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300Corte SupremaCorte Suprema30030008909LUIS SARMIENTO BUITRAGO197612/08/1976LUIS SARMIENTO BUITRAGO_1976_12/08/197630008909CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR El subsidio familiar no es salario sino prestación social; - No puede haber pago directo el patrono, ni es posible la exoneración del mismo para patronos obligados por ley. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago ). Aprobada acta número 26 de 12 de agosto de 1976. Bogotá, D. E., 12 de agosto de 1976. 1976
JAIME VIDAL PERDOMO"DECRETO NUMERO 062 DE 1976Identificadores30030008910true81591Versión original30008910Identificadores

Norma demandada:  "DECRETO NUMERO 062 DE 1976


CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

El subsidio familiar no es salario sino prestación social; - No puede haber pago directo el patrono, ni es posible la exoneración del mismo para patronos obligados por ley.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago).

Aprobada acta número 26 de 12 de agosto de 1976.

Bogotá, D. E., 12 de agosto de 1976.

El ciudadano Jaime Vidal Perdomo pide que mediante el procedimiento previsto para la acción de inexequibilidad se declaren inconstitucionales las siguientes disposiciones:

"DECRETO NUMERO 062 DE 1976

"por la cual se modifica la organización administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

"Artículo 27. Son funciones de la Dirección General de la Seguridad Social:

"f) Controlar administrativa .y fiscalmente a la instituciones de Previsión Social, a las Cajas de Compensación Familiar y a las Asociaciones de Cajas y sancionarlas por el incumplimiento de las normas legales, estatutarias o reglamentarias" (en la parte que establece control fiscal sobre las Cajas y Asociaciones de Cajas);

"g) Asistir por derecho propio a los Consejos, Juntas Directivas o Directorios de las instituciones sometidas a su control, la cual podrá delegar en funcionarios de su Dirección o de las Divisiones Departamentales de Trabajo y Seguridad Social" (en la medida que cobija a las Cajas y Asociaciones de Cajas);

"Artículo 28. Son funciones de la División de Estudio y Control de la Seguridad Social:

"d) Aprobar o improbar las actas de las Asambleas de afiliados y las de organismos directivos, de las Cajas de Compensación Familiar y Asociaciones de Cajas; Asociaciones de Cajas;

"e) Aprobar o improbar las solicitudes de pago directo de subsidio familiar y las que formulen los empleadores que quieran constituirse en aseguradores de sus trabajadores;

"f) Aprobar o improbar previo concepto de la Oficina de Planeación y Economía Laboral, las solicitudes de las empresas en lo referente a exoneración del pago del subsidio familiar y de los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje;

"g) Escoger de ternas elaboradas por las asambleas de afiliados el Revisor Fiscal para las Cajas de Compensación Familiar y Asociaciones de Cajas;

"i) Aprobar o improbar los planes de inversión y toda clase de negociaciones de bienes de propiedad de las instituciones de Previsión Social, Cajas de Compensación Familiar o Asociaciones de Cajas" (en la parte que establece la aprobación de toda clase de negociaciones de bienes de las Cajas y Asociaciones).

"Artículo 30, Son funciones de la Sección de Control de Cajas de Compensación Familiar:

"a) Ejercer el control administrativo y fiscal sobre las entidades, dependencias y asociaciones que manejen o distribuyan subsidio familiar sobre las inversiones, participaciones e intereses provenientes de los recursos de este subsidio'' (en cuanto establece un control fiscal sobre Cajas y Asociaciones);

"b) Elaborar proyectos de reglamentación sobre contabilidad y auditoría de las Caja de Compensación Familiar;

"c) Auditar las cuentas de las Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con la reglamentación adoptada;

"f) Estudiar y tramitar las solicitudes de pago directo de subsidio familiar;

"g) Estudiar y tramitar, las solicitudes que presenten las empresas en lo referente a exoneración del pago de subsidió familiar y de los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje;

"i) Estudiar los balances y revisar, aprobar o improbar las cuentas y demás informes financieros o económicos que están obligados a rendir las entidades sometidas a su control" (en la parte que establece la aprobación de cuentas y demás Informes financieros).

