Sentencia de 1975

300Corte SupremaCorte Suprema30030009208EUSTORGIO SARRIA197522/05/1975EUSTORGIO SARRIA_1975_22/05/197530009208ABOGACIA Funci�n social de la profesi�n. - Moral profesional e inter�s comunitario. - Exequibilidad de los art�culos 1� , 2� , 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 del Decreto extraordinario n�mero 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac�a". Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria ) Aprobada, acta n�mero 14 de 22 de mayo de 1975. Bogot�, D. E., 22 de mayo de 1975. I. Petici�n. 1975

art�culos 2� 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63 y 64 del Decreto extraordinario n�mero 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac�a".Identificadores30030009209true82000Versi�n original30009209Identificadores

Norma demandada: �art�culos 2� 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63 y 64 del Decreto extraordinario n�mero 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac�a".

Funci�n social de la profesi�n. - Moral profesional e inter�s comunitario. - Exequibilidad de los art�culos 1� , 2� , 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 del Decreto extraordinario n�mero 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de

1. Con fundamento en el art�culo 214 de la Constituci�n, el ciudadano Rogelio Castillo Candelo demanda declaraci�n .de inexequibilidad de los art�culos 2� 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63 y 64 del Decreto extraordinario n�mero 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac�a".

2. El escrito correspondiente fue presentado a la Secretar�a de la Sala Constitucional el d�a 10 de febrero del a�o en curso. Con posterioridad, el 8 de abril, el actor present� otros documentos como anexos.

3. Por providencia de 22 de febrero de 1975, se admiti� la demanda y se dispuso correr traslado de ella al Procurador General de la Naci�n, para los efectos legales del caso.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 16 de 1968, y atendido el concepto de la Comisi�n Asesora establecida en ella,

Articulo 1�. La abogac�a tiene como funci�n social la de colaborar con las autoridades en la conservaci�n y perfeccionamiento del orden jur�dico del pa�s, en la realizaci�n de una recta y cumplida administraci�n de justicia.

Articulo 2�. La principal misi�n del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. Tambi�n es misi�n suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenaci�n y desenvolvimiento de sus relaciones jur�dicas.

Articulo 44� . Corresponde al Ministerio de Justicia son relaci�n a la profesi�n de abogado:

2�. Expedir la tarjeta profesional de los abogados cuya inscripci�n este vigente.

3�. Editar la Gaceta del Foro como publicaci�n peri�dica al servicio de la abogac�a y de la judicatura.

4�. Publicar peri�dicamente en la Gaceta del Foro la lista de los abogados la lista de los abogados inscritos y la de quienes hayan sido suspendidos o excluidos de la profesi�n.

5�. Publicar las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados, de conformidad con lo que dispone el art�culo 62 de este Decreto.

6�. Inspeccionar la moralidad y legalidad del ejercicio de la profesi�n de abogado.

7�. Auspiciar, en colaboraci�n con universidades e institutos oficiales y privados, la formaci�n especializada de los abogados y la programaci�n de cursos de actualizaci�n de conocimientos.

8�. Estimular la investigaci�n jur�dica y contribuir a la publicaci�n y difusi�n de libros y revistas cient�ficas, did�cticas, doctrinarias y anal�ticas.

9�. Establecer sistemas de informaci�n bibliogr�fica, normativa y jurisprudencial.

10�. Promover la reuni�n de congresos jur�dicos nacionales e internacionales, y estimular las relaciones entre el foro colombiano y las organizaciones profesionales de otros pa�ses.

11� .Promover la prestaci�n del servicio obligatorio de asistencia de pobres, gratuito o remunerado, seg�n las circunstancias, en coordinaci�n con los servicios de esta misma naturaleza que el Gobierno establezca o patrocine.

12�. Procurar la colaboraci�n de las Facultades de Derecho y de los abogados con el Gobierno y el Congreso en la actualizaci�n de las normas, y con la administraci�n de justicia en la tecnificaci�n de su trabajo y el avance de la doctrina.

14�. Auspiciar la asociaci�n de los profesionales del derecho, secundar sus programas en cuanto contribuyan a enaltecer y dignificar la abogac�a, y vigilar su funcionamiento.

3�. Observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus relaciones con los funcionarios, con los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados, y con las dem�s personas que intervengan en los asuntos de su profesi�n.

1�. La publica embriaguez consuetudinaria o el h�bito injustificado de drogas estupefacientes.

2�. El habito de frecuentar garitos, lenocinios u otros lugares de mala reputaci�n.

6�. La administraci�n o participaci�n en negocios incompatibles con el respeto que exige la abogac�a.

7�. La utilizaci�n de intermediarios para obtener poderes o la participaci�n de honorarios con quienes lo han recomendado y

8� El patrocinio del ejercicio ilegal de la abogac�a o del ingreso a la profesi�n de personas de malos antecedentes o que no re�nan las condiciones habilitantes.

El abogado que cometa una de estas faltas incurrir� en amonestaci�n, censura o suspensi�n.

1�. La propaganda por anuncios hablados o escritos que no se limiten al nombre del abogado, sus t�tulos y especializaciones acad�micas, los cargos desempe�ados, los asuntos a que atiende de preferencia o con exclusividad y los datos relativos a su domicilio profesional, y

2� La solicitud o consecuci�n de publicidad laudatoria para s� o para los funcionarios que conozcan o hayan conocido de los asuntos concretos a cargo del abogado.

