Sentencia 1299 de 1985

300Corte SupremaCorte Suprema300300086291299Pedro El�as Serrano Abad�a.198506/08/19851299_Pedro El�as Serrano Abad�a._1985_06/08/198530008629&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 55. Referencia : Proceso n�mero 1299. FECHA : Bogot�, D. E., agosto seis (6) de mil novecientos ochenta y cinco (1985). 1985

Luz Stella Montoya Mart�nez.Norma acusada: Inciso segundo del art�culo 10 de la Ley 4� de 1976 (sobre descuentos de cuotas de afiliaci�n de pensionados).Identificadores30030008630true81291Versi�n original30008630Identificadores

Norma demandada: �Norma acusada: Inciso segundo del art�culo 10 de la Ley 4� de 1976 (sobre descuentos de cuotas de afiliaci�n de pensionados).

Inexequible el inciso 2� del art�culo10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976.

1�. Decide la Corte sobre la acci�n de inexequibilidad presentada en ejercicio de la atribuci�n consagrada en el art�culo 214CONS_P86#214* de la Constituci�n por la ciudadana Luz Stella Montoya Mart�nez contra el inciso 2� del art�culo 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976.

2�. El texto literal del inciso acusado, que se subraya, y su contexto, son como siguen:

"Por la cual se dictan normas sobre materia pensional delos sectores p�blico, oficial, semioficial y privado, y se dictan otras disposiciones".

Art�culo 1�. Las empresas, entidades o patronos que satisfacen pensiones, est�n obligados, a solicitud de las respectivas organizaciones de pensionados, a recaudar, mediante las deducciones del caso, las cuotas de afiliaci�n, peri�dicas y extraordinarias con que los afiliados a ellas deben contribuir para su sostenimiento.

A los pensionados que no pertenezcan a organizaci�n alguna legalmente reconocida la cuota que se descuenta ser� del medio por ciento del valor de la pensi�n, sin que dicha cuota sea inferior a diez pesos ($ 10.00) mensuales y entregada a la organizaci�n de tipo nacional de la misma industria o entidad que el pensionado designe. Con todo, si transcurridos sesenta (60) d�as, contados a partir de la fecha en que el trabajador empiece a disfrutar de su pensi�n, �ste no decide a qu� organizaci�n o entidad deben pasar las cuotas, �stas ser�n entregadas autom�ticamente a la organizaci�n de tipo nacional de tercer grado del sector correspondiente.

3�. Al entender de la demandante el inciso acusado es violatorio del art�culo 44CONS_P86#44* de la Constituci�n, en el que se consagra la libre asociaci�n, que seg�n sentencias de febrero 20 de 1975 y de febrero 17 de 1976 consiste no s�lo en el derecho a asociarse sino a no hacerlo. Como por mandato del precepto demandado se obliga al pensionado a asociarse o a cotizar a una asociaci�n de car�cter netamente privado a la cual no pertenece ni ha querido pertenecer, imponi�ndosele as� un descuento sobre su pensi�n y, lo que es peor, sin recibir ninguna contraprestaci�n o compensaci�n por su erogaci�n, por no ser beneficiario de la respectiva asociaci�n, se quebranta el referido art�culo constitucional.

1�. En la vista fiscal se divide en dos partes el examen del inciso 2� acusado del art�culo 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976, para colegir que la primera es constitucional, en tanto que la segunda inconstitucional por contrariar al art�culo 30CONS_P86#30* de la Carta.

2�. Se estima que la primera parte, en la cual se ordena que respecto de los pensionados que no pertenezcan a organizaci�n alguna se descontar� una cuota del medio por ciento del valor de su pensi�n para entregarla a la organizaci�n que el propio pensionado designe, se ajusta a la Constituci�n porque es voluntaria la decisi�n del pensionado no s�lo para designar cu�l asociaci�n recibe la cuota sino si ninguna debe recibirla, caso en el cual toda la pensi�n debe entregarse a aqu�l.