"Artículo 32. Son funciones de la Sección Legal:

"a) Conceptuar sobre la legalidad o validez de los actos de las entidades sometidas a control y vigilancia de la Dirección .General de la Seguridad Social;

"b) Reglamentar y autorizar la celebración de asambleas generales ordinarias o extraordinarias y resolver las demandas que contra éstas sean presentadas".

El actor señala como violados los artículos; 12, 32, 44, 55, 76-12 y 118-8 de la Carta. .

Aduce como razones de su acción, entre otras, las siguientes:

"Las disposiciones del Decreto 062 de. 1976 contemplan una intervención excesiva del Ministerio de Trabajo en la actividad de las Cajas de Compensación Familiar. Una vigilancia del Ministerio no sólo es legal, puesto que ellos pagan una prestación social y dicho Despachó tiene atribuciones para tal efecto, sino deseable ya que permite el mejor cumplimiento de su misión; las Cajas no la rehúyen porque manejan sus fondos dentro de un rígido cumplimiento de la ley y la circunstancia de ser sujetos pasivos de la vigilancia gubernamental da más confianza a su tarea. Pero la vigilancia estatal tiene los límites propios de su naturaleza, tiene que ser control, pero no puede convertirse en codirección, en coadministración, porque así se invade la órbita de la acción de personas privadas, se atenta contra la autonomía que tienen por ser personas jurídicas, se desborda la capacidad de acción del Estado-que es exterior- para que él entre a tomar papel en la vida interior de un ente privado, todo, lo cual es contrario a las reglas constitucionales que presiden las relaciones Estado-entidades de derecho privado. Dicho desbordamiento es mucho mayor si se tiene, en cuenta que se hace con ocasión del ejercicio de unas facultades extraordinarias para hacer, reorganización de los Ministerios, lo cual, naturalmente, no puede comprender a atribución de funciones de intervención estatal que la ley de facultades no autorizó".

"……………………………………………………………………………………………

"Conviene, entonces, examinar el contenido de las normas acusadas del Decreto-ley 062 de 1976 y el marco de las autorizaciones recibidas del legislador. Aquéllas versan sobre: control fiscal a las Cajas de Compensación y a las Asociaciones de Cajas y prevén la asistencia por derecho propio a los Consejos o Juntas Directivas del señor Director de la Seguridad Social o su delegado [artículo 27 f ) y g) ]; la aprobación o improbación de las actas de las asambleas de los afiliados y las de los organismos directivos lo mismo que las solicitudes de pago directo del subsidio familiar y da exoneración del pago, del mismo [.artículo 28, d), e) y f)]; la escogencia del Revisor Fiscal para las Cajas y Asociaciones de Cajas de ternas presentadas por las Asambleas de afiliados y la aprobación o improbación de toda clase de negociaciones de bienes de propiedad de las Cajas y Asociaciones [artículo 28, g) e), i)], la elaboración de proyectos de reglamentación sobre contabilidad y auditoría de las Cajas la auditoría de las cuentas de las misma [artículo 30, a), b) y c) ]; concepto sobre la legalidad o validez de los actos de las Cajas y Asociaciones y la reglamentación, y autorización de la celebración, de Asambleas Generales y resolución sobre las demandas que contra éstas sean presentadas [artículo 32 a) y b)].

"……………………………………………………………………………………….

"Surgen estas funciones de las autorizaciones que el Gobierno Nacional recibió de la Ley 28 de 1974 Evidentemente que no porque la Ley 28 de 1974 en la parte que concierne al análisis que se viene adelantando apenas facultó al Presidente de la República para: ´"Modificar la estructura de los Ministerios y Departamentos Administrativos, suprimiendo cargos y redistribuyendo funciones [artículo 1º a)]. La propia Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 9 de octubre de 1975 (Foro Colombiano, numero 77, noviembre de 1975, pág. 427), definió el alcance de las facultades extraordinarias cuando se refieren a modificación de estructura o revisión de la organización administrativa al decir que la asignación de competencias a los órganos de la Administración debe estar prefijada necesariamente en ley expresa si la de facultades no lo hace"... 'De lo anterior se deduce que si la ley de autorización se limita a facultar al Gobierno para revisar la organización administrativa nacional sin crear otras funciones generales o competencias determinadas, la revisión o distribución no pueden comprender sino las funciones propias de la administración o las creadas en leyes anteriores".