Art�culo 50�. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administraci�n de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y dem�s personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.

El responsable de una de estas faltas incurrir� en amonestaci�n, censura o suspensi�n.

1�. Emplear medios distintos de la persuasi�n para influir en el �nimo de los funcionarios o de sus colaboradores.

3� Recurrir en sus gestiones a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios o a sus colaboradores; invocar m�ritos particulares, credos pol�ticos o religiosos de �stos, v�nculos de amistad o de cualquiera otra �ndole, y

4�. Valerse de d�divas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o ins�litas o de cualquier otro acto equ�voco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios o de los auxiliares de la justicia.

Estas faltas ser�n sancionadas con amonestaci�n, censura, suspensi�n o exclusi�n.

Art�culo 52�. Son faltas contra la lealtad debida a la administraci�n de justicia:

1� La proposici�n de incidentes, interposici�n de recursos, formulaci�n de oposiciones o de excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales; la solicitud de medidas cautelares desproporcionadas y, en general, el abuso .de las v�as de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.

2� El consejo, el patrocinio o la intervenci�n en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.

3�. Las afirmaciones o negociaciones maliciosas o las citas inexactas que precian desviar el recto criterio de los funcionarios encargados de definir una cuesti�n jur�dica, y

4� El uso, a sabiendas, de pruebas falsas o la desfiguraci�n o ama�o de las pruebas.

El responsable de una de estas faltas incurrir� en censura, suspensi�n o exclusi�n.

1�. No expresarle su franca y completa opini�n acerca del asunto consultado o encomendado.

2� Garantizarle que, de ser encargado de la gesti�n, habr� de obtener un resultado favorable.

3�. Callar, en todo o en parte, hechos o situaciones, o alterar la informaci�n correcta, con �nimo de desviar la libre decisi�n sobre el manejo del asunto.

4� Asesorar, patrocinar o representar, simult�nea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento" de todos, gestiones que redunden en provecho com�n.

5� Comunicar o utilizar indebidamente los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorizaci�n de aqu�l, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisi�n de un delito, y

6� Adquirir del cliente parte de su inter�s en causa, a t�tulo distinto de la equitativa retribuci�n de los servicios y gastos profesionales.

El responsable de cualquiera de estas faltas incurrir� en censura, suspensi�n o exclusi�n.

1�. Exigir u obtener remuneraci�n o beneficios desproporcionados a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia del cliente.

3� Retener dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones, o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, o demorar le injustificadamente la comunicaci�n de este recibo.

4� Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero.

5� No rendir oportunamente al cliente las cuentas de su gesti�n y manejo de bienes, y

6� Negarse a otorgar recibos de pago de honorarios o de gastos, cuando le sean solicitados.

El abogado que cometa una de estas faltas incurrir� en censura, suspensi�n o exclusi�n.

1�. El abogado que injustificadamente demore la iniciaci�n o prosecuci�n de las gestiones qu� han sido encomendadas o deje de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuaci�n profesional, y

2� El abogado que sin justa causa descuide, o abandone el asunto de que se haya encargado. � Quien cometa una de estas faltas ser� sancionado con censura, suspensi�n o exclusi�n.

1�. Realizar directamente o por interpuesta persona, y en cualquier forma, gestiones encaminadas a desplazar o a sustituir a un colega en asunto profesional de que �ste se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se confiera el encargo a otro abogado.

2�. Aceptar la gesti�n profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia o autorizaci�n del colega reemplazado, o que se justifique la sustituci�n.

3� Negociar directamente con la contraparte, sin la intervenci�n o autorizaci�n del abogado de �sta, y

4� Propiciar la elusi�n o el retardo del pago de los honorarios debidos a un colega.

El abogado que cometa una de estas faltas incurrir� en censura, suspensi�n o exclusi�n.

Art�culo 57�. La amonestaci�n consiste en la reprensi�n privada que se hace al infractor por la falta cometida.

Art�culo 58�. La censura consiste en la reprobaci�n p�blica que se hace al infractor por la falta cometida.

Art�culo 59�. La suspensi�n consiste en la prohibici�n del ejercicio de la abogac�a por un t�rmino no inferior a dos meses ni superior a dos a�os.

Art�culo 60�. La exclusi�n consiste en la .prohibici�n definitiva del ejercicio de la abogac�a, que conlleva la cancelaci�n de la licencia de abogado

Art�culo 61�. Las sanciones disciplinarias se aplicar�n dentro de los l�mites se�alados en este T�tulo, teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes personales y profesionales del infractor, y sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Art�culo 62� Las sanciones disciplinarias se anotar�n en el registro del abogado y, excepto la amonestaci�n, se publicar�n en la Gaceta del Foro, o en su defecto, en el Diario Oficial.

Art�culo 63�. La reincidencia del abogado en .faltas disciplinarias se sancionar� as�:

a)Despu�s de dos amonestaciones, la nueva sanci�n no podr� ser inferior a la censura;

b) Despu�s de tres sanciones entre las cuales hubiere al menos una censura, la nueva sanci�n no podr� ser inferior a la suspensi�n;

c) Despu�s de tres sanciones, una de las cuales hubiere sido la suspensi�n, la nueva sanci�n no podr� ser inferior a la suspensi�n por un a�o, y

Art�culo 64�. El abogado excluido de la profesi�n podr� ser rehabilitado por el Tribunal Disciplinario, cuando se den las siguientes condiciones:

a) Que hayan transcurrido no menos de cinco a�os desde la ejecutoria de la sentencia que le impuso la sanci�n disciplinaria, y

b) Que a juicio del Tribunal, aparezca demostrado que la conducta observada por el excluido revela su completa idoneidad moral para reingresar a la profesi�n".

