Sentencia 1975 de 1990

300Corte SupremaCorte Suprema300300077781975Jairo E. Duque P�rez199008/03/19901975_Jairo E. Duque P�rez_1990_08/03/199030007778&& CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PLENA FECHA: Bogot�, D. E., ocho de marzo de mil novecientos noventa. MAGISTRADO SUSTANCIADOR: Doctor Jairo E. Duque P�rez. TEMA: DERECHO DE DEFENSA No puede admitirse que la modificaci�n del correctivo penal provenga de la ocurrencia del hecho objetivamente se�alado, ya que en todos los casos debe existir una valoraci�n subjetiva de la conducta del agente, a t�tulo de culpa 1990

William Fernando Le�n MoncaleanoDemanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 38, 325, 348, 114 inciso 2o. y 306 numerales 3o. y 4o. del Decreto 100 de 1980, por el cual se expide el nuevo C�digo Penal.Identificadores30030007779true80145Versi�n original30007779Identificadores

Norma demandada: �Demanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 38, 325, 348, 114 inciso 2o. y 306 numerales 3o. y 4o. del Decreto 100 de 1980, por el cual se expide el nuevo C�digo Penal.

No puede admitirse que la modificaci�n del correctivo penal provenga de la ocurrencia del hecho objetivamente se�alado, ya que en todos los casos debe existir una valoraci�n subjetiva de la conducta del agente, a t�tulo de culpa

REFERENCIA: Expediente n�mero 1975. Acci�n de inexequibilidad contra los art�culos 38D0100_80#38*NO EXISTE DL ARCHIVO .RTF, 325D0100_80#325*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 348D0100_80#348*, 114D0100_80#114*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF inciso 2o. y 306D0100_80#306*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF numerales 3o. y 4o. del Decreto 100 de 1980. Preterintenci�n, homicidio preterintencional, abandono seguido de lesi�n o muerte. Actor: William Fernando Le�n Moncaleano. Aprobado seg�n Acta n�mero 11.

Haciendo uso del derecho que consagra el art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional, el ciudadano William Fernando Le�n Moncaleano solicita a la Corte declarar inexequibles las normas de la referencia, por razones de inconstitucionalidad.

Procede la Corte a decidir en el fondo la inexequibilidad propuesta, puesto que se han agotado los tr�mites previstos en el Decreto 432 de 1969 y el Procurador General de la Naci�n ha emitido su concepto.

A continuaci�n se transcribe el texto de las disposiciones objeto de la acci�n. Los art�culos acusados parcialmente se subrayan en lo pertinente:

"Art�culo 38D0100_80#38*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Preterintenci�n La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intenci�n del agente.

"Art�culo 114D0100_80#114*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF - Instigaci�n a la guerra. El colombiano o el extranjero que deba obediencia a la Naci�n, que realice actos dirigidos a provocar contra Colombia guerra u hostilidades de otra u otras naciones, incurrir� en prisi�n de diez a veinte a�os.

"Si hay guerra o se producen las hostilidades, la pena imponible se aumentar� hasta en una tercera parte.

"Articulo 306D0100_80#306*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. Circunstancias de agravaci�n punitiva. La pena para los delitos descritos en los cap�tulos anteriores, se aumentar� de una tercera parte a la mitad en los casos siguientes:

"2o. Si el responsable tuviere cualquier car�cter; posici�n o cargo que le d� particular autoridad sobre la v�ctima o la impulse a depositar en �l su confianza.

"Articulo 325D0100_80#325*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF - Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro, incurrir� en pena imponible de acuerdo con los dos art�culos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad.

"Articulo 348D0100_80#348*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF - Abandono seguido de lesi�n o muerte. Si del hecho descrito en los art�culos anteriores se siguiere para el abandonado alguna lesi�n personal, la pena respectiva se aumentar� hasta en una cuarta parte.

El actor tacha de inexequibles las disposiciones acusadas por transgresi�n de los art�culos 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacional.

Las normas acusadas -dice- tipifican delitos agravados por el resultado, lo cual atenta contra el derecho de defensa de las personas, "pues anticipadamente le est�n atribuyendo un resultado que lo m�s seguro es que no encajaba en su actuar y que no era el querido".

Por consiguiente :considera que se vulneran los art�culos 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n Nacionalque exigen que el juzgamiento se realice conforme a las leyes preexistentes al hecho que se imputa esto es "a un hecho del hombre dado por su actuar y ese actuar �nica y exclusivamente se determina con el verbo rector del llamado tipo y no con situaciones hipot�ticas que bien podr�an ocurrir o no y cuya relaci�n de causalidad no es muy clara".

