300Corte SupremaCorte Suprema30030009795Guillermo González Charry197129/11/1971Guillermo González Charry_1971_29/11/197130009795CODIGO DE COMERCIO Exequibilidad de los artículos 518, 520, 521, 522 y 524 del nuevo Código de Comercio (Decreto extraordinario 410 de 1971). Sentido del artículo 30 de nuestra Carta, cuando garantiza la propiedad privada, y al mismo tiempo la considera como función social. Para dar aplicación a la segunda parte de esta norma, no es indispensable la declaración previa de utilidad pública, o de interés social; así en este asunto las normas demandadas, implícitamente lo consignan. - Alcance del artículo 32 de nuestra Constitución, al garantizar la libertad de empresa pero quedando la dirección general de la economía a cargo del Estado, interviniendo en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes. Facultad del Estado para racionalizar y planificar la economía. - Las normas demandadas del Código de Comercio no contrarían los principios consagrados en los artículos 30 y 32 de la ley fundamental. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA Bogotá, D. E., noviembre 29 de 1971. (Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry). 1971
César Castro Perdomodemanda de inexequibilidad contra los artículos 518, 520, 521, 522 y 524 del Decreto extraordinario número 410 de 27 de marzo de 1971, o Código de Comercio ColombianoIdentificadores30030009796true82681Versión original30009796Identificadores

Norma demandada:  demanda de inexequibilidad contra los artículos 518, 520, 521, 522 y 524 del Decreto extraordinario número 410 de 27 de marzo de 1971, o Código de Comercio Colombiano


CODIGO DE COMERCIO

Exequibilidad de los artículos 518, 520, 521, 522 y 524 del nuevo Código de Comercio (Decreto extraordinario 410 de 1971). Sentido del artículo 30 de nuestra Carta, cuando garantiza la propiedad privada, y al mismo tiempo la considera como función social. Para dar aplicación a la segunda parte de esta norma, no es indispensable la declaración previa de utilidad pública, o de interés social; así en este asunto las normas demandadas, implícitamente lo consignan. - Alcance del artículo 32 de nuestra Constitución, al garantizar la libertad de empresa pero quedando la dirección general de la economía a cargo del Estado, interviniendo en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes. Facultad del Estado para racionalizar y planificar la economía. - Las normas demandadas del Código de Comercio no contrarían los principios consagrados en los artículos 30 y 32 de la ley fundamental.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

Bogotá, D. E., noviembre 29 de 1971.

(Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry).

El ciudadano César Castro Perdomo ha pre­sentado demanda de inexequibilidad contra los artículos 518, 520, 521, 522 y 524 del Decreto extraordinario número 410 de 27 de marzo de 1971, o Código de Comercio Colombiano, por cuanto, según términos de aquella, "limitan gravemente el derecho de propiedad sobre los locales que se arriendan para los establecimien­tos de comercio, que fijan penas a los dueños de aquellos o a sus arrendadores y que hacen re­caer gravámenes sobre aquellos para responder a los inquilinos por presuntos perjuicios". Los textos de las disposiciones objeto de la acción, dicen así:

"LIBRO TERCERO

"De los bienes mercantiles.

"TITULO I

"Del establecimiento de comercio.

"CAPITULO I

"Establecimientos de comercio y su protección legal.

"Artículo 518. El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos:

"1º Cuando el arrendatario haya cumplido el contrato;

"2º Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y

"3º Cuando el inmueble deba ser reconstituido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.

"Artículo 520. En los casos previstos en los ordinales 2º y 3º del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente.

"Artículo 521. El arrendatario tendrá dere­cho a que se le prefiera, en igualdad de circuns­tancias, a cualquier otra persona en el arrenda­miento de los locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación, sin obligación de pagar primas o valores especiales, distintos del canon de arrendamiento, que se fijará por peritos en caso de desacuerdo.

"Parágrafo. Para los efectos de este artículo, el propietario deberá informar al comerciante, por lo menos con sesenta días de anticipación, la fecha en que pueda entregar los locales, y éste deberá dar aviso a aquél, con no menos de 30 días de anterioridad a dicha fecha, si ejercita o no el derecho de preferencia para el arrendamiento.

"Si los locales reconstruidos o de la nueva edi­ficación son en número menor que los anteriores, los arrendatarios más antiguos que ejerciten el derecho de preferencia excluirán a los demás en orden de antigüedad.

"Artículo 522. Si el propietario no da a los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega, deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, según esti­mación de peritos. Igual indemnización deberá pagarle si en esos mismos casos arrienda los locales, o los utiliza para establecimientos de comer­cio en que se desarrollen actividades similares a las que tenía el arrendatario.

"En la estimación de los perjuicios se inclui­rá, además del lucro cesante sufrido por el comerciante, los gastos indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento y el valor actual de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales entregados.

"El inmueble respectivo quedará especial­mente afectado al pago de la indemnización, y la correspondiente demanda deberá ser inscrita como se previene para las que versan sobre el dominio de inmuebles.

"Artículo 524. Contra las normas previstas en los artículos 518 a 523, inclusive, no produ­cirá efectos ninguna estipulación de las partes".

Como disposiciones constitucionales quebran­tas, la demanda señala los artículos 30 y 32. El primero garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles, por personas natura­les o jurídicas, los cuales no pueden ser desco­nocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Agrega que, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o in­terés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Afirma el principio de que la propiedad es una función social que im­plica obligaciones; dispone que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Y con­cluye estableciendo que, con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría abso­luta de los miembros de una y otra Cámara.

