Sentencia de 1975

300Corte SupremaCorte Suprema30030010642JOSE GABRIEL DE LA VEGA197503/07/1975JOSE GABRIEL DE LA VEGA_1975_03/07/197530010642ESTADO DE SITIO Decreto declaratorio. - El examen de su constitucionalidad solo se refiere a los requisitos esenciales de la firma del Presidente y todos sus Ministros y la consulta previa al Consejo de Estado. - Exequibilidad del Decreto 1136 de 1975, "por e! cual se declara turbado el orden p�blico y en estado de sitio los Departamentos de Antioquia, Atl�ntico y Valle del Cauca". Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. (Magistrado ponente: doctor Jos� Gabriel de la Vega ). Aprobada por acta n�mero 19 de 3 de julio de 1975. Bogot�, D. E., 3 de julio de 1975. 1975

Decreto declaratorio. - El examen de su constitucionalidad solo se refiere a los requisitos esenciales de la firma del Presidente y todos sus Ministros y la consulta previa al Consejo de Estado. - Exequibilidad del Decreto 1136 de 1975, "por e! cual se declara turbado el orden p�blico y en estado de sitio los Departamentos de Antioquia, Atl�ntico y Valle del Cauca".

La Presidencia de la Rep�blica, por medio de nota de fecha 13 de junio de .1975, envi� a esta corporaci�n, para examen de constitucionalidad, el Decreto n�mero 1136 de 1975, cuyo tenor es el siguiente:

"por medio de! cual se declara turbado el orden p�blico y en estado de sitio los Departamentos de Antioquia, Atl�ntico y Valle del Cauca.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, y

".Que desde meses atr�s y en la actualidad se han venido presentando perturbaciones del orden p�blico, en diversos lugares del pa�s, con atentados a personas y a propiedades oficiales y particulares;

Que estas perturbaciones se han acentuado. en los �ltimos d�as en los Departamentos de Antioquia, Atl�ntico y Valle del Cauca, mediante bloqueos a v�as p�blicas, dentro y fuera de las ciudades; pedreas a edificios p�blicos y privados; atentados incendiarios contra edificios y veh�culos; motines callejeros, en los cuales se incita a la subversi�n violenta del orden constitucional y al derrocamiento de las autoridades leg�timas; consumaci�n de atentados contra militares y civiles, con saldo de heridos graves entre personal de la Polic�a, en la ciudad de Cali, y situaciones de tensi�n pol�tica en las ciudades de Caicedonia y Versalles;

"Que es deber primordial del Gobierno preservar las instituciones democr�ticas y la seguridad colectiva y que a �l compete emplear los medios que la Constituci�n prev� para restablecer la paz, cuando estuviere quebrantada; "Que o�do previamente el Consejo de Estado, dio dictamen favorable,

"Art�culo 1� Decl�rese turbado el orden p�blico en los Departamentos de Antioquia, Atl�ntico y Valle del Cauca y en estado de sitio sus respectivos territorios.

El Gobierno puede "declarar turbado el orden p�blico y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella" por decreto que debe llevar la firma del Presidente y de todos los Ministros y consultarse previamente con el Consejo de Estado (art�culos 121,141 C. N.)

El examen de constitucionalidad asignado a la Corte en relaci�n con los decretos que declaran turbado el orden p�blico y en estado de sitio toda la Rep�blica, o parte de ella, caso contemplado en el aludido art�culo 121, tiene que referirse a los requisitos esenciales de hallarse firmado por el Presidente de la Rep�blica y todos; los Ministros y haber sido consultado con el Consejo de Estado. Todo lo cual se cumpli� al expedirse el "Decreto n�mero 1136 de junio de 1975", y por ello es constitucional. La revisi�n de la Corte se reduce a estos extremos. No puede comprender el estudio de los motivos que se hayan tenido para declarar el estado de sitio, pues tomar esa decisi�n es potestativo del Gobierno, de modo discrecional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo estudio de la Sala Constitucional,

Es EXEQUIBLE el "Decreto 1136 del 12 de junio de 1975", "por el cual se declara turbado el orden p�blico y en estado de sitio, los Departamentos de Antioquia, Atl�ntico y Valle del Cauca".

Publ�quese, c�piese, ins�rtese en la Gaceta Judicial, comun�quese al Gobierno por medio del Secretario General de la Presidencia de la Rep�blica y del abogado de la misma entidad y arch�vese el expediente.

A la parte motiva de la sentencia que declara constitucional el Decreto 1136 de 1975.

A pesar del profundo respeto que me merece la decisi�n de la mayor�a de la Sala Plena, he considerado necesario exponer en este negocio mi criterio jur�dico, en seguimiento de la actitud asumida cuando se estudi� la emergencia econ�mica; ya que no puedo justificar que el control constitucional se limite simplemente al aspecto de forma de los decretos que declaran tales estados.

