinaria de dictar decretos con fuerza de ley son "los que se desprenden del carácter exceptivo del artículo 122". Aparte de ellos "la disposición constitucional no permite postular, a priori, cuáles instrumentos de la política económica pueden emplearse para enfrentar la perturbación del orden económico o social del país".

2° El ejercicio cabal de las facultades propias de la situación de emergencia supone, entonces que las medidas que se expidan puedan hallarse, racionalmente, relacionadas en forma directa y específica con los factores que configuran el estado de perturbación y finalísticamente inspiradas en su control para conjurar la situación de crisis o impedir la prolongación de sus efectos.

3° Las normas del Decreto número 3803, excepto algunas que luego se detallan, están vinculadas directamente con las causas consignadas en la declaratoria de emergencia, y destinadas a conjurar la crisis causante de ésta. Las disposiciones sobre impuestos "requieren y exigen unas normas instrumentales que hagan efectivos los derechos y las obligaciones consagradas en ellas, desde luego como una manifestación propia y necesaria del ejercicio del poder impositivo... Como quiera que los preceptos sustantivos y los objetivos o procedimentales forman un todo, es decir, deben considerarse como una unidad jurídica, de suyo inescindible, perfectamente interrelacionados, de tal suerte que los unos sin los otros harían imposible el cumplimiento de sus objetivos... Por existir tal interrelación y por la conexidad que guarda el decreto que se revisa con el declaratorio (No. 3742), se han observado los límites constitucionales que precisa el artículo 122".

4° La Procuraduría ha encontrado disposiciones que parcial o totalmente resultan contrarias a precisos mandatos constitucionales, y que son los siguientes:

a) Del artículo 1° numeral 3° la parte que dice: "y los reglamentos"; del artículo 3°, la parte que dice: el Gobierno... "así mismo, determinará las pruebas que puedan suministrarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar o con la respuesta a los requerimientos", y del artículo 7°, inciso cuarto, la parte que dice: "o que el error provino de la Registraduría", porque "los medios de prueba, la carga de la prueba y el sistema de valoración probatorio, deben estar consagrados en la ley, para que el contribuyente sepa qué medios probatorios puede utilizar para demostrar sus obligaciones tributarias, costos, deducciones, etc., y cuáles se le pueden exigir después de presentada su declaración tributaria o con la respuesta a los requerimientos". Lo que exige las normas citadas significa "imponer una carga probatoria que se traduce en la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, sin fórmula de juicio alguna... Del mismo modo los artículos 1°, numeral 3°, y 3° transgreden lo dispuesto en los artículos 2°, 26, 55, 76 y 122 de la Constitución Política, puesto que aquéllos no son más que la atribución de una competencia legislativa... ";

b) "Del artículo 17, la parte que dice: 'o el reglamento'; del artículo 32, la parte que dice: 'en la forma que determine el reglamento'; el artículo 81 que dice: 'el Gobierno determinará los casos para los cuales debe exigirse la presentación del Certificado de Paz y Salvo por concepto del impuesto sobre la renta y ventas"', ya que estas normas "violan lo dispuesto en los artículos 2°, 20, 55, 76 y 120 numeral 3° y 122 de la Constitución Política, como quiera que aún en épocas en las que se halle turbado el orden público económico, los poderes públicos deben ejercerse en los términos y dentro de los límites que la Constitución misma establece. Así las cosas, es evidente que el Presidente de la República al dictar los preceptos antes transcritos, ha excedido los marcos que la Carta le ha fijado, puesto que se ha atribuido y prorrogado una función de naturaleza legislativa, de manera permanente e indefinida, lo cual no se aviene a las facultades del estado de emergencia económica ni a tales mandatos constitucionales".

c) "El artículo 10, que dispone: todo apoderado con facultades para intervenir en transacciones relativas a los títulos de que trata el artículo 8° de este Decreto, será solidariamente responsable del pago de los impuestos atribuidos al respectivo título. En dicho caso, la entidad respectiva informará el nombre, NIT y dirección del apoderado en los términos que indique el Gobierno, pues esta norma excede los límites de las facultades del artículo 122, porque no está dirigida a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, ni tiene que ver con materias relacionadas directa y específicamente con la situación determinante de la emergencia.