Conforme al segundo, "se garantiza la liber­tad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, pero la dirección ge­neral de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y priva­dos, para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral. Interven­drá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo econó­mico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular".

Los argumentos básicos que presenta el de­mandante para sustentar la presunta violación de la Carta en los textos señalados, se contienen en los siguientes apartes de la misma:

"La norma otorga el derecho al inquilino que ha venido ocupando un establecimiento comercial por más de dos años, a la renovación del contra­to aunque sin haber previsto en qué condiciones y no existiendo renovación salvo cuando ha habido cualquier incumplimiento del inquilino durante la vigencia del contrato, o cuando el propietario necesite el inmueble para su propia habitación, o para un establecimiento comercial suyo pero sustancialmente distinto del que esté ocupando el inquilino, o cuando el inmueble de­ba ser reconstruido, o reparado con obras nece­sarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o deba ser demolido por su estado de ruina o para la construcción de obra nueva.

"Para el suscrito la prórroga automática in­terfiere el campo de la propiedad privada y li­mita o restringe el ejercicio de sus atributos sin que la normación que se viene impugnando con­curra a fines del interés social de la Nación.

"El precepto constitucional garantiza la pro­piedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

"El mismo artículo establece como excepción de la regla anterior que 'cuando de la aplicación ele una ley expedida por motivos de utilidad pú­blica o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad re­conocida en la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social'.

"Se dirá que en este caso la norma impugnada pretende defender un interés público o social de los comerciantes en general, pero a esa obser­vación conviene tener en cuenta que en mi con­cepto ello no es evidente por lo siguiente:

"Ante todo hay que observar que en ninguna parte del Título que se viene comentando del nuevo Código de Comercio, en donde se estable­cen las normas que ya se han dejado indicadas, se reconoce como de interés público o social la actividad de alquilar locales comerciales para ejercer como de todos es sabido actividades es­peculadoras, como es en Colombia la actividad comercial, en donde se ha visto que hay comer­ciantes que han acumulado grandes cantidades de dinero gracias a la libertad de precios, pues ellos fijan los precios que a bien tengan, sin que el Estado ejercite una verdadera labor de control de ellos en el país y como es de todos conocida esa circunstancia.

"Tampoco en la legislación colombiana se ha reconocido como de utilidad pública o social la actividad de ejercer el comercio en los estable­cimientos comerciales. De consiguiente, ni la ad­quisición de los locales respectivos tiene esa cali­ficación en la ley colombiana, ni la actividad de dar en arrendamiento locales como ya se indicó, está calificada como de utilidad pública o social.

"Y si la norma constitucional exige como con­dición para que prevalezca el interés público o social que el mismo legislador previamente haya hecho esa calificación en forma concreta y ex­presa como se desprende de los términos ine­quívocos del artículo 30 de la Carta 'cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, EL INTERES PRIVADO DEBERA CEDER AL INTERES PUBLICO O SOCIAL' no se ve por qué en esta ocasión, tenga que considerarse como de utilidad pública o social una actividad que hasta el momento el legislador no ha pensado en tener como tal. De ahí que la restricción a la libertad de contratar libremente sobre los locales comerciales en Colombia contemplada en el artículo 518 del nuevo Código de Comercio sea violatoria del artículo 30 de la Constitución colombiana.

"Nadie discute que la propiedad sea una función social que implica obligaciones y que tenga anexa el elemento correlativo de obligación -anexo a todo derecho- como función social que debe cumplir, pero lo que no se acepta es que sin haber habido (sic) una definición previa del legislador sobre la necesidad de reconocer la actividad comercial que se desarrolla en los locales ya anotados para fines especulativos de comercio, también deba considerarse como de utilidad pública o de interés social aquella actividad sin orden del legislador.

"Tampoco se ignora que cuando la ley ha he­cho aquel reconocimiento de interés social, o utilidad pública en determinada actividad, el Estado tiene derecho para intervenir ampliamente en los términos del artículo 32 de la Carta Fundamental que dice:

"'Artículo 32. (A. L. 1 de 1968, Art. 6º): El artículo 32 de la Constitución Nacional quedará así:

"'………………………………………………………………………………………….

"En mi concepto el Estado tiene competencia constitucional para intervenir por ejemplo en la utilización de los bienes, como sería en este caso, la de los bienes raíces dedicados al comercio colombiano, pero para buscar la racionalización y la planificación de la economía nacional a fin de lograr el desarrollo integral del país cuestión que 110 es propiamente la del caso controvertido, en donde no se pretende encauzar la construc­ción de inmuebles para un fin social en beneficio directo del pueblo colombiano, como sería el de regularizar el sistema de vivienda para procurar abaratarla y atender así a una necesidad colectiva y que cada día se acentúa más en nuestro medio.

"Pues, considero que la intervención que se pretende sobre los locales comerciales congelando prácticamente los arrendamientos, no busca beneficio social alguno y a que todo lo que se pretende hacer es cambiar a un inquilino que está, por otro que puede serlo, pero que ambos van a especular comercialmente en el mismo local. Así no se hace ningún beneficio social al país.

"La intervención que se pretende a través del artículo 520 del nuevo Código de Comercio tam­poco tiende a favorecer la fácil comercialización de determinados artículos para dárselos más ba­ratos al pueblo colombiano en locales especiales, y no se observa tampoco la utilidad publica o el interés social, que como ya se vio, no está re­conocida como esa clase de necesidad en el texto mismo del Código, y por consiguiente mal puede hacerse prevalecer esa ley que lesiona elementales intereses económicos de los propietarios respec­tivos".

En concepto del Procurador General, la de­manda carece de fundamento y la Corte debe declarar la exequibilidad de los textos cuya legi­timidad se cuestiona. Dice en lo fundamental el Procurador:

"2. Para el caso sub lite el actor pretende sin duda hacer encajar las violaciones invocadas res­pecto de las normas acusadas dentro de la hipó­tesis de la incompatibilidad en relación con los artículos 30 y 32 de la Carta, por cuanto que, según él, mientras aquellas favorecen intereses privados y particulares, las constitucionales bus­can hacer prevalecer el interés social sobre el privado o particular y autorizan la intervención del Estado, por mandato deja ley, en el proceso económico para lograr la justicia social y el me­joramiento integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular.

"No obstante, de conformidad con la lógica, el planteamiento de base del actor no prospera, y al no ser válido determina como consecuencia la inocuidad de sus razonamientos consiguientes.

"En efecto, se despeja la aparente incompati­bilidad invocada al destacar que el legislador extraordinario no tuvo como objetivo, al expedir las normas acusadas, oponer un interés privado a un interés social, ni hacer prevalecer el pri­mero sobre el segundo, sino que simplemente con­trapuso dos intereses igualmente privados y par­ticulares y funcionalizó la propiedad privada de los arrendadores en favor de los, inquilinos pro­pietarios de establecimientos de comercio. Eso es todo.

"No hay, pues, como argumenta el deman­dante, violación del artículo 30 de la Carta por las razones aludidas, puesto que en realidad se están regulando por las normas acusadas inte­reses particulares con miras precisamente a cum­plir en forma parcial -lo cual es distinto a in­cumplir uno de los postulados normativos del artículo 30 de la Carta que se invoca violado-, a saber, el de la función social de la propiedad privada de los arrendadores de locales en bene­ficio de los arrendatarios propietarios de esta­blecimientos de comercio, sin que se interfiera ningún otro interés económico ni social y sin que concurra entonces la pretendida hipótesis de con­flicto presentada por el actor.

"Así las cosas, refutada la validez del fun­damento que sirve de base a toda la cadena ar­gumentativa presentada por el actor, quedan sin asidero lógico sus argumentos y conclusiones con­siguientes, los cuales por derivarse de aquél de­jan también de ser válidos, y por lo mismo no opera la demanda presentada respecto de nin­guna de las normas acusadas por este concepto.

"3. Considera también el demandante que las disposiciones acusadas violan el artículo 32 de la Carta por cuanto que al intervenir el Estado por medio del legislador extraordinario para be­neficiar los intereses de los propietarios de esta­blecimientos de comercio no está propugnando por ninguno de los objetivos propuestos por la norma constitucional referida y en tal virtud las legales impugnadas son inconstitucionales.

"La incongruencia de la argumentación así planteada es ostensiva. Se quiere con ella cote­jar las normas legales incoadas con la institución constitucional del intervencionismo del Estado en el proceso económico nacional, siendo que di­cha institución se refiere a la planificación ra­cionalizada e integral del proceso económico y tiende a lograr los fines consignados en el artícu­lo 32 de la Carta mediante la dirección general de la economía a cargo del Estado, mientras que los presupuestos normativos de las disposiciones acusadas desarrollan únicamente un aspecto del proceso sin contraponerse a tales objetivos.

"Pero no por eso se puede invocar violación por parte de preceptos que, por la naturaleza misma de la actividad que reglan, esto es, el ré­gimen dé protección legal a los establecimientos de comercio, vayan apenas encaminados a regu­lar un aspecto específico del proceso económico (la distribución y consumo de las riquezas a tra­vés de dichos establecimientos), que por lo mismo mal pueden alcanzar por sí solos los objetivos normados por la Carta del logro de la justicia social y de mejoramiento integrado de la comu­nidad, y de las clases proletarias en particular, en forma total.

"Basta, pues, referir apenas las disposiciones acusadas a los contenidos normados de la cons­titucional que se considera violada y determinar si ellas impiden la realización de alguno de aque­llos postulados para encontrar su inexequibili­dad, pero no puede incoarse la inconstitucionalidad de normas que, como las acusadas, no alcancen por sí solas íntegramente los objetivos propuestos, o que logren apenas realizar de manera parcial alguno de tales fines".ç

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Por medio de la Ley 16 de 1968 (Art. 20), el Congreso revistió al Presidente de facultades ex­traordinarias para dictar normas sobre diferen­tes materias, entre ellas el Código de Comercio. Conforme al ordinal 15 del artículo citado, el Gobierno quedó autorizado "para que previa una revisión final hecha por una comisión de exper­tos en la materia, expida y ponga en vigencia el proyecto de ley sobre Código de Comercio que se halla a la consideración del Congreso Nacio­nal". Oportunamente el Gobierno ejerció las facultades mencionadas por medio del Decreto extraordinaria número 410 de 27 de marzo de 1971, al cual pertenecen los artículos objeto de la presente acción, que se examinará a través de las siguientes consideraciones:

Primera. Se observa en la demanda una con­fusión entre los principios y procedimientos a que se refieren, en su orden, los artículos 30 y 32 de la Carta Política, en especial después del texto consagrado por la reforma de 1968. En efecto el artículo 30, visto en su conjunto, con­tiene dos grandes proposiciones político-jurídicas. La consagración y el respeto a la propiedad privada y la erección de la misma en función social, algunos de cuyos desarrollos señala el mis­mo texto. Por el primen, si bien se afirma un principio cuyos orígenes pertenecen al derecho común y al concepto clásico de propiedad, se le priva de sus antiguos perfiles individualistas y se le incorpora con decisión a la corriente de los derechos sociales. Más claramente, su garantía se condiciona, mediante decisiones precisas del le­gislador, a que en cada tiempo y oportunidad sea un elemento de servicio y equilibrio sociales. Mas cuando la segunda parte del primer inciso afirma que "cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o in­terés social, resultaren en conflicto derechos esencialmente privados con la necesidad recono­cida por la misma ley, el interés privada deberá ceder al interés público o social"', sienta un principio de interpretación y aplicación genera­les, obligatorio en todos los niveles del Estado con capacidad para desarrollar la ley, cuya esen­cia es la predominancia del interés social. Si, por lo mismo, la premisa básica es la aplicación de la ley nueva, resulta inexacto y exagerado sostener que es preciso en este caso que el legis­lador cumpla dos actos sucesivos: uno, declaran­do previamente el o los hechos constitutivos de utilidad pública o interés social, y otro simultáneo o posterior, para hacer prevalecer el último sobre el primero. Es en el propio texto de la ley, en las circunstancias de tiempo y objetivos que motivaron su expedición, donde deben aparecer y examinarse conjuntamente esos intereses y su juego recíproco, para, en el momento de su aplicación, dar cauce al principio constitucional.

El tercer inciso del mismo artículo ofrece una hipótesis distinta, consistente en la determinación previa de que un bien de propiedad privada o una determinada actividad de igual índole, se consideran de utilidad pública, para un efecto exclusivo y determinado, la expropiación. No se trata ya de una pura interpretación del texto para saber si en su aplicación debe prevalecer el interés general o social, sino en algo mucho más concreto y preciso como es trasladar la propiedad eminentemente privada al dominio público o de una entidad pública. Cierto es que a ello se procede por motivos de utilidad pública o interés social, como en el caso anterior, pero dicha causa común no los identifica. En el caso que se examina, el bien o actividad dejan de ser privados y a partir de su expropiación su única función y misión es servir de modo exclusivo los intereses de la comunidad. En tanto que en el caso del primer inciso aun cuando por razones de aplicación se haga prevalecer un criterio social o de servicio general, el bien o la afilia actividad no dejan de seguir perteneciendo, al dominio privado. Son dos modalidades de la intervención estatal: por la primera la propiedad, siendo privada, debe cumplir, sin embargo, una función social; por la segunda, deja de existir la propiedad privada mediante un sistema de adquisición especial del Estado, previa indemnización, y en ocasiones especiales sin ella, para convertirse en propiedad estatal.

El artículo 32, filosóficamente vinculado al artículo 30, en cuanto la propiedad privado es base de la libertad de empresa e iniciativa ofrece otros planteamientos y va hacia finalidades dis­tintas. Sus notas fundamentales son:

a) Dichas libertades de empresa e iniciativa, sólo se garantizan "dentro de los límites del bien común", locución diferente para expresar, el mismo criterio del "interés social";

b) Entrega al Estado la dirección general de la economía nacional, estableciendo así la posibilidad de un intervencionismo cuya única meta sea el mencionado "bien común". Esta intervención, para ser válida, comprende todos los órganos instituidos, los cuales en su oportunidad, y en cada caso, deben actuar dentro de los límites de su competencia constitucional propia, pues en el orden del Gobierno son ellos los que representan y encarnan el Estado;

c) La intervención se hará por mandato de la ley, ya se entienda por tal el acto del Congreso (Art. 76) o el acto del Gobierno investido de facultades extraordinarias, pues la restricción para hacerla de este modo, fue abolida por la enmienda de 1968;

d) Debe actuar sobre todo el proceso de eco­nomía, a saber, la producción, distribución, uti­lización y consumo de los bienes de dicha econo­mía, y también sobre los servicios públicos y privados para lograr dos finalidades: una inme­diata, la de racionalizar y planificar la economía, y otra mediata: "lograr el desarrollo integral". Este parece haber sido concebido por el constitu­yente como el fin último del tipo de intervención que se viene citando para llegar al cual el an­terior, con toda su importancia intrínseca, es un medio;

e) Ordena también la intervención, por man­dato de la ley con el objeto de dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales -objetivos que naturalmente se cumplen dentro de un co­rrecto y bien logrado concepto de la planifica­ción-, Esta modalidad interventora debe cum­plirse dentro de una política de ingresos y sala­rios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo, principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad "y de las clases proletarias en par­ticular". Todo indica que la premisa política dominante en este segundo tipo o forma de in­tervención -que en algunos aspectos se con­funde con la primera- va hacia un objetivo distinto del señalado en la parte anterior ("el desarrollo integral"), a saber, "el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular".

Adelante se verá si los textos cuya legitimidad constitucional se discute, chocan con estos pre­ceptos constitucionales, son su simple desarrollo, o nada tienen que ver con ellos.

Segunda. Sobre el concepto de "interés pú­blico", contenido en el artículo 30 de la Carta, cuyos antecedentes inmediatos son el artículo 10 del acto legislativo número 1 de 1936, y el 31 de la primitiva Constitución de 1886, ha dicho la Corte, y lo ratifica ahora, que él subsume todos los otros intereses existentes en la comunidad, tales como el privado, el social y el económico. "A la anterior concepción en cuanto a las posi­bles restricciones a la propiedad privada que tu­vieron en cuenta los constituyentes de 1886, los de 1936 perfilaron y precisaron más concreta­mente el sentido de las restricciones al declarar en el mismo artículo 10 del acto legislativo de aquél año que "la propiedad es una función so­cial que implica obligaciones". Esta es una fór­mula de expresión que confirmando el carácter de derecho que a la propiedad privada le reco­noce el inciso primero del artículo 10, le asigna el elemento correlativo de obligación -anexo a todo derecho- como función social que debe cumplir. Es decir que se rectificó en forma más clara y concreta el viejo y arraigado prejuicio, más jurisprudencial que institucional, del dere­cho absoluto y arbitrario que atribuía al propie­tario particular la facultad autónoma y omní­moda de hacer o no hacer, aun contra los inte­reses latentes de la comunidad.

