Ir a la encuesta de percepción

300Corte SupremaCorte Suprema30030003815Juan E. Martinez193211/04/1932Juan E. Martinez_1932_11/04/193230003815Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, abril once de mil novecientos treinta y dos. (Magistrado redactor, doctor Juan E. Martínez). 1932
Tomas Cerón CamargoDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 17, 18 y 21 de la ley 25 de 1923 y el 2 de la ley 73 de 1930Identificadores30030003816true75707Versión original30003816Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 17, 18 y 21 de la ley 25 de 1923 y el 2 de la ley 73 de 1930


Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, abril once de mil novecientos treinta y dos.

(Magistrado redactor, doctor Juan E. Martínez).

En' demanda de tres de marzo de mil novecientos treinta y uno, el señor Tomás Cerón Camargo solicita se declaren inexequibles los artículos 16,17, 18 y 21 de la Ley 25 de 1923, orgánica del Banco de la República, y el artículo 2.°de la Ley 73 de 1030; por la cual; se modifican algunas disposiciones de aquélla;

Expresa que las disposiciones acusadas son violatorias de varios textos de la Constitución; y que si antes había solicitado la declaración de inexequibilidad de la mencionada Ley 25, ahora renueva la petición, fundándose en otro título, con arreglo al artículo 271 del Código Judicial.

El señor Procurador General de la Nación pide que la nueva-demanda se declare infundada y propone la excepción de cosa juzgada.

Procede la Sala a decidir el asunto:

En el expediente de las acusaciones de los doctores Luis Jiménez López y Rafael Torres Mariño; y el señor Cerón Camargo contra la Ley 25 de 1923, profirió la Corte sentencia, con fecha siete de julio de mil novecientos treinta, en estos términos:

"Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, reunida en Pleno, de acuerdo en su mayor parte con el concepto del señor Procurador General de la Nación y administrando justicia-en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no son inexequibles-las disposiciones de la Ley 25 de 1923, orgánica del Banco de la República, ni las de la Ley 17 de 1925, reformatoria de la anterior, que han acusado los doctores Luis Jiménez López y Rafael Torres Mariño y el señor Tomás Cerón Camargo.

'"Tampoco son inexequibles- los Decretos ejecutivos números 1031, 1087 y 1088, de julio de 1923, sobre nombramiento del Comité Organizador del Banco de la República, nombramiento de los miembros de la Junta Directiva del mismo Banco.

"No es inexequible el Decreto número 1452, de octubre de 1923, por el cua1 se reglamenta el artículo 24 de la Ley 25 de 1923.

"Abstiénese la Corte de decidir por falta de jurisdicción, acerca de la inexequibilidad o exequibilidad de la Resolución por la cual se aprueban los estatutos del Banco de la República.

'Por igual motivo abstiénese la Corte de hacer las declaraciones de que tratan, las dos últimas peticiones de, los doctores Jiménez López y Torres Mariño, .y la primera, segunda, tercera y quinta de la demanda del señor Cerón Camargo, así como las subsidiarias que este último, acusador' demanda."

No es el caso de declarar de plano que es infundada la actual demanda. En esta se impugnan las mismas disposiciones de la Ley 25 de 1923 que se atacaron en las demandas y anteriores, pero aduciendo contra ellas distintas tachas, o sea, alegándose que violan otras disposiciones de la Constitución.

En efecto, los señores Jiménez López y Torres Mariño acusaron los artículos 17, 18 y 21 de aquella Ley, porque contienen en su concepto, privilegios contrarios al artículo 4.° del Acto legislativo número 3 de 1910 y quebrantan, asimismo, el ordinal 17 del artículo 120 de la Constitución; y el señor Cerón Camargo acusó, por su parte, los artículos 16, 18 y 21 como opuestos al artículo 2.° de la Constitución y a los artículos 4.°y 7.° del Acto legislativo número 3 de 1910.

