300Corte SupremaCorte Suprema30030009762Eustorgio Sarria197323/09/1973Eustorgio Sarria_1973_23/09/197330009762CODIGOS DE COMERCIO, DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO La propiedad industrial y sus características. - El acto administrativo y el acto jurisdiccio­nal. - En las normas demandadas el legislador ha realizado una técnica separación de funciones y de competencias en guarda de un mejor servicio público. Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena- Bogo­tá, D. E., 20 de septiembre de 1973. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). Aprobado según acta número 32 de 13 de sep­tiembre de 1973. I. - Petición. 1973
Germán Cavalier | Helmer Zuluaga VargasDemanda de constitucionalidad contra losIdentificadores30030009763true82647Versión original30009763Identificadores

Norma demandada:  Demanda de constitucionalidad contra los


CODIGOS DE COMERCIO, DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La propiedad industrial y sus características. - El acto administrativo y el acto jurisdiccio­nal. - En las normas demandadas el legislador ha realizado una técnica separación de funciones y de competencias en guarda de un mejor servicio público.

Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena- Bogo­tá, D. E., 20 de septiembre de 1973.

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

Aprobado según acta número 32 de 13 de sep­tiembre de 1973.

I. - Petición.

1. Los ciudadanos Germán Cavalier y Helmer Zuluaga Vargas, en escrito de 9 de mayo del año en curso, solicitan de la Corte declare inexequibles las siguientes disposiciones legales:

"A. Artículos 544, numeral 1; 547, inciso I; 587, inciso 1; 589; 590; 591; 597; 602; 614; 616; 2033 y 2038 del actual Código de Comercio. Los artículos 544 y 547 se citan por remisión que ha­ce el artículo 597 del mismo Código. Artículos 585 y 586. Y el artículo 593.

"B. Artículos 7º, inciso I; 12; 17; 18, nume­ral 1; 23, numeral 20; artículo 140, inciso I, pri­mer párrafo; artículo 170, numeral 2, y último inciso; artículos 171; 172; 173; 366, numeral 4; 414, numeral 17; 441; 698 y 699, primer párrafo del actual Código de Procedimiento Civil.

"C. Artículos 1; 2; 25; 26, literal a); 27, nu­meral 3; 28, literales g) e i); 31, 32, y 42 del Decreto extraordinario 2974 de 1968.

"D. Artículos 282; 284 y 285 del Código Con­tencioso Administrativo".

2. Por auto de 19 de los mismos mes y año, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado de ella al Procurador General de la Nación, por el término de 30 días, para concepto.

II. - Disposiciones acusadas.

1. Dados el contexto de la demanda y las razo­nes que expone el Ministerio Público, se consi­deran como disposiciones acusadas únicamente algunas de las que indican los actores en el apar­te a) transcrito, del Código de Comercio. Las demás, o sea las de los Códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo, del Decreto 2974 de 1968, así como las otras del mismo Có­digo de Comercio, que versan sobre aspectos dis­tintos a los fundamentales de la demanda, se tienen apenas como disposiciones o preceptos complementarios.

2. En consecuencia, el texto de las normas acusadas y sobre las cuales recae el presente fa­llo, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 410 DE 1971

"(marzo 27)

"por el cual se expide el Código de Comercio.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 15 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968, y cumplido el requisito allí es­tablecido,

Decreta:

"Libro Tercero.

"De los bienes mercantiles.

"……………………………………………………………………………………………..

Título II.

"De la propiedad industrial.

"…………………………………………………………………………………………….

"Artículo 544. A la solicitud deberá acompa­ñarse:

"1º El poder o la certificación de que se ha­lla protocolizado en la Oficina de Propiedad In­dustrial, o una fotocopia del mismo poder, debi­damente autenticada.

"……………………………………………………………………………………………"

"Artículo 547. La Oficina de Propiedad In­dustrial examinará si la solicitud reúne los re­quisitos de los artículos 543 a 546. Si faltare alguno, lo indicará así y se abstendrá de trami­tar la solicitud hasta cuando el interesado sub­sane la deficiencia.

"………………………………………………………………………………………….."

"Artículo 587. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse en la Oficina de Pro­piedad Industrial y comprenderá:

"1º La indicación del nombre y domicilio del solicitante.

"2º La descripción de la marca con la enume­ración clara y completa de los productos o ser­vicios para los cuales se solicite el registro de la misma, y

"3º Reproducciones de la marca".

"Artículo 589. Si la Oficina de Propiedad In­dustrial considera que la marca solicitada no pue­de registrarse, lo hará saber al solicitante quien, en el término de treinta días, deberá exponer las razones que sustentan su solicitud.

"Vencido el término, la Oficina decidirá de conformidad con los hechos que aparezcan en el expediente.

"El funcionario que tramite la solicitud po­drá allegar de oficio toda clase de información".

"Artículo 590. Si la solicitud fuere aceptada, se ordenará la publicación de un extracto, Den­tro de los treinta días siguientes a la publicación, cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.

"Presentada la oposición, la Oficina de Pro­piedad Industrial señalará un término de prueba de treinta días así: diez para pedirlas y veinte para practicarlas".

"Artículo 591. Si no hubiere oposición o ésta fuere negada, se registrará la marca, para lo cual se expedirá un certificado en forma de diploma que acredite el derecho. El certificado se publi­cará por una sola vez.

"Parágrafo. El registro de las marcas se ha­rá por clases".

"Artículo 597. Son aplicables a las marcas, en lo pertinente, los artículos sobre patentes relati­vos a la obligación de los extranjeros de designar representante, régimen de las sociedades extran­jeras que soliciten y obtengan patentes, documentos que deben acompañarse con la solicitud, abandono de solicitudes incompletas, examen de expedientes, régimen de la comunidad y licencia contractual, renuncia del derecho y disposicio­nes sobre medidas cautelares.

"Artículo 602. Las disposiciones generales so­bre marcas, son aplicables a las marcas colecti­vas, sin perjuicio de las reglas especiales relati­vas a la calidad de los productos o servicios".

"Artículo 616. Para que surtan efectos frente a terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, deberán inscribirse en la Oficina ele Propiedad Industrial las concesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nom­bre o domicilio del titular, renuncias, licencias, reglamento de comunidad y del empleo de la marca colectiva". (Subrayas de los demandan­tes).

III. - Textos constitucionales que se dicen violados y razones de la acusación.

1. Los actores señalan como infringidos, por las normas transcritas, los artículos 16, 26, 55, 58, 61, 76-12, 157,158 y 164 de la Constitución.

2. Exponen las razones de la violación, hacien­do referencia a diferentes doctrinas y a la juris­prudencia tanto nacional como foránea.

3. Sobre la base de que las normas impugnadas operan un traslado de la justicia ordinaria a la Rama Ejecutiva, los actores realizan un juicio conforme al cual la jurisdicción y competencia para decidir las oposiciones presentadas con fun­damento en el artículo 586 del Código de Comer­cio quebrantan los preceptos constitucionales que garantizan la independencia funcional de las Ramas del Poder Público. Y así, manifiestan:

a) El artículo 16 se viola por cuanto no se pro­tege en debida forma los bienes de los goberna­dos y porque la mutación de un ordenamiento legal claro y expreso por otro obscuro, se traduce en el incumplimiento de un deber social del Es­tado;

b) El artículo 26 se viola por cuanto la Oficina de Propiedad Industrial del Ministerio de Des­arrollo no es un tribunal ordinario ni especial, ni hay norma legal que le dé jurisdicción o compe­tencia;

c) El artículo 55 se viola porque la colabo­ración armónica de las Ramas del Poder en la realización de los fines del Estado, no puede des­conocerse en tiempo de paz, y aún pudiéndose, tendría que cumplirse este fenómeno mediante ley expresa;

d) El artículo 58 se viola porque solo por ley expresa, cabe establecer tribunales y jueces, atri­buirles o trasladarles jurisdicción o competencia;

e) El artículo 61 se viola por cuanto ninguna persona o corporación, en tiempo de paz, puede ejercer, simultáneamente, la autoridad política y/o civil y la judicial;

f) El artículo 157 se viola por cuanto la crea­ción de jueces especializados no significa que ellos pierdan el carácter de jueces ordinarios vinculados a la Rama Jurisdiccional del Poder, y la Oficina de Propiedad Industrial, aunque es una entidad especializada, pertenece a la Rama Ejecutiva;

g) El artículo 158 se viola por cuanto, según el texto de su inciso 3º es la ley y solo ella, la lla­mada a dar normas sobre jurisdicción y compe­tencia;

h) El artículo 164 se viola porque ratifica el principio de que ninguna función jurisdiccional puede asignarse a una entidad administrativa.

4. Conviene destacar, desde ahora, que la im­pugnación parte, ante todo, de un supuesto. Al resumir los demandantes el cargo esencial, ex­presan:

"Inconstitucionalidad de la interpretación de las normas acusadas (subraya la Corte), por ra­zón de no poderse interpretar dichas normas en el sentido ele que mediante ley y por expresa ley, se trasladó de la justicia ordinaria a la Administración, y se le atribuyó a esta última, la juris­dicción y competencia para efectos de decidir las demandas y procesos de oposición a la concesión y subsiguiente registro de marcas, por no existir normas tácitas o analógicas en materia de juris­dicción y competencia, ser éstas de estricta inter­pretación y aplicación restringida, y existir pre­cisamente norma general y expresa en contrario, para todos los asuntos y para todos los efectos de la Propiedad Industrial como es la del artículo 614 del Código de Comercio".

IV. - Concepto del Procurador General de la Nación.

1. El Jefe del Ministerio Público, en vista nú­mero 116 de 11 de julio de este año, manifiesta su inconformidad con las pretensiones de los ac­tores y dice:

"A juicio de los actores, conforme se despren­de del contexto general de su actuación, son las disposiciones contenidas en los artículos 589, 590 y 591, aplicables por extensión a lo dispuesto en los artículos 597 y 591, las que determinaron el traslado de competencia y jurisdicción de la jus­ticia ordinaria a la Administración para decidir sobre oposición y concesión de marcas y patentes, y las que han dado lugar a las consiguientes transgresiones de la Carta.

"No obstante, a juicio de este Despacho, tales normaciones no son violatorias de la Constitu­ción, ni por el aspecto que se comenta, ni por ningún otro como se verá, resultando por lo tan­to, exequibles, por cuanto en realidad no ha ha­bido ningún traslado de competencia de una función jurisdiccional a la Administración, de una parte, y porque de otra parte, la potestad de decisión, concesión y registro sobre marcas y patentes, una vez surtida la oposición, son fun­ciones de contenido administrativo y no propia­mente jurisdiccional".

2. Y, en consecuencia, concluye:

"En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo estipulado en el artículo 214 de la Consti­tución, este Despacho solicita a la honorable Cor­te que declare exequibles las disposiciones acep­tadas como demandadas, a saber: los artículo 544, inciso primero; 547, inciso primero; 587; 589; 590; 591; 597; 602, y 616 del Decreto extraordi­nario 410 de 1971, correspondiente al Código de Comercio, por no ser inconstitucionales, toda vez que, de la manera vista, no violan los preceptos constitucionales a que aluden los demandantes ni ninguno otro de la Carta".

3. En relación con el alcance de la demanda, dice:

"Es necesario ante todo aclarar el alcance de la actuación de los demandantes en relación con los preceptos impugnados.

"Ciertamente, la técnica de presentación de las demandas de inexequibilidad requiere que éstas, además de reunir las formalidades exigidas por el artículo 16 del Decreto 432 de 1969, im­pliquen una completud proposicional normativa, para no romper la continencia de la causa ale­gada, a riesgo de tener que declarar inepta la actuación.

"La unidad de la proposición jurídica deman­dada no significa, sin embargo, conforme lo en­tendieron los actores, que se requiere acusar de inexequibilidad cuanta disposición exista en re­lación con las que constituyen los presupuestos de la inexequibilidad pretendida. Basta simple­mente relacionar el contenido de aquellas trans­cribiendo sus textos en calidad de normas com­plementarias de las acusadas.

"Así las cosas, resulta inútil tomar como de­mandados preceptos que, una vez analizadas las pretensiones de los demandantes, no inciden di­rectamente en la inexequibilidad que se busca lo­grar, algunos de ellos ni siquiera remotamente, o que en vez de coadyuvar a los presupuestos de la acusación sirven más bien de base a los razo­namientos jurídicos de constitucionalidad. Por tales razones este Despacho considera como de­mandados únicamente los artículos 544, inciso primero; 547, inciso primero; 587; 589; 590; 591; 597; 602 y 616 del Código de Comercio. To­das las demás disposiciones relacionadas como impugnadas, del Código de Comercio, del de Pro­cedimiento Civil, del Contencioso, Administrativo y del Decreto 2974 de 1968, constituyen apenas normas complementarias de las aceptadas como acusadas".

V. - Consideraciones.

Primera.

1. La propiedad industrial muestra caracteres que la distinguen, de modo relevante, de las otras especies, y por ello, su normación legal escapa, en parte, a los principios del Código Civil, que rigen el dominio privado. Aparece y se mantiene a través de los fenómenos de la producción y el consumo, y por ende, la protección estatal mira tanto al productor como al consumidor, abarcan­do los dos intereses, que lejos de excluirse se complementan, pues lo que lesiona el derecho del primero, al final menoscaba el beneficio de la gran masa consumidora, que lo es la colectividad social.

2. Comprende ella, por tanto., una serie de de­rechos relacionados con la actividad industrial y comercial de una persona, que el Código propio clasifica en dos grupos: nuevas creaciones y sig­nos distintivos. En el primero están los inventos y su perfeccionamiento, los modelos y dibujos in­dustriales; el segundo incluye las marcas de pro­ductos y servicios, los nombres comerciales y las enseñas.

Mas, trátese de cualquiera de estos objetos, la dicha protección oficial no se depara a la cosa en si, sino a la idea que hace posible su explotación útil. En términos diferentes: no se protege la cosa, sino la actividad creadora.

3. Originada, pues, en una conducta humana semejante, esta propiedad solo sobrevive y se proyecta en el devenir económico mediante el reconocimiento y la protección indeficientes de los gobernantes; lo que no acaece, de ordinario, con las otras especies dominiales.

4. La propiedad, desde un punto de vista eco­nómico, es un medio de producción que interesa no solamente a su titular y beneficiario sino a la sociedad entera, cuya vida contribuye a alimen­tar. Con este criterio fundado en el doble interés, social e individual, las leyes imponen cada día nuevos límites racionales al ejercicio arbitrario del derecho absoluto de dominio, tal como venía establecido en la vieja definición del Código Ci­vil.

Al ratificar la Corte esta justa doctrina que informa el fallo de 3 de diciembre de 1937, relieva, una vez mis, la función social ínsita en la, propiedad industrial, por mandato del artículo 30 de la Constitución.

5. De otra parte, la dirección de la economía nacional (artículo 32 de la Carta) está a cargo del Estado, como un contrapeso de la libertad de empresa y la iniciativa privada, que deben actuar acordes con el bien común o interés social.

6. Estos principios inspiran y gobiernan la propiedad industrial. En armonía con ellos el Código de Comercio, Libro Tercero, Título II, del cual son parte sustantiva las disposiciones impugnadas, la reglamenta. Por tanto, su invocación procede y su aplicación urge para desatar con tino la controversia.

Segunda.

1. La necesaria protección que los titulares de la propiedad industrial reclaman de las autoridades, en un primer plano corresponde a los órganos nacionales de la Rama Ejecutiva del Poder. Es parte de su función, que en cada caso concreto se expresa en un acto jurídico llamado "administrativo", cuyo examen y decisión de legalidad están atribuidos a la Rama Jurisdiccional (Constitución, artículos 58, 137, 141-3 193; Ley 167 de 1941, artículos 33, 34-10, 62, 66, 67, 68 y 94). En un segundo plano, tal protección es del resorte de la Rama Jurisdiccional.

Y esto, por cuanto, como lo observa Fleiner, la misión de la actividad administrativa no consiste en proporcionar la certidumbre de la cosa juzgada, que es misión de los jueces y magistrados sino en conseguir m resultado útil para el Es­tado dentro de los límites del derecho. Criterio que, igualmente, preside la concepción científica de los actos jurídicos, de su contenido y efectos.

2. Acto jurídico es la manifestación de voluntad, en ejercicio de un poder legal, con el fin de producir efectos jurídicos. Dentro de la clasifi­cación generalmente aceptada por los tratadistas se incluyen dos categorías: la del acto adminis­trativo y la del acto jurisdiccional; que son los que interesan considerar en el caso presente.

La "fuerza de verdad legal" es atributo del acto jurisdiccional y elemento a considerar para resolver con alerto los conflictos originados en la concurrencia de poderes legales. Muchas ve­ces, los agentes públicos administrativos, por ra­zón de las necesidades del servicio, hacen decla­raciones que aunque se refieran a situaciones jurídicas individuales o generales, o ala existen­cia de hechos, no pueden calificarse, en el campo jurídico, como actos jurisdiccionales, por no te­ner alcance inmutable. Evento que ocurre, pre­cisamente, con la aplicación de los preceptos sig­nados como inexequibles.

Tercera.

1. Del análisis del Título II del Libro Tercero del Código de Comercio, Capítulos I, II y III, se llega sin dificultad a la conclusión de que el legislador fue cuidadoso en todo lo referente a la protección de la propiedad industrial y a la solución de los distintos conflictos, que ella pue­da engendrar, por la Rama Jurisdiccional, Con­clusión que no puede suscitar duda alguna, y está, además, ratificada por una serie de pre­ceptos normativos que aparecen en los Códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo.

2. En abono de lo anterior vale citar los siguientes artículos del mencionado Código de Comercio, que sin ambages confían al Consejo de Estado y a los jueces ordinarios, la resolución definitiva de toda controversia que ocasione el reconocimiento o ejercicio del derecho de pro­piedad industrial: 593-3, 540, 541, 558-1, 559, -563, 564, 567, 570, 580, 596, 609, 612, 613 y 614.

De estas disposiciones, conviene transcribir las siguientes:

a) La del artículo 541 que dice:

"Artículo 541. Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sus­traído al inventor o a sus causahabientes o es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal, la persona perjudicada puede reivindicar la invención y reclamar para sí los derechos anejos a la solicitud.

"La misma acción se concede cuando se ha otorgado el título.

"La competencia corresponde al juez. La de­manda suspende la, tramitación de la solicitud, siempre que el actor preste caución suficiente a juicio del juez, para indemnizar los perjuicios que se causen. (Subraya la Corte).

b) La del artículo 567 que dice:

"Artículo 567. La patente será nula si la in­vención no era patentable conforme a lo dispues­to en los artículos 534 a 538 o si la descripción no reunía el requisito del artículo 545. Si la pa­tente se anula parcialmente, la nulidad se pro­nunciará en forma de limitación a las reivindicaciones. La demanda podrá instaurarse por el Ministerio Público, o por cualquier persona.

"En firme la sentencia, se comunicará a la Oficina de Propiedad Industrial.

"La competencia para conocer de la acción de nulidad corresponderá al Consejo de Estado". (Subraya la Corte).

c) La del artículo 596, que dice:

"Artículo 596. El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado". (Subraya la Corte).

d) La del artículo 609, que dice:

"Artículo 609. El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de per­juicios.

"El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedi­miento Civil". (Subraya la Corte).

e) La del artículo 612, que dice:

"Artículo 612. Los procesos relativos a la pro­piedad industrial que sean de competencia del Consejo de Estado se tramitarán mediante el procedimiento ordinario de lo contencioso admi­nistrativo.

"Si se demandare la nulidad de un acto ge­nerador de una situación individual y concreta, se notificará personalmente al titular de aquélla antes de la fijación en lista. Si alguna de las par­tes lo pide se celebrará audiencia pública". (Sub­raya la Corte).

f) La del artículo 613 que dice:

"Artículo 613. Cuando corresponda, al juez competente fijar el monto de las compensaciones o el valor del precio en caso de preferencia se procederá así:

"De la demanda se dará traslado a la otra par­te por el término de tres días, vencido el cual se evaluará por peritos la compensación o la cuota del comunero.

"En firme el dictamen, el juez decidirá de plano". (Subraya la Corte).

g) La del artículo 614, que dice:

"Artículo 614. Serán jueces competentes para los efectos de este Título, los Civiles de Circuito de Bogotá, y entre éstos, aquel o aquellos que el Tribunal Superior de Bogotá deberá designar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 16 de 1968".

Cuarta.

1. Las disposiciones contenidas en los artículos 544, 547, 587, 589, 590, 591, 597, 602 y 616, a los cuales, por lo expuesto, se contrae este fallo, son parte de un procedimiento administrativo, im­prescindible para el ordenamiento racional del servicio público. Los actos que de su aplicación surgen, son necesariamente actos administrativos, que no hacen tránsito a cosa juzgada, y cuya legalidad o constitucionalidad se puede cuestionar ante el Consejo de Estado, Órgano de lo Conten­cioso Administrativo y de la Rama Jurisdiccio­nal del Poder.

Ya la Corte, en sentencia de 27 de septiembre de 1972, en relación con algunas de estas disposiciones, dijo: "Como puede observarse, la dis­posición objeto de la demanda (artículo 590 del Código de Comercio), hace parte de un procedi­miento administrativo o gubernativo que com­prende los artículos 588 a 591...y dentro del cual cumple determinada actuación la Oficina de Propiedad Industrial".

2. Acorde con esta interpretación, en la exposición de motivos del proyecto de Código, se dice:

"La acción de indemnización por los perjui­cios que se causen al titular de un derecho de propiedad industrial podrá intentarse, bien co­mo consecuencia de las acciones de que tratan los artículos 111 a 116, bien como principal y por la vía ordinaria, ante la justicia común (artícu­lo 117). (Subraya la Corte).

"El proyecto conserva el derecho a oponerse al registro de una marea, modelo o dibujo, o al reconocimiento de un privilegio de invención, á la persona que se crea con derecho a ello, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publica­ción de la solicitud en el órgano que se prevé en el artículo 128.

"Hoy día las oposiciones suspenden el trámi­te administrativo correspondiente y determinan el envío (leí negocio a la justicia común para que ésta decida sobre el particular.

"La comisión, acorde en esto con el criterio de personas expertas en estos menesteres, considera más conveniente que la oposición sea resuelta por la vía .administrativa, conforme se dispone en el artículo 120 del proyecto. Contra las decisio­nes ministeriales cabrá el recurso contencioso-administrativo, conforme al Código de la materia.

"Pero el opositor a una solicitud de patente no pierde el derecho a la acción reivindicatoria establecida en el artículo 111 (artículo 121)". (Subraya la Corte).

Quinta.

1. Es así como, por virtud de los preceptos le­gales acusados, no se opera un traslado de juris­dicción y competencia de los Órganos Judiciales a los Administrativos, como lo afirman los de­mandantes. Todo lo contrario: de su contexto, y armonizados con los demás que rigen la materia, se deduce que la ley ha realizado una técnica se­paración, de funciones en guarda de un mejor servicio público. No de otra manera se puede ga­rantizar el derecho de propiedad industrial, su legítimo ejercicio o sea la explotación lícita de la actividad creativa de los dueños, vinculada a de­terminados objetos de la industria y el comercio.

2. Esta es la interpretación lógica y constitu­cional del caso. La antagónica de los impugnadores aparece arbitraria; y con base en ella es improcedente proponer un cargo de inexequibilidad llamado a prosperar. No sobra repetirlo: la comprobación y la declaración que hacen los funcionarios o agentes del orden administrativo no comporta fuerza de verdad legal; la cual cabe únicamente afirmar respecto de las decisiones de las entidades jurisdiccionales señaladas en los textos insertos.

Sexta.

1. Las consideraciones que preceden dan firmeza a la decisión de que las normas legales enjuiciadas no quebrantan las garantías y derechos contenidos en los artículos 16, 26, 55, 58, 61, 157,158 y 164 de la Constitución Política, ni por las razones ampliamente expuestas en la deman­da ni por otras que la Corte deba advertir.

2. Se insiste sí, en que los artículos comentados del Código de Comercio son los únicos cuya exequibilidad se debe calificar en este fallo, ya que las demás disposiciones transcritas en el libelo, del mismo Código, del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo, como observa y demuestra el Procurador, son complementarias y sirven solo para ilustrar el valor y efectos de las normas realmente sometidas a disputa.

VI. - Conclusión.

Esta no es otra que la de la exequibilidad de los preceptos legales objeto de acusación y estudio, los cuales no infringen los textos constitucionales indicados por los demandantes, ni otro alguno.

VII. - Fallo:

De conformidad con las anteriores consideraciones y de acuerdo con ellas, la Corte Supremas de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sil­la Constitucional, en ejercicio de la competencia.; que le otorga el artículo 214 de la Constitución, y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Son exequibles los artículos 544, numeral primero; 547, inciso primero; 587; 589; 590; 591, 697; 602 y 616 del Decreto extraordinario número 410 de 1971, correspondiente al Código de. Comercio.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Comuníquese a quien corresponda.

Guillermo González Charry, Mario Alario D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Pa­trón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Cór­doba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega, Alberto Ospina Botero, Mi­guel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.