d) "El artículo 36 que ordena: Para interponer demanda ante los tribunales administrativos y ante el Consejo de Estado, en materia de impuestos de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales, deberá prestarse caución por valor igual al cincuenta por ciento (50%) de la suma materia de la impugnación", porque "En el Decreto Declarativo número 3742 no se encuentra motivación alguna que permita o justifique el que se haya dictado medida semejante, por lo cual no se encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta".

e) "Los artículos 53, 54 y 55 transgreden los cánones 2, 16, 20, 26, 28 y 122 de la Carta Fundamental", en razón de que no tienen la relación directa y específica que exige el artículo 122 constitucional. Una de las causas invocadas para declarar la emergencia es "la ausencia de un régimen adecuado de infracciones y sanciones", pero éste presupone la obligación de consagrar los procedimientos para imponer las sanciones a que haya lugar. Además, dichas normas "desconocen la tutela constitucional del debido proceso, puesto que no establecen procedimiento alguno... Antes por el contrario, de dichos textos resulta claro, que las sanciones que prevé, se imponen antes de que el acusado disponga de la oportunidad de ser `oído y vencido en juicio".

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Corte es competente para conocer de este negocio, porque se trata de un decreto dictado en ejercicio de las facultades del artículo 122 de la Constitución y está dictado dentro del término que señaló el Decreto número 3742.

Primeramente, es procedente establecer que, globalmente, el Decreto en examen tiene relación directa y específica con la situación que determinó la implantación del régimen de emergencia, puesto que sus disposiciones se enderezan sistemáticamente a combatir el "deterioro progresivo y acelerado de los ingresos públicos", atribuible a la evasión fiscal y tributaria, a que se refieren los ordinales 2°, 5° y 6° de la parte motiva de aquel Decreto, fenómeno que imponía estos correctivos, ya que de acuerdo con la consideración 8° del mismo estatuto "la evasión y elusión tributaria ha adquirido enorme fuerza y generalidad como consecuencia de las altas tasas existentes, el abuso de la utilización de una serie de exenciones de impuestos, la inconveniencia de otras, la debilidad del régimen procedimental y de los sistemas de determinación del tributo, así como de la ausencia de un régimen legal adecuado de infracciones y sanciones". Son estos hechos los que justifican la política tributaria general y la preceptiva de cada una de sus disposiciones particulares.

Pero, en el análisis detallado de la normatividad de este Decreto la Corte advierte que hay disposición integral o parcialmente inconstitucional, así:

a) Encuentra la Corte, que todas aquellas disposiciones en las cuales el Gobierno defiere a los reglamentos, o a una determinación posterior al plazo señalado para ejercer las facultades de emergencia son inconstitucionales, porque o están transfiriendo indebidamente materias que son propias de la ley a una regulación de naturaleza administrativa, como son los actos fundados en la potestad reglamentaria que al Presidente de la República atribuye el ordinal 3° del artículo 120 de la Constitución, o implican una autoprórroga de las facultades de la emergencia para su desarrollo posterior, lo cual también es contrario al artículo 122 en el aspecto de la temporalidad de los poderes excepcionales.

Tal tacha afecta a las siguientes disposiciones:

En el artículo 1°, ordinales 2° y 3°, la expresión "y los reglamentos"; en el ordinal cuarto la expresión "en las condiciones y cuantías que determine el reglamento"; en el parágrafo 1° del mismo artículo primero, la expresión "en las condiciones y cuantías que determine el reglamento".

En el artículo 3°, la parte que dice: "así mismo, determinará las pruebas que puedan suministrarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar o con la respuesta a los requerimientos".

En el artículo 6°, la parte que dice: "todo de conformidad con el reglamento".

En el artículo 8° la expresión "en las condiciones que el Gobierno indique".

En el artículo 11, el inciso segundo que dice: "La omisión por parte del juez constituye causal de mala conducta".

En el artículo 17, la expresión "o el reglamento".

En el artículo 21, la expresión "dentro de los términos que indique el reglamento".

En el artículo 32, la expresión "en la forma que determine el reglamento".

En el artículo 59, la expresión "o los reglamentos".

En el artículo 60, la expresión "o los reglamentos".

