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300Corte SupremaCorte Suprema30030006738Luis Sarmiento Buitrago197416/05/1974Luis Sarmiento Buitrago_1974_16/05/197430006738PENA CAPITAL Difiere de las penas privativas de la libertad. -Exequibilidad de los artículos 214, 362 y 363 de la Ley 95 de 1936 (Código Penal). En cuanto al Decreto 2300 de 1936, artículo único, estese a lo resuelto en sentencia de fecha 3 de abril de 1973. Corte Suprema de Justicia - Sala Plena . -Bogotá, Di E., mayo 16 de 1974. (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). 1974
Mauricio Luna BisbalDemanda de inexequibilidad contra los artículos 214, 363 y 362 de la ley 95 de 1936 y el artículo único del decreto 2300 de 1936Identificadores30030006739true78968Versión original30006739Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra los artículos 214, 363 y 362 de la ley 95 de 1936 y el artículo único del decreto 2300 de 1936


PENA CAPITAL

Difiere de las penas privativas de la libertad. -Exequibilidad de los artículos 214, 362 y 363 de la Ley 95 de 1936 (Código Penal). En cuanto al Decreto 2300 de 1936, artículo único, estese a lo resuelto en sentencia de fecha 3 de abril de 1973.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena. -Bogotá, Di E., mayo 16 de 1974.

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago).

El ciudadano Mauricio Luna Bisbal pide se declaren inexequibles los artículos 214, 363 y 362 de la Ley 95 de 1936 (Código Penal) y el artículo único del Decreto 2300 de 1936.

Sobre esta última disposición la Corte Suprema se pronunció en sentencia definitiva, lo que hace innecesario un nuevo estudio.

Texto de los artículos acusados.

"DECRETO 2300 DE 1936

(septiembre 14)

"por el cual se ad-opta el texto definitivo del Código Penal.

"El Presidente de la República de Colombia,

Decreta:

"Artículo único. El texto definitivo de la Ley 95 del 24 de abril del presente año (Código Penal) será el siguiente:

"LEY 95 DE 1936

(abril 24)

"sobre Codicio Penal

"Artículo 214. Incurrirá en pena de presidio de tres a quince años:

"1. El que fabrique moneda nacional o extranjera que tenga curso legal en la República.

"2. El que altere monedas legítimas que tengan curso legal en Colombia, dándoles apariencia de un mayor valor.

"3. El que, a sabiendas, introduzca al país monedas falsificadas o alteradas que imiten las que tengan curso legal en la República.

"4. El que, a sabiendas, ponga de cualquier modo en circulación monedas falsificadas o alteradas.

"5. El que, a sabiendas, las adquiera o reciba de cualquier modo".

"Artículo 362. El que, con el propósito de matar ocasione la muerte a otro, estará sujeto a la pena de ocho a catorce años de presidio.

"Artículo 363. El homicidio toma la. denominación de asesinato y la pena será de quince a veinticuatro años de presidio, si el hecho previsto en el artículo anterior se cometiere:

"1. Contra la persona del ascendiente o descendiente legítimo o natural, del cónyuge, del hermano o la hermana, padre, madre o hijo adoptivo, o afín en línea recta en primer grado.

"2. Con premeditación acompañada de motivos innobles o bajos.

"3. Para preparar, facilitar o consumar otro delito.

"4. Después de haber cometido otro delito, para ocultarlo, asegurar su producto, suprimir las pruebas o procurar la impunidad de los responsables.

"5. Con cualquier circunstancia que ponga a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, como la insidia, la asechanza, la alevosía, el envenenamiento.

"6. Valiéndose de la actividad de menores, deficientes o enfermos de la mente o abusando de las condiciones de inferioridad personal del ofendido.

"7. Con sevicia,

"8. Por medio de incendio, inundación, siniestro ferroviario u otro de los delitos previstos en el Título XIII de este libro.

"9, Por precio o promesa remuneratoria"

Cita el actor como única norma violada el artículo 29 de la Constitución que dice:

"El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso".

Y argumenta así:

"1. Cuando el constituyente prescribe la pena capital, se refiere en general a la pena de muerte y no solamente a la pena de muerte por decapitación o pérdida de la cabeza, como pudiera entenderse mediante estrecha y literal interpretación, afortunadamente desconocida para nosotros. Lo tenido en cuenta por el constituyente es la salvaguardia del bien jurídico de la vida, sea cualquiera el método de extinción; decapitación manual o mecánica, hoguera, despeño, arrojo a las bestias, lapidación, ahorcadura, estrangulación, descuartizamiento, agarrotamiento, crucifixión, envenenamiento, fusilamiento, enterramiento de ser vivo, inmersión o electroejecución.

"Si lo tenido en cuenta es el bien jurídico de la vida, cabe ahora una interpretación teleológica y por ende, es menester descifrar el significado de ese bien jurídicamente protegido, al cual llamamos vida.

