300Corte SupremaCorte Suprema300300031691672HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA198729/10/19871672_HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA_1987_29/10/198730003169PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. LA ESTRECHA RELACION ENTRE LOS DOS EXTREMOS DE LA NORMA (REGLA GENERAL Y SALVEDAD) HACE IMPOSIBLE QUE SE FALLE SOBRE UNO DE ELLOS SIN UN NECESARIO EFECTO JURIDICO DE LA SENTENCIA RESPECTO DEL OTRO. SENTENCIA INHIBITORIA. Inhibida para conocer sobre el fondo de la demanda . Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 147. Referencia: Expediente número 1672. 1987
LEONARDO GALEANO GUEVARADEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART 1804 (INC FINAL) DEL CÓDIGO DE COMERCIO.Identificadores30030003170true75072Versión original30003170Identificadores

Norma demandada:  DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART 1804 (INC FINAL) DEL CÓDIGO DE COMERCIO.


PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. LA ESTRECHA RELACION ENTRE LOS DOS EXTREMOS DE LA NORMA (REGLA GENERAL Y SALVEDAD) HACE IMPOSIBLE QUE SE FALLE SOBRE UNO DE ELLOS SIN UN NECESARIO EFECTO JURIDICO DE LA SENTENCIA RESPECTO DEL OTRO. SENTENCIA INHIBITORIA.

Inhibida para conocer sobre el fondo de la demanda.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 147.

Referencia:

Expediente número 1672.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1804 (inciso final) del Código de Comercio. Nacionalidad del Comandante de Aeronaves de Transporte Público

Actor: Leonardo Galeano Guevara.

Magistrado ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 50 de 29 de octubre de 1987.

Bogotá, D.E., octubre veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. La demanda

Con fundamento en el derecho previsto por el artículo 214 de la Constitución Política, el ciudadano Leonardo Galeano Guevara ha acudido ante la Corte para demandar que se declare la inexequibilidad del artículo 1804 (inciso último) del Código de Comercio, que dice textualmente (se subraya la parte demandada):

Artículo 1804. La tripulación de una aeronave está constituida por el personal aeronáutico destinado a prestar servicio a bordo.

"Toda aeronave debe tener a bordo un piloto habilitado para conducirla, investido de las funciones de comandante.

"Su designación corresponde al explotador, de quien será representante. Cuando tal designación no consta de manera expresa, será comandante el piloto que encabece la lista de los tripulantes en los documentos de a bordo.

"Salvo lo que disponga el reglamento para casos especiales, en las aeronaves de transporte público matriculadas en Colombia, el comandante será de nacionalidad colombiana".

Expresa el actor que la norma transcrita viola los artículos 2.°, 11, 17 y 55 de la Constitución.

En su criterio, el artículo 11 resulta vulnerado por cuanto la limitación de los derechos de los extranjeros en Colombia únicamente la puede hacer la autoridad competente por la vía constitucional o legal, pero no el reglamento.

La violación del artículo 17 de la Carta se configura porque, según la demanda, la limitación consagrada en el ordinal acusado no se conjuga con la especial protección del trabajo y por cuanto el derecho a trabajar tan sólo se puede limitar si se cumplen las siguientes condiciones:

"a) Que exista una vía de derecho que permita llevar a cabo dicha restricción. En efecto tal norma existe y quedó consagrada en el artículo 11 del C.P. en los que respecta de los derechos y las garantías que tienen los extranjeros en Colombia, más sin embargo, ello se hace por vía residual ya que como principio rector se tiene en cuenta el de la igualdad existente entre nacionales y extranjeros, con respecto de sus derechos y garantías. O sea que el derecho al trabajo se puede ver limitado, por disposición del art. 11 de la C.P., siempre y cuando sea por vía constitucional o legal;

"b) Que en caso de existir una vía de derecho que permita limitar la garantía consagrada en el artículo 17, ella se ejerza por los medios que la ley impone, y no por otros diferentes ya que la autoridad estatal sólo se permite actuar cuando la ley se lo autoriza y en la forma en que ella lo indique. Que fue lo que no ocurrió con el artículo 1804 inc. fin. del C. Co., norma que dispuso de la garantía constitucional del derecho al trabajo, en forma diferente de la que permite la Constitución Nacional tratándose de los derechos y garantías de los extranjeros en Colombia, en la medida que sólo se podía hacer por vía constitucional o legal, mas no por vía reglamentaria que fue lo que exactamente la norma mercantil citada (sic).