Sostiene que la responsabilidad objetiva est� proscrita en materia penal porque as� lo dispuso la ley, pero que la Constituci�n "tambi�n proh�be la responsabilidad objetiva" de los particulares, toda vez que el art�culo 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta la establece para estos a t�tulo individual o por el hecho propio, esto es consagra una responsabilidad subjetiva, a diferencia de la que establece para los funcionarios p�blicos, a quienes obliga a responder adem�s por extralimitaci�n de funciones u omisi�n en el ejercicio de las mismas, supuestos estos, que seg�n el demandante "son claro juicio de responsabilidad objetiva" pero en atenci�n a que la Naci�n puede ser demandada por los "hechos abusivos de sus funcionarios y ello es a t�tulo de responsabilidad objetiva".

Mediante Oficio n�mero 1470 de agosto 5 de 1989, el Procurador General de la Naci�n rindi� la vista fiscal, en la cual, apart�ndose del criterio del demandante, solicita a la Corte declarar exequibles los preceptos cuya validez constitucional se cuestiona.

Luego de referirse a la jurisprudencia de esta Corporaci�n respecto de los principios punitivos que informan nuestro estado de derecho; los conceptos de responsabilidad objetiva y subjetiva y el de culpabilidad adoptado por el art�culo 5oC_PENAL#5o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del C�digo Penal, opuesto a la responsabilidad objetiva y a la peligrosidad como fundamento del hecho punible (Sentencias de marzo 12 de 1987 y junio 2 de 1981); cita un estudio suyo sobre la naturaleza jur�dica de la preterintenci�n (Delitos contra la vida y la integridad personal, Publicaciones Externado de Colombia, p�gs. 142 y SS.), para concluir lo siguiente:

"La preterintenci�n no constituye forma de responsabilidad objetiva, sino que ella tiene ocurrencia cuando el sujeto activo realiza un comportamiento doloso frente al primer resultado y culposo en cuanto hace al segundo. Predicable as� la preterintencionalidad a los tipos penales de doble resultado".

Considera desvirtuados los cargos del demandante en cuanto hace a la preterintenci�n como manifestaci�n de responsabilidad objetiva.

Sostiene que las normas demandadas s�lo describen las conductas punibles, se�alando sus elementos estructurales objetivos y subjetivos y determinan la pena imponible, por tanto cumplen la exigencia constitucional de la preexistencia de definici�n legal, "consagrada en el articulo 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF e impl�cita en los preceptos 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta".

"..La Constituci�n Nacional no impone al legislador la obligaci�n de ce�irse a los lineamientos de determinada escuela o corriente del derecho penal, ni la de dictar las normatividades dando un se�alado sentido o alcance al concepto de culpabilidad; por ello no es reprochable que el Decreto 100 de 1980 consagre como formas de culpabilidad, el dolo, la culpa y la preterintenci�n, forma �sta que en s�ntesis es atacada por el ciudadano impugnador en el presente proceso".

Dado que la demanda se dirige contra preceptos que hacen parte de un Decreto dictado por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de facultades extraordinarias, compete a la Corte conocer de ella, conforme lo previene el numeral 2o. del art�culo 214CONS_P86#214*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Carta Fundamental.

El ejercicio de las facultades extraordinarias por el aspecto temporal, ya fue revisado por la Corte al resolver demandas anteriores en que se acusaron espec�ficamente algunas disposiciones del Decreto 100 de 1980 y se se�al� que el Gobierno se ci�� al l�mite temporal que le fij� la ley habilitante (Sentencias de mayo 26 de 1981, junio 2 de 1981, julio 3 de 1981, entre otras).

En cuanto a la materia regulada, es evidente que las acusadas son normas propias del C�digo de las penas, que el Ejecutivo estaba autorizado a expedir "sobre las bases, principios y lineamientos generales del proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la Rep�blica el 3 de agosto de 1978 y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia", seg�n se analizar� a continuaci�n.

La figura de la preterintenci�n como una forma o especie de la culpabilidad, edificada sobre el concepto de culpa respecto al segundo resultado, tal como aparece consagrada en el precepto acusado, se contemplaba en los proyectos de 1974 y 1978 con similar redacci�n a la del texto legal (arts. 42XXXX#42*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 47XXXX#47*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF respectivamente), en que el comportamiento reprochable se deriva de la previsi�n del resultado antijur�dico.