"…………………………………………………………………………………………..

"El artículo 44 de la Constitución permite formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas. Las Cajas de Compensación Familiar y en particular la que represento en esta demanda, tienen el carácter de corporaciones y así han sido reconocidas por el Ministerio de Justicia. Por su parte, el artículo 12 de la Constitución establece que la capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades' y demás personas jurídicas se determina por la ley colombiana. Tiene entendido la jurisprudencia que esta norma remite a los actos, del Congreso para la regulación de todos los asuntos atinentes a las personas jurídicas, como es el caso del Código de Comercio y el Civil que tienen títulos dedicados a este tema. Preceptos tales como los descritos en el punto a) del tema C sobre control fiscal a las Cajas de Compensación Familiar y asistencia de funcionarios del Ministerio a sus Juntas, la aprobación de toda suerte de negociaciones y la auditoria de las cuentas de las mismas quebrantan, evidentemente, el régimen de autonomía propio de las personas jurídicas para administrarse, le dan al Gobierno una calidad de codirector y coadministrador que pugna con ese principio de autonomía que los entes jurídicos tienen para manejar sus propios asuntos como consecuencia del derecho de asociación garantizado en el artículo 44.

Las mencionadas normas, sí pueden recaer sobre las personas jurídicas, hipótesis que no se discute en este momento, deben, en todo, caso, provenir de la ley, según el .articulo 12 de la Constitución Nacional, y no tener origen en acto diferente, como es un decreto-ley que no estaba facultado para expedirlas. Resultan así violados los artículo 44 y 12 de la Carta Fundamental.

"…………………………………………………………………………………………..

"El manejo de sus finanzas, si él se ajusta a las normas que sus autoridades se han dado, pertenece, en las entidades privadas, a ellas mismas y se lleva a cabo por medio de sus órganos estatutarios. Ellos ordenan los gastos y por medio de los revisores fiscales determinan, con la responsabilidad consiguiente, si el movimiento de fondos ha sido adecuado. No puede el Ministerio de Trabajo, so pretexto de vigilar el cumplimiento de las normas sobre subsidio familiar, penetrar en la actividad financiera de las entidades privadas. Así mismo no puede convertirse en coadministrador (articulo 27g) para entrar a formar parte de los Consejos o Juntas Directivas (función que no tiene la Contraloría respecto de entidades oficiales que vigila fiscalmente), ni para aprobar las actas de las asambleas u órganos directivos (articulo 28 d), ni toda clase de negociaciones (articulo 28 i), ni elaborar procedimientos de contabilidad y auditoría de las cajas (articulo 30d), ni reglamentar o autorizar la celebración de asambleas, pues todas estas son actividades internas de una persona jurídica privada distintas del cumplimiento del pago de una prestación social y que, por tanto, escapan al control externo gubernamental y se cumplen, como actividades administrativas internas que son , por medio de sus órganos estatutarios, sin ninguna otra injerencia. Con dichas normas no solamente se están violando los principios de autonomía de las personas jurídicas privadas garantizados en el artículo 44 y en el 12 de la Constitución Nacional, sino también se está excediendo por falta de mandato legal, los términos del artículo 32 de la Constitución Nacional, y pido que así sea declarado".

El procurador General encuentra atendibles en lo general los motivos de la acusación conceptuando que son exequibles los preceptos materia de la demanda.

En particular advierte:

"2. Conforme al artículo 63 de la Constitución en Colombia no habrá empleo que no tenga funciones detalladas en ley o en reglamento; y como, además de las facultades extraordinarias de que fue investido por la Ley 28, el Presidente de la Republica tiene las ordinarias que le atribuyen los articulos 120-21 y 132 de la misma Carta en cuanto al señalamiento de funciones especiales a los empleos de los Ministerios y a la distribución de negocios contra estos, los Departamentos Administrativos y los Establecimientos Públicos, es posible que con la expedición de los preceptos acusados, entendidos como una simple asignación de competencias, no se hubiera incurrido en violación del artículo 118-8 en relación con el 76-12 de la Carta, por exceso o desviación en el ejercicio de las facultades extraordinarias ya vistas.

"Pero consideradas en sí mismas y por "Pero consideradas en sí mismas y por su aspecto sustancial, es indudable que tales normas del Decreto numero 62 implican modificaciones en la organización y funcionamiento de las corporaciones de derecho privado denominadas Cajas de Compensación Familiar y de sus asociaciones, y en el régimen de una prestación social, legal el subsidio familiar, materias ambas ajenas a los ´asuntos administrativos ´ a que se refieren las facultades extraordinarias de la Ley 28"

Consideraciones:

1ª El subsidio familiar apareció como una creación espontanea de los patronos particulares a favor de sus trabajadores, a manera de auxilio a la familia y en consideración del número de hijos que el trabajador dependiente sostuviese económicamente; no fue inicialmente una imposición legal como ocurrió con otras prestaciones sociales fue un acto espontaneo los patronos para satisfacer su propósito de proteger la familia de los trabajadores dependientes en sus necesidades familiares más apremiantes.

Para precisar el carácter de esta prestación social; el Gobierno expidió el Decreto 180 de 1956 que dice: "El subsidio establecido o que establezcan las entidades, empresas o patronos del país, bien oficiales o particulares, no es salario ni se computará como factor del salario en ningún caso".'

Tal situación jurídica se reitera posteriormente en los Decretos 118 de 1957 (artículo 16) y 1091 de 1968 (artículo. 14) y subsiste aún.

En esta forma el subsidio voluntariamente concedido por los patronos, fue regulado y cubierto a los beneficiarios directamente por las respectivas empresas, por Cajas especiales organizadas también por los respectivos patronos.

2ª Este subsidio familiar fue establecido como obligación a cargo de determinados patronos particulares y de algunas entidades oficiales por el Decreto 118 de 1957, estatuto que a su vez ordeno a los patronos obligados, constituir corporaciones denominadas Cajas de Compensación Familiar o afiliarse a las existentes, con excepción de los que fueron autorizados para asumir directamente el pago. Las Cajas de Compensación familiar son entidades que por ministerio de la dey deben crearlos particulares con fines eminentemente sociales y sin ánimo de lucro.

3ª El subsidio familiar hace, parte de la seguridad social en cuanto tiende a la defensa integral de la familia y, por tanto, puede incluirse en la denominación genérica de las prestaciones sociales de los trabajadores. Así ha sido considerado en la legislación desde su establecimiento (D. 1521 de 1957, artículo 7º), y posteriormente por la Ley 58 de 1963 (artículos 8º y 9º ).

El Decreto 118 de 1957 (artículo 15), dispuso que los patronos deberían aumentar en un 10% los salarios de sus trabajadores si no comprobaban ante el Ministerio de Trabajo haber cumplido con el pago del subsidio familiar. También se encomendó a los inspectores nacionales del trabajo, la vigilancia y control del pago de esa presentación social (Decreto 1521 de 1957). La Ley 58 de 1963 facultó a dicho Ministerio para imponer sanciones a los patronos que incumplieran el pago. Cosa igual estableció copiosa legislación posterior.

Creadas las Cajas de Compensación Familiar como intermediarias para el pago del subsidio familiar, la vigilancia de esas entidades se inició con el Decreto 1649 de 1960.

El control de esas entidades fue asignado a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, entidad descentralizada, adscrita al Ministerio, de Trabajo y Seguridad Social, según los Decretos 1598 de 1963, 3134 y 3136 de 1968. Pero el Decreto 062 de 1976 las sustrajo del control de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, para trasladarlo a la Sección de Control de Cajas de Compensación Familiar, bajo la Dirección General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

4ª La Ley 28 de 1974 que contiene las facultades invocadas para expedir el Decreto 062, en la parte pertinente dice:

"Artículo 1º De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República, por el término de doce meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, de facultades extraordinarias en asuntos administrativos. En ejercicio de estas facultades podrá:

"a) Modificar la estructura de los Ministerios y Departamentos Administrativos, suprimiendo cargos y redistribuyendo funciones".

