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300Corte SupremaCorte Suprema30030004710Samuel de Sola R.195805/08/1958Samuel de Sola R._1958_05/08/195830004710LA CORTE, RESPECTO DE LA DEMANDA DE INEXEQUIBILIDAD DE LOS ARTS. 1°, 2°, 12°, 13°,15° y 18° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 0279 DE 1953, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y DE LA ODONTOLOGIA, MACE LA HISTORIA DE LAS LEYES QUE REGLAMENTAN LAS ALUDIDAS PROFESIONES, ORDENA ESTARSE A LO RESUELTO EN SENTENCIA DE 5 DE AGOSTO DE 1958 QUE DECLARO INEXEQUIBLE LA TOTALIDAD DEL MENCIONADO DECRETO Y SEÑALA LA SITUACION JURIDICA RESULTANTE DE LA INEXEQUIBILIDAD DECLARADA Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, cinco de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho. (Magistrado Ponente: Dr. Samuel de Sola R.) 1958
Eduardo Zuleta AngelDemanda de inexequibilidad contra 1, 2, 12, 13, 15 y 18 del decreto 279 de 1953Identificadores30030004711true76692Versión original30004711Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra 1, 2, 12, 13, 15 y 18 del decreto 279 de 1953


LA CORTE, RESPECTO DE LA DEMANDA DE INEXEQUIBILIDAD DE LOS ARTS. 1°, 2°, 12°, 13°,15° y 18° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 0279 DE 1953, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y DE LA ODONTOLOGIA, MACE LA HISTORIA DE LAS LEYES QUE REGLAMENTAN LAS ALUDIDAS PROFESIONES, ORDENA ESTARSE A LO RESUELTO EN SENTENCIA DE 5 DE AGOSTO DE 1958 QUE DECLARO INEXEQUIBLE LA TOTALIDAD DEL MENCIONADO DECRETO Y SEÑALA LA SITUACION JURIDICA RESULTANTE DE LA INEXEQUIBILIDAD DECLARADA

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, cinco de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho.

(Magistrado Ponente: Dr. Samuel de Sola R.)

El doctor Eduardo Zuleta Angel, mayor de edad y de éste vecindario, en uso del derecho que a los ciudadanos confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, en demanda de quince de julio de mil novecientos cincuenta y tres, solicita a la Corte que declare inexequibles los artículos 1°, 2°, 12° 13°, 15° y, 18° del Decreto Legislativo número 0279 de 17 de febrero de 1953, "por el cual se reglamenta el ejercicio de la medicina y de la odontología", publicado en el Diario Oficial número 28.137 de 26 de febrero del citado año, que son del tenor siguiente:

"Artículo 1° - Para los efectos legales se entiende por ejercicio de la medicina: examinar, diagnosticar, prescribir tratamientos de cualquier naturaleza para cualquier enfermedad, dolor, daño, accidente o deformidad física y, en general, la prestación de servicios destinados o aplicados a la profilaxia, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades, ya sea que ellos se presten directamente o a través de instituciones públicas o privadas, tanto de carácter asistencial como sanitario.

"Artículo 2°-A partir de la vigencia del presente Decreto, solo podrán ejercer la medicina o la odontología en el territorio de la República de Colombia:

"a) Los que hayan adquirido o adquieran el título de médico o de odontólogo, respectivamente, expedido por alguna de las Facultades oficialmente reconocidas que funcionen o hayan funcionado en el país, y que esté refrendado por el Ministerio de Educación Nacional y registrado en la Junta de Títulos respectiva;

"b) Los colombianos graduados en el Exterior en una Facultad de reconocida competencia, lo que será certificado por el Agente Diplomático o Consular de la República en el país de origen del título. También certificarán dichos funcionarios que tales títulos tienen el mismo valor de los correspondientes en Colombia;

"c) Los nacionales o los extranjeros que hayan obtenido o que obtengan su título en una .Facultad perteneciente a 'país con el cual Colombia tenga celebrados tratados o convenios sobre intercambio de -títulos universitarios, en los términos de dichos tratados o convenios;

"d) Los extranjeros graduados en Facultades de países que no tengan tratados con Colombia, siempre que presenten en la capital de la República ante un jurado de examinadores, nombrado por la Facultad de Medicina o de Odontología de la Universidad Nacional, respectivamente, un examen que será reglamentado por el Gobierno Nacional;

"e) Los profesionales extranjeros que, a juicio de la Academia Nacional de Medicina o de la Federación Odontológica Colombiana, respectivamente, sean acreedores a esta gracia en razón de sus. méritos y renombre científicos. La anterior excepción se refiere a ejercicio de la profesión por más de treinta días y debe ser tramitada por intermedio de la Junta de Títulos respectiva, la que será encargada de extender el correspondiente permiso;

"f) caso de visitá científica de un profesional de reconocido mérito y renombre, el Ministerio de Higiene podrá extender un permiso para ejercer la profesión por un período no mayor de treinta días.

"Parágrafo.-Para poder ejercer la medicina o la odontología, todos los títulos deberán ser aprobados por la Junta de Títulos correspondiente, y además, deberán ser registrados en la Dirección Departamental, Intendencial o Comisarial de Higiene respectiva, en donde se llevará un libro especial para este fin. Sin estos requisitos ninguna autoridad permitirá el ejercicio de la medicina o de la odontología. Concédese un plazo improrrogable de seis (6) meses, a partir de la vigencia del presente Decreto, pará la inscripción de todos los títulos de los profesionales en ejercicio en el territorio de la República, y un plazo de treinta (30) días para aquellos que, llegados a una localidad, comenzaren por primera vez a ejercer la profesión en ella.

"Parágrafo 2°-No se aceptan títulos de Facultades cuyo plan de estudios sea inferior al de las Facultades respectivas de la Universidad Nacional de Colombia. Tampoco se aceptan títulos expedidos por correspondencia. No serán válidos para el ejercicio de las profesiones los títulos honoríficos.

"Parágrafo 3°-Los profesionales extranjeros que vengan al país en cumplimiento de comisiones, contratos o visitas científicas, también quedan sujetos a las disposiciones del presente artículo. Los profesionales contratados por el Gobierno podrán, una vez terminado el contrato, continuar ejerciendo en la rama que haya sido motivo del contrato, de acuerdo con licencia que debe solicitarse a la Junta de Títulos respectiva.

"Parágrafo 4° - A ningún título se podrá autorizar el ejercicio de las profesiones médica u odontológica a quienes las hayan ejercido ilegalmente en cualquier tiempo.

"Artículo 12.-Ejercen ilegalmente la medicina todas las personas que, sin haber llenado los requisitos del presente Decreto, practiquen cualquier acto que constituya ejercicio de la medicina, de acuerdo con el artículo 19, en especial:

"1°-Los que pretenden prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades por los métodos usuales en la medicina o por métodos distintos de ésta;

"2°-Los profesionales afines a. la medicina como odontólogos, farmacéuticos, enfermeras, parteras, fisioterapeutas, etc. que, extralimitando el campo de su trabajo, practiquen el ejercicio de la medicina de acuerdo con el artículo 1°;

"3°-los médicos o personas legalmente autorizadas para ejercer la profesión que encubran a quienes no lo están o se asocien con ellas.

"4°-Los médicos que no hayan cumplido los requisitos de prestación de servicios rurales, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

"Artículo 13.-El que ejerza ilegalmente la medicina, incurrirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años y será responsable civilmente de los daños causados.

"Parágrafo. - El procedimiento para adelantar los procesos que se inicien por ejercicio ilegal de la medicina será el señalado por el artículo 13 de la Ley 48 de 1936.

"Artículo 15. - Las fórmulas firmadas por el responsable así como sus avisos de propaganda, sus placas murales y de anuncio profesional, sus locales y establecimientos de trabajo pertinentes, constituyen plena prueba del ejercicio ilegal de la medicina o de la odontología respectivamente.

"Artículo 18.-El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición, y quedan suspendidas las Leyes 35 de 1929, 67 de 1935, 51 de 1937, el inciso d) del artículo 1° de la Ley 84 y las demás disposiciones contrarias al presente Decreto".

Afirma el demandante que los artículos acusados prohíben a los médicos homepatas el ejercicio de su profesión y que, por tanto, violan los artículos 121, 39 y 30 de la Carta por las razones que se sintetizan de la siguiente manera.

a) Porque si la ley colombiana siempre que reglamentó el ejercicio de la medicina permitió a los médicos homeópatas la práctica de su profesión, como se dispuso en el Decreto Legislativo número 592 de 1905, en el articulo 2° de la Ley 83 de 1914, en los artículos 1° y 2° de la Ley 67 de 1920, en el 2° de la Ley 85 de 1922, en el 9° de la Ley 35 de 1929 y en el parágrafo 2° del 3° de la Ley 67 de 1935, les otorgó un derecho que no puede arrebatarles por el Decreto Legislativo acusado en parte, sin mengua del artículo 30 de la Constitución que en la primera parte de su inciso primero dice: "SE GARANTIZA LA PROPIEDAD PRIVADA Y LOS DEMAS DERECHOS ADQUIRIDOS CON JUSTO TITULO CON ARREGLO A LAS LEYES CIVILES, POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, LOS CUALES NO PUEDEN SER DESCONOCIDOS NI VULNERADOS POR LEYES POSTERIORES".

b) Porque de conformidad con el artículo 39 de la Carta, "la ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. Puede además inspeccionarlas en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas" pero no puede prohibir la práctica de las profesiones lícitas.

c) Porque según el artículo 121 de la Constitución, en estado de sitio el Gobierno no puede derogar sino suspender las leyes incompatibles con tal estado, y no se ve qué incompatibilidad puede haber entre el ejercicio de la homeopatía y el restablecimiento del orden público.

Surtido el traslado de la demanda al señor Procurador ad-hoc, doctor Juan Manuel Pachón Padilla, por impedimento aceptado al titular, conceptuó que eran exequibles los artículos acusados del decreto-ley materia de la demanda por estimar "que mientras subsista la turbación del orden público y el Gobierno esté investido consecuencialmente de las facultades del artículo 121 de la Constitución Nacional, invoca esa norma para dictar todas las medidas que a su juicio requiera la marcha de la administración general", son sus palabras, y por considerar que no proscriben la medicina homeopática ni impiden el ejercicio de la misma a los diplomados porque el parágrafo 1° del artículo 2° del Decreto Legislativo 0279 de 1953, concedió un plazo improrrogable de seis meses para la inscripción de todos los títulos de los profesionales de la medicina en el territorio de la República, y otro de treinta días para aquellos que, llegados a una localidad, comenzaron a ejercer en la misma por primera vez.

Agotado el procedimiento que la ley señala para el trámite de esta clase de negocios, corresponde ahora a la Corte pronunciarse sobre la demanda propuesta, lo que se hace mediante las siguientes consideraciones:

Como se desprende de todo lo expuesto, el meollo de la cuestión se concreta a lo siguiente:

Determinar si en verdad los artículos acusados del Decreto Ley 0279 de 1953 prohíben la práctica de la Homeopatía y a los médicos homeópatas el ejercicio de su profesión: y, en caso afirmativo, si el Gobierno puede constitucionalmente tomar tal determinación.

Para un mejor entendimiento del problema considera la Corte conveniente hacer un poco de historia.

Por el Decreto número 592 de 1905, se permitió ejercer la profesión de médicos en cualquier parte de la República a los homeópatas diplomados por el Instituto Homeopático de Colombia, y a los no titulados solamente en aquellas poblaciones que carecieran de facultativos, siempre y cuando que tuvieran una licencia expedida por un médico graduado establecido en el lugar más inmediato al de la sede de aquellos.

Se aprobó después la Ley 83 de 1914 que derogó expresamente y sustituyó el Decreto 592 de 1905, ley que, con respecto a los médicos homeópatas, dispuso que podían ejercer su profesión los ya titulados o que en el futuro titulará el Instituto Homeopático de Colombia; los no titulados que tenían en ese momento licencia para ejercer, sometiéndose a las limitaciones de la misma, o los que careciendo de ella hubieran ejercido durante cinco años.

Vinieron luego las leyes 67 de 1920 y 85 de 1922 que, aunque introdujeron algunas modificaciones a la ley 83 de 1914, dejaron intactos los derechos otorgados a los homeópatas por ésta, leyes todas que fueron derogadas también expresamente y sustituidas por la 35 de 1929, la que, por medio de su artículo 9° respetó los susodichos derechos de los homeópatas que ejercían amparados por las leyes sobre el particular vigentes hasta el momento.

Por la Ley 67 de 1935 se reglamentó nuevamente el ejercicio de la medicina, y mediante el parágrafo 29 de su artículo 3$ se dejaron una vez más a salvo los derechos de los homeópatas en ejercicio, diplomados o no, que hasta entonces habían reconocido las leyes. Empero, por su artículo 11 se dispuso, constituyendo esto sí una novedad, que en el futuro únicamente se otorgaría la licencia para ejercer a los homeópatas titulados por instituciones o Facultades cuyos pénsumes hubiera aprobado el Gobierno y cuyo funcionamiento estuviera permanentemente vigilado por el mismo, vale decir, por institutos nacionales reconocidos.

De lo que se deja expuesto se desprende que a pesar de la pluralidad de leyes y decretos reglamentarios de la profesión médica dictados desde 1905 hasta 1935, los homeópatas diplomados o los no titulados pero con licencia para ejercer por haberse ceñido a las disposiciones vigentes sobre la materia, no tuvieron dificultades para su ejercicio profesional por entonces. Mas estas comenzaron a surgir cuando fue dictado el Decreto Ley 2597 de 3 de agosto de 1950 que suspendió el artículo 9° de la Ley 35 de 1929 que a la letra decía:

"Artículo 9°-Los individuos que hayan obtenido diploma del Instituto Homeopático de Colombia, y los que, aun cuando carezcan de diploma, hayan ejercido la medicina por el sistema homeopático durante cinco años, podrán continuar ejerciéndola.

"Parágrafo.-También podrán ejercer la profesión de homeópatas los individuos que en lo sucesivo obtengan diploma del Instituto Homeopático de Colombia, pero este plantel no podrá conferir títulos de idoneidad sino a personas que comprueben haber cursado previamente en la Facultad de Medicina el primer año de estudios y las asignaturas de anatomía, fisiología y las tres patologías".

En efecto, suspendido en forma tan terminante el artículo 9° de la Ley 35 de 1929, pareció que los homeópatas titulados o licenciados que hasta entonces habían ejercido su profesión al amparo de las leyes, según se ha visto, de la noche a la mañana quedaron privados de tal ejercicio. Pero en la práctica no fue así, seguramente porque se advirtió que aunque suspendida la disposición transcrita, no lo había sido la Ley 67 de 1935, mencionada antes que, como se dijo, en el parágrafo 2° de su artículo 3° dejó intactos los derechos de los homeópatas titulados o licenciados en ejercicio.

Se expidió después el Decreto Legislativo 279 de 17 de febrero de 1953 "por el cual se reglamenta el ejercicio de la medicina y de la odontología", al que pertenecen los artículos acusados en la demanda, único estatuto que en ese momento quedó rigiendo todo lo relacionado con el ejercicio de la medicina, ya que por la Ley 35 de 1929 se derogaron expresamente las anteriores sobre el particular, y ésta fue a su turno suspendida por el artículo 18 del Decreto Legislativo en mención, que también suspendió la 67 citada.

Posteriormente se expidió el Decreto Ley 124 de 20 de enero de 1954, el cual derogó el 79 del 279 de 1953 atañedero solo a asuntos odontológicos, y levantó la suspensión o sea revivió el artículo 19 de la Ley 67 de 1935, el parágrafo de su artículo 9° y el 10 que, aunque referentes a la profesión médica, no alteran los requisitos que para poder ejercer la medicina estableció el Decreto Ley 279 tantas veces aludido.

Establecido pues que el Decreto 279 de 1953 quedó rigiendo lo relacionado con el ejercicio de la medicina, se pasa a examinar, como se expresó en otro lugar, si tiene razón o no el demandante al afirmar que él prohíbe el ejercicio de la Homeopatía a los homeópatas titulados o licenciados hasta el momento de su expedición, y a los que se diplomen con posterioridad; y en caso afirmativo, si el Gobierno puede decretar la prohibición. Para ello se examinará detenidamente el contenido de los artículos objeto de la acusación.

EXAMEN DE LOS ARTICULOS ACUSADOS

Estudiados los artículos acusados del Decreto-Ley 279 de 1953 transcritos al principio de esta sentencia, no se ve, a primera vista, cómo pueden ser tachados de inconstitucionales, comoquiera que aparentemente se limitan a definir lo que debe entenderse por ejercicio de la medicina, a reglamentar su ejercicio, a determinar lo que se entiende por práctica ilegal de la misma, a señalar las sanciones para ésta y a suspender leyes anteriores sobre el particular, ya que el artículo 39 de la Carta ha establecido que "LA LEY PUEDE EXIGIR TITULOS DE IDONEIDAD Y REGLAMENTAR EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES". Sin embargo, como el demandante afirma que tales disposiciones por guardar absoluto silencio acerca del ejercicio de la medicina homeopática la prohíben implícitamente, lo que él considera violatorio de la Constitución, porque no está permitido al legislador prohibir las profesiones lícitas ni vulnerar derechos adquiridos al amparo de la ley, se examina si esas conclusiones no son equivocadas.

Si el Decreto Ley 279 de 17 de febrero de 1953 no hubiera suspendido expresamente la Ley 67 de 1935 que mediante el parágrafo 2° de su artículo 3° y el 11 dejó a salvo los derechos de los médicos homeópatas titulados o licenciados hasta entonces o que se titularan en el futuro, y se hubiera limitado a decir que solo suspendía las disposiciones de la Ley 67 contrarias a él, no habría ningún problema que debatir aunque hubiera guardado silencio, como afirma el demandante, acerca de la Homeopatía y los homeópatas, puesto que estos habrían podido continuar su ejercicio profesional al amparo de ésta. Mas como esa ley fue suspendida en su totalidad por el Decreto Ley tantas veces mentado, y éste al decir qué médicos y en qué circunstancias podían ejercer la medicina, a partir de su vigencia, nada dijo con respectó a la Homeopatía y médicos homeópatas, hay que concluir que implícitamente prohibió su práctica y suspendió a los profesionales facultados hasta ese momento para practicarla y a los que se titularan en el futuro, el derecho de ejercerla.

Y no se diga que la conclusión anterior es errónea porque si el artículo 2° del Decreto Ley acusado en parte, al enunciar en sus incisos a), b), c), d) y f) quiénes pueden ejercer la profesión de médicos u odontólogos no habló de médicos alópatas sino simplemente de médicos, cobijó también en esa enunciación a los homeópatas graduados en el país o en el exterior, nacionales o extranjeros, que sometieran sus diplomas a la aprobación de la Junta de Títulos, hoy Consejo de Práctica Profesional, y a registro en las Direcciones de Higiene con las formalidades del caso, porque al establecer el parágrafo segundo de dicho artículo que no se aceptarían títulos de Facultades cuyos planes de estudio fueran inferiores a los de la Universidad Nacional de Colombia, de hecho rechazó a los homeópatas diplomados comoquiera que la Universidad Nacional no tiene Facultad de Homeopatía. Además, nada dijo el Decreto Ley con respecto a los homeópatas no titulados que en el momento de su expedición ejercían la medicina con licencias otorgadas de acuerdo con leyes anteriores. En cambio, a los odontólogos licenciados y no titulados sí les respetó su derecho al ejercicio profesional al disponer en su artículo 6° que "Pueden ejercer la odontología los que hayan obtenido licencias expedidas con todos los requisitos legales y con anterioridad a la vigencia del presente decreto".

Establecido que el artículo 2° del Decreto Ley 279 de 1953 prohíbe el ejercicio de la medicina a los homeópatas titulados con anterioridad y posterioridad a su vigencia, y a los licenciados antes de su expedición, resta ahora averiguar si constitucionalmente podía hacerse tal cosa.

Sin que la Corte quiera intervenir en la vieja polémica surgida entre los médicos alópatas y homeópatas acerca de cuál de los dos sistemas es el mejor para el tratamiento dé las enfermedades, pues ello no es de su incumbencia, sí debe reconocer que la Homeopatía ha sido tenida en el mundo como una ciencia respetable descubierta en Alemania por el médico Samuel Federico Hahfiemann, nacido en Mesen el 10 de abril de 1755, según se desprende de la obra del doctor Francisco Valiente T. intitulada "El Triunfo Definitivo de la. Homeopatía", editada en 1934 por la editorial "Mercurio" de Cartagena.

Colombia haciéndose eco del respeto profesado a esta ciencia en otras partes del mundo, permitió siempre su práctica, como lo comprueban los decretos y leyes dictados en el país desde 1905 hasta 1953 de que se habló en otro lugar, hecho que denota también cómo sus métodos, basados en el principio "similia similibus curantur", nunca fueron reputados contrarios a la salubridad pública.

Si las cosas han sido así hasta el momento, vale decir, si la homeopatía ha sido una ciencia hasta ahora respetable y respetada y su ejercicio una profesión lícita que los homeópatas diplomados y licenciados han ejercido en el país al amparo de sus leyes hasta la expedición del Decreto Ley 279 de 1953, no se ve cómo el legislador, el Gobierno en este caso, pueda dictar disposiciones como su artículo 2° que, en relación con su artículo 18, prohíben su ejercicio y arrebatan a tales profesionales su derecho a ejercer, sin que se infrinjan los artículos 39 y 30 de la Carta que no permiten prohibir las actividades lícitas y garantizan los derechos adquiridos disponiendo que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores a las que los originaron.

No hay necesidad en el caso de autos, en sentir de la Sala, para hacer eruditas exposiciones como las hace el distinguido, jurista demandante, para determinar cuál es el verdadero concepto de derecho adquirido y, por consiguiente, que debe tenerse por tal el otorgado por la ley hasta 1953 a los homeópatas titulados o licenciados hasta entonces en ejercicio, pues esta es cosa tan clara que cualquier explicación al respecto lejos de dar luces sobre el particular puede enturbiarla.

Pero no solamente por los aspectos contemplados son inconstitucionales los artículos 2° y 18 del Decreto 279 de 1953 sino también por otro, del que se hablará después de analizar, como pasa a hacerlo la Sala, si son exequibles o inexequibles sus otras disposiciones acusadas, o sean sus artículos 1°, 12, 13 y 15 copiados al principio de la sentencia, para lo cual se comienza por el segundo de los últimamente mencionados.

El artículo 12 del decreto-ley materia de la acusación, establece en la primera parte y ordinal, 1° de su único inciso, que ejercen ilegalmente la medicina las personas que sin haber llenado los requisitos del mismo practican cualquier acto de los que, según su artículo 1°, constituyen ejercicio médico, es decir, los alópatas diplomados, nacionales o extranjeros, cuyos títulos no hayan sido aprobados y registrados mediante las formalidades señaladas por su artículo 2°, y las personas sin título médico, entre las que hay que contar a los homeópatas diplomados ó licenciados, por lo expresado en otro lugar. Y en sus numerales 2°, 3° y 4° del inciso en cuestión, señala también como contraventores de tal ley a los odontólogos, farmaceutas, enfermeras, parteras, fisioterapeutas, etc., etc., que, extralimitando sus funciones profesionales, practiquen la medicina; a los médicos legalmente autorizados ^ara ejercerla que encubran a "teguas" o se asocien a ellos, o no hayan prestado el servicio médico rural estando obligados.

Lo primero que se observa al leer la disposición a que ahora se alude es que, en realidad, sobra en su primera parte y numerales 1° y 2° y, por tanto, que no había necesidad de dictarla, puesto que si en el artículo 2° del decreto-ley se especificó minuciosamente quiénes pueden ejercer la medicina, claro está que los médicos o profanos no comprendidos dentro cíe tal artículo, la ejercen ilegalmente.

O dicho de otra manera: El artículo 12 del decreto-ley 279 de 1953, no hizo otra cosa que decir en forma negativa lo que el 2° había dicho de manera positiva, agregando solamente la novedad de considerar fuera de la ley a los profesionales asociados a "teguas" o encubridores de estos, o que no hubieran cumplido con el servicio médico rural.

Ahora bien: Si el artículo 12 en referencia no hace otra cosa que expresar en forma negativa o contraria lo que expresó el 2° de manera positiva, vale decir, reputa ejercicio ilegal de la medicina el de los homeópatas diplomados o licenciados o que se diplomen en el futuro, comoquiera que estos, como se dejó demostrado, quedaron, excluidos de la posibilidad de hacer aprobar y registrar sus títulos y licencias por ante la Junta de Títulos (hoy Consejo de Práctica Profesional), y respectiva Dirección de Higiene, o -lo que es lo mismo- no pueden llenar los requisitos del decreto-ley para poder ejercer, militan contra él idénticas razones a las que se dieron con relación al 2° para concluir que es inexequible.

Los artículos 1°, 13 y 15 del decreto-ley 279 de 1953, la Corte conceptúa que, aunque aparentemente son constitucionales, puesto que el 1° se limita a definir, aunque en forma imperfecta, lo que debe entenderse por ejercicio de la medicina, pues comprende algo más de lo definido como, por ejemplo, la aplicación por familiares de medicamentos caseros a males de menor cuantía; el 13 a imponer pena de prisión para los que ejerzan ilegalmente la medicina y a indicar el procedimiento para juzgarlos, sin contrariar los artículos 26 y 28 de la Carta; y el 15 da el valor de plena prueba, en los susodichos procesos, a ciertos hechos o indicios reveladores del ejercicio de la medicina por parte de los infractores de la ordenación gubernamental que se estudia, como las fórmulas firmadas por el sindicado, sus placas murales y anuncios profesionales, el establecimiento de consultorios, etc., c sea establece presunciones legales, aunque aparentemente constitucionales, se repite, no lo son por cuanto fueron dictados en uso de las facultades extraordinarias que otorga el artículo 121 de la Constitución al Gobierno, y no se ve que exista alguna relación entre su contenido y el restablecimiento del orden público, requisito indispensable para que disposiciones de esa índole puedan considerarse exequibles. Este aspecto de la inexequibilidad, como se insinuó anteriormente, cobija asimismo a los artículos 2° y 18 acusados, y si sabiéndolo la Sala se empeñó en demostrar que lo eran también por otros, fue porque quiso extremar su celo en el estudio de la cuestión planteada.

Resumiendo lo dicho hasta aquí se tiene que se encuentran inexequibles los artículos 1°, 2° 13°, 15° y 18° del decreto-ley 279 de 17 de febrero de 1953, acusados. Empero, como en esta fecha la. Corte, en el juicio promovido por Campo Elías Silva Rivas acusando de inconstitucional todo el decreto-ley aludido, lo ha declarado íntegramente inexequible, este fallo tiene que concluir ordenando que se esté a lo resuelto en esa providencia.

Para terminar, solo restaría manifestar que con la declaratoria de inexequibilidad hecha por la Corte en la mencionada sentencia, cesa la suspensión de las leyes 67 de 1935 y 51 de 1937 que reglamentan, respectivamente, el ejercicio de la medicina y odontología, y la del inciso d) del artículo 1° de la Ley 84 de 1946, atinente a la profesión de farmacéutico, que fueron suspendidas por el decreto-ley tantas veces citado.

En atención a lo precedentemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,

DECIDE:

Estése a lo resuelto por la Sala Plena de la Corte en su sentencia de esta misma fecha.

Publíquese, notifíquese, comuníquese e insértese en la GACETA JUDICIAL.

Roberto Goenaga -Antonio Vicente Arenas - Luis Alberto Bravo-Gabriel Carreño Mallarino. Alfredo Cock Arango - Roberto de Zabiria - Samuel de Sola Roncallo - Ignacio Escallón-José Hernández Arbeláez - Ricardo Jordán Jiménez. Héctor Martínez Guerra-Luis Eduardo Mejía J. Simón Montero T.- Luis Femando Paredes-Pedro Pacheco Osorio-Arturo C. Posada-Julio Pedro Dávila-Jorge Sanabriz-Arturo Valencia Zea. Jorge Vélez García.-El Secretario Jorge Soto Soto.