La Corte, en la sentencia referida, sintetizó así las pretensiones, de los demandantes:

"Como se vio, el argumento capital de los acusadores que domina ambas demandas; es el de que con los privilegios y garantías otorgados al Banco de la República en las disposiciones de los artículos 16, 18 y 21 de la Ley 25 de 1923 y la 17 de 1925, se viola el artículo 2.° de la Constitución, según el cual la soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación y de ella emanan los Poderes públicos, los que se ejercerán en la forma que la Constitución establece, y el artículo 4.° del Acto legislativo número 3 de 1910, que no permite otorgar privilegios sino para inventos útiles o para vías de comunicación, ni expropiar industrias lícitas :sin previa indemnización y como arbitrio rentístico."

Ahora' el señor Cerón Camargo apoya la demanda de inexequibilidad de los artículos 16, 17, 18 y 21 de la Ley 25 en los artículos 19, 3l, 47, 49 y 118, numeral 7.° de la Constitución y el Acto legislativo' número 1.° de 1914.

Por consiguiente, no es dable afirmar a priori que las nuevas acusaciones están ya falladas por la sentencia de siete de julio de mil novecientos treinta. Las sentencias de inexequibilidad que pronuncia la Corte producen la excepción de cosa juzgada respecto de los cargos sobre que recayeron; pero no respecto de distintos cargos que, con fundamentó en diversa causa, o sea, en infracción de otros artículos de la Constitución, pueden formularse en relación con las 'mismas leyes que dieron ocasión a la primera sentencia;

Son notorias las ventajas que para la justicia y el bien general tiene la conclusión anterior, pues de lo contrario bastaría que se presentara' hasta intencionalmente una demanda inepta, a la cual recaerla forzosamente una declaración negativa, o sea de no inexequibilidad, con el fin de que quedaran cerradas definitivamente las puertas para un posterior estudio y examen de una ley quizá abiertamente inconstitucional. Por razones de un exagerado e injustificable formulismo, pesaría sobre los ciudadanos la aplicación de una ley inconstitucional, en menoscabo de la armonía y el orden jurídicos, y así vendría a ser letra muerta el precepto de la Carta que dispone que a la Corte le está encomendada "la guarda de la integridad de la Constitución."

Además, la tesis sostenida en el actual fallo acerca de este punto, es la misma consignada en casos semejantes con el voto unánime de los Magistrados, y la tesis opuesta a ella impediría corregir tal vez errores en asuntos de tanta trascendencia por parte de la misma Corte y del Congreso, que podría y puede enmendar oportuna y provechosamente los vicios de un precepto legislativo, de acuerdo con las decisiones de aquélla.

Cuando el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910 le atribuye a la Corte el decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o de las leyes y decretos acusados por tal motivo por cualquier ciudadano, ha de entenderse que el fallo definitivo que ella dicta recae solamente sobre los cargos aducidos en el mensaje de objeciones o en la demanda de acusación.

Hé aquí porqué la Corte no se excusa de entrar en el estudio de la segunda acusación, contenida en la demanda de tres de marzo del año próximo pasado.

Manifiesta el acusador que el artículo 16 de la Ley 25 de 1923 viola el artículo 31 de la Constitución, porque el público, o sea la Nación colombiana, adquirió, en fuerza de los artículos 1.° y 11 de la Ley 39 de 1880, el derecho para que el Poder Ejecutivo establezca, organice y administre el crédito público, interno y externo, mediante la declaración de que es derecho exclusivo del Banco Nacional la emisión de billetes pagaderos al portador, lo cual hizo de este Banco un establecimiento de crédito público. Como el Banco de la República no es una institución de crédito público, no puede haber adquirido sino el derecho exclusivo de emitir billetes de crédito privado, y, por consiguiente, al disponer los artículos 17 y 26 de la Ley acusada que los billetes que emita el Banco sean considerados como moneda legal para todos los efectos penales, dieron a ese billete el carácter de crédito, público, lo cual no puede ser mientras exista el Banco Nacional y esté en vigencia la Ley 39 de 1880. Es verdad-continúa el demandante-que el Banco Nacional fue liquidado; pero también lo es que la liquidación de los negocios de una persona no implica la muerte violenta o jurídica de esa persona, sino la aclaración o desenredo de sus cuentas. Nadie puede sostener que el Banco Nacional no existe, y si existe, nadie puede usurparle el derecho exclusivo de emitir billetes de crédito público sin destruir la doctrina de los derechos adquiridos y' sin que antes se derogue el ordinal 17 del artículo 120 de la Constitución.