Pero en cambio se considera que la segunda parte, en la que se dispone la entrega autom�tica de una parte de la pensi�n contra la voluntad del jubilado, por no haber tomado �ste la decisi�n dentro de un t�rmino perentorio, representa un descuento forzoso que desconoce el derecho a disponer de los bienes propios y los derechos adquiridos y quebranta por ende el art�culo 30CONS_P86#30* de la Carta.

Despu�s de haber sido devuelto el expediente con la vista fiscal por la Procuradur�a y hall�ndose el negocio en el despacho del magistrado sustanciador, los ciudadanos Jos� Bol�var Manjarr�s Barranco, Oscar Adave Moreno, Mill�n D�az Garc�a y Ernesto Forero Vargas, invocando su condici�n de dignatarios de la "Confederaci�n de Pensionados de Colombia", entregaron en la Secretar�a de la Sala Constitucional un memorial junto con algunos documentos y resoluciones del Ministerio de Trabajo, en el cual se impugna la demanda, se controvierte una parte del concepto de la Procuradur�a y se pide a la Corte declarar exequible el inciso acusado del art�culo 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976.

Tanto el escrito de impugnaci�n como los documentos anexos han sido incorporados al expediente.

Sin embargo, ya la Corte dej� definido con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo n�mero 1ACL01_79#1* de 1979, que �nicamente es procedente considerar por parte suya en juicios de exequibilidad la acci�n ciudadana directa contra las normas cuya competencia de juzgamiento le asigna el art�culo 214CONS_P86#214* superior, as� como los memoriales ciudadanos de impugnaci�n o coadyuvancia de constitucionalidad en los casos de control oficioso de decretos legislativos de estado de sitio o de decretos de emergencia econ�mica, pero no, como en este caso, las impugnaciones o coadyuvancias ciudadanas propuestas respecto de acciones de inconstitucionalidad (sentencia de mayo 27 de 1982, Proceso n�mero 916).

Aunque no lo menciona la Procuradur�a, se percata la Corporaci�n de la vigencia coet�nea, junto con la del inciso demandado, del art�culo 6L0042_82#6*� de la Ley 42 de 1982, "por la cual se determinan los grados de las organizaciones gremiales de los pensionados y se dictan otras disposiciones", el cual dice:

"Art�culo 6L0042_82#6*�. La cuota del medio por ciento del valor de la pensi�n, de que trata el inciso 2� del art�culo 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976, se descontar� obligatoriamente, cada mes, por las cajas de las empresas, entidades o patronos que pagan dichas pensiones. Estas cuotas ser�n entregadas de inmediato a la organizaci�n de tipo nacional de tercer grado, del sector correspondiente".

Es evidente la conexidad entre el inciso segundo acusado del art�culo 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976 y el art�culo 6L0042_82#6*� precedentemente transcrito y no demandado de la Ley 42 de 1982. Pero recuerda la Corte que la mera relaci�n de conexidad entre las normas demandadas y las no acusadas, o el eventual debilitamiento del fallo de m�rito que se llegue a derivar de que el principio normado en una y declarado inexequible se repita en otra no juzgada, no son causales que inhiban a la Corporaci�n para decidir de fondo sobre las acusadas, pues la denominada proposici�n jur�dica incompleta no se da apenas por comprobaci�n de conexidad o de potenciales y discutibles efectos nugatorios, sino por otras razones que, siguiendo reciente pero reiterada jurisprudencia, no corresponden al negocio en examen y que por econom�a en el relato no son del caso repetir (V. sentencia n�mero 22, de marzo 29 de 1984, Proceso n�mero 1115, y sentencia de septiembre 25 de 1984, Proceso n�mero 1192, una y otra correspondientes a diferidos pronunciamientos de fondo respecto de dos normas repetidas de un mismo decreto-ley: el literal a) del art�culo 43D3466_82#43*, la primera y la parte final del art�culo 3D3466_82#3*�, la segunda, ambos del Decreto 3466 de 1982).

