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300Corte SupremaCorte Suprema30030006571Guillermo González Charry197311/12/1973Guillermo González Charry_1973_11/12/197330006571INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA Su Junta Directiva.-Un fallo de inexequibilidad produce efectos inmediatos, por ello no puede fundamentarse en acontecimientos futuros o premisas inexistentes. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena .-Bogotá, D. E., diciembre 11 de 1973. (Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry). Aprobado según Acta número 44 de noviembre 29 de 1973. 1973
César Castro PerdomoDemand de inconstitucionalidad en contra del artículo 8° de la Ley 135 de 1961 reformado por los artículos 1° y 5° de la Ley 1ª de 1968 en la parte en que disponen la escogencia paritaria política de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) en forma indefinida en el tiempo y en la que ordena la elección paritaria de los Senadores y Representantes en la misma Junta DirectivaIdentificadores30030006572true78770Versión original30006572Identificadores

Norma demandada:  Demand de inconstitucionalidad en contra del artículo 8° de la Ley 135 de 1961 reformado por los artículos 1° y 5° de la Ley 1ª de 1968 en la parte en que disponen la escogencia paritaria política de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) en forma indefinida en el tiempo y en la que ordena la elección paritaria de los Senadores y Representantes en la misma Junta Directiva


INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Su Junta Directiva.-Un fallo de inexequibilidad produce efectos inmediatos, por ello no puede fundamentarse en acontecimientos futuros o premisas inexistentes.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre 11 de 1973.

(Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry).

Aprobado según Acta número 44 de noviembre 29 de 1973.

El ciudadano César Castro Perdomo en ejercicio de la acción que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional ha solicitado' que se declare inexequible parcialmente el artículo 8° de la Ley 135 de 1961 reformado por los artículos 1° y 5° de la Ley 1ª de 1968 "en la parte en que disponen la escogencia paritaria política de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la-Reforma Agraria (INCORA) en forma indefinida en el tiempo y en la que ordena la elección paritaria de los Senadores y Representantes en la misma Junta Directiva".

Los artículos demandados dicen textualmente:

"Artículo 1° Introdúceme al texto de la Ley 135 de 1961, las adiciones y reformas de que tratan los artículos siguientes:

"Artículo 5° El artículo 8° quedará así:

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria será dirigido y administrado por una Junta Directiva, un Gerente General, y los restantes funcionarios que determinen los estatutos.

"La junta directiva será de composición política paritaria, y estará integrada por los siguientes miembros:

"El Ministro de Agricultura, quien la presidirá.

"Sendos representantes de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, del Instituto Nacional de Abastecimientos, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de las Cooperativas Agrícolas, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y de la Federación Colombiana de Ganaderos, escogidos por el Presidente de la República, de listas paritarias que le pasarán las entidades respectivas.

"El Director General del Instituto Colombiano Agropecuario.

"Un representante de las Organizaciones de Acción Social Católica, designado por la Conferencia Episcopal, cuya presencia en la junta, no se tomará, en cuenta, para la aplicación de la paridad política, y dos de los trabajadores rurales, escogidos por el Presidente de la República, de listas que se formarán de la manera que determine el Gobierno.

"Un miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, designado por el Presidente de la República, y cuya presencia en la junta no se tomará en cuenta para la aplicación de la paridad, política.

"Dos Senadores y dos Representantes elegidos por las Cámaras respectivas, con observancia de la, regla de la paridad política.

"Estos cuatro miembros del Congreso Nacional serán escogidos en forma, tal que las distintas regiones del país queden representadas por ellos.

"El período de los miembros de la Junta Directiva será de dos años, a partir del día en que el Instituto comience a funcionar.

"La Junta Directiva del Instituto podrá crear, con las formalidades que prescriban sus estatutos, comités de su seno y delegar en ellos el estudio y la resolución de materias comprendidas en el radio de sus atribuciones.

"Los miembros de la Junta que no formen parte de ella por razón del cargo que ocupan, tendrán suplentes personales.

"El Gerente General del Instituto será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, y su filiación política será diferente a la del Gerente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

"El Gobierno reglamentará esta disposición en lo tocante a la manera como deben elaborarse las listas de candidatos, y señalará las cuatro zonas geográficas que deben estar representadas por los miembros del Congreso, de conformidad con lo arriba prescrito".