5ª Por el aspecto de temporalidad el Decreto 062 de 1976 (enero 16), se ciñe a las facultades que por el término de doce meses fueron concedidas en la Ley 28 de 1974, pues ésta fue promulgada en el "Diario Oficial" número 34244 de 28 de enero de 1976.

La precisión constitucional requerida se cumple igualmente en el texto de la ley: se trata de facultades administrativas para modificar la estructura de los Ministerios y Departamentos Administrativos, "suprimiendo cargos y redistribuyendo funciones". La modificación puede comprender todo lo referente á la organización y funcionamiento de las entidades dichas y de sus dependencias, dentro de la competencia que la Constitución señala para la Rama Administrativa o dentro de las funciones creadas por leyes anteriores,

En el caso de estas facultades extraordinarias, que han permitido la expedición del decreto parcialmente acusado, ellas se limitan a modificar la estructura de los Ministerios, suprimiendo cargos y redistribuyendo funciones. Por consiguiente las que no hayan sido creadas por ley anterior no pueden ser redistribuidas y las que tan sido suprimidas legalmente tampoco pueden entrar en vigencia de nuevo sin exceder las facultades.

6ª En este orden de conceptos, se tiene que no se encuentran en la legislación anterior las siguientes: la asistencia de funcionarios administrativos por derecho propio a los Concejos, Juntas Directivas o Directorios de las Cajas de Compensación o de Asociaciones de Cajas [articulo 27,literal g)], ni la facultad de aprobar o improbar toda clase de negocios de bienes de propiedad de las mismas Cajas de Compensación o Asociaciones de Cajas (artículo 28, literal i).

7ª Las funciones de los literales a) y b) del artículo 32, tienen amplios antecedentes en el Decreto 33134 de 1969, que daban a la División Legal de la Superintendencia las funciones de preparar normas reglamentarias encaminadas a asegurar el cumplimiento de las leyes sobre funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar, resolver sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de tales entidades, y la de revisar los proyectos de decretos¸ resoluciones o circulares que se relacionan con la Superintendencia para cumplimiento de sus fines. Resulta entonces que la norma demandada, aparte de trasladar una función preestablecida como ya se vio, tiene antecedentes inobjetables en las disposiciones que acaban de citarse.

Por otra parte, tratándose de que las Cajas de Compensación Familiar son entidades de naturaleza especialísima por que pueden y deben ser intervenidas por el Estado en atención a ser organismos destinados a manejar una línea muy importante de la política social, no tiene nada de institucional el hecho de que el organismo de control pueda reglamentar con arreglo a la ley las Asambleas Generales, dentro de una sana política de control, así como abrir la vía gubernativa conociendo y decidiendo las peticiones o demandas que se le formulen contra los actos que se cumplen en dichas Asambleas.

8ª La función o actividad para su correcto desarrollo requiere un control de igual naturaleza; este control lo realiza el Estado sobre sus propias instituciones por medio de órganos competentes. Las Cajas de Compensación Familiar están asimiladas legalmente a las instituciones de utilidad común y su control administrativo para que sus rentas sean debidamente aplicadas atañe al Presidente de la Republica (articulo 20-19).

Algo distinto es el control fiscal que en el orden de la Administración Pública corresponde a la Contraloría General de la Republica sobre todos los órganos de la Administración Nacional y sus entidades descentralizadas; este control se refiere al fisco exclusivamente (articulos 59 y 60 de la Constitución Nacional).

"El termino fiscal hay que entenderlo en su sentido obvio o sea como referente al patrimonio o a los intereses patrimoniales públicos, o si se quiere, como lo define el diccionario académico de la lengua "Tesoro Público, Hacienda Nacional, Erario" (Eustorgio y Mauricio Sarria. Derecho Administrativo. Publicaciones C.E.T.D.A., 1974, página 307).

El control económico, vigilancia o inspección de igual naturaleza de los bienes de estas entidades o corporaciones debe cumplirse por sus órganos estatutarios, con la inspección y vigilancia del Estado, pudiendo el Ministerio ejercer dicho control por conducto de los órganos estatutarios con las mismas entidades. O sea que el llamado control fiscal se refiere al económico de las mismas entidades privadas bajo la vigilancia del Estado.