"La libre facultad de contratación, sin res­tricciones de ninguna especie, cedió el campo a la intervención estatal en beneficio de los in­tereses generales. La autonomía de la voluntad, en cierto <sic> campos de la actividad humana, ha sufrido una restricción impuesta por circunstan­cias atañederas a la defensa económica de los países.

"Surgió entonces, de una manera clara y pre­cisa, el orden público económico o sea la aplica­ción de ciertas normas de orden general que, primando sobre el interés individual, contemplan la seguridad y beneficio económico de la sociedad y de las naciones". (Sentencia de 26 de septiem­bre de 1945. G. J., T. 59, págs. 317 y 318).

Tercera. La regulación por el Código de Co­mercio de los contratos de arrendamiento de locales ocupados por comerciantes, tiene sus an­tecedentes y explicaciones en el primitivo pro­yecto presentado por el Gobierno al Congreso en el año de 1958 y en el articulado correspondien­te. Los textos que ahora se cuestionan son, con muy pocas variaciones, los mismos que se pro­pusieron entonces sobre la materia. La exposición de motivos, que, como se vertí, invoca para incluir aquella normación, altos conceptos de interés so­cial y de justicia distributiva entre arrendador y comerciante-inquilino, son, en lo pertinente, de este tenor:

"9ª Aspecto muy importante -y este sí con­trovertido, como no lo han sido los anteriores, por quienes han conocido el proyecto- es el relativo a la regulación de los arrendamientos de locales comerciales. La comisión considera que el concepto romano de la propiedad ha evoluciona­do considerablemente y ha perdido parte de su rigidez individualista, para recibir también el benéfico choque de las realidades sociales, que han humanizado el derecho moderno y que han dado una fecunda virtualidad a los principios del enriquecimiento sin causa y del abuso de los derechos. Porque estos saludables principios -que son indudablemente incompatibles con la concepción del derecho que todavía imperaba en la época de Napoleón- son, como anota Escarra y Rault (Cours de Droit Commercial, pág. 216), que los que han inspirado las Leyes de 1926 y de 1946 que, completadas con el Decreto de 1953, han regulado la materia en Francia.

"La Comisión -siguiendo muy de cerca el decreto francés de 1953- ha propuesto, como parte integrante de su proyecto sobre esta materia, una serie de preceptos destinados a regular las relaciones entre los propietarios y los arrendatarios de locales ocupados con establecimientos de comercio. (Se subraya). Porque es indudable que quien ha acreditado un establecimiento de comercio y ha creado en torno a él una clientela que se orienta más por el local ocupado que por cualquiera otra circunstancia, ha creado uno de esos elementos inmateriales que incrementan el rendimiento o la productividad de toda empresa. Y ese elemento, que es a veces tan valioso que sirve de motivo para el cobro de primas cuantiosas por la cesión de un local, no es fruto de la actividad del propietario sino de la del arrendatario; por eso es digno de protección en quien lo ha creado, y no es justo que sea el mismo propietario el que se beneficie con él, recaudando primas por privar de ese derecho al inquilino, y por convertirse, casi siempre, en instrumento o aliado de la competencia desleal, que generalmente utiliza estos medios para aprovechar la labor y la paciente espera de otros. Lo cual quiere decir que no es que se pretenda limitar o desconocer el derecho de propiedad del arrendador sino proteger simplemente un elemento creador de beneficios económicos que no es obra del propietario sino del inquilino, para que cada uno ejerza su derecho en la medida de lo que es suyo. (Se subraya). La primera idea fundamental que inspira el proyecto es, pues, la de que ese elemento inmaterial de que se habla tiene toda la entidad de un verdadero objeto de propiedad privada, distinto del objeto de la propiedad del arrendador, que debe protegerse en su propietario contra cualquier abuso del derecho del arrendador, y para evitar que éste se enriquezca sin causa, aprovechando la labor de un inquilino a quien se priva de un derecho creado por él.

"La segunda idea fundamental que desarrolla el proyecto es la de que hay un interés general comprometido en la subsistencia de toda empresa industrial o comercial, porque el trabajo estable y organizado es siempre mucho más productivo y ventajoso para un país que el trabajo simplemente ocasional. Este es un criterio que se ha abierto amplio camino en el derecho moderno; es el que inspira, en gran parte, el derecho italiano codificado en 1942, que hace de la noción angular del sistema de ese Código; es el que inspira la legislación mejicana sobre quiebras en la que se previene que siempre debe preferirse la venta en bloque de un establecimiento de comercio, para no desintegrarlo sino cuando no es posible esa forma de enajenación; y es, asimismo, el que inspira también la legislación brasileña sobre quiebras, que consagra, más o menos, el mismo principio de la legislación mejicana. Porque es bueno observar que, como lo anota Savatier, el derecho civil moderno ha sufrido importantes metamorfosis sociales y económicas, para cumplir una función que no fue prevista en los primitivos códigos, precisamente porque la vida económica de entonces era menos desarrollada y menos compleja. Y así es como el derecho del propietario no puede menos de ser armónico con el del empresario, para que el interés privado del arrendador no absorba ese interés general que representa la subsistencia normal de la empresa o de las formas organizadas de actividad económica. Porque la continuidad de la empresa no puede asegurarse de manera completa si el que organiza un negocio y lo desarrolla hasta colocarlo en un grado de buena productividad puede verse, de un día para otro, privado de esa concreción material de su esfuerzos que representa la clientela, el prestigio adquirido por su establecimiento y el mismo avivamiento, que es tanto más valioso cuanto más se funda en elementos objetivos.

