Sentencia de 1976

300Corte SupremaCorte Suprema30030011955Jos� Gabriel de la Vega197622/01/1976Jos� Gabriel de la Vega_1976_22/01/197630011955MATRIMONIO 1976

Oscar Alarc�n N��ezControl de constitucionalidad al Decreto No. 1296 de 1975, por el cual se adicionan los Decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975.Identificadores30030011956true85208Versi�n original30011956Identificadores

Norma demandada: �Control de constitucionalidad al Decreto No. 1296 de 1975, por el cual se adicionan los Decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975.

Indole jur�dica. Admonici�n antes de la firma del acta,-Inexequibilidad del Decreto 1296 de 1975, "por el cual se adicionan los Decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975".

El ciudadano Oscar Alarc�n N��ez pide que se declare inconstitucional el Decreto 1296 de 2 de julio de 1975, "por el cual se adicionan los Decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975''.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y especialmente de las conferidas por la Ley 24 de 1974,

"Art�culo 1� Antes de la firma del acta a que se refiere el art�culo 135 del C�digo Civil, el juez dar� lectura, ante los contrayentes y los testigos, dar� lectura, ante los contrayentes y los testigos, la siguiente admonici�n, y de ello se dejar� constancia en aqu�lla:

"En nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, que es expresi�n de la voluntad soberana de la sociedad, declaro que quedan ustedes unidos en leg�timo matrimonio, con todas las prerrogativas y derechos que la ley civil otorga y con las mismas obligaciones que la misma ley impone.

"El amor deber� presidir las relaciones entre los dos seres que, por ministerio de la ley, quedan unidos ante la comunidad. Este amor, que ha determinado a los contrayentes a acogerse al I vinculo establecido por la sociedad civil para perpetuar la especie, deber� servir, en el curso de los a�os, para estimular una aproximaci�n cada vez m�s estrecha entre: los casados.

"La prolongaci�n de la especie y la fundaci�n, de la familia repodan sobre esta instituci�n del matrimonio, que reconoce que el individuo no puede bastarde a s� mismo para alcanzar la integridad de su misi�n como ser humano La dualidad conyugal suple las imperfecciones de cada uno de los esposos, considerados individualmente. Los casados deber�n guardarse, tanto en las horas luminosas como en las sombras de la adversa fortuna, respeto rec�proco, fidelidad y deferencia. Procurar�n, con toda discreci�n y ternura, corregirse mutuamente sus defectos, practicar la tolerancia y proceder, en todos los casos con generosidad equidad y templanza, evitando aquellos agravios, de palabra o de obra que, por su naturaleza irremediable, comprometen la estabilidad del matrimonio, como comuni�n permanente entre dos seres que optaron por transitar juntos el camino de la vida. El car�cter irreparable de las ofensas inferidas entre los casados no solamente pone a prueba la instituci�n del matrimonio sino que repercute, de por vida, sobre la descendencia. La paciencia con las debilidades rec�procas no solamente preservar� la armon�a entre los esposos sino que contribuir� a evitar en el hogar aquellas escenas d� pugnacidad que generalmente se traducen en traumatismos psicol�gicos permanentes en quienes las padecen desde la infancia.

"Los casados deber�n entregarse por entero el uno al otro para la formaci�n de la familia, con pleno sentido de las responsabilidades que adquieren entre s�, para con sus descendientes y frente a la comunidad a la cual pertenecen. Cada cual aportar� su contingente, seg�n las necesidades de la familia, para constituirse en elementos de progreso ante la sociedad a la cual deber�n entregar en el futuro, ciudadanos formados y educados en una atm�sfera propicia para ser �tiles a la Patria. Procurar�n, en todas las circunstancias, que lo que el uno esperaba del otro al unirse con �l no vaya a desmentirse con la uni�n. Igualmente, acogi�ndose, a los procedimientos que su conciencia Ies se�ale procurar�n, gracias a una prudente planeaci�n familiar, no procrear un mayor n�mero de hijos que aquellos que por su capacidad econ�mica o su actividad profesional est�n en condiciones de levantar f�sica y .espiritualmente, dentro de los requerimientos que demanda la dignidad y la salud del ser humano.

