Sentencia 1141 de 1984

300Corte SupremaCorte Suprema300300085751141Manuel Gaona Cruz198407/06/19841141_Manuel Gaona Cruz_1984_07/06/198430008575&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA SENTENCIA N�MERO 46. REFERENCIA : Proceso n�mero 1141. FECHA : Bogot�, D. E., junio siete (7) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) 1984

C�sar Castro PerdomoDisposiciones acusadas: Ley 51 de 1983, "por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos d�as festivos".Identificadores30030008576true81194Versi�n original30008576Identificadores

Norma demandada: �Disposiciones acusadas: Ley 51 de 1983, "por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos d�as festivos".

Exequible la Ley51L0051_83#1* de 1983. En relaci�n al tr�mite seguido en su formaci�n la Corte remite a sentencia del 24 de mayo de 1984.

El ciudadano C�sar Castro Perdomo, en ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214CONS_P86#214* de la Constituci�n pide a la Corte que declare inexequible la Ley 51L0051_83#1* de 1983, tanto por vicios de fondo como de forma o tr�mite.

"Art�culo 1�. Todos los trabajadores, tanto del sector p�blico como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes d�as de fiesta de car�cter civil o religioso; primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, adem�s de los d�as Jueves y Viernes Santos, Ascensi�n del Se�or, Corpus Christi y Sagrado Coraz�n de Jes�s.

"2�. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensi�n del Se�or, Corpus Christi y Sagrado Coraz�n de Jes�s cuando no caigan en d�a lunes se trasladar�n al lunes siguiente a dicho d�a.

"Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso remunerado igualmente se trasladar� al lunes. ;

"3�. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los d�as festivos, se reconocer�n en relaci�n al d�a de descanso remunerado establecido en el inciso anterior.

"Art�culo 2�. La remuneraci�n correspondiente al descanso en los d�as festivos se liquidar� como para el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por falta al trabajo.

"Art�culo 3�. La presente Ley modifica el art�culo 177C_SUSTRA#177* del C�digo Sustantivo del Trabajo, la Ley 37L0037_05#1* de 1905, la Ley 57L0057_26#1* de 1926, la Ley 35L0035_39#1* de 1939 y la Ley 6L0006_45#1*� de 1945.

"Dada en Bogot�, D. E., a los seis d�as del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres".

A juicio del actor, la ley acusada es violatoria de los art�culos 53CONS_P86#53*, 76-1CONS_P86#76* y 2, y 88CONS_P86#88* de la Constituci�n, seg�n los argumentos que siguen:

1.- Conforme al art�culo 53CONS_P86#53* de la Carta, los convenios celebrados entre Colombia y la Santa Sede se celebrar�n y aprobar�n "sobre bases de rec�proca deferencia mutuo respeto" y seg�n el art�culo III del Concordato vigente, aprobado por la Ley 20L0020_74#1* de 1974, "la legislaci�n can�nica es independiente de la civil y no forma parte de �sta, pero ser� respetada por las autoridades de la Rep�blica". En consecuencia, dado que seg�n el texto de la "Conferencia Episcopal de Colombia, XXXIX Asamblea Plena del Episcopado", que tuvo lugar entre el 4 y el 14 de julio de 1983, fueron eliminados algunos d�as festivos (los de San Jos�, San Pedro y San Pablo, Asunci�n de la Virgen Mar�a y todos los Santos), que sin embargo revivieron por virtud de la Ley 51L0051_83#1* de 1983 que se acusa, expedida con posterioridad a aquella Conferencia, se irrespet� la independencia de la legislaci�n can�nica frente a la cita y por lo tanto se desconoci� el art�culo III del Concordato y con ello se quebrant� el art�culo 53CONS_P86#53* del Estatuto Superior.

2.- Dispone el art�culo 76-1CONS_P86#76* de la Carta que es funci�n del Congreso "interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes" y el 76-2CONS_P86#76* que aqu�l tiene tambi�n la de expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones". Pero el Congreso al ejercer sus atribuciones "debe hacerlo con �tica", sin faltar a la verdad ni apartarse de la realidad de las cosas, y en este caso el legislador est� faltando la verdad material al reconocer como fiestas de precepto religioso para ser trasladadas a los d�as lunes, unas que no lo son para la Iglesia Cat�lica.

3.- Arguye finalmente el demandante que frente al art�culo 88CONS_P86#88* de la Constituci�n, cuando se formulen objeciones presidenciales a un proyecto de ley que modifique un c�digo, como el del Trabajo, su rechazo por el Congreso debe hacerse por los dos tercios de los votos de los que compongan la respectiva C�mara o Comisi�n y sin embargo la mayor�a exigida para el rechazo a las objeciones presidenciales contra la acusada ley no se cumpli�. Para comprobar la veracidad de su afirmaci�n pide a la Corte solicitar al Congreso los antecedentes del mentado proyecto de ley.