En el artículo 70, la expresión "y en la forma indicada por el Gobierno";

b) El artículo 5° que concede un descuento tributario del 1% del impuesto en favor de los contribuyentes que presenten la información exigida por la Dirección General de Impuestos en medios magnéticos, es inconstitucional porque rompe el principio de la igualdad ante la ley, que en el presente caso se concreta en la igualdad ante las cargas tributarias;

c) El artículo 10 es inconstitucional no sólo porque como lo anota el Procurador es norma que "no está dirigida a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, ni tiene que ver con materias relacionadas directa y específicamente con la situación determinante de la emergencia", lo cual es violatorio del artículo 122, sino porque infringe el artículo 20 de la Constitución al responsabilizar por actuaciones ajenas a los apoderados con facultades para intervenir en transacciones relativas a los títulos valores a que se refiere el artículo 8° del Decreto que se juzga;

d) El artículo 16 resulta inconstitucional al dejar a juicio del Gobierno, expresado en Decreto reglamentario, los métodos indirectos para determinar, a falta de libros de contabilidad, las obligaciones tributarias, materia que debe ser objeto de regulación legislativa y no administrativa, lo cual implica violación del artículo 122 del estatuto constitucional;

e) El artículo 36 es inconstitucional porque regula una materia completamente ajena a la motivación dada para declarar la emergencia y porque, así mismo, sus disposiciones no tienden a conjurar el déficit fiscal ni procura reforzar el procedimiento tributario, lo cual es contrario al artículo 122, ya que lo que fija es una regla común para el ejercicio de las acciones contenciosas en materia tributaria;

f) Los artículos 53, 54 y 55 son inconstitucionales, porque como lo dice el Procurador, no tienen la relación directa y específica que exige el artículo 122, y porque aunque una de las causas invocadas para declarar la emergencia es "la ausencia de un régimen adecuado de infracciones y sanciones", pero éste presupone la obligación de consagrar los procedimientos para imponer las sanciones a que haya lugar. Además, dichas normas "desconocen la tutela constitucional del debido proceso, puesto que no establecen procedimiento alguno... Antes por el contrario, de dichos textos resulta claro, que las sanciones que prevé, se imponen antes de que el acusado disponga de la oportunidad de ser oído y vencido en juicio";

g) Los artículos 65 y 66 son igualmente inexequibles por cuanto dejan al Gobierno la determinación tanto de los porcentajes de retención en la fuente a que se refieren los artículos 62, 63 y 64 del Decreto, como las cuantías mínimas que no pueden ser objeto de estas retenciones, ejercicio pospuesto de las facultades de la emergencia que contraviene el artículo 122;

h) Por las mismas razones indicadas en la letra anterior es inconstitucional el artículo 69 que dejaba al Gobierno la regulación sobre certificados de retención en la fuente y consignación del impuesto;

i) El artículo 79 es inconstitucional porque no encuentra la Corte que el artículo 79, contentivo de una dualidad de jurisdicción y competencia, tenga relación directa y específica con el estado de emergencia, por lo que es inexequible, pues es de entender que el Gobierno, en los considerandos del Decreto declaratorio de la emergencia, no se duele de los procedimientos de la justicia civil ordinaria, sino de los procedimientos tributarios en el recaudo de los impuestos y así lo exterioriza el extenso articulado del Decreto número 3803 y en la denominación del mismo (por el cual se revisan algunas normas en materia de procedimiento tributario y se dictan otras sobre control a la evasión de impuestos). Además, no parece que se conjure la crisis económica atiborrando a los falladores civiles con negocios atribuidos a otros juzgadores, que gozan de mecanismos expeditos y de celeridad en el cobro de los impuestos;

j) El artículo 81 es también inconstitucional por dejar al Gobierno la determinación de los casos en que se requiere presentar Certificado de Paz y Salvo por concepto de impuesto sobre la renta y ventas, materia que no puede ser objeto de reglamento y que ha debido ser regulada en un decreto dictado con fundamento en el artículo 122;

k) También es inconstitucional el artículo 86 por cuanto condiciona la vigencia de las normas que exijan expreso desarrollo reglamentario a la expedición de los respectivos reglamentos, porque ello resulta contrario a la temporalidad de las facultades que para la emergencia confiere el artículo 122;

l) En los incisos tercero y cuarto del artículo 7° son inconstitucionales las expresiones "a través de la Procuraduría General de la Nación, o sus agentes" y "en tal evento, la carga de la prueba incumbe al contribuyente o responsable y ésta deberá ser plena para su aceptación", respectivamente. En el primer caso, la inexequibilidad resulta de que elimina la investigación de oficio y la posibilidad de que cualquiera que conozca el fraude lo denuncie, lo cual es contrario al sistema inquisitivo de investigación penal, que es el compatible con la Constitución; y el segundo caso, por ser contrario a los principios procesales que establece la Constitución en su artículo 26, al destruir la presunción de inocencia;

