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300Corte SupremaCorte Suprema30030006279Luis Sarmiento Buitrago197301/02/1973Luis Sarmiento Buitrago_1973_01/02/197330006279CONTADORES PUBLICOS Los derechos adquiridos que garantiza el artículo 30 de la Constitución, frente a la facultad del legislador para exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones consagrada en el artículo 39 de la misma. Corte Suprema de Justicia . - Sala Plena . -Bogotá, D. E., febrero l9 de 1973. (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). Aprobado Acta número 3, febrero 1° de 1973. 1973
Luis Alberto AlvarezDemanda de inexequibilidad contra el literal d) del artículo 6 de la ley 145 de 1960 del artículo 7 del decreto 1462 de 1961 y del artículo 2 del decreto 1109 de 1963Identificadores30030006280true78474Versión original30006280Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el literal d) del artículo 6 de la ley 145 de 1960 del artículo 7 del decreto 1462 de 1961 y del artículo 2 del decreto 1109 de 1963


CONTADORES PUBLICOS

Los derechos adquiridos que garantiza el artículo 30 de la Constitución, frente a la facultad del legislador para exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones consagrada en el artículo 39 de la misma.

Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. -Bogotá, D. E., febrero l9 de 1973.

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago).

Aprobado Acta número 3, febrero 1° de 1973.

Los ciudadanos Luis Alberto Alvarez Rodríguez, José Víctor Ravazze Delgado y José Antonio Cano, piden a la Corte Suprema declare la inexequibilidad del literal d) del artículo 6° de la Ley 145 de 1960; del artículo 7° del Decreto 1462 de 1961 y del artículo 2° del Decreto 1109 de 1963, disposiciones estas últimas reglamentarias de la Ley 145 citada.

Texto de las normas acusadas:

Para mayor comprensión se transcribe íntegro el texto del artículo 6° de la Ley 145 de 1960.

"LEY 145 DE 1960

(diciembre 30)

"por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Contador Público.

"El Congreso de Colombia,

Decreta:

"Artículo 6° Para ser inscrito como contador público autorizado se requiere:

"a) Haber obtenido matrícula como contador público ante la Junta Central de Contadores, con arreglo a los Decretos 2373 de 1956, 25 de 1957, 99 de 1958;

"b) O poseer el título expedido por la Superintendecia de Sociedades Anónimas de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 58 de 1931;

"c) O tener matrícula como contador inscrito, expedida por la Junta Central de Contadores con anterioridad a la vigencia de la presente Ley;

"d) O solicitar y obtener de la Junta Central de Contadores la competente inscripción como contador público autorizado, dentro de los dos (2) años siguientes a la expedición de esta Ley, acreditando haber ejercido la profesión de contador por un lapso no inferior a cuatro (4) años en el desempeño de los cargos de contador jefe, jefe de contabilidad, contador de gastos, auditor, revisor fiscal u otros equivalentes en entidades, instituciones o empresas de reconocida importancia".

Artículo 7° del Decreto 1462 de 1961 (junio 28) reglamentario de la Ley 145 de 1960:

''Para ser inscrito como contador público autorizado se requiere, además de los generales, uno de los requisitos enumerados en el artículo 69 de la Ley 145 de 1960.

"Para los efectos del literal d) del artículo mencionado, se acreditará haber ejercido la profesión de contador por un lapso no inferior a cuatro (4) años continuos o discontinuos en el desempeño de los cargos señalados. Corresponde a la Junta Central de Contadores, de que habla el artículo 14 de la Ley, calificar y comprobar, en cada caso, la equivalencia de los cargos y la importancia de las entidades, instituciones o empresas, de acuerdo con las reglamentaciones que dicte al respecto".

Artículo 2° del Decreto 1109 de 1963 (mayo 21), que reglamenta adicionalmente los artículos 4°, literal b);6°, literal d) y 8° de la Ley 145 de 1960:

"Para obtener la inscripción como contador público autorizado de conformidad con el literal d) del artículo 6º de la Ley 145 de 1960, el peticionario deberá acreditar haber ejercido la profesión de contador en un lapso de cuatro (4) años anterior al vencimiento del plazo señalado en la Ley para solicitar la inscripción".

Dicen los actores que las disposiciones acusadas violan el artículo 30 de la Constitución, y así razonan:

"Consideramos que se están violando los derechos adquiridos de que habla el artículo 30 de la Constitución Nacional al desconocer expresamente la calidad de contador de aquellos profesionales que al vencimiento establecido en último momento, mediante el consabido "mico" a la citada Ley 145 de 1960, habían y/o estaban ejerciendo pulcra y eficientemente alguno de los cargos claramente especificados dentro de la ley, es decir, que a su vencimiento, tenían menos de los cuatro (4) años. El "mico" a que nos referimos es aquel inicialmente subrayado por nosotros y que entre comas reza "dentro de los dos (2) años siguientes a la expedición de esta ley"; esta violación se debió a que el texto original del proyecto de ley en aprobación guardaba el principio de dictaminar permanentemente abierta la inscripción del contador profesionalmente en ejercicio con miras a obtener la licenciatura de contador público autorizado, teniendo en cuenta que esta era una introducción a la legislación colombiana igual a la que imperaba y aún rige, en términos generales, en todos los Estados de la Unión de los Estados Unidos de América, ya que en esa época en la única facultad, la Facultad Nacional de Contaduría (antes Escuela Nacional de Comercio) se requería de dos (2) años de estudio para obtener la calidad de contador público titulado".

