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300Corte SupremaCorte Suprema30030003474192530/10/19251925_30/10/192530003474SENTENCIA Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, octubre treinta de mil novecientos veinticinco. Vistos: 1925
JOSE GONZALO SANCHEZCONTRA LAS LEYES 55 DE 1905, 104 DE 1919, 32 DE 1920 Y 38 DE 1921Identificadores30030003475true75364Versión original30003475Identificadores

Norma demandada:  CONTRA LAS LEYES 55 DE 1905, 104 DE 1919, 32 DE 1920 Y 38 DE 1921


SENTENCIA

Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, octubre treinta de mil novecientos veinticinco.

Vistos:

El indígena José Gonzalo Sánchez, en su propio nombre, como ciudadano colombiano, e invocando además el carácter de jefe y apoderado general de las tribus y parcialidades de indígenas de la Nación, acusa ante esta corporación Leyes 55 de 1905, 104 de 1919,

32 de 1920 y 38 de 1921, como violatorias del artículo 31 de la Constitución, en cuanto di' chas Leyes ordenan la división y distribución de los terrenos de resguardos de indígenas y hacen otras declaraciones de que se hablará adelante.

A su solicitud acompaña los poderes generales que le confieren varios individuos que se dicen miembros y representantes legales de las parcialidades indígenas de Ortega, Chaparral, Caguán, Natagaima y Coyaima, y los ejemplares del Diario Oficial en que-están publicadas las leyes citadas, con excepción de la primera.

Oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, adverso a la demanda, se procede a decidir lo que corresponde en derecho.

Se transcribe en seguida, por su exactitud, el resumen que de las leyes acusadas hace aquel elevado funcionario:

"La primera de las leyes acusadas, "por la cual se ratifica la venta de varios bienes nacionales y se hace cesión de otros," tiene como fines principales, según lo indica la rúbrica transcrita, hacer firme la situación de los compradores en subasta pública de terrenos de resguardos por vacancia de éstos, hacer cesión de los terrenos de los resguardos a los respectivos Municipios, respetando los derechos de los indios que residan en ellos y que los hayan adquirido por leyes anteriores, y declarar abandonados los terrenos de resguardos, de donde haya desaparecido los in dios ocupantes. Las disposiciones de esta Ley, dice el artículo 9°, no alteran en ningún sentido las prescripciones establecidas por la Ley 89 de 1890, para defensa de los derechos de los indígenas, asimilados allí a menores de edad.

"La segunda de las Leyes citadas, 104 de 1919, "por la cual se dispone la división de algunos terrenos de resguardos," provee a la formación del censo o empadronamiento de la parcialidad de indígenas en los Municipios en donde existan, con el objeto de proceder a la división de los terrenos de los resguardos entre los mismos indígenas, en Conformidad con las prescripciones de dicha Ley y con la de la Ley 89 de 1890.

"La Ley 32 de 1920, que modifica la 119 de 1904. que autoriza una cesión al Municipio de Yumbo, declara la extinción de la parcialidad de este nombre, ordena la división de los terrenos del resguardo de indígenas pertenecientes a dicha parcialidad, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 104 precitada, y da otras reglas para que la Municipalidad de Yumbo proceda a la venta de los terrenos aludidos.

"Finalmente, la Ley 38 de 1921, "sobre parcialidades de indígenas." declara aplicables a todas las de esta clase que existan en el país, las disposiciones de la Ley 104 de 1919, en cuanto así lo decrete la respectiva Asamblea, previo concepto favorable del Gobernador del Departamento a que pertenecieren y del Fiscal del Distrito Judicial de que formen parte; prescribe a los Agentes del Ministerio Público que promuevan el cumplimiento de la misma Ley 104 so pena de incurrir en ciertas sanciones, y manda que no se destine a los indígenas a servicio alguno por ninguna persona o autoridad sin pagarles el salario que previamente hayan estipulado bajo ciertas sanciones, etc."

Por la emancipación de las colonias españolas a principios dél pasado siglo, la Nación colombiana adquirió el dominio de las tierras que ella comprende, como sucesora de los antiguos soberanos, quienes habían hecho concesiones de terrenos a los indígenas con el objeto de constituir un patrimonio en beneficio de la raza y procurar su reducción a la vida civilizada, según puede verse de las Leyes 5a de 4 de abril de 1532, expedida por el Rey Felipe ir; 9a de 11 de junio de 1594, y la 14 de 20 de noviembre de 1578, expedidas por el mismo Soberano; las 18 de 16 de marzo de 1642 y 19 de 30 de junio de 1642 y 19 de 30 de junio de 1646, expedidas en Madrid por el Rey Felipe IV.

Iguales propósitos exhibió la República desde los primeros días de su constitución, como puede verse en la Ley de 11 de octubre de 1821. En este acto legislativo se dijo lo siguiente:

"El Congreso General de Colombia,

convencido de que los principios más sanos de política, de razón y de justicia exigen imperiosamente que los indígenas, esta parte considerable de la población de Colombia que fue tan vejada y oprimida por el Gobierno español, recupere en todos sus derechos, igualándose a los demás ciudadanos, ha venido en decretar, y

"decreta lo siguiente:

"Artículo 3º Los resguardos de tierras asignados a los indígenas por las leyes españolas, y que hasta ahora han poseído en común, o en porciones distribuidas a sus familias sólo para su cultivo, según el reglamento del Libertador Presidente de 20 de mayo de 1820, se leo repartirán en pleno dominio y propiedad, luego que lo permitan las circunstancias, y antes de cumplirse los cinco años de que habla el artículo 2°

"Artículo 4º A cada familia de indígenas, hasta hora tributarios, se asignará de los resguardos la parte que le corresponda, según la extensión de éstos y número de individuos de que se componga la familia.

