300Corte SupremaCorte Suprema30030004383Ricardo Hinestrosa Daza194606/12/1946Ricardo Hinestrosa Daza_1946_06/12/194630004383DECRETO EJECUTIVO N 0 554 DE .1942, ACUSADO COMO INCONSTITUCIONAL El artículo 14 del Decreto acusado es in-exequible porque claramente contraría lo dispuesto por los artículos 80, 102 y 214 de la Constitución Nacional. Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, diciembre seis de mil novecientos cuarenta y seis. (Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza) 1946
Cástor Jaramillo ArrublaDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6, 14, 16, 18, 30, 31, 32, 51, 52 y 57 del Decreto 554 de 1942Identificadores30030004384true76338Versión original30004384Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6, 14, 16, 18, 30, 31, 32, 51, 52 y 57 del Decreto 554 de 1942


DECRETO EJECUTIVO N0554 DE .1942, ACUSADO COMO INCONSTITUCIONAL

El artículo 14 del Decreto acusado es in-exequible porque claramente contraría lo dispuesto por los artículos 80, 102 y 214 de la Constitución Nacional.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, diciembre seis de mil novecientos cuarenta y seis.

(Magistrado ponente: Dr. Ricardo Hinestrosa Daza)

El doctor Cástor Jaramillo Arrubla, en ejercicio de la facultad conferida a todo ciudadano por el artículo 214 de la Constitución en su nomenclatura actual, a la sazón de la demanda artículo 149, pide se declaren inexequibles los artículos 50, 60, 14, 16, 18, 30, 31,32, 51, 52 y 57 del Decreto Ejecutivo número 554 de 1942, por el cual se dictan disposiciones sobre impuestos", "en uso de las facultades extraordinarias de que trata el artículo 16 de la Ley 128 de 1941".

Al señor Procurador General de .la Nación se dio y él respondió el traslado de ley. Su concepto, opuesto al de la demanda respecto de algunas de esas disposiciones y favorable a la, misma sobre otras, habrá de citarse aquí en su lugar.

Son de descartarse desde luego varios de esos artículos en atención a que no pueden ser materia de estudio, así:

El 50, acusado en sus incisos 20 y 30 que respectivamente-restringe al Tribunal de lo Contencioso del domicilio del interesado el conocimiento de las decisiones y recursos en asuntos de impuestos materia del decreto, al paso que esa jurisdicción corresponde a prevención no sólo al Tribunal de ese domicilio, sino al del territorio donde se hizo la liquidación o al del lugar donde se cobró el impuesto, y suprime (inciso 39) el recurso de apelación en algunos casos y establece el de consulta en otros que no lo tenían.

El Decreto 554 es una deducción o por mejor decir una proyección de la citada Ley 128, con posterioridad a la cual se dictó y sancionó el Código de lo Contencioso Administrativo, Ley 187 del mismo año de aquélla (1942), y análogamente, si el decreto es de 28 de febrero de 1942, posterior a él es la vigencia del Código, para la cual se señaló el 19 de abril de este año (1942). Como el Código regula íntegramente la materia tratándose de tales juicios y recursos y como con sus disposiciones, respectivas pugnan las de los incisos citados, éstos quedaron derogados tácitamente, al tenor del artículo 71 y del 72 del C. Civil.

Del artículo 60 del decreto cabe decir otro tanto. El, que versa sobre el incidente de excepciones en juicios ejecutivos por impuesto de renta y complementarios, establece que la justicia ordinaria "no podrá variar las bases de las* cuales se dedujo la obligación por diferencias de apreciación y aplicación de las leyes impositivas pertinentes". ,

El 18 y el 51 quedaron expresamente derogados por el 17 de la Ley 45 de 1942, que entró a regir desde su sanción, pronunciada el 18 de diciembre de ese año. Esta derogación expresa deja sin sujeta materia parí el presente fallo estos artículos, así como la mencionada derogación tácita produce igual efecto respecto de los incisos 20 y 30 del artículo 50 y del artículo 60.

Se descarta asimismo el artículo 16 del decreto, no ya por esa causal; sino porque, como lo advirtió en su día el Procurador General, no es materia de ataque alguno, -al punto qué parece obra de mera distracción del demandante la presencia de ese artículo 16 en la referida lista de disposiciones acusadas.

Es consecuencia de lo antedicho que el estudio ha de concretarse a las restantes disposiciones mencionadas, cuales son los artículos 30 a 32, 52 y 57, de un lado y el artículo 14, de otro, que en fuerza de las consideraciones que pasan a hacerse, acordes con las opiniones del Procurador General, han de declararse, respectivamente, exequibles e inexequibles.

Los artículos 30 a 32 versan sobre sorteo y nombramiento de peritos avaluadores de bienes en causas mortuorias y en diligencias de insinuación de sucesiones y sobre impedimentos. El demandante los acusa afirmando que las autorizaciones de la Ley 128 no llegan a tanto y también porque discrepan aquellas reglas de lo establecida en el Código Judicial y en la Ley 63 de 1936.

Se observa desde luego que esta discrepancia, aunque la hubiera, no sería determinante de inconstitucionalidad, y se agrega que antes bien estos artículos del decreto concurren a la eficacia de esas leyes anteriores; y se observa igualmente que al proveer a dar base exacta por medio de honestos avalúos a la liquidación de los impuestos aludidos, es algo que encaja visiblemente dentro de las referidas autorizaciones y de su finalidad fiscal.