III. Textos constitucionales que se dicen violados y razones de la acusaci�n.

1. El actor indica como violados los art�culos 16,17, 20, 39, 40, 53 y 76-12 de la Constituci�n. Igualmente afirma que se han infringido en varias de sus disposiciones, los tratados internacionales sobre derechos y garant�as de la persona humana, y de modo especial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, "aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resoluci�n 2200 de 16 de diciembre de 1966 y suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1966, y ratificado por el Congreso mediante la Ley 74 de 1968". Cita concretamente el art�culo 17 de tal Pacto que dice: "Nadie ser� objeto de injerencias arbitrarias e 'legales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputaci�n".

a) El Presidente de la Rep�blica se excedi� en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiri� la Ley 16 de 1968;

b) Con el pretexto de reglamentar el ejercicio de la profesi�n de abogado, por las normas acusadas se "viola todo un rosario de derechos de la persona humana". Pretende que ha habido injerencia en su fuero interno, con menoscabo de la opini�n o concepto que �l tiene acerca de lo que es, o debe ser, la profesi�n del abogado. Textualmente afirma:

"La misi�n del abogado qued� muy clara de las transcripciones antes hechas. Empero, si fuera indispensable repetirle diremos que el abogado defiende intereses particulares, individuales, y aun los suyos propios, en el giro normal de su trabajo. De esta misma manera defiende derechos de esa naturaleza. No los intereses ni derechos de la sociedad. (Subraya !a Corte).

"La defensa de tales derechos corre a cargo del se�or Agente del Ministerio P�blico, en cada caso, conforme a la Constituci�n y la ley. El abogado en ejercicio, por tanto, no puede, sin violar �stas, darse a la muy hermosa, noble y digna tarea de "defender en justicia los derechos de la sociedad".

"Por lo dem�s, no pueden confundirse de ninguna manera los intereses y derechos de los individuos, de los particulares o clientes -por numerosos que sean-con los intereses y derechos de la sociedad.

"Los conceptos de individuo, ciudadano, Estado, sociedad, son sumamente claros para confundirlos, y menos por parte del legislador, que goza por tradici�n de la fama de ser sabio.

"La misi�n encomendada al abogado por el art�culo 29 del decreto acusado, en s�ntesis es muy noble, muy digna, muy decorosa, pero es inconstitucional.

"El abogado en ejercicio no tiene la calidad oficial, estatal, de Agente del Ministerio P�blico. Si lo fuera, por razones de incompatibilidad, no podr�a ejercer la profesi�n de la abogac�a".

c) En consecuencia, niega que la abogac�a tiene como funci�n social la de colaborar con las autoridades en la conservaci�n y perfeccionamiento del orden jur�dico del pa�s, tal como lo prev� el art�culo 1� del Decreto 196.

d) Considera que "la reglamentaci�n del ejercicio de las profesiones es una cosa, y la inspecci�n, por las autoridades, de las profesiones y oficios, conforme ordena el art�culo 39 de la Carta, es otra bien distinta". De lo cual deduce que existe una violaci�n manifiesta de ese precepto constitucional y del 40.

e) Estima que las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados, y su publicaci�n, implican una violaci�n ostensible del art�culo 16 de la Constituci�n que "ordena a las autoridades de la Rep�blica la protecci�n de la vida, la honra y bienes de las personas residentes en Colombia''. Al respecto, textualmente dice:

"En la actualidad -es conocido de cualquiera que se interesa por estos asuntos- el concepto de la protecci�n de la vida, no se queda en lo meramente f�sico, es decir, que la persona conserve su vida o que no la pierda (sic). No, con esta -sola protecci�n la autoridad no ha cumplido su deber, ni tampoco el Estado de que tal autoridad act�a.

"La protecci�n de la vida, ahora, es m�s compleja, pero puede sintetizarse as�: se protege la vida (el derecho a ella) del ciudadano, del individuo, de la persona, cuando el Estado (enti�ndase las autoridades), ofrece de manera real y concreta todas las facilidades para que las potencias f�sicas y espirituales de aqu�llos se realicen a plenitud.

"Y �c�mo podr�a realizarse ese cometido, si el Estado, por hechos leves o lev�simos, atinentes al campo de la moral, o la �tica, sin llegar por lo mismo a la �rbita penal, destruye moralmente, espiritualmente. a sus profesionales Las sentencias condenatorias dictadas con ligereza, sobre hechos leves o lev�simos, y la orden de su publicaci�n, no aumentan la moral o idoneidad moral de la persona respectiva; por el contrario, la mengua hasta el l�mite del exterminio.

"Y esa conducta no es propiamente, de parte del Estado y sus autoridades (el Ministerio de Justicia en este caso), una protecci�n al derecho a la vida. Es su desconocimiento y destrucci�n.

f) En cuanto a la oposici�n de los textos impugnados con el art�culo 17 de la Constituci�n, expresa:

"La trasgresi�n del art�culo 17 de la Carta se explica, por cuanto obtenida con la injusta e innecesaria publicaci�n de la sanci�n disciplinaria, la merma o privaci�n de la honra y reputaci�n del abogado, �ste ya no conseguir� trabajo en la forma acostumbrada, por cuanto sus posibles clientes le rehuir�n y si en el peor de los casos, llegan a contratarle sus servicios, ser� a un precio menor, debido a que el profesional ha perdido su cr�dito y buen nombre; para decirlo con m�s claridad: ha ca�do en desgracia de una vez y para siempre.