A esto responde brevemente la Corte que el Banco Nacional no existe.. Si una ley pudo crearlo, otra ley pudo suprimirlo, como lo hizo la número 70 de 1894, sin que sea dado alegar que el público tenía derecho a la supervivencia de ese establecimiento. La mencionada Ley, en su artículo l9, ordenó la liquidación del Banco, dejándolo reducido a una sección del Ministerio del Tesoro para cumplir determinados fines transitorios, y el artículo 16 le reservó a la Nación exclusivamente la facultad de emitir billetes. Por tanto, no se advierte aquí ningún derecho adquirido por parte del extinguido Banco, ni por parte del público, y el artículo 16 de la Ley 25 de 1923 no quebranta el 31 de la Constitución. i

El artículo 17 de la misma Ley se acusa también como contrario al artículo 31 de la Constitución, porque viola el derecho del público a que el Banco Nacional emita billetes de crédito público, equiparables, para los efectos penales, a la moneda legal. Mas como, según se acaba de decir, el Banco Nacional fue legalmente extinguido, no hay tal derecho adquirido a la emisión de billetes por esa institución; fuera de que la noción de derecho adquirido dice relación al patrimonio de las personas naturales o jurídicas y no a una entidad vaga e indeterminada cual es la que se denomina el público.

Se impugna el artículo 18 de la Ley 25 porque viola el 31 de la Constitución, supuesto que "vulnera los derechos adquiridos por los acreedores del Banco de la República para que se les pague in íntegrum el valor de la obligación de pagar pesos de oro, al tenor del texto de los billetes. La honorable Corte sabe que la reserva legal representa el poder pagador del Banco; pero es así que esa reserva fue fijada por el artículo 18 nombrado en sólo sesenta por ciento, luego el derecho adquirido por el público tenedor de los billetes del Banco de la República ha sido vulnerado sin derecho alguno, en el cuarenta por ciento del valor de la obligación de pagar pesos de oro al tenor del texto de los billetes y los certificados de depósito."

Se comprende que la acusación viene dirigida contra el inciso 1.° del artículo 18. Ahora bien: esta parte ya no rige, porque fue sustituida por el artículo 2.° de la Ley 73, de 13 de diciembre de 1930: luego no hay materia para estudiar dicha acusación. Por lo demás, en la segunda parte del presente fallo se examinarán las objeciones contra el mentado artículo 2.°, idénticas a las aducidas respecto del 18 de la Ley 25.

Expone el demandante que el miembro c) del artículo 21 de la Ley 25 quebranta el 31 de la Constitución, "porque si la prohibición contenida en él se refiere a los billetes de crédito público cuya emisión compete exclusivamente al Banco Nacional, en cuanto dice entidad pública, debe ser declarado inexequible por todas las razones expuestas atrás."

La objeción descansa sobre el supuesto de la existencia del Banco Nacional; pero como hace muchos años que éste desapareció por mandato de una ley, el cargo carece de base.

El miembro de la letra d) del mismo artículo 21 viola el 31 del Estatuto Fundamental, dice el demandante, porque hiere el derecho adquirido por el público con los artículos 673, inciso 1.°, de la Ley 106 de 1873 y 131 de la Ley 110 de 1912, en favor de un banco privado. Empero, estas disposiciones, referentes a monedas de plata, bien han podido ser modificadas por una ley posterior, como es la 25 de 1923, sin que ello implique atentado contra derechos adquiridos por el público. A ser cierta la tesis del acusador, jamás sería dable reformar las leyes sobre el sistema monetario.

