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300Corte SupremaCorte Suprema30030010944Luis Carlos Sáchica.197816/11/1978Luis Carlos Sáchica._1978_16/11/197830010944BIENES FISCALES S u afectación, así no sea inmediata sino potencial al servicio público, debe excluirlos de la acción de pertenencia, para hacer prevalecer el interés público o social sobre el particular. Exequibilidad de la parte final de la regla 4a del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil adoptado por el Decreto 1400 de 1970, en cuanto dice "...o de propiedad de las entidades de derecho público". Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., noviembre 16 de 1978. Aprobada por Acta número 41, noviembre 16 de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica. I. Antecedentes. 1978
Camilo Serranodeclarar inexequible la parte final del numeral 4 del artículo 413 del Decreto nú-mero 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil),Identificadores30030010945true83985Versión original30010945Identificadores

Norma demandada:  declarar inexequible la parte final del numeral 4 del artículo 413 del Decreto nú-mero 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil),


BIENES FISCALES

Su afectación, así no sea inmediata sino potencial al servicio público, debe excluirlos de la acción de pertenencia, para hacer prevalecer el interés público o social sobre el particular. Exequibilidad de la parte final de la regla 4a del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil adoptado por el Decreto 1400 de 1970, en cuanto dice "...o de propiedad de las entidades de derecho público".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., noviembre 16 de 1978.

Aprobada por Acta número 41, noviembre 16 de 1978.

Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

I. Antecedentes.

El ciudadano Camilo Serrano, en escrito pre­sentado el 12 de agosto del presente año, pide a la Corte se declare inexequible la parte final del numeral 4 del artículo 413 del Decreto nú­mero 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), que se subraya en la siguiente transcrip­ción do dicho texto:

"Artículo 413. Declaración de pertenencia. En la declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas:

" ………………………………………………………………………

"4. No procede la declaración de pertenencia si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común, ni respecto de bienes imprescriptibles o de propie­dad de las entidades de derecho público".

(Diario Oficial número 33150 de 21 de sep­tiembre de 1970).

Para este efecto, invocó el ejercicio de la acción establecida en el artículo 214 de la Constitución, de acuerdo con el cual y con el Decreto 432 de 1969 se admitió la demanda referida, en provi­dencia del 17 de agosto del año en curso, y se recibió el concepto del señor Procurador Ge­neral de la Nación, contenido en el Oficio número 344, fechado el 21 de septiembre, emitido por tanto dentro de los términos prescritos, y en el cual se opina que la norma acusada es exequible.

II. Consideraciones de la Corte.

Los cargos formulados por el actor a la norma impugnada son los de violación de los artículos 72-12, 118-8 Y 30 de la Constitución.

En cuanto al primero de tales cargos, ha de tenerse en cuenta lo sentado por la Corte en el fallo proferido el 6 de mayo de 1971 al estudiar la constitucionalidad del Código de Procedimien­to Civil, en cuanto al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno para ex­pedir dicho estatuto y al señalamiento de los efectos de tal decisión. Dijo entonces la Corte que tal fallo " … tiene el carácter de definitivo, mas no el de absoluto; y por tanto, sobre el as­pecto del uso de las facultades extraordinarias no se puede volver, sin que ello obste para que en sentencias posteriores se contemplen y deci­dan otros cargos y tachas de inconstitucionalidad, acerca de alguna o algunas disposiciones del mismo Código o Estatuto, por razones dis­tintas de las de exceso en el ejercicio de tales facultades extraordinarias".

Con esto, la Corte cerró la oportunidad de re­plantear la cuestión de la invalidez de aquellas disposiciones en lo tocante al aspecto ya juzgado en el fallo que se citó, limitándose en esto a dar aplicación o deducir el efecto definitivo que atri­buye a estos pronunciamientos el artículo 214 de la Constitución, al calificarlos de definitivos.

En estas circunstancias, la Corte no puede ocuparse nuevamente del referido cargo de vio­lación de los artículos 76-12 y 118-8 de la Cons­titución, tanto más sí, como parece, la presunta violación alegada consistiría en que la norma de procedimiento civil impugnada corresponde al campo de la regulación sustantiva del Código Civil y no al específico de procedimiento, o en que no hay armonía entre las de uno y otro códi­go, problema que cuando más plantearía una cuestión de simple legalidad entre disposiciones de igual rango, pero no de constitucionalidad, que es el campo propio de la acción que se estudia.