4.- Mediante escrito presentado personalmente ante la Secretar�a de la Sala Constitucional de la Corte, el Senador Raimundo Emiliani Rom�n sostiene sus puntos de vista jur�dicos tendientes a desvirtuar los cargos de inconstitucionalidad que tanto por pretendidos vicios de forma como por argumentos de fondo formul� el demandante, y concluye solicitando a esta Corporaci�n que declare exequible la Ley 51L0051_83#1* de 1983.

1.- Observa ante todo la Corte que algunos de los argumentos suscritos por el se�or Procurador corresponden m�s a una vehemente cr�tica contra recientes fallos de la Corte sobre tratados, que al examen de constitucionalidad que nos ocupa, por lo cual se desestimar�n en aquello que no sea pertinente y s�lo ser�n registrados los que se refieran a la demanda.

2.- En relaci�n con la alegada inconstitucionalidad por vicios de tr�mite, luego de detallado an�lisis sobre las pruebas aportadas, llega a la conclusi�n de que no se viol� el art�culo 88CONS_P86#88* de la Carta, en raz�n de que tanto el Senado como la C�mara subsanaron el inicial rechazo a las objeciones revoc�ndolo y reafirmando mediante los correspondientes dos tercios de los votos de los integrantes de cada C�mara su voluntad de expedir la Ley acusada, lo cual est� permitido "de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 328 y 336 del Reglamento interno de aqu�llas, respectivamente (C�mara y Senado), y 88CONS_P86#88* de la Constituci�n Pol�tica, obteniendo la mayor�a calificada que le permiti� rechazar las objeciones presidenciales".

"El universo normativo constituye un sistema de garant�as y no un boceto para una rep�blica a�rea petrificada en r�gidos esquematismos, inoperantes abstracciones o falsas presunciones.

"Los principios constitucionales no son axiomas para la construcci�n de una geometr�a jur�dica sino valores a partir de los cuales debe conciliarse la realidad con una filosof�a pol�tica definida por el constituyente".

3.- Tampoco se viola el art�culo 53CONS_P86#53* de la Carta por no respetarse con la Ley acusada el Concordato porque:

"en Colombia ning�n precepto constitucional autoriza para que las disposiciones adoptadas por una ley aprobatoria de Tratado tengan Primac�a sobre la legislaci�n interna, como, sin fundamento a nuestro juicio, lo sostiene la Corte".

"..... la honorable Corte Suprema, seg�n la Constituci�n, tiene una competencia clara para ejercer el control de constitucionalidad sobre leyes aprobatorias de 'Tratados, pero, desde luego, es indispensable observar que dicha competencia se refiere a la 'guarda de la integridad de la Constituci�n' y no a la guarda de la integridad de los Tratados...".

Sin embargo, en clara contradicci�n con lo afirmado antes, m�s adelante afirma:

"...... Inclusive, en muchos pa�ses, como en Francia, por ejemplo, la jurisprudencia y la doctrina rechazan la posibilidad de que los Tribunales judiciales entren a interpretar Tratados que envuelven cuestiones de orden p�blico internacional......":

"En conclusi�n de lo expuesto... a la Corte Suprema no le corresponde precisar definitivamente el alcance de los compromisos internacionales del Estado Colombiano y al hacerlo estar�a asumiendo una competencia del Jefe del Estado, interfiriendo el manejo de las relaciones internacionales del pa�s...".

4.- No se refiere el Procurador a los cargos de violaci�n de los ordinales 1� y 2� del art�culo 76CONS_P86#76* de la Carta.

5.- Concluye con la solicitud ante la Corte de que "declare exequible la Ley 51L0051_83#1* de 1983".

1.- Se demanda una Ley, la 51L0051_83#1* de 1983, tanto por vicios en su tr�mite como por razones de fondo. De acuerdo con la atribuci�n segunda del art�culo 214CONS_P86#214* de la Constituci�n, esta Corporaci�n es competente para decidir sobre la exequibilidad de aqu�lla.