Hace ver la Corte que de haber sido acusado solamente el art�culo 6L0042_82#6*� de la Ley 42 de 1982, si se habr�a configurado la proposici�n jur�dica incompleta en raz�n de que dicho precepto no es aut�nomo sino dependiente del 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976 aqu� demandado.

1�. El art�culo 30CONS_P86#30* de la Constituci�n garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los dem�s derechos adquiridos con justo t�tulo y arreglo a las leyes civiles, o sea todas aquellas que regulan las relaciones jur�dicas entre las personas particulares.

Aquella intangibilidad s�lo tiene como limitante el caso de conflicto entre el inter�s particular y el p�blico o general de la colectividad, donde aqu�l debe ceder ante este �ltimo por razones de necesidad social.

Uno de los tantos desarrollos que tiene el dicho principio es la potestad que tiene el legislador para establecer contribuciones, ya ordinarias (art�culo 43CONS_P86#43* de la Constituci�n) o ya extraordinarias (art�culo 76CONS_P86#76*, ordinal 14 de la misma Carta), para atender los requerimientos del servicio p�blico y dem�s actividades que le corresponden al Estado como sistema de organizaci�n jur�dica del conglomerado social. Pero de todos modos el producto de esas contribuciones ha de ingresar a las arcas fiscales, en la forma que la ley determine, para ser invertido, gastado o distribuido, como la misma ley disponga.

Nunca puede ser percibido un tributo por los particulares y para su propio e incondicional beneficio, porque ello no lo permite nuestra Carta Fundamental dentro de su tutela a los derechos de los gobernados.

2�. Es conocido que los trabajadores al cabo de cierto tiempo de servicios y de cumplir determinada edad, adquieren el derecho a percibir del Estado, del empresario particular o del sistema de la seguridad social una pensi�n de retiro, llamada algunas veces de jubilaci�n y otras de vejez.

Se trata, pues, en esta hip�tesis de un derecho adquirido por persona particular, con t�tulo justo y acomodado a la ley que merece el amparo consagrado por el art�culo 30CONS_P86#30* de nuestra Constituci�n Pol�tica.

La consecuencia pecuniaria del derecho a pensionarse es el percibir mes por mes una determinada cantidad de dinero, de la cual el pensionado es due�o indiscutible y, por ende, tiene potestad para disponer de ella a su albedr�o, como todo propietario particular, salvo en lo que ata�e a grav�menes fiscales, cuando la ley los crea, y a la cotizaci�n obligatoria para el r�gimen de la seguridad social, con el fin de gozar del amparo asistencial que �ste le brinda y que constituye justa retribuci�n al aporte hecho por el jubilado.

Este derecho de propiedad sobre el valor de las mensualidades tiene para el titular de la pensi�n correspondiente la garant�a que consagra el art�culo 30CONS_P86#30* de la Constituci�n.

3�. A su vez, el art�culo 44CONS_P86#44* de la Carta Pol�tica autoriza a los particulares para formar o crear entes jur�dicos destinados a realizar actividades l�citas, cuyas finalidades concretas las determinan los mismos asociados al adoptar los estatutos de la respectiva persona jur�dica.

Este es el llamado derecho de asociaci�n que, seg�n lo ha reconocido la Corte, no s�lo consiste en la posibilidad de organizar personas morales o de afiliarse a ellas, sino tambi�n en la libertad de abstenerse de hacerlo, por lo cual son contrarios al dicho texto de la Carta todos los sistemas, procedimientos o formas de compeler a las gentes para que ingresen o se retiren como componentes de aquellas entidades o que obliguen a prestarles servicios, a apoyarlas econ�micamente o a favorecerlas en sus intereses institucionales particulares a personas que no hagan parte o no est�n afiliadas a los dichos entes morales.