9ª En cuanto a la exoneración del pago del subsidio familiar y el pago directo del mismo por determinadas empresas o patronos, se tiene:

a) El artículo 21 del Decreto 118 de 1957 permitió al Ministerio de Trabajo exonerar el pago del subsidio familiar a los patronos que demostraran que esa erogación ponía en peligro la estabilidad económica de su empresa; posteriormente las Leyes 58 de 1963 (artículo 5º) y 56 de 1973 (artículo 5), impusieron esa obligación a todos los patronos con capital superior a $50.000 sin contemplar posibilidad alguna de exoneración;

b) También d Decreto 118 de 1957 estableció que los patronos obligados a pagar el subsidio familiar deberían constituir Cajas de Compensación o afiliarse a las existentes para el pago del mismo; solamente permitió a los patronos de las empresas mineras, agrícolas y ganaderas, como también a las que tuvieran más de mil trabajadores a su servicio, asumir, directamente el pago de esa prestación social o constituirse en aseguradores de sus trabajadores. Posteriormente la Ley 69 de 1966 (artículo 2°), terminó el privilegio concedido a los patronos con más de mil trabajadores a su servicio, exceptuando solamente empresas mineras, agrícolas y ganaderas. Más tarde la Ley 56 de 1973 excluyó de este privilegio a los patronos de empresas mineras; y finalmente, el Decreto 2374 de 1974 (artículo 1º) expedido durante la emergencia económica; elimino totalmente el pago directo del subsidio familiar a partir del 1º de enero de 1975.

Por lo anterior, la exoneración del pago del subsidio familiar a los patronos obligados por ley, y la autorización del pago directo fueron eliminadas en la legislación vigente, por lo cual esta función inexistente no puede ser redistribuida.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio la Sala Constitucional y; oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Primero. Es INEXEQUIBLE el literal g) del artículo 27 del Decreto 062 de 1976 en cuanto faculta a la Dirección General de la Seguridad Social para "asistir por derecho propio a los Concejos, Juntas Directivas o Directorios" de las Cajas de Compensación Familiar y de las Asociaciones de Cajas.

Segundo. Son INEXEQUIBLES los literales d),e) y g) del artículo 28 del Decreto 062 de 1976 que dicen:.

"d) Aprobar o improbar las actas de las asambleas de afiliados y las de los organismos directivos dé las Cajas de Compensación Familiar y Asociaciones de Cajas;

"e) Aprobar o improbar las solicitudes de pago directo de subsidio familiar;

"g) Escoger de ternas elaboradas por las asambleas de afiliados el Revisor Fiscal para las Cajas de Compensación Familiar y Asociaciones de Cajas".

Tercero. Es INEXEQUIBLE el literal f) del artículo 28 del mismo decreto en cuanto faculta a la División de Estudios y Control de la Seguridad Social para "aprobar o improbar, previo concepto dé la Oficina de Planeación y Economía Laboral las solicitudes de las empresas en lo referente a exoneración del pago de subsidio familiar".

Cuarto. Es INEXEQUIBLE el literal i) del mismo artículo 28 en cuanto faculta a la División de Estudios y Control de la Seguridad Social para aprobar o improbar … toda clase de negociaciones de bienes de propiedad... de las Cajas de Compensación Familiar o Asociaciones de Cajas".

Quinto. Es INEXEQUIBLE el literal f) del artículo 30 del Decreto 062 de 1976 que dice: "Estudiar y tramitar las solicitudes de pago directo de subsidio familiar".

Sexto. Es INEXEQUIBLE el literal g) del mismo artículo 30 en cuanto faculta a la Sección de Control de Cajas de Compensación Familiar, para "estudiar y tramitar las solicitudes que presenten las empresas en lo referente a la exoneración del pago de subsidio familiar".

Séptimo. Son EXEQUIBLES: La parte del literal e) del artículo 28 que dice:

"y las que formulen los empleadores que quieran constituirse en aseguradores de sus trabajadores".

El literal f) del artículo 27 del mismo decreto. Los literales a), b), c) e i) del artículo 30; y los literales a) y b) del artículo 321 del mismo decreto.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y a la Superintendencia Nacional.de Cooperativas, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Alejandro Córdoba Medina,

Presidente;

Mario Alario D 'Filippo,

Jerónimo Argáez Castello,

Jesús Bernal Pinzón,

Aurelio Camocho Rueda,

José Gabriel de la Vega,

José María Esguerra Samper,

Germán1 Giraldo Zuluaga,

José Eduardo Gnecco C.,

Guillermo González Charry,

Gustavo ' Gómez Velásquez,

Juan Hernández Sáenz,

Juan Manuel Gutiérrez L.,

Álvaro Luna Gómez,

Humberto Murcia Ballén,

Alfonso Peláez Ocampo,

Luis Enrique Romero Soto,

Hernando Rojas Otálora,

Julio Salgado Vásquez,

Eustorgio Sarria,

Luis Sarmiento Buitrago,

Pedro Elías Serrano Abadía,

Ricardo Uribe Holguín,

José María Ve lasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.

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Salvamento de voto.

El suscrito Magistrado, Luis Sarmiento Buitrago a pesar de haber redactado la ponencia referente a los artículos 27, literales f) y g); 28 literales d), e), f), g) e i); 30, literales a), b), c), f), g) e i) y 32, literales a) y b) del Decreto 062 de 1976, en la demanda propuesta por el ciudadano Jaime Vidal Perdomo, salvo la consideración séptima (7a), expresa su respetuoso, disentimiento en esta parte motiva del fallo, por considerar inexequible el literal b) del artículo 32, por las siguientes razones:

En la legislación preexistente no se encuentra en parte alguna atribuida a ninguna entidad de control de organismos de seguridad social, la facultad de "autorizar la celebración de asambleas generales ordinarias o extraordinarias y resolver las demandas que contra éstas sean presentadas"; mucho menos para el caso específico de las Cajas de Compensación Familiar."

Estas son entidades de derecho privado autorizadas por la ley, que se rigen por sus propios estatutos y cuyo gobierno supremo son las Asambleas Generales de afiliados; en dichos estatutos debe aparecer la reglamentación respectiva sobre convocatoria de asambleas generales ordinarias o extraordinarias, oportunidad de celebrarlas, citación de los afiliados, y adopción de decisiones. Toda intervención externa al respecto vulnera la autonomía de estas entidades y, en el caso presente, excede las facultades legales.

Es de observarse en especial, que esta misma facultad fue concedida a la Superintendencia de Cooperativas, encargada de la vigilancia y control de los fondos, de empleados, sociedades mutilarías y entidades similares, en el Decreto 611 de 1974 [artículo 14, literal c)], facilitad que fue declarada inexequible en sentencia de la Corte Suprema fechada el 9 de octubre de 1975.

Resalta entonces una contradicción en la jurisprudencia: lo que es inexequible para la Superintendencia de Cooperativas deja de serlo para el Ministerio de Trabajo cuando controla las Cajas de Compensación Familiar, en tratándose de la! misma entidad de interés social.

Fecha ut supra.

Luis Sarmiento Buitrago.

Adherimos al anterior salvamento:

Alejandro Córdoba Medina,

Jerónimo Argaez Castello,

Juan Hernández Sáenz,

Ricardo Uribe,

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Salvamento de voto

Por cuanto la Nación, los Departamentos, los Municipios, el Distrito Especial de Bogotá y las Intendencias y Comisarías, pueden asumir directamente el pago del subsidio, familiar a que tienen derecho los empleados civiles y trabajadores oficiales según lo dispuesto, en los artículos 1º y. 2° de la Ley 58 de 1963, corroborado por el artículo 7º del Decreto 1004 de 1974, en cuanto fue sustituido por el artículo 1º del Decreto 1049 de 1974, considero que no ha desaparecido la función del Ministerio de Trabajo de conceder la respectiva autorización cuando se trata de dichas entidades de Derecho Público, como lo establece el artículo 8º de la citada Ley 58 de 1963. Por esta razón considero que es exequible, el ordinal e) del artículo 28 del Decreto 062 de 1976.

Fecha ut supra.

José Eduardo Gnecco C.