2.- Mediante fallo reciente de mayo 24 de 1984 (Proceso n�mero 1124), con ponencia de los Magistrados Alfonso Pati�o Rosselli y Manuel Gaona Cruz, est� Corporaci�n decidi� en relaci�n con la acusaci�n formulada por vicios de forma contra la Ley 51L0051_83#1* de 1983, lo siguiente:

"Declarar exequible, �nicamente en relaci�n con el tr�mite seguido en su formaci�n, la Ley 51L0051_83#1* de 1983 'Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos d�as festivos"

De consiguiente, no obstante que para este Proceso fueron tambi�n decretadas, practicadas y aportadas en tiempo y obran en el Expediente, todas las pruebas pedidas y otras m�s, en relaci�n con los tr�mites de discusi�n, de aprobaci�n y expedici�n de la ley, y, de objeciones presidenciales, tanto ante el Senado y la C�mara, como ante la Secretar�a General de la Presidencia de la Rep�blica, cosa que tambi�n se efectu� respecto del Proceso que dio lugar a la sentencia cuya parte resolutiva fue precedentemente transcrita, esta Corporaci�n estar� a lo resuelto en ella en relaci�n con la petici�n de pronunciamiento sobre vicios de forma.

Recu�rdase que la Corte encontr� que no se hab�a violado el art�culo 88CONS_P86#88* de la Carta sino que por el contrario, en conciliaci�n con lo previsto en la parte final del art�culo 81CONS_P86#81* de la misma, habi�ndose dado aplicaci�n a lo prescrito en los art�culos 275-2 del Reglamento de la C�mara y 336-2 del Reglamento del Senado, son revocables por dichas c�maras sus propias decisiones, previo acuerdo mutuo, y por ende las de rechazo a objeciones presidenciales por falta de oportuna y suficiente mayor�a, estando en tiempo para hacerlo, como lo estaban para entonces el Senado y la C�mara, y que en cambio no eran aplicables al caso los art�culos 276 y 337 de los mismos y correspondientes reglamentos, que ordenan reiniciar tr�mite, por incompatibles con la referida parte del art�culo 81CONS_P86#81* de la Carta y por estar relacionados con proposiciones o proyectos legislativos que hayan sido rechazados en cualquier debate o hayan quedado pendientes en sesiones de otra legislatura, y no con rechazos por mayor�a insuficiente a objeciones presidenciales.

3. Pero aparte de la declaratoria de exequibilidad de la Ley 51L0051_83#1* de 1983, que en lo relativo a su tr�mite ya hizo tr�nsito de "cosa juzgada", corresp�ndele ahora a la Corte examinar la constitucionalidad de la misma ley por razones de fondo.

Halla esta Corporaci�n que dicha Ley se ajusta tambi�n a la Constituci�n en cuanto a su contenido y ser� declarada exequible, por las razones que se sustentar�n a continuaci�n.

4.- El Juez de Constitucionalidad ya ha dejado claramente definido su papel en cuanto al juzgamiento constitucional de leyes frente a otras aprobatorias de tratados, en sus sentencias de febrero 27 de 1975 (G.J. Nos. 2393/94, T. CLII y CLIII, pgs. 33 y 34, Magistrado Ponente, doctor Jos� Gabriel de la Vega), de 1� de diciembre de 1983 (Proceso No. 1091, Magistrado Ponente, doctor Carlos Medell�n) y de febrero 13 de 1984 (Proceso No 1100). En �sta �ltima, con ponencia de quien sustancia la presente. en la que se retom� en buena parte la jurisprudencia de las anteriores, que ahora sustenta y proh�ja de nuevo la Corte, se expres�:

"4. Naturalmente, la Corte no ha dado ni pretende darle rango constitucional a las normas aprobatorias de tratados internacionales.

"Con toda, esta Corporaci�n ya tiene establecido y ahora lo reafirma, que cuando se acusan disposiciones de orden legal por modificar o derogar preceptos de una ley aprobatoria de un tratado, se hace indispensable el control de constitucionalidad de aqu�llas frente a las exigencias se�aladas en los art�culos 76-18CONS_P86#76* y 120-9CONS_P86#120* y 20 de la Constituci�n".

"Ha sostenido adem�s y lo reitera, que hay cierto tipo de leyes, como las aprobatorias de tratados o las org�nicas, que aun cuando no tienen categor�a constitucional, sin embargo ocupan una jerarqu�a superior a la de las otras leyes".

"Para la Corte es claro entonces que cuando una norma con fuerza legal contradice otras que seg�n mandato de la Constituci�n deben ser respetadas por aqu�lla en su materia o en su procedimiento, tales cono la ley org�nica de presupuesto, o las de tr�mite de discusi�n y aprobaci�n de las leyes, o las aprobatorias de tratados internacionales, la transgresi�n de las previsiones contenidas en todas �stas acarrea la violaci�n de los preceptos constitucionales en los que se ordena su ce�imiento a ellas, pero no por virtud de que las leyes referidas tengan rango constitucional, sino porque la Carta ordena obedecerlas".