m) En el inciso final del artículo 28 evidentemente inconstitucionales los términos "y contadores", pues la agencia oficiosa para intentar el recurso de reconsideración a que se refiere la expresión, implica ejercicio de la abogacía el cual reserva el artículo 40 constitucional a los abogados;

n) Los artículos 74 y 75 son inconstitucionales en cuanto incluyen a los trabajadores dependientes en la obligación de anticipar a título de impuesto sobre la renta del año siguiente al gravable el 70% del valor determinado en su liquidación privada, pues contraría la prohibición del artículo 122 de afectar con las medidas de emergencia los derechos sociales de aquéllos, como sucede en este caso con la afectación del salario;

ñ) Finalmente, el artículo 89 es inconstitucional en cuanto se refiere a lo establecido en el artículo 86, ya que éste fue encontrado inexequible, y también en cuanto deroga el artículo 24 de la Ley 52 de 1977, porque suprime un descuento tributario, que a juicio de la Corte constituye un aumento de impuestos, para lo cual no está facultado el Gobierno por el artículo 122.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, con base en estudio de su Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Primero. Declarar inexequible en su totalidad, los artículos 5°, 10, 16, 36, 53, 54, 55, 65, 66, 69, 79, 81 y 86.

Segundo. Declarar inexequible en el artículo 1° ordinales 2° y 3° la expresión "y los reglamentos"; en el ordinal 4° la expresión "en las condiciones y cuantías que determine el reglamento"; en el parágrafo primero del mismo artículo 1° la expresión "en las condiciones y cuantías que determine el reglamento". En el artículo 3°, la parte que dice: "así mismo, determinará las pruebas que puedan suministrarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar o con la respuesta a los requerimientos".

En el artículo 6°, la parte que dice: "todo de conformidad con el reglamento".

Los incisos tercero y cuarto del artículo 7°, las expresiones "a través de la Procuraduría General de la Nación, o sus agentes" y "En tal evento, la carga de la prueba incumbe al contribuyente o responsable y ésta deberá ser plena para su aceptación".

En el artículo 8°, la expresión "en las condiciones que el Gobierno indique".

En el artículo 11, el inciso segundo que dice: "La omisión por parte del juez constituye causal de mala conducta".

En el artículo 17, la expresión "o el reglamento".

En el artículo 21, la expresión "dentro de los términos que indique el reglamento".

En el artículo 28, la expresión "y contadores".

En el artículo 32, la expresión "en la forma que determine el reglamento".

En el artículo 59, la expresión "o los reglamentos".

En el artículo 60, la expresión "o los reglamentos".

En el artículo 70, la expresión "y en la forma indicada por el Gobierno".

El artículo 74, en cuanto el anticipo en él establecido se aplique a rentas provenientes de salarios de trabajadores dependientes.

El artículo 75, en cuanto se refiere al anticipo sobre rentas provenientes de salarios de trabajadores dependientes.

El artículo 89, en la parte que dice: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 86 de este Decreto" y en cuanto deroga el artículo 24 de la Ley 52 de 1977.

Tercero. Decláranse exequibles las demás normas del Decreto número 3803 de 1982, así como las partes no afectadas por las declaraciones de inconstitucionalidad hechas en el punto segundo de esta decisión.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

José Eduardo Gnecco C., Presidente; Jerónimo Argáez Castello, Luis Enrique Aldana Rozo (con salvamento parcial de voto), Fabio Calderón Botero, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique DazaA., José María Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz (con salvamento de voto); Germán Giraldo Zuluaga, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez (con salvamento de voto); Juan Hernández Sáenz (disiento parcialmente); Alvaro Luna Gómez (salvo el voto); Carlos Medellín (salvamento de voto); Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ballén (salvo el voto); Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Luis Carlos Sáchica (con aclaración de voto); Jorge Salcedo Segura (con salvamento parcial); Pedro Elías Serrano Abadía,Fernando Uribe Restrepo (salvamento parcial); Darío Velásquez Gaviria.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General

ACLARACIÓN DE VOTO

Debo aclarar mi voto, para exceptuar del mismo los siguientes aspectos:

1° En relación con el artículo 5°, el cual estimo constitucional porque reitero la tesis de que si, entre los hechos invocados por el Gobierno para Implantar la emergencia económica, está el de una situación dificitaria de extrema gravedad, como es la del presente caso, el artículo 122 lo autoriza para modificar el régimen tributario de manera que se incremente el producido de las rentas públicas. Por tanto, aumentar y rebajar tarifas impositivas o los descuentos tributarios en tal situación, es ejercicio constitucional de aquellos poderes.