De igual manera, en los proyectos de 1974 y 1978 el homicidio preterintencional estaba previsto en los mismos t�rminos en el art�culo 344XXXX#344*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del anteproyecto de 1974 y las circunstancias de agravaci�n punitiva que establecen los art�culos 114XXXX#114*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 306XXXX#306*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 348XXXX#348*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, en las partes que son objeto de acusaci�n, estaban se�aladas como tales, en los proyectos de 1974 y 1978; en tanto se propon�a un aumento de la sanci�n imponible para los casos en que la "instigaci�n a la guerra" (o provocaci�n a la guerra" seg�n se denominaba en el anteproyecto de 1974) diera como resultado la guerra o las hostilidades; o del abandono del menor o de la persona desvalida se siguiese, para estos, lesi�n corporal o la muerte. En los delitos contra la disponibilidad y el pudor sexuales (proyecto de 1974) o contra inviolabilidad y el pudor sexuales (proyecto de 1978) se se�alaban como circunstancias que determinaban un aumento de la pena, cuando se ocasionara contaminaci�n ven�rea o la v�ctima quedara embarazada.

Es claro entonces que el Presidente no incurri� en exceso al ejercer las facultades extraordinarias, pues desarroll� la materia siguiendo los lineamientos conceptuales trazados en los proyectos a que hace referencia la ley habilitante.

"..la Constituci�n Nacional no sigue ni exige espec�ficamente doctrina o escuela alguna del Derecho Penal, sea ella teleol�gica o finalista, positivista o culpabilista, dogm�tica o cualquiera otra, o as� se hallen todas ellas, con otras imbricadas o integradas.

"En consecuencia, el legislador ordinario, o a�n el extraordinario, pueden trazar libremente los derroteros doctrinarios del incriminativo penal, con una sola condici�n limitante: La de que sean compatibles con los principios generales formados del texto constitucional, es decir, que no est�n prohibidos por norma alguna de la Carta o que est�n permitidos por �sta.

"2. Por lo tanto, cuando se proscriben principios de una escuela o de un dogma doctrinario del derecho penal en la legislaci�n nacional, si su preservaci�n no es constitucionalmente obligatoria, y si su abolici�n no est� prohibida, hay que entender que est� permitida sin que se produzca por parte del legislador inconstitucionalidad alguna por omisi�n" (Sentencia de junio 2 de 1981, Magistrado ponente doctor Manuel Gaona Cruz) -

"La Constituci�n deja margen a la ley para fijar los fundamentos de la responsabilidad penal y por ello ha sido posible que se acojan por �sta distintas inspiraciones -como la peligrosista de 1936 y la culpabilista de 1980-- y diferentes formaciones sin que por ello se quebranten principios superiores. El censor juzga equivocadamente que los inimputables no son responsables, cuando lo cierto, en el presente momento legislativo, es la conclusi�n contraria. Su responsabilidad se concreta en las medidas de seguridad y obedece a los presupuestos legales de la tipicidad y de la antijuridicidad. Bien puede decirse que es el �ltimo basti�n, en asuntos penales, de la llamada responsabilidad material u objetiva. No contradice, por lo tanto, esta situaci�n de los inimputables, los dictados de la Constituci�n Nacional" (Sentencia de junio 8 de 1989, Magistrado ponente doctor Jaime Sanin Greiffenstein) -

Ha se�alado la Corte reiteradamente que los art�culos 23CONS_P86#23*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 26CONS_P86#26*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 28CONS_P86#28*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF condensan los principios fundamentales que imponen l�mites a los desarrollos legislativos del poder punitivo del Estado, en orden a la efectividad de la libertad personal, pues establecen que nadie puede ser juzgado y sancionado, sino conforme a ley anterior en que se haya prohibido el hecho y determinado la pena correspondiente; por Jueces se�alados en la ley y con observancia de la plenitud de las normas rituales del juicio respectivo y que estas a la vez le permitan el ejercicio eficaz del derecho de defensa.

Se cuestionan por el actor los preceptos del C�digo Penal, sobre la base de considerar que el legislador al establecer la preterintenci�n y los delitos agravados o calificados por el resultado, vulner� los preceptos constitucionales por indeterminaci�n de la conducta punible y desconoci� el derecho de defensa de la persona pues, de antemano se le atribuye un resultado "que no encajaba en su actuar y no era el querido".

El an�lisis de constitucionalidad de los preceptos acusados exige tener en cuenta que el principio penal instituido en el Decreto 100 de 1980 en l�neas generales, es el de la culpabilidad, distinto al de la peligrosidad de la escuela positiva de Ferri, que inform� el ordenamiento penal de 1936, el cual fue expresamente descartado por el legislador. Tal principio como norma rectora de la ley penal colombiana se formula as�:

"Para que una conducta sea punible debe ser t�pica antijur�dica y culpable" (art. 2oCONS_P86#2o*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF. del C. P. y como manifestaciones de la culpabilidad, se enuncian, el dolo, la culpa y la preterintenci�n (art. 35C_CIVIL#35*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C. C.).

Advierte la Corte que las normas acusadas no s�lo siguen la orientaci�n general culpabilista del estatuto penal, sino que tambi�n se adecuan a los principios b�sicos trazados por el constituyente respecto de la determinaci�n de las conductas punibles, en cuanto definen en sus contornos y sin ambig�edades, las figuras penales de la preterintenci�n, el homicidio preterintencional y adem�s especifican las circunstancias que agravan la sanci�n de los tipos b�sicos de "Instigaci�n a la guerra"; "Abandono de menores o personas desvalidas" y de los "Delitos contra la libertad y el pudor sexuales", sin dejar al arbitrio del Juez la determinaci�n de la conducta ni la sanci�n imponible.

En contra de la apreciaci�n del demandante se advierte que la preterintenci�n, en la forma que aparece consagrada por el legislador, no puede considerarse como especie de responsabilidad objetiva inconciliable con el principio que informa el C�digo Penal, conforme al cual, no hay delito sin culpabilidad, toda vez que la norma no prescinde de dibho elemento estructural del hecho punible, en la medida que condiciona la sanci�n penal a la previsibilidad del resultado y por ende, no permite una imputaci�n meramente material de la consecuencia que excede la intenci�n inicial del agente, sino que exige al juzgador esclarecer este elemento subjetivo que debe concurrir para la integraci�n del comportamiento antijur�dico.

Se debe tener en cuenta adem�s, que tanto en el estatuto penal Sustantivo como en el procedimental penal, existen normas que son vestigio de la denominada responsabilidad objetiva, tales como las referentes a las medidas de seguridad de los inimputables a que alude el fallo de esta Corporaci�n de 8 de junio de 1989 arriba citado, y otros casos se�alados por la Sala de Casaci�n Penal (v�anse entre otras, las sentencias de 8 de mayo de 1974, 15 de junio de 1982 y 14 de octubre de 1987, Magistrados ponentes doctores Alfonso Reyes Echand�a y Jorge Carre�o Luengas, respectivamente) -

Aunque un sector de la doctrina niega que en la preterintenci�n se conjugue el dolo y la culpa, por no ser posible la amalgama de estos dos elementos subjetivos en la producci�n del resultado, raz�n por la cual se la considera como acto �nico causado con "dolo seguido de culpa", lo cierto es que la norma acusada exige para la integraci�n de esa figura, que el resultado que excede el prop�sito inicial del agente, haya podido y debido preverse.

No acierta el demandante cuando alega la indeterminaci�n de la conducta, pues el art�culo 38C_PENAL#38*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal formula claramente la hip�tesis normativa en que el delito puede calificarse de preterintencional y el 325 ib�dem estructura el homicidio preterintencional haciendo referencia a dicho instituto y a las sanciones previstas para el homicidio simple y el calificado, se�alando en forma inequ�voca las bases para determinar la conducta reprochable y la pena imponible.

1) Las circunstancias de agravaci�n de la sanci�n penal contempladas en los art�culos 114D0100_80#114*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 306D0100_80#306*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 348D0100_80#348*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del Decreto 100 de 1980 (C�digo Penal).

En ejercicio de ha potestad punitiva, el Estado realiza la funci�n de proteger o salvaguardar los bienes jur�dicos de los asociados, los cuales est�n constituidos por valores o intereses que la sociedad considera fundamentales en un momento dado, a fin de prevenir su vulneraci�n, disminuci�n o simplemente, el peligro a que pueden ser expuestos sin justa causa.

Por virtud de las disposiciones analizadas en este aparte, el legislador ha querido proteger de manera especial determinados bienes jur�dicos que pueden resultar lesionados, cuando el delito simple genera adem�s un resultado que es causante de un da�o mayor, previendo para estos casos, un aumento de pena sin cambiar su especie.

Sin embargo, no puede admitirse que la modificaci�n del correctivo penal provenga de la ocurrencia del hecho objetivamente se�alado, ya que en todos los casos debe existir una valoraci�n subjetiva de la conducta del agente, a t�tulo de culpa.

Se tiene entonces que las normas cuestionadas no consagran una responsabilidad objetiva para el autor del hecho, pues la ocurrencia de las circunstancias descritas s�lo vendr�an a determinar un aumento de la pena si la conducta que configura el tipo penal b�sico a que se refieren, ha sido cometida intencionalmente, de lo cual deviene para su autor la culpabilidad del segundo resultado por haber sido posible la previsibilidad de su ocurrencia y de sus Consecuencias jur�dicas, habiendo estado por dem�s, en capacidad o aptitud de obrar l�citamente.

Como lo sostiene Enrico Altavilla al analizar los art�culos 82C_PENAL#82*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF y 83C_PENAL#83*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF del C�digo Penal Italiano y es dable aplicarlo a las disposiciones acusadas, la ley penal "no repudia el concepto de una sola acci�n productora de dos resultados, uno punible a t�tulo de dolo, otro a titulo de culpa". Por ello infiere "que no se puede hablar de responsabilidad objetiva, sino de resultado mayor atribuido a titulo de culpa, con previsibilidad presunta".

Es entonces indispensable que el delito simple aparezca configurado en todos sus elementos esenciales, puesto que la pena mayor lleva �nsita la idea de que el agente es culpable del hecho delictuoso y por tanto, tambi�n le es achacable a t�tulo de culpa, el eventual resultado.

No se trata entonces de la imputaci�n caprichosa de un hecho da�oso, como pretende hacerlo ver el impugnante, pues al sujeto agente no responde simplemente porque su acci�n fue la causa material del segundo resultado, sino porque se tiene en cuenta su posici�n sicol�gica frente a la acci�n que lo ocasion�, la que debi� ser libremente querida y consentida por �l. Mal podr�a hablarse de un aumento de la sanci�n cuando por cualquier raz�n se halle excluido alguno de los elementos integradores del tipo b�sico.

Carecen pues de fundamento las razones que expone el actor para sustentar la inconstitucionalidad de los preceptos acusados, ya que seg�n se deja visto, estos no contrar�an el principio de legalidad estatuido en la Carta y se avienen a la concepci�n doctrinaria de la culpabilidad como elemento esencial del delito, que la Corte ha considerado compatible con los principios normativos superiores que se estiman infringidos en la demanda.

Por lo dem�s, es evidente que las normas impugnadas son desarrollo de la facultad que le asigna el art�culo 20CONS_P86#20*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n para determinar los casos de responsabilidad de los particulares.

Conviene anotar que el principio de responsabilidad que consagra la norma superior antes citada, se aplica tanto a los particulares como a los funcionarios p�blicos y se proyecta a todos los �rdenes: Civil, Administrativo, Penal, Pol�tico y Disciplinario; sumado al deber general de protecci�n que emerge del articulo 16CONS_P86#16*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF de la Constituci�n, cimenta la responsabilidad patrimonial del Estado por sus actuaciones u omisiones tal como lo ha venido elaborando la doctrina jurisprudencial de esta Corporaci�n y del Consejo de Estado.

En m�rito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

Declarar exequibles los siguientes art�culos del Decretn 100 de 1980 (C�digo Penal):

-114 en la parte que dice: "Si hay guerra o se producen hostilidades, la pena imponible se aumentar� hasta en una tercera parte", y

-Los numerales 3o. y 4o. del art�culo 306D0100_80#306*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF que dicen:

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Radicaci�n n�mero 1975. Art�culos: 38D0100_80#38*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 325D0100_80#325*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF, 348D0100_80#348*, inciso 20 y 306D0100_80#306*NO EXISTE EL ARCHIVO .RTF numerales 3o. y 4o. Decreto 100 de 1980.

Siendo claro que "la Constituci�n deja margen a la ley para fijar los fundamentos de la responsabilidad penal y por ello ha sido posible que se acojan por �sta distintas inspiraciones -como la peligrosista de 1936 y la culpabilista de 1980-, y diferentes normaciones, sin que por ello se quebranten principios superiores", como lo dice la sentencia citando reiterada jurisprudencia de la Corte, es in�til toda la disgresi�n que se hace para demostrar que el C�digo de 1980, lo mismo que algunas de sus instituciones como los delitos preterintencionales y las circunstancias agravantes, son culpabilistas, porque tambi�n serian Constitucionales si no lo fueran.