Obviamente, esta Corporaci�n deja claramente advertido que la mera conformidad entre una disposici�n legal acusada y un tratado-ley frente a los art�culos 76-18CONS_P86#76* y 120-20CONS_P86#120* de la Carta, no equivale de suyo a purga de inconstitucionalidad o a presunci�n de exequibilidad de la acusada, ni exonera por lo tanto a la Corte del deber de examinarla y confrontarla a la luz de los dem�s mandatos constitucionales y de tener que declararla inexequible cuando encuentre que por razones o violaciones distintas atente contra la Constituci�n, pues ya se ha dicho de manera clara que los tratados leyes no tienen rango constitucional y por lo tanto no amparan por su naturaleza inconstitucionalidades que se deriven del desarrollo de sus preceptos".

La mera lectura comparativa de lo precedentemente transcrito del citado fallo de la Corte, que ahora se afirma de nuevo, con los comentarios que sobre el mismo se hacen en la Vista Fiscal y que se relatan en el numeral 3 del Ac�pite III de esta providencia, relevan a la Corporaci�n de cualquiera consideraci�n adicional.

5.- Pero en cambio, atendido el precedente presupuesto, "la Corte debe examinar la argumentaci�n del actor, quien alega que por no haber sido tenido en cuenta por el Congreso el Concordato al expedir la Ley acusada, se viol� el art�culo 53CONS_P86#53* de la Carta en el que s�lo se permite la modificaci�n de dicho tratado "sobre bases de rec�proca deferencia y mutuo respeto" y no en forma unilateral por el Estado. Sin embargo, no prosperan las pretensiones del demandante por las siguientes razones:

a). Porque en el Tratado-ley Concordatorio, aprobado por la Ley 20L0020_74#1* de 1974, no existe estipulaci�n espec�fica alguna sobre cu�les son los d�as festivos religiosos para los colombianos, ni sobre los festivos no religiosos, ni sobre el r�gimen laboral de los d�as de descanso remunerado;

b). Porque de existir alguna regulaci�n al respecto habr�a que entenderla como exclusivamente vinculante para los colombianos y residentes en Colombia cat�licos, mas no para los que no lo sean, y �nicamente respecto de los d�as festivos de car�cter religioso y no de los dem�s festivos, no s�lo porque en el propio art�culo 53CONS_P86#53* de la Constituci�n se garantizan las libertades de conciencia y de cultos; sino porque conforme al art�culo Q1� del mismo Concordato, se sienta el siguiente mandato, acorde con la Carta: "El Estado garantiza a la Iglesia Cat�lica y a quienes a ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las dem�s confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano".

Esto quiere decir, llanamente, que la regulaci�n laboral de los d�as festivos corresponde al Estado y no a la Iglesia, sin perjuicio del respeto que aqu�l le deba a �sta, pero igualmente sin desmedro de la deferencia que �sta le deba a aqu�l. Y,

c). Porque, as� las cosas, no obstante la materia evidentemente mixta y no solamente eclesi�stica de la regulaci�n laboral de los d�as festivos de car�cter religioso, y a pesar adem�s de la naturaleza exclusivamente civil y estatal, ah� s�, y no mixta ni menos religiosa, del r�gimen legal de los d�as festivos de naturaleza no religiosa, fue sin embargo en la "XXXIX Conferencia Episcopal de Colombia" donde se modificaron unilateralmente, con posterioridad a la vigencia del Concordato, las fiestas de guarda religiosa sin atender cl�usula concordataria alguna y sin que el Estado pueda alegar desconocimiento del principio constitucional de "rec�proca deferencia y mutuo respeto", no obstante que tampoco se haya celebrado y aprobado un nuevo Concordato. Y as� tambi�n las cosas, fue el Estado, m�s tarde, mediante la Ley acusada, el que pudo v�lidamente hacer otro tanto, sin tener entonces tampoco que obtener consentimiento de la Santa Sede, sobre aquello que �sta ni la Iglesia consideraron necesario consultar con aqu�l, por no exigirlo la Constituci�n".

El principio de autonom�a eclesi�stica sobre materias can�nicas que se deriva del inciso cuarto del art�culo 53CONS_P86#53* de la Carta y que se afirma en el art�culo III del Concordato vigente, no comporta, como lo da a entender el demandante, el de dependencia consiguiente del Estado ni de sus ciudadanos respecto de los mandatos unilaterales y post-concordatarios de la Iglesia Cat�lica.