2° No comparto la tesis mayoritaria sobre la afectación de los derechos sociales de los trabajadores ni por eliminación de descuentos tributarios ni por variar la forma de pago de los impuestos. Aquella protección no impide que los trabajadores sean gravados en sus rentas, como los demás rentistas ni porque se varíe el modo de cobrar los tributos. Además, el artículo 74 no distingue entre los contribuyentes y les da un trato igual. Lo que tutela la prohibición del artículo 122 es el régimen salarial y prestacional de los trabajadores, y

3° El artículo 79 es constitucional, pues busca mejorar los sistemas de cobro judicial de los impuestos, por lo cual es conexo con las causas de la emergencia.

Luis Carlos Sáchica.

SALVAMENTO DE VOTO

Me permito adicionar mi salvedad de voto con las siguientes consideraciones:

1. ARTICULO 7° - INCISO 4°

Considero que únicamente la primera frase del inciso es exequible, a saber: "La Administración Tributaria desconocerá los costos, deducciones, pasivos y descuentos cuyos beneficiarios no correspondan a cédulas que estén vigentes".

El resto del artículo es claramente inexequible, a mi modo de ver, y no únicamente la última frase como lo decidió la mayoría de la Sala. Ella dice: "En tal evento la carga de la prueba incumbe al contribuyente o responsable y ésta deberá ser plena para su aceptación".

Y esto es así por la clarísima razón de que en la parte del texto hallada exequible por la Sala se repite expresamente el mismo mandato inconstitucional que equivale a presumir la mala fe del contribuyente que tuvo el infortunio de realizar operaciones con una persona que luego falleció. Dice el artículo, en su parte declarada exequible, que "... a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula se acreditó... ". Se viola así el derecho de defensa.

2. ARTICULO 74

Estimo que es exequible pues de ningún modo puede entenderse que exista "el derecho social de los trabajadores" a no pagar anticipos de impuestos. "Los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores", que el texto del artículo 122 de la Carta prohíbe desmejorar durante la emergencia económica, son aquellos "derechos sociales" propiamente dichos, que corresponden a los trabajadores como tales.

La norma no cubre, a mi modo de ver, pretendidos derechos de los trabajadores como contribuyentes, o como compradores o vendedores, o como propietarios o usuarios o adquirentes de bienes y servicios. En cuanto tales pueden resultar lícitamente gravados por normas de emergencia económica, a menos que se quiera consagrar un absurdo fuero que nada tiene que ver con el campo laboral, específicamente.

Fernando Uribe Restrepo.

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto discrepo del fallo recaído en el asunto de la referencia por las siguientes razones:

El Decreto número 3803 de 1982 fue expedido en ejercicio de las facultades de excepción que otorga al Ejecutivo el artículo 122 de la Carta, y en desarrollo del Decreto número 3742 de 1982, declaratorio de la emergencia económica. Su materia es la tributaria: "se revisan algunas normas en materia de procedimiento tributario y se dictan otras sobre control a la evasión de impuestos". Este Decreto constituye un verdadero y completo estatuto legal en su materia, integrado por ocho capítulos y noventa artículos, así: Capítulo I "Declaración Tributaria"; Capítulo II, "Pruebas"; Capítulo III "Determinación del Tributo"; Capítulo IV, "Recursos"; Capítulo V, "Notificaciones y Términos"; Capítulo VI, "Sanciones"; Capítulo VII, "Cobro"; Capítulo VIII, "Disposiciones varias".

Reformado el sistema tributario del país por otros decretos simultáneos, se comprende que sus normas sustantivas exijan para su efectividad la modificación de las disposiciones procedimentales correspondientes. Pero éstas, no por tener tal carácter, dejan de pertenecer a la misma materia de aquéllas, que es la tributaria, la misma que corresponde a la parte relacionada con la evasión de impuestos.