"La sanci�n, en todos los casos, debe tener una proporcionalidad con la falta o delito cometido,

En el presente caso, y partiendo del fundamento de la falta de gravedad de los hechos o faltas en s� mismas, qu� proporcionalidad puede existir si se examinan las incalculables y graves consecuencias que se derivan para el abogado, a ra�z de la publicaci�n de la sanci�n

"Entra en armon�a con la Constituci�n y la ley, y los principios universales antes citados y transcritos, la anulaci�n de toda una vida profesional, tanto hacia el pasado como hacia el futuro por la simple violaci�n de una norma o conducta �tica ".

g) De otra parte opina el actor que "la libertad de escoger una profesi�n es ilusoria, por cuanto ella se escoge no para un per�odo determinado de la vida sino para toda ella, o, por lo menos, hasta que el profesional decida ser pr�ctica o ejercicio (sic). Sin embargo, agrega, con la facultad que el Estado se reserva de suspender el ejercicio de la misma o excluirlo, aquella libertad carece de sentido firme y concreto. Es inexistente. Es obvio que cuando la Carta en su art�culo 3,9 dispone que la ley puede... reglamentar el ejercicio de las profesiones', se entiende que es para el desarrollo o pr�ctica de las mismas; no para lo contrario, pues no tendr�a sentido reglamentar el no ejercicio de ellas".

"El numeral 6� del. Art�culo 44 del decreto acusado, viola los art�culos 39 y 40 de la Carta: -No es menester realizar grandes esfuerzos intelectuales para deducir que moralidad y legalidad son dos cosas enteramente diferentes-. En el inciso 2� del art�culo 39 de la Carta, reza: 'Las autoridades inspeccionar�n las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad p�blicas'. La norma no ordena hacerlo respecto a la 'legalidad del ejercicio de la profesi�n de abogado, como no pod�a ordenarlo tampoco el legislador. Este, en consecuencia, ha excedido el marco claramente trazado por el constituyente, y no se atiene estrictamente a lo por �l indicado, con mayor acierto y sabidur�a".

1. EL Procurador General de la Naci�n en vista numero. 180 de 8 de abril del a�o en curso, opina que son exequibles las normas acusadas.

2. Hacen parte de este documento, entre otros, los siguientes conceptos que la Corte relieva por la importancia que tienen en la decisi�n de tomar:

a) "No es posible admitir la afirmaci�n contenida en la demanda de que los abogados "ejercen una profesi�n liberal de naturaleza estrictamente privada". Puede aceptarse con la Corte que �sta no tiene una funci�n p�blica porque quienes la ejercen no tienen el car�cter de funcionarios o empleados de ninguna de las Ramas del Poder P�blico, ni lo adquieren temporal o accidentalmente. Pero, con esta salvedad, este Despacho insiste en opiniones ya expuestas en el sentido de que el ejercicio de la abogac�a, trasciende el campo de la actividad y del inter�s puramente privados porque el abogado maneja las instituciones legales fuera de juicio, o dentro de �l; si fuera de juicio, act�a como gu�a de las personas en !a observancia del Derecho, en �l descansa el inter�s de la sociedad porque los actos jur�dicos de los particulares sean fielmente institucionales; dentro de juicio el abogado forma con el juez, con otros funcionarios y otros abogados un grupo de trabajo forense encargado de que el proceso sea una entidad estatal, vale decir, un tr�mite ajustado a las instituciones legales, por medio del cual se realice adecuadamente el Derecho en el caso concreto que sea materia del juicio. Como profesi�n econ�mica la actividad del abogado es privada, pero como funci�n se hace p�blica (para la Corte, simplemente social) por la materia en que se hace perito el abogado y por la finalidad para que maneje esa materia, cual es el conocimiento y la aplicaci�n del derecho, ni siquiera en s�, como hermosa especulaci�n, sino en orden a que la sociedad se mantenga regida por los v�nculos jur�dicos de que deriva su existencia y subsistencia. Cuando el abogado ejerce, su acci�n no se realiza dentro del provecho del cliente y del provecho propio, o dentro de un provecho circunscrito: el abogado act�a dentro del marco social y para todo �l, a nombre de uno o de unos, pero con efecto para todos, porque, los ordenamientos jur�dicos son los contenidos no de la conducta del cliente a quien el abogado representa sino de la conducta de todos los asociados. Por otra parte, bastar�a que el juez al definir el derecho controvertido lo hiciera con la colaboraci�n de los abogados, para: que la funci�n de �stos fuera convergente a la jurisdicci�n, es decir, p�blica (o por lo menos, social); y bastar�a que el contrato o el testamento redactado por el abogado para ser v�lidos deban reflejar plenamente las instituciones jur�dicas, para que la obra de su autor profesional deba reputarse institucional. (Concepto sobre la demanda de inexequibilidad parcial del Decreto, 320 de 1970).

"Estudiados a la luz de estos principios, no encuentro que los preceptos impugnados infrinjan el citado canon 39 por los aspectos indicados.

"Tampoco en cuanto consagra la libertad de escoger profesi�n, porque ella significa que el Estado no puede obligar a nadie a elegir una profesi�n en vez de otra y por lo tanto en nada es coartada por ninguna de las normas acusadas.

"b) Bien se observa que al expedirse el nuevo estatuto se tuvo en cuenta la declaraci�n de inexequibilidad del precepto anterior que hablaba de "funci�n p�blica" con referencia al ejercicio del derecho entendido como ejercicio de la abogac�a y se modificaron en lo dem�s los art�culos 1 y 2 para darles una redacci�n que se consider� m�s t�cnica.

"Y es indudable que en tales dos art�culos de los Decretos 320 de 1970 y 196 de 1971 se descubren como metas comunes las siguientes:

"a) El abogado tiene c.omo principal misi�n defender los derechos de los particulares y asesorarlos, patrocinarlos y asistirlos en la ordenaci�n y el desenvolvimiento de sus relaciones jur�dicas.

"b) Tiene tambi�n el abogado una misi�n o funci�n social: defender los derechos de la sociedad y colaborar con las autoridades en la conservaci�n y perfeccionamiento del orden jur�dico y en la realizaci�n de una recta y cumplida administraci�n de justicia.

"Respecto de la primera, se observa que el Presidente de la Rep�blica ten�a la facultad de 'dictar un estatuto sobre ejercicio profesional de la abogac�a', dada por la Ley 16 de 1968; que al expedirlo consider� conveniente consagrar primeramente una noci�n de la misi�n principal de quienes se dedican a la profesi�n materia del mismo ordenamiento; y que si esa noci�n coincide conceptualmente con la que hist�rica y pr�cticamente corresponde a ese ejercicio profesional, no se ve c�mo pudo incurrir en extralimitaci�n en el uso de las facultades extraordinarias ni, de consiguiente, en infracci�n del art�culo 118-8 en relaci�n con el art�culo 76-12 de la Carta, como tampoco de otro alguno del mismo Estatuto Superior.

"Con referencia a la segunda nota estimo que al declarar exequible el inciso segundo del art�culo 1 del Decreto 320 de 1970, la Corte Suprema defini� la cuesti�n, pues las siguientes consideraciones que entonces expuso son aplicables a los art�culos 1 y 2 del Decreto 196 actualmente acusado, en sus partes pertinentes:

"Las profesiones liberales tienen y deben cumplir una funci�n social como desarrollo que son de una facultad intelectual cuyo campo de acci�n es la sociedad; desde este punto de vista es l�gico que la abogac�a tenga una misi�n social en los t�rminos del inciso transcrito, que se desenvuelve paralelamente al inter�s particular del profesional, no solo como actividad privada, sino ante las autoridades para la preservaci�n y el perfeccionamiento del estado social de derecho. Y la abogac�a no es la �nica profesi�n cuyo ejercicio haya sido reglamentado o intervenido por el Estado; la Ley 67 de 1935, en su art�culo 1�, estatuy�: 'El ejercicio de la profesi�n de m�dico, abogado, ingeniero y sus semejantes, constituye una funci�n social. Los profesionales ser�n civil y penalmente responsables, no solo por sus actos sino tambi�n por sus omisiones en el ejercicio profesional'.

"Tampoco por este aspecto se incurri� en violaci�n de los c�nones citados. Ni del 39 en cuanto autoriza al legislador -en este caso al extraordinario-, para reglamentar el ejercicio de las profesiones, ni de los dem�s preceptos constitucionales invocados en la demanda".

1. El art�culo 20 de la Ley 16 de 1968, en- lo pertinente, dispone: "Rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, por el t�rmino de tres a�os, a partir de la sanci�n de la presente ley, para:... 7� Dictar un estatuto sobre ejercicio, profesional de la abogac�a, faltas de �tica, sanciones y procedimientos, y para crear o se�alar las entidades competentes para imponerlas".

Las normas objetadas del Decreto n�mero 196 de 12,de febrero de 1971, se ci�en, de modo riguroso, al contenido del anterior precepto legal. Es decir, que el Presidente de la Rep�blica hizo uso de las facultades extraordinarias de manera regular, sin exceso o desviaci�n, en un todo de acuerdo con lo pautado en el ordinal 8� del art�culo 118 de la Constituci�n.

a) El estatuto del ejercicio de la abogac�a, en siete T�tulos, reglamenta, con fuerza de ley, las siguientes materias: objetivos de la profesi�n; la inscripci�n; el ejercicio de la profesi�n; la inscripci�n y vigilancia de la profesi�n; los deberes profesionales del abogado; el r�gimen disciplinario y la vigencia del estatuto.

b) Este nuevo c�digo deroga el anterior, o sea el comprendido en las Leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945, y los Decretos 320, 764, 1158, 1350 y 1766 de 1970.

c) Su orientaci�n es inequ�voca y actual en el sentido de que coloca a la profesi�n de la abogac�a de acuerdo con la realidad social de la hora, que, en t�rminos generales, la Constituci�n nuestra contempla; consagra las principales normas ecum�nicas de la �tica, cuyo acato obliga al abogado en su ejercicio profesional. La diferencia �nicamente se presenta, acerca de la entidad u organismo al cual se conf�a la misi�n de investigar las faltas y aplicar las consiguientes sanciones disciplinarias. As�, tal funci�n en unos casos se adscribe a los colegios de abogados, y en otros a los tribunales ordinarios.