As� como la Corte no puede v�lidamente en estrado de jurisdicci�n constitucional colegir con la Iglesia mediante la nueva regulaci�n eclesi�stica de los festivos religiosos (Mensaje Pastoral de la XXXIX Conferencia Episcopal de Colombia) haya quebrantado el art�culo 53CONS_P86#53* de la Carta por haber modificado de manera unilateral la normaci�n can�nica y anterior al Concordato, la cual adem�s s�lo se refiere a los d�as de precepto y no a sus efectos laborales, tampoco puede ser exigida para declararlo respecto de la Ley 51L0051_83#1* de 1983 con la que se regul� unilateralmente el r�gimen laboral de los d�as festivos tanto religiosos como patrios y c�vicos, el cual impera para todos los colombianos y extranjeros residentes en Colombia, sean o no cat�licos, y corresponde a los imperativos de protecci�n legal al trabajo consagrados en los art�culos 17CONS_P86#17* y 32CONS_P86#32* de la Constituci�n, y no a los del art�culo 53CONS_P86#53* de la misma.

6.- Finalmente, aunque el demandante estima que la Ley 51L0051_83#1* de 1983 es inconstitucional frente a lo previsto en los ordinales 1� y 2� del art�culo 76CONS_P86#76* de la Carta, en los que se atribuye al Congreso la competencia para expedir, interpretar, reformar y derogar leyes y c�digos, con el argumento de que la modificaci�n de leyes y c�digos "debe ser �tica" y acorde con "la verdad material", sin embargo, para la Corte carece de fundamento el cargo por cuanto la apreciaci�n subjetiva del actor sobre el concepto de la �tica, a la que tiene derecho, no implica el de impon�rsela a todos los dem�s habitantes de la Rep�blica, ni el de reclamar a la Corte que lo haga.

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo el estudio de la Sala Constitucional, con audiencia del Procurador General de la Naci�n y de conformidad con la atribuci�n segunda del art�culo 214CONS_P86#214* de la Constituci�n,

1�. ESTAR A LO DECIDIDO por la Corte en el fallo de mayo 24 de 1984 (Proceso n�mero 1124), conforme al cual se expres�: "Declarar exequible, �nicamente en relaci�n con el tr�mite seguido en su formaci�n, la Ley 51L0051_83#1* de 1983 'Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos d�as festivos' ".

2�.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 51L0051_83#1* de 1983, por no encontrarla contraria a precepto alguno de la Constituci�n.

C�piese, comun�quese, publ�quese, inf�rmese al Congreso y al Gobierno, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

De los Magistrados Juan Hern�ndez S�enz, Ricardo Medina Moyano y Alvaro Luna G�mez.

Nuestra Constituci�n Pol�tica solamente les concede un rango especial sobre las dem�s leyes a dos clases de ellas: las que contienen los reglamentos de las C�maras, que deben observarse para la formaci�n cabal de las dem�s (art�culo 81CONS_P86#81*) y la org�nica o normativa del presupuesto nacional, cuyos dictados han de cumplirse estrictamente al expedir el que corresponda a cada anualidad presupuestaria (art�culo 210CONS_P86#210*).

Son estas entonces las �nicas hip�tesis en que el desconocimiento de textos legales puede llevar al quebranto de la Carta Fundamental del pa�s y, por ende, los �nicos casos en que la Corte Suprema, en ejercicio de la jurisdicci�n constitucional, debe confrontar los actos acosados de infringir el estatuto m�ximo con otras normas legales, para decidir sobre aquella tacha.

En todos los dem�s eventos la comparaci�n de los textos impugnados s�lo puede hacerse frente a los de la Constituci�n al resolver sobre su exequibilidad o falta de ella. Escoger un distinto derrotero equivale a olvidar la escala normativa que es caracter�stica de un Estado de Derecho, como el nuestro.

Sensatamente, en efecto, una ley no puede ser calificada de ilegal, porque se trata de actos de una misma jerarqu�a jur�dica.

No puede pues admitirse que se acuse una ley por infringir otra que haya aprobado un tratado p�blico, pues ambas son leyes ordinarias ante la Carta Fundamental, ni parangonar uno y otro de esos actos, con el fin de esclarecer si el que es objeto de impugnaci�n se acomoda o no a los dictados constitucionales.

Como en el presente caso fue demandada la Ley 51L0051_53#1* de 1953 por quebrantar la que aprob� el Concordato, que es un tratado p�blico, bastaban las reflexiones anteriores para descartar la impugnaci�n, m�xime a�n si se recuerda que es al Congreso a quien incumbe de manera espec�fica y ordinaria determinar los d�as de descanso obligatorio en materia laboral, que es el objeto de la expresada Ley.

