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300Corte SupremaCorte Suprema30030004702José Hernández Arbeláez195805/08/1958José Hernández Arbeláez_1958_05/08/195830004702FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA DICTAR DECRETOS DE CARACTER LEGISLATIVO DURANTE EL ESTADO DE SITIO. - INTERPRETACION DEL ARTICULO 121 DE LA CONSTITUCION NACIONAL. - SE DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 279 DE 1953, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y DE LA ODONTOLOGIA 1.-La normalidad del funcionamiento institucional en la vida del Estado de derecho se identifica con la noción de orden público especifico que el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa debe conservar en todo el territorio y restablecer donde fuere turbado. Si por causas de hecho ajenas a la voluntad de los gobernantes se altera el cumplimiento de la regulación en forma tan grave que justifique el estado de sitio, es necesario entender que si entonces el Gobierno tiene además de las facultades legales las que conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes rigen para la guerra entre naciones, y que si está facultado para dictar decretos de carácter obligatorio y suspender leyes incompatibles con el estado de sitio, todo ello permanece invariablemente dentro del marco de la finalidad de que depende el régimen de emergencia: el pronto restablecimiento del Estado de Derecho a la plenitud de su vigor constitucional, en vez de su desmedro o acaso su ruina y destrucción, Por manera que si a virtud de lo previsto en el artículo 121 de la Carta el Presidente de la República se encuentra dotado de los medios legítimos que le permiten cumplir en todo evento con el deber primordial de conservan y restablecer el orden público, no se trata, sin embargo, de arbitrio ilimitado susceptible de distorsión o desvío alguno de los fines a que corresponde o que escape al control constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sería imposible reparar la ruptura de los soportes en que descansa el equilibrio jurídico si se empezara por desconocer desde arriba los fundamentos mismos de la juridicidad y por cegar en sus fuentes la vida institucional de la República. Que un Decreto de estado de sitio sea susceptible de declaración de inexequibilidad es algo definitivamente sustraído del campo de la duda por la simple lectura del artículo 214, que permite ver cómo esa suerte de Decretos se encuentra expresamente comprendida entre los actos acusables ante la Corte por cualquier ciudadano. Y puesto que la inexequibilidad de algún Decreto no significa necesariamente que esté comprometida la responsabilidad del Presidente de la República deducible ante el Congreso, está privado de fuerza constitucional el argumento de que si el primer funcionario de la rama ejecutiva es responsable de la conservación del orden público, no cabe admitir que otro alguno posea atribución para juzgar si una ley impide o no el restablecimiento del orden público o si un mandato legislativo es o no conducente a restaurar la normalidad. 2.-En punto de inexequibilidad la Corte limita su juicio a decidir objetivamente sobre si el texto acusado está o no en pugna con la Carta fundamental. Y si por guerra exterior ó conmoción interior se encuentra turbado el orden público, el marco amplio y flexible en que se mueven las facultades presidenciales de emergencia no degenera, sin embargo, en campo adecuado a la arbitrariedad o desvío del poder, lo que sucedería necesariamente si entre la medida de carácter legislativo y el restablecimiento del orden público no existiera razonable conexión dentro del sentido general de buen gobierno y conducencia de los medios con los fines por alcanzar. En cuestión de importancia tan señalada para la vida institucional de la República, la doctrina de la Corte, especialmente la consignada en el fallo de 28 de junio de 1956 (GACETA JUDICIAL, T. LXXXIII, 2169, 25 y ss.), se cifra y compendia en tres hipótesis: a) O porque la medida es claramente adecuada a suprimir las causas de carácter bélico o social que han perturbado el orden público, y su exequibilidad es del propio modo clara; b) O porque el decreto de carácter legislativo recae ostensiblemente sobre materias ajenas en sus naturaleza y aplicación al objetivo de restablecer el orden político o social perturbadlo, y es entonces francamente inexequible la medida; y c) O porque hubiere motivos o factores expresados por el Gobierno que pudieren ce forma razonable vincularse con el restablecimiento del orden público y existiere fundado motivo de duda en punto de conexión del Decreto con el regreso a la normalidad, caso en el cual debe temerse la medida como amparada por la Carta dentro del régimen de excepción previsto por el artículo 121. 3.-Cuando por Decreto se legisla sobre cosas que por su naturaleza exigen reglas de carácter permanente y no soluciones circunstanciales y transitorias, empieza a descubrirse con bastante claridad la incongruencia de la medida legislativa con el restablecimiento del orden público, desde luego que el ostensible propósito de la norma no consiste en resolver situación alguna de emergencia sino que tiende a regular íntegra y permanentemente la materia como lo haría el parlamento en ambiente propio de Ha normalidad institucional, Si por otro aspecto la perturbación del orden público no aparece directa ni indirectamente vinculada con el plano en que se ejercen determinadas profesiones liberales, fluye nítidamente la conclusión de que la medida de carácter legislativo se encuentra al margen del restablecimiento de la tranquilidad constitucional y por fuera del alcance de las atribuciones de excepción otorgadas al Presidente por el artículo 121 de la Carta. La luz que irradia la naturaleza misma de las cosas deja en claro que si el ejercicio sin reglamentos de las profesiones médica y odontológica afecta los requerimientos esenciales de la salud social, no incide sin embargo en el mantenimiento de la paz general como soporte necesario de la vida Jurídica de la nación. Pero por lo mismo que la salud pública está de por medio no es difícil encontrar que el ejercicio de aquellas profesiones debe obedecer a estatutos permanentes emanados de la rama legislativa del poder público, y no depender de actos de vigencia esencialmente transitorio, destinados a fenecer tan pronto como la normalidad se recupere. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, cinco (5) de agosto de mil novecientos cincuenta y 'ocho. (Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez) 1958
Campo Elias SilvaDemanda de inexequibilidad contra el decreto 279 de 1953Identificadores30030004703true76684Versión original30004703Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra el decreto 279 de 1953


FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA DICTAR DECRETOS DE CARACTER LEGISLATIVO DURANTE EL ESTADO DE SITIO. - INTERPRETACION DEL ARTICULO 121 DE LA CONSTITUCION NACIONAL. - SE DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 279 DE 1953, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y DE LA ODONTOLOGIA

1.-La normalidad del funcionamiento institucional en la vida del Estado de derecho se identifica con la noción de orden público especifico que el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa debe conservar en todo el territorio y restablecer donde fuere turbado.

Si por causas de hecho ajenas a la voluntad de los gobernantes se altera el cumplimiento de la regulación en forma tan grave que justifique el estado de sitio, es necesario entender que si entonces el Gobierno tiene además de las facultades legales las que conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes rigen para la guerra entre naciones, y que si está facultado para dictar decretos de carácter obligatorio y suspender leyes incompatibles con el estado de sitio, todo ello permanece invariablemente dentro del marco de la finalidad de que depende el régimen de emergencia: el pronto restablecimiento del Estado de Derecho a la plenitud de su vigor constitucional, en vez de su desmedro o acaso su ruina y destrucción,

Por manera que si a virtud de lo previsto en el artículo 121 de la Carta el Presidente de la República se encuentra dotado de los medios legítimos que le permiten cumplir en todo evento con el deber primordial de conservan y restablecer el orden público, no se trata, sin embargo, de arbitrio ilimitado susceptible de distorsión o desvío alguno de los fines a que corresponde o que escape al control constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sería imposible reparar la ruptura de los soportes en que descansa el equilibrio jurídico si se empezara por desconocer desde arriba los fundamentos mismos de la juridicidad y por cegar en sus fuentes la vida institucional de la República.

Que un Decreto de estado de sitio sea susceptible de declaración de inexequibilidad es algo definitivamente sustraído del campo de la duda por la simple lectura del artículo 214, que permite ver cómo esa suerte de Decretos se encuentra expresamente comprendida entre los actos acusables ante la Corte por cualquier ciudadano. Y puesto que la inexequibilidad de algún Decreto no significa necesariamente que esté comprometida la responsabilidad del Presidente de la República deducible ante el Congreso, está privado de fuerza constitucional el argumento de que si el primer funcionario de la rama ejecutiva es responsable de la conservación del orden público, no cabe admitir que otro alguno posea atribución para juzgar si una ley impide o no el restablecimiento del orden público o si un mandato legislativo es o no conducente a restaurar la normalidad.

2.-En punto de inexequibilidad la Corte limita su juicio a decidir objetivamente sobre si el texto acusado está o no en pugna con la Carta fundamental. Y si por guerra exterior ó conmoción interior se encuentra turbado el orden público, el marco amplio y flexible en que se mueven las facultades presidenciales de emergencia no degenera, sin embargo, en campo adecuado a la arbitrariedad o desvío del poder, lo que sucedería necesariamente si entre la medida de carácter legislativo y el restablecimiento del orden público no existiera razonable conexión dentro del sentido general de buen gobierno y conducencia de los medios con los fines por alcanzar.

En cuestión de importancia tan señalada para la vida institucional de la República, la doctrina de la Corte, especialmente la consignada en el fallo de 28 de junio de 1956 (GACETA JUDICIAL, T. LXXXIII, 2169, 25 y ss.), se cifra y compendia en tres hipótesis:

a) O porque la medida es claramente adecuada a suprimir las causas de carácter bélico o social que han perturbado el orden público, y su exequibilidad es del propio modo clara;

b) O porque el decreto de carácter legislativo recae ostensiblemente sobre materias ajenas en sus naturaleza y aplicación al objetivo de restablecer el orden político o social perturbadlo, y es entonces francamente inexequible la medida; y

c) O porque hubiere motivos o factores expresados por el Gobierno que pudieren ce forma razonable vincularse con el restablecimiento del orden público y existiere fundado motivo de duda en punto de conexión del Decreto con el regreso a la normalidad, caso en el cual debe temerse la medida como amparada por la Carta dentro del régimen de excepción previsto por el artículo 121.

3.-Cuando por Decreto se legisla sobre cosas que por su naturaleza exigen reglas de carácter permanente y no soluciones circunstanciales y transitorias, empieza a descubrirse con bastante claridad la incongruencia de la medida legislativa con el restablecimiento del orden público, desde luego que el ostensible propósito de la norma no consiste en resolver situación alguna de emergencia sino que tiende a regular íntegra y permanentemente la materia como lo haría el parlamento en ambiente propio de Ha normalidad institucional,

Si por otro aspecto la perturbación del orden público no aparece directa ni indirectamente vinculada con el plano en que se ejercen determinadas profesiones liberales, fluye nítidamente la conclusión de que la medida de carácter legislativo se encuentra al margen del restablecimiento de la tranquilidad constitucional y por fuera del alcance de las atribuciones de excepción otorgadas al Presidente por el artículo 121 de la Carta.

La luz que irradia la naturaleza misma de las cosas deja en claro que si el ejercicio sin reglamentos de las profesiones médica y odontológica afecta los requerimientos esenciales de la salud social, no incide sin embargo en el mantenimiento de la paz general como soporte necesario de la vida Jurídica de la nación.

Pero por lo mismo que la salud pública está de por medio no es difícil encontrar que el ejercicio de aquellas profesiones debe obedecer a estatutos permanentes emanados de la rama legislativa del poder público, y no depender de actos de vigencia esencialmente transitorio, destinados a fenecer tan pronto como la normalidad se recupere.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, cinco (5) de agosto de mil novecientos cincuenta y 'ocho.

(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez)

Mediante la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Carta, el ciudadano Campo Elías Silva demandó la inexequibilidad del Decreto Legislativo 279 de 17 de febrero de 1953 "por el cual se reglamenta el ejercicio de la medicina y de la odontología".

Estima que el acto acusado viola el artículo 121 del estatuto fundamental, puesto que si los motivos aducidos para la declaración de estado de sitio en toda la República consistieron en "informaciones oficiales recibidas por el Gobierno, procedentes de varias regiones del país" en el sentido de que "se están consumando graves atentados contra el orden público, que han llegado algunas de ellas al ataque a las autoridades legítimamente constituidas", no aparece que el Decreto 279 tienda a restablecer la normalidad, por ausencia de nexo entre las causas de la perturbación de la paz pública y el ejercicio de la medicina y la odontología.

Y concreta la acusación al expresar que las leyes anteriores aplicables al ejercicio de dichas profesiones ningún problema de orden público le crearon al Gobierno ni en modo alguno eran incompatibles con el restablecimiento de la tranquilidad común.

El Procurador General de la Nación sostiene la exequibilidad de la medida legislativa cuando expresa en su vista:

"Sobre este aspecto básico de la presente acción nada nuevo puede agregar el suscrito Procurador a la doctrina constante de este Despacho sustentada en varios asuntos similares, acogida invariablemente por la jurisprudencia de la H. Corte Suprema, según la cual ésta carece de facultad para definir si una norma legal determinada es o no incompatible con el estado de sitio, porque ese problema traspasa los naturales límites de la misión eminentemente jurídica que le asigna el artículo 214 de la Carta fundamental. Y porque siendo el Presidente de la República quien de acuerdo con la Constitución es el único responsable de la conservación del orden público, resultaría contradictorio que hubiese alguien con la atribución de juzgar si un ordenamiento legal impide o no el restablecimiento de ese orden, y si un mandato con carácter legislativo es o no conducente a tal restablecimiento y al respecto la Constitución establece la responsabilidad del Presidente y sus Ministros por la suspensión de las leyes dentro del estado de sitio, como consecuencia de que es el mismo Gobierno el que tiene que expedir las medidas encaminadas a restablecer el orden público".

Se considera

- I -

El parecer de la Procuraduría no es el de la Corte en razón de los motivos que expone detenidamente el fallo de 28 de junio de 1956. (GACETA JUDICIAL, LXXXIII, 2169, 25 y ss.).

La normalidad del funcionamiento institucional en la vida del Estado de derecho se identifica con la noción de orden público específico que el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa debe conservar en todo el territorio y restablecer donde fuere turbado.

Si por causas de hecho ajenas a la voluntad de los gobernantes se altera el cumplimiento de la regulación institucional en forma tan grave que justifique el estado de sitio, es necesario entender que si entonces el Gobierno tiene además de las facultades legales las que conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes rigen para la guerra entre naciones, y que si está facultado para dictar decretos de carácter obligatorio y suspender leyes incompatibles con el estado de sitio, todo ello permanece invariablemente dentro del marco de la finalidad de que depende el régimen de emergencia: el pronto restablecimiento del Estado de derecho a la plenitud de su vigor constitucional, en vez de su desmedro o acaso ruina y destrucción.

Por manera que si a virtud de lo previsto en el artículo 121 de la Carta el Presidente de la República se encuentra dotado de los medios legítimos que le permiten cumplir en todo evento con el deber primordial de conservar y restablecer el orden público, no se trata sin embargo de arbitrio ilimitado susceptible de distorsión o desvío alguno de los fines a que corresponde o que escape al control constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sería imposible reparar 3a ruptura de los soportes en que descansa el equilibrio jurídico si se empezara por desconocer desde arriba los fundamentos mismos de la juridicidad y por cegar en sus fuentes la vida institucional de la república.

Que un decreto de estado de sitio sea susceptible de declaración de inexequibilidad es algo definitivamente sustraído del campo de la duda por la simple lectura del artículo 214, que permite ver cómo esa suerte de decretos se encuentra expresamente comprendida entre los actos acusables ante la Corte por cualquier ciudadano. Y puesto que la inexequibilidad de algún decreto no significa necesariamente que esté comprometida la responsabilidad del Presidente de la República deducible ante el Congreso, está privado de fuerza constitucional el argumento de que si el primer funcionario de la rama ejecutiva es responsable de la conservación del orden público, no cabe admitir que otro alguno posea atribución para juzgar si una ley impide o no el restablecimiento del orden público o si un mandato legislativo es o no conducente a restaurar la normalidad.

-II -

En punto de inexequibilidad la Corte limita su juicio a decidir objetivamente sobre si el texto acusado está o no en pugna con la Carta fundamental. Y si por guerra exterior o conmoción interior se encuentra turbado el orden público, el marco amplio y flexible en que se mueven las facultades presidenciales de emergencia no degenera sin embargo ,en campo adecuado a la arbitrariedad o desvío del poder, lo que sucedería necesariamente si entre la medida de carácter legislativo y el restablecimiento del orden público no existiera razonable conexión dentro del sentido general de buen gobierno y conducencia de los medios con los fines por alcanzar.

En cuestión de importancia tan señalada para la vida institucional de la república, la doctrina de la Corte, especialmente en el precitado fallo de 28 de junio de 1956, se cifra y compendia en tres hipótesis:

a) O porque la medida es claramente adecuada a suprimir las causas de carácter bélico o social que han perturbado el orden público, y su exequibilidad es del propio modo clara;

b) O porque el decreto de carácter legislativo recae ostensiblemente sobre materias ajenas en su naturaleza y aplicación al objetivo de restablecer el orden político o social perturbado, y es entonces francamente inexequible la medida; y

c) O porque hubiere motivos o factores expresados por el Gobierno que puedan en forma razonable vincularse con el restablecimiento del orden público y existiere fundado motivo de duda en punto a conexión del decreto con el regreso a la normalidad, caso en el cual debe tenerse la medida como amparada por la Carta dentro del régimen de excepción previsto por el artículo 121.

- III -

Cuando por decreto se legisla sobre cosas que por su naturaleza exigen regláis de carácter permanente y no soluciones circunstanciales y transitorias, empieza a descubrirse con bastante claridad la incongruencia de la medida legislativa con el restablecimiento del orden público, desde luego que el ostensible propósito de la norma no consiste en resolver situación alguna de emergencia sino que tiende a regular íntegra y permanentemente la materia como lo haría parlamento en ambiente propio de la normalidad institucional.

Si por otro aspecto la perturbación del orden público no aparece directa ni indirectamente vinculada con el plano en que se ejercen determinadas profesiones liberales, fluye nítidamente la conclusión de que la medida de carácter legislativo se encuentra al margen del restablecimiento de la tranquilidad constitucional y por fuera del alcance de las atribuciones de excepción otorgadas al Presidente por el artículo 121 de la Carta.

La luz que irradia de la naturaleza misma de las cosas deja en claro que si el ejercicio sin reglamento de las profesiones médica y odontológica afecta los requerimientos esenciales de la salud social, no incide sin embargo en el mantenimiento de la paz general como soporte necesario de la vida jurídica de la nación.

Pero por lo mismo que la salud pública está de por medio no es difícil encontrar que el ejercicio de aquellas profesiones debe obedecer a estatutos permanentes emanados de la rama legislativa del poder público, y no depender de actos de vigencia esencialmente transitoria, destinados a fenecer tan pronto como la normalidad se recupere.

Ahora bien: el examen del Decreto legislativo 279 de 17 de febrero de 1953 no muestra vínculo alguno entre sus normas, las causas del estado de sitio declarado en 9 de noviembre de 1949 y la restauración de la vida institucional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia reunida en pleno, oído el Procurador General de la Nación, en ejercicio de la jurisdicción constitucional que le está conferida por el artículo 214 de la Carta, DECLARA INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo número 279 de 17 de febrero de 1953 (Diario Oficial número 28.137 de 26 de febrero del mismo año).

Publíquese, notifíquese, comuníquese, cópiese e insértese en la GACETA JUDICIAL.

Roberto Goenaga, Presidente - Alfredo Cock Arango-Antonio Vicente Arenas - Luis Alberto Bravo-Gabriel Carreño Mallarino - Samuel de Sola Roncallo - Roberto de Zabiria-Ignacio Escallón-José Hernández Arbeláez - Ricardo Jordán Jiménez - Héctor Martínez Guerra - Luís Eduardo Mejía J. - Simón Montera-Pedro Pacheco Osorio-Julio Pardo Dávila-Luis Femando Paredes-Arturo C. Posada - Jorge Sanabria. Arturo Valencia Zea - Jorge Vélez García-Jorge Soto Soto, Secretario.