En cuanto al artículo 55, expresa que la función de limitar, bajo circunstancias especiales de orden público, los derechos de los extranjeros, compete al legislador y no al Gobierno. Al respecto, reconoce que según la evolución de la doctrina constitucional, el principio de separación absoluta de poderes ha sido desplazado parcialmente por el de separación relativa, "en lo que se podría denominar la colaboración armónica de las ramas del poder público, eso sí conservando una adecuada distinción".

Pero agrega, aludiendo al caso de la norma demandada:

"Lo que no quiere decir que tal colaboración armónica permita en momento alguno, que un poder o autoridad ejerza funciones que no le corresponden, ya que una cosa es la colaboración y otra bien distinta es la usurpación, aspecto que jurídicamente es inadmisible y que es lo que ocurre precisamente cuando la autoridad administrativa pretende por medio de los reglamentos limitar los derechos de los extranjeros, cuando ello sólo se puede hacer por vía constitucional o legal, con la competencia privativa del poder legislativo".

Finalmente dice el actor que la norma mercantil objeto de la demanda viola clara y directamente el artículo 2.° de la Constitución por atentar contra la soberanía, "ya que cuando ésta se ejerce por medio de los poderes públicos sólo puede llevarse a cabo (sic) en los términos en que ella (la Constitución) lo establezca".

II. Concepto del Procurador

Mediante Oficio número 1213 del 3 de agosto de 1987, el señor Procurador General solicita a la Corte declarar que las palabras demandadas, contenidas en el inciso final del artículo 1804 del Código de Comercio son exequibles.

Para sustentar este criterio afirma:

"Según lo enseña claramente el artículo 11 de la Constitución Nacional, los extranjeros gozan en nuestro país de los mismos derechos civiles y garantías concedidos a los colombianos, salvo las limitaciones que sobre el particular establezcan la Constitución y las leyes. Es obvio, entonces, que la regla general es la igualdad de derechos y garantías de los extranjeros frente a los nacionales, en tanto que la desigualdad, en favor siempre de los colombianos, es la excepción.

"De acuerdo con los razonamientos del actor, la inconstitucionalidad de la norma acusada en la frase ya señalada deviene del hecho de que se le entregó al reglamento la posibilidad de limitar "de manera positiva, la restricción de la nacionalidad para ser comandante en aeronaves de transporte público..., ya que la limitación de los derechos de los extranjeros en Colombia, sólo lo puede hacer la autoridad competente por la vía constitucional o legal, mas nunca reglamentariamente...". Tal interpretación, en criterio del Procurador, no es correcta por cuanto lo que el precepto legal dispone es todo lo contrario a lo afirmado por el impugnante.

"Como se indicó anteriormente y ahora se reitera, las excepciones a la igualdad de derechos civiles y garantías entre los nacionales y los extranjeros se ha deferido a la Constitución y a la ley por la propia Carta, y es precisamente la ley, a través del artículo 1804 del Código de Comercio, la que ha considerado necesario restringir el disfrute, en igualdad de condiciones, del derecho que tendrían los extraños para poder ser comandantes de aviones de transporte público matriculados en Colombia.

"Por lo tanto, mal puede afirmarse, como lo hace el demandante, que sea el reglamento el encargado de limitar en esta parte del campo aeronáutico, un derecho otorgado por la Constitución a los foráneos. Antes por el contrario, ha sido el legislador, autorizado por el estatuto fundamental, el que le ha negado al extranjero el goce de determinado derecho civil, aunque subordinó su ejercicio únicamente para casos especiales.

"De lo anterior cabe afirmar que la prohibición es de orden legal, con lo cual se da cabal aplicación a la norma 11 superior, al tiempo que la propia ley somete al reglamento la posibilidad de que el ejercicio del cargo de comandante de aeronaves nacionales, por parte de los extranjeros en igualdad de condiciones con los colombianos, sólo pueda realizarse "para casos especiales" y únicamente en ocurrencia de ellos. Es pues el reglamento el encargado de otorgar la igualdadd tantas veces mencionada y no el autorizado para restringir un derecho de los ciudadanos extranjeros como pretende el acusador.

"De igual manera, y frente a la presunta violación del artículo 17 de la Carta, debe tenerse en cuenta que, siguiendo los lineamientos atrás señalados, no es el reglamento el que está limitando el derecho al trabajo que tienen los extranjeros en el país, sino la ley porque es ella, exclusivamente, la que prohíbe que los comandantes de aeronaves de transporte público con matrícula colombiana, sean personas foráneas. Dicha restricción no comporta infracción de la Constitución, porque no existiendo derechos ni libertades absolutos que puedan ser ejercidos a voluntad por los individuos, bien puede el Estado regularlos con mayor o menor severidad, sin perder de vista, en el presente caso, que esa limitación tiene soporte constitucional (art. 11 C.N.) y fue con base en éste que el legislador extraordinario determinó adoptar la prohibición a que hace referencia el precepto parcialmente impugnado, dejando al reglamento la posibilidad de que dicha restricción al derecho de trabajar que tiene los extranjeros, pudiese ser levantada sólo en casos especiales y nunca en forma general".

Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por la naturaleza de la norma acusada, que pertenece al Código de Comercio (Decreto-ley 410 de 1971), es competente la Corte Suprema de Justicia para resolver de manera definitiva acerca de su constitucionalidad.

2. Proposición jurídica incompleta.

El actor dice demandar la frase "salvo lo que disponga el reglamento para casos especiales".

En esas palabras el legislador consagró una excepción a la regla general contemplada por la totalidad del inciso al que ellas pertenecen: "... en las aeronaves de transporte público matriculadas en Colombia el comandante será de nacionalidad colombiana".

Obsérvese cómo, si se trata de limitaciones al ejercicio de derechos por parte de extranjeros -materia del principal argumento sostenido en la demanda-, las expresiones objeto de acción no introducen ninguna sino que, por el contrario, abren paso al señalamiento de casos en los cuales pueda ser extranjero el comandante de aeronaves de transporte público matriculadas en Colombia.

Así las cosas, no son admisibles los motivos expuestos en la demanda para sustentar una posible inconstitucionalidad de la excepción aunque pudieran serlo respecto del inciso considerado integralmente.

Pero, por otro lado, si la Corte entrara a considerar -por razones distintas- la constitucionalidad de la frase demandada, decidiendo de fondo en uno u otro sentido, se tendrían en el presente caso, los siguientes posibles efectos jurídicos:

a) Al decidir que las expresiones "salvo lo que disponga el reglamento para casos especiales" se avienen al Estatuto Constitucional, se está decidiendo que son ejecutables. Mal podría pensarse que, siendo ejecutable dicha salvedad, pudiera posteriormente en caso de ser acusada, llegar a declararse inexequible la regla general, a cuyo tenor "en las aeronaves de transporte público matriculadas en Colombia, el comandante será de nacionalidad colombiana", pues en el inciso que se estudia lo uno está irrescindiblemente unido a lo otro;

b) Si a la inversa, la decisión fuere por la inexequibilidad de la excepción, estaría la Corte aceptando implícitamente la vigencia de una limitación absoluta para los extranjeros que, por paradoja creada en la demanda, es lo que censura el demandante. Entonces, tal declaratoria acentuaría el posible agravio a la Constitución que el actor alega.

Todo lo anterior indica que ha debido demandarse la totalidad de la proposición jurídica, es decir todo el inciso, dada la íntima conexidad existente entre la norma general y su excepción.

Pero sobre todo, las palabras demandadas no constituyen una norma jurídica, por carecer de estructura lógica típica de las normas jurídicas y aún de sentido completo y autónomo. No puede, entonces, pronunciarse la Corte respecto de ellas, pues su competencia a la luz del artículo 214 de la C.N., está referida a normas integrantes de leyes o decretos con fuerza de ley, no a fragmentos aislados que por sí solos no mandan, ni prohíben ni permiten y que, por ende, carecen de trascendencia en el mundo del derecho. Una frase o palabra cuando se la considera de manera aislada, como en el caso presente, no viola por sí misma la Constitución ni puede, como tal, declararse exequible o inexequible. Tan sólo integrada al contexto es capaz de producir efectos jurídicos y, en consecuencia, dar lugar a que se indague si vulnera o desarrolla las prescripciones de la Carta.

Estima la Corte que se configura un caso de proposición jurídica incompleta, cuando la estrecha relación entre los dos extremos de la norma (regla general y salvedad) hace imposible que se falle sobre uno de ellos sin un necesario efecto jurídico de la sentencia respecto del otro.

Se advierte, sin embargo, que no toda excepción encaja dentro del concepto de proposición jurídica incompleta, pues no todas responden a las características de la acusada en este proceso y, por tanto, tampoco habrá de ser necesariamente inhibitoria o formal la decisión, pues podrían presentarse casos en los cuales la norma excepcional tuviera sentido por sí misma y pudiera, de consiguiente, ser interpretada, aplicada y fallada en forma independiente a la previsión contenida en el precepto general.

Con fundamento en las razones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declárase inhibida para conocer sobre el fondo de la demanda instaurada por el ciudadano Leonardo Galeano Guevara contra la frase "salvo lo que disponga el reglamento para casos especiales", que hace parte del inciso 4.° del artículo 1804 del Código de Comercio.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Jairo E. Duque Pérez, Presidente (E.); Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Norma Inés Gallego de López, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Didimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra. Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra,

Secretario.