4�. El art�culo 10L0004_76#10*, inciso 1�, de la Ley 4� de 1976, ahora acusado por inconstitucionalidad, establece un descuento del medio por ciento, sin bajar de diez pesos mensuales, sobre el valor de las pensiones recibidas por sus titulares que no est�n afiliados a ninguna organizaci�n de pensionados, a los cuales s�lo les permite, como �nica alternativa, escoger aquella organizaci�n, de la cual no forman parte, que sea la beneficiaria del dicho descuento forzoso.

Establece, pues, tal inciso un tributo en favor de las asociaciones de pensionados, personas jur�dicas privadas y constituidas por particulares para el propio y exclusivo beneficio de sus afiliados, ya que la ley no les impone a esas entidades ninguna obligaci�n en beneficio de la generalidad de los pensionados.

Entonces, de acuerdo con lo expuesto al principio, el texto acusado vulnera los art�culos 30CONS_P86#30* y 44CONS_P86#44* de la Constituci�n por cercenarle al jubilado parte de sus mensualidades pensionados, con desconocimiento de su derecha de propiedad sobre ellas y por hacerlo contribuir forzosamente con parte de su peculio a los fondos de organizaciones particulares de las cuales tiene pleno derecho a no formar parte, dentro de la garant�a a la libertad de asociaci�n".

Como consecuencia de lo cual, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previa la audiencia del Procurador y el correspondiente estudio de la Sala Constitucional, y en ejercicio de la atribuci�n segunda del art�culo 214CONS_P86#214* de la Constituci�n,

DECLARAR INEXEQUIBLE, por ser contrario a la Constituci�n, el inciso 2� del Art�culo 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976, que dice: "A los pensionados que no pertenezcan a organizaci�n alguna legalmente reconocida la cuota que se descuente ser� del medio por ciento del valor de la pensi�n, sin que dicha cuota sea inferior a diez pesos ($10.00) mensuales y entregada a la organizaci�n de tipo nacional de la misma industria o entidad que el pensionado designe. Con todo, si transcurridos sesenta (60) d�as, contados a partir de la fecha en que el trabajador empiece a disfrutar de su pensi�n, �ste no decide a qu� organizaci�n o entidad deben pasar las cuotas, �stas ser�n entregadas autom�ticamente a la organizaci�n de tipo nacional de tercer grado del sector correspondiente".

C�piese, inf�rmese al Congreso y al Gobierno, comun�quese, publ�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Discrepamos de la decisi�n mayoritaria de la Sala Plena, conforme a la cual se declar� INEXEQUIBLE el precepto de la referencia, ya que a nuestro juicio dicho inciso se ajusta a la Constituci�n y ha debido ser declarado EXEQUIBLE de acuerdo con la ponencia un�nime que hab�a elaborado la Sala Constitucional, y cuyas consideraciones eran las siguientes:

1�. Tanto en la doctrina constitucional general atinente a la raz�n de ser y a la organizaci�n y funcionamiento del Estado de Derecho edificado con instituciones democr�ticas y pluralistas, como tambi�n en la propia normatividad constitucional colombiana ce�ida a aquella doctrina, correspondientes ambas adem�s a los principios ecum�nicos de las Declaraciones Universales de Derechos, se plasman hoy con fuerza positiva y jer�rquica superior los "derechos colectivos econ�micos y sociales" o "garant�as sociales" seg�n los denomina la Carta en su Titulo III, como facultades aut�nomas y especialmente protegidas y diferentes respecto de los tradicionales "derechos privados e individuales", llamados tambi�n "derechos civiles" por el Constituyente nacional en el mismo T�tulo III.

Sin duda, una de aquellas "garant�as sociales" es el trabajo, considerado no s�lo como derecho o libertad de escogencia de su forma, oficio, profesi�n o actividad (arts. 39CONS_P86#39* y 44CONS_P86#44* C. N. ), sino adem�s como "deber social" {art. 16CONS_P86#16* C. N. ) o como "obligaci�n social" (art. 17CONS_P86#17* C. N.) que contribuye al cumplimiento de los fines de la sociedad pol�tica y del ser humano dignificado por y en ella.