Y como fue distinta la motivaci�n del fallo reca�do ahora, cuya decisi�n compartimos integralmente, estas son las razones de nuestro disentimiento en cuanto a esa motivaci�n.

1�. De acuerdo con los documentos anexos al expediente del presente negocio, ti�nese que tanto en el Senado (sesi�n del 28 de septiembre de 1983), como en la C�mara de Representantes (sesi�n del 19 de octubre del mismo a�o), las respectivas proposiciones para que se declararan infundadas las objeciones del ejecutivo al proyecto de ley, 2 del Senado y 117 de la C�mara, "Por la cual se modifica el art�culo 117C_SUSTRA#117* del C�digo Sustantivo del Trabajo, trasladando el descanso remunerado de algunos d�as festivos", obtuvieron las siguientes votaciones:

Es claro que en esa oportunidad, en ninguna de las dos C�maras el rechazo de las objeciones presidenciales en referencia obtuvo el n�mero de votos que para tales casos exige el art�culo 88CONS_P86#88* de la Constituci�n en estos t�rminos:

"... Cuando las objeciones se refieran a cualquiera de los proyectos mencionados en los ordinales 2�, 3�, 4� y 5� del art�culo 76, su rechazo en la Comisi�n o C�mara respectiva deber� ser aprobado por los dos tercios de los votos de los miembros que componen una y otra".

El proyecto de ley objetado por el Presidente era de los previstos en el ordinal 2� del art�culo 76, que faculta al Congreso para "Expedir C�digos en todos los ramos de la Legislaci�n y reformar sus disposiciones". Tal la raz�n para que el rechazo de las objeciones hubiera tenido que hacerse por las dos terceras partes de los senadores y de los representantes, respectivamente.

2�. Conscientes los congresistas de esta exigencia constitucional, y de que el primer rechazo de las objeciones presidenciales no se realiz� con tal n�mero de votos, mediante la Proposici�n n�mero 177 de 1983 (octubre 23) la C�mara de Representantes orden� que por la Secretar�a se devolviera el expediente respectivo al Senado para lo de su competencia. En �ste se aprueba la Proposici�n n�mero 79 por la que se revoca "la votaci�n de las objeciones al proyecto de ley por la cual se modifica el art�culo 177C_SUSTRA#177* del C�digo Sustantivo del Trabajo", y se dispone "realizar nueva votaci�n de las objeciones del ejecutivo", lo que ocurre con resultados de 83 votos afirmativos y 3 negativos. "El senador Roberto Gerlein Echeverr�a informa que las objeciones han sido declaradas infundadas por las dos terceras partes de los miembros de la Corporaci�n", se consigna en la correspondiente acta.

Igual cosa ocurre en la C�mara de Representantes. Tras de varios intentos, el 6 de diciembre de 1983, como lo informa tambi�n el acta respectiva, "es sometida a votaci�n y aprobada por los dos tercios de los votos de los miembros que componen la C�mara (Art. 88CONS_P86#88* de la Constituci�n Nacional), la proposici�n con que termina el informe de la Comisi�n Accidental que estudi� las objeciones del Ejecutivo". Se depositaron 135 votos afirmativos y 12 negativos. "Reabierto el 2� debate de este proyecto, es le�do, reconsiderado y aprobado en su conjunto, por unanimidad de los votos y de acuerdo con lo preceptuado en el inciso 1� del art�culo 88CONS_P86#88* de la Carta".

Frente a estos hechos ocurren interrogantes que la Corte debe absorver (sic) previamente a su decisi�n sobre el asunto que se examina, porque de ellos depende el sentido de �sta. Consistente en aclarar si al votarse el rechazo de las objeciones, en la primera oportunidad, en el seno de cada C�mara, la correspondiente proposici�n fue negada cuando no reuni� el n�mero de votos requerido por la Constituci�n; si la revocatoria de "la votaci�n de las objeciones al proyecto de ley por la cual se modifica el art�culo 177C_SUSTRA#177* del C�digo Sustantivo del Trabajo", como dice la Proposici�n n�mero 79 aprobada por el Senado, se realiz� de acuerdo con lo que al respecto dispone et reglamento de �ste; y si al ocurrir lo misma en la C�mara, ello fue tambi�n, o no, reglamentario.

