300Corte SupremaCorte Suprema30030009787739Gonzalo Vargas Rubiano.197929/10/1979739_Gonzalo Vargas Rubiano._1979_29/10/197930009787EL AHORRO PRIVADO COMO ACTIVIDAD PERMANENTE Exequible el ordinal 3º, artículo 474 del Código de Comercio. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., 29 de octubre de 1979. Magistrado ponente: doctor Gonzalo Vargas Rubiano. Aprobado por Acta número 41. 1979
Enrique Camilo NogueraInexequibilidad del artículo 474, ordinal 3º del Código de Comercio.Identificadores30030009788true82693Versión original30009788Identificadores

Norma demandada:  Inexequibilidad del artículo 474, ordinal 3º del Código de Comercio.


ELAHORRO PRIVADO COMO ACTIVIDAD PERMANENTE

Exequible el ordinal 3º, artículo 474 del Código de Comercio.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -

Bogotá, D. E., 29 de octubre de 1979.

Magistrado ponente: doctorGonzalo Vargas Rubiano.

Aprobado por Acta número 41.

Expediente número 739. Inexequibilidad del artículo 474, ordinal 3º del Código de Comercio. Actor: Enrique Camilo No­guera.

El Presidente de la República fue revestido de facultades extraordinarias por la Ley 16 de 1968, para expedir el Código de Comercio.

Mediante el Decreto-ley número 410 de 1971 el Gobierno Nacional dio cumplimiento al man­dato del Congreso.

De dicho Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) hace parte integrante el artículo 474 que dispone lo siguiente, en la parte materia de la acusación de que se tratará enseguida.

"Artículo 474.Se tienen por actividades per­manentes para efectos del artículo 471, las si­guientes:

"………………………………………………………………………………………………

"………………………………………………………………………………………………

"3º. Participar en cualquier forma en activi­dades que tengan por objeto el manejo, aprove­chamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado.

"……………………………………………………………………………………………..

"…………………………………………………………………………………………….

Contra la antedicha norma el ciudadano Enri­que Camilo Noguera Aarón ejercita la acción de inexequibilidad consagrada por el artículo 214 de la Carta.

Fundamentos de la acusación

Considera el actor que han sido violados los artículos 76-12 y 120-14 de la Constitución Na­cional.

El artículo 76 ordinal 12 incluye entre las funciones del Congreso la de "revestir, pro- témpore, al Presidente de la República de pre­cisas facultades extraordinarias, cuando la ne­cesidad lo exija o las, conveniencias públicas lo aconsejen".

Y el artículo 120 ordinal 14 establece, entre las funciones del Presidente de la República como Jefe del Estado y Suprema Autoridad Adminis­trativa, la de "ejercer, como atribución consti­tucional propia, la intervención necesaria en el Banco de Emisión, y en las actividades de per­sonas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado".

En sentir del demandante las anteriores nor­mas han padecido quebranto por lo siguiente:

Las actividades calificadas como permanentes por el legislador en el artículo 474 del Código de Comercia se consideran constitucionales, con excepción de las del numeral 3º, porque la cali­ficación de la actividad y participación en el ahorro privado sólo le corresponde al Presidente de la República como atribución constitucional propia. Por lo cual no han debido reglamentarse mediante un decreto con fuerza de ley como es el acusado. Más aún, la calificación o participación en cualquier forma en actividades que ten­gan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro pri­vado, es una atribución puramente administrativa, la cual, sin necesidad de impulso o autorización de ley, permite al Presidente intervenir en el Banco Emisor y en las actividades de las personas que corren como intermediarios del ahorro privado.

Que si el Decreto-ley número 410 de 1971, ordinal del artículo 474, transcribe el numeral 14 del artículo 120 de la Carta, está invadiendo competencias indelegables del Presidente de la República, las cuales solo él tiene derecho a reglamentar sin la intervención de otro órgano del Estado.

Y si las empresas extranjeras tienen como ob­jeto social la captación del ahorro privado, no podrán hacerlo con base en la norma acusada; la cual fue expedida en virtud del artículo 76-12 de la Carta y sí podrán hacerlo en virtud del artículo 120-14 ibídem, cuya facultad constitu­cional pertenece al Presidente de la República en la intervención del ahorro privado, por lo cual el ordinal 3º del artículo 474 del Código de Comercio contraría los textos constitucionales en la forma indicada.

Concepto del Procurador

Considera el Procurador General de la Nación que la norma acusada es exequible porque hace relación al surgimiento o vinculación a la vida económica y jurídica del país de la sociedad ex­tranjera, para que ésta pueda emprender nego­cios como dice el artículo 474 del Código de Co­mercio.

Y que la regulación que contiene el Código de Comercio no se refiere a "manejo o aprovecha­miento y a la inversión de los fondos provenien­tes del ahorro privado", sino a requisitos para calificar como permanente esa actividad de una sociedad extranjera. Por lo cual el Presidente hizo buen uso de las facultades otorgadas por el artículo 76-12 de la Carta Política, y no vulneró el artículo 120-14 de la misma.

Consideracionesde la Corte

Bajo el imperio de la Constitución de 1886 ha sido insistente preocupación de los legisladores y gobernantes colombianos la de regular y supervigilar las actividades de las sociedades ex­tranjeras en el país.

Así la Ley 124 de 1888 sobre sociedades anó­nimas, domiciliadas fuera del país. Lo mismo la Ley 42 de 1898. Más adelante el Decreto legisla­tivo número 2 de 1906 y la Ley 40 de 1907, ambos expedidos bajo la presidencia del General Rafael Reyes y que extendieron los requisitos a todas las sociedades o compañías domiciliadas en el exterior y que quisieran realizar negocios per­manentes en el país.

Actualmente el nuevo Código de Comercio, que es el Decreto-ley número 410 de 1971, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias de que fue re­vestido por el artículo 20 de la Ley 16 de 1968, reglamenta en el Título VIII, el Capítulo I lo concerniente a las sociedades extranjeras.

Se establece allí que son extranjeras las so­ciedades constituidas conforme con la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior (ar­tículo 469).

Que todas las sucursales de sociedades extran­jeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia, estarán sometidas a la vigilancia del Estado, que se ejercerá por la Superintendencia Bancaria o de Sociedades según su objeto social (artículo 470). Que para que una sociedad ex­tranjera pueda emprender negocios permanen­tes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual habrá que protocolizar en una Notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias au­ténticas de determinados documentos, y obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Superintendencia Bancaria, según el caso, per­miso para funcionar en el país (artículo 471). Y que para los efectos del artículo 471, tiene por actividades permanentes las siguientes: 1º Abrir dentro del territorio de la República estableci­mientos mercantiles u oficinas de negocios. 2º. Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios. 3º. Parti­cipar en cualquier forma en actividades que ten­gan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro pri­vado. 4º. Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios. 5º. Obtener del Estado colombiano una concesión, y 6º. El funcionamiento de sus Asambleas de Asociados, Juntas Directivas, Gerencia o Administración en el territorio nacional (artículo 474).

De lo anterior fluye que el legislador extra­ordinario, en este orden de ideas, se ha limitado a describir objetivamente cuáles son los signos externos que caracterizan, o pueden caracteri­zar, la actividad en Colombia de una sociedad extranjera. Para que en el caso de la existencia de dichos signos visibles, la sociedad extranjera habrá de ser considerada como que ejerce nego­cios o actividades permanentes en el territorio nacional, y que para que tal ejercicio sea válido es menester el lleno de determinados requisitos. Requisitos indispensables ante la urgencia que el Estado colombiano tiene, al <sic> través de sus Ór­ganos Legislativo y Ejecutivo, de regular y reali­zar la intervención y vigilancia indispensables para la protección de los intereses nacionales.

No considera la Corte, y en esto coincide con el Procurador, que la inclusión del manejo o aprovechamiento e inversión de los fondos del ahorro privado en el elenco de las actividades que el Código de Comercio califica como negocios permanentes en el país, equivalga a quebranto de la intervención constitucional que como acti­vidad propia le señala el constituyente al Presi­dente de la República en el artículo 120 ordi­nal 14.

En efecto:

La atribución constitucional propia del Presi­dente de la República para intervenir en el ma­nejo, aprovechamiento o inversión de los fondos provenientes del ahorro privado, se refiere a es­tos en su naturaleza intrínseca, en su funciona­miento íntimo. Pero de ninguna manera a dichas actividades consideradas extrínsecamente para el simple objeto de clasificarlas como actividades características de negocios permanentes en el te­rritorio de la República. Como acontece con la calificación que se hace para tales efectos, en el mismo artículo, y que el propio demandante con­sidera constitucionales, de las actividades de la industria extractiva o de la celebración de con­tratos para ejecución de obras o prestación de servicios.

En otras palabras: El ejercicio de la atribu­ción constitucional propia del Presidente de la República en las actividades referentes al ma­nejo, aprovechamiento e inversión de los fondos provenientes del ahorro privado, es una penetra­ción en el contenido mismo de dichas actividades. Vale decir, es una cuestión material o de esencia. En cambio, el señalamiento de tales actividades como hechos indicativos de que quienes las reali­zan son compañías o sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia, y por ende sujetas a un peculiar régimen jurídico derivado inclusive de razones de soberanía nacional, es una cuestión previa y de pura forma, de califi­cación de signos externos para efectos en un todo distintos a los que persiguió el constituyente con el dictado de la norma que hoy constituye el ordi­nal 14, artículo 120 de la Codificación Consti­tucional.

Y la una situación no excluye o contraría a la otra sino que se complementan: calificada co­mo extranjera, con actividades permanentes ante la luz del Código de Comercio, sociedad que ejerce actividades referentes al ahorro privado, permanece intacta la atribución presidencial in­tervencionista del Presidente, atribución que por el aspecto de la acusación no padece mengua o desmedro.

Conclusión:

En mérito de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador Gene­ral de la Nación, DECLARA EXEQUIBLE el ordinal 3º, artículo 474 del Código de Comercio (Decreto-ley número 410 de 1971).


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José María Esguerra Samper

Presidente.

Jerónimo Argáez Castello, Fabio Calderón Botero, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Juan Manuel Gutiérrez L, Alvaro Luna Gómez, Miguel Lleras Pizarro, Luis Enri­que Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Fernando Uribe Restrepo, José María Velasco Guerrero, Jesús Bernal Pin­zón, Dante Fiorillo Porras, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Gómez Uribe, Juan Hernán­dez Sáenz, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Rojas Otálora, Luis Sarmiento Buitrago, Ricardo Uribe Holguín, Gonzalo Vargas Rubiano.

Nicolás Pájaro Peñaranda

Secretario General.