"Artículo 5° El Gobierno mandará formar inmediatamente listas muy exactas de los indígenas que en cada pueblo tengan derecho al repartimiento, y tomará informe de la extensión de los resguardos, dé las dificultades que ofrezca la división, y de los medios de verificarla, de los gastos que deban hacerse y de dónde deban abonarse. De todo lo cual dará cuenta al próximo Congreso.

"Artículo 6° Entretanto los resguardos continuarán poseyéndose por los naturales bajo las mismas reglas que se han observado hasta ahora; más en donde haya terreno sobrante, o que sea necesario para el cultivo de las familias, deberá arrendarse para satisfacer la dotación de las escuelas de primeras letras y estipendio de los curas, conforme a lo prescrito, o que en adelante se prescriba."

De esta Ley aparece que la República reconoció las asignaciones de los terrenos llamados resguardos, hechas a las parcialidades de indígenas por las leyes españolas, pero sometiéndolas por altas consideraciones de orden público a la división y distribución entre sus miembros, con el objeto de que la propiedad y posesión comunes se mudara, cuando las circunstancias lo permitieran, en la propiedad de las familias o de los individuos por la asignación de sus parcelas.

En las leyes que posteriormente se han dietado hasta llegar a las acusadas, domina el mismo propósito de dividir los terrenos de resguardos para repartirlos proporcional y equitativamente entre los indígenas, para lo cual es medida previa indispensable el empadronamiento de las parcialidades. La misma Ley 89 de 1890, que el acusador encuentra tan protectora de los derechos de los indígenas, ordena la división entre éstos de los terrenos de resguardos, y "reconoció que los indígenas, individualmente considerados, eran simples usufructuarios de los terrenos mientras dure la indivisión. (Véanse artículos 37 y 38 ibídem).

Fuera del usufructo, los indígenas individualmente considerados, no han adquirido, en relación con los terrenos de resguardos, otro derecho que al repartimiento en propiedad, por estirpes o cabezas, cuando el legislador así lo ordene; de modo que las leyes acusadas que les reconocen ese derecho no violan el artículo 31 de la Constitución, sino que, por el contrario, tienden a hacerlo efectivo. Puede que desde algunos-puntos de vista no se juzgue conveniente la división, pero lo relativo a inconveniencia de las leyes escapa a las facultades de la Corte. Toca al legislador proteger a los indígenas una vez verificada la división, de manera que no sean despojados de su derecho o expoliados; ya sea prohibiendo por algún tiempo la enajenación de las porciones de terreno que les corresponda, y permitiéndola luego, bajo las mismas condiciones a que están sometidos los incapaces, reproduciendo al efecto el artículo 7º de la Ley 2 de 1832, altamente protectora de la raza indígena.

La cesión a los Municipios de los terrenos de resguardos abandonados, con la obligación de los agraciados de respetar siempre los derechos de los indios que residan en ellos y que les han sido otorgados por leyes anteriores (Ley 55 de 1905, artículos 2º a 5º); la declaración de estar extinguida una parcialidad por causas legales, declaración que se hará-judicialmente con audiencia del representante de la parcialidad, y que una vez obtenida hará que se proceda a la división de las tierras entre los indígenas en la proporción y forma que les corresponda según la ley (Ley 104 de 1919, artículo 12), caben perfectamente en las atribuciones del Estado, en razón de que con ellas no se ataca ningún derecho, y da a las tierras vacantes el mismo destino que actualmente le asigna la ley.

Tampoco los vulnera, por la misma razón, la declaración hecha por el artículo l° de la Ley 32 de 1920, de estar extinguida la parcialidad indígena de Yumbó, en el Departamento del Valle del Cauca, que es el reconocimiento de un hecho, con el aditamento de que el artículo 2° ibídem pone a salvo los derechos de sus miembros existentes, una vez que dispone que se haga la división de conformidad con la Ley 104 de 1919.

El artículo 3° de la precitada Ley 32 de 1920, en que el acusador se detiene, dice así:

"Facultase a la parcialidad de Yumbo para ceder al Municipio de ese nombre, a título gratuito, y por medio de sus representantes legales, el terreno de resguardos de indígenas de dicha parcialidad."

Como según esta disposición no se impone obligación ninguna ala parcialidad de Yumbo, sino que se le da una facultad de que puede o no hacer uso, no se alcanza a precisar cómo puede ser ella violatoria de la Constitución.

Con arreglo a lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el Procurador General de la Nación, niega la declaración solicitada por José Gonzalo Sánchez;

Devuélvanse al interesado, bajo recibo, los documentos que acompaña a la demanda.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

JUAN N. MENDEZ-Tancredo Nannetti - Dionisio Arango - José Miguel Arango-Manuel José Barón-Enrique A. Becerra-Parmenio Cárdenas-Julio Luzardo Fortoul-Jesús Perilla V.-Luís Felipe Rosales-Francisco Tafur A -Juan C. Trujillo Arroyo- Augusto N. Samper. Secretario en propiedad.