Se agrega que esta misma disposición viola el Acto legislativo número 1.° de 1914, porque hace obligatorio para la Nación el acatamiento al concepto de la Junta Directiva del Banco de la República, en caso de que se le considere como un cuerpo consultivo del Gobierno, cuerdo que no está establecido por este Acto legislativo ni por otro precepto de la Constitución; pues los conceptos de la entidad consultiva del Gobierno; institución de derecho público, no son obligatorios para él. Mas a esto ha de observarse que la Corte no ve él motivo por el' cual la estipulación contractual--acerca de1 que el Gobierno acatará el dictamen de la Junta Directiva del Banco en lo tocante a las emisiones futuras de monedas de plata, níquel, cobre u otros metales, excepto de monedas de oro, se halle reñida con el Acto constitucional que restableció el Consejo de Estado. Este es el cuerpo supremo consultivo del Gobierno, y la Junta Directiva del Banco no lo es; pero de aquí no se sigue que en el contrato de constitución del Banco no se pudiera pactar lo contenido en la disposición de la letra d) del artículo 21 de la Ley 25. Además, el señor demandante no indicó cuál de los ocho artículos del Acto legislativo de 1914 es el quebrantado o si lo fueron todos.

Se añade que la misma disposición de la letra d) pugna con el ordinal 7.° del artículo 118 de la Constitución, porque da a la Junta Directiva del Banco el derecho de conceptuar sobre una ley monetaria y objetarla, "para que la obedezca la Nación," atribución que sólo corresponde al Presidente de la República.

Es cierto que, con arreglo al citado numeral 7.°, al Presidente, en relación con el Poder Legislativo, le toca concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por medio de los Ministros, ejerciendo el derecho de objetar los actos legislativos y cumpliendo el deber de sancionarlos; pero el concepto que al Gobierno le exprese la Junta Directiva del Banco de la República sobre una emisión de monedas de plata, cobre o níquel, no es, constitucionalmente hablando, un acto de objeciones, a un proyecto de ley, sino una medida contractual. El derecho de objetar los proyectos de ley, atribución exclusiva del Presidente de la República, se actúa por los trámites de los artículos 85, 86, 87, 88 y 90 de la Constitución.

Sostiene el demandante que los artículos acusados hacen del Banco de la República una asociación inmoral que no puede establecerse jurídicamente, pues viola el artículo 47 de la Constitución, lo mismo que el artículo 79, "porque las leyes monetarias necesitan tener origen en el concepto de la Junta Directiva del Banco de la República." Además, por cuanto el Banco no está obligado a dar caución de seguridad para el pago de sus billetes en circulación, se vulnera el derecho del público para que las autoridades protejan a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, con transgresión del artículo 19 de la Constitución.

Los cargos relacionados con los artículos 47 y 19 de ésta, se hacen especialmente al tratar el demandante del artículo 18 de la Ley 25: son ellos una consecuencia de la crítica a la disposición que fija el encaje del Banco. No es el caso de considerarlos en esté lugar, porque, según lo dicho, el inciso V de la Ley 25 está reemplazado por el artículo 2.° de la 73 de 1930.

Cuanto al quebrantamiento del artículo 79 de la Constitución, el reparo se endereza sin duda contra la disposición de la letra d) del artículo 21, en la cual se contiene el acatamiento del Gobierno al concepto de la Junta Directiva acerca de futuras emisiones de monedas de plata, cobre, níquel u otros metales. Empero, lo aquí estatuido no sirve de obstáculo para que las leyes monetarias sean propuestas en las Cámaras por sus miembros o por los Ministros del Despacho. Ya dijo la Corte en la sentencia del siete de julio dé mil novecientos treinta, que la-obligación de acatar el concepto de la Junta' es parecida a aquellos casos en que el legislador exige el concepto del Consejo de Estado para que el Gobierno lleve a cabo alaguna operación que interese a la Nación.