Como disposiciones violadas se indica el parágrafo del artículo 120 de la Constitución que dice:

"Parágrafo. Los Ministros del Despacho serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, pero la paridad de los partidos conservador y liberal en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los demás cargos de la administración que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, se mantendrá hasta el 7 de agosto de 1978.

"Para preservar, después de la fecha indicada, con carácter permanente el espíritu nacional en la Rama Ejecutiva y en la Administración Pública, el nombramiento de los citados funcionarios se hará en forma tal que se dé participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del Presidente de la República.

"Si dicho partido decide no participar en el Ejecutivo, el Presidente de la República constituirá libremente el gobierno en la forma que considere procedente".

"Lo anterior no obsta para que otros partidos o miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser llamados simultáneamente a desempeñar cargos en la Administración Pública.

"La reforma de lo establecido en este parágrafo requerirá los dos tercios de los votos de los asistentes de una y otra Cámara".

Igualmente se indica como violado el artículo 172 cuyo texto es como sigue:

"Artículo 172. El artículo 172 de la Constitución Nacional quedará así:

A fin de asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el sistema del cuociente electoral. El cociente será el número que resulte de dividir el total de votos válidos por el de puestos por proveer.

"Si se tratare de la elección de solo dos individuos, el cociente será la cifra que resultare de dividir el total de votos válidos por el número de puestos por proveer, más uno.

"La adjudicación de puestos a cada lista se hará en proporción a las veces que el cociente quepa en el respectivo número de votos válidos.

"Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los residuos,, en orden descendente.

"Parágrafo transitorio. En las elecciones para Senado y Cámara que se realicen en el año de 1970, y en las que estas corporaciones efectúen hasta el 19 de julio de 1974, si hubiere dos o más listas de un mismo partido y los puestos que a éste correspondieren fueren dos o más, se aplicará para adjudicarlos el sistema de consiente electoral, pero teniendo en cuenta únicamente los votos emitidos por las listas de tal partido.

"En las elecciones para Asambleas Departamentales y Concejos Municipales que se verifiquen a partir del 1° de enero de 1970, y en las ele Senado y Cámara de Representantes, a partir del 1° de enero de 1974, dejará de regir la regla transitoria sobre composición paritaria de dichas corporaciones y, en consecuencia, se aplicará en toda su plenitud el sistema; del cuociente electoral para asegurar la representación proporcional de los partidos políticos".

El concepto de la violación de la primera disposición constitucional mencionada por los incisos 2°, 4°, 5°, 6° y 7° de la. norma legal, se hace consistir en que mientras el texto constitucional ordena que la integración de la Rama Ejecutiva se haga mediante el sistema de la paridad política solo hasta el año de 1978, y además, en forma no excluyente, es decir dando representación a partidos distintos del liberal y el conservador, los textos legales disponen que la integración de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria se haga también paritariamente pero solo entre representantes de los partidos liberal y conservador, y en forma indefinida, es decir, llevándola más allá del año de 1978, puesto que la ley no señala término alguno a su vigencia. En esta forma, dice la demanda, se presenta una ostensible contradicción entre la Carta Fundamental y la ley, pues ésta lleva sus efectos hasta un límite mayor del señalado por la Constitución e impide el ingreso a la Junta del Instituto a personas que pertenezcan a partidos distintos del conservador y el liberal. Y en el que se refiere a La violación del artículo 172, se hace consistir en que mientras el inciso 7) del artículo 59 de la ley dispone que harán parte de la Junta dos Senadores y dos Representantes elegidos por las Cámaras respectivas, con observación de la regla de la paridad política, el artículo constitucional "estableció un sistema electoral diferente, como es el del cuociente electoral obligatorio no solo encías elecciones populares sino en las elecciones de cualquier corporación pública cuando se trate de elegir dos o más individuos". Agrega la demanda que "el inciso 7) demandado del artículo 8° de la. Ley 135 de 1961 por estar involucrado en la Ley de la Reforma Agraria, establece actualmente una regla de conducta general obligatoria para las Cámaras mientras conserve su vigencia y a su ordenamiento podría también cualquier ciudadano acudir ante el Consejo de Estado en demanda electoral cuando las dos Cámaras no verifiquen las elecciones de Sus voceros a la Junta Directiva del Incora en la forma prevista en la Ley de la Reforma Agraria. De ahí que en mi concepto tenga importancia que esa honorable corporación despeje de una vez por todas cualquier duda sobre la materia y ese es el sentido de esta demanda".

