Sentencia 989 de 1983

300Corte SupremaCorte Suprema30030013374989Manuel Gaona Cruz198310/02/1983989_Manuel Gaona Cruz_1983_10/02/198330013374&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 5. 1983

Rodrigo Uprimny Yepes, Carlos Malag�n Bola�os,Juan Carlos Henao P�rezNORMAS ACUSADAS: Art�culos 127 parcialmente y 130 y 186 del C�digo Penal.Identificadores30030013375true86820Versi�n original30013375Identificadores

Norma demandada: �NORMAS ACUSADAS: Art�culos 127 parcialmente y 130 y 186 del C�digo Penal.

NORMAS ACUSADAS: Art�culos 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF parcialmente y 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal.

ACTORES: Rodrigo Uprimny Yepes, Carlos Malag�n Bola�os y Juan Carlos Henao P�rez.

TEMA: CONCIERTO PARA DELINQUIR, CONSPIRACI�N, EXCLUSION DE PENA. TIPICIDAD DEL HECHO PUNIBLE. DELITO POLITICO. CODIGO PENAL.

Exequibles los art�culos 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, parcialmente, 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal.

FECHA: Bogot�. D. E., febrero diez (10) de mil novecientos ochenta y tres (1983).

Los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes, Carlos Malag�n Bola�os y Juan Carlos Henao P�rez demandan ante la Corte la declaratoria de inexequibilidad de los referidos preceptos del C�digo Penal.

Son los art�culos 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, en lo subrayado, y 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, del C�digo Penal, que establecen:

Art�culo 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Exclusi�n de pena. Los rebeldes o sediciosos no quedar�n sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo".

"Art�culo 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Conspiraci�n. Los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebeli�n o de sedici�n, incurrir�n, por este solo hecho, en arresto de cuatro meses a dos a�os.

"Art�culo 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser� penada, por este solo hecho, con prisi�n de tres a seis a�os.

"Si actuaren en despoblado o con armas, la pena ser� prisi�n de tres a nueve a�os.

"La pena se aumentar� en una tercera parte para quienes promuevan, encabecen o dirijan el concierto".

En sentir de los actores los preceptos que acusan son violatorios de los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n y de su Pre�mbulo.

1. La Constituci�n consagra en los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF el principio de la "estricta legalidad", de manera que no le quede al poder margen de apreciaci�n sobre su alcance, pues "la libertad del poder se llama arbitrariedad" (Bertrand de Jouvenel). El peligro que amenaza el principio 'nulla poena sine lege" no proviene de la analog�a sino de las leyes penales indeterminadas (Hanz Welzel, citado por Jes�s Bernal Pinz�n, en salvamento de voto a la sentencia de octubre de 1978).

"En la hip�tesis de leyes con tipos penales ambiguos y con contornos indeterminados, estar�amos en presencia de una evidente y sustancial violaci�n del principio de legalidad, a pesar de su formal y aparente observaci�n, pues los asociados no sabr�an con certeza qu� conductas les est�n vedadas, ya que no existiendo claridad acerca del contenido de la descripci�n legal, ser�a en �ltima instancia el funcionario estatal frente al caso concreto, y 'ex post facto', y no la ley en abstracto y con anterioridad, el encargado de definir el hecho punible, d�ndose as� amplios y peligrosos m�rgenes a la arbitrariedad de las autoridades".

Adem�s, la ambig�edad en la descripci�n penal es lesiva del principio de separaci�n de las ramas del poder publico consagrado en el art�culo 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, ya que es el Congreso el que hace la ley (art. 76CONS_P86#76*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF) y el juez el que la aplica, y ante una ley penal oscura quien fija su alcance es el juez, convirti�ndose en legislador.