Finalmente; afirma el-acusador que los artículos impugnados violan el 70 del Acto legislativo número 3 de 1910, porque reforman la Constitución sin las formalidades requeridas por él. Pero, si las inculpaciones hasta ahora examinadas resultan improcedentes, este último cargo contra la Ley 25 de 1923 tampoco prospera.

En lo tocante a la Ley 73 de 1930, que no ha estado anteriormente bajo la jurisdicción de la Corte, se considera lo siguiente:

El artículo 2.° de ella ordena que el Banco de la República mantenga en encaje una existencia en oro equivalente al cincuenta por ciento del total de los billetes en circulación y de los depósitos; reserva que ha de conservarse en oro en las cajas del Banco y en depósito a la orden en establecimientos bancarios respetables de centros financieros del Exterior.

Dice el peticionario que este artículo viola el 31 de la Constitución "porque vulnera el derecho adquirido por el público y los particulares para que el Banco de la República pague por cada billete, el cual no representa oro como' afirman los interesados, sino una evidencia de deber pesos de oro y la' obligación de pagar pesos de oro, el valor total de esos billetes y no el cincuenta por ciento solamente, porque la reserva representa el poder pagador del Banco." Agrega que también quebranta el artículo 4.° del Acto legislativo número 3 de 1910, porque da al Banco el privilegio de disminuir su poder pagador "de la mitad al total de sus obligaciones;" el artículo 47 de la Constitución, porque permite a una asociación privada la ejecución de actos inmorales, como es el de ponerse en condiciones de estafar al público en la mitad y acaso en la totalidad de las obligaciones de pagar que tiene contraídas con él; el 19 de la misma Constitución, porque como el Banco no tiene obligación de dar caución para el pago, las autoridades no pueden proteger a las personas en sus bienes, y el artículo 70 del Acto legislativo número 3 de 1910, porque reforma la Constitución sin las formalidades requeridas en él.

No encuentra la Corte justificado el cargo relacionado con el artículo 31 de la Constitución. La disposición del artículo 2.° de la Ley 73 de 1930 sobre encaje del Banco de la República (una existencia en oro equivalente al cincuenta por ciento del total de los billetes en circulación y de los depósitos), no quiere decir que el público no tenga derecho al cambio de todos los billetes. Es esa una disposición proferida para tiempos normales y dictada de conformidad con los principios de la industria bancaria, según los cuales el encaje de los bancos no corresponde al total de los billetes, documentos o valores que tienen en circulación, ni a la cuantía íntegra de los depósitos que reciben. Esto es lo que vuelve factible el giro de los negocios en tales establecimientos, y la práctica, por lo demás, está apoyada en una verdad enseñada por la experiencia, a saber, que sólo en momentos excepcionales de pánico extraordinario se presentan simultánea^ mente a la caja de un Banco todos los tenedores de sus billetes; o los acreedores de sus depósitos. Ahora, el saber si el encaje fijado en el susodicho artículo 2.° es alto o bajo, envuelve una cuestión, no de índole constitucional, sino económica o de conveniencia, y por lo mismo no incumbe a la Corte.

Ni es cierto que el artículo legal de que se trata implica una transgresión del artículo 4.° del Acto legislativo número 3 de 1910. La disposición sobre encaje del Banco de la República no es un privilegio para disminuir su poder pagador del total al cincuenta por ciento de sus obligaciones. Es, como se ha dicho, una regulación emanada de los postulados de la ciencia bancaria, que no le quita al Banco el deber de pagar todos sus compromisos.