El sistema tributario del país tiene relación directa, ordinaria y constante, con el orden económico en todos sus aspectos: en lo individual, en lo social, en lo financiero, en lo fiscal, etc. Dicho sistema ostenta sus propias características internas, utiliza sus procedimientos para realizarse y está expuesto a factores distintos que pueden determinar su eficacia o producir su ineficacia, y que, en conjunto, constituyen una fenomenología resultante de hechos más o menos constantes, más o menos regulares, que inciden sobre su operación habitual. En cuanto tales hechos y circunstancias formen parte ordinaria del sistema tributario (incluido, claro está, su aspecto procedimental) y, a través suyo, del orden económico del país, su tratamiento legislativo debe ser de la misma naturaleza, ordinario también, por las vías comunes que la Constitución establece y por el órgano del poder público que regularmente tiene tal finalidad, a la luz del artículo 76 de la Carta.

Es, pues, el legislador ordinario quien tiene la vocación constitucional necesaria para introducir cambios y reformas en el sistema tributario tendientes a controlar, encauzar y regular los hechos y fenómenos que corresponden a su realización ordinaria y normal. En esta materia es él quien tiene "el poder del querer", según afortunada expresión.

Fecha ut supra.

Carlos Medellín.

SALVAMENTO DE VOTO

Dice el artículo 79 del referido Decreto lo siguiente:

"Sin perjuicio de la continuación de las ejecuciones por deudas fiscales a través de sus funcionarios investidos de jurisdicción coactiva, la Dirección General de Impuestos Nacionales podrá demandar el pago por la vía ejecutiva ante los Jueces Civiles de Circuito. Para este efecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o la respectiva autoridad competente, podrán otorgar poderes a funcionarios abogados de la citada dirección, o contratar apoderados especiales".

A su vez, las consideraciones 5ª, 6ª, 8ª y 14 del Decreto Legislativo número 3742 de 1982, por el cual se declaró el estado de emergencia económica, rezan así:

"5ª Que la situación fiscal por la que atraviesa el país se ha menoscabado paulatinamente por un debilitamiento generalizado de los ingresos de la Nación, de los departamentos, de los municipios y de las entidades descentralizadas, frente a un gasto oficial en permanente expansión como resultado del fenómeno inflacionario.

"6ª Que el debilitamiento de los ingresos y el incremento de los gastos públicos han conducido a una caída pronunciada del ahorro nacional que, a su turno, ha afectado el nivel de inversión y de actividad económica en general. La recesión resultante ha intensificado el daño producido por una evasión fiscal y tributaria de proporciones gigantescas.

"8ª Que el fenómeno de evasión y elusión tributario ha adquirido enorme fuerza y generalidad como consecuencia de las altas tasas existentes, el abuso en la utilización de una serie de exenciones de impuestos, la inconveniencia de otras, la debilidad del régimen procedimental y de los sistemas de determinación del tributo, así como de la ausencia de un régimen legal adecuado de infracciones y sanciones.

"14. Que la situación descrita en los considerandos anteriores debe corregirse a la mayor brevedad y, además de los ajustes de tipo normativo necesarios en el campo fiscal y presupuestal, exige la revisión del régimen procedimental y la modificación apropiada de los mecanismos, instrumentos y órganos que requiere una moderna y ágil administración, principalmente en los aspectos a los cuales se refiere este Decreto".

La lectura de los textos transcritos deja en evidencia la conexión inmediata que existe entre lo preceptuado por el dicho artículo 79 y varios de los móviles de aquella declaratoria de emergencia: agilizar el cobro compulsivo de los créditos a favor de la Nación por concepto de impuestos.

Esta conexidad ostenta, así mismo, que el aludido artículo 79 no infringe en modo alguno el 122 de la Constitución.

De otra parte, no infringe tampoco ninguna norma constitucional que este precepto le atribuya competencia a los jueces civiles del circuito para conocer de las ejecuciones por créditos de origen tributario. Antes bien, logra por este medio agilizar los recaudos sin aumentar el número de servidores nacionales, con el consiguiente ahorro presupuestario, e implica un principio de renuncia ejemplarizante del privilegio exorbitante que tiene el Fisco para hacer efectivos sus créditos a través del sistema de la jurisdicción coactiva, donde un funcionario de la Rama Ejecutiva, llamado juez de ejecuciones fiscales, tiene a la vez el papel de impulsador del proceso y de representante de los intereses de la parte ejecutante.

El simple cambio o ampliación de competencias para conocer de procesos judiciales dispuestos por la ley no causa agravio a la Constitución, así como tampoco lo infieren motivos de mera conveniencia o inconveniencia prácticas que surjan de aplicar una norma, por más respetables y conspicuos que llegan a ser tales motivos.

Las reflexiones anteriores explican nuestro disentimiento absoluto de la declaración de inexequibilidad, adoptada mayoritariamente en este fallo, respecto del artículo 79 del Decreto Legislativo número 3803 de 1982, revisado por la Corte.

Fecha ut supra.

Juan Hernández Sáenz, Luis Enrique Aldana Rozo, ,Jorge Salcedo Segura, Fernando Uribe Restrepo,

ACLARACION DE VOTO

El voto de inexequibilidad que he manifestado en relación con este Decreto, encuentra una motivación distinta a la que se indica en esta sentencia. Sobre el particular me remito a lo expresado respecto del Decreto número 3746 de 1982.

Gustavo Gómez Velásquez

Magistrado

SALVAMENTO DE VOTO

1. Compartimos los enunciados primero y segundo de la parte resolutiva del fallo, mediante los cuales se declararon inexequibles, del Decreto número 3803 del 1982, en forma total los artículos 5°, 10, 16, 36, 53, 54, 55, 65, 66, 79, 81 y 86, y de manera parcial los artículos 1°, 3°, 6°, 7°, 8°, 11, 17, 21, 28, 32, 59, 60, 70, 74, 75, y 89. Igualmente, somos partícipes de las específicas razones señaladas como causas de inconstitucionalidad para cada uno de los preceptos aludidos, en la parte correspondiente de la motiva de la sentencia.

2. Sin embargo, discrepamos del enunciado tercero de la resolutiva de la misma y de lo que la sustenta en la respectiva parte genérica de la motiva, por el que se declaró exequible el resto del Decreto número 3803, por estimar nosotros que frente a lo sostenido en el propio fallo de la Corte de 23 de febrero de 1983, y en armonía con lo indicado en uno de los salvamentos de voto de dos de los magistrados que aquí suscriben éste, durante el control oficioso a la emergencia de 1974, no queda asidero lógico posible a la tesis ambivalente que resulta de afirmar, de una parte, como ya lo decidió la Corte, que el Gobierno, no puede válidamente, frente a la Constitución, decretar por la vía excepcional de los Decretos de emergencia económica una modificación general y de vocación permanente al régimen ordinario de tributación, y de la otra, sostener que sí puede hacerlo cuando se trata de regular su procedimiento.

Frente a la Constitución, es el Congreso, por medio o por mandato de la ley el que de manera esencial, común, ordinaria y permanente, ejerce no sólo la facultad sustantiva de regulación del régimen tributario e impositivo, sino además, obviamente, la de expedir las normas procedimentales sobre la misma materia. Dado que el Decreto número 3803 de 1982 se refiere en forma primordial a la revisión "de algunas normas en materia de procedimiento tributario", y que, vistas todas, hacen referencia a dicho procedimiento, no queda fácil para nosotros comprender las razones de la incongruencia, tanto más si se tiene en cuenta que lo que en gran medida justificaba para el Gobierno la expedición del estatuto en examen, era el propósito obvio de adecuar las normas de procedimiento a los nuevos Decretos sustantivos de regulación números 3743 y 3746, los cuales, ambos, como se sabe, fueron ya declarados inexequibles íntegramente por la Corte.

3. Invocamos entonces corno razones de nuestro salvamento, de manera fundamental, las mismas que nos motivaron a sustentar y suscribir las de las sentencias de 23 de febrero de 1983, por la cual se declaró inexequible el Decreto número 3743 de 1982, y de marzo 3 de 1982, ambos de revisión sobre impuestos a la renta y complementarios.

4. Aclaramos nuestra reserva acerca de la constitucionalidad del artículo 88 del Decreto número 3803, que a nuestro juicio es exequible por cuanto que desarrolla el Decreto número 3747 de 1982, sobre amnistía, que fue declarado exequible por la Corte en la reciente sentencia que hemos suscrito, de febrero 28 de 1983. Siendo aquel Decreto constitucional, lo es su normación procesal, sin olvidar que a juicio de la Corte tal estatuto se halló exequible por no haber modificado el régimen impositivo y tributario, ordinario, por responder en forma específica y directa a la finalidad de morigerar la crisis fiscal y estar acorde con la exigencia del artículo 122 de responder a situaciones exógenas, crónicas o sobrevivientes.

Fecha Ut et Supra.

Manuel Gaona Cruz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcía Ballén.