2.- Los art�culos 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF sancionan los "actos preparatorios", por el "solo hecho" de ponerse de acuerdo para cometer delitos de rebeli�n o sedici�n, o de concertarse para cometer delitos, seg�n la teor�a cl�sica, el "iter criminis" comprende las fases de ideaci�n, preparaci�n, ejecuci�n y consumaci�n del hecho punible, pero s�lo es punible la ejecuci�n y la consumaci�n, pues el Estado garantiza toda clase de libertad de pensamiento (art. 53CONS_P86#53*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF), as� sea criminal, y adem�s la ideaci�n y preparaci�n son de suyo ambiguas y sus actos consiguientes son equ�vocos. Se trata entomices "del grave adelantamiento del momento del perfeccionamiento del hecho punible, en forma tal que un acto tradicionalmente preparativo se trastoca en ejecutivo y a�n consumativo".. rompiendo as� con la taxatividad inherente a los tipos delictuales, y colocando en cabeza del juzgador, 'ex post Facto' la definici�n del hecho punible, desvirtuando de esta manera la separaci�n de poderes del art�culo 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF C. N.

3. La lectura del art�culo 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF muestra que el n�cleo rector de este tipo penal es el "ponerse de acuerdo" para cometer delitos de rebeli�n o sedici�n. No basta argumentar que estos hechos punibles est�n descritos en el C�digo Penal (arts. 125C_PENAL#125*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 126C_PENAL#126*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF) para descartar el equ�voco, el cual no se refiere a la finalidad del acuerdo, sino a la conducta misma, que es ambigua. De ah� por qu�, dada su vaguedad, la Corte declar� inexequibles varios preceptos del Decreto n�mero 1923 de 1978, por violatorios del art�culo 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta.

"En s�ntesis, esta disposici�n, a pesar de su aparente precisi�n es difusa, pues sanciona hechos que no sabe bien en qu� consisten, y conductas esencialmente ambiguas, atentando as� contra la libertad y la dignidad de la persona humana".

4. En relaci�n con el art�culo 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, sobre conspiraci�n, hacen similares observaciones, y textualmente agregan:

"Con el agravante de que en este caso la finalidad del concierto para delinquir, es ella misma de gran ambig�edad, pues basta que sea con el fin de cometer delitos. Es decir, que basta que haya una pluralidad de participes, que se concierten para desarrollar una pluralidad de delitos, para que las m�s dis�miles conductas puedan encajarse en la descripci�n penal, al arbitrio del criterio de quien aplique la norma. As�, los padres de una familia conciertan con toda la familia en que repetidamente van a robar un almac�n para alimentarse, pero desisten posteriormente de tal prop�sito por considerarlo indigno, o por conseguir dinero para su subsistencia; �se les podr� imponer 'por ese solo hecho' prisi�n de 3 a 6 a�os �No estar�an sancionando as� ciertos casos de tentativa desistida con pluralidad de part�cipes del art�culo 15XXXX#15*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del 36XXXX#36*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, que se proscribi� de las modernas legislaciones penales, por considerarla totalmente inocua "

Citando a Pedro Gori, afirman que ello constituye, m�s que un proceso a la intenci�n, un proceso a la probabilidad de la intenci�n.

5. En relaci�n con el art�culo 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, en cuanto no excluye de punibilidad los actos de ferocidad, barbarie o terrorismo, hay tambi�n "adjetivaci�n ambigua", a�n respecto del terrorismo, regulado en el art�culo 187C_PENAL#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, pero para efectos y por razones diferentes; pues "el delito pol�tico tiene un objetivo final invariable que le es consustancial, se prospecta buscando una repercusi�n efectiva y se realiza con supuesta justificaci�n social y pol�tica".

Citan la reciente jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Penal sobre delitos pol�ticos, seg�n la cual:

"Haciendo un parang�n entre el delito com�n y el delito pol�tico, por su aspecto subjetivo, se ha dicho que en el primero el agente realiza el hecho casi siempre por motivos innobles, o bajo el influjo de pasiones desbordadas, con perversidad, o con fines de venganza. Por el contrario, en el segundo, los m�viles son casi siempre pol�ticos o de inter�s com�n, la aspiraci�n a lograr un replanteamiento de las condiciones econ�micas, pol�ticas y sociales de una colectividad son -por regla general- los factores determinantes de esta clase de delincuentes" (Sentencia de mayo 26 de 1982, de la Sala de Casaci�n Penal), Magistrado Ponente doctor Fabio Calder�n Botero.