"Con estos fundamentos filosófico-jurídicos y siguiendo la orientación y casi hasta la misma técnica del decreto francés de 30 de septiembre de 1953, la Comisión prevé un sistema de protección del derecho del arrendatario, en el que sobresalen los siguientes aspectos:

"a) Derecho a la renovación del contrato de arrendamiento cuando éste ha tenido una duración no inferior a dos años (artículo 33). Porque se considera que ese tiempo es suficiente para que se cumplan todas las etapas iniciales de organización de una empresa y para que el empresario dé a conocer y acredite su establecimiento. Tiempo que es, por lo demás, suficiente para que el arrendatario demuestre sus buenas condiciones de inquilino, mediante un cumplimiento adecuado del contrato, con el pago oportuno de la renta, el bueno uso y la buena conservación del local. Con la aclaración muy importante de que no se trata del derecho a una prórroga del contrato sino a una renovación, esto es, que no es el primitivo contrato el que va a seguir rigiendo sino uno nuevo, que puede acordarse o celebrarse con sujeción a las circunstancias, especialmente en cuanto a precio y condiciones de utilización de la cosa arrendada. Esta circunstancia de que se trata de un nuevo contrato tiene toda la importancia de permitir reajustar las condiciones de las relaciones entre arrendatario, para restablecer un justo equili­brio de sus mutuos intereses.

"b) Derecho del arrendador a negarse a la renovación del contrato, en todos los casos. Pero obligación para éste de pagar los perjuicios que ocasione al arrendatario, si no hay un motivo que justifique su conducta (artículo 33). Para esto se fijan precisamente como causas justas para no acceder a la renovación del contrato: 1º), que haya habido incumplimiento del contrato anterior por el arrendatario, mal uso o mala conser­vación de los locales, o subarrendamientos no autorizados por el arrendador; 2º), que el arren­dador necesite los locales, por las razones y para los fines que se indican expresamente en el pro­yecto, como para su propia habitación o la de sus familiares, o hasta para sus propios negocios; 3º), que haya necesidad de hacer reparaciones urgentes a los locales o de reconstruirlos; 4º), que deban ser demolidas las edificaciones de que forman parte los locales, tanto por causa de ruina como por ejecución de alguna obra pública. En todos estos casos el propietario no está, pues, obligado a indemnizar perjuicio alguno al inquilino si se niega a renovar el contrato. Las hipótesis, pues, en que debe pagarse esa indem­nización, si no se renueva el contrato, se reducen realmente a casos de excepción, en los que in­dudablemente no puede prescindirse de la mala fe del propietario o por lo menos de un claro abuso de su derecho, ya que dentro de las causales justificativas que se prevén caben todas las situaciones normales en la ejecución de esta clase de contratos en una ciudad. Y entre esas causa­les de justificación es muy importante la prime­ra, esto es, cumplimiento irregular del contrato anterior por parte del inquilino, porque con ello se moraliza en cierto modo la conducta de los arrendatarios, a quienes se previenen, así, en la misma ley, que si pretenden ejercer el derecho a la renovación han de ser cuidadosos en el co­rrecto cumplimiento del contrato.

"c) Para hacer énfasis en la idea de que no se trata de una prórroga del mismo contrato sino de su renovación, esto es, de la celebración de un nuevo contrato que sustituya el anterior, se in­siste en el artículo 35 del proyecto en que 'tanto el arrendador como el arrendatario tendrán de­recho a modificar el contrato... si las circuns­tancias así lo imponen'. Y, para facilitar esos reajustes, se prevé que las dificultades o desa­cuerdos que ocurran entre las partes han de ser decididas por árbitros designados por ellas mis­mas, con el fin de obtener una solución oportuna y ajustada a la realidad comercial o económica del momento. Esta posibilidad cíe hacer reajus­tes en las condiciones del contrato la considera la Comisión más útil que el control de precios ejercido por el Gobierno, que tiene el inconve­niente precisamente de que impide esos reajustes equitativos y oportunos.

"ch) Para evitar, desde luego, que se haga fraude a la ley, mediante situaciones ficticias, se prevé que si se priva al inquilino de un local por cualquiera de las causales segunda, tercera y cuarta que se indican en el artículo 33, y de hecho no se inician las obras o no se da a los locales el destino para el cual se hayan recla­mado, habrá lugar a la indemnización de per­juicios. Y, siguiendo en esto el modelo francés, se establece que las estipulaciones de las partes con las que se pretenda burlar las garantías in­dicadas no producirán efecto alguno (artículo 42), esto es, que deben tenerse por no escritas, sin necesidad de declaración judicial (artículo 303), porque no se trata entonces de una nulidad ele dichos pactos sino de una completa ineficacia.

"d) Y para salvar a todo trance el-régimen del contrato de arrendamiento, esto es, para que no se entienda que el derecho a su renovación puede interferir las relaciones creadas entre las partes por el mismo contrato, se advierte con toda claridad que las garantías anteriores no puedan impedir que 'el arrendador pida la res­titución de los locales por incumplimiento del arrendatario a las cláusulas del contrajo rela­cionadas con el pago de la renta, la destinación y la conservación, de la cosa arrendada' (artícu­lo 40). Porque no se trata de hacer salvedades en favor del inquilino mientras esté ejecutándose el contrato, ya que en todo ello queda sujeto a las reglas comunes sobre arrendamiento; se trata simplemente de regular la situación en que que­da, al terminar el contrato, en relación con las ventajas inmateriales que haya creado en desa­rrollo de su empresa.

"Otros ángulos del proyecto son en este punto desarrollos técnicos de las ideas anteriores, con los cuales se pretende hacer más claro y practi­cable el pensamiento de la Comisión, Por eso puede decirse que las observaciones anteriores ponen de presente lo substancial del proyecto sobre establecimientos de comercio" (proyecto de Código de Comercio. Elaborado por la Comi­sión Revisora del Código de Comercio. Tomo II. Ministerio de Justicia. Bogotá, julio de 1958).

Cuarta. Un análisis detenido de los artículos sometidos a estudio, arroja las siguientes con­clusiones:

A) El artículo 518 dispone que, salvo los casos contemplados en los tres numerales que le sub­siguen, el empresario que a título de arrenda­miento haya ocupado no menos de dos años con­secutivos un inmueble con un mismo estableci­miento de comercio, tendrá derecho a renova­ción del contrato al vencimiento del mismo. Los elementos condicionantes de tal derecho, son, pues, los siguientes:

1. Que se trate de un empresario-comerciante. La definición de empresa para los precisos efec­tos del punto que se examina, está consagrada en el artículo 25 del mismo Código de Comercio, conforme a la cual "se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la pro­ducción, transformación, circulación, administra­ción o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio". Como puede observarse, este primer factor con­lleva, a su vez, otros de interés social', como son la existencia de una fuente de riqueza y de un grupo de trabajadores para colaborar en su ex­plotación. Pero lo mismo si no se es empresario, esto es, si los factores constitutivos de esa cali­dad y que parcialmente justifican el derecho consagrado, no existen, éste no se causará.

2. Que el empresario haya ocupado, a título de arrendatario, por lo menos durante dos años, un mismo inmueble con un mismo estableci­miento de comercio. La perduración de un esta­blecimiento comercial en un mismo sitio, crea una serie de valores tangibles e intangibles consecuenciales a la respectiva actividad, que en justicia no pueden desaparecer u olvidarse en aras del puro interés del propietario. Por eso mismo se justifica, en principio, el derecho a la renovación del contrato.

3. El derecho de renovación, contra lo que es­tima la demanda, no implica una eliminación del derecho de propiedad privada, ni una congela­ción de cánones, sino una vocación o prerrogativa para el inquilino a continuar utilizando el mismo inmueble, ya acreditado, aunque no necesaria­mente en las mismas condiciones primitivas. "Renovación" no es sinónimo de "igualdad de condiciones económicas" o de "estabilización de condiciones" para el arrendatario. En su sentido jurídico es una variación del contrato en condiciones de plazo y precio que pueden ser iguales o distintas a las del precedente, a voluntad de los contratantes. Se pretende defender la estabilidad del establecimiento de comercio con sus valores intrínsecos y los humanos y sociales vinculados a los contratos de trabajo respectivos.

B) El artículo 520 ofrece una hipótesis diferente. Parte de la base de que, salvo caso de incumplimiento del contrato por el arrendatario, el arrendador, cuando desee recuperarlo para los fines señalados en los numerales 2º y 3º del artículo 518, debe ciar al inquilino un desahucio con no menos de seis meses de antelación a la fecha de terminación del contrato, lapso que se estima suficiente para que aquél tome las medidas pertinentes a reducir o eliminar los perjuicios derivados de un traslado apresurado o intempestivo. Mas si así no se procede, el precepto considera el contrato "renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial". Este caso ofrece una modificación parcial del contrato solo en cuanto determina una prórroga automática del mismo por igual tiempo, pero en cambio estabiliza o mantiene idénticas las demás condiciones de su celebración, entre ellas el monto de los cánones pactados. Se supone que en los casos comentados, el propietario que desee readquirir la tenencia del inmueble, dispone de un plazo suficientemente amplio para hacerlo saber al arrendatario con los fines atrás anotados. Si así no procede y trata de forzar un desalojamiento repentino o apresurado o guarde silencio, el precepto impone automáticamente la prórroga del contrato. El texto legal, puesto frente a dos intereses, el particular del propietario del inmueble y el del empresario comerciante que envuelve, como se vio, elementos de interés social, impone una solución a favor del último. Es una aplicación legal y consecuente del principio contenido en el artículo 30 de la Constitución.

C) El artículo 521 establece, en favor del arrendatario, un derecho de preferencia a mantener dicho estado y calidad, frente a otras personas y "en igualdad de circunstancias", cuando se trate de locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación, "sin obligación de pagar primas o valores especiales distintos del canon de arrendamiento, que se fijará por peritos en caso de desacuerdo". Hipótesis y solución igualmente razonable. Si los inmuebles continúan destinados al arrendamiento por no hallarse en ninguna de las condiciones señaladas por los ordinales 2º y 3º del artículo 518, es de lógica y de justicia que se prefiera a quien viene ocupándolo con regular cumplimiento de sus obligaciones. Esta prefe­rencia, sin embargo, no implica una congelación de cánones, ni una imposición de condiciones iguales a las anteriores a la reparación, recons­trucción o remodelación del inmueble. Por el contrario. Del texto resulta con nitidez que tales condiciones pueden variarse a voluntad de los contratantes con la única condición de que el inquilino no sea obligado a sobreprecios o primas de ninguna clase. Y si tal acuerdo no sobreviene, peritos fijarán el nuevo canon. Cabría pregun­tar, entonces, cuál es el derecho que resulta aquí vulnerado para el propietario. No el de arren­dar, porque ya se vio que el inmueble tiene esa destinación. Tampoco el de cobrar un mejor canon que eventualmente se haga justo por los costos ele la reparación, reconstrucción o remode­lación, porque su fijación se entrega, según las reglas comunes, a los contratantes y sólo subsi­diariamente a peritos. ¿Quizás el de especular a base de primas especiales y sobreprecios con otros eventuales arrendatarios Si este fuere el caso, habría que responder que entre mantener una empresa establecida con los derechos y valores que ella comporta para el propietario y arrenda­tario y para el público, y el de propiciar una nueva de la cual, por lo menos al principio, el único beneficiado sería el propietario por la re­cepción de las primas, el texto legal se ha inclinado por el primero en cuanto refleja un interés social que requiere protección.

Si a lo anterior se agrega que el primer inciso del parágrafo otorga un plazo razonable de 60 días para que el propietario informe al arren­datario de la reapertura del inmueble a efecto de que exprese en plazo de 30 días su deseo de permanecer en él, o de no hacerlo, no puede sos­tenerse en forma alguna que el primero haya sido sorprendido o forzado a arrendar contra su voluntad. El juego de oportunidades es equilibrado si se atiende a la posición de los contra­tantes. Igual comentaría cabe acerca de la pre­ferencia establecida en el inciso final del pará­grafo, respecto de los arrendatarios más antiguos, cuando el número de locales se ha reducido por consecuencia de la reconstrucción o nueva edifi­cación del inmueble. Se trata de una cuestión de justicia y sentido común que a nadie escapa, y que, por lo demás, tampoco supone estabilidad o congelación en las condiciones contractuales, pues nada en el texto indica que así sea.

D) El artículo 522 contempla las indemniza­ciones que deberá pagar et propietario en caso de no dar a los locales el destino invocado para lograr su desocupación, o no dar principio a las obras de reconstrucción, remodelación, etc., den­tro de los tres meses subsiguientes a la fecha de entrega, y la manera de justipreciarlos. Son preceptos consecuenciales de los anteriores y con ellos hacen un todo. Si en los primeros campea una prevalencia del interés social en muchos aspectos; si en otros, por razones de equilibrio en las relaciones jurídicas de los contratantes, se otorgan ciertos derechos al arrendatario, resulta obvio que la normación del Código de Comercio en este punto previera las consecuencias de su violación y la manera de hacerla efectiva. Por lo demás, al tomar en cuenta los elementos del per­juicio para efectos de la indemnización, los tex­tos responden a la técnica sobre la materia, se arreglan a lo propuesto en la exposición de mo­tivos transcrita, y no implican quebranto alguno de la Constitución.

E) Cuando el artículo 524 impide que prevalezca la voluntad de las partes sobre los princi­pios y normas contenidos en los artículos estu­diados, está confirmando su carácter de precep­tos di orden público, es decir su innegable con­tenido de interés social.

Quinta. De todo lo anterior se concluye que las normas objeto de la acción sobre contrato de arrendamiento entre propietarios y empresarios comerciantes, no contrarían el principio consa­grado en el artículo 30 de la Constitución, es decir, el de la prevalencia del interés público o social sobre el particular. Vista la posición de los contratantes en el juego de la competencia comercial: las necesidades del comercio así pú­blicas como privadas; los valores que genera, tanto de carácter puramente privado como social o general; y el sentido de justicia que debe prevalecer en esta especial clase de relaciones, el Código, en este punto, se adentra francamente en la reglamentación del contrato de arrendamiento de locales de comercio, abandonando el viejo cri­terio de la absoluta libertad de los contratantes y de la prevalencia de su interés económico personal, para tomar en cuenta valores, situacio­nes y entidades a través de las cuales se refleja el predominio del interés' social. Es cierto, como con razón lo afirma la demanda, que una conge­lación de cánones de arrendamiento para comer­ciantes, no parece idónea para garantizar el interés público, ya que las de comercio son acti­vidades esencialmente especulativas y de muy di­fícil control en otros aspectos, por parte de la administración. Pero como se ha visto, no se trata de tal congelación, salvo en caso y a modo de sanción, sino de una regulación diferente y especial del contrato de arrendamiento, que con­templa todas las situaciones y modalidades que le son propias para defender unas veces la sub­sistencia de una fuente de riqueza, para prote­ger, en otras, el núcleo humano de trabajo, y para mantener, en las restantes, una situación de equilibrio económico razonable entre los con­tratantes que limita el tradicional predominio, en estas materias, del interés individual. I todo ello es precisamente una expresión valedera del principio constitucional que se viene comentan­do. Es ciertamente, además, un acto de interven­ción estatal, hecha por medios idóneos, permiti­dos por el artículo 32 de la Carta, y que no son extraños al contenido y finalidades de un Código de Comercio, cuyas materias por su naturaleza y la necesidad de los tiempos, se relaciona con acti­vidades que por afectar grave y permanentemen­te la vida social, pueden y deben ser objeto de reglamentación por el Estado.

No se ve, pues, la violación señalada, en la demanda, ni ninguna otra que conduzca a una declaratoria de inexequibilidad de los textos discutidos.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Consti­tucional y oído el concepto del Procurador Ge­neral de la Nación, declara exequibles los artícu­los 518, 520, 521, 522 y 524 del Decreto extraordinario número 410 de 27 de marzo de 1971, integrantes del nuevo Código de Comercio y cuyo texto se transcribió en la parte motiva.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese a quien corresponda y archívese el expediente.

Luis Eduardo Mesa Velásquez, Mano Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Ernesto Cediel Angel, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Sarmiento Buitrago, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.