El Procurador objeta la competencia de la Corte para conocer de la acusación contra las normas reglamentarias y se limita a conceptuar favorablemente a la constitucionalidad de la ley en la parte impugnada; al respecto dice:

"Es ostensible lo infundado de la acusación. El artículo 30 de la Constitución protege contra la ley nueva, únicamente las situaciones jurídicas individuales establecidas de conformidad con la ley anterior, es decir, los derechos ya constituidos válidamente a favor de determinadas personas. Pero resulta que en el caso de los contadores no inscritos con anterioridad a la Ley 145, ningún ordenamiento había erigido en derecho para ejercer la profesión la sola experiencia adquirida en el desempeño de cargos o fuera de ellos, de manera que el nuevo estatuto bien hubiera podido al volver a reglamentar la contaduría profesional, no reconocer como suficiente la mera experiencia sin otro requisito; con mayor razón pudo señalar un lapso mínimo para reconocerla y fijar un término de caducidad para solicitar la inscripción con esa sola base; todo sin que con ello vulnerara ningún derecho de los protegidos por el canon citado, puesto que estas situaciones jurídicas solo hubieran podido resultar de matrículas o inscripciones realizadas anteriormente de conformidad con la legislación entonces vigente".

Consideraciones:

Primera.

Como observa el Procurador, la Corte es competente para conocer de la acusación contra la norma legal, pero no de las impugnaciones contra los decretos reglamentarios, en virtud de la limitación taxativa del artículo 214 de la Constitución; pero esta acumulación indebida no es óbice para decidir sobre la constitucionalidad del precepto legal; se prescinde, en consecuencia, del estudio de los artículos reglamentarios acusados, cuya transcripción se hizo. "

Segunda.

La Ley 145 de 1960, cuyo título "por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público" corresponde exactamente al con-' tenido del estatuto, dice en su artículo 1°:

"Se entenderá por contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredita su competencia profesional queda facultada para dar fe pública de determinados actos así como para desempeñar ciertos cargos, en los términos de la presente Ley".

A lo cual se agrega en el artículo 2°:

"Solo podrán ejercer la profesión de contador público las personas que hayan cumplido con los requisitos señalados en esta Ley y en las normas que la reglamenten".

Esta Ley que tiene como antecedente el Decreto legislativo 2373 de 1956, "por el cual se reglamenta la profesión de contador", busca como finalidad, además de tecnificar el ejercicio de la contabilidad, hacer de los documentos contables un elemento de información digno de confianza del Estado y de los particulares, habilitando al personal para ejercer funciones casi notariales, con la exigencia de condiciones especiales de competencia y probidad que lo haga acreedor a la fe pública de que en determinados casos el Estado lo hace depositario.

Es de notar que esta reglamentación de la profesión de contadores a quienes la Ley en mención les exige una idoneidad especial acreditada con la certificación expedida por la Junta Central de Contadores (art. 15) no se hace para ejercer la profesión de contaduría en general, por ejemplo para ser jefe de una contabilidad, contador de una entidad de crédito, llevar libros, etc., sino para dar fe pública respecto de determinados actos o documentos contables y para el ejercicio de algunos cargos según se prescriba en las leyes; es decir, que la calidad de contador público se exige no con carácter general, sino en forma excepcional, para los actos indicados taxativamente en el artículo 8° de la Ley citada y los que leyes posteriores señalen, tales como certificar los anexos destinados a la fusión de dos o más sociedades comerciales, los inventarios de liquidación de las sociedades por acciones, los balances para enajenación de establecimientos de comercio, etc. (arts. 174, 234 y 527 del Código de Comercio).

El mismo artículo 2° de la Ley 145 dice:

"La teneduría de libros podrá ejercerse libremente".

Tercera.