"3. Pero precisar el concepto de vida, trasciende el propósito de esta demanda; tan sólo se puede afirmar, por ser verdad inconcusa de tiempo atrás arraigada en todas las civilizaciones, especialmente la cristiana, el estar compuesto el ser humano de dos ingredientes: uno orgánico y otro funcional, siendo síntesis de materia y espíritu y como tal, por ser materia es finito y por ser espíritu es infinito.

"4. El ingrediente espiritual le permite al hombre tener esperanza; luego, cuando atentándose contra la espiritualidad del hombre se le deja sin esperanza, se está atentando contra el bien jurídico de la vida y ésta, la vida, compuesta de dos ingredientes, no puede subsistir con uno solo, ni con el material únicamente, ni con el espiritual tampoco, pues el ser humano es una simbiosis de materia y espíritu.

"5. Lo mismo es extinguir la vida atacando la materia o atacando el espíritu; por esto, un gran jurista, Francisco Carnelutti, sostuvo la inconstitucionalidad del ergástulo o cadena perpetua en Italia, equiparándola a la pena de muerte y escribió: "Distinto es el alcance físico, pero es idéntico el contenido lógico de la condena al ergástulo y el de la condena a muerte; una declaración de muerte moral". (Cuestiones sobre el Proceso Penal, E. J. E. A., pág. 435).

"6. ¿Pero, acaso sólo la cadena perpetua extingue la esperanza, desconociendo la espiritualidad del ser humano ¿Sinceramente yo me decido por la negativa, pues toda, pena privativa de la libertad por un período superior a la mitad del lapso requerido por la colectividad para adquirir el goce de una pensión de jubilación, o más concretamente, para después de haber consumido lo mejor de las energías poder mirar hacia atrás en el camino.de la vida y estallar de júbilo y satisfacción por la tarea cumplida, teniendo ya la seguridad de unos próximos días llenos de sosiego, es una pena de muerte.

"7. El artículo 214 del Código Penal, consagra como máxima pena para las conductas allí descritas, la de quince años de presidio, lapso superior a la mitad del requerido para jubilarse.

"8. El artículo 363 del Código Penal consagra como máxima pena por la conducta allí descrita la de veinticuatro años de presidio, suma superior al total del período requerido para jubilarse ; como pena mínima establece la de quince años de presidio, suma esta también superior a la mitad del lapso para jubilarse.

"9. Así, el artículo 214 del C. P. tiene un máximo de pena en mi concepto inconstitucional y el 363 ibídem tiene el máximo y el mínimo punitivos, inconstitucionales, según mi entender, por lo cual solicito la declaratoria de su inexequibilidad".

Finalmente, afirma que ha escogido los artículos 214 y 363 para conocer el criterio de la Corte y por tener el más alto índice de incidencia en la delincuencia nacional y reflejar, por tanto, una realidad nacional, pero que hay otras normas con penas inconstitucionales que posteriormente acusará si fuere del caso. Y que incluye en esta acción el artículo 362 para completar una proposición jurídica.

El Procurador General pide que se declaren exequibles las normas objeto de la acusación porque si bien considera interesantes los planteamientos de la demanda por los aspectos filosófico y sociológico, desde el punto de vista estrictamente jurídico no encuentra en ellos inconstitucionalidad alguna.

Consideraciones:

Primera.

Cuando el artículo 29 de la Carta Política, reproduciendo el texto del artículo 3° del Acto legislativo número 3 de 1910, prohibió en forma absoluta al legislador imponer la pena capital, se refirió a la pena de muerte en su sentido natural y obvio, o sea la extinción de la vida humana, pues en la doctrina general que recogieron los redactores de la norma citada se conoce esa sanción con cualquiera de las dos denominaciones: la pena de muerte o pena capital consiste en la supresión de- la, vida humana por mandamiento de la ley.

Segunda.

Las penas privativas de la libertad, cualquiera que sea su clasificación y extensión, jamás pueden confundirse, como lo hace el actor, con la pena capital. En aquéllas al sujeto declarado reo de un delito, simplemente se les restringen algunos derechos, en ésta se extingue la vida. No se ve cómo pueda confundirse la pena de muerte con la privación de la libertad, o dársele el misario valor a estas sanciones cuando son de naturaleza completamente distinta.

Tercera.

El constituyente no señaló límite al legislador para establecer las sanciones privativas de la libertad y su extensión; solamente prohibió imponer la pena de muerte, y las normas acusadas no pugnan con el precepto de la Carta, ya que, por ningún motivo, la pena privativa de la libertad puede equipararse con la pena de muerte.

Por estas consideraciones la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

1° Son exequibles los artículos 214, 362 y 363 de la Ley 95 de 1936 (Código Penal).

29 En cuanto al Decreto 2300 de 1936, artículo vínico, estese a lo resuelto en sentencia de fecha 3 de abril de 1973.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario D' Filippo, Juan Benavides Patrón, Humberto Barrera Domínguez, Alejandro Córdoba Medina, Aurelio Camacho Rueda, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, Miguel Angel García B., José María Esguerra Samper, Guillermo González Charry, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza,

Secretario.