"Por �ltimo, uno y otro, el var�n y la mujer, colocados por la propia ley en pie de igualdad, deber�n tener siempre presente que la libertad, entendida como la condici�n para la cabal realizaci�n del ser humano, es un derecho consagrado en las leyes colombianas no solamente para las relaciones entre el Estado y sus s�bditos sino entre los ciudadanos entre s�. Ambos c�nyuges cultivar�n celosamente, dentro del marco del v�nculo que. los une, vivo el principio de la libertad individual, el de la inviolabilidad de la vida interior y el del enriquecimiento, espiritual, que genera la, intercomunicaci�n del pensamiento entre los humanos; individualmente, dentro de la sociedad conyugal o ejerciendo el supremo magisterio, que es la paternidad, contribuir�n � trav�s de la familia al desarrollo material y cultural de la comunidad, a que pertenecen, la cual por medio de la instituci�n del matrimonio, los toma bajo .su protecci�n y cuidado, para mejor servir a los fines de la especie".

"Seg�n nuestro concepto, el Gobierno al dictar el Decreto-Ley 1296 de 1975 legisl� sobre una materia de la cual es competente el Congreso, sin tener facultad para hacerlo por cuanto la Ley 24 de 1974, que se menciona como tal, no se la da. Estamos, pues, en presencia de un claro caso de exceso de facultarles por parte de la Rama Ejecutiva".

El Jefe del Ministerio P�blico sostiene que el Decreto 1296 es exequible. Anota:

"Es verdad que el art�culo 135 del C�digo Civil no se halla mencionado entre los que la Ley 24 considera que deber�an ser reformados con el objeto de otorgar igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones".

"Pero la modificaci�n aditiva que a ese precepto le introduce el Decreto 1296 acusado, para' que antes de la firma del acta del matrimonio, civil el juez les lea a los contrayentes la admonici�n cuyo texto s� incluye en el art�culo 1�, se halla inspirada en el mismo principio de igualdad entre mujeres y varones, que es la finalidad; de las facultades extraordinarias de la Ley 24 y a cuya luz deban �stas ser entendidas y ejercitadas.

"Que los derechos y las obligaciones recordad dos y explicados en la admonici�n se prediquen; en cada caso por igual de solo un hombre y una- mujer, los casados mediante el acto solemne �| que alinde el art�culo 135 del C�digo Civil, y no^ de las mujeres y los varones en general, no hace' variar la anterior conclusi�n sobre la conformidad de la norma impugnada con el principio inspirador de la Ley 24 de 1974".

La demanda que ha de resolverse, el art�culo 1� del Decreto 1296 de 1975 y la vista fiscal plantean una serie de cuestiones, a la verdad elementos tales, pero que es fuerza recordar, y se refieren, en primer t�rmino, a la �ndole jur�dica del matrimonio y a la importancia de la ley en su reglamentaci�n.

El C�digo Civil considera que el matrimonio es contrato por el cual un hombre y una mujer se unen para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, acto que se constituye y perfecci�n por mutuo consentimiento, expresado ante un juez, su secretario y dos testigos, en la forma imperativa se�alada en dicho C�digo, sin posibilidad de contravenirla (art�culos 113,115,126) Es requisito esencial cumplir lo prevenido eri art�culo 135 cuyo tenor reza:

"El matrimonio se celebrar� present�ndose los contrayentes en el despacho del juez, ante su secretario, y dos testigos. El juez explorar� de los esposos si de su libre y espont�nea voluntad se unen el matrimonio ; les har� conocer la naturaleza del contrato y los deberes rec�procos que Van a contraer, instruy�ndoles al efecto en las disposiciones de los art�culos 152, 153 y 176 y siguientes de este C�digo. En seguida se extender� un acta de todo lo ocurrido, que firmaran los contrayentes, los testigos, el juez y su secretario; con lo cual se declarar� perfeccionado el matrimonio".