Dentro del sistema de la Ley 145 de 1960 los contadores públicos pueden ser titulados o simplenamente autorizados (art. 3°); porque en la Ley se parte de la base de que, al tiempo de su expedición, no solamente existían facultades habilitadas oficialmente para expedir títulos de contador, como la facultad de contaduría de la Universidad Nacional, sino que había, muchos contadores que no habían obtenido este título universitario y que no les era fácil adquirirlo, ni era justo exigirles que se sometieran a cursos y exámenes regulares en una facultad de contaduría. Exactamente como ocurrió cuando se expidieron las Leyes 62 de 1928 y 21 de 1931, reglamentarias del ejercicio de la abogacía, en las que fue necesario tener en cuenta, además de los abogados titulados, los que venían ejerciendo ciertas actividades propias de esa profesión, según lo establecido en el artículo 39 de la primera de tales leyes; o con la profesión de medicina al entrar a regir la Ley 35 de 1929; o con la homeopatía en los términos de la Ley 14 de 1962 que prohibió adelantar solicitudes de nuevas licencias o permisos presentados con posterioridad a la vigencia de tales leyes.

Cuarta.

Por lo anterior, la Ley-145 al mismo tiempo que en su artículo 5° determina cómo se obtiene la matrícula de contador titulado en el 6° señala la forma de adquirir la matrícula de contador autorizado; se acepta así la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo, tanto con el título universitario como con el desempeño de determinadas actividades contables, como también lo había previsto el Decreto 2373 de 1956, en el que se concedió un año de plazo para acreditar un ejercicio honesto y eficiente por un lapso no inferior a tres años anteriores a la vigencia de dicho Decreto (art. 4°).

En esta forma, el literal d) del artículo 6° de la Ley 145 de 1960, en la parte a que se contrae la demanda, no puede considerarse como un "mico" introducido sorpresivamente con la frase "dentro de los dos (2) años siguientes a la expedición de esta ley", ya que más bien es una ampliación del término concedido en el Decreto 2373 de 1956 como se anotó antes, puesto que la protección a las situaciones creadas, no puede extenderse indefinidamente, una vez reglamentada la profesión.

Quinta.

Confrontando el planteamiento anterior con los preceptos de la Constitución se tiene: el artículo 39 de la Carta reza:

''Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones".

Si la libertad de escoger profesión es absoluta, su ejercicio no es ilimitado, ni en la letra ni en el espíritu-de la Constitución; ésta encomienda al legislador la reglamentación de todas las profesiones, sin restricción alguna, por cuanto el ejercicio de una- profesión implica la prestación de servicios útiles a la comunidad, que no pueden ser suministrados por toda clase de personas, y que deben reglamentarse en beneficio de los intereses de orden social y de los mismos individuos que van a ejercer las profesiones.

Determinada por el legislador la actividad humana que en el concierto social debe considerarse como profesión, en su reglamentación puede exigir los títulos que considere necesarios para su ejercicio, sean universitarios, académicos, o no; pero cumplida la reglamentación para el futuro, desde luego, la profesión respectiva no puede seguir ejerciéndose indiferentemente con título o sin él, porque se frustraría el propósito de la ley.

Sexta.

No obstante, como summum ius summa iniuria, el legislador ha obrado sin rigorismo jurídico al reglamentar las profesiones, regulando el tránsito de régimen de ejercicio de una profesión no reglamentada al de profesión reglamentada, como se vió en los casos de la abogacía, medicina y otras. En tratándose de la profesión de contador público, el artículo 6° de la Ley 145 previo que los contadores sin título universitario y que no habían obtenido antes un título de idoneidad en la forma prevista en el Decreto 2373 de 1966 o en el artículo 46 de la Ley 58 de 1931, podían ser matriculados o inscritos como contadores públicos autorizados, acreditando haber ejercido la profesión en determinados cargos que suponen esa idoneidad o ayudan a adquirirla.

Pero la posibilidad de solicitar y obtener esa matrícula no quedó indefinidamente abierta y no podía quedar porque entonces, como ya se dijo, se desvirtuaría el propósito de la Ley o sea que la contaduría pública no se ejerza sino con un título universitario.

Séptima.

Finalmente, la invocación que hace el actor sobre violación del artículo 30 de la Constitución que protege los derechos adquiridos es improcedente en el caso que se estudia, porque precisamente la Carta garantiza los derechos adquiridos "con arreglo a las leyes civiles" y antes de la Ley 145 no se había constituido ningún derecho; en cambio, la ley protegió la idoneidad señalando un término de dos (2) años para que, quienes encontrándose con posibilidad de demostrarla, lo hubieran hecho ajustándose a los términos de la misma; pero esta ley que reglamenta la profesión no puede aceptar situaciones irregulares creadas con posterioridad a su vigencia, o sea el ejercicio ilegal de la profesión, pues, por definición, van contra el orden establecido legalmente, que la Constitución no puede proteger.

No hay violación del artículo 30 de la Constitución, ni de ninguno otro de sus preceptos.

Por estas consideraciones-la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

1° Es exequible el literal d) del artículo 6° de la Ley 145 de 1960.

2° No es el caso de examinar la constitucionalidad de los artículos 7° del Decreto número 1462 de 1961 y 2° del Decreto 1109 de 1963, ambos reglamentarios de la Ley 145 de 1960, por incompetencia.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Presidente.

Mario Alario D 'Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Homero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Aurelio Camacho Rueda, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario.