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300Corte SupremaCorte Suprema30030003940Luzardo Fortoul193330/03/1933Luzardo Fortoul_1933_30/03/193330003940Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, marzo treinta de mil novecientos treinta y tres. (Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul). 1933
Augusto Ramírez MorenoIdentificadores30030003941true75856Versión original30003941Identificadores

Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, marzo treinta

de mil novecientos treinta y tres.

(Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul).

El doctor Augusto Ramírez Moreno demanda la declaración de inexequibilidad del Decreto número 911 de 1932, dictado por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias que le confirieron las Leyes 99 y 119 de 1931, y por el cual se reforman las leyes orgánicas de la contabilidad oficial y del Departamento de Contraloría.

Señala el demandante como violados con el referido Decreto los artículos 57, 58 y numerales 1.º, 7.º 8.º del artículo 76 de la Constitución Nacional, e indirectamente el numeral 10 del mismo artículo 76, y fundamenta su demanda de la siguiente manera:

"Primero. El Decreto mencionado viola directamente el artículo 57 de la Constitución Nacional, que dispone que todos los poderes públicos son limitados y ejercen separadamente sus respectivas atribuciones; sin que valga objetar que el Presidente de la República en este caso estaba investido de facultades extraordinarias que le permitían dictar esa clase de disposiciones e ir hasta derogar leyes preexistentes; porque, como lo diré más adelante, tales facultades son precisas, y el Decreto nunca ha podido dictarse fundado en ellas.

"Segundo. Viola también el artículo 58 de la Constitución Nacional, por cuanto que la potestad de hacer leyes reside en el Congreso; y conforme al artículo 76, que también lo juzgo violado, sólo por medio de ellas se pueden ejercer las atribuciones de que hace uso él Poder Ejecutivo en cada una de las disposiciones del mencionado Decreto.

"Tercero. Viola especialmente los numerales 1.°, 7.º y 8.º del mismo artículo 76, por cuanto que el Decreto reforma y deroga leyes preexistentes, crea el empleo de Contralor General Auxiliar, le quita al Auditor General la atribución de reemplazar al Contralor en la falta absoluta, hasta que el Congreso llene la vacante, y, por último, regula determinados puntos del servicio público.

"Cuarto. Viola indirectamente el numeral 10 del artículo 76, en que tienen su fundamento las leyes expedidas por el Congreso, y que dan al Presidente las facultades extraordinarias de que dice hacer uso, puesto que dicho numeral sólo consagra la atribución de revestir al Presidente de precisas facultades extraordinarias, y en ese sentido se expidieron aquellas leyes, por cuanto que en ellas se dijo que, de conformidad con lo dispuesto, por el ordinal 10 del artículo 76 de la Constitución Nacional, se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para tomar las medidas financieras y económicas que sean precisamente indispensables para conjurar la crisis por que atraviesa el país. Y no se puede, en sana lógica, deducir que las medidas de que trata el Decreto sean desde ningún punto de vista precisamente indispensables para conjurar la crisis por que atraviesa el país. Lejos de eso, la necesidad del control que las leyes han establecido en las épocas normales se acrecienta, y debe tomar proporciones de desarrollo en las épocas normales, como que es la economía la mejor defensa de los intereses fiscales del país, la base de la riqueza, y ésta no puede existir sin una contabilidad ordenada de la Hacienda Pública y una fiscalización absoluta o control de las finanzas en todas las dependencias de la Administración Pública."

Habiéndose acogido el concepto del señor Procurador, quien lo emitió en sentido favorable a la exequibilidad del decreto acusado, procede la Corte a dictar el correspondiente fallo.

El artículo 4.º de la Ley 99 de 1931 es del siguiente tenor:

"De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 10 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias para tomar las medidas financieras y económicas que sean precisamente indispensables para conjurar la crisis por que atraviesa el país. Pero el Gobierno no podrá, en virtud de estas autorizaciones, establecer monopolios que no hayan sido decretados por leyes anteriores.

"Parágrafo 1.º Para la adopción de dichas medidas, el Presidente de la República consultará previamente a una Junta que nombrará las Cámaras, y que se compondrá de seis miembros, elegidos tres por cada una de ellas.

"Parágrafo 2.º De las autorizaciones que se conceden por el presente artículo, hará uso el Presidente de la República hasta el 31 de diciembre del corriente año.

"Parágrafo 3.º De las medidas que se tomen, el Presidente de la República y la Junta que se crea por esta Ley, darán cuenta al Congreso, actualmente reunido, para información del país."

Vino posteriormente la Ley 119 del mismo año (1931), y en sus artículos l.º y 2.º estableció:

"Prorrógase hasta el 31 de julio de 1932 el plazo señalado por el artículo 49 de la Ley 99 de 1391, para que el Presidente de la República ejerza las facultades extraordinarias de que se le reviste por dicha disposición.

"Al ponerse en receso las Cámaras Legislativas quedará suprimida la Junta Consultiva interparlamentaria, creada por la Ley 99 del presente año, y el Presidente de la República podrá hacer uso libremente de las facultades extraordinarias de que por esa Ley y por la presente se le ha investido."

En uso de las facultades a que se refieren las disposiciones transcritas, el señor Presidente de la República dictó el Decreto número 911 de 1932, por el cual se reforman las leyes orgánicas de la contabilidad oficial y del Departamento de Contraloría, y se suspenden varias disposiciones de la Ley 42 de 1923, de la 64 de 1931 y de otras leyes.