Es conocido que las relaciones jur�dicas que surgen del matrimonio no dimanan del mero concierto de voluntades de los contrayentes, acuerdo que se requiere para la celebraci�n del acto matrimonial. Cumplido �ste los derechos y deberes de los c�nyuges no se rigen por las consecuencias que ellos hubiesen querido al momento de casarse o despu�s de la ceremonia desearen que gobierne sus mutuos comportamientos en cuando a los fines de la uni�n familiar. En los efectos del consenso nupcial no se est� a la intenci�n de las partes. La ley determina lo consiguiente al estado civil de los esposos, por mandato del precepto 50 de la Constituci�n, Los art�culos 113 a 139, 152, 153, 176 y siguientes del C�digo Civil, renovados en gran parte, dise�an la capacidad y v�nculos de las consortes entre, s� y con terceros, por ministerio de un estatuto r�gido. De ah� es que, en general, el matrimonio no sea reputado contrato {sino, instituci�n, es decir, como un complejo de normas estables y org�nicamente dispuestas, cuya misi�n consiste en asegurar objetivos que la ley se�ala (compa��a de vida y habitaci�n, procreaci�n, auxiliarse, etc). El consentimiento de las partes es un acto -condici�n, con virtud de poner en obra las reglas constitutivasde la instituci�n matrimonial Cabe poner de relieve esta �ndole estatutaria de los mandatos que en conjunto forman la instituci�n matrimonial y el car�cter que ellas ofrecen de tender a la permanencia o, al menos, a una larga duraci�n, para recordar que no toleran cambios o adiciones que no se ci�an, con la debida estrictez, a los procedimientos que exige la Constituci�n para que rijan las leyes o decretos legislativas que las alteren.

Algunas de esas normas, inspiradas en total igualdad entre mujeres y hombres, deben ser dadas a conocer a los futuros esposos durante el casamiento. El art�culo 135 enumera las trazadas en los art�culos 152 y 153 (tenor inicial del C�digo Civil). Y agrega las de los art�culos 176 y siguientes, cuya versi�n actual se halla, en los art�culos 9� a 12 del Decreto 2820 de 1974, declaradas exequibles por la Corte. Los preceptos mencionados dicen:

"153. El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida com�n de los casados.

"176. Los c�nyuges est�n obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.

. "177 El marido y la mujer tienen conjuntamente la direcci�n del hogar. Dicha direcci�n estar� a cargo de uno de los c�nyuges cuando el otro no la pueda ejercer o falte. En caso de desacuerdo se recurrir� al juez o al funcionario que la ley designe.

"178, Salvo causa justificada, los c�nyuges tienen la obligaci�n de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la casa del otro.

''179. El marido y la mujer fijar�n la residencia del hogar. En caso de ausencia, incapacidad o privaci�n de la libertad de uno de ellos, la fijar�s el otro. Si hubiere desacuerdo corresponder� al juez fijar la residencia teniendo en cuenta el inter�s de la familia.

"Los c�nyuges deber�n subvenir a las ordinarias necesidades dom�sticas, en proporci�n a sus facultades".

Las disposiciones copiadas muestran precisi�n. Por s� solas instruyen sin oscuridad a los interesados en observarlas y forman el n�cleo del derecho, actualizado y vigente despu�s de la Ley 24, sobre celebraci�n del matrimonio, con el cuales imperativo hacer cotejos, cuando haya lugar, para conocer si normas posteriores armonizan o son incompatibles con �l. El legislador fue conciso y di�fano al escribirlo, y reviste el m�rito de ser completo. S�lo �l podr�a introducirle adiciones; a t�rminos del art�culo 50 de la Constituci�n: "Las leyes determinar�n lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes".

La Carta, claro es, se refiere al �rgano capaz de hacer las leyes {articulo 76 C. N.). Pero tambi�n ser�a factible al Ejecutivo, si median las circunstancias de tiempo y precisi�n exigidas por el art�culo 76-12, dar, en vez del Congreso, prescripciones acerco del mismo tema (art�culo 118-8 C.N). Ante esa eventualidad, corresponde inquirir cu�l es el contenido del acto acusado, cu�les son la extensi�n y alcance de las facultades extraordinarias en que se funda y �ltimamente, la relaci�n que guarde con aqu�llas.