En lo referente a la posible violación del ar­tículo 30 de la Constitución, en síntesis, el argu­mento del demandante consiste en que el efecto de la disposición acusada tendría como conse­cuencia admitir que las entidades estatales pu­dieran mantener inactivos sus bienes fiscales, sin aplicarlos a la atención de los servicios públicos a su cargo, que es su destinación natural y el modo normal de cumplir su función social esa clase de bienes, sin que tal incumplimiento tu­viera el correctivo de la acción de pertenencia.

Bienes de uso público y bienes fiscales con­forman el dominio público del Estado, como resulta de la declaración del artículo 674 del Código Civil. La distinción entre "bienes fis­cales" y "bienes de uso público", ambos perte­necientes al patrimonio del Estado, esto es, a la hacienda pública, hecha por las leyes, no se fun­da pues en una distinta naturaleza sino en cuanto a su destinación y régimen. Los segundos están al servicio de los habitantes del país, de modo general, de acuerdo con la utilización que corres­ponda a sus calidades, y los primeros constituyen los instrumentos materiales para la operación de los servicios estatales o son reservas patrimonia­les aplicables en el futuro a los mismos fines o a la satisfacción de otros intereses sociales. Es decir que, a la larga, unos y otros bienes del Estado tienen objetivos idénticos, en función de servicio público, concepto equivalente pero no igual al de "función social", que se refiere exclusivamente al dominio privado.

Esto es, que ambas clases de bienes estatales forman parte del mismo patrimonio y solo tie­nen algunas diferencias de régimen legal, en razón del distinto modo de utilización. Pero, a la postre, por ser bienes de la hacienda pública tienen un régimen de derecho público, aunque tengan modos especiales de administración. El Código Fiscal, Ley 110 de 1912, establece pre­cisamente el régimen de derecho público para la administración de los bienes fiscales nacionales. Régimen especial, separado y autónomo de la reglamentación del dominio privado. No se ve, por eso,, por qué están unos amparados con el privilegio estatal de la imprescriptibilidad y los otros no, siendo unos mismos su dueño e igual su destinación final, que es el del servicio de los habitantes del país. Su afectación, así no sea inmediata sino potencial al servicio público, debe excluirlos de la acción de pertenencia, para ha­cer prevalecer el interés público o social sobre el particular.

Refuerza estas consideraciones observar que la propia Constitución establece separadamente del privado el dominio público de la Nación en su artículo 4o, la enumeración de los principales elementos de ése dominio hecha en el artículo 202, y "la exigencia especial de ley para su enajena­ción impuesta en el ordinal 11 del artículo 76.

De donde se concluye que, al excluir los bienes fiscales de propiedad de las entidades de dere­cho público de la acción de pertenencia, como lo dispone la norma acusada, no se presenta in­fracción del artículo 30 de la Constitución, por desconocimiento de su función social, sino que ese tratamiento es el que corresponde al titular de su dominio y a su naturaleza, de bienes del Estado y a su destinación final de servicio público.

De otra parte, la Corte no encuentra violación de ningún otro precepto constitucional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justi­cia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Cons­titucional y oído el concepto del señor Procura­dor General de la Nación, declara exequible la parte final de la regla 4a del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil adoptado por el Decreto 1400 de 1970, en cuanto dice "... o de propiedad de las entidades de derecho público".

Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago,

Jerónimo Argáez Castello,

Antonio Alvira Jácome,

Jesús Bernal Pinzón,

Fabio Calderón Botero,

José María Esguerra Samper,

Dante Fiorillo Porras,

Germán Giraldo Zuluaga,

José Eduardo Gnecco C.,

Gus­tavo Gómez Velásquez,

Héctor Gómez Uribe,

Juan Hernández Sáenz,

Juan Manuel Gutiérrez L.,

Alvaro Luna Gómez,

Alberto Ospina Botero,

Luis Enrique Romero Soto,

Hernando Rojas Otálora,

Luis Carlos Sáchica,

Pedro Elías Serra­no Abadía,

Hernando Tapias Rocha,

Ricardo Uribe Holguín,

Fernando Uribe Restrepo,

Hugo Vela Camelo,

José María Velasco Guerrero.

Carlos Guillermo Rojas Vargas

Secretario General.