300Corte SupremaCorte Suprema30030003257Luzardo Fortoul192418/11/1924Luzardo Fortoul_1924_18/11/192430003257Corté Suprema de Justicia - Corte Plena. Bogotá, noviembre diez y ocho de mi novecientos veinticuatro. (Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul). Vistor 1924
José Francisco RíascosIdentificadores30030003258true75159Versión original30003258Identificadores

Corté Suprema de Justicia - Corte Plena.

Bogotá, noviembre diez y ocho de mi novecientos veinticuatro.

(Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul).

Vistor

Obrando como apoderado del señor José Francisco Ríascos y de la Sociedad José F. Ríascos & Compañía, domiciliada en Santa Marta, ha demandado el doctor Félix Cortés la declaración de inexequibilidad del artículo 10 de la Ley 64 de 1923, por considerarlo opuesto al artículo 31 de la Constitución Nacional, que asegura la inviolabilidad de los derechos adquiridos con justo título por personas naturales o jurídicas.

La violación del derecho del demandante Ríascos se hace consistir en que habiendo éste celebrado con la Gobernación del Departamento del Magdalena un contrato por escritura pública para el establecimiento, y explotación de una empresa denominada Lotería del Magdalena, con arreglo a las ordenanzas de la Asamblea y resoluciones de la Gobernación que regían a la razón, tiene el demandante, por virtud de ese contrato, un derecho adquirido que no puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores, como lo es la 64 de 1923, cuyo artículo 17 viene a hacer nugatorio el expresado derecho.

El señor Procurador General de la Nación es de concepto que no existe la inexequibilidad demandada, por cuanto el artículo 1.° del Acto legislativo número 1.° de 1921, que reproduce en este punto el Acto legislativo número 1.° de 1918, establece que las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas, y por cuanto la disposición acusada se halla en el caso contemplado en el citado texto constitucional, puesto que obedece a motivos de interés general en lo tocante a la seguridad y moralidad públicas.

La Corte considera:

Por escritura pública número 187 de veintitrés de junio de mil novecientos veinte, otorgada ante el Notario segundo de Santa Marta, se protocolizó el contrato celebrado entre la Gobernación del Departamento del Magdalena y el señor José Francisco Ríascos con autorización de la respectíva Asamblea Departamental, contrato por medio del cual la expresada Gobernación autorizó al contratista para el establecimiento y explotación por un término de diez años, de la empresa denominada Lotería del Magdalena, y se comprometió a prestar a éste las garantías y el apoyo necesarios para la explotación de su negocio durante el tiempo expresado, mediante ciertas obligaciones que contrajo el concesionario.

Dicho contrato fue adicionado por los que posteriormente celebraron las mismas partes y que se protocolizaron por medio de los instrumentos números 266 y 118, otorgados ante el mismo Notario con fechas dos de septiembre de mil novecientos veintiuno y seis de abril de mil novecientos veintitrés, respectivamente. En esas convenciones quedaron fijados tanto la participación que le corresponde al Departamento en el producto de los sorteos, como el número y valor de los billetes que puede emitir la empresa y el monta de las cantidades que deben destinarse para premios.

La disposición acusada es del siguiente tenor:

"Las loterías establecidas actualmente en los Departamentos y los Municipios con arreglo a las leyes vigentes y que se conformen a lo dispuesto en el artículo 2.° de la presente Ley, subsistirán hasta el vencimiento de los respectivos contratos, los que podrán ser prorrogados con autorización de las Asambleas Departamentales."

Dicho artículo 2.° dice:

"Señálese el sesenta y cuatro por ciento (64 por 100) del valor de los billetes que componen cada sorteo, como el mínimo que podrá destinarse al pago de los premios; y el catorce por ciento (14 por 100) del mismo valor como el mínimo de participación que debe corresponder al respectivo Departamento."

No hay duda que en virtud de los contratos de que antes se habló nació para el contratista el derecho de explotarla empresa de la Lotería del Magdalena en las condiciones y por el término fijados en dichos contratos, derecho que viene a ser vulnerado por el artículo acosado, en cuanto señala nuevas condiciones para la subsistencia de las loterías establecidas por medio de contratos celebrados con arreglo a las leyes, puesto que los derechos y las obligaciones que se derivan de un contrato no pueden extinguirse ni modificares sino por los medios que señala la ley civil, entre los cuales no se cuenta la expedición de una nueva ley.

En relación con lo que expone el señor Procurador para apoyar son concepto adverso a la acusación, cabe observar que no aparece de manifiesto que el artículo impugnado se funde en motivos de moralidad o seguridad públicas, sino más bien en razones de conveniencia, una vez que no se prohíben las loterías, sino que fijan tan sólo los porcentajes que deben destinarse como participación del respectivo Departamento y para pago de premios. A más de esto, la facultad de inspeccionar las industrias concedida al Gobierno por la Constitución no va hasta el desconocimiento de los derechos adquiridos por medio de contratos válidamente celebrados con entidades de Derecho Público.

En razón de lo expuesto, la Corte Suprema, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara inexequible el artículo 10 de la Ley 64 de 1923, en cuanto somete a nuevas condiciones contratos válidamente celebrados.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y comuníquese al señor Ministro de Gobierno.

RA.MON RODRIGUEZ DÍAGO. Juan N. Méndez-Tancredo Nannetti. José Miguel Arango - Alberto Goenaga. Julio Luzardo Fortoul - Maroeliano Pulido R. - Luis Felipe Rosales-Juan C. Trujillo Arroyo-Por falta accidental del Secretario, el Oficial Mayor, Román Baños.