3�. Consta en actas que al hacerse la primera votaci�n (septiembre 28 de 1983) en el Senado, para decidir sobre la aprobaci�n del rechazo de las objeciones del Presidente de la Rep�blica al proyecto n�mero 2 de aqu�l, hab�a 79 senadores, es decir, que se daba el qu�rum necesario para resolver el asunto con el n�mero de votos requerido por la Carta, que es 76, el equivalente a las dos terceras partes de sus miembros. La proposici�n de rechazo a las objeciones, seg�n lo ya explicado, arroj� 74 balotas blancas (afirmativas) y 5 balotas negras (negativas). Ello indica que tal proposici�n, habiendo podido ser aprobada por el n�mero de votos constitucionalmente requerido, no lo fue la voluntad del Senado en ese momento era la de no aprobarla, pues no se dieron los votos necesarios, y ello implica una negativa de la proposici�n. Mal pod�a el Senado, como lo hizo, declararla aprobada y, en consecuencia, infundadas las objeciones del ejecutivo, ni abrir el segundo debate para considerar el proyecto y aprobarlo. Lo conducente era precisamente lo contrario: reconocer y declarar la negativa de la proposici�n sobre rechazo de objeciones, y archivar el proyecto.

Otro tanto, tambi�n seg�n actas, sucede en la C�mara de Representantes. "Habi�ndose conformado el qu�rum decisorio -se lee en ellas- seg�n el informe de la Secretar�a, la Presidencia somete a votaci�n secreta la proposici�n con que termina el informe y designa como escrutadores a los honorables representantes V�ctor Reyes Morris y Armando Echeverry Jim�nez, quienes, una vez efectuado el conteo correspondiente, anuncian el siguiente resultado:

Por consiguiente, han sido declaradas infundadas las objeciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley".

De esta manera la C�mara de Representantes, a su turno, en vez de declarar infundadas las objeciones, ha debido decir que la correspondiente proposici�n no fue aprobada porque no se dio el n�mero de votos requeridos.

4*�. En la Secci�n IV del Cap�tulo XXII del "Reglamento del Senado de la Rep�blica" se trata de las revocatorias. El art�culo 336 determina:

"Toda resoluci�n legislativa o reglamentaria que el Senado hubiera adoptado es revocable por �l mismo, excepto en los casos siguientes:

1�. Cuando habi�ndola propuesto a la C�mara de Representantes �sta la considere sin haber dispuesto definitivamente sobre ella todav�a.

2�. Cuando habi�ndola propuesto a la C�mara de Representantes �sta la hubiera adoptado �ntegramente o con modificaciones adoptadas por el Senado, pues en tal caso la revocatoria s�lo podr� hacerse con acuerdo de la C�mara de Representantes, y

3�. Cuando el proyecto hubiere sido presentado a la sanci�n del Poder Ejecutivo, pues en tal caso s�lo podr� ser revocado por medio de otra ley".

De manera casi id�ntica, en el T�tulo XXVII del "Reglamento General de la C�mara de Representantes", se encuentra el art�culo 275 que ordena:

"Toda resoluci�n legislativa o reglamentaria que la C�mara hubiera adoptado, es revocable por ella misma, excepto en los casos siguientes:

1�. Cuando habi�ndola propuesto al Senado, �ste la considere sin haber dispuesto definitivamente sobre ella todav�a.

2�. Cuando habi�ndola propuesto al Senado, �ste la hubiere adoptado �ntegramente o con modificaciones aceptadas por la C�mara, pues en tal caso la revocatoria s�lo podr� hacerse con acuerdo del Senado, y

3�. Cuando la resoluci�n hubiere sido presentada a la sanci�n del Poder Ejecutivo, pues en tal caso s�lo podr� ser revocable por las C�maras, con arreglo a la Constituci�n".

Los dos art�culos transcritos se refieren a la posibilidad de ser revocadas por el Senado y por la C�mara resoluciones legislativas o reglamentarias. En tal caso de que la Corte se ocupa ahora, tr�tase precisamente de sendas resoluciones de las C�maras, que tienen car�cter de legislativas porque se refieren al tr�mite de un proyecto de ley, la forma ordinaria de ser presentados los informes de las comisiones respectivas es la proposici�n, pero la forma de actuar las c�maras con respecto a ellas, cuando se toma una decisi�n mediante votaciones, es la de la resoluci�n, porque de esa manera la corporaci�n est� decidiendo, es decir, resolviendo, aprobando o improbando una propuesta. Tales son las resoluciones a las que aluden los art�culos 336 del Reglamento del Senado y 275 del Reglamento de la C�mara de Representantes.

D�cese tambi�n en �stos que una resoluci�n de tal especie no es revocable, cuando habi�ndola propuesto el Senado a la C�mara �sta la considere sin haber dispuesto definitivamente sobre ella todav�a (Art. 336, numeral 1� ). Lo que en el lenguaje reglamentario del Congreso se entiende por proponer consiste en la remisi�n que procedimentalmente se hace, de una C�mara a otra, de un proyecto. As� lo determina de manera concreta el Reglamento del Senado, al tratar en su Cap�tulo XXIII sobre "Correspondencia rec�proca de las dos C�maras": "El Senado propone a la C�mara de Representantes todo proyecto originario y debidamente discutido y adoptado por �l" (Art. 339); "Tambi�n le propone las variaciones que haya hecho a los proyectos, art�culos o modificaciones que la C�mara de Representantes le haya propuesto" (Art. 340).