"En esas circunstancias, l�gico es entonces concluir que no es posible admitir la coexistencia estructural entre el terrorismo en combate y la rebeli�n o sedici�n, pues se desvirtuar�a el sentido de la distinci�n entre las infracciones comunes y los delitos pol�ticos; entre 'los motivos innobles, o bajo el influjo de pasiones desbordadas, o con fines de venganza con los cuales se efect�a el delito com�n y los 'm�viles pol�ticos y de inter�s com�n' del pol�tico".

6. Consideran adem�s que las normas acusadas atentan contra los principios del Pre�mbulo de la Carta, que declara asegurar "los bienes de la justicia, la libertad y la paz", pues "mal podr�a aceptarse la existencia de normas penales que cercenen peligrosamente la libertad de los coasociados, conduzcan a pronunciamientos injustos de los tribunales y vuelquen la poblaci�n a la violencia".

En opini�n del Jefe del Ministerio P�blico, los preceptos acusados son constitucionales. Sus fundamentos son los siguientes:

1. En cuanto a los delitos de conspiraci�n y concierto para delinquir (arts. 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF), "el legislador se ha encargado de otorgar punibilidad a algunos delitos a partir de la exteriorizaci�n de la conducta o desde los actos primarios de la ejecuci�n".

"Y en estos eventos, los actos preliminares del delito se sancionan no como preparatorios sino como delitos en s� mismo considerados, estructuralmente independientes".

El problema queda reducido a la prueba del "acuerdo" o del "concierto" y en estos eventos, los hechos deben aparecer inequ�vocamente demostrados.

2. En parte alguna de la Constituci�n se indica qu� clase de delitos o penas puede establecer el legislador, �nicamente proh�be la pena capital y la confiscaci�n. Cita la sentencia de la Corte de 9 de mayo de 1971.

3. No se infringe con los art�culos acusados el 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta ya que los delitos est�n definidos en la ley, ni el 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF por la misma raz�n y porque �l se refiere a cuestiones judiciales o procesales, ni tampoco aparece que se hayan vulnerado los art�culos 55CONS_P86#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF ni 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF.

4. Tampoco es violatoria de la Carta la parte demandada del art�culo 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, pues no se halla la vaguedad que alegan los actores: los art�culos 66C_PENAL#66*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 187C_PENAL#187*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del mismo C�digo contemplan las modalidades y circunstancias de agravaci�n de la barbarie o ferocidad y de configuraci�n del terrorismo.

Si el legislador goza de libertad y autonom�a para consagrar conductas punibles y penas, como l�gica consecuencia puede sustraer del tratamiento especial, vale decir otorgarles penalidad, a hechos punibles que demuestren especialmente insensibilidad moral de los autores.

"Finalmente, desde el punto de vista constitucional y en el evento de que la descripci�n del delito o el se�alamiento de la pena que haga la ley, sean carentes de t�cnica o inoperantes, corresponde �nicamente al legislador corregir o precisar su alcance".

Los preceptos acusados hacen parte de un decreto extraordinario, por lo cual, de conformidad con la atribuci�n 2a. del articulo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, es competente la Corte para decidir sobre su exequibilidad.

Dado que el Decreto n�mero 100 de 1980 que los contiene fue expedido antes de transcurrido el a�o previsto al efecto en la Ley de facultades extraordinarias 5a. de 1979, no encuentra la Corte reparo de extralimitaci�n en relaci�n con el tiempo se�alado en ella para hacerlo.

1. La Corte reitera que la Constituci�n no sigue ni exige escuela alguna del derecho penal. El legislador puede trazar aut�nomamente los derroteros doctrinarios del incriminativo, con las �nicas condiciones limitantes deque sean compatibles con las normas de aqu�lla, o sea, de que est�n acordes con lo que ella mande o permita y no consagren lo que ella proh�ba (Sentencia de 2 de junio de 1981).

De consiguiente, cuando el legislador proscriba principios de una doctrina del derecho penal o cuando instituya otros, sin contradecir las prescripciones de la Carta, ha de entenderse que dichas facultades le est�n permitidas y que s�lo cuando atenten contra aqu�llas son inconstitucionales. As� las cosas, el �mbito de regulaci�n punitiva del legislador es amplio y diverso, pero no arbitrario.

2. Nuestro C�digo Penal vigente da preeminencia a los principios de la escuela t�cnico-Jur�dica que acoge como elementos del hecho punible la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad. La responsabilidad tiene como presupuesto b�sico la culpabilidad y la exteriorizaci�n de la conducta y no tanto la condici�n personal del agente. La responsabilidad objetiva ha sido proscrita de nuestra legislaci�n penal y la catalogaci�n ontol�gica o de la personalidad del agente juega apenas un papel circunstancial en la medici�n de la punibilidad. El elemento volitivo de la conducta supone necesariamente un nexo causal y teleol�gico. De otra parte, la pol�tica criminal del legislador no ha olvidado los presupuestos criminogen�ticos y sociol�gicos de la acci�n punible ni la funci�n protectora y resocializadora de la pena y rehabilitadora de las medidas de seguridad.

As� pues, nuestra legislaci�n punitiva no se halla matriculada en forma exclusiva y total en determinada doctrina o escuela penal.

3. Fuera de todo lo cual, debe tenerse en cuenta que el derecho punitivo se refiere no s�lo al orden jur�dico sustantivo sino adem�s al procesal, y que ambos se hallan estrechamente relacionados para determinar su juridicidad y necesariamente referidos a los principios esenciales de nuestra Constituci�n, pues no es suficiente describir normativamente una conducta punible sin garantizar el debido proceso al incriminado.

1. T�ldanse de inconstitucionales los art�culos 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF acusados, b�sicamente por el cargo gen�rico de ser violatorios del principio de la "estricta legalidad" consagrado en los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta, en virtud de que, seg�n el criterio de los actores, consagran en forma incompleta o ambigua el "�ter criminis" o la tipificaci�n de la conducta punible.

2. Ciertamente, la consagraci�n legal del principio de la tipicidad (C. P. arts, 1oCONS_P86#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 3oCONS_P86#3o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 7oCONS_P86#7o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF) se adecua a los presupuestos constitucionales se�alados en los art�culos 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 121CONS_P86#121*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, identificables bajo el denominador com�n de que exigen al legislador la certidumbre o certeza del derecho punitivo, o la legalidad expresa y estricta, inequ�voca, clara, impersonal y preexistente (fattispecie legale), "Sin que -como sostiene Pietro Novollone- su aplicaci�n dependa del solo criterio ilimitado o caprichoso del fallador, sino que este ha de estar ce�ido a claros cauces de normaci�n positiva ya par�metros indubitables" (Cfr. "Le Leggi penali e la Costituzione". Mil�n, 1953, Ed. Giuffr� Soler, p. 12).

Pero lo anterior no significa que el legislador est� facultado para pasar al otro extremo y eliminar la aptitud apreciativa del juez, pues en la medida en que aqu�l le suprima a �ste su capacidad de "juzgar" e interpretar la ley, no s�lo deshumaniza la conducta sino que termina asumiendo, adem�s de su funci�n de legislar, la de administrar justicia, con lo cual se violar�a el principio de la separaci�n de poderes consagrado en el art�culo 55CONS_P91#55*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n.

3. Por lo dem�s, seg�n la misma legislaci�n, para que el hecho tipificado sea punible, debe ser antijur�dico, es decir, lesionar o poner en peligro sin justa causa el inter�s jur�dicamente tutelado (C. P. arts. 4oCONS_P86#4o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 10CONS_P86#10*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF), e imputable el agente, o sea que refleje la capacidad humana para comprender la antijuridicidad de la propia conducta y para actuar de acuerdo con esa comprensi�n (C. P. arts. 31CONS_P86#31*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 32CONS_P86#32*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF). Supone tambi�n que la conducta ha de realizarse con culpabilidad, esto es, con actitud voluntaria del agente de lo antijur�dico, que d� lugar a un inevitable juicio subjetivo de reprobaci�n, contrario a la forma sabia en que aqu�l hubiera podido o debido actuar (C. P. arts. 5oCONS_P86#5o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 35CONS_P86#35*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 36CONS_P86#36*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 37CONS_P86#37*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF).

Todo lo cual indica que si el legislador describe y prescribe, es el juez el que califica y decide, de acuerdo con lo previsto para uno y otro en los art�culos 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF,28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y SS de la Carta.

4. Pone de presente la Corte que no es lo mismo la prescripci�n normativa incompleta, ambigua y anal�gica de una conducta punible, como ser�a por ejemplo la que erigiera en delito el "irrespetar al Estado" o "el pensar contra la estabilidad del orden jur�dico", lo cual atentar�a contra el principio de la estricta y clara legalidad preexistente, consagrado en los art�culos constitucionales que se reclaman como violados; que tipificar en forma espec�fica y n�tida, aunque aut�noma, actos preparatorios, exteriorizados, directos e id�neos, desplegados indubitablemente hacia la consumaci�n de hechos punibles m�s graves o distintos, con tal de que por s� mismo estructuren de manera clara la inequivocidad de la conducta.

5. Este y no aqu�l, es el caso de los art�culos 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF acusados:

a) As� el art�culo 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF establece en forma clara que "los rebeldes o sediciosos no quedar�n sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo"; que es igual a decir que cuando han incurrido en sedici�n o rebeli�n, s�lo responden y son sancionados por esos hechos punibles, y que adem�s lo ser�n por los otros delitos que hayan cometido en combate cuando correspondan a actos feroces, b�rbaros o terroristas;

Afirmar que no siempre es posible cometer los delitos de sedici�n y rebeli�n sin haber incurrido en otros durante el combate, no equivale a demostrar que todo delito cometido en combate por los sediciosos o rebeldes tenga que ser ineludiblemente b�rbaro, feroz o terrorista. Aqu� no se sanciona doblemente la sedici�n o la rebeli�n, no se cataloga a estos delitos corno actos preparatorios inescindibles de la consumaci�n de otros, sino que se distingue entre una conducta punible en forma aut�noma (sedici�n y rebeli�n) y las conductas consideradas injustificables para realizar aqu�lla;

Adem�s, seg�n la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Penal de esta Corporaci�n, de 26 de mayo de 1982, invocada por los actores en argumento de que no se pueden catalogar con el mismo rigor los m�viles del delito com�n que los del delito pol�tico, debe tenerse en cuenta que dicha fundamentaci�n no se contradice ni desvirt�a sino que se confirma en �sta, pues lo que cuenta para juzgar al delincuente pol�tico en aquel caso, o la norma que prescribe el delito pol�tico en el presente, es que la conducta del agente, as� sea desplegada con fines pol�ticos o de inter�s com�n, es punible, o sea, catalogada como delito. En ninguna parte de aquella sentencia la Sala Penal ha afirmado que el hecho, por ser delito pol�tico y suponer m�viles de inter�s com�n, deje de ser delito o pierda su naturaleza punible;

Otra es que se estime por razones de orden axiol�gico, pero no jur�dico, que sea injusta o inconveniente una conducta punible, pero ello no alcanza a contravenir los preceptos constitucionales invocados como transgredidos; y frente al Pre�mbulo de la Carta, que consagra la idea de justicia, vale pensar en que lo justo no es s�lo predicamento para el agente sino para la sociedad que no debe ser v�ctima de actos de barbarie, ferocidad o terrorismo.

Sin que se pretenda agotar aqu� la idea de lo justo, b�stele a la Corte afirmar para el caso, que aqu�lla no se adecua a la posibilidad de aceptar como v�lido �ticamente para unos lo que no lo es para otros, ni a la idea de que un fin noble justifique la utilizaci�n de medios reprochables;

Nuestro sistema demoliberal es herm�tico frente a "la idea de la raz�n de Estado"; pero no ante la idea de la raz�n de su sociedad, la cual precisamente justifica su institucionalizaci�n y vigencia en la medida en que aqu�l responda a sus valores esenciales, as� se cataloguen axiol�gicamente como equivocados.

b) El art�culo 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF dispone que "los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebeli�n o de sedici�n, incurrir�n, por ese solo hecho, en arresto de cuatro meses a dos a�os"; y el 186 que "cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser� penada, por este solo hecho, con prisi�n de tres a seis a�os";

Es tanto como decir que el solo hecho de ponerse de acuerdo o de concertarse para cometer ciertos delitos o delitos, es delito;

Naturalmente, toda la t�cnica jur�dica antes descrita y sustentada frente a la Constituci�n, permite a las claras determinar que el ponerse de acuerdo o el concertarse ha de ser una conducta inequ�voca, id�nea y clara hacia el fin propuesto, adem�s de exterior e inconfundible, y no simplemente un comportamiento equ�voco, inid�neo, inocuo, indescifrable, meramente ideatorio e intrascendente al mundo exterior, o confuso;

No se trata en estos casos de la consagraci�n normativa de un tipo gen�rico, indeterminado, imperfecto o anal�gico, sino de una clara, directa, aut�noma y completa descripci�n legal de una conducta punible que, adem�s, aunada a otra u otras, genera la comisi�n de otros delitos.

6. Obs�rvese, por �ltimo, que el orden jur�dico penal comprende no s�lo la estricta prescripci�n legal delictiva, sino la procesal. Y �sta supone la indubitable y plena demostraci�n probatoria de la inequ�voca conducta punible, como requisito ineludible del debido proceso, previo a la exigencia de responsabilidad.

As� lo establece, en desarrollo de lo ordenado en los art�culos 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n, el art�culo 215C_PPENAL#215*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo de Procedimiento Penal, que dice:

"Art�culo 215C_PPENAL#215*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Requisitos para dictar sentencia condenatoria. No se podr� dictar sentencia condenatoria en materia criminal sin que obren en el proceso, legalmente producidas, la prueba plena o completa de la infracci�n por la cual se llam� a juicio y la de que el procesado es responsable de ella".

Quiere ello significar, adem�s de lo relatado, que un hecho punible que no se pueda demostrar no da lugar a punibilidad, y que resulta invalidable frente al orden jur�dico el condenar por una conducta que por insuficiente, equ�voca o ambigua no se puede demostrar. O sea que, en rigor partiendo de la institucionalizaci�n del juez competente, apto y natural, la determinaci�n de una conducta t�pica, antijur�dica y culpable, se halla fusionada dentro del principio que, no obstante la penuria del lenguaje, podr�a denominarse de "demostrabilidad", el cual presupone no s�lo la claridad normativa de la descripci�n de una conducta sino la comprobaci�n de �sta.

6. Por las razones que anteceden, no encuentra la Corte violaci�n de ning�n art�culo de la Constituci�n, por parte de los acusados.

Con fundamento en lo expresado, la Corte Suprema de Justicia, en -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, o�do el Procurador General de la Naci�n, y en ejercicio de su atribuci�n consagrada en el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n,

1. Declarar exequibles, por no encontrarlos contrarios a la Constituci�n, los art�culos 130C_PENAL#130*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 186C_PENAL#186*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal, adoptados por el art�culo 1oD0100_80#1o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del Decreto Extraordinario numero 100 de 1980.

2. Declarar exequible la parte que se demand� del art�culo 127C_PENAL#127*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del mismo C�digo, la cual dice: ". . . siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.