Agrega el acusador qué el artículo 2.° de la Ley 73 viola también el artículo 4.°del Acto legislativo número 3, en el concepto de que confiere al Banco el privilegio, de dar a la circulación como moneda, obligaciones de crédito privado, que son los billetes, sin caución alguna. Empero, para contestar el reparo, basta reproducir lo expresado sobre el mismo punto en la sentencia, ya citada, del siete de julio de mil novecientos treinta:'

"Como se ha expuesto,-la facultad de emitir billetes* es un-privilegio que corresponde a la Nación. El artículo 16 de la Ley 25 de 1923 no ha constituido este privilegió a favor del Banco de la República, sino, que le otorgó la facultad de usarlo por el tiempo del contrato, mediante el pago de un canon que suele tomar en muchos casos el nombre de impuesto; como puede suceder, por ejemplo, con la renta de licores, si fuere monopolizada por la Nación, o como acontece con las minas de esmeraldas de Muzo y las de oro y plata de Supía y Marmato. Terminado, pues, el contrato por el cual el Banco quedó constituido legalmente, vuelve a consolidarse el uso y goce del privilegio con la propiedad de éste, que corresponde a la Nación, y de la cual no sé ha desprendido. Por consiguiente, no se está en el caso contemplado en la última parte del artículo 4.° del Acto legislativo número 3 de 1910, cuya violación se acusa."

Manifiesta el acusador que el artículo legal controvertido- quebranta el 47 de la Constitución-porqué permite a una institución privada la ejecución de actos inmorales, cual es el ponerse en condiciones de estafar al público en la mitad y acaso en la totalidad de las obligaciones de pagar que tiene contraídas con él; mas no procede: el cargo, porque, como se ha apuntado antes, es científicamente admisible que el encaje de los Bancos sea prudencialmente inferior al conjunto de sus obligaciones. E1 cargo reviste tal generalidad que, con arreglo a él, habría que suprimir la; industria bancaria en Colombia, no obstante estar ella autorizada -por el artículo único del Acto legislativo número 1.° de 1921 y por el numeral 17 del artículo-120' de- la Constitución, que le concede al Presidente de la República el ejercicio de la inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos de crédito.

No advierte la Corte que, merced a lo estatuido en el artículo 2.° de la Ley 73 de 1930., las, autoridades públicas hayan quedado en la imposibilidad de proteger alas-personas en sus bienes, contrariándose con ello el precepto del artículo 19 de la Constitución. Si aquel artículo, que únicamente versa sobre el encaje, no le impone al Banco de la República la obligación de otorgar una caución para el pago de los billetes, es de notar que la ley orgánica, dela-institución (la 25 de 1923) establece un sistema-general de funcionamiento, de cuyas condiciones deben resultar las garantías de los intereses del público. Véanse, por ejemplo, el artículo 28, que prevé la intervención del Superintendente Bancario para ciertos efectos; y el 29, según el cual el Banco queda sujeto a las prescripciones legales relativas a la revisión, informes y sanciones por infracción de la ley o de decretos y disposiciones reglamentarias, conformes con ella.

Por último, ignorase en qué manera el artículo 2.° de la Ley 73 reformó la Constitución sin los trámites que para su reforma establece el artículo 70 del Acto legislativo número 3 de1910.

En mérito de lo expuesto, oído' el parecer del señor Procurador General de la Nación y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, la Corte' declara que no son inexequibles, por razón de los cargos formulados en la demanda de tres de marzo de mil novecientos treinta y uno, los artículos 16, 17, 18 y 21 de la Ley 25 de 1923, y que tampoco es inexequible el artículo 2.° de la Ley 73 de 1930.

Cópiese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Judicial; remítase copia deteste fallo al señor Ministro de Gobierno y archívense las diligencias.

JULIÓ LUZARDO FORTOUL-Enrique A. Becerra. Parmenio Cárdenas-Ignacio González Torres-José Miguel Arango-José Joaquín' Hernández-Germán B. Jiménez -Juan E. Martínez-Tancredo Nannetti-Luis Felipe Rosales -Francisco Tafur A.-Juan C. Trujillo Arroyo-Augusto N. Samper, Secretario.