1�. Por cuanto para las primeras resoluciones del Senado y de la C�mara no se reuni� la mayor�a calificada "que exige el inciso 2� del art�culo 88CONS_P86#88* de la Constituci�n Nacional para rechazar las objeciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley n�mero 117 de 1982 C�mara y 2 de 1982 Senado 'por el cual se traslada el descanso remunerado de algunos d�as festivos', se orden� que se devolviera el expediente respectivo al Honorable Senado para lo de su competencia". (Lo transcrito es del Acta del 25 de octubre de 1983). All� mismo se lee: "Sometida a consideraci�n, es aprobada por unanimidad. En tal virtud, el proyecto de ley pasa al honorable Senado con el fin de que se cumpla su curso constitucional y reglamentario".

2�. El env�o hecho entonces por la C�mara al Senado es la forma c�mo aqu�lla hace a �ste la correspondiente proposici�n, en los t�rminos del art�culo 277 de su Reglamento: "La C�mara de Representantes propone al Senado todo proyecto original o debidamente discutido y adoptado en ella".

3�. Para decidir la propuesta as� formulada, el Senado (Proposici�n n�mero 79, noviembre 8 de 1983) resuelve: "Dadas las razones expuestas por la honorable C�mara, rev�case la votaci�n de las objeciones al proyecto de ley por la cual se modifica el art�culo 177C_SUSTRA#177* del C�digo Sustantivo del Trabajo trasladando el descanso remunerado de algunos d�as festivos y proc�dese a realizar nueva votaci�n de las objeciones del ejecutivo".

4�. Esta revocaci�n se hizo contra norma reglamentaria. La misma C�mara de Representantes, al aprobar la Proposici�n n�mero 177 de 1983, reconoci� y acept� que "en las decisiones anteriores del Senado y la C�mara" no se reuni� "el qu�rum calificado que exige el inciso 2� del art�culo 88CONS_P86#88* de la Constituci�n Nacional" (equivocadamente alude al "qu�rum calificado" en lugar de la "votaci�n calificada", que fue la que no se obtuvo). Ello determina que la revocatoria de tal decisi�n, hecha por el Senado, encaja dentro de lo previsto como excepci�n en el numeral 1� del art�culo 336 del Reglamento del Senado. No es revocable resoluci�n suya, "cuando habi�ndola propuesto a la C�mara de Representantes �sta la considere sin haber dispuesto definitivamente sobre ella todav�a".

En la expedici�n de la Ley 51L0051_83#1* de 1983, "Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos d�as festivos", se produjeron los siguientes vicios de tr�mite:

a). En la consideraci�n de las objeciones formuladas por el Presidente de la Rep�blica, tanto en el Senado como en la C�mara de Representantes, a las respectivas proposiciones se les neg� aprobaci�n, al no obtener ninguna la mayor�a requerida por el art�culo 88CONS_P86#88* de la Constituci�n, ya que se trataba de introducir reforma al C�digo Sustantivo del Trabajo (Art. 76-2CONS_P86#76* de la Carta). No obstante, tanto el Senado como la C�mara declararon rechazadas las objeciones presidenciales y continuaron el curso del proyecto de ley;

b). Al advertir los errores en que se incurriera, y sus consecuencias posibles con respecto a la ley en cuesti�n, con el �nimo de subsanarlos optaron por revocar aquellas resoluciones irregulares, y buscaron oportunidad para la adopci�n de unas nuevas en las que s� se produjera la votaci�n que para esos casos exige la Constituci�n. Este procedimiento habr�a sido el indicado para sanear el vicio de inconstitucionalidad aparecido en las primeras votaciones de las proposiciones de rechazo a las objeciones, si la revocatoria de �stas se hubiera hecho secundum legem. Pero no fue as�, sino que, por el contrario, tal acto se realiz� contra legem, porque para ejecutarlo hubo violaci�n de lo previsto y ordenado por el art�culo 275 del Reglamento de la C�mara de Representantes y 336 del Reglamento del Senado, ambos normativos de las revocatorias de las resoluciones legislativas o reglamentarias.

Consecuencia de todo lo anterior es que la Ley 51L0051_83#1* de 1983, "Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos d�as festivos", ha debido ser declarada inexequible.