d) Estos antecedentes legislativos y otros de posterior recuerdo, muestran el reglamento profesional, no como algo ins�lito o de generaci�n espont�nea, sino, por el contrario, como la s�ntesis de un anhelo colectivo que ahora se satisface. El Colegio de Abogados de Medell�n, en su C�digo de �tica Profesional, adoptado en el mes de noviembre de 1959, por ejemplo, declara:

"Art�culo 3�. En sus actos p�blicos y privados el abogado debe ordenar su conducta de acuerdo con las normas de la moral, sin olvidar en ning�n momento que el fin �ltimo del Derecho es lograr la realizaci�n del bienestar colectivo por medio de la justicia, de la paz, del orden y de la seguridad en la convivencia civil de las personas y de las naciones, por todo lo erial el ejercicio de la abogac�a implica primordialmente el cumplimiento de una misi�n social". (Subraya la Corte).

3. Por este aspecto, se considera que las normas acusadas no violan el art�culo 118-8 de la Constituci�n y s� se conforman con el contenido y el esp�ritu de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la Rep�blica por la Ley 16 de 1968, art�culo 20, ordinal 79, en armon�a con lo previsto en el art�culo 76-12 de la misma.

1. Los planteamientos del actor en lo que se refiere a la misi�n del abogado, revelan un pronunciado individualismo jur�dico, filosof�a que trasciende a su concepci�n del Estado y, desde luego, al ejercicio de la funci�n legislativa propia del Poder P�blico. Con semejante criterio, no es posible en esta �poca, ni lo era en la pasada, enjuiciar normas de derecho positivo que tienden a garantizar los intereses de la comunidad, sin menoscabo de la libertad de la persona, y de las potestades que de esa libertad se derivan.

2. El art�culo l9 del Decreto n�mero 196 afirma que "la, abogac�a tiene como funci�n social la de colaborar con las autoridades en la conservaci�n y perfeccionamiento del orden jur�dico del pa�s, y en la realizaci�n de una recta y cumplida administraci�n de justicia". Y el art�culo 2� , como un complemento del anterior precepto, establece que "la principal misi�n del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad, y de los particulares; tambi�n es misi�n suya, asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenaci�n y desenvolvimiento de sus relaciones jur�dicas".

3. �C�mo se puede, entonces, disociar la noble labor de la abogac�a, para solo mirar el aspecto de inter�s privado que ella pueda tener y que se traduce en un emolumento o en algo cremat�stico, del otro aspecto fundamental de la interrelaci�n entre lo que el abogado realiza y el ordenamiento jur�dico y social del conglomerado dentro del cual act�a Absurdo, por lo menos, es pretender que se pueda cumplir un encargo profesional de esta naturaleza, prescindiendo de los semejantes y del papel que �stos juegan en el campo de la vida social y p�blica.

4. El ejercicio profesional del derecho es, en t�rminos generales, la materia propia de la abogac�a; y el derecho es una regla de conducta que se impone a los hombres que viven en sociedad, cre�ndoles obligaciones, que son, a la vez, deberes sociales y jur�dicos. Luego, la funci�n social de la abogac�a es evidente, siendo necesaria y justa.

5. Por ello, el art�culo 47 del estatuto, que tambi�n es objeto de censura por pretensa in- constitucionalidad, establece:

"3� Observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus relaciones con los funcionarios, con los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados, y con las dem�s personas que intervengan en los asuntos de su profesi�n.

1 Los ordenamientos positivos, a pesar de su temporalidad, tienen siempre un fundamento �tico. El derecho como teor�a y praxis de la coexistencia pac�fica entre los hombres, para lograr cabalmente ese fin, debe estudiar los diversos aspectos de la conducta individual; conducta que tambi�n es objetivo esencial de la moral.

2 Es claro que las normas generales de la �tica rigen para el ejercicio de todas las profesiones, pero quiz� respecto de ninguna como la abogac�a, su acatamiento indeficiente sea m�s �til para mantener la interdependencia o solidaridad social. Su cumplimiento no puede estimarse como una indebida injerencia en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal. Lo que sucede es que la �tica o moral profesional tienen como soporte la conducta individual, conducta que vincula a la protecci�n del inter�s comunitario.

3. La cooperaci�n o colaboraci�n con las autoridades "en la conservaci�n y perfeccionamiento del orden jur�dico del pa�s y en la realizaci�n de una recta y cumplida administraci�n de justicia'', no es deber exclusivo del abogado sino de todas las personas. Es el principal y m�s importante de los deberes sociales, ya que sin un orden jur�dico estable y una recta y cumplida prestaci�n del servicio de justicia, no es posible adelantar tarea alguna de desarrollo o progreso colectivo. Y por raz�n de sus conocimientos, es del abogado de quien se exige un mayor y permanente esfuerzo para alcanzar ese fin vital.

1. Como est� visto, el T�tulo 6� art�culos 48 a 64, inclusive, del estatuto del ejercicio de la abogac�a, Cap�tulos 1� y 2� , se�ala las normas adecuadas al r�gimen disciplinario y a las sanciones. Lo cual es inherente a la reglamentaci�n de que se trata, pues si existen deberes sociales, su no cumplimiento comporta, l�gicamente, las sanciones del caso, previa definici�n de las faltas, respetando, como se hace, las garant�as procesales contempladas en el art�culo 26 de la Constituci�n. Y es claro, tambi�n, que la "inspecci�n" es actividad ineludible para comprobar la conducta que se reprime.