El señor Procurador General de la Nación considera que la demanda es infundada y apoya esta consideración en dos argumentos que pueden sintetizarse así:

a) El artículo demandado es simplemente un desarrollo del 120 de la Constitución Nacional, bien sea que la paridad en él establecida sea "excluyente" es decir, realizable solo entre liberales y conservadores, o "no excluyente", o factible de adelantarse con partidos distintos de los mencionados. Como la ley no califica la paridad y solo la desarrolla, el sentido que se le dé a la norma constitucional es el de la ley;

b) La demanda plantea una hipotética violación constitucional de futuro pero no actual, y por lo mismo esta consideración es improcedente.

Consideraciones:

Observa la Corte que la demanda en estudio funda los cargos de inconstitucionalidad en la circunstancia de que como la Ley 1ª de 1968, reformatoria de la 135 de 1961, en lo .pertinente, no establece el límite temporal a la forma paritaria de integración de la Junta Directiva del Incora, resulta en contradicción con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 120 de la Constitución. En otras palabras, se invita a la Corte a pronunciar una declaración de inexequibilidad sobre un supuesto de futuro y no sobre un hecho actual. La realidad jurídica del momento en que debe tomarse esta decisión, y que es el único que debe tener en cuenta la Corte para un pronunciamiento de este género es que el artículo 5° de la Ley demandada, reformatorio del 8° de la Ley 135 de 1961, se arregla en ion todo a lo dispuesto por el primer inciso del parágrafo del artículo 120 de la Constitución, según cuyas voces "los Ministros del Despacho serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la

República, pero la paridad de los partidos conservador y liberal en los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías y los demás cargos de la administración que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, se=mantendrá hasta el 7 de agosto de 1978" (subraya la Corte). Si de acuerdo con este precepto rige la paridad hasta 1978 entre liberales y conservadores en los sectores administrativos que no pertenezcan a. la Carrera Administrativa, y si la ley, en el artículo demandado dispone que la integración de la Junta del Incora sea paritaria., hay conformidad entre las dos normas.

Por otra parte no existe ninguna razón técnica ni jurídica para, que la Corte admita como criterio de inexequibilidad el que se funda en la hipótesis de que habrá, de llegar un día en que el ordenamiento legal discrepe del constitucional. Una declaratoria de inexequibilidad o de exequibilidad de la ley no puede hacerse para que rija dentro de uno, dos o cuatro años, contrariando .los preceptos legales conforme a los cuales ella surte efectos desde que tome el carácter de sentencia, por la firma de los Magistrados de la. Corte. Y no existe razón, como se dijo, para, que hoy, al tomarla, se pronuncie por la inexequibilidad.

Consideraciones similares deben hacerse respecto a la violación del artículo 172 de la Carta. El inciso 7° del artículo 5° de la Ley no contiene ninguna disposición contraria, al artículo 172 de la Carta. Se limita a disponer que en la Junta Directiva del Incora habrá dos Representantes y dos Senadores elegidos por las respectivas Cámaras con observancia de la paridad política. Si dicha junta es un cuerpo administrativo-y así lo admite la demanda-, y como tal debe ser paritaria con arreglo al parágrafo del artículo 120 de la Constitución, no hay ningún vicio porque así lo disponga la Ley; y, como se dijo en la consideración anterior, él no puede extraer de la circunstancia de que la ley se prolongue en su vigencia más allá del 7 de agosto de 1978 fecha hasta la cual se mantiene la paridad en la administración entre liberales y conservadores. Y tampoco constituye violación constitucional la secuela lógica de lo anterior, a saber, que el Senado y la Cámara al designar sus representantes en la junta, den cumplimiento a los preceptos, constitucional el uno y legal el otro, sobre paridad.

La conveniencia, de un pronunciamiento de la, Corte, que plantea la demanda, y las eventuales consecuencias de acciones que puedan proponerse ante el Consejo de Estado por particulares sobre la, materia reglamentada, por la, norma, cuestionada, no son en modo alguno consideraciones valederas -para inducir una decisión fundada en premisas inexistentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación, declara que son exequibles los incisos 2°, 4°, 5°, 6° y 7° del artículo 5° de la Ley 1ª de 1968 que reformó el 8° de la Ley 135 de 1961.

Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese al Gobierno Nacional y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario D' Filippo, José Enrique Arboleda, Valencia,

Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto .Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Sam-per, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Sala-zar, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza,

Secretario General.