Dicha garant�a social constitucional es a�n m�s s�lida en cuanto se refiere al trabajo dependiente, o sea el de las clases trabajadoras o "proletarias" (art. 32CONS_P86#32* C. N. ). Seg�n lo consagra la Carta, despu�s de la reforma constitucional de 1936, en su art�culo 16CONS_P86#16*, las autoridades est�n instituidas no s�lo para proteger los tradicionales derechos civiles e individuales, sino adem�s expresamente para "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares", por lo cual, bajo el mandato de su art�culo 17CONS_P86#17* se tiene que "el trabajo es una obligaci�n social y gozar� de la especial protecci�n del Estado", y conforme al 18CONS_P86#18* se dispone que "se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios p�bl

Para todo lo cual el Constituyente le entrega tambi�n al Estado en el art�culo 32CONS_P86#32* de la Carta la facultad-deber social de intervenir por medio o por mandato de la ley "en la producci�n, distribuci�n, utilizaci�n y consumo de los bienes", es decir, que en el mentado art�culo 32CONS_P86#32* se instituye el intervencionismo del Estado en el proceso econ�mico y social y adem�s con el fin, entre otros, de "dar pleno empleo a los recursos humanos... dentro de una pol�tica de ingresos y salarios... conforme a la cual el desarrollo econ�mico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento arm�nico e integrado de la comunidad, y de los clases proletarias en particular", habida consideraci�n por otra parte de que, seg�n el art�culo 30CONS_P86#30*, "la propiedad es una funci�n social que implica obligaciones".

Es entonces bajo la �gida del precedente contexto normativo constitucional de debida protecci�n a la garant�a social del trabajo, como debe examinarse de manera primordial la disposici�n parcialmente acusada, y no s�lo mirando por la rendija que queda respecto del derecho al trabajo en el campo del �mbito meramente individual y privado, el cual, aunque sigue siendo �til y valioso factor determinante de la raz�n de ser del sistema en que se apoya el orden institucional vigente, resulta sin embargo insuficiente y algo ajeno, aunque nunca antag�nico sino apenas complementario, frente a la noci�n y al tratamiento de los derechos colectivos o sociales, los cuales, claro est�, contin�an siendo entendibles como predicamento del ineludible presupuesto que los sigue justificando y explicando: la propiedad privada como funci�n social (art. 30CONS_P86#30*), la libertad de empresa y la iniciativa privada limitadas (art. 32CONS_P86#32*) y la primac�a del bien com�n (art. 32CONS_P86#32*).

2�. De consiguiente, de acuerdo con el anterior an�lisis, con la mira puesta no s�lo en el derecho individual sino en el derecho colectivo del trabajo, hallase que frente a los mandatos constitucionales precedentes es constitucional el inciso 2� acusado del art�culo 10L0004_76#10* de la Ley 4� de 1976. Ati�ndase adem�s que la condici�n de los pensionados se deriva de su situaci�n social de trabajadores, pues s�lo �stos adquieren aqu�lla.

En el Estado Social de Derecho la seguridad social es obligatoria; mas no es exclusiva de aqu�l, pues puede ser asumida total o parcialmente tambi�n por los particulares (v. gr. como lo dispuso la Ley 90 de 1942 en sus art�culos 6L0090_42#6*� y 9L0090_42#9*�) .

Sea que el Estado decida por medio de ley asumir directamente la seguridad social o deferir su prestaci�n a los particulares aunque bajo la vigilancia de aqu�l, en ambas formas est� actuando en cumplimiento de uno de los deberes sociales que la Constituci�n le asigna (art. 16CONS_P86#16*).

Por lo tanto las Asociaciones de Pensionados que el Estado reconoce por medio de ley, no son organismos meramente privados sino de naturaleza social y con finalidades de utilidad o de bien com�n, encargados seg�n sus estatutos acordes con la ley, de cumplir un servicio a los pensionados, respaldado por el Estado.