Como se dice en el art�culo 1� el orden p�blico se declara turbado en los Departamentos de Antioquia, Atl�ntico y Valle del Cauca y en estado de sitio sus respectivos territorios; es, pues, parcial el estado de anormalidad dentro del territorio de la Rep�blica, y, por consiguiente, las disposiciones que se expidan para restablecer el orden turbado en tales secciones, tendr�n vigencia exclusivamente dentro de las zonas afectadas y sobre el resto del territorio contin�a el r�gimen de normalidad constitucional y legal.

Se trata de un decreto expedido en ejercicio de las facultades que al Presidente confiere el art�culo 121 de la Constituci�n, por lo cual tiene la Corte competencia para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad.

El art�culo 121 en sus tres primeros incisos, se�ala los casos en que el Gobierno puede declarar el estado de sitio, los requisitos para hacer esa declaraci�n, y los efectos que produce dentro del orden jur�dico; solamente en caso de guerra exterior o de conmoci�n interior, se permite declarar turbado el orden p�blico y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella. Para este efecto el correspondiente decreto debe llevar la firma de todos los Ministros y el previo concepto del Consejo de Estado (art�culo 141), as� �ste no sea favorable. Cumplidas estas condiciones, queda investido el Presidente constitucionalmente para adoptar por decreto todas las medidas extraordinarias que le autoricen las leyes o la Constituci�n, o que se conformen a las reglas aceptadas por el derecho de gentes para tal situaci�n. Los decretos dictados dentro de esos precisos l�mites, con la firma de todos los Ministros, tienen car�cter obligatorio por el tiempo que dure el estado de sitio. Especial significaci�n tiene la prevenci�n constitucional de que el Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos y que sus facultades se limitan a suspender las que sean incompatibles con el estado de sitio. El resto de la normatividad del art�culo 121 se refiere a las relaciones del Presidente con el Congreso, originadas con motivo del estado de sitio, a las obligaciones y responsabilidad de su desempe�o, lo mismo que de la de los Ministros y a la obligaci�n de declarar restablecido el orden p�blico cuando cese la guerra exterior o la conmoci�n interior.

El Decreto n�mero 1136 de 12 de junio del a�o en curso, re�ne los requisitos de forma exigidos por el art�culo 121 de la Carta en cuanto se ha expedido con la firma de todos los Ministros y se ha solicitado previamente el concepto del Consejo de Estado. Adem�s, existen, como en los considerandos del mismo se anota, perturbaciones que afectan el orden p�blico en el territorio se�alado. Es, por consiguiente, constitucional la declaraci�n de estado de sitio y el Presidente se halla investido de las facultades inherentes a tal situaci�n jur�dica.

No sobra anotar que el imperio de la Constituci�n no se termina, ni siquiera se suspende. En ella hay varias categor�as de reglas; unas que el Gobierno debe respetar en todo tiempo; otras que expresamente confieren facultades para el astado de guerra o de conmoci�n interior; y, finalmente, otras cuya vigencia se condiciona al estado de normalidad. Las facultades del Gobierno se enmarcan dentro de las normas de estas dos �ltimas categor�as y son v�lidas en cuanto .tiendan al restablecimiento del orden perturbado.

Con todo respeto nos apartamos de la decisi�n anterior, en su integridad, por las mismas razones que hemos expuesto en iguales oportunidades particularmente en la que se discuti� el decreto por medio del cual el Gobierno levant� el estado de sitio y en que declar� el estado de emergencia econ�mica previsto en el art�culo 122 de la Constituci�n. En s�ntesis, esas razones son las siguientes:

1� El decreto por medio del cual el Gobierno declara turbado el orden p�blico y en estado sitio el pa�s, se funda en que existen hechos muy graves causantes de la perturbaci�n.

2� La instituci�n jur�dica del estado de sitio se enmarca en dos actos primordiales: El decreto que declara turbado el orden p�blico en todo o parte del territorio nacional y el decreto que le pone fin. Dentro de estos par�metros, el Gobierno, seg�n las voces del primer inciso del art�culo 121. de la Carta, puede ejercer tres clases de facultades: Las legales u ordinarias, es decir, las que puede ejercer en tiempo de paz; las que la Constituci�n autoriza expresamente para casos de guerra o de perturbaci�n del orden p�blico, y las que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen para la guerra entre naciones. Estas dos �ltimas se ejercen por medio de decretos especiales que deben llevar la firma de todos los Ministros como condici�n de su obligatoriedad, y que la propia Carta (par�grafo) denomina "legislativos" porque, como su nombre lo indica, tienen por objeto legislar o dictar normaciones exclusivamente encaminadas al restablecimiento del orden, mediante una substituci�n o suspensi�n temporal de las leyes normales que sean incompatibles con la necesidad de restablecer el orden.

3� El control jurisdiccional encomendado en la materia a la Corte Suprema por los art�culos 121 y 214 de la Constituci�n, se refiere solo a estos decretos legislativos. El af�n del constituyente por precisar las atribuciones del Presidente dentro del estado de sitio y por someter luego de modo autom�tico al control de la Corte el ejercicio de ellas, radica esencialmente en que es a trav�s del examen de los citados decretos como se puede impedir la comisi�n de excesos o abusos en el ejercicio de tales facultades. Como por medio de ellos se puede suspender en lo pertinente la legislaci�n ordinaria, tomar medidas represivas, limitar el ejercicio de garant�as individuales y afectar otra clase de derechos, es por lo que la Constituci�n ha querido que la Corte los someta aun de oficio, a su examen y decisi�n, para mantener el principio de que las facultades del estado de sitio hacen parte de un r�gimen jur�dico cuyo patr�n y medida sigue siendo la Constituci�n.