El señor Procurador condensa el problema suscitado por la demanda, de la siguiente manera, que la Corte encuentra en un todo exacta:

"Considero que todos los argumentos que expone el demandante en pro de la tesis que sustenta, pueden sintetizarse en éste:

"El Decreto acusado no contiene medidas que sean precisamente indispensables para conjurar la crisis por que atraviesa el país; por consiguiente, dicho Decreto está fuera de las autorizaciones conferidas al Presidente de la República por la Ley 99 de 1931 y la Ley 119 del mismo año. Si este argumento es verdadero y lógico; es necesario admitir sus otros argumentos y conclusiones. Pues claro es que si el Decreto está fuera de las autorizaciones extraordinarias de que estuvo investido el Gobierno, con él se hubo de violar el artículo 47 de la Constitución, por no haberse mantenido el Poder Ejecutivo dentro de la esfera de sus respectivas atribuciones; en tal hipótesis, con él se conculcaron los artículos 58 y 76 de la misma, por haberse dictado una ley por el Gobierno cuando la facultad de hacer leyes corresponde al Congreso, y en especial hubieran sido desconocidos los numerales l.º, 7.º y 8.º de esta disposición, por haber aquél ejercido determinadas funciones que ellos atribuyen concretamente a la ley. En cambio, si el Decreto encaja dentro de las atribuciones de que el Gobierno se encontraba investido, el Decreto es constitucional, y, como es claro, se desvanecen todos los argumentos de la demanda."

Las Leyes 99 y 119 de 1931 invistieron, como se ha visto, al Presidente de la República de "facultades extraordinarias para tomar las medidas financieras y económicas que sean precisamente indispensables para conjurar la crisis por que atraviesa el país."

Dos condiciones deben llenarse de acuerdo con los términos de la disposición preinserta, para que un decreto dictado por el Presidente de la República pueda considerarse comprendido dentro de las facultades extraordinarias conferidas al Jefe del Estado por las precitadas leyes, a saber: que verse sobre materia fiscal o económica, y que contenga medidas que fueran precisamente indispensables para la conjuración de la crisis económica por que atraviesa el país a tiempo de expedirse las citadas leyes.

Como el Decreto acusado regula una materia fiscal, desde luego que trata de la organización de la contabilidad oficial y del Departamento de Contraloría, es indudable que se llena el primero de los requisitos indicados.

En cuanto al segundo, el de que las medidas tomadas en el Decreto fueran precisamente indispensables para la conjuración de la crisis, envuelve él una cuestión de hecho, que en gran parte correspondía apreciar al Gobierno, ya que sólo él poseía en su conjunto el plan económico y financiero cuyo desarrollo debía influir en el remedio de la grave situación fiscal y económica que ha venido pesando sobre el país a consecuencia de las repercusiones que en la economía nacional ha producido la crisis mundial. De ahí que el mismo Gobierno fuera el llamado en primer término a apreciar la conveniencia y necesidad de los actos gubernativos que hubieran de expedirse en desarrollo de las autorizaciones; pues la misma Ley había confiado a su tino y discreción la elección de tales medidas, con la sola condición de que fueran precisamente indispensables para la conjuración de la crisis.

En estas circunstancias sería necesario que apareciera de manifiesto que las disposiciones del Decreto acusado no reunían la condición expresada, para que la Corte pudiera llegar a la conclusión cierta de que al dictar dicho Decreto el Gobierno, había extralimitado las facultades conferidas por el legislador.

No apareciendo, como no aparece, de manifiesto la falta del indicado requisito, es menester admitir que las disposiciones del Decreto se amoldan a las respectivas autorizaciones, ya que para resolver lo contrario no tendría fundamento alguno esta corporación, y ya que las violaciones a la Constitución deben aparecer de manera clara, para que la Corte pueda hacer una declaración al respecto.

En armonía con lo expuesto y con la opinión del señor Procurador, la Corte Suprema, obrando en Sala Plena, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara que no es inexequible, en el concepto en que ha sido acusado, el Decreto ejecutivo número 911 de 1932, "por el cual se reforman las leyes orgánicas de la contabilidad oficial de la Nación y del Departamento de Contraloría."

Pásese copia al señor Ministro de Gobierno.

Notifíquese, cópiese, insértese en el órgano de la Corte y archívese el expediente.

PARMENIO CARDENAS-Francisco Tafur A.-José Miguel Arango-Enrique A. Becerra-Ignacio González Torres-José Joaquín Hernández-Germán; B. Jiménez.Julio Luzardo Fortoul-Juan E. Martínez-Tancredo Nannetti-Luis F. Rosales-Juan C. Trujillo Arroyo.Augusto N. Samper, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

del señor Magistrado doctor Arango.

Las Leyes 99 y 119 de 1931 no autorizaron expresamente! al Ejecutivo para reformar y suspender la Ley 42 de 1923, por la cual se creó el Departamento de Contraloría, pero estima la Corte que las mentadas Leyes lo autorizaron de manera amplísima para tomar todas las medidas que el Ejecutivo creyere necesarias, financieras y económicas, para conjurar la crisis por que atraviesa el país; cuestión ésta de hecho que corresponde apreciar al Gobierno, por ser el más capacitado para apreciar esas circunstancias, a menos que apareciere de manifiesto qué las disposiciones del Decreto no reúnen esa condición.

Pues bien: para el Magistrado disidente, el Decreto no llena esa condición, por ser meramente adjetivo, ya que se concreta a determinar que el Departamento de Contraloría será una oficina de contabilidad y control fiscal,- a dar atribuciones al Contralor, a determinar las condiciones necesarias para la celebración de contratos, fianzas de los empleados de manejo y otras disposiciones de mera contabilidad, las cuales, a mi entender, en nada aliviarán la situación económica y fiscal, la cual no se mejoraría porque la contabilidad sea llevada en esta o en aquella forma. Por ello creo que el Decreto está fuera de las atribuciones del Ejecutivo.

Bogotá, 30 de marzo de 1933

José Miguel Arango