300Corte SupremaCorte Suprema300300033621695Jairo E. Duque Pérez.198709/12/19871695_Jairo E. Duque Pérez._1987_09/12/198730003362COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA CONOCER DE TRATADOS INTERNACIONALES. AL NO DEMANDARSE LA LEY APROBATORIA DEL TRATADO, SINO ESTE EN SI. ESCAPA AL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA CORTE. DECISION INHIBITORIA. Inhibida por falta de competencia, para decidir sobre la demanda de la Ley 8 a de 1943. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 183. 1987
Gonzalo Enrique Díaz Soto.Identificadores30030003363true75256Versión original30003363Identificadores

COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA CONOCER DE TRATADOS INTERNACIONALES. AL NO DEMANDARSE LA LEY APROBATORIA DEL TRATADO, SINO ESTE EN SI. ESCAPA AL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA CORTE. DECISION INHIBITORIA.

Inhibida por falta de competencia, para decidir sobre la demanda de la Ley 8a de 1943.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 183.

Referencia:

Expediente número 1695. Acción de inexequibilidad contra la Ley 8a de 1943. Aprobatoria de la Convención adicional a la extradición de 1888 suscrita entre Colombia y los Estados Unidos de América. Actor: Gonzalo Enrique Díaz Soto.

Magistrado Sustanciados doctor Jairo E. Duque Pérez.

Aprobada por acta número 55.

Bogotá, D. E., diciembre nueve (9) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Se decide sobre la demanda de inexequibilidad presentada por el ciudadano Gonzalo Enrique Díaz Soto, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, contra la Ley 8a de 1943 "por la cual se aprueba una convención adicional a la extradición de 1888, entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América".

La demanda fue admitida oportunamente y de ella se dio traslado al Procurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor; por tanto se ha cumplido a cabalidad el procedimiento que prevé el Decreto 432 de 1969, para la tramitación de los procesos de constitucionalidad. Es oportuno entonces que se adopte la decisión de fondo; a ello procede la Corte previas las siguientes consideraciones:

II. Norma acusada

"LEY 8a DE 1943 (marzo 8)

"Por la cual se aprueba una Convención adicional a la de Extradición, de 1888, entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América"

El Congreso de Colombia,

Vista la Convención Suplementaria de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmada en Bogotá, a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta, y que a la letra dice:

Convención Suplementaria de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

La República de Colombia y los Estados Unidos de América, deseando ampliar la lista de delitos por los cuales puede concederse la extradición, de acuerdo con la Convención celebrada entre los dos países el 7 de mayo de 1888, con el fin de asegurar la mejor administración de la justicia y de impedir delitos en sus respectivos territorios y jurisdicciones, han convenido en celebrar una Convención adicional con tal objeto, y han nombrado sus plenipotenciarios, a saber:

El Presidente de la República de Colombia; a Luis López de Mesa, Ministro de Relaciones Exteriores; y el Presidente de los Estados Unidos de América; a Spruille Braden, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Colombia,

Quienes, después de haber exhibido sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en los siguientes artículos:

articulo i

Las Altas Partes Contratantes convienen en que se agreguen los siguientes delitos a la lista de delitos enumerados de 1 a 12 en el artículo II de la Convención de Extradición celebrada entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América el 7 de mayo de 1888, a saber:

13. Aborto.

14. El Arrebatar o detener mujeres o jóvenes para fines inmorales.

15. Bigamia.

16. Secuestro de menores o adultos, entendiendo por tal el arrebatar o detener persona o personas, con el objeto de obtener dinero de ellas, de sus familiares, o de cualquier otra persona o personas, o para cualquier otro fin ilegal.

17. Hurto, entendiendo por tal, la apropiación indebida de efectos, bienes personales o dinero por valor de veinticinco dólares o más, o de su equivalente en moneda colombiana.

18. El obtener dineros, papeles de valor u otros bienes por medios ilícitos, o recibir cualesquiera dineros, papeles de valor o demás bienes, a sabiendas de que han sido obtenidos ilegalmente, cuando la cantidad de dinero o el valor de los bienes en esa forma obtenidos o recibidos, excedan de doscientos dólares, o de su equivalente en moneda colombiana.

19. Fraude o abuso de confianza de un depositario, banquero, agente, comisionista, fideicomisario, albacea, administrador, guardador, director o funcionario de cualquier compañía o sociedad o de alguna persona que desempeñe cualquier cargo de confianza, cuando la cantidad de dinero o el valor de los bienes mal habidos exceda de doscientos dólares o de su equivalente en moneda colombiana.

20. Cohecho.

21. Delitos contra las leyes de falencia, de comerciantes y no comerciantes.

22. Delitos contra las leyes de represión del comercio de narcóticos.

23. La extradición se concederá también por la complicidad de cualquiera de los delitos atrás enumerados, antes o después del hecho, o por cualquier tentativa de conocer alguno de los mencionados delitos.

Se conviene además en que lo dispuesto en el parágrafo 23 del presente artículo se aplicará también dentro de circunstancias apropiadas, a todos los delitos enumerados en la mencionada Convención de 7 de mayo de 1888.

articulo ii

Las Altas Partes Contratantes convienen igualmente en que la segunda frase del artículo III de dicha Convención de 7 de mayo de 1888, se modifique en la siguiente forma:

Si el individuo cuya extradición se solicita hubiere sido ya declarado convicto, la petición deberá ir acompañada de una copia debidamente autenticada de la sentencia del tribunal por medio de la cual fue declarado convicto, y con la atestación de la pertinente autoridad ejecutiva; esta última deberá ser autenticada por un representante diplomático o por un funcionario consular del Gobierno ante el cual se hace la solicitud.

articulo iii

La presente Convención será ratificada y las ratificaciones se canjearán en Washington tan pronto como fuere posible, y se considerará como parte integrante de la citada Convención de Extradición de 7 de mayo de 1888; entrará en vigencia diez (10) días después de su publicación, de conformidad con las leyes de las Altas Partes Contratantes, término que se computará a partir de la fecha de la publicación en el país que lo hiciere últimamente, y continuará y terminará de igual manera que la Convención de 7 de mayo de 1888.

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convención en idiomas español e inglés, igualmente auténticos, y le han estampado sus sellos.

Hecha por duplicado en Bogotá, el día nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta.

(L.S.) Luis López de Mesa, (L.S.) Spruille Braden.

Organo Ejecutivo - Bogotá, 9 de septiembre de 1940.

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso para los efectos constitucionales.

(Firmado),

Eduardo Santos, el Ministro de Relaciones Exteriores; (Firmado), Luis López de Mesa.

Es copia fiel.

El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto González Fernández.

decreta:

Artículo único. Aprúebase la preinserta Convención Suplementaria de Extradición, celebrada entre Colombia y los Estados Unidos de América, firmada en Bogotá el 9 de septiembre de 1940.

Dada en Bogotá, a veinticuatro días de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.

El Presidente del Senado, Pedro Castro Monsalvo; el Presidente de la Cámara de Representantes, Moisés Prieto; el Secretario del Senado, Jaime Soto; el Secretario de la Cámara de Representantes, Andrés Chaustre B.

Organo Ejecutivo. Bogotá, 8 de marzo de 1943.

Publíquese y ejecútese.

Alfonso López, el Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado del Despacho, A. González Fernández».

III. razones de la demanda

Según el actor la ley acusada viola los artículos 20, 57, 76-18, 120-20 y 135 de la Constitución Nacional.

El vicio de inconstitucionalidad que deviene del quebranto de las normas constitucionales que cita, radica en que la convención adicional al Tratado de Extradición de 1888 entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, no fue suscrita por el Presidente de la República de Colombia, a la sazón el doctor Eduardo Santos, sino por su Ministro de Relaciones Exteriores doctor Luis López de Mesa, y de acuerdo con el artículo 120-20 de la Constitución Nacional en concordancia con el 57 ibídem, "el único funcionario que puede negociar, celebrar o hacer tratados públicos con otros Estados o entidades reconocidas por el Derecho Internacional es el Presidente de la República con la refrendación del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el acto adquiera valor y cobre fuerza".

Agrega el impugnante que si bien es cierto que el artículo 135 de la Constitución autoriza al Presidente para delegar algunas de sus funciones en los Ministros del Despacho, Jefes de Departamento Administrativo y Gobernadores, previo señalamiento que haga el legislador, la Ley 202 de 1936 que se ocupa de la materia, autorizó al Presidente de la República para delegar las atribuciones 9o, 17, 19, 21, que le confería el artículo 120 de la Constitución de 1936, dentro de éstas no quedó comprendida la del ordinal 10 hoy ordinal 20 de la Carta.

IV. concepto del procurador general de la nación

El Procurador General en concepto número 1241 de septiembre 15 del año en curso se pronuncia por la exequibilidad de la Ley 8a de 1943, pues considera que "el trámite formal" del Tratado se ajusta a la Constitución Nacional.

En apoyo de la constitucionalidad de la norma expresa que la potestad de celebrar tratados que le corresponde al Presidente de la República de conformidad con el artículo 120-20 de la Constitución Nacional es "función que no puede delegar, pues no se trata de tarea que deba cumplir como suprema autoridad administrativa, sino de aquéllas que le han sido reservadas en su calidad de Jefe de Estado" y que, si bien el artículo 135 de la Constitución permite delegar funciones en quienes tienen la calidad de agentes del Gobierno, "esta prerrogativa está referida a la que debe cumplir el Presidente como suprema autoridad administrativa y que la ley ha señalado como delegables-Ley 202 de 1936-, dentro de las cuales no se encuentra la de 'dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con los demás Estados y entidades de derecho internacional tratados y convenios que se someterán a la aprobación del Congreso' la cual es función presidencial que corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado".

Se aparta del criterio del actor conforme al cual el doctor Luis López de Meza como Ministro de Relaciones Exteriores no tenía competencia para celebrar el convenio adicional de extradición, toda vez que "tal acto se produjo en cumplimiento del mandato que para el efecto le confirió el Gobierno de Colombia, mediante poder según aparece en el texto del mismo Tratado".

Considera además que el acto de apoderamiento "no constituye una delegación de funciones del Presidente de la República al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste celebrara el convenio adicional de extradición con los Estados Unidos de América pues, simplemente se trata de un documento emanado de autoridad competente del Estado, para representar al Gobierno colombiano en la firma del convenio".

Finalmente en respaldo de su concepto el Procurador invoca la Sentencia de la Corte de octubre 23 de 1975, en la que esta Corporación decidió que los tratados internacionales pueden ser firmados "por el Jefe del Estado o sus Representantes con Plenos Poderes".

V. consideraciones de la corte

1. Corresponde analizar en primer lugar la competencia de la Corte para conocer de la demanda reseñada, toda vez que la existencia de este presupuesto procesal al igual que la legitimación en causa, la capacidad para ser parte y la demanda en forma que han sido consagrados por la doctrina y jurisprudencia de la Corte en el proceso civil y en principio deben concurrir también en el proceso constitucional, es necesaria para que pueda pronunciarse sobre el fondo de la pretensión y su ausencia daría lugar a sentencia inhibitoria.

2. "Sin que sea oportuno en esta ocasión hacer un recuento de las distintas tesis que la Corporación ha venido consagrando jurisprudencialmente desde 1914 con relación a su competencia para conocer de las demandas de inexequibilidad de leyes aprobatorias de tratados o convenios internacionales, es suficiente recordar que en sentencia del 12 de diciembre de 1986 de su Sala Plena, por la cual declaró inconstitucional la Ley 27 de 3 de noviembre de 1980 aprobatoria del Tratado de Extradición celebrado entre el Estado colombiano y los Estados Unidos de América, dejó claramente establecido que es competente en todo tiempo, para conocer de dichas demandas, cuando la ley que aprueba el convenio internacional adolece de vicios de trámite, o irregularidades formales sustanciales.

Llegó a esta conclusión después de analizar el punto de confluencia de las distintas tesis que sobre el particular ha venido adoptando desde el citado año y conforme al cual la convención internacional es un acto jurídica complejo que se forma por operaciones o segmentos distintos y sucesivos, cada uno de los cuales debe estar rigurosamente ceñido a los requisitos a los requisitos que le son propios, según el ordenamiento positivo pero cuya conjunción forma un solo acto.

Al referirse a la Ley, que es precisamente uno de estos ciclos o segmentos del Tratado Internacional dijo: "Si la ley es apenas uno de los requisitos para que el Tratado adquiera eficacia y unido a los otros actos que lo integran entra a formar parte inescindible del acuerdo internacional, los vicios sustanciales que afectan su proceso genético, necesariamente se proyectan o inciden en el acto complejo y no permiten que éste adquiera existencia en el orden normativo interno o doméstico. En este supuesto la ley lejos de ser manifestación de la voluntad soberana del legislador, es un mero Conato y mantiene por tanto su autonomía o separación del pacto internacional a que apuntaba y puede ser juzgada frente al derecho interno sin que ello implique intervención de la Corte en un terreno que pertenece a la órbita del derecho internacional; y sin que se pronuncie sobre el Tratado que por este motivo no ha nacido a la vida del derecho interno".

Acorde con este planteamiento consideró la Corporación en aquel fallo, que la Ley es un Acto Separable del Tratado y cuando adolece de graves vicios o irregularidades formales es procedente su juzgamiento constitucional sin que la decisión correspondiente incida sobre el acto Final denominado Tratado o Acuerdo Internacional.

Como obligada inferencia de lo anterior se dijo: "Una atenta consideración de la sentencia citada en lo que atañe a la naturaleza compleja del Tratado Público que expresamente le reconoce a éste, permite sostener que la incompetencia de la Corte para conocer de su impugnación constitucional sólo se configura o surge cuando el tratado ha adquirido entidad de tal, esto es, cuando ha trascendido del derecho público interno por haberse cumplido o agotado la totalidad de los requisitos necesarios para su existencia, incluido en éstos el legislativo que se concreta en la ley que lo aprueba".

Aceptó pues la Corte en el fallo pluricitado, que los tratados internacionales escapan a su control constitucional cuando se han cumplido en su integridad los requisitos del ordenamiento interno por adquirir la naturaleza de actos de carácter internacional.

Se deslindaron finalmente en ese proveído, siguiendo los criterios tradicionales de la Corte, la Ley y el Tratado y se dejó claramente establecido que el juzgamiento de aquélla, en el evento de existir irregularidades sustanciales en su tramitación no se proyecta en el Tratado ya que éste no ha nacido aún a la vida del derecho".

3. Considera esta Corporación que la tesis que se deja sintetizada en los precedentes párrafos y que indudablemente representa una aproximación al control integral de las leyes aprobatorias de tratados públicos, debe aplicarse a la demanda objeto del presente proceso sin que su reiteración modifique la tesis de la competencia temporal adoptada mayoritariamente en su fallo de 6 de junio de 1985 y luego en fallos de 12 de febrero y 25 de junio de 1987 para conocer de las demandas de inconstitucionalidad de tales leyes cuando se presenten previamente al canje de ratificaciones del correspondiente pacto internacional.

Ahora bien: las tachas o irregularidades formales que el actor deduce en su libelo, y que han sido resumidas en el Capítulo III de este proveído, no se dirigen directamente a la Ley 8a de 1943 que aprobó el convenio adicional al Tratado de Extradición de 1888 celebrado entre Colombia y los Estados Unidos de América, sino al Tratado o pacto en sí mismo considerado con prescindencia de dicha ley.

Como la Ley 8a de 1943 que aprobó dicho convenio no ha sido hasta ahora impugnada de inconstitucional por vicio formal, razón por la cual ha de presumirse ajustada al Estatuto Superior; y teniendo en cuenta además, que por medio de ella el Congreso ejerció el control político sobre la dirección de las relaciones internacionales que corresponde al Presidente de la República, el Acto Final o Tratado Internacional, escapa al control constitucional de la Corte. Así se resolverá.

4. La carencia de competencia de la Corte presupuesto procesal ineludible para conocer de la demanda incoada en este proceso, es motivo suficiente para que su decisión sea Inhibitoria.

IV. Decisión

En mérito de las precedentes consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional, oído el concepto del Procurador General de la Nación y en desacuerdo con él,

Resuelve:

Declararse inhibida, por falta de competencia, para decidir sobre la demanda de inexequibilidad de la Ley 8a de 1943.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez (Con aclaración de voto); Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora (Con aclaración de voto); Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Didimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Jesús Vallejo Mejía (Con aclaración de voto); Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario

Aclaración de voto

El suscrito Magistrado aclara que el voto que consignó en la anterior decisión unánime de la Corte, no implica en manera alguna, que haya variado su criterio sobre la competencia intemporal que tiene la Corporación para conocer de demandas de inexequibilidad contra leyes aprobatorias de tratados públicos, pues a la Corte corresponde "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes", lo cual indica que todas ellas sin excepción alguna, están sujetas a su control jurisdiccional para que sea efectiva la guarda de la integridad de la Carta Fundamental que a ella se le ha confiado.

Las razones que justifican mi voto en el anterior fallo inhibitorio, cuyo proyecto me correspondió elaborar como Magistrado Ponente, se resume en que en esta ocasión la acusación de inexequibilidad se apoyó en informalidades del "Tratado o Pacto en sí mismo considerado" con prescindencia de la Ley aprobatoria, la cual como se dejó sentado en la decisión de Sala Plena "no ha sido impugnada de inconstitucional por vicio formal", ni tampoco en razón del contenido en las cláusulas que definen el objeto y alcance del compromiso internacional. Por consiguiente, mantengo inmodificable la tesis que expuse en el salvamento de voto a la Sentencia número 11 de febrero 12 de 1987 (Proceso número 1489) sobre competencia de la Corte para conocer en cualquier tiempo, de las demandas de inconstitucionalidad contra leyes que aprueban Tratados o Convenios Internacionales.

Fecha, ut supra.

Jairo E. Duque Pérez

Aclaración de voto

Si bien estoy de acuerdo con la sentencia inhibitoria proferida en el asunto de la referencia, estimo pertinente manifestar algunas observaciones respecto de su parte motiva:

1. Ha considerado la Sala que en el caso de autos la demanda estuvo mal formulada, ya que el vicio formal consignado por el actor no se refería al procedimiento de expedición de la ley sino a la celebración del Tratado mismo. Según este parecer, las demandas contra leyes aprobatorias de tratados deben fundarse entonces en violaciones de la Constitución en que se haya incurrido, sea dentro del trámite legislativo propiamente dicho o en razón del contenido de la ley, no del Tratado aprobado por ésta.

2. Pienso que esta es una concepción muy estrecha del papel que le asigna a la Corte el artículo 214 C.N., cuando declara que a ésta le corresponde la guarda de la integridad de la Constitución. En efecto, la ley aprobatoria de un tratado puede violar las disposiciones constitucionales en forma directa, como sucede cuando su trámite ha sido irregular o en su articulado se aparta de alguna norma fundamental. Pero también, puede darse en estos casos, al igual que en cualquiera otra ley, la violación indirecta, pero no por ello menos grave, de la Carta. Tal ocurriría, por ejemplo, en el caso de una ley que aprobase un tratado inexistente, o no celebrado con sujetos de derecho internacional, o que no hubiese sido suscrito por las autoridades competentes de la República. También habría violación indirecta si el contenido de la ley se limitase a aprobar un tratado que consagrara la pena de muerte o la confiscación, pero sin reproducir su texto.

3. Me parece claro que si la Corte ha dado el paso, todavía insuficiente y no del todo bien meditado en cuanto a sus efectos, de ejercer el control constitucional de leyes aprobatorias de tratados, la intención que la ha animado no puede ser otra que la de impedir que por vía de este tipo de leyes se desconozca el orden constitucional en aras, como lo dijo un célebre salvamento de voto sobre la materia, de un internacionalismo mal entendido. Pues bien, con la providencia a que me refiero se ha dado probablemente un paso atrás, al negarse la Corte a examinar glosas sobre el tratado mismo que eventualmente, podrían repercutir sobre la propia ley.

4. Podría citar muchos casos en los que la inexequibilidad de una disposición se ha declarado no por su contenido mismo, sino por su conexión necesaria con otras disposiciones contrarias a la Constitución. Se dirá, sin duda, que en tales hipótesis se trata siempre de varias leyes, sobre las cuales tiene competencia la Corte para pronunciarse, en tanto que aquí se está en presencia de una ley y de un Tratado, y respecto de éste la Corte no puede dictar fallo de inexequibilidad.

5. Esto último es cierto y por ello he sostenido que la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un Tratado sólo tiene el efecto de prohibirle al Gobierno que lo ratifique, si aún no lo ha hecho o de obligarlo a verificar su denuncia, si ésta es procedente, o a dar curso a los trámites necesarios para dejarlo sin vigencia de acuerdo con la normatividad internacional, si ya ha sido ratificado. Pero precisamente lo que se busca con la revisión constitucional de las leyes aprobatorias de tratados es lograr estos efectos cuando dichos actos vulneren el ordenamiento interno del país. La Corte al pronunciarse no juzga el tratado sino la ley que lo aprobó, pero con la mira de que ello sirva de base para que, a la postre, el tratado deje de regir una vez agotados los trámites que para el efecto dispone el derecho internacional.

De la misma manera, el fallo que anula un acto separable en materia contractual administrativa no decide sobre el contrato, pero abre la puerta para que por la vía adecuada se logre su anulación.

Si la Corte a partir del fallo del 12 de diciembre de 1986 adoptó la tesis de que la ley es un "acto separable" dentro del proceso de perfeccionamiento del Tratado, debe reconocerle a dicha connotación los efectos que le son propios.

6. De ahí que, a mi entender, el fallo inhibitorio en este caso debió haberse fundado en otra consideración, a saber:

Que la Ley 8a de 1943 ya agotó sus efectos y no pudo haber revivido por la declaratoria de inexequibilidad de las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, pues la doctrina que sobre los efectos de los fallos de inexequibilidad ha elaborado la Corte respecto de las leyes anteriores a las que sean declaradas inexequibles, no es aplicable a las aprobatorias de Tratados, habida consideración de las peculiaridades de estas últimas.

Jesús Vallejo Mejía

Fecha, ut supra.

Aclaración de voto

Al discutirse la ponencia presentada sobre este proceso por el doctor Jairo E. Duque Pérez en la Sala Constitucional, adherí a ella luego de que el honorable Magistrado Fabio Morón Díaz votara a su favor, con el fin de evitar la impresión de un cambio de jurisprudencia respecto a recientes decisiones de la Corte en materia de extradición que han sostenido tesis allí consignadas, pues pienso que la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal de Justicia debe mantener un mínimo de estabilidad, con el fin de contribuir al valor jurídico de la posibilidad de prever fallos futuros con base en los anteriores ("predictability"). Sin embargo, expresamente me reservé el derecho de atacar el fondo de la ponencia, en Sala Plena, por estar en desacuerdo con él. En efecto, desde hace muchos años, en la cátedra y en mis escritos, así como reiteradamente en esta misma Corporación, he manifestado mi preferencia por la llamada "Tesis Monista" con supremacía del derecho internacional.

En efecto, comparto la teoría de los "grados del Derecho" de Hans Kelsen, conforme a la cual la validez de una norma jurídica depende de su conformidad con otra jurídica de grado superior. Así, una Resolución Administrativa vale en cuanto se conforma con el decreto reglamentario que la prevé y a su turno la validez del decreto reglamentario depende de su conformidad con la ley reglamentada. De la misma manera, la validez de la ley está condicionada a su conformidad con la Constitución. Pero es lógico preguntarse ¿a qué obedece la validez de la Constitución en sentido jurídico positivo Apela Kelsen, entonces, a la norma fundamental o Constitución en sentido lógico formal, que no es más que un a priori gnoseológico, que debe aceptar quien quiera conocer un determinado orden jurídico. Otros, como su brillante discípulo Alfred Von Verdross han preferido, con razón, buscar la validez de la Constitución en una norma de superior jerarquía y para ello han apelado al derecho internacional consuetudinario, según el cual un determinado orden jurídico es válido en cuanto sea pacíficamente acatado por la mayoría de los habitantes de un determinado territorio. Agregan otros que ese orden debe, además, cumplir requisitos mínimos de conformidad con los derechos que a los hombres reconoce la mayoría de los ordenamientos jurídicos, pero esa adición se ha criticado por algunos como una introducción de valores políticos, contraria a la "pureza" que Kelsen mismo propone en su teoría y de la cual ésta deriva el nombre. Para el caso presente la última disquisición no tiene relevancia, basta que la validez del orden jurídico interno de una Nación se derive del Derecho Internacional. Si ello es así, no podría el Derecho interno violar el Internacional.

Así las cosas, mal podría un órgano nacional, como la Corte, fallar sobre la validez de los Tratados Internacionales, por lo cual resulta lógico que ese poder no le haya sido otorgado en el artículo 214 de la Carta.

Como en este caso la demanda no se dirige contra puntos formales de la Ley que aprobó la Convención Adicional de 1940 a la Extradición de 1888 suscrita entre Colombia y los Estados Unidos de América, sino contra supuestos vicios formales del acuerdo mismo, mal haría esta Corporación en entrar a fallar sobre la constitucionalidad del procedimiento mismo que se siguió para suscribir tal Tratado.

Por lo anterior considero que la Corte debe declararse inhibida para fallar el caso. Por fortuna estas razones y otras análogas tuvieron acogida en la Sala Plena y se optó por un fallo inhibitorio, con el cual concurro. Pero era necesario explicar, como creo haberlo hecho, la posición ligeramente distinta que adopté en la Sala Constitucional.

Hernando Gómez Otálora

Fecha, ut supra.