4� Cuando el segundo inciso del art�culo 121 habla de "los decretos que dentro de esos precisos l�mites dicte el Presidente... "se est� refiriendo claramente a los que puede dictar en desarrollo de las facultades contenidas en el primer inciso. Cuando establece en el tercer inciso que el Gobierno "no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos" sino solo suspenderlas, reafirma el mismo criterio, pues, aunque parezca redundante, �nicamente a trav�s de esos decretos se puede asumir la funci�n legislativa limitada una vez que el estado de sitio ha sido declarado. Cuando �l primer inciso del par�grafo dispone que el Gobierno enviar� a la Corte Suprema de Justicia el d�a siguiente a su expedici�n, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este art�culo, para que aqu�lla decida definitivamente sobre su constitucionalidad", vuelve a reafirmar el mismo criterio, pues, como ya se dijo, esos son los �nicos decretos que emanan de las atribuciones excepcionales contenidas en el primer inciso del art�culo 121. Y, finalmente, cuando el art�culo 214 de la Carta, al se�alar la competencia de la Corte en esta materia (inciso 2� de la regla 2�) dispone que "en los casos de los art�culos 121 y 122 cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de los decretos a que ellos se refieren", est� haciendo una clara e inequ�voca referencia a los decretos legislativos, porque son los �nicos que ha querido someter al control de la Corte Suprema.

5� El antecedente inmediato de la Reforma de 1968. a que nos venimos refiriendo, fue el Acto Legislativo n�mero 1 de 1960, que, respecto del control constitucional de los decretos dictados dentro del estado de sitio, lo limit� precisamente a los denominados legislativos, y aun no a todos, sino a aquellos que el Congreso considera necesario enviar a la Corte Suprema. As� resulta del texto del segundo inciso del art�culo l9 del acto mencionado que dice as�:

"El Congreso, por medio de proposici�n aprobada por mayor�a absoluta de una y otra C�mara podr� decidir que cualquiera de los decretos que dicte el Gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias del estado de sitio, pase a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su constitucionalidad. La Corte fallar� dentro del t�rmino de seis d�as y si as� no lo hiciere, el decreto quedar� suspendido..". En esta forma quedaba desde entonces excluida, por voluntad del constituyente, la posibilidad c�e un conflicto entre la Corte Suprema y el Gobierno por la extensi�n de la competencia de la primera respecto del ejercicio de una atribuci�n que corresponde exclusivamente al segundo, y que se refleja tanto en el decreto que declara turbado el orden p�blico, como en el que declara que ha cesado la perturbaci�n.

6� Ciertamente la Corte es el supremo guardi�n de la Constituci�n, pero su competencia no: es discrecional sino reglada y por lo mismo debe ejercerla con arreglo a preceptos expresos sobre la materia. El decreto por medio del cual el Gobierno declara turbado o restablecido el orden p�blico y establece o levanta el estado de sitio, no es un decreto legislativo porque no modifica transitoriamente ninguna ley ordinaria, ni reprime ning�n derecho, ni limita ninguna garant�a, sino que, por el contrario, en el primer caso se prepara para el ejercicio de las facultades excepcionales, y en el segundo, abre plenamente la puerta a la legalidad normal y con su sola expedici�n, autom�ticamente dejan de regir los decretos de emergencia. Por lo mismo no est�n comprendidos dentro de la categor�a de los decretos sometidos al control constitucional de la Corte, y �sta carece, en consecuencia, de competencia para enjuiciarlos, as� sea por el aspecto puramente formal, como lo dice el fallo. Si la Corte, sin norma expresa que se lo permita, asumiera el estudio de la Exequibilidad del decreto que decreta o pone fin al estado de sitio, podr�a determinar� con su decisi�n consecuencias de extrema gravedad en el orden pol�tico del pa�s, como ser�a, para citar un solo ejemplo, la de mantener turbado el orden p�blico y en estado de sitio a la Naci�n, en el caso de una conclusi�n adversa al decreto o la de obligar a levantarlo por discrepancia con el Gobierno sobre las razones que lo llevaron a levantarlo y a retomar a la normalidad, o a decretar el estado de sitio. Y vendr�a a asumir, de este modo, la funci�n que la Carta atribuye exclusivamente al Presidente de la Rep�blica (articulo 120-7) en todo tiempo, y de modo especial al Gobierno pleno en los casos del art�culo 121-7. Y lo har�a sin ninguna responsabilidad jur�dica o pol�tica, pues �sta, en concordancia con los preceptos mencionados, debe ser deducida por el Congreso a los funcionarios constitucionalmente responsables de mantener el orden, (art. 121-8).