El artículo 52 ordena la presentación de los libros de comercio al respectivo funcionario cuando sea necesario para la liquidación de los impuestos de renta y complementarios y señala multas cuando se falta a ese deber por el contribuyente. Estas medidas reglamentarias se encaminan también a las finalidades antedichas y, de otro lado, están autorizadas expresamente por la Constitución, cuyo artículo 38 (39 de la nomenclatura anterior) dice en su inciso 20 "Para la tasación de impuestos y para los casos de intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás papeles anexos".

Estas breves reflexiones demuestran la exequibilidad de los artículos 30, 31, 32 y 52.

La del artículo 57 es, si posible, más clara, pues él se limita a señalar la fecha de vigencia del decreto. Es inaceptable el cargó de inconstitucionalidad que le hace la demanda, consistente en que por ser inconstitucionales, según ella, todas las disposiciones acusadas, lo es consecuencial-mente el artículo que fija el día que han de empezar a regir. Observa además el señor Procurador que aunque la acusación prosperara para, la larga lista de artículos demandados, ni aun así caería el 57, puesto que el decreto contiene muchos otros artículos que no son materia de ataque.

El artículo 14 dispone en su primer inciso que el Procurador General de la Nación o el Fiscal del Consejo de Estado en demandas de inconstitucionalidad de leyes o decretos en el ramo de impuestos nacionales o de ilegalidad de decretos y resoluciones en el mismo sentido, una vez notificados están en la obligación de pasarlas a conocimiento del Jefe de Rentas e Impuestos Nacionales por el término de ocho días, a fin de que este funcionario exprese su concepto, escrito, y que el término del traslado de aquéllos será ampliado en tal forma.

El mismo artículo 14 establece en su inciso 20que cuando tales Procurador o Fiscal lo crean conveniente ante la importancia del negocio, dicho Jefe o un comisionado suyo concurrirá a las • audiencias públicas como asesor, y que, de su lado, aquellas corporaciones atenderán en sus reglamentos a esta contingencia.

Desde que la reforma constitucional de 1910 atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución y confirió a cualquier ciudadano la facultad de demandar toda disposición de ley o de decreto ejecutivo que estime violatoria de la Carta, a través de las re--formas que ésta ha recibido, se ha mantenido como tramitación única la, intervención del Procurador General de la Nación mediante el traslado que ha de dársele de la demanda. Así reza hoy el citado artículo 214 de la Constitución. Por su parte su artículo 80 dispone que las leyes orgánicas del Ministerio. Público "deben tener origen únicamente en la Cámara de Representantes", y al enumerar el artículo 102 las atribuciones especiales de ésta señala como 4^ "iniciar la formación de las leyes sobre contribuciones u orgánicas del Ministerio Público".

Al confrontar el artículo 14 del Decreto con los preceptos constitucionales citados en el párrafo precedente, claramente aparece que los contraría, 1o que vale como decir que aquél es inexequible.

Como las sentencias qué se dictan en estos procesos tienen que concretarse a la constitucionalidad de lo acusado, la Sala no puede detenerse en consideraciones de conveniencia, lo que no obsta para que aquí se ponga de presente que esta declaración de inexequibilidad en manera alguna se opone a que los prenombrados agentes del Ministerio Público, en su empeño de llenar su alta y delicada misión del modo más cabal, busquen, como siempre loablemente lo han hecho, la más completa ilustración para rendir sus vistas, acudiendo cuando sea necesario a los funcionarios y oficinas públicas para informarse adecuadamente.

Se completa el relato de las disposiciones acusadas anotando que el artículo 18 dispuso colacionar las entradas de cada accionista de compañías anónimas por sus dividendos para la liquidación de su renta y que el demandante vio en esto la creación de un impuesto nuevo, porque hasta entonces se cobraba sólo directa y globalmente a las compañías; y que el artículo 51 impuso a toda persona de capital mayor de $ 20.000 el deber de llevar libros, aun no siendo comerciante. Como ya se dijo, estos artículos' 18 y 51 no han de ser materia de este fallo por haberlos derogado la Ley 45 de. 1942.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala Plena, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constitución y oído el señor Procurador General de la Nación, resuelve:

10 Es inexequible el artículo 14 del Decreto Ejecutivo número 554 de 28 de febrero de 1942;

20 Ese Decreto es exequible en sus artículos 30, •31, 32, 52 y 57; y

30 No hay lugar a considerar los artículos 50 60, 16, 18 y 51 del mismo.

Publíquese, cópiese y notifíquese. Comuniqúese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Aníbal Cardoso Gaitán- Germán Alvarado. Francisco Bruno-Pedro Castillo Pineda-Víctor1 Cock-Agustín Gómez Prada--Jorge E. Gutierrez Anzola-Ricardo Hinestrosa Baza - Ricardo Jordán Jiménez - Ramón Miranda - José Antonio Montalvo-Hernán* Salamanca-Domingo Saray M.-Eleuterio Serna R.-Arturo Tapias Pilonista Manuel José Vargas-Pedro León Rincón» Secretario en ppdad.