El Decreto 1296 expresa algunas opiniones m�s o menos cercanas a los temas del matrimonio colombiano, sus fines y los deberes y facultades dejos consortes, en forma distante de la exactitud distintiva de los art�culos 135,152,153 y 176 y siguientes del C�digo Civil, textos que -antes se anot�- instruyen hoy, por s� solos, y apenas requerir�an explicaciones en casos excepcionales de contrayentes abundamiento, formularan preguntas aclaratorias Son �stas situaciones peculiares que la ley, con prudencia, se abstuvo de concretar, dejando! al- juez la potestad de resolverlas, a todo evento.

En cambio, a m�s de las frases antes aludidas, se encuentra en el art�culo 1� del Decreto 1296 una admonici�n muy circunscrita. Conviene relevarla:

"Procurar�n (los casados)) en todas las circunstancias, que lo que uno esperaba del otro al unirse con �l no vaya a desmentirse con la uni�n. Igualmente, acogi�ndose a los procedimientos que su conciencia les se�ale, procurar�n, gracias a una prudente planeaci�n familiar, no procrear un mayor n�mero de hijos que aquellos que por su capacidad econ�mica o su actividad profesional est�n en condiciones de levantar f�sica y espiritualmente, dentro de los requerimientos que demanda la dignidad y la salud del ser humano".

Como las dem�s advertencias del Decreto 1296 se alejan de la nitidez ofrecida en el C�digo, acaso cumpla entender la que va transcrita como el objeto primordial del acto en estudio.

Sea como fuere, a esta corporaci�n no toca emitir opiniones sobre las consecuencias directas que pueda tener el consagrar como obligaci�n legal de los esposos que ellos deben procurar "en todas las circunstancias, que lo que el uno esperaba del otro al unirse con �l no vaya a desmentirse con la uni�n" o acerca de las restricciones a la procreaci�n.

Solamente corresponde ahora averiguar de manera estricta si el Gobierno, a virtud de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 24, estaba o no habilitado para estatuir sobre las materias de que trata el Decreto 1296

"Art�culo 1� Rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias hasta el 19 de julio de 1975 para que con el fin de otorgar igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones, haga las reformas pertinentes de los art�culos 62.116, 119, 154, 169, 170, 171. 172, 176, 177,178, 179,180, 198, 199, 203, 226, 250, 257, 261, 262, 263, 264, 288, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, Civil Colombiano y derogue las normas que sean incompatibles con la nueva legislaci�n".

La ley de facultades fij� al Gobierno un t�rmino para ejercerlas, que venc�a el 19 de julio de 1975. El Decreto 1296 lleva fecha 2 de julio del presente a�o. Su expedici�n fue oportuna y por este aspecto resulta constitucional.

Es meta de las autorizaciones el "otorgar igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones" que de ella no gocen legalmente, fin que ha de conseguirse por medios prefijados minuciosamente y de manera inequ�voca. Designio explicable, pites en la organizaci�n de la familia colombiana campeaba supremac�a del var�n sobre la mujer en muchos �rdenes de relaciones, merced a la potestad marital y a la patria potestad; situaciones que el legislador moderno, a impulsos de fuerzas creadoras del derecho, ha decidido abolir, dando a maridos y esposas, a padres y madres un mismo tratamiento. Avance significativo de esta orientaci�n posterior al C�digo Civil lo representa la Ley 28 de 1932, interpretada ampliamente por la jurisprudencia. Y en la actualidad destacan los Decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975, integrantes de lo que se llama "la nueva legislaci�n" familiar.'

Se tiene, pues, que el Decreto 1296, dado el fin de las autorizaciones en que se funda, no podr�a, actuando siempre y necesariamente dentro de la �rbita que �stas determinan, sino conceder igualdad entre mujeres y varones cuando disposiciones anteriores no la consagraren; efecto que sea dicho de una vez, no lograr�a la providencial que se comenta, pues ella, al referirse al art�culo 135 del C�digo Civil y reglarlo parcialmente, texto muy completo en los t�rminos del Decreto. 2820 de 1974, no cambia la situaci�n legal que all� se reconoce hoy, parejamente, a los futuros esposos.

Rep�rese en m�s que para alcanzar ese resultado igualitario la Ley 24 se�ala ineludiblemente dos procedimientos de t�cnica legislativa tambi�n muy precisos:

-Hacer reformas pertinentes de una serie de; art�culos del C�digo Civil, enumerados en forma expresa;

-Y derogar normas legales que sean incompatibles con la nueva legislaci�n derivada de la ley 24 de 1974.

En cuanto a rehacer los articulos enumerados en el primero de la ley de facultades, basta se�alar que entre ellos no se encuentra ni pod�a encontrarse, por responder a id�nticas ideas de igualdad, el 135 del C�digo Civil con el cual se adiciona la disposici�n acusada. Con ello se acredita que el Ejecutivo, al reformar una disposici�n no incluida en la Ley 24, no sigui� el primer canal que indican las autorizaciones. Ser�a superfluo explorar m�s esta fase del problema en estudio, que exhibe notoria inconstitucionalidad.

Tampoco se halla que el decreto impugnado derogue (facultad concedida por la Ley 24), ninguna disposici�n incompatible "con la nueva legislaci�n'' (Decretos 2820 de 74 y 772 de 75), y inaladamente con los art�culos 152, 153,176, 177, 178 y 179 reproducidos l�neas arriba, ninguno de los cuales deja de predicar y todos concuerdan en reconocer igualdad a mujeres y varones, sin una tilde discrepante.

Esta comparaci�n entre las autorizaciones extraordinarias que invoca el Decreto 1296 y su contenido regulador de la ceremonia del matrimonio permite deducir que tal acto es forzosamente ajeno a la finalidad de establecer o restablecer Igualdad entre varones y mujeres ya existente cuando se dict� e inspiraba la Ley 24; y que tampoco se adoptaron, porque era imposible adoptarlos, los medios precisos que �sta se�alara como de empleo indispensable. No hay concordancia ni en el fin ni en los medios entre facultades y medida ejecutiva desde ning�n punto de vista, por sustracci�n de materia.

Todav�a m�s. Existen otras disparidades, que surgen de bulto, entre la ley de, autorizaciones y decreto censurado.

El art�culo 1� del Decreto 1296 agrega una formalidad m�s a las prescritas en el art�culo 135 del C�digo Civil consistente en la lectura de una admonici�n, dirigida a los contrayentes y cuyo texto se deja transcrito. Tal advertencia, para emplear los vocablos del art�culo 135, pretende hacer conocer a los contrayentes "la naturaleza del contrato y los deberes rec�procos que van a contraer, instruy�ndolos al efecto en las disposiciones de los art�culos 152,153, 176 y siguientes de este C�digo "Seg�n se vio, el articulo 135, en esta parte, encomienda al juez una misi�n que, conforme a las circunstancias, �l puede cumplir mediante lectura o explicaci�n de los art�culos citados o aclarando dudas o deficiencias de comprensi�n, si ocurrieren. Sobre este punto el C�digo deja al juez libertad de la apreciaci�n y manera de actuar, a tono con las circunstancias. No as� el art�culo 1� del Decreto1296, que impone la lectura del discurso referido. Y sea que la obligaci�n del juez se reduzca a tal lecci�n, sin variar, una coma, sea que tambi�n pueda, adem�s de ella, disipar dudas o dar explicaciones en el lenguaje apropiado a cada caso, es indudable que el art�culo 135 del C�digo Civil ha sido reformado, en virtud de una adici�n, que solo cabr�a en desarrollo de precisas- facultades extraordinarias, cuando �stas as� lo autorizaran, ci��ndose a los art�culos 76-12 y 50 del C�digo fundamental. Lo que no sucede en el caso presente, pues la Ley 24 carece de habilitaci�n para adicionar, modificar, recortar o sustituir el art�culo 135, en ninguna forma, de manera directa para conceder una igualdad que ya reconoc�a dicho texto, seg�n la redacci�n usada en el Decreta 2820, ni tampoco por los medios espec�ficos que ella indica. Decreto y ley de facultades ri�en entre s�.

De otra parte, la admonici�n del art�culo 1� previene a los casados que: "procurar�n, en todas las circunstancias que lo que uno esperaba del otro al unirse con �l no vaya a desmentirse con la uni�n". Por semejante v�a, de tremenda virtualidad, se llega a extremos normativos que no, sufren la Constituci�n ni ley d� potestades extraordinarias. Conforme a las palabras reproducidas; ya no ser�a la ley la rectora de los derechos y deberes de los casados, sino tambi�n lo que uno de �stos "esperaba del otro al unirse con �l''. Es dif�cil imaginar una desavenencia m�s patente con el art�culo 50 de la Carta, arriba transcrito.

Uno de los fines del casamiento colombiano, que imprime car�cter a su naturaleza, es el de "procrear"; como dice limpiamente el art�culo 113 del C�digo Civil. Procrear, engendrar, prolongar la especie mediante c�pula carnal entre los esposos prescribe el C�digo Civil. Para mudar esta caracter�stica del matrimonio nacional y armonizarlo con procedimientos especiales de control o anulaci�n de la natalidad o con una recomendaci�n gen�rica sobre el particular, como la incluida en el Decreto 1296, ser�a forzoso un texto legislativo rotundo y muy coherente, relacionado con el art�culo 113; para la cual no da sustento la Ley 24 de 74, ninguna de cuyas autorizaciones permite expedir reglas con fuerza de ley sobre el citado fin de procrear y la- manera de hacerlo, con indicaciones gen�ricas o espec�ficas. La Corte se limita a ver esta cuesti�n objetivamente, y a comprobar que, por ausencia de facultad, el Decreto 1296, en este punto de la procreaci�n, tambi�n est� en repugnancia con la aptitud muy precisa en materia y m�todos que se�al� la Ley 24.

Ni se diga que el decreto en estudio introduce una ''derogaci�n'' por "sustituci�n" al derecho matrimonial vigente, en lo que �ste no se avenga con las orientaciones de la Ley 24, y que ello equivale a ejercicio de la facultad de derogar "normas incompatibles con la nueva legislaci�n", o sea con los Decretos 2820 del-74 y 772 de 1975. Para disipar semejante argument� rep�rese apenas en que el decreto, impugnado nada deroga y, en cambio, deja en vigor1 los art�culos 135 y concordantes, aunque, los adicione de manera improcedente y sin autorizaci�n legal, como varias, veces se deja expresado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio deja Sala Constitucional, y en ejercicio de la competencia que le atribuye el art�culo 214 de la Constituci�n y o�do el Procurador General de la Naci�n,

Es INEXEQUIBLE el Decreto 1296 de 1975, "por el cual se adicionan los Decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975".

Publ�quese, c�piese, ins�rtese en la Gaceta Judicial, comun�quese al Gobierno Nacional y arch�vese el expediente.

1. El art�culo 1� de la ley de facultades extraordinarias (24 de 1974), reviste al Presidente de ellas "para que con el fin de otorgar igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones"; lleve a cabo dos operaciones a saber;"

"a) Reformar, en lo que considerare pertinente, una serie de disposiciones del C�digo Civil precisamente se�aladas en el texto, y

"b) Derogar todas las normas que resultaren; incompatibles con la nueva legislaci�n".

Se trata, pues, de facultades extraordinaria precisas para cambiar todo el sistema de orientaci�n de la legislaci�n civil en materia de familia, que de tener colocada parcialmente a la mujer en una situaci�n subalterna dentro del matrimonio y la sociedad conyugal, deb�a, trocarse otra que le diera igual valor y tratamiento que al var�n.

2. En desarrollo de aquellas facultades, el Gobierno expidi� los Decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975, mediante los cuales reform�, entre otros los art�culos 152, 153, 176, 177 y 179 del C�digo Civil, que fueron declarados exequibles por la Corte. Aquellos preceptos, excepci�n hecha de los n�meros 152 y 153, hacen relaci�n a las obligaciones y deberes rec�procos de los c�nyuges, y las modificaci�n de que fueron objeto se orient� precisamente a adecuar dichas normas al prop�sito impuesto por la ley de facultades extraordinarias, esto es, a dar a los contrayentes un tratamiento igual en el terreno jur�dico, humano y moral. Se cumpli� en esta forma por el Gobierno el cambio de sistema ordenado por el Congreso.

"El matrimonio se celebrar� present�ndose los contrayentes en el despacho del juez, ante este su secretario y dos testigos. El juez explorar� de los esposos si de su libre y espont�nea voluntad se unen en matrimonio: les har� conocer la naturaleza del contrato y los deberes rec�procos que van a contraer, instruy�ndoos al efecto en las disposiciones de los art�culos 152, 153 y 176 siguientes de este C�digo. En seguida se extender� un acta de todo lo ocurrido, que firmar�n los contrayentes, los testigos, el juez y su secretario; con lo cual se declarar� perfeccionado el matrimonio".

El texto transcrito, que es el primitivo del C�digo Civil, ordena al juez, como se ha visto, indagar la voluntad de los contrayentes para cerciorarse de si es espont�nea la celebraci�n del matrimonio, y hacerlos conocer los " deberes rec�procos que van a contraer�"; instruy�ndolos para el efecto sobre el contenido de los textos citados. Habiendo sido cambiados dichos textos en la forma precitada y con autorizaci�n constitucionalmente v�lida, es fuerza concluir que el contenido de la obligaci�n del juez vari� tambi�n, puesto que de ahora en adelante debe instruir a los c�nyuges sobre obligaciones rec�procas nuevas qu� son "todas de contenido y eficacia iguales para ellos, y no ya unilaterales en algunos aspectos, como lo eran en la legislaci�n anterior.

El texto 135 del C�digo Civil tanto en el antiguo como en el nuevo contenido, y en lo que se refiere a la obligaci�n del juez de hacer saber a los c�nyuges sus obligaciones, no dice la forma el funcionario debe utilizar para cumplir su metido. El haberla se�alado ahora en el decreto sometido a juicio, mediante una admonici�n que en forma literaria desarrolla los nuevos textos de la legislaci�n pertinente, sobre matrimonio civil, no quebranta ning�n texto constitucional, sino que se limita a encuadrar el deber admonitorio, o si se quiere, docente, del juez, dentro de un marco jur�dico nuevo que deb�a y debe guardar consonancia con el sistema de igualdad jur�dica de hombre y mujer dentro del matrimonio.

El haber dado un nuevo contenido al dicho art�culo 135, implicaba la adecuaci�n del mismo al nuevo sistema, para lo cual el Gobierno estaba autorizado por la parte final del art�culo 1� de la ley de facultades, pues ello supone una derogaci�n parcial, mediante el sistema de sustituci�n, del primitivo texto, por el que ahora se discute; y todo con el objeto se�alado en el mismo art�culo de la ley, primera parte, esto es, de dar tratamiento igualitario a la mujer y al var�n dentro del matrimonio, y de que de este deber igualitario, se�alado en forma precisa, quedaran enterados los c�nyuges a trav�s del funcionario judicial.

No hay, pues, violaci�n del art�culo 76-12 de la Carta, porque el Gobierno, al expedir el Decreto, se someti� a las condiciones de tiempo y materia que se�al� la ley de facultades; tampoco la ,hay del 118-8, porque era su deber elevar al rango de decreto extraordinario con su fuerza propia la facultad otorgada por el Congreso en la materia descrita; y no hay, por otro extremo, violaci�n de ning�n otro texto de la Carta Pol�tica.

Por lo expuesto estimamos que el Decreto numero 1296 de julio 2 de 1975, es constitucional.