Seg�n el primero, al pensionado que no pertenezca a organizaci�n alguna legalmente reconocida, la empresa o el patr�n pensionante le descontar� una cuota equivalente al medio por ciento, nunca inferior a diez pesos mensuales, del valor de la pensi�n y la entregar� a la organizaci�n de pensionados de car�cter nacional que aqu�l designe. Conforme al segundo, si han transcurrido sesenta d�as luego de que el trabajador pensionado y no afiliado haya recibido su pensi�n y �ste no decide a cu�l organizaci�n o entidad de pensionados debe pasar la cuota de descuento del medio por ciento sobre su pensi�n, entonces, dichas cuotas se entregar�n autom�ticamente a la organizaci�n de tipo nacional de tercer grado del sector correspondiente, o sea, a una confederaci�n de pensionados (art. 3L0042_82#3*�, Ley 42 de 1982, declarado EXEQUIBLE en lo demandado mediante sentencia n�mero 98 de 1� de diciembre de 1983, Proceso n�mero 1091).

Desp�jase en primer t�rmino el equ�voco en que se sustenta la demanda y que se acept� por la Sala Plena: en realidad no se trata ni en el primero ni en el segundo supuesto de obligar al pensionado a asociarse o a afiliarse a organizaci�n alguna, ni de primer grado, ni de segundo grado o federada, ni de tercer grado o confederada, de pensionados. No se quebranta as� el art�culo 44CONS_P86#44* de la Constituci�n. A lo que se obliga a los patronos y a las empresas pensionantes en los dos casos es a descontar una cuota sobre la pensi�n del jubilado, no con el prop�sito de afiliarlo a la fuerza, sino de poder cumplir con el mandato legal de apoyar y sostener las asociaciones de pensionados, tanto del sector p�blico como privado, que tienen como finalidad, conforme a otras normas con fuerza legal vigentes, contribuir a la protecci�n y asistencia que, seg�n los art�culos 16CONS_P86#16*, 17CONS_P86#17*, 30CONS_P86#30* y 32CONS_P86#32* de la Carta, el Estado le debe al trabajador pensionado, agrupando esfuerzos correspondientes a un derecho que por mandato de la misma en los referidos preceptos, es por esencia colectivo y social y no exclusivamente individual y particular.

T�ngase presente por otra parte que la ley s�lo reconoce aquellas asociaciones de pensionados cuyo cometido sea la asesor�a y asistencia de los trabajadores jubilados para obtener en su beneficio justa, reajustada y pronta pensi�n, para velar porque se cumpla con la debida seguridad social y prestacional del asistido, al que adem�s aquellas le ofrecen si quiere, ah� s� cuando se asocie, oportunidades adicionales de vivienda, ahorro, pr�stamos, desarrollo cooperativo y recreaci�n.

No s�lo se infringe con el acusado el art�culo 44CONS_P86#44* de la Carta porque no se est� obligando al afiliado a asociarse ni se le est� impidiendo que lo haga, sino que fuera de cumplirse con todos los mandatos constitucionales que de la manera anteriormente examinada se se�alan en los art�culos 16CONS_P86#16*, 17CONS_P86#17*, 30CONS_P86#30*, 32CONS_P86#32* y 39CONS_P86#39* de la Carta, tampoco se transgrede el 30, puesto que lo que la ley ordena en dicho inciso, en aras de su cometido, es apenas pagar una especie de "seguro de pensi�n" en beneficio de los intereses y derechos sociales del propio jubilado, quien aislado y sin protecci�n dif�cilmente puede hacerlos valer. Es una especie de contribuci�n que se paga por mandato directo del legislador a asociaciones encargadas de velar por los derechos del jubilado. Es un servicio p�blico de asistencia prestado por entidades de origen legal bajo la vigilancia y protecci�n del Estado. No hay entonces quebranto al derecho de propiedad del pensionado.

Por las anteriores consideraciones el precepto ha debido ser declarado EXEQUIBLE, y como no fueron aceptadas, las dejamos en constancia de nuestro disentimiento.