Contra la dignidad de la profesi�n; contra el decoro profesional; contra el respeto debido a la administraci�n de justicia; contra la recta administraci�n de justicia; contra la lealtad debida a la administraci�n de justicia; contra la lealtad con el cliente; contra la honradez del abogado; contra la debida diligencia profesional;

Amonestaci�n, censura, suspensi�n y exclusi�n. Las cuales se aplican dentro de los l�mites que prev�n las respectivas disposiciones y "teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes personales y profesionales del infractor", y sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.

4. Tales sanciones se anotan en el registro del ahogado que lleva el Ministerio de Justicia, y a excepci�n de la amonestaci�n, se deben publicar "en la Gaceta del Foro o en su defecto en el Diario Oficial".

La "publicaci�n" de las sanciones disciplinarias es un complemento de �stas, que no quebrantan precepto constitucional alguno, ni menos el art�culo 17 de la Carta, que califica el "trabajo" como "una obligaci�n social que goza de la especial protecci�n del Estado", siendo, al mismo tiempo, "un deber social de los particulares" (Ib�dem, art�culo 16).

1. Los derechos que hacen referencia a la vida, a la libertad personal y a la propiedad., son derechos que merecen protecci�n y garant�a de exigibilidad. Esencialmente constituyen el n�cleo intangible del sistema pol�tico de la democracia constitucional; rigen como principios superiores al orden jur�dico positivo, aun cuando no est�n consignados expresamente en un texto legal. Encarnan ellos, en su conjunto, la dignidad del hombre.

2. En el transcurso de los a�os se labora de modo incesante en un esfuerzo examinado a clasificar y delimitar estas libertades. Y se dice: "Algunas de ellas, por ejemplo, la libertad de opini�n y de asociaci�n, que en un principio eran inequ�vocas, han tenido que ser de nuevo definidas y profundizadas a la luz de la experiencia; la libertad de opini�n es in�til cuando no incluye la libertad de informaci�n; la libertad de asociaci�n ha sido extendida a organizaciones y asociaciones pol�ticas. Otros derechos han perdido mucho de su antigua importancia, como, por ejemplo: la libertad de reuni�n, ya que la propaganda pol�tica en la actualidad., se realiza fundamentalmente a trav�s de la radio, televisi�n y prensa y mucho menos por m�tines y reuniones" (Karl Loewenstein. Teor�a de la Constituci�n. P�g. 391. Ediciones Ariel, 'Barcelona, 1964).

3. Estas libertades inherentes a la persona, que por lo com�n se denominan libertades civiles, se distinguen de las libertades econ�micas y pol�ticas.

Dentro de la primera categor�a, o sea de las civiles, est� la defensa contra la detenci�n arbitraria o babeas Corpus; la inviolabilidad del domicilio; la protecci�n contra la confiscaci�n; la libertad y el secreto de correspondencia y otros medios de comunicaci�n; la libertad de residencia dentro del territorionacional, la libre asociaci�n y la autonom�a en las determinaciones concretas de las relaciones de familia.

La segunda categor�a, o sea la de las libertades econ�micas, abarca todo aquello que cobija el concepto de autodeterminaci�n econ�mica; la libertad de la actividad econ�mica en general, la libertad de elecci�n de profesi�n, la libertad de contrato.

Y en cuanto a la tercera, o sea la categor�a de las libertades pol�ticas, se relaciona directamente con la participaci�n del individuo en el proceso pol�tico;

libertad de opini�n p�blica, de reuni�n, derecho al sufragio libre y secreto y posibilidad de acceso, en igualdad de condiciones, al servicio p�blico.

4. Se ha operado de este modo, en el �mbito de los distintos estados, en mayor o menor grado, la estructuraci�n de un r�gimen democr�tico funcional o social, y no meramente pol�tico. Por ello se afirma que el Estado de Derecho Moderno no puede ser otro que el que garantiza, mediante su organizaci�n jur�dica, la libertad humana cimentada e% la seguridad econ�mica, social y cultural, tal como lo establece la Constituci�n colombiana y la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948.

1. Con justeza la Constituci�n de 1886 denomin� el T�tulo 3� De los Derechos Civiles y Garant�as Sociales. En su texto y versi�n actuales resume, en f�rmulas cl�sicas y modernas, las libertades y los derechos civiles, econ�micos y pol�ticos que de ellas derivan, y que para un mayor grado de bondad, d�bense vincular con el poder de elecci�n directa (art�culo 171) y con la obligaci�n de defensa de la independencia nacional y sus instituciones (art�culo 165). Este compendi� de preceptos, que exige interpretaci�n y aplicaci�n acordes, entra�a las bases de la democracia social.

2. Pero es manifiesto que la garant�a suprema de la libertad humana radica en el cumplimiento y desarrollo legislativo de los deberes sociales de los particulares y del Estado, como en t�rminos i insustituibles lo consagra el art�culo 16, con las consecuencias jur�dicas previstas en el 20.

1. En verdad, el art�culo 39 de la Constituci�n garantiza la libertad de trabajo al declarar que toda persona es libre de escoger profesi�n u oficio. Pero la misma norma establece dos modalidades al respecto: a) la ley puede exigir t�tulos de idoneidad, o sea de capacidad t�cnica y moral, 1 y b) la ley puede reglamentar su ejercicio. En otros t�rminos, la libertad de trabajo, como todas las dem�s libertades, no es absoluta, sino �imitada; l�mite que lo demarca el inter�s p�blico o social.

2. De otra parte, la pr�ctica legal de la libertad de trabajo (art�culo 39), es inseparable de la obligaci�n social que el trabajo tiene y los deberes sociales del Estado y de los particulares (art�culo 17), de la primac�a del inter�s p�blico o social (art�culo 30) y de la sujeci�n de la actividad que el trabajo envuelve, a los postulados "del bien com�n", "el desarrollo integral", "la justicia social" y el "mejoramiento arm�nico e integrado de la comunidad" (art�culo 32).

3. Estas mismas opiniones deben mantenerse en relaci�n con la norma del art�culo 40. Su particularidad hace m�s exigente y rigurosa la reglamentaci�n de la profesi�n de abogado. De no ser as�, se estar�a frente al caso indebido, por lo menos, del ejercicio excluyente para otros de la profesi�n, sin sujeci�n a pautas de �tica personal y social, que como est� dicho y se ratifica, no interfieren el sano uso de la libertad, sino que, a la par con �ste, protegen el inter�s colectivo.

Adem�s, y como remate del aspecto reglamentario profesional, la Corte mantiene el criterio definido en sentencias anteriores, y en particular en la de 5 de agosto de 1970, expuestos en estos t�rminos:

"La reglamentaci�n de las profesiones constituye un imperativo de la seguridad social y una garant�a social y una garant�a de los derechos humanos. Con este criterio se ha legislado en todos los pa�ses:

"Para el ejercicio de algunas profesiones las instituciones de los Estados civilizados exigen la prueba de idoneidad por medio de t�tulos universitarios o acad�micos (subraya la Corte). Tales son la de abogado, medico, cirujano, dentista, farmac�utico y comadr�n". (Antonio Jos� Montoya. Tratado de Derecho Constitucional, Bogot� 1938, p�g. 108).

"La reglamentaci�n se refiere a las profesiones de tipo universitario o acad�mico que exigen estudios regulares, controlados, que culminan con el respectivo titulo de idoneidad. As� se desprende, adem�s, de los antecedentes constitucionales del art�culo 39 vigente. En efecto:

"i) El art�culo 44 de la Constituci�n de 1886 hace referencia al "ejercicio de las profesiones medicas y sus auxiliares"

ii) El Acto Legislativo numero 1 de 1918, articulo 1� extiende la modalidad a la profesi�n de abogado;

iii) El Acto Legislativo numero 1 de 1921, articulo �nico, confirma esta situaci�n.

Iv) Y el Acto Legislativo numero 1 de 1932, articulo �nico, agrega a las profesiones de m�dico y de abogado "las profesiones de ingenieros, en sus distintos ramos".

"El Decreto numero 320 de 1970, del cual hacen parte las disposiciones acusadas, es reglamentario de la profesi�n de abogado. Sustituye a las Leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945. Su base constitucional, fuera del comentado art�culo 39, est� en el art�culo 40 de la Carta. El art�culo 1� determina el estatuto e inspira su estructura y desarrollo. Dice as�, en lo pertinente:

"La abogac�a tiene por misi�n social la defensa de los derechos de las personas y de la sociedad, para una cumplida administraci�n de justicia, en colaboraci�n con las autoridades en la preservaci�n y el perfeccionamiento del estado social de derecho".

"Como antecedente legal de la norma anterior esta el art�culo 1� de la Ley 67 de 1935, que ordena:

"Articulo 1� E ejercicio de la profesi�n de m�dico, abogado, ingeniero y sus semejantes, constituye una funci�n social (subraya la Corte). Los profesionales ser�n responsables civil y penalmente no solo por sus actos sino tambi�n por sus omisiones en el ejercicio profesional"

" Mas, una cosa es el ejercicio de una facultad constitucional como esta, y otra, el abuso de poder en que se pueda incurrir por virtud de este ejercicio, al traspasar los l�mites que fija no solo el precepto especifico sino tambi�n otros preceptos de igual categor�a" (G.J.T. cxxxvii bis, p 300).

1 El art�culo 23 de la Carta que proh�be la detenci�n arbitraria, garantiza la tranquilidad personal y la inviolabilidad del domicilio, nada tiene que ver con las normas impugnadas que se refieren a la profesi�n de abogado y a su ejercicio, en los t�rminos expuestos.

2 Igual cosa sucede respecto del art�culo 53 de la misma, que garantiza la libertad de conciencia, inciso 1�.

3 Y en cuanto a la violaci�n de los pactos internacionales, y entre ellos a los derechos civiles y pol�ticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, no encuentra la Corte que las normas sub judice est�n en oposici�n con sus preceptos, o pautas de conducta en los gobernantes para alcanzar la concordia internacional, protegiendo la libertad humana.

a) Los art�culos del Decreto numero 196 de 1971, materia de la demanda, no exceden las facultades extraordinarias que al Presidente de la Republica le confiri� la Ley 16 de 1968;

b) Igualmente, estas disposiciones no quebrantan los textos constitucionales indicados por el actor, ni otro alguno;

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional y o�do el Procurador General de la Naci�n,

art�culos 1�, 2�, 44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 y 64 del Decreto extraordinario